El documento discute los bajos niveles de rentabilidad en el sector agrícola peruano y la creciente conflictividad social, que son dos caras de la misma moneda. Señala que las políticas agrarias del gobierno no han logrado apoyar adecuadamente a los pequeños agricultores, y que los supuestos éxitos reportados no se condice con la realidad ni con el objetivo de mejorar los ingresos de los agricultores familiares. Propone rediseñar la política agraria para enfocarse mejor en el desarrollo rural

1. BAJA RENTABILIDAD EN EL AGRO Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL: DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA
¿Es la política agraria un saludo a la bandera?
Por : Luis Millones Olano, dirige SUSTPRO (www.licencia-social.com)
Ante la falta de apoyo del estado por la falta de recursos y de una institución que tenga presencia efectiva
en el territorio, especialmente en la sierra y selva peruana, los campesinos de la pequeña agricultura y de
subsistencia, continúan siendo los grandes olvidados de siempre.
En la Rendición de Cuentas al término de la gestión del gobierno nacionalista en junio del 2016, el ex
ministro de Agricultura Juan Benites mencionaba como grandes logros: el incremento de 192 mil ha.
nuevas destinadas a la agricultura y que el volumen de producción se había duplicado en el período 2011-
2015. Que las agro exportaciones se habrían duplicado en el mismo período. También que la pobreza
había pasado de 59.2% en el 2010 a 42.5%. Así, como que el jornal se habría más que duplicado en 22 de
los 24 departamentos. ¡Toda una proeza de gestión pública!.
Seguidamente hizo un recuento de logros del 2011 al 2016, mencionando más de 7 mil millones de
inversión en varios proyectos de irrigación (Olmos, Majes, Villacurí, Chavimochic). Mencionó los 1,300
millones de soles del programa Mi Riego, que benefició a 2,427 beneficiarios con 3,506 ha. Más adelante,
señalaba los 1,000 millones de soles que AGROBANCO habría inyectado a la agricultura a comparación
de los 200 millones del 2010. Así como, los 350 millones de soles invertidos en la renovación de cafetales.
Las 2,224 ha. reconvertidas en el VRAEM, con una inversión total de 129 millones de soles. Y los 226
millones de soles en financiar planes de negocios vía AGROIDEAS y los 845 millones invertidos por el
SENASA, en actividades de sanidad e inocuidad alimentaria.
La pregunta es, si realmente es cierto tanto éxito en una gestión?. Al margen de si los números son
confiables, en el caso de reducción de la pobreza, creemos que no es cierto atribuirse como éxito, cuando
sabido es que la política agraria no ha tenido ningún rol en este supuesto avance. O por lo menos no
existen indicadores de línea de base y evaluación de impacto de programas y proyectos que podrían haber
contribuido a este aparente logro.
Pero lo que más llama la atención es que los supuestos éxitos no se condice con el Objetivo General de la
Política Nacional Agraria que fue el referente de la gestión 2011-2016, que a la letra dice “Lograr el
incremento sostenido de los ingresos y medios de vida de los productores y productoras agrarios,
priorizando la agricultura familiar, sobre la base de mayores capacidades y activos más
productivos, y con un uso sostenible de los recursos agrarios en el marco de procesos de
creciente inclusión social y económica de la población rural, contribuyendo a la seguridad
alimentaria y nutricional”. Como el papel aguanta todo, objetivo ampuloso, redundante, impreciso,
ambiguo, sin asidero con la organización del MINAGRI y sin un sistema de planificación que lo sustente.
Es decir, aquí pasaron dos cosas. O no se tenía idea de la política que se decía seguir o ante, la falta de
resultados concretos que permitiría comparar la situación ex ante y ex post, no se tuvo otra salida que
dorar la píldora y cogerse de los resultados alcanzados básicamente por la agricultura moderna de la costa

2. destinada a la exportación, que como todos sabemos su éxito se debe a la inversión de capitales chilenos
y españoles, e inversionistas locales que están reinvirtiendo las ganancias obtenidas en otras actividades
como la minería, pesca y servicios. Así como por programas de promoción de la agroexportación que
datan de los 80s, que privilegió a los agricultores modernos de la costa (espárragos y frutales), vía ex
Banco Agrario. Tampoco, se pueden señalar como éxitos los procesos de promoción de la inversión
privada en irrigaciones vía concesiones, que como todos sabemos se ha reorientado a la concentración de
tierras y no precisamente a una democratización en el acceso a la propiedad por los pequeños y medianos
propietarios.
Respecto a las tasas de crecimiento positivas alcanzadas por la anterior gestión (2011-2016), existen
serias dudas de su confiabilidad, dado que en la práctica no existe un sistema de estadística agraria a
nivel nacional, que pueda servir de referente para una medición exacta. Sabido es que con la
descentralización, las oficinas regionales de estadística no tienen el soporte técnico ni los recursos para
hacer un seguimiento a las campañas agrícolas. Las cifras que sirven para calcular el PBI y la tasa de
crecimiento del sector están hechas a “ojo de buen cubero” y no resiste la menor consistencia de su
validez.
¿AGRO PRÓSPERO?
Cuando se pensaba que la nueva gestión agraria iba a hacer los correctivos del caso, vemos que se sigue
con la misma tónica con medidas efectistas y rimbombantes de supuestos programas (Cosecha de Aguas,
Agro Próspero, Serviagro). Según el Presupuesto Operativo Institucional (POI) 2017, de los S/ 1,282,
592,254 presupuestados para el nivel central del MINAGRI, el 53% se va a gastos corrientes, es decir en
pago de planillas. Y del 47% restante, el 20% va a parar a la región Cajamarca y no precisamente al área
neurálgica de la minería, sino al financiamiento del proyecto de irrigación Amojao, ubicada en la provincia
de Bagua. Si la población objetivo de la política agraria es la agricultura familiar y la pequeña, que como
sabemos se ubica en la sierra, no entendemos como los recursos no se dirigen a ella.
REDISEÑO DE LA POLÍTICA AGRARIA
El MINAGRI requiere una recomposición urgente, con un vice ministerio de desarrollo rural que sea el que
gestione las políticas públicas de apoyo a las actividades productivas de la pequeña agricultura,
cohesionadas con las de apoyo a la reducción de la pobreza que ejecutan los ministerios de Transportes,
Salud, Educación, Vivienda, Inclusión Social y de la Mujer, para crear sinergias de todos los programas
sobre una población objetivo identificada a través de una base de datos que codifique las familias bajo su
ámbito de acción. MINAGRI DESARROLLO RURAL articulando a caminos descentralizados, programas
de vivienda, servicios básicos salud, educación, entre los principales.
Asimismo, sería necesario reorganizar el MINAGRI, racionalizando los diversos programas y proyectos
especiales, que desperdician los escasos recursos con que cuenta dicha institución. En tal sentido, este
ministerio debe reorganizarse en áreas específicas de acción a través de verdaderas instituciones, sólidas
y especializadas, que se encarguen de resolver los principales problemas de la agricultura: 1)
Comercialización, 2) Financiamiento, 3) Asistencia Técnica y 4) Paquetes Tecnológicos. Todos ellos bajo

3. el monitoreo, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos engarzados, aplicados a una
base de datos de familias campesinas focalizadas.
Actualmente no se tiene referencia de los productores agropecuarios en cuanto a datos estadísticos
básicos y menos como insumo de la política agraria. Es decir, se trabaja a ciegas y no se sabe hacia
dónde se dirigen los programas del MINAGRI y menos si existe ligazón con los programas asistencialistas
de los gobiernos de turno, así como los de Vivienda, Educación y Salud. No se entiende la razón por la
que el último Censo Agropecuario del 2012 fue innominado, es decir, se hizo sobre la base del tamaño de
los predios agrícolas sin identificar el nombre de los productores a cargo de su explotación.
De esto se desprende, que la conflictividad social, achacada particularmente a la industria extractiva por
un lado y a los anti mineros por el otro, realmente tiene un correlato de falta de comprensión de la realidad
del mundo campesino. Toda vez que la agricultura y ganadería por antonomasia, son las actividades de
mayor riesgo, al estar sometida a las imprevisibles leyes de la naturaleza y a los diversos problemas de
falta de tecnología, infraestructura y financiamiento. Por ello, el productor agrario peruano tiene un sentido
extremo de aversión al riesgo, porque además no cuenta con el soporte de un estado que promueva su
mejor desempeño. En este contexto, es obvio el rechazo que tienen a los proyectos mineros en particular,
particularmente por el conflicto en el uso del agua y por los potenciales impactos sobre su productividad y
calidad de sus cosechas.