La Constitución de Sudáfrica de 1996 es la ley suprema del país y establece derechos humanos y principios democráticos. Regula las estructuras y funciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como normas para un buen gobierno y sistema de control constitucional. La República Sudafricana ha seguido pautas internacionales de libertad, igualdad y justicia para proteger los derechos de sus ciudadanos y garantizar un futuro próspero tras el apartheid.