El documento propone una reforma integral del sistema de justicia boliviano para hacerlo más inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural del país. Entre los principales cambios propuestos están la creación de una jurisdicción agroambiental especializada, el reconocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina con autonomía, y un Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo elegidos por voto popular de manera paritaria entre los sistemas ordinario e indígena.