Índice

No. 1935 • 1 de diciembre de 2013

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NARCOTRÁFICO

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Caro pide a Peña no ceder al ánimo de venganza
de Washington /Jorge Carrasco Araizaga

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Operación Narco Polo: Pormenores de la
captura del Sera Zambada /Anabel Hernández

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PRESIDENCIA / PRIMER AÑO
Y la Presidencia omnímoda se impuso
/Arturo Rodríguez García
En economía, la inoperancia
/Carlos Acosta Córdova

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Reformas energética y política: Historia
de una traición /Jenaro Villamil

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El pacto reventó, pero... /Álvaro Delgado

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JUSTICIA
¿Manifestantes? Ahora serán “terroristas”
/Jesusa Cervantes
El Ejército, convertido en inmobiliaria
/Jorge Carrasco Araizaga

CISA / Comunicación e Información, SA de CV
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Presidente, Julio Scherer García; Vicepresidente, Vicente Leñero;
Tesorero, Rafael Rodríguez Castañeda; Vocales, Francisco Álvarez, Salvador Corro

semanario de información y análisis
DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda
SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN: Salvador Corro
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Humberto Herrero
SUBDIRECTOR DE FINANZAS: Alejandro Rivera
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales; ayudante, Luis Ángel Cruz
COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González
EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez,
Sergio Loya, Enrique de Jesús Martínez, Hugo Martínez
REPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila,
Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, Marcela Turati,
Rodrigo Vera, Rosalia Vergara, Jenaro Villamil
CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano;
Guanajuato: Verónica Es pi nosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Fe li pe Co bián;
Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla,
María Gabriela Hernández,Tabasco, Armando Guzmán

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ESTADOS
CHIHUAHUA: Cuando la justicia se tuerce...
/Patricia Mayorga

43 GUERRERO: San Miguel El Progreso. Rebelión
antiminera /Gloria Leticia Díaz

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ANÁLISIS
Política exterior: la incertidumbre /Olga Pellicer
Remolque /Rocha
Un año deplorable /Jesús Cantú
El albazo de diciembre /John M. Ackerman
Videgaray y la economía de la ficción
/Sabina Berman
Guerra antidrogas: su otro rostro
/Javier Sicilia
Letargo del cambio educativo /Axel Didriksson

INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS: La plaga universal
de la esclavitud /Anne Marie Mergier

INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez;
París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel
CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Javier Betancourt, Blanca González Rosas,
Estela Leñero Franco, Isabel Leñero, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José Emilio
Pacheco, Alberto Paredes, Niza Rivera Medina, Raquel Tibol, Florence Toussaint, Rafael Vargas, Columba Vértiz de la Fuente; cultura@proceso.com.mx
ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. espectaculos@proceso.com.mx
DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra
FOTOGRAFÍA: Marco Antonio Cruz, Coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga,
Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda; ; asistente, Aurora Trejo; auxiliar, Violeta Melo
AUXILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez
AYUDANTE DE REDACCIÓN: Damián Vega
ANÁLISIS: Colaboradores: John M. Ackerman, Ariel Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú, Denise
Dresser, Marta Lamas, Rafael Segovia, Javier Sicilia, Enrique Semo, Ernesto Villanueva, Jorge Volpi;
cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naranjo, Rocha
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García,
Leoncio Rosales
CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Serafín Díaz, Sergio Daniel
González, Patricia Posadas
DISEÑO: Alejandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila,
Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de Haro
COMERCIALIZACIÓN
PUBLICIDAD: Ana María Cortés, administradora de ventas; Eva Ángeles, Rubén Báez ejecutivos de
cuenta. Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062
VENTAS y MERCADOTECNIA: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Lucero García, Norma
Velázquez. Circulación: Mauricio Ramírez, Gisela Mares. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, Fernando
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Teatro: La promesa /Estela Leñero Franco
Cine: Todo mundo tiene a alguien menos yo

60 COLOMBIA: Escobar: Un capo de culto
/Rafael Croda

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/Javier Betancourt

LIBROS

Televisión: Wikileaks informa /Florence Toussaint

La dictadora /Francisco Marín

LA CAPITAL
Cultura en el DF: un año sin brújula
/Patricia Carmona Hernández

INVENTARIO
Albert Camus y la tormenta de la historia /JEP

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CINE
El estira y afloja del presupuesto
/Columba Vértiz de la Fuente

TOROS
Las últimas corridas, tocadas por la mediocridad
/Leonardo Páez

CULTURA
Conaculta, los mismos vicios
/Judith Amador Tello
Páginas de crítica

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Música: Aída politécnica
/Mauricio Rábago Palafox

Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 202 49 98. Ulises
de León.
ATENCIÓN A SUSCRIPTORES (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García.
ADMINISTRACIÓN. RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda, coordinadora

Los tres “ejes” incumplidos de Jesús Mena
/Raúl Ochoa y Beatriz Pereyra

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Contra la obesidad, México todavía no se mueve
/ Raúl Ochoa y Beatriz Pereyra

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Palabra de Lector

Arte: El SNC: centralista, endogámico y caduco
/Blanca González Rosas

DEPORTES

Mono Sapiens /Código penal para chilangos
remisos /Helguera y Hernández

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AÑO 37, No. 1935, 1 DE DICIEMBRE DE 2013
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Desde su puesta en libertad en agosto último, tras pasar casi 29 años en la cárcel, nadie sabe dónde está
Rafael Caro Quintero. Y el excapo, sobre quien se ha
desplegado una nueva búsqueda con miras a extraditarlo a Estados Unidos, se queja del acoso al que, sostiene, lo tienen sometido. En cartas enviadas a Enrique
Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo
Karam, así como en otro escrito enviado a la CNDH, el
jefe del desaparecido Cártel de Guadalajara afirma haber saldado ya sus cuentas con la justicia y dice que
México no debería ceder al ánimo “de venganza” de
Washington. En resumen, pide paz.

Caro pide a Peña

no ceder
al ánimo de venganza

de Washington

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

AFP photo / PFP

C

on la extradición a Estados Unidos como horizonte, Rafael Caro Quintero le pidió al presidente Enrique Peña Nieto no dejarse
presionar por el ánimo de “venganza y revancha” de Washington a raíz del asesinato del exagente de la
DEA Enrique Kiki Camarena Salazar.
“Lo que tenía que pagar ya lo saldé”,
dice el exjefe del desaparecido Cártel de
Guadalajara en una carta firmada por él y
que sus abogados entregaron a la Secretaría Particular de la Presidencia de la República el pasado 19 de noviembre, dirigida
también al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a su perseguidor, el procurador general de la República,
Jesús Murillo Karam.
Declarado prófugo desde el pasado 6
de noviembre, cuando cuatro ministros de
la Suprema Corte de Justicia revirtieron el

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NARC OTRÁ F IC O
Aprovechando su condición de piloto
de la entonces Secretaría de Agricultura
y Recursos Hidráulicos, Zavala vendía al
agente estadunidense información sobre
los cultivos de droga en el país.
La duda la pusieron los propios excompañeros de Camarena, entre ellos el encargado de la investigación del doble asesinato, Héctor Berrellez. Éste asegura que el
homicidio se debió a que Camarena se enteró de las relaciones del Cártel de Guadalajara con la CIA como parte de la trama
del Irán-Contras, la ilegal operación internacional del gobierno estadunidense para financiar a la contrarrevolución en Nicaragua (Proceso 1928).

Amenaza de extradición

amparo que tres meses antes lo había liberado, Caro Quintero le pide también al
Poder Judicial que no se someta a “las presiones y designios” de Washington, luego
de haber cedido y anulado su liberación.
Caro Quintero –por conducto de sus
representantes legales– hizo llegar a Proceso una copia del escrito dirigido al gobierno mexicano así como la queja que
presentó la semana pasada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) por la persecución de la cual, dice,
han sido objeto él y su familia por parte de
las autoridades mexicanas “instadas por
Estados Unidos”, desde su salida de prisión el pasado 9 de agosto, en uno de los
casos que marcaron el primer año del gobierno de Peña Nieto.
La madrugada de ese día el excapo
abandonó el penal en compañía de una parte de su equipo de abogados sin que ningún

funcionario de México o representante del
gobierno de Estados Unidos lo impidiera,
pese a que las autoridades de los dos países
sabían desde semanas antes que la justicia
mexicana lo dejaría en libertad.
En ese momento el Ministerio Público pudo haber solicitado su retención si el
propósito era mantenerlo en prisión con
el argumento de una nueva investigación
en su contra, como ahora sostiene el
gobierno de Estados Unidos, dice su
defensa desplegada en Guadalajara y en
el Distrito Federal.
Su liberación provocó una alegada sorpresa de los dos gobiernos, pero sobre todo hizo que se revisara y quedara en entredicho la versión oficial de México y
Estados Unidos sobre el asesinato, en febrero de 1985, de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, informante pagado por la DEA.

A sus 61 años Caro Quintero sabe que de
ser extraditado a Estados Unidos pasaría
prácticamente el resto de su vida en prisión, garantizando el silencio que sobre
el caso ha mantenido desde hace casi 29
años. De ser entregado, ese país no lo juzgaría por el asesinato de Camarena –proceso penal seguido en México–, sino por
narcotráfico y lavado de dinero.
“Son delitos que no cometí y menos
mi familia”, dice el excapo en su carta a
Peña Nieto, recibida también por la Procuraduría General de la República (PGR) el 20
de noviembre y por la Secretaría de Gobernación un día después.
En la misiva Caro Quintero se pregunta: “¿Cómo es posible que el país capaz
de espiar a presidentes y candidatos
presidenciales y saber lo que hacen,
durante los 28 años y cinco meses en que
estuve preso no hizo ninguna acusación
contra mi familia? ¿Por qué esperó a que se
avizorara mi liberación para iniciar la cacería en su contra como supuestos narcotraficantes y blanqueadores de dinero?”.
El pasado junio Estados Unidos incluyó en su lista de personas y entidades con
las cuales no se puede tener ningún trato
económico a cuatro hijos, la esposa y una
nuera de Caro Quintero así como a otras
12 personas relacionadas con ellos.
“A raíz de mi salida de prisión”, escribe
Caro Quintero, resurgió “con gran notoriedad una absurda persecución en mi contra y contra miembros de mi familia por
los Estados Unidos de Norteamérica”. Presionó de tal forma en la prensa “que logró
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtiera la decisión” del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en Jalisco.
El 6 de noviembre, en efecto, la Primera
Sala de la Suprema Corte, en una votación
de cuatro a uno, echó abajo la resolución
de ese tribunal que lo absolvió de algunos
delitos, dio por cumplidos otros –como los
cometidos contra la salud– y decretó su libertad por el doble homicidio al conside1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

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Benjamín Flores

Con copia para Plascencia Villanueva

compete únicamente al Poder Judicial”.
A sus interlocutores del gobierno federal les dice: “No es justo, señores, que la
justicia mexicana se someta a los designios que pretende imponer Estados Unidos sobre un mexicano que lo único que
desea es la paz y la tranquilidad de su persona y la de su familia”.
El gobierno estadunidense requirió al
exjefe del Cártel de Guadalajara en agosto pasado al gobierno de Peña Nieto a petición de una Corte federal de California,
donde se le acusa de tráfico de drogas y lavado de dinero. “Las conductas que intentan imputarme son totalmente falsas. Lo
único que pretenden es hacer sentir el peso de su revancha en contra mía, usando
a mi familia y desprestigiando a México, a
sus leyes, y pretendiendo avasallar nuestra soberanía con el único afán de siempre
sentirse superiores”, responde.
“Siempre he dicho... que he tenido alguna deuda con la justicia y la sociedad (y)
ya está saldada.”
“Y la justicia que reclama Estados Uni-

Germán Canseco

rar que esos crímenes debieron ser juzgados por un tribunal local y no uno federal,
como ocurrió.
La Corte argumentó otra cosa. Le adjudicó a Camarena el carácter de “agente intergubernamental” y “protegido internacional”, y dijo que el piloto mexicano
murió en funciones, con lo cual justificó la
intervención de la justicia federal. En consecuencia pidió que se emitiera una nueva sentencia contra Caro Quintero.
La condena original había sido de 40
años, de acuerdo con la legislación de la
época. Al no pronunciarse sobre las otras
resoluciones del Tribunal Colegiado, las
dejó firmes; es decir que al exnarcotraficante sólo se le persigue en México por los
homicidios de Camarena y de Zavala.
Además debe enfrentar el pedido de extradición de Estados Unidos. En caso de ser
detenido, su proceso de entrega podría demorarse uno o dos años. A diferencia de
lo ocurrido cuando fue capturado en 1985,
Washington ahora sí formalizó la solicitud.
En aquella ocasión, una vez que Caro Quintero fue aprehendido, no hizo nada por llevárselo a su territorio. No calculó que el capo saldría antes de cumplir la totalidad de
su condena.
Aunque el gobierno de Peña Nieto favorece la extradición, Caro Quintero le pide,
como presidente de todos los mexicanos
–“en los que estoy incluido”–, asegurarse
de que los procesos judiciales en su contra
se apeguen a derecho, “respetando mis garantías constitucionales y sobre todo humanas, y que no por llevar tal o cual apellido la justicia sea distinta para mí”.
Añade: “Mi única petición... es que mi
expediente sea revisado con justicia, una
valoración donde no pesen más los apellidos que la legalidad. Solicito un juicio justo... Que no se ceda a presiones políticas ni
que por esa vía se resuelva un asunto que

dos para su connacional ya fue pagada en
México en las condiciones que se me impusieron”, le dice a Peña Nieto en alusión
a los 28 años y cinco meses pasados en la
cárcel, 18 de ellos en penales federales de
máxima seguridad.
Como el derecho internacional impide
que alguien sea juzgado dos veces por el
mismo delito, ahora el gobierno estadunidense insiste “en achacarme nuevas conductas delictivas”. Asegura el excapo: “Increíblemente (se me acusa) no sólo a mí,
sino también a mi madre, a mi esposa y a
mis hijos”. Según Caro Quintero, “ninguno
de ellos nunca ha tenido nada que ver con
delito alguno, siendo ellos gente de sobrada probidad y decencia”.
Estados Unidos “por todos los medios
está tratando de hacer válida una extradición con tintes de venganza”. Incluso,
cuenta, a una de mis nietas el gobierno de
Estados Unidos le retiro la visa que tenía
para tratarla de cáncer en ese país, por el
hecho de llevar mi sangre y mis apellidos.
Ese país asevera “vehementemente
que sigo dedicado al Narcotráfico” (sic), dice el sinaloense.
“No hay que olvidar que 18 años, de los
28 que pasé en prisión, fueron en un penal federal; en donde 23 horas al día se está dentro de la celda, en donde la convivencia familiar se agenda una vez cada 15
días, en donde hay vigilancia con cámaras
permanentemente en cada una de las celdas, en donde la familia tiene que pasar
una rigurosa inspección antes de ingresar
al penal, en donde no hay teléfonos, ni libros, ni plumas, ni televisión, y donde estaba cumpliendo tratamiento penitenciario de reinserción social.”

También al ómbudsman

Murillo Karam. El tercer destinatario

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En su queja ante la CNDH apunta que el
gobierno mexicano ha actuado en su contra y de los suyos por presión de Estados
Unidos. La PGR, el Ejército, la Marina, la
Interpol y la oficina de la DEA en México,
NARC OTRÁ F IC O
señala, lo han “perseguido y hostigado” junto a su familia, “que ha recibido agresiones e intimidaciones sin que
exista orden de investigación, presentación o aprehensión”.
Acusa a esas instituciones de haber
agredido físicamente a quienes tienen
relación con él durante cateos en sus
domicilios. En particular responsabiliza a la PGR de “denostarlos social y públicamente” al señalarlos en diversos
comunicados de prensa como responsables de diversos delitos, “como ser
operadores financieros de dinero ilegal”, situación “de la que no hay acusación clara y directa, por lo que nunca
ha sido comprobada”.
Según el excapo, también se les han
cancelado “diversos derechos y beneficios” mediante “intimidación y amenazas por parte de organismos del Estado”.
“Es obvia la persecución que se ha
hecho contra todo aquel que tenga un
nexo de familia, amistad o laboral con el
que suscribe”, dice también en referencia a su abogado Juvencio Ignacio González Parada, quien logró su liberación.
En la queja dirigida al presidente
de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, insiste en que la deuda con el Estado mexicano ya la pagó. “Sin embargo... ha sido el apellido el que ha hecho
que se conjure contra mí una asechanza (sic) incesante por parte de autoridades mexicanas, instadas por el gobierno
norteamericano”.
Como le escribió a Peña Nieto y sus
colaboradores, agrega: “Esta infernal
pesadilla contra mis seres queridos y
contra mi persona no deriva de decisiones legales ni de situaciones apegadas a derecho, sino... del resentimiento
y deseo de venganza de quienes, allende nuestras fronteras, insisten en acusarme de delitos que no cometí y que
en caso de que algo queden (sic) en deuda con la sociedad debo ser yo y no mi
familia... quienes deban pagar por mí”.
Las autoridades mexicanas, argumenta, pretenden trasladar la imposición de la pena a “personas inocentes,
sin darles la oportunidad de ser oídos y
vencidos” en juicio. Asegura que se trata de violaciones a derechos humanos
–como el de presunción de inocencia–,
protegidos nacional e internacionalmente, entre otros por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
por la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José.
“Independientemente de cómo me
llame, estas violaciones no pueden
quedar impunes ni tomarse como venganza o revancha contra mí o mi familia, porque si alguna deuda tenía con el
Estado y la sociedad ya la he pagado”,
asegura.

“Operación Narco Polo”

Pormenores de

la captura
del “Sera” Zambada
Durante meses, a partir de marzo de 2012, agentes de la
DEA comenzaron a investigar una red de traficantes y distribuidores de droga en San Diego, California, y Tijuana.
Las acciones fueron bautizadas como Operación Narco
Polo, que incluyó escuchas telefónicas. Dos meses después cayó el primero de los 12 integrantes; los otros, a lo
largo del año. Y justo cuando la mayoría de ellos había negociado sus sentencias con la fiscalía del sur de California,
fue atrapado Serafín Zambada Ortiz. Esta es la historia.
ANABEL HERNÁNDEZ

S

erafín Zambada Ortiz, El Sera,
manejaba sus cuentas en Facebook y Twitter con desparpajo.
Lo mismo hacía con la información relativa al negocio del tráfico de droga y lavado de dine-

ro que controlaba, según se desprende del
expediente criminal 13-cr-3575, abierto en
la Corte de Distrito Sur de California contra él y 12 personajes de su entorno.
Y fue precisamente un descuido de
sus colaboradores en mayo de 2012 –quie1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

11
nes formaban una red de traficantes y distribuidores de droga en San Diego, California, y Tijuana– el que activó la Operación
Narco Polo iniciada dos meses antes.
Gracias a ella y tras más de un año de
investigaciones, la Drug Enforcement Administration (DEA) detuvo el pasado 20 de
noviembre al imprudente hijo de Ismael El
Mayo Zambada García, líder del Cártel de
Sinaloa, en el cruce internacional Dennis
DeConcini en Nogales, Arizona.
Según el expediente criminal del Sera
y coacusados, al cual tuvo acceso este semanario, la DEA interceptó llamadas telefónicas entre marzo y octubre de 2012. El
legajo tiene las declaraciones juradas de
los presuntos cómplices del detenido sobre varios decomisos de droga y dinero
por parte de sus captores, así como informes de laboratorio y fotografías. Todo ese
arsenal será usado contra el hijo del Mayo.
Además de los delitos de tráfico de
metanfetaminas y cocaína que se le imputan al Sera en el expediente criminal,
las autoridades estadunidenses pretenden decomisarle todos los bienes, derechos, títulos e intereses que conformen su
patrimonio o se deriven de cualquier ingreso que él haya obtenido de sus operaciones relacionadas con el trasiego de droga y cualquier propiedad usada para dicha
actividad.
Semanas antes de su detención, El Sera,
de 23 años, subió a sus cuentas de Facebook y Twitter fotografías de su colección
de armas, así como drogas y mujeres; en
una de ellas incluso aparece con su medio
hermano Vicente Zambada Niebla –detenido en México en 2009 y extraditado a Estados Unidos en 2010, donde actualmente
enfrenta cargos de narcotráfico en una Corte federal de Chicago– e Ismael Zambada,
El Mayo Gordo, otro hijo del capo sinaloense.
Entrevistado vía telefónica, el defensor del Sera, Michael McDonnell, señala
que desconoce las pruebas sobre los delitos que se le atribuyen a su cliente. Y cuando la reportera le pregunta por qué señaló
que las cuentas de Facebook y Twitter del
Sera son falsas, responde: “¿y qué me hace
pensar que son verdaderas?”.
En términos jurídicos, las fotografías
pueden ser pruebas contra Zambada Ortiz en la Corte.

La investigación
A finales de 2011 la DEA inició en San Diego, California, una investigación en torno
a una célula de distribución de drogas en
Chula Vista, California, y Tijuana. En marzo del año siguiente los agentes antidrogas asignados al caso comenzaron a intervenir teléfonos de esa célula –en total
fueron 30– y bautizaron sus acciones como Operación Narco Polo.

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1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

Después abrieron un expediente judicial, el 16 de noviembre de 2011, en la Corte
de Distrito Sur de California,
que llevan Laura Duffy, fiscal antinarco, y su asistente Adam Braverman. En él se
vincula el expediente 13-cr3575 iniciado recientemente
contra El Sera por los mismos
funcionarios de la fiscalía.
Desde aquella fecha se giraron las primeras órdenes de
aprehensión, según los registros oficiales sandieguinos.
En esos documentos se
afirma, por ejemplo, que las
llamadas de los acusados
fueron interceptadas, además de que se confiscaron
droga y dinero al Sera y los
coacusados Daniel Madrigal; Carlos Flores Vargas,
alias La Tota; Arturo Chávez
Jr., alias Tito Salvaje; Ubaldo
López López, alias Toritos;
Roberto Luis Ochoa, Irvine
Rodríguez, Craig D. Lance
McGruder, James Lawrence
Snowden III, Jerry Téllez;
José Parra Martín del Campo, alias Perro; José Miguel
García, alias Gabacho, y
otro más cuyo nombre se
mantiene en reserva.
Al Sera se le acusa de
conspirar para la importación ilegal de 500 o más
gramos de metanfetaminas, así como de cinco
kilos o más de cocaína,
mientras que a sus presuntos cómplices se les
responsabiliza de distribuir la droga.
La mayoría de los acusados son ciudadanos estadunidenses, incluido el
propio Sera, lo que les facilitaba introducir la droga desde México por el
cruce de San Ysidro, CaLos mensajes de Za
lifornia, donde a Rodrímbada Ortiz
guez se le confiscó más de
un kilo de cocaína.
El primer detenido fue Téllez, de 27
queño poblado de Lemon Grove, en el conaños, cuya familia vive en San Diego. Tiene
dado de San Diego. Miller notó que Téllez
un amplio historial criminal por manejar
metía una caja a la Honda Civic y luego se
bajo la influencia y posesión de droga. Los
retiró del lugar acompañado por Tito Salvaje.
exámenes practicados tras su detención
Miller siguió el vehículo que conducía
dieron positivo en el consumo de cocaína.
Téllez y, con el pretexto de que el joven esTéllez fue capturado el 30 de mayo de
taba incurriendo en faltas al reglamento
2012 por un agente especial de la DEA apede tránsito, le pidió detenerse; al revisar el
llidado Miller, quien observó dos camioauto detectó un par de guantes cubiertos
netas, una Land Rover y una Honda Civic,
con vaselina, similares a los que se usan
estacionadas en las inmediaciones del pepara empacar droga.
NARC OTRÁ F IC O
tras un pago de 30 mil dólares hasta que se
lleve a cabo el juicio.

Defensa sin estrategia
Proceso entrevistó a la defensa de Serafín
Zambada, Saji Vettiyil, quien lo representó para su audiencia en la corte de Arizona
del 27 de noviembre. Asegura que su cliente pediría trasladar su caso a la Corte de
San Diego, como sucedió, y adelantó que
se iba a declarar inocente.
“Independientemente de la acusación –señala– mi cliente se presume inocente bajo la constitución de los Estados
Unidos”. Según él, como ciudadano estadunidense, El Sera “tiene fe absoluta” en el
sistema judicial de ese país, por lo que la
defensa intentará limpiar los cargos que
se le imputan.
El 27 de noviembre el hijo del Mayo
Zambada fue presentado ante la juez Karen Crawford, de la Corte de Distrito Sur
de California. Iba esposado de pies y manos y con uniforme reglamentario del
penal. Y aunque en la breve audiencia se
declaró inocente, la fiscalía solicitó a la
juez mantenerlo en prisión sin derecho
a fianza.
Al término de la diligencia, su nuevo defensor, Michael McDonnell, declaró a la prensa que son falsas las cuentas
de Twitter y Facebook del Sera difundidas
tras su captura. “No crean todo lo que se
publica”, expresó.
Especial

El agente le ordenó al conductor abrir la
caja, que estaba llena de cocaína, y lo remitió a una estación de policía, en donde también le aseguraron 809 dólares y un celular.
Y luego de interrogarlo y ficharlo, lo encerró
en la prisión estatal por cargos de posesión,
distribución y transporte de droga.
Meses después, entre el 27 y el 28 de
noviembre de 2012, la DEA cerró la pinza
y aprehendió a 11 integrantes de la célula
que traficaba droga. El primer día detuvo a
Rodríguez a las cinco de la mañana, cuando intentó cruzar por la línea peatonal del
puente aduanal de San Ysidro con su pasaporte estadunidense.
En la revisión, Rodríguez dio positivo.
Tenía una orden de arresto y el agente de
investigaciones del departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) le
encontró 1.08 kilogramos de cocaína oculta en su ropa. Admitió que se dedicaba al
tráfico de drogas y que esperaba un pago
de 200 dólares.
Ese mismo día fueron capturados Daniel
Madrigal, Chávez Jr., James Lawrence Snowden, Ubaldo López, Parra Martín del Campo y José Miguel García. El 28 de noviembre
cayeron Carlos Flores Vargas y Craig Lance
McGruder, quien vivía en Chicago.
Luego de un año en prisión, la mayoría
de los coacusados en el caso del Sera llegaron a un acuerdo con la fiscalía, algunos
incluso están libres y otros recibieron penas benévolas recientemente.
En junio pasado, por ejemplo, Flores
Vargas se declaró culpable de los delitos
que se le atribuían, y el 15 de noviembre,
días antes de la detención del Sera, negoció que su sentencia fuera conmutada,
por lo que hoy goza de libertad condicionada y en tres años ya no tendrá que ver
nada con la justicia.
En el caso de McGruder, quien también se declaró culpable, recibió una sentencia de 36 meses de prisión y tres años
de libertad condicionada el 8 de noviembre último. Nada que ver con la posible
sentencia a cadena perpetua a la que, según el expediente, ambos pudieron ser
condenados.
A su vez, López, Rodríguez y Martín
del Campo se arreglaron con la fiscalía.
Con Rodríguez se desistió de los cargos,
aun cuando lo agarraron en flagrancia;
los otros dos fueron sancionados con penas menores de cuatro años en prisión.
Los convenios están sellados en la Corte
sandieguina y no se permite acceso a las
sentencias.
Hasta el viernes 29 sólo Madrigal,
Chávez Jr., Ochoa, Snowden, Téllez y El Gabacho esperaban su sentencia.
Chávez Jr., pagó una fianza de 200 mil
dólares para permanecer en libertad mientras se realiza el juicio; Madrigal fue puesto en libertad bajo fianza en marzo pasado

En conversación telefónica con Proceso el 28 de noviembre, McDonnell respondió a pregunta expresa de si seguirá
la misma línea de defensa que en el caso de Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo,
el hermano del Sera que también es juzgado en un tribunal estadunidense: “No lo
haremos”. No obstante, aclaró que aún no
conoce las pruebas del gobierno de Estados Unidos contra su cliente. Lo sabrá en
los próximos 10 días, indicó.
El Vicentillo, hermano mayor del Sera,
fue detenido en marzo de 2009 en la Ciudad de México al salir del hotel María Isabel Sheraton, ubicado a un costado de la
embajada de Estados Unidos, tras un encuentro con agentes de la DEA. En el expediente de su caso, arraigado en una Corte federal en Chicago, se consigna que fue
extraditado en febrero de 2010.
A principios de 2011, en los preparativos del juicio, sus abogados argumentaron ante el juez Rubén Castillo, quien
lleva el proceso, que el gobierno de Estados Unidos no puede juzgar a su cliente
porque, arguyeron, había un convenio de
protección e inmunidad con la DEA para él y para otros miembros del Cártel de
Sinaloa.
Según afirmaron, el acuerdo se pactó a
través de Humberto Loya, abogado y operador de Joaquín El Chapo Guzmán, prófugo de
la justicia mexicana. El punto medular, expusieron, era dar inmunidad a los miembros del cártel a cambio de entregar información de las organizaciones rivales.
Las armas de Serafín

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

13
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

U

“

sted es un faro de esperanza” para la causa de las mujeres, dijo la entonces presidenta del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen
Alanís, a Enrique Peña Nieto. Tres meses
antes la magistrada había legitimado con
sus compañeros el resultado electoral que
llevó al mexiquense a la Presidencia.
Viejo ritual reasumido tras los años
de ausencia priista en el poder, La Mujer del Año tiene otra vez como invitado de honor al presidente, encargado de
entregar la presea elaborada por la casa
Tiffany en un acto que organiza la priista
Kena Moreno.
Era en realidad un sofisticado mitin feminista del PRI, convocado en el vestíbulo del Museo Nacional de Antropología, al
cual cientos de socialités, mujeres de la política y el altruismo, acudieron la tarde del
3 de diciembre de 2012.
La Mujer del Año 2012 fue Alanís, quien
en su discurso añadió: “El espíritu de igualdad que quedó plasmado en el Pacto por
México, suscrito el día de ayer, da cuenta
de que la inclusión ha comenzado a formar
parte de la agenda de Estado, compartida
además por las fuerzas políticas”.
Aplausos.
Dos días antes, el 1 de diciembre, Peña Nieto había asumido la Presidencia en
medio de una jornada de protestas brutalmente reprimidas. Para ese día se tenía
prevista la firma del Pacto por México, pero un desacuerdo entre partidos hizo que
se aplazara al 2 de diciembre.
Cinco acuerdos y 95 asuntos a reformar
(compromisos, les llamaron) fueron suscritos por PAN, PRD y PRI, las fuerzas políticas
con mayor representación en el país.
Los presidentes surgidos del PRI inician
sus mandatos con golpes efectistas: Miguel
de la Madrid encarceló al Negro Durazo, Carlos Salinas a La Quina, Ernesto Zedillo a Raúl

Y la Presidencia omnímoda

se impuso
14

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
P RES I DENC I A / P RI M ER A Ñ O
Salinas de Gortari... Peña Nieto a la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo.
El historiador Enrique Krauze llama a
esa costumbre “el calado”, cuando grupos
de poder quieren poner a prueba al presidente y éste da una muestra de fuerza. La
costumbre forma parte de lo que ha dado en llamar, como su libro, “la Presidencia imperial” (Proceso 1897).
El pasado 26 de febrero la dirigente
magisterial fue detenida y encarcelada.
Los gobernadores, varios directamente
deudores de su carrera política a Gordillo,
fueron convocados a la residencia oficial
de Los Pinos, de donde salieron apoyando la decisión.
No hubo concentración masiva en el
Zócalo para apoyar al presidente pero sí
una asamblea con 10 mil priistas en el Centro Banamex el 4 de marzo.
El PRI está de regreso en el poder, con
sus sectores y organizaciones, las otrora
llamadas “fuerzas vivas” a las cuales arenga el dirigente partidista César Camacho
y, en su nombre, le expresa al mandatario
su sentir: respeto a su investidura y a la
verticalidad de su gobierno y el respaldo
a “la firmeza y arrojo para decidir lo que
conviene a la República”.
El PAN y el PRD aplaudieron el encarcelamiento. Sólo el dirigente perredista Jesús
Zambrano pidió que cayera también Carlos
Romero Deschamps, líder petrolero.

Pacto permanente
El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el gobierno federal, los dirigentes de los
corporativos gremiales y las cámaras empresariales se fundieron en elogios y manifestaciones de apoyo y respaldo a las
iniciativas presidenciales.
Atrás en la historia quedó la concentración masiva en el Zócalo y el desfile
obrero al cual saludaban los presidentes
desde el palco presidencial. Felipe Calderón canceló el encuentro en la residencia
oficial que este año resurgió con los lla-

mados “factores de la producción” reunidos en el salón Adolfo López Mateos de
Los Pinos. Los asistentes son “quienes
mueven a México”.
En el acto y en nombre de los trabajadores el cetemista Joaquín Gamboa Pascoe expresó el total e incondicional apoyo
a Peña Nieto, y el representante de los industriales, Javier Funtanet Mange, externó el respaldo empresarial a sus reformas.
Ausentes estaban los trabajadores de
Mexicana, en cesantía forzada; los electricistas del SME, que ya ni centro de trabajo
tienen; tampoco Elba Esther Gordillo, pues
languidece en la cárcel.
Referencia obligada en todos sus discursos, esa vez Peña Nieto no mencionó el
Pacto por México, que atraviesa un impasse.
En desarrollo varias elecciones locales,
funcionarios de la Sedesol fueron sorprendidos utilizando clientelarmente la Cruzada contra el Hambre, programa de gobierno para abatir la pobreza alimentaria.
El 19 de abril, en Chiapas, Peña Nieto dijo en su discurso: “Rosario, no te preocupes,
hay que aguantar porque han empezado
las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes preocupan la
política y las elecciones”.
Y “aquellos” se levantaron de la mesa del
pacto, demandando equidad electoral, que
sería resuelta semanas más tarde con un
adéndum a los cinco acuerdos condensados
entre partidos y gobierno días después.
Como sea, en el besamanos del 1
de mayo Gamboa Pascoe transmitió un
mensaje de los trabajadores al presidente: “Sin contar nosotros nada respecto al
Pacto por México, que con tanta prudencia ha manejado y sigue manejando, de
siempre el pacto lo tiene con los trabajadores, y siempre le responderemos de
ese pacto”.

Centralismo de hecho y de derecho
Los gobernadores han sido convocados a
diferentes actos públicos para presentar

iniciativas, como el plan de desarrollo o la
puesta en marcha de los programas trascendentales de la administración: la Cruzada contra el Hambre y la Estrategia de
Seguridad. Pero sólo dos veces han sido
llamados a reuniones en privado.
La primera fue el 26 de febrero, cuando
se les informó de la detención de Gordillo.
La segunda, el pasado 13 de septiembre,
cuando el gobierno de Peña Nieto decidió
desalojar del Zócalo capitalino a los maestros de la CNTE.
Los gobernadores en general –los priistas en particular– han aceptado toda petición presidencial, incluso para recibir
instrucciones, como la de silenciar la información de seguridad, según reveló el mandatario de Colima, Mario Anguiano, el 2 de
febrero.
Las reformas peñistas en materia fiscal terminaron quitándole el control a los
estados sobre la nómina magisterial, la
cual habían asumido en los noventa.
El federalismo, concepto de debate recurrente en aquella década, hoy está fuera de las discusiones; en diferentes
rubros las atribuciones que tenían las entidades federativas hoy regresan al control central, aunque no necesariamente
al Ejecutivo.
Es el caso de la pérdida de facultades para contratar deuda en los estados,
la propuesta de un código penal único, la
creación de un instituto electoral nacional
que sustituya los organismos estatales, la
ampliación de facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información para conocer inconformidades de los estados, la
homogeneización de políticas de seguridad, la gendarmería nacional que pretende asumir tareas de prevención del delito
en el fuero común, entre otras.
Para César Velázquez, coordinador del
posgrado en ciencias políticas de la Universidad Iberoamericana, el federalismo
mexicano tuvo avances en los noventa, y
el poder de los gobernadores, la mayoría
priistas, creció frente a los presidentes del

Tras 12 años fuera de Los Pinos, el PRI volvió con todo y sus
anacrónicos rituales, algunos inocuos... otros no tanto. Desde la
desempolvada “cargada” de genuflexos políticos, pseudofeministas, empresarios o charros sindicales, hasta las muestras de
fuerza (encarcelamientos y represión, por ejemplo), las señales
sólo llevan a una conclusión: desaparecen los atisbos del federalismo equilibrado que bien o mal se había venido edificando
en las décadas recientes, pues el poder se ejercerá desde un
solo lugar: la Presidencia.
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

15
La marca: represión selectiva

e implacable

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

E

l director de teatro Juan Francisco
Kuykendall está próximo a morir. Eso
le han dicho los médicos a su pareja, Eva Palma, quien ha visto el progresivo deterioro de su salud desde que el 1
de diciembre de 2012 fue agredido por policías federales cuando documentaba la represión contra las protestas que marcaron
la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.
Kuykendall salió del coma en enero, pero quedó incapacitado para siempre. Sólo
tiene movimiento en un brazo, no habla y no
reconoce a nadie. Está invadido por bacterias en la sangre e infecciones intratables,
producto de la inmovilidad en que lo dejó
un proyectil disparado por un policía federal que permanece impune, como el resto de
los agentes federales y guardias presidenciales que actuaron ese día.
Teodulfo Torres, único testigo identificable de los hechos –y quien además los
videograbó–, desapareció el 26 de marzo,
días antes de rendir su testimonio ante un
fiscal federal.
“La represión e impunidad, que siempre
han estado presentes, se agudizaron a partir
del 1 de diciembre. El sistema y el gobierno
cada vez sofistican más las formas de represión”, sentencia Eva Palma.

Agrega: “De los autores intelectuales del
operativo del 1 de diciembre, Miguel Ángel
Osorio Chong y Manuel Mondragón, mejor
ni hablar. Los ministerios públicos jamás dirigirán una investigación contra ellos… son
sus jefes”.
Los casos por ejecusión, tortura, represión selectiva y fabricación de delitos
empiezan a acumularse. Para agravar el
cuadro, quienes denuncian son objeto de
pesquisas judiciales y ataques mediáticos.
Por ejemplo, la indagatoria por la desaparición de Teodulfo Torres –seguida primero por un fiscal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)
y después por la General de la República (PGR)– se concentró en investigar a sus
amigos y familiares, para finalmente abrir
una línea de investigación sobre un supuesto alcoholismo de la víctima, que pudo provocarle conflictos que devinieron en su
desaparición, comentó Eva Palma.
Teodulfo trabajaba junto con Kuykendall en proyectos de teatro callejero. Ambos
eran adherentes a la Sexta Declaración de la
Selva Lacandona, a partir de la cual participaron en las jornadas de protesta contra la
represión y el hostigamiento a comunidades
zapatistas, y en especial por el caso de San

Salvador Atenco en 2006, luego del operativo que marcó el inicio del gobierno de Peña
Nieto en el Estado de México.
La vida de Teodulfo se dividía entre los
proyectos con Kuykendall y su trabajo en un
colectivo que logró convertir un accidentado
terreno de Xochimilco en un sitio donde ahora florece una “economía de subsistencia”.
El pasado 24 de marzo, Teodulfo avisó
que iría a un concierto en Neza. La PGJDF
ha intentado fijar esa fecha como la de su
desaparición, pero sus compañeros afirman
que el 26 de marzo se comunicó y dijo que
iba camino a Xochimilco. Nunca llegó.

Las matanzas de Guerrero
“En Guerrero no sólo se está criminalizando
la protesta; se está ultimando a los que protestan”, sostiene Magdalena López Paulino,
integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad (Rsdiac). Su afirmación se
basa en que, desde que Ángel Aguirre asumió la gubernatura, en abril de 2011, suman
13 activistas sociales muertos en ese estado, nueve de ellos abatidos en 2013.
El 30 de mayo, ocho integrantes del
Frente de Unidad Popular (FUP), con sede
en Iguala, fueron levantados. Sólo regresaron cinco. El 3 de junio, el dirigente Arturo
Hernández Cardona, Rafael Bandera Román y Ángel Román Martínez aparecieron
muertos a tiros. Habían sido torturados.
El 5 de agosto cayó el dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez
Flores, junto con Miguel Ángel Solano y
Samuel Vargas, los tres militantes del Partido Comunista de México (PCM).
El 20 de octubre fue asesinada Rocío
Mesino Mesino, dirigente de la Organiza-

Miguel Dimayuga

Palacio Nacional. Arranque del programa

16

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
PRESIDENCIA / P RI M ER AÑO
ción Campesina de la Sierra del Sur. Mesino
fue encarcelada el 13 de marzo, acusada de
asesinato, y puesta en libertad una semana después por falta de pruebas. Para entonces había denunciado que era víctima de
hostigamiento policiaco y de paramilitares.
El 10 de noviembre murieron el dirigente de la Organización Popular de la Costa
Grande, Luis Olivares Enríquez, y su esposa,
Ana Lilia Gatica Rómulo, en su domicilio en
Coyuca de Benítez.
En los últimos años, Olivares se había
opuesto a las mineras canadienses que invadían la zona, y en septiembre dijo temer
por su vida, responsabilizando a Peña Nieto
y a Aguirre por lo que pudiera ocurrirle.
Todos los casos tienen un denominador común: sus liderazgos se unieron en repudio a la masacre de 17 campesinos en
Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de
1995, y a la de El Charco, en 1998.
La desaparición, tortura y asesinato de
los integrantes del FUP se atribuye al alcalde
de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien
presuntamente perpetró él mismo los crímenes, según el testimonio notariado de Nicolás
Mendoza Villa, uno de los sobrevivientes, difundido el pasado lunes 25 por la Rsdiac.
Junto con el edil, que supuestamente
disparó con escopeta al rostro y al pecho de
Hernández Cardona, conforme al testimonio, se señala también a Felipe Flores Velázquez y a Crisóforo Tinoco, secretario de
Seguridad municipal y director de Policía,
respectivamente.
El 26 de noviembre, Abarca negó las
imputaciones.
El portal electrónico de Proceso publicó
el 3 de junio que, al conocerse el asesinato
de Hernández Cardona, integrantes del FUP
realizaron una protesta en la presidencia de

PAN. Además, estados y municipios tuvieron importantes ingresos.
El federalismo de los noventa, sostiene, fue producto de las presiones de los
partidos de oposición al PRI, que estaba en
crisis. Se generó un mal diseño del federalismo y luego se dejó de lado la discusión.
Tras los escándalos de los gobernadores, como en Coahuila y Tabasco, surgió la
tendencia a centralizar, dice.
“El problema es que la lectura es errónea. Pareciera que se asume que todos los
gobernadores son malos y corruptos, y
hay que hacer algo con ellos. La solución
más fácil es acotarles poderes y regresarlos a la federación”, observa.
Doctor en políticas públicas por la
Universidad de Chicago y estudioso del
federalismo mexicano, Velázquez advierte que algunas reformas pueden ser saludables pues algo no funcionaba bien en
los estados y, sin embargo, las soluciones

Iguala y causaron algunos destrozos. El alcalde Abarca los denunció. Ahora, por esos
hechos, en lugar de medidas cautelares enfrentan averiguaciones previas.
Zamora Pardo, integrante de la Rsdiac,
es una activista que repudia la masacre de
El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998, en
la que 11 indígenas fueron masacrados por
el Ejército. Lejos de tener acceso a la justicia, fue encarcelada, acusada de ser guerrillera del ERPI.
Respecto de los integrantes de la
LARSEZ, el PCM denunció que grupos paramilitares actúan en Guerrero con la complacencia de los gobiernos estatal y federal.

La represión perredista
Ideado en el sexenio de Felipe Calderón con
el beneplácito del entonces gobernador panista Marco Adame, el Proyecto Integral
Morelos (PIM) detonó la resistencia de comunidades de esa entidad, Puebla y Tlaxcala, que han documentado el riesgo para su
supervivencia que implica la construcción
de dos termoeléctricas en Huexca, una comunidad náhuatl de Yecapixtla, Morelos.
Para alimentar el megaproyecto energético, cuyo contrato se otorgó a las españolas Abengoa, Elecnor, Enagas y OHL, se requiere de un gasoducto que, desde un lugar
cercano a San Martín Texmelucan, Puebla,
pasaría por la zona de mayor peligrosidad
del Popocatépetl, atravesando comunidades de las tres entidades. Además, para el
enfriamiento de turbinas el PIM prevé extraer agua del Valle de Cuautla.
Las comunidades que se oponen mantuvieron frenada la construcción con plantones
pacíficos, hasta que el perredista Graco Ramírez llegó al gobierno de Morelos. Aunque

no implican un rediseño del pacto federal, sino que son simplemente remedios
cortoplacistas.
Sobre la aceptación de todas las decisiones presidenciales, observa: “Es consecuencia de que la mayoría de los gobiernos estatales son del PRI. Para el gobierno
de Peña Nieto es más fácil estar de acuerdo con los gobernadores, que van a estar a
favor de lo que propone el presidente.
“Contrario a lo que ocurría en el sexenio pasado, hay una relación más tersa, lo cual puede ser bueno porque no hay
conflictos innecesarios. Lo preocupante
es que esa buena relación impida que haya una discusión del federalismo o que los
problemas que surjan y se presenten se
debatan públicamente”, asegura.
En cuanto al fortalecimiento de la figura presidencial, tiene sus reservas pues
afirma: “No es tan claro que quitándole
control a estados y municipios se fortalez1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

17
Octavio Gómez

No es el único caso de criminalización
de opositores a proyectos capitalinos. El 2
de octubre fue detenido Alejandro Bautista,
acusado de ultrajes a la autoridad y ataques
a la paz pública en pandilla.

El joven que perdió un ojo

Avasallamiento policiaco

el PIM es un plan del gobierno federal, la Policía Estatal replegó a los manifestantes e introdujo maquinaria (Proceso 1870 y 1924).
Las policías federal y estatal han arremetido ahí contra las protestas. El caso más
reciente ocurrió el 19 de septiembre.
En el operativo fue detenido y torturado
Jaime Domínguez Pérez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el
Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDT).

Viejas formas
En el Distrito Federal, el gobierno de Miguel
Ángel Mancera desató la represión de marchas a través de un protocolo considerado
ilegal, que inclusive prevé el uso de armas
de fuego (Proceso 1929).
Diferentes actores sociales han denunciado espionaje político, arresto arbitrario
y selectivo, acoso a marchas, agresiones a

ca en automático el presidencialismo, pero sí se fortalece al gobierno federal”.
En los últimos meses, diferentes actores políticos han observado el riesgo para
el federalismo. Roberto Gil, uno de los promotores para acotar facultades financieras
a los estados, alegó el 5 de noviembre que
la creación de un Instituto Nacional Electoral debe evitar afectar el federalismo.
Antes, el 5 de agosto, Manlio Fabio Beltrones se refirió al mismo tema y dijo que
“hay una tentación de dañar al federalismo”, aunque nunca volvió a abordar el
concepto. Y en el PRD Mario Delgado ha
acompañado a los presidentes de los organismos electorales locales para rechazar la
pérdida de atribuciones en los estados.
Ajenos a todo, los gobernadores priistas, 20 en total, apoyan al presidente en sus
reformas, sin más. Son en beneficio de los
mexicanos, dijo el 8 de noviembre el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera.

18

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

defensores de derechos humanos y periodistas. La fuerza pública se desplegó señaladamente en las conmemoraciones históricas de las represiones del 1 de mayo, el 10
de junio y el 2 de octubre (Proceso 1927).
Entre los grupos objeto de persecución
destaca el Frente Oriente, una organización que, con el lema “Ni una lucha aislada
más”, participa en apoyo a diferentes movimientos. Su postura principal, sin embargo,
es su oposición al Plan Urbano de Iztapalapa que, según Luis Barreda y Carlos Esteban Jiménez, afectaría a comunidades y
sectores populares.
Barreda y Jiménez enfrentan procesos
penales por la retención de Pedro Bello, un
funcionario capitalino que además fue golpeado en el Zócalo durante la conmemoración del 10 de junio que devino en enfrentamiento. Ambos rechazan haber participado
en la agresión contra el empleado público.

Mayoría presidencial
El 13 de septiembre los maestros de la CNTE
fueron violentamente desalojados del Zócalo capitalino. La noche del 15 el espacio
público fue atestado de priistas acarreados
del Estado de México para vitorear al mandatario y responder a la arenga tradicional
conocida históricamente como “El Grito”.
La celebración en el Palacio Nacional
vino a menos. El presidente y sus colaboradores debieron salir para atender la emergencia por las lluvias en Guerrero y otras
entidades del país.
Un día después el desfile militar fue
encabezado por un presidente que hace
un recorrido triunfal por el Zócalo a bordo de un vehículo militar descubierto. Miles de soldados, policías federales y el Estado Mayor lo resguardaron.
Al cumplirse un año de gobierno, nunca se aceptó discutir la modificación de

El 1 de diciembre de 2012, policías federales armados arribaron al Hospital General.
Lo que parecía una diligencia para indagar la
agresión contra Uriel Sandoval, se convirtió
en un interrogatorio que buscaba saber a qué
organización pertenecía, quiénes eran sus
amigos, con quién asistió a protestar contra
la toma de posesión de Enrique Peña Nieto…
después intentaron sacarlo del nosocomio.
Lo mismo ocurrió en la Cruz Roja, donde
permanecía Juan Francisco Kuykendall. Numerosos contingentes se dedicaron a cuidar
las puertas de esas instalaciones.
Desde entonces, la Policía Federal y militares con uniforme de policías han participado en la Ciudad de México al menos en
las jornadas violentas del 13 de septiembre,
en el desalojo del Zócalo de los maestros de
la CNTE para que Peña Nieto pudiera dar su
primer “grito de Independencia”, y el 2 de
octubre.
El abogado Francisco Estrada, quien ha
defendido detenidos en esas y otras protestas, observa que junto a la criminalización
hay pifias, como la detención de transeúntes.
Uriel perdió su ojo derecho por el impacto de una bala de goma. Acusa a los medios
de comunicación de llamarlo vándalo y delincuente, sin siquiera haber enfrentado una
denuncia penal en su vida. “Un ojo no es nada frente al asesinato de líderes sociales en
Guerrero, los asesinatos de maestros de la
CNTE y la injusticia, la falta de democracia y
la violencia histórica del estado”, dice.

la reforma educativa como pretendía la
CNTE. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo el 11 de noviembre que habían llegado “a las últimas
horas de diálogo en la tolerancia que hemos asumidos con ellos”.
El endurecimiento del gobierno federal se generaliza. El pasado 28 de noviembre el PRD anunció que abandonaba el Pacto por México. Jesús Zambrano dijo que su
partido no avalaría las reformas política ni
energética.
Peña Nieto, quien todavía el 10 de junio hizo votos por que las fuerzas políticas
no pusieran “nada por encima del pacto”,
respondió al PRD desde Ojinaga, Chihuahua, haciéndolo prescindible, pues sostuvo que no espera unanimidad, y expuso:
“En democracia, sin duda debe privilegiarse a la voz o a aquella representación
que tenga la mayoría, aquella en la que
haya mayor consenso.”
CARLOS ACOSTA CÓRDOVA

I

nexperiencia, malas decisiones y
arrogancia de quienes conducen la
economía del país, se combinaron
con una débil y muy lenta recuperación de la economía estadunidense
–que no pudo jalar a la mexicana–,
para hacer del primer año de gobierno de
Enrique Peña Nieto un año gris, mediocre,
en materia económica.
No se logró ni el crecimiento prometido ni la creación de empleos ofrecida ni
–mucho menos– la mejoría en el bienestar
de la sociedad, que con tanto ánimo aseguraba Peña Nieto que se obtendría apenas llegara él al mando del país.
Nada. La economía se estancó. Apenas
crecerá un tercio de lo que creció en 2012:
1.3%, en los cálculos optimistas de la Secretaría de Hacienda, contra 3.9% del año
pasado. Muy lejos del 3.5% pronosticado
al principio de la administración y más lejos aún del promedio de 4.3% en que creció la economía durante los últimos tres
años del gobierno de Felipe Calderón.
De los empleos, ni se diga. La meta de 1
millón de nuevos puestos de trabajo parece
inalcanzable. En septiembre no iba ni la mitad; apenas poco más de 440 mil, que es una
cantidad 26% inferior a la que se registró en
los primeros nueve meses del año pasado.
Lo peor es que, en su mayoría, esos nuevos
empleos están en la informalidad. Y, más
grave, todavía hay más de 2.7 millones de
mexicanos en el desempleo absoluto.
Nadie sabe dónde quedó la reforma
laboral que arrancó justo en el inicio del
gobierno actual.
Y si los datos macro fueron un desastre
en el año, los microeconómicos, por supuesto, siguieron esa ruta. Sobre todo en los primeros seis meses, las empresas, de todos los
tamaños, vivieron un auténtico vía crucis.
Las grandes, acostumbradas a ganar, supieron lo que es tener pérdidas cuantiosas, o ver
reducidas sus utilidades al mínimo.
El resto vivió meses de angustia. Hicieron todo para sobrevivir: achicarse, despedir personal, reducir jornadas de trabajo,
bajar salarios. Entre las pequeñas y las micro, para muchas la muerte fue su destino.
Y es apenas el primer año de gobierno
de Enrique Peña Nieto.
Nada de qué presumir.

En economía,

la inoperancia

Miguel Dimayuga

El factor Videgaray

20

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

Artífice del pobre desempeño de la economía en el primer año de gobierno, ha sido
sin duda el secretario de Hacienda, Luis
Videgaray Caso, por mucho que se escude
en que los causantes de la severa desaceleración de la economía nacional fueron
los factores externos –sobre todo una débil demanda estadunidense, que frenó las
exportaciones manufactureras de México.
P RES I DENC I A P RI M ER A Ñ O
En términos económicos, 2013 fue un pésimo año para
México y para los mexicanos, y en particular para el gobierno de Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda,
Luis Videgaray. Consecuencia implacable de los torpes y
lentos manejos de las finanzas nacionales son el empobrecimiento vertiginoso de la población, la pulverización
de la clase media, la falta de empleo y, en general, el crecimiento prácticamente nulo de la economía. Si algo faltara,
el tiro de gracia lo representó la reforma hacendaria, esa
abusiva miscelánea fiscal que indignó a todos.
Ha quedado claro ya que el lento ejercicio del gasto público en el año y la decisión
de frenar el flujo de recursos al sector de
la construcción –ambas, responsabilidad
de la Secretaría de Hacienda– llevaron a la
economía a deslizarse más rápidamente
hacia el limbo y, aun, que naufragara por
aguas recesivas.
Luis Videgaray llegó al gabinete de Peña Nieto con excelentes prendas académicas –licenciado en economía por el ITAM y
doctorado por el Instituto Tecnológico de
Massachusetts, el mítico emaiti (MIT), cuna
académica del premio nobel Paul Krugman
y de Pedro Aspe Armella, entre muchas
otros personajes– pero con una muy pobre
experiencia en el servicio público.
Veinteañero aún, tuvo un fugaz paso
como miembro del equipo de asesores de
Pedro Aspe, secretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y otro
aún más efímero –menos de un año– en el
de Jesús Reyes Heroles González Garza, secretario de Energía con Ernesto Zedillo.
Eso es todo lo que había hecho en el
gobierno federal, según el currículum que
la propia Secretaría de Hacienda tiene en
su página en internet.
Al regreso de su doctorado en el MIT,
se incorporó, como director de Finanzas
Públicas, a Protego, la empresa fundada
por Pedro Aspe, pionera en la reestructuración de deudas estatales.
De ahí brincó a la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México, con
Enrique Peña Nieto a la cabeza, donde estuvo entre mediados de 2005 y los primeros
meses de 2009. De ahí saltó, en septiembre,
a la Cámara de Diputados: presidió la poderosa Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, el alfil de Peña Nieto.
Y no más. La experiencia de cuatro
años en la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México no le ha sido
suficiente a Videgaray para llevar a buen
puerto la economía del país. Aquella secretaría estatal, por grande e importante que
sea, no es lo mismo que la de Hacienda,

que debe conducir la economía nacional.
El proceso de aprendizaje ya le costó
al secretario: de recibir una economía en
crecimiento promedio de casi 4% va a dejar otra en plena atonía, que crecerá entre
0.9% y 1.4%, según el más reciente pronóstico del Banco de México.
Y si se mira con la lupa de las cifras
desestacionalizadas, es decir ya descontados los efectos estacionales y de calendario –un ajuste necesario para hacer
comparables los datos–, el resultado es
más desfavorable para Luis Videgaray: la
economía se fue a pique en los dos primeros trimestres, con un “crecimiento”
de 0.2% en el primero, que más bien fue
estancamiento, y una caída de -0.55% en
el segundo, según el Inegi.
Pudo tomar algo de oxígeno el secretario cuando el mismo Inegi dio a conocer, el
21 de noviembre último, que la economía
creció en el tercer trimestre 0.8% en relación con el segundo trimestre de este año.
Además de no vislumbrar cabalmente
ni atender con precisión los efectos que
iba tener en el país el débil desempeño de
la economía internacional, y muy particularmente la lentitud en la recuperación de
la economía estadunidense, el primer pecado visible de la Secretaría de Hacienda
comandada por Luis Videgaray fue el retraso en el ejercicio del gasto público, en
magnitud nunca antes vista para un primer año de gobierno.
En los municipios, primero; luego en
los gobiernos estatales, y después en las
dependencias públicas, hubo fuertes quejas porque no llegaba el dinero de la federación. Los subejercicios del gasto público,
en todas partes, fueron nota sobresaliente
en los medios informativos.
Desde los primeros meses del año,
cuando más se reclamaba que no fluía el
gasto, el secretario Luis Videgaray y el equipo hacendario lo negaban: que el gasto se
estaba ejerciendo conforme a los montos
y ritmos programados, decían insistentemente, y machacaban que la lentitud del

gasto era una cosa común en los primeros
meses de todo nuevo gobierno.
Pero ya desde mayo, cuando el Inegi
divulgó las cifras del primer trimestre, los
analistas financieros y los expertos en indicadores macroeconómicos daban cuenta
de que, si bien es cierto que el gasto puede
fluir con lentitud en los primeros meses de
un nuevo gobierno, Peña Nieto y su secretario de Hacienda se pasaron de la raya.
Los datos oficiales indican que ni siquiera en los primeros meses del gobierno
de Ernesto Zedillo, en pleno arranque de la
brutal crisis por la severa devaluación de diciembre de 1994, el gasto público cayó tanto.
En el primer trimestre de 1995 el gasto fue
2.9% menor que el ejercido en el mismo periodo del año anterior.
Con Vicente Fox, por el contrario, el
gasto público del primer trimestre de 2001
fue 0.8% superior al del primer trimestre
de 2000. Con Calderón se registró una caída de 5.5% entre enero y marzo de 2007.
Pero en el primer trimestre de este
año, primero del gobierno de Peña Nieto,
el gasto público cayó 10.4%.
Todavía para agosto, el subejercicio en
este rubro ascendía a 89 mil millones de
pesos, 3.8% menos del gasto programado.
En su momento, analistas de grupos
financieros, señaladamente Banamex,
achacaron la lentitud del gasto a la inexperiencia del nuevo equipo hacendario y a
las distracciones del secretario Videgaray,
más entretenido en las negociaciones de
las reformas estructurales que en las tareas de la Secretaría de Hacienda, decían.
De hecho, fuentes consultadas por el reportero en la propia secretaría y en el Banco
de México coinciden en que Videgaray pasa
más tiempo en Los Pinos que en sus oficinas de Hacienda. “En Palacio Nacional pocas veces se le ve”.
Un segundo pecado visible de Luis
Videgaray fue dejar caer al sector de la
construcción, que es uno de los principales generadores de empleo y de mayor impacto en el conjunto de la economía.
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

21
Proyecto digital de relumbrón

C

inco días antes del primer año de la
nueva administración federal, y ante el claro incumplimiento del plazo para discutir y aprobar las leyes
secundarias de la reforma en telecomunicaciones, el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió presentar con un gran despliegue burocrático y mediático la Estrategia
Digital Nacional, que pocos han entendido y
comentado.
En el planteamiento con el que se anunció, la estrategia carece de un diagnóstico
claro, de metas fijas, de plazos para cumplirlas y de responsables directos, pero sí
establece dos metas genéricas, más publicitarias que operativas: hacer que México pase del quinto al primer lugar en América Latina en materia de digitalización (lugar
que actualmente ocupa Chile), y alcanzar
el promedio de digitalización de los países
de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), de 59.29
puntos.
Tan sólo para lograr el primer objetivo
(pasar del quinto al primer lugar en América
Latina en 2018) se necesitan más de 94 millones de conexiones de telefonía y banda
ancha (móvil y fija), de acuerdo con un análisis elaborado por Jorge Fernando Negrete,
director general de Mediatelecom.
La única proyección precisa del gobierno federal consiste en alcanzar, hacia el final
de su sexenio, una cobertura de 70% de los
hogares con internet, y de 85% de las pequeñas y medianas empresas.
Al respecto, el dato más reciente publicado por el Inegi indica que hasta abril de
2013 sólo 30.7% de los hogares mexicanos (9.5 millones) tienen conexión a internet,
pero con desigualdades regionales graves:
Mientras en el Distrito Federal y la Península

Desde finales del sexenio pasado, el
gobierno de Felipe Calderón reconoció
que era equivocada la idea de construir
grandes conjuntos habitacionales en forma horizontal, pues estaban situados lejos de las zonas de trabajo y escolares de
quienes compraban casa habitación, además de que estaban construyéndose en
espacios de un tamaño indigno: hasta de
30 metros cuadrados.
Según cifras oficiales, millones de
casas o no fueron habitadas o quedaron
abandonadas, razón por la cual el gobierno detuvo la construcción de ese tipo.
Pero fue en este gobierno cuando se detuvo el flujo de recursos para el sector de
la construcción. A un menor gasto público

22

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

de Baja California 50% dispone de computadora y conexión, en Chiapas y Oaxaca la
proporción apenas llega a 20%.
Para darnos una idea del nivel de conexiones que se necesitan hacia 2018 para lograr la meta del plan de Peña Nieto, el
comparativo de datos entre Chile y México
revela lo siguiente: En telefonía móvil, nuestro país requerirá 68 millones de conexiones adicionales a los 103 millones actuales
de celulares y smartphones existentes para
arribar a la tasa de 137.6% de cobertura que
tiene el país sudamericano; se precisa de
Miguel Dimayuga

JENARO VILLAMIL

Lagunes. La super secretaria

para obra civil y de infraestructura –por la
lentitud en las asignaciones– se sumó la
baja en los trabajos de autoconstrucción
y remodelación, impulsados en gran parte
por las remesas, que se cayeron.
La situación se complicó a raíz de que
el gobierno dejó de subsidiar a las empresas desarrolladoras de conjuntos habitacionales, principalmente a las grandes, que
inclusive cotizan en la bolsa de valores. Se
les quiso castigar por el desvío de los recursos originalmente destinados a la compra
masiva de terrenos, por sobreendeudarse y
construir lejos, en espacios reducidos, obras
de pésima calidad, entre otras culpas.
Esas compañías dejaron de construir
repentinamente. El gobierno no reparó en

otros 21.4 millones de conexiones de banda
ancha móvil para pasar de 12.81% a un mínimo de 30% de hogares con acceso a esta tecnología, como en Chile; y en banda ancha fija tendría que haber 2.3 millones más
para pasar de 11.6% a un mínimo de 13%.
La Estrategia Digital Nacional presentada por Enrique Peña Nieto y su coordinadora Alejandra Lagunes, convertida en una
especie de “supersecretaria” del gobierno
federal, no aclara cómo se alcanzarán tales
metas ni cuánto costará hacerlo.
El proyecto, presentado en el Museo
Nacional de Antropología, prevé los siguientes habilitadores: conectividad, inclusión,
habilidades digitales, interoperabilidad,
marco jurídico y datos abiertos. Dentro del
rubro de “conectividad” se habla del despliegue de infraestructura de banda ancha, un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico, y de la instalación de puntos de
intercambio de internet (IXP).
“Sin la instalación de una amplia y robusta red de infraestructura de telecomunicaciones, sin mayor disponibilidad
de espectro para comunicaciones móviles avanzadas y sin núcleos en internet no será posible alcanzar ningún objetivo de digitalización”, advierte el análisis de
Mediatelecom.
De acuerdo con el discurso presidencial, se persiguen cuatro objetivos: establecer una Ventanilla Única Nacional; una Política Nacional de Datos Abiertos; economía,
educación y salud de calidad, y seguridad
ciudadana.
El mismo discurso no aclaró cómo los
conseguirá. Únicamente informó que ya está en construcción un “gran sitio en internet”
para unificar en un solo portal “cerca de 7
mil trámites de gobierno de la República”, y
que, gracias a este megasitio, se podrá acceder a las calificaciones en las escuelas e
inclusive solicitar actas de nacimiento y pasaporte “desde cualquier lugar, hora o dispositivo electrónico”.
El primer mandatario no precisó en ningún momento cómo se garantizarán la se-

el efecto colateral de ello, pues una a una
las grandes empresas fueron cayendo: sin
más activos que los terrenos en que construían, al no poder construir más, fueron
perdiendo valor, no generaban ingresos y
dejaban de pagar sus deudas.
El efecto dominó, que no vio el gobierno actual, fue que en su caída las grandes
desarrolladoras arrastraron a cientos de
constructoras y tienen con el Jesús en la
boca a los bancos e inversionistas que les
prestaron.
El sector cayó en picada durante el
año, como ningún otro sector productivo:
-3% en el primer semestre; -4% en el segundo y casi -7% en el tercero.
Todavía, el viernes 29 de noviembre el
P RES I DENC I A P RI M ER A Ñ O
guridad y la protección de los datos personales que contendrá este volumen de
información y de Big Data nacional.
Alejandra Lagunes, en la misma presentación, mencionó que entre las generalidades que la estrategia deberá aterrizar se
encuentran “aspectos de gobernanza en internet, seguridad, soberanía de datos, privacidad y protección de datos personales”.

de “mandos dobles” en las áreas de Comunicación Social de cada secretaría. Uno reportó a David López, el director general formalmente, y otros a Lagunes, responsable
de todos los medios digitales, institucionales y no.

En julio de este año, Proceso publicó el borrador de un ambicioso proyecto para consolidar todo el manejo de datos digitales del
gobierno federal en una sola “nube digital”
que sería operada por Google, el gigante estadunidense señalado por Edward Snowden
como uno de los principales colaboradores
de la estrategia de espionaje e intrusión global de Estados Unidos.
Ese proyecto incluía un plan de almacenamiento de datos que beneficiaría a Kio
Networks, de la empresaria María Aramburuzabala, la mujer más acaudalada de México, y el soporte técnico se le daría a EMC
Computer Systems.
El plan de la “nube digital” confirmó el
enorme poder que ya había adquirido al interior de la administración federal Alejandra
Lagunes, experta en mercadotecnia política
y comunicación en redes sociales, quien trabajó como gerente de ventas de Google México en 2005 antes de convertirse en gerente de ventas de Televisa Interactive Media
(2008-2009).
Al parecer, se canceló el proyecto de la
“nube digital”, pero no está claro si las empresas que iban a ser beneficiadas van a
participar y de qué manera en los plazos de
la Estrategia Digital Nacional.
Para varios observadores y funcionarios
consultados por Proceso off the record, es
claro que la estrategia confirma el poder adquirido por Lagunes y su círculo más estrecho –que proviene, como ella, de las grandes trasnacionales de la tecnología–, y que,
incluso, ya se han ido creando una especie

En su análisis sobre la Estrategia Digital Nacional, Jorge Fernando Negrete advierte varias ausencias, además del tema más señalado sobre derechos a la privacidad y la
seguridad de los datos personales y de las
operaciones financieras a través de las tecnologías digitales.
Entre esos temas están “los contenidos
y las aplicaciones digitales”. La estrategia,
dice Negrete, “debiera velar por el contenido que va a circular por las redes y por las
aplicaciones que permitan un mejor aprovechamiento de los servicios públicos y el logro de un gobierno eficiente”.
El director de Mediatelecom menciona otras ausencias importantes en el
documento:
“–Faltan indicadores y proyecciones alcanzables de digitalización anuales y rumbo
hacia el 2018, fecha en que el país pasará a
tener 124.7 millones de habitantes, según
Conapo.
“–No se define con claridad cuál será la
instancia administrativa responsable y cuáles sus atribuciones para lograr lo establecido en la Estrategia Digital Nacional. Sólo se menciona que la coordinación a cargo
de Lagunes tendrá un poder ‘transversal entre todas las dependencias y entidades del
gobierno de la República para promover la
adopción y el desarrollo de tecnologías, la
innovación, la apertura y la transparencia en
todo el aparato gubernamental’.”
El análisis de Negrete puntualiza:
“Quedan en duda las atribuciones que
en la materia conservarán la Subsecretaría de Comunicaciones y la Coordinación de
la Sociedad de la Información y el Conocimiento (e-Mexico), adscritas a la SCT”. Las

atribuciones de esta última instancia, creada por el gobierno de Felipe Calderón, son
muy similares a las que adoptó la oficina a
cargo de Alejandra Lagunes.
Y prosigue:
“–La capacitación y alfabetización digitales son fundamentales, pero no se establecen metas claras en este sentido. Sólo
se presume que el gobierno de Peña Nieto
distribuirá computadoras a estudiantes de
quinto y sexto años de primaria a través de
la fase piloto del programa MiCompu.Mx.
“–El tema federal está ausente en la estrategia nacional. Mediatelecom advierte
que ‘cada entidad federativa debiera crear
su propia estrategia o agenda digital, o
adaptar las que ya existen al nuevo escenario que plantea la reforma constitucional en
materia de telecomunicaciones’.
“–No se menciona ni se retoma ninguna de las experiencias internacionales que
existen en este tema. Por ejemplo, Brasil,
Colombia y Chile son tres naciones latinoamericanas que desarrollaron sus propias
agendas digitales antes que México.”
Brasil publicó su Plan Nacional de Banda Ancha (PNBL en portugués), que busca
la cobertura de 95% de los municipios; 42
millones de hogares con internet, y 91.5%
de población con telefonía móvil. En 2013,
Brasil decretó la exención fiscal para el despliegue de redes, servicios y obras civiles
encaminadas al desarrollo de la banda ancha que permitirán inversiones por 8 mil millones de dólares hasta 2016. En México no
existe nada parecido.
En Colombia, desde 2010 se lanzó el
Plan Vive Digital para multiplicar por siete el
número de medianas y pequeñas empresas
con conexión a internet e impulsar la reducción del IVA en internet a la población de los
niveles socioeconómicos más bajos.
Chile estableció en su plan digital metas
y plazos muy claros que se han ido cumpliendo. Pasó de tener sólo 1% de hogares con
internet de alta velocidad a 50%; de 15% de
escuelas conectadas a 70%, y de 40.7%
de habitantes con acceso a internet a 80%.

Inegi reportó que el valor de producción
de las empresas constructoras disminuyó -7.5% en términos reales en septiembre último, producto de las caídas en los
subsectores de construcción de obras de
ingeniería civil –que es responsabilidad
del gobierno– en 9.3%, y de edificación en
7.9%.
Sólo creció el subsector de trabajos
especializados para la construcción, en
4.1%. Es el que se refiere a autoconstrucción y remodelación, que está más ligado
a las remesas que trabajadores mexicanos en el exterior envían a sus familias.
Todo eso, en la abstracción de los números. En la realidad, compañías constructoras en bancarrota, muchas desaparecidas,

proveedores en agonía y cientos de miles
de mexicanos sin empleo.
El propio Videgaray ha reconocido ambos pecados –freno en el gasto público y
derrumbe de la construcción–, que aceleraron la caída de la economía en el año.
Lo hizo, aunque de manera implícita, en
la conferencia de prensa del 14 de noviembre que ofreció para elogiar la aprobación
del Presupuesto de Egresos para 2014, que
ocurrió en la madrugada de ese mismo día.
Primero justificó que el gasto se retrasó porque el presupuesto 2013 se aprobó
“muy tarde, el 21 de diciembre” de 2012,
y muchas de las reglas de operación para
múltiples programas de gasto no se emitieron hasta el último día de febrero.

Y prometió que en 2014, con un presupuesto que se aprobó mes y medio antes
de que concluya el año, y con reglas de operación que se emitirán pronto, ahora sí el
gasto público se aplicará, y de manera acelerada, desde el primer día del próximo año.
Mal año, pues, para la economía y para Luis Videgaray. Y más aún, el secretario
termina el 2013 con el enojo manifiesto
de la iniciativa privada y de la sociedad en
su conjunto por la mayor carga tributaria
que deja la miscelánea fiscal. Esta malograda “reforma hacendaria” no le dejará
más dinero a las arcas federales ni acabará con la vulnerabilidad de las finanzas
públicas, que seguirán tan dependientes
de los volátiles ingresos petroleros.

El largo brazo de Google

Temas ausentes

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

23
REFORMAS ENERGÉTICA Y POLÍTICA

Historia de una

traición

JENARO VILLAMIL

E

l regalo de Navidad se adelantó
en la sede del Senado la noche
del 26 de noviembre. Emilio
Gamboa Patrón, coordinador
de la bancada priista, recibió
la “visita especial” de los tres
enviados de Los Pinos para destrabar las
negociaciones con el PAN en materia de
reforma político-electoral.
Con un dispositivo especial de seguridad,
el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio
Nuño, subió desde el sótano 1 del Senado a
las oficinas de la Junta de Coordinación Política, presidida por Gamboa, y sostuvo una
reunión a puerta cerrada con legisladores
del PAN, del PRI y del Partido Verde.
A Nuño lo acompañaban Humberto

24

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

Castillejos Cervantes, consejero jurídico
de Los Pinos, y Andrés Massieu Fernández, coordinador de Estrategia y Mensaje
Gubernamental. Previamente el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, ya
había negociado con los senadores de las
comisiones dictaminadoras.
Mientras los enviados de Los Pinos cabildeaban en privado, en el pleno los senadores aprobaban el paquete de reforma
financiera, un dictamen de más de mil 800
páginas que modificó una treintena de
ordenamientos, escasamente analizados
por los senadores, pero bajo presión de los
asesores del secretario de Hacienda, Luis
Videgaray. Prácticamente le dieron línea a
los legisladores del PRI para que aprobaran sin discusión este complejo paquete

proveniente de la Cámara de Diputados.
Así el Ejecutivo federal “invadió” y
comenzó a presionar directamente a los
senadores para que, en vísperas de cumplirse el primer año del Pacto por México,
se completara el ciclo de reformas que se
comprometieron a aprobar.
Ya habían sacado en menos de un año
las reformas educativa, de telecomunicaciones y radiodifusión (cuyas leyes reglamentarias ya no estarán listas para el lunes
9 y se pospusieron para marzo o abril de
2014), la fiscal-hacendaria, la de transparencia, la financiera y venía “la joya de la
corona”, la energética que necesita librar
la aduana de la político-electoral impuesta
como condición por el PAN para votar cambios constitucionales en materia petrolera.
El senador perredista Alejandro En-
P RES I DENC I A P RI M ER A Ñ O
En lo que respecta a las reformas energética y política, las negociaciones en el Senado las realizaron sólo
el PRI (con un equipo enviado desde Los Pinos) y el
PAN. Como ya había adelantado la senadora perredista Dolores Padierna, se trató de un “golpe legislativo”.
Ambos partidos cocinaron los pormenores de dichas
reformas; en el caso de la primera, con la apertura
hacia el sector privado muy al gusto del blanquiazul,
que a su vez impuso condiciones en algunos aspectos
político-electorales.

cinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, una de las
cinco que dictamina la reforma política,
confirmó que entre los panistas y priistas
había 10 temas “encorchetados” que evitaban el avance.
El PRI insistía en incorporar el concepto
de “determinancia” para aceptar que el rebase de topes de gastos de campaña y el
uso de dinero de procedencia ilícita fueran
causales de nulidad de la elección. El PAN
defendió que la reelección legislativa se iniciara en 2018 y no en 2024 como propuso el
PRI. El tema del Instituto Nacional Electoral
y la desaparición de los organismos electorales estatales ya había quedado en una
opción “mixta” (Proceso 1934).
Los panistas, a decir de varios senadores del PRI consultados, encarecieron

su voto a la reforma político-electoral a
sabiendas de la urgencia de aprobar este paquete y comenzar a dictaminar la
energética en los términos también planteados por el blanquiazul: abrir más la posibilidad de la inversión privada a través
de otras figuras, como las concesiones.
El mismo 26 de noviembre comenzaron los acercamientos entre el priista David
Penchyna, presidente de la Comisión de
Energía, y los panistas Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle para adelantar un
posible predictamen de reforma constitucional en materia petrolera que incluyera la
figura de las licencias, similares a las concesiones, que durante los foros de debate propusieron varios ponentes, especialmente
Adrián Lajous, exdirector de Pemex.
En todo este juego de cabildeos y presiones el PRD comenzó a estar marginado.
Su coordinador, Miguel Barbosa, tuvo una
repentina dolencia física que lo ausentó
esos días. Y la dirigencia nacional, encabezada por Jesús Zambrano, fue olímpicamente hecha a un lado.
Astuto, al ser cuestionado por la prensa sobre el cabildeo de los enviados de Los
Pinos, Gamboa admitió la presencia de
Nuño, Castillejos y Massieu pero aclaró:
“Aquí el gobierno no vota, aquí votamos
128 senadores. No hay ninguna presión”.
Al pacto lo dieron por finiquitado, días
antes de que el 2 de diciembre cumpliera
su primer año, los propios enviados de Peña Nieto al Senado para acelerar las negociaciones con el PAN.

Predictamen de madrugada
La tarde del 27 de noviembre el coordinador de la bancada del PT, Manuel Bartlett,
recibió, como otros legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales, un citatorio de Enrique Burgos, senador priista
y presidente de dicha comisión, “para la
presentación del proyecto de dictamen de
las diversas iniciativas de reformas constitucionales en materia político-electoral”.

El oficio CPC/ST/369-2013 señalaba en
los siguientes términos la convocatoria:
“Me permito solicitarle su amable disposición para la eventual convocatoria (sic)
a reunión extraordinaria de dichas comisiones unidas esta misma noche a las 21
horas, en las salas 5 y 6 de la planta baja
del Senado de la República.
“Lo anterior en virtud de que los presidentes de las comisiones dictaminadoras
se encuentran trabajando en la construcción de consensos y en la elaboración del
documento que habrá de ponerse a su
consideración.”
Firmaba el secretario técnico de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Morelos Canseco Gómez.
Por reglamento del Senado las reuniones de comisiones sólo pueden ser ordinarias o extraordinarias. De acuerdo con
el artículo 139, las reuniones ordinaras
deben convocarse con 48 horas de anticipación, pero las extraordinarias se convocan “con la anticipación que se requiera,
previo acuerdo de la Junta Directiva, a
través de comunicación directa a los integrantes de la comisión”.
Sin embargo, a las nueve de la noche,
en las salas 5 y 6 de la planta baja del Senado no había ningún legislador. La reunión de comisiones se había cancelado.
Para sorpresa del petista Bartlett y de
los legisladores perredistas, no fue así. A las
cuatro de la madrugada del 28 de noviembre las comisiones emitieron un predictamen que dejó al margen todos los temas
defendidos por el PRD, especialmente los
relacionados con los mecanismos de consulta popular para reglamentar el artículo
35 constitucional, elemento clave para dar
legalidad a la consulta que quieren solicitar
en relación con la reforma energética.
El predictamen, de 231 cuartillas,
mantiene aún varios temas “encorchetados”, pero establece dos ejes: la reforma
política y la reforma electoral. La primera consiste en la figura del gobierno de
coalición, ratificación de nombramientos
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

25
P R ESID E N CIA PRIMER AÑO
hechos por el presidente de la República,
la creación de una Fiscalía General de la
Federación, la reelección legislativa y el
cambio de fecha para adelantar la toma
de posesión del titular del Ejecutivo federal, entre los principales asuntos.
En materia de reforma electoral se
habla del “fortalecimiento” del Instituto
Federal Electoral y sus atribuciones mediante su transformación en Instituto
Nacional Electoral y aumento “en el umbral” para mantener el registro como partido político, entre otros asuntos. El tema
de la anulación de la elección por rebase
de topes de gasto de campaña aún estaba
“encorchetado”.
La desaparición de los institutos estatales electorales no se concretó. En las
páginas 122 y 123 del predictamen se estableció: “Se retirarán las funciones más
controvertidas a los órganos locales que
han puesto en duda su imparcialidad”
pero se acordó que “no es pertinente” la
desaparición de los órganos locales, “sino establecer en la Constitución Política la homologación de algunos aspectos
para el cumplimiento de este fin, como
son: el procedimiento de nombramiento
de los consejeros electorales, su duración
y el sistema de garantías para su cabal
desempeño”.
Para el PRD, especialmente para su dirigente nacional Jesús Zambrano, impulsor de la figura del INE junto con el PAN,
se trató de un modelo “descafeinado” de
organismo electoral. “Triunfaron los gobernadores”, declaró.
La huella de los intereses del PAN
quedó manifiesta en la página 110 del
predictamen donde se establece que los
diputados federales “podrán reelegirse
hasta tres periodos más, para sumar 12
años en ejercicio del encargo y los senadores hasta por un periodo adicional,
también para sumar 12 años de servicio
ininterrumpido en esa calidad”.
Los del blanquiazul demandan que esta reforma entre en vigor desde 2018 –con
los actuales senadores como posibles candidatos a reelegirse– y no hasta 2024 como
demandan el PRI y su coordinador Emilio
Gamboa, quien por cierto ha cambiado de
una cámara a otra en los últimos 12 años.
Ninguno de los mecanismos de participación y consulta ciudadana, considerados
por el PRD como sus “cartas ciudadanas”,
se incorpora en el predictamen aprobado
esa madrugada. La reforma política del
Distrito Federal queda en el limbo.
Prácticamente ignoraron en la negociación una iniciativa impulsada por
varios organismos no gubernamentales, encabezados por el sacerdote Miguel
Concha y el exrector de la UNAM Pablo
González Casanova, quienes proponen
incorporar en los artículos 35 y 36 de la
Constitución las figuras del plebiscito y

26

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

el referéndum, además de las consultas
populares.
También se incorporó un mecanismo
nuevo de subrepresentación y sobrerrepresentación en las cámaras que le permitirán a un partido tener un número de
diputados por mayoría y por representación proporcional con un margen de
ocho puntos porcentuales de su votación.
También se incrementó de dos a tres el
porcentaje mínimo para que un nuevo
partido pueda tener representación y registro definitivo, sin ir en coalición con
otros en su primera contienda.

Ruptura del PRD
La mañana del 28 de noviembre, cuando
se conoció la existencia de este predictamen, el PRD convocó a una conferencia
de prensa en el Senado para anunciar su
salida del Pacto por México, su ruptura de
las negociaciones en la reforma políticoelectoral y denunciar un “pacto en lo oscurito” entre el PAN y el PRI para avanzar
en la reforma energética sin incorporar el
mecanismo de la consulta popular.
Horas antes de la conferencia de la cúpula de legisladores y dirigentes del PRD,
en entrevista radiofónica con Carmen
Aristegui, el senador panista Javier Corral
deslizó la versión de que su partido estaba
ya negociando con el gobierno federal la
incorporación de la figura de licencias en
el proyecto de reforma energética, como
semanas antes anunciaron The Wall Street
Journal y la agencia Bloomberg citando
fuentes oficiales.
El comunicado, leído por la senadora
Dolores Padierna, vicecoordinadora del
PRD, denunció que el PRI, el PAN y el Partido Verde preparaban un “golpe legislativo” para “redactar el dictamen de reforma
energética sin cubrir los procedimientos
parlamentarios, sin incluir al PRD en sus
convocatorias, en forma apresurada”.
El PRD solicitó que se suspendiera la
reunión de las comisiones unidas de reforNuño. Enviado de Los Pinos

ma político-electoral, citadas para el mismo
28 de noviembre por la tarde, y no hubiera
sesión ordinaria el 29 de noviembre, pues
“no está discutida, analizada ni completa
esa iniciativa y porque no vamos a legitimar la reforma política porque implica avalar la estrategia para privatizar el petróleo”.
“No podemos aceptar una reforma
política sin las cartas ciudadanas, en particular con la Ley de Participación Ciudadana para que haya consulta revocatoria”,
afirmó Padierna. “Tampoco podemos
aceptar que con maniobras legislativas se
pretenda convertir al tema energético en
un tema fiscal que no esté sujeto a la consulta popular, como se pretende”, abundó.
La perredista hacía referencia al condicionamiento que impuso el PRI a la aprobación de una ley reglamentaria de la fracción
VIII del artículo 35 constitucional donde se
incorpora la figura de la consulta popular.
Los negociadores oficiales querían vincular este tema a la misma prohibición de
llevar a consulta los asuntos fiscales. En el
paquete hacendario se crea en el título V
de la Ley de Hidrocarburos un nuevo régimen fiscal para Pemex que en esencia permite la apertura de contratos privados.
Zambrano oficializó en ese momento la salida del PRD del Pacto por México.
Acusó al PRI y al PAN de violar lo firmado
en el pacto y convocó a un plan de acción
conjunta con “otras fuerzas políticas” para frenar la reforma energética.
Encinas expuso los puntos de diferencia
con el predictamen del PAN y del PRI en materia de reforma político-electoral. “Quieren
hacer una restricción para que no se autoricen consultas populares revocatorias sobre
reformas ya aprobadas”, dijo.
“No vamos a legitimar ni convalidar
un condicionamiento del PAN para la reforma energética”, sentenció Encinas,
quien también acusó a los panistas de legislar en su propio beneficio al defender
la posibilidad de que la reelección inmediata aplique a favor de los actuales senadores del blanquiazul.
La salida del PRD del Pacto por México
le hizo ganar tiempo a este partido en medio de una acelerada negociación entre
PRI y PAN para sacar la reforma políticoelectoral y de la movilización convocada
por Andrés Manuel López Obrador para
este domingo 1.
El PRD prepara otras movilizaciones para el martes 2 mientras la dictaminación y votación final de la reforma
político-electoral se prevé que ocurran el
lunes 2 y el martes 3, al tiempo que desde
el miércoles 4 y el jueves 5 se acelerará el
proceso de aprobación de la reforma energética, aun sin el voto de la izquierda.
“Va a haber reforma energética. Nunca
nos vamos a dejar presionar ni chantajear
por nadie”, sentenció Gamboa Patrón tras
la salida del PRD.
El pacto

reventó,
pero...

Menos de un año después de haber sido suscrito, en
vísperas de la concentración de este domingo 1 en el
Zócalo capitalino convocada por Andrés Manuel López Obrador para manifestar su repudio a la reforma
energética, el Pacto por México quedó reventado con la
salida del PRD. Así, los vaticinios en este sentido desde
diferentes sectores políticos se están cumpliendo, aun
cuando Jesús Ortega Martínez, expresidente nacional
perredista, asegura que el pacto no fue una ocurrencia
coyuntural, pues durante años su partido discutió al
respecto. E insiste: el pacto es de izquierda, por lo que el
PRD cometería un error si permite que la reforma energética la hagan solos el PRI y el PAN.
ÁLVARO DELGADO

E

l 21 de noviembre, en vísperas
del XIV Congreso Nacional del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) celebrado en Oaxtepec, Jesús Ortega Martínez no
tenía duda: ratificaría su pertenencia al Pacto por México, como ocurrió,
para mantener la alianza con el gobierno
de Enrique Peña Nieto y el Partido Acción
Nacional (PAN).
Artífice de ese acuerdo firmado un día
después de la toma de posesión de Peña
Nieto, el 2 de diciembre de 2012, Ortega se
regodeaba: “Todos los días los contrarios
al Pacto por México publican esquelas y
mandan coronas de flores por su muerte,
y todos los días se equivocan”.
Pero quien se equivocó fue él: el día
28, cuatro días después del aval del PRD,
el Pacto por México comenzó su agonía
con el arreglo de Peña Nieto con el PAN
para aprobar una reforma política “rabona” y una energética que cede el petróleo

28

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

a particulares nacionales y extranjeros.
La marginación del PRD de estas dos
reformas la ratificó el propio mandatario,
ese mismo día, al renegar del consenso
previsto en el Pacto por México: “Somos
un país democrático, diverso y plural, en
el que todas las voces merecen ser escuchadas, pero como debe ser en democracia, debe privilegiarse aquella voz que
tenga mayoría”.
Desde Chile, desde donde siguió los
acontecimientos –incluido el retiro del
PRD de las negociaciones–, Ortega admite
que el acuerdo ya está condenado a muerte: “Ateniéndome a la declaración del presidente, el Pacto por México está a punto
de ser sacrificado.”
Coautor de ese pacto, junto con el priista José Murat, Ortega culpa al presidente del
PAN, Gustavo Madero, de anteponer su proyecto de reelección a lo firmado, y a Peña de
ceder a presiones extranjeras para aprobar
una reforma privatizadora del petróleo.
“Le están apuntando a la sien, y todo
con el propósito, de unos (los panistas), de

resolver sus asuntos internos, y de otros
(del gobierno de Peña), de atender presiones extranjeras que un gobierno serio debería soportar.”
“No me equivoco en la expresión ‘a
punto de ser sacrificado’. ¿Quiénes son
los que están con el arma en la sien del
pacto? Los que incumplen con el contenido estricto del pacto, los que incumplen
su palabra y su firma.”
El expresidente del PRD niega que el
gobierno de Peña y el PAN hayan “chamaqueado” a su partido. “No, porque sacamos reformas muy importantes. Los
chamaqueados serían ellos: Demostrarían su novatez y fragilidad política. Es un
error estratégico destruir el pacto”.
–Pero logran su objetivo: la reforma
energética…
–Si eso es así, entonces son pequeños
intereses y pequeñas miserias, no los intereses del país. Si lo hacen se verían poco
profesionales, sin sentido estratégico.
–¿Y eso les importa?
–Quién sabe. A lo mejor son reformas
Germán Canseco

P RES I DENC I A P RI M ER A Ñ O

sin ningún efecto económico y de gobernabilidad. Sería un triunfo pírrico.
–¿Hasta dónde llegará la “izquierda
responsable” ante la aprobación de la reforma energética?
–Todo recaerá en el marco de la paz,
somos una fuerza madura y sensata. Para
defender no se necesita ser violento.
La marginación del PRD del Pacto por
México se produce poco antes de la concentración en el Zócalo a que convocó Andrés Manuel López Obrador, el domingo 1
de diciembre, justamente para oponerse a
la privatización del petróleo.
–¿Estas circunstancias le están dando
la razón a López Obrador?
–No le están dando la razón, porque
Andrés Manuel no quiere ningún tipo de
reforma, ya no digamos energética, no
quiere ningún tipo de reforma de ninguna
naturaleza. La visión de Andrés Manuel
es: yo o el precipicio. Está equivocado.
–Hasta Marcelo Ebrard festina la salida
del PRD del pacto...
–Marcelo debe ser más sensato. El

mismo error que están cometiendo los
priistas y los panistas lo está cometiendo
Marcelo: ver sólo por su interés personal.

La corrupción, a salvo
De ratificarse la marginación del PRD y el
arreglo bilateral del gobierno priista con
el PAN, harían que el Pacto por México no
viva ni un año. Negociado aun antes de que
Peña fuera declarado presidente electo, este
acuerdo padeció siempre el asedio de fuerzas internas perredistas y panistas adversas a sus dirigencias.
En abril vivió su primer crisis cuando
Madero anunció su retiro de actos del Pacto
por México por el descubrimiento de una
red de funcionarios del gobierno de Veracruz para favorecer al PRI, lo que luego
derivó en un adéndum que condicionó la
reforma energética a la política.
Pese a las críticas de perredistas y panistas, parecía que todo marchaba bien,
pero sorpresivamente el 20 de noviembre
el presidente del PRI, César Camacho, afir-

mó que el Pacto por México terminaría al
aprobarse los 95 compromisos.
“El pacto ha demostrado su fortaleza
institucional y además tiene una fecha de
caducidad: el segundo semestre de 2014”,
precisó, una declaración que a Ortega, entrevistado al día siguiente, le parece que
fue un error.
“Se equivocó. Si a diario hay quienes
están poniendo esquelas y el presidente
del PRI paga otra, se equivoca. Y en lugar
de fortalecer al pacto lo debilita o ayuda a
quienes están, día tras día, hora tras hora,
tratando de destruirlo.”
–¿Fue deliberada esa declaración?
–No sé. Se equivocó, cualquiera que
haya sido la intención. Al margen de
sus intenciones aparece como esquela
pagada.
Aun así, el expresidente del PRD era
optimista: El Congreso Nacional del PRD
ratificaría su permanencia en ese acuerdo, como ocurrió, porque ha resultado, según él, útil para México.
Sin embargo, aunque en el Legislativo
se procesaron varias reformas relevantes,
como la educativa, la de telecomunicaciones y la financiera, la agenda contra la corrupción fue marginada, específicamente
el “sistema nacional contra la corrupción”.
El compromiso 85 prevé: “Se creará
un sistema nacional contra la corrupción
que, mediante una reforma constitucional, establezca una comisión nacional y
comisiones estatales con facultades de
prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades
competentes por actos de corrupción. Se
pondrá especial énfasis en entidades como Pemex y la CFE”.
Y el compromiso 86: “Se creará un
Consejo Nacional para la Ética Pública con
la participación de diversas autoridades
del Estado mexicano y miembros de la sociedad civil para dar seguimiento a las acciones concertadas contra la corrupción”.
Ortega admite que, aun cuando siguen
pendientes estas reformas, sí se aprobaron acciones contra la corrupción, como
la autonomía constitucional para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y mayores facultades a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.
“La reforma educativa tiene un contenido anticorrupción esencial: ¿Cómo
se daban los ascensos en el sistema educativo? Por cuanto dinero le dan al líder
sindical. ¿Cómo se daban las plazas? Por
corrupción. ¿Un examen de oposición
para ingresar al sistema educativo no
ataca de manera directa un aspecto de la
corrupción?”
–Sí, pero no hay decisiones específicas
contra la corrupción.
–Tienes razón, faltan algunos asuntos
por resolver en este tema desde el punto
de vista legislativo.
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

29
–Entonces no es una prioridad combatir la corrupción.
–Sí es, nomás que un tema, la comisión nacional, tiene su calendario, porque
efectivamente se definió qué iba primero
y qué iba después. Claro que hay medidas
anticorrupción, pero faltan, desde luego.

El pacto es de izquierda

Octavio Gómez

Convencido de que el país es mejor luego de las reformas aprobadas a través del
Pacto por México, pese a que en algunos
casos pasarán muchos años en verse los
resultados, Jesús Ortega revela que el PRD
impulsó este acuerdo, porque López Obrador no quiso hacerlo.
Luego de las elecciones de 2012, se le
planteó al excandidato presidencial proponerle al país un gran acuerdo nacional para
impulsar las reformas económicas, políticas y sociales, algo por lo que la izquierda
ha luchado.
“El Pacto por México no fue una ocurrencia de la coyuntura política resultado
de la elección de 2012, sino que se venía
discutiendo como acuerdo político nacional
en el PRD, se le llamaba así, desde muchos
años antes y aun décadas”, dice Ortega.
Recuerda el debate que se dio en el
III Congreso Nacional del PRD en Oaxtepec, en agosto de 1995, cuando Cárdenas
proponía la “salvación nacional” y Porfirio
Muñoz Ledo, entonces presidente de ese
partido, una “transición pactada”, que finalmente se impuso.
Y luego López Obrador, ya como presidente del PRD, pactó con Ernesto Zedillo,
el PAN y el PRI la reforma electoral de 1996

que, entre otras cosas, ciudadanizó el Instituto Federal Electoral y permitió elegir al
jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Pasada la elección de 2012, el PRD no
debía cometer el mismo error de seis años
atrás y perredistas como Ortega y Jesús
Zambrano comenzaron a discutir con Manuel Camacho cómo influir en las decisiones del país.
“Le dijimos: ‘Lancemos a la nación un
manifiesto en el que propongamos al país
y a las fuerzas políticas un gran acuerdo
por el país, que haga profundas reformas
en materia económica y social’.”
Con las ideas de varios perredistas,
como Cuauhtémoc Cárdenas, y de no perredistas, como Juan Ramón de la Fuente,
exrector de la UNAM, Camacho redactó
un documento que se llamó Por un gran
acuerdo político nacional por la gobernabilidad democrática, por la estabilidad política y
por el bienestar de la ciudadanía.
Ya elaborado el documento, acordaron dar el siguiente paso: convocar a una
comida a López Obrador, Cárdenas, De la
Fuente y Marcelo Ebrard, quien fue el anfitrión en la sede de la fundación que preside, en la colonia Condesa.
“El documento era resultado de un esfuerzo de reflexión colectiva de estas personas y se le leyó a Andrés Manuel, cuya
respuesta fue no solamente descortés, sino inusitada. Cualquier político dice: Déjenme ver, voy a analizarlo, lo agradezco,
voy a verlo. No. Terminó de leer Manuel, se
levanta y dice: No estoy en absolutamente
nada de acuerdo, en nada”.
Ortega dice que se generó estupor y
todos le pidieron que escuchara, porque

se trataba de reflexionar y discutir. Aunque se sentó a escuchar las razones de
cada uno para apoyar el proyecto, López
Obrador fue inflexible.
Dice Ortega: “Y a final de cuentas Andrés no movió un ápice su posición después de haber escuchado a estas personas
y dijo: ‘Muchas gracias, me retiro’. Y se
retiró, y nos quedamos ahí con estupor,
con sorpresa, porque la propuesta era:
‘Andrés, conviértete en el personaje político más trascendente y más relevante en
la próxima etapa, le vas a lanzar al país
una propuesta para resolver los grandes
problemas nacionales, te vas a convertir
en un factor decisivo para resolver los
problemas del país; pongamos por delante, no para ver nuestros asuntos, sino para
ver los asuntos del país’”.
–¿Eso quién se lo dijo en específico?
–Casi todos, ese argumento, casi todos, porque todos hablamos.
–¿Y él los escuchaba?
–Pero refunfuñando, ni siquiera debatiendo, negado totalmente a escuchar
siquiera.
–¿Le dijeron que se estaba en diálogo
con otros partidos?
–Es que todavía no se estaba en
diálogo.
Pero pronto lo estuvo: “Se fue Andrés y
dijimos: Vamos a sacarlo nosotros. Vamos
a hacer la propuesta nosotros”.
–Y Cárdenas, ¿qué dijo?
–Igual que todos, vamos a hacer la propuesta nosotros. Es correcta la propuesta
desde el punto de vista político. Frente a
la realidad del país y a la incertidumbre
que tiene la gente, alguien tiene que decirle por dónde y seamos nosotros.
–¿Y Ebrard apoyó?
–Claro, si fue en su fundación.
–¿Y entonces por qué rechaza el Pacto
por México?
–Por eso te estoy diciendo, fue en su
fundación, ahí comimos.
–¿Y qué tanto de ese documento se
reflejó en los 95 puntos del Pacto por
México?
–Una parte muy sustancial.
–¿Entonces el Pacto por México se nutre de las propuestas de la izquierda?
–No quiero decir que de ese documento fue una copia, pero nosotros sí lo
teníamos como insumo nuestro, porque
habíamos sido coautores de ese documento. Ahí hablábamos, por ejemplo, de
los poderes fácticos, de la necesidad de la
seguridad social, de lograr la gobernabilidad democrática, de la reforma política
electoral.

Peña y PAN, sin palabra
Ortega, Navarrete y Zambrano. Desconcierto

30

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

De morir el Pacto por México, acusa Ortega, los responsables serán Peña Nieto y el
PAN, porque no sólo estarían traicionando
Octavio Gómez

P RES I DENC I A P RI M ER A Ñ O
ROSALÍA VERGARA

E

l súbito retiro del PRD del Pacto por
México es una derrota para Nueva Izquierda (NI), la corriente que representó al perredismo en el consejo
rector del acuerdo, señala Marcelo Ebrard.
En entrevista con Proceso, quien aspira a presidir ese partido afirma que Los Chuchos –como se conoce a NI– debieron hacerle caso a la militancia, la mayoría de la
cual manifestó su desacuerdo con la presencia del PRD en el pacto.
Así lo manifestó la base el jueves 21 de
noviembre: cientos de delegados abuchearon a Jesús Zambrano –presidente del PRD–
cuando estaba por dar su mensaje en el XIV
Congreso Nacional Ordinario perredista.
Los delegados debieron decidir sobre la
permanencia en el pacto, pero el tema no se
discutió porque Los Chuchos “hicieron todo lo humanamente posible para evitar que
esto se deliberara en el pleno. El argumento
fue más en la mesa de línea política, casi no
dejaban hablar a nadie y (afirmaban) que el
pacto podría dar resultados, la reforma política iba muy avanzada, se podía frenar la reforma energética...”, asegura Ebrard.
Y 72 horas después, a regañadientes,
Zambrano debió aceptar que el gobierno federal no cejará en sus intenciones de reformar los artículos 27 y 28 constitucionales
para permitir la inversión privada en el sector energético. “Todos lo sabíamos desde el
sábado –el 23 de noviembre– y dijeron que
no. Bueno. Ahí está. Tal y como se los dijimos”, señala Ebrard.
Ahora, apunta, tienen conocimiento de
que la pretenden aprobar a más tardar el
jueves 12, “con la venia de la guadalupana
en su día”.
La decisión de salir del Pacto por México es una victoria para quienes siempre estuvieron en desacuerdo, insiste.
“¡Es ridículo!” que Zambrano recule 72
horas después de haber defendido la presencia del PRD y de asegurar que “80% de los
congresistas votaron a favor del resolutivo
para continuar en el pacto”, opina Ebrard.
El exjefe de gobierno capitalino señala
que la decisión debió tomarse antes porque
es del cálculo político más elemental saber
que la prioridad del gobierno federal es reformar los artículos 27 y 28 constitucionales
y permitir los contratos de utilidad compartida en beneficio de petroleras extranjeras.

su palabra, sino también traicionarían su
firma.
“Hay un precepto en el pacto perfectamente definido y es el cumplimiento de la
palabra y de lo escrito. Y un segundo punto: nada está resuelto hasta que todo esté
resuelto. No hay una parte resuelta si no
está resuelto el conjunto. Si ellos llegaran
a la conclusión de que no hay necesidad de

El fracaso de “Los Chuchos”
nos dio la razón: Ebrard
“La prioridad del gobierno federal es la reforma energética, no el pacto. Simple y sencillamente la van a sacar con el PAN, y el PRD
nunca debió facilitarles el camino”, considera.
–¿Esa es una ventaja para quienes quieren reformar al partido?
–Nos da la razón política y estratégica
–responde.
“Era lo que estábamos diciendo que se
hiciera. Ahora debemos cambiar la forma de
tomar decisiones en el PRD. Ésta es la última llamada.
“No hay ninguna deliberación. No importan los argumentos. Los congresistas no
tienen libertad de voto en términos reales”,
reconoce y reitera que prepara la impugnación al XIV Congreso Nacional Ordinario celebrado en Oaxtepec del 21 al 24 de noviembre pasado.
“Estamos preparando el documento de
impugnación. Existen los tipos de impugnación ético y político, pero también los de carácter jurídico. Por ejemplo: no había quórum. Al final el congreso no tuvo quórum
pero ni de lejos.
“Muchas cosas se aprobaron ya muy
noche, para tener promedios de asistencia

muy bajos. Decía Zambrano el domingo en
su conferencia de prensa que 80% de los
congresistas decidieron quedarse en el pacto y hoy –28 de noviembre– se sale; 80% de
los congresistas decidieron que siempre no.
¿Qué seriedad puede tener eso?”
El fracaso de NI en el Pacto por México salpicó no sólo a sus aliados de Alianza Democrática Nacional y Foro Nuevo Sol sino también
a Izquierda Democrática Nacional (IDN) encabezada por René Bejarano y Dolores Padierna, pues fue Manuel Oropeza –de esta corriente– quien presentó el resolutivo respectivo en la
mesa de línea política el 21 de noviembre.
El 24 de noviembre Bejarano explicó que aceptaron permanecer en el pacto
siempre y cuando no se apruebe la reforma
energética.
“Tiene que quedar muy claro lo que dice
el resolutivo: ‘Se retirará’. ¿Qué dice y qué
planteamos? Retirarnos”, señaló en entrevista con reporteros.
–¿Pero ustedes piensan que puede
cambiar de opinión el PRI? –preguntó una
reportera.
–¡Pues no! ¡Por eso pusimos eso! –respondió Bejarano.

que el PRD participe de la reforma, como
fue convenida, entonces se estaría violentado una parte sustantiva del pacto.”
El PRD, afirma, cometería un error si
permite que la reforma energética la hagan solos PRI y PAN, “y nosotros sin influir y bloqueando el Senado esperando
que se apruebe la reforma más reaccionaria, más conservadora, más de dere-

cha para tener argumentos políticos”.
El PRD, advierte Ortega, tiene un plan
para enfrentar una eventual reforma privatizadora: “Consiste en utilizar el recurso
constitucional de la consulta ciudadana,
que es vinculatoria a las decisiones del
Congreso. Si la gente decide que esa reforma no debe llevarse a la práctica, el Congreso deberá anular ese decreto”.
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

31
Octavio Gómez

¿Manifestantes?
Ahora serán

“terroristas”
JESUSA CERVANTES

U

na nueva ley antiterrorista se
aprobará esta semana en la Cámara de Diputados con muy altas probabilidades de que violente los derechos humanos,
además de que no se ha discutido a cabalidad ni atiende los problemas
del país, sino que responde a designios de
Estados Unidos.
De acuerdo con diputados federales
del PRD y del PT, además de especialistas
en materia de crimen organizado como
Edgardo Buscaglia, se trata de una “vaguedad legislativa” y hasta “torpe”. La reforma plantea cambios a cinco leyes, con el
objetivo de ampliar el alcance del delito
de “terrorismo”: se incluirían nuevos tipos
penales, como “financiamiento al terrorismo” e incluso el “robo de uranio, torio
y demás minerales que puedan producir
energía nuclear”.
La iniciativa no fue confeccionada por
la Comisión de Justicia en San Lázaro, que
encabeza el priista y líder sindical Ricardo Pacheco Rodríguez, sino que fue elaborada desde la Presidencia de la República
y enviada al Congreso por Enrique Peña
Nieto el pasado 31 de mayo.
Durante los seis meses que siguieron a su presentación, la Comisión de
Justicia apenas sesionó dos veces. La
primera fue el 20 de noviembre pasado,
aunque la reunión se suspendió a petición del perredista y miembro de la mesa directiva Alejandro Carbajal González,
pues “no había justificación para incluir
el robo del uranio como un acto terrorista”. Para ese día, Proceso ya contaba con
el “dictamen” votado “en sentido positivo por mayoría de los presentes”.
Es decir: ya todo estaba “planchado”.
Bastaban los 13 votos del PRI, los dos del
PVEM y uno más de cualquier partido, pues
sólo se requieren 16 para que cualquier iniciativa sea avalada en esa comisión.
Pasó como se esperaba: el jueves 28,

32

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
JU S T IC IA

en una votación con poco debate, la mayoría aprobó el dictamen. Sólo el perredista Carbajal González insistió en “encorchetar” el tema del uranio y clarificar la
definición de terrorismo. Su demanda no
tuvo respuesta.

Derechos humanos en riesgo
Entrevistado vía telefónica desde Beirut, Líbano, el académico Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto Acción Ciudadana, se dice alarmado: “Por la forma
en que está planteado, (el dictamen) viola los derechos humanos”. Asegura que a
contrapelo de la tendencia actual en Estados Unidos o la Unión Europea, los
legisladores mexicanos pretenden “sacar
una ley fuerte y punitiva contra el terrorismo, lo que es un motor para la violación
futura de los derechos humanos”.
Detalla que incluso la ley antiterrorista de la administración Obama busca prevenir la violación de derechos humanos. Es
decir, “para combatir el terrorismo primero tienes que asegurarte de que los derechos no sean violados en los segmentos de
la población más vulnerable, porque si son
violados, los actos de terrorismo posteriores son más frecuentes y más probables”.
En México, asevera Buscaglia, se pone
la carreta delante de los caballos; “se hace al revés”.
Y resume: “Primero tiene que ser una
ley antiterrorista que establezca mecanismos preventivos de protección de derechos humanos –que son de 58 tipos– de
la población más vulnerable, como grupos
étnicos desfavorecidos. Después, los actos
terroristas, que no van a surgir de las poblaciones pobres, pero surgen en un entorno donde grupos criminales se aprovechan de esta situación”.
Tanto la ley que se pretende aprobar como la vigente, añade, adolecen de esta falla.
Loreta Ortiz Ahif, abogada y diputada
del Partido del Trabajo, advierte que su grupo votará en contra debido a que la refor-

ma, además de violentar los derechos humanos, “aunque tipifica el terrorismo no
delimita claramente quién lo comete”, no
define la “intencionalidad” y establece como consecuencia de un acto terrorista “un
daño emocional”, cuando en otros países
se habla de “daño psicológico”.
Los diputados eliminaron la propuesta
de que “la manifestación” fuera considerada como un acto terrorista, pero no “los
actos”. Esto significa que el daño a la propiedad privada podrá ser catalogado como “terrorismo”. Hasta la fecha, esto sólo
aplica cuando se trata de bienes públicos,
y en ciertos casos.
Ortiz Ahif lo explica: Si en una manifestación se daña un banco o una tienda departamental, el responsable podrá
ser acusado de terrorista, el peor delito
internacional. “Se debe castigar a quien
comete el delito –admite–, pero no como
terrorista”.
Además, sostiene, no se define la “intencionalidad” a la hora de cometer un acto así. “Debiera decir ‘con la intención de
desestabilizar un gobierno’, y aún debe
de probarse en razón de la presunción de
inocencia, porque si no, otro tipo de delitos en los cuales se destruya un bien caería en el tipo penal de terrorismo”.
Otra falla del dictamen, añade la también exdirectora del Departamento Jurídico de la Universidad Iberoamericana,
es que el terrorismo no se tipifica como
se hace a escala internacional. “Se tiene
que delimitar en razón de la seguridad y
la certeza jurídica”.

con el lavado de dinero, sino con dinero
lícito que muchas veces se filtra a través
de contribuciones legales, como asociaciones religiosas o contribuciones, a sabiendas o no de que se usará en una asociación ligada a grupos terroristas. Y este
patrón en el dinero no está contemplado
en la iniciativa”.
El también investigador de la Universidad de Columbia alerta sobre la incapacidad de México para operar esas leyes. “México no tiene hoy la capacidad institucional
para detectar los flujos de dinero que puedan alimentar actos de terrorismo, ya que
no tiene unidades de investigación patrimonial autónomas, sino que tiene una unidad de inteligencia financiera que está bajo el dedo pulgar del Ejecutivo federal. Y en
los estados no hay unidades de este tipo”.
Advierte: “Esta iniciativa me parece
torpe. Por más que denuncie la necesidad de no castigar a los movimientos sociales, a las ‘manifestaciones sociales’ como se dice en el documento, en la realidad
se va a seguir haciendo, utilizando esa ley
para combatir con una gran discrecionalidad a grupos que le incomoden al gobierno, ya que no existen unidades especializadas que puedan determinar si un grupo
es terrorista o no, sobre todo en lo que se
refiere a la planificación del acto.
“En el ambiente de autoritarismo cada vez más elevado que se vive en México,
preocupa que se aprueben esas iniciativas
que no plasman criterios precisos sobre cómo, dónde y con qué instrumentos se combate y se previenen los actos de terrorismo.
“No se define adecuadamente el acto de
terrorismo. Entonces hay un problema grave de concepción en la iniciativa y, segundo,
existen enormes vacíos de Estado; no hay
Benjamín Flores

Los diputados aprobarán esta semana la reforma a las
leyes antiterrorismo. Será un regalo a Estados Unidos
que no se corresponde con las necesidades mexicanas,
pero solventa las de aquel país… Apenas fue debatida y amenaza con atropellar el respeto a los derechos
humanos. Destaca un riesgo: el daño a la propiedad
privada en una manifestación podrá ser considerado
terrorismo. “Es un espasmo de fetichismo jurídico”,
sentencia el investigador Edgardo Buscaglia.

¿Y el dinero?
Entre los ordenamientos a modificar está
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, donde se adiciona el nuevo tipo
penal de “financiamiento del terrorismo”.
A Buscaglia dice preocuparle que las
actividades terroristas se vinculen con el
blanqueo de capitales. “Nueve de cada 10
casos de terrorismo no están vinculados

Buscaglia. “Vaguedad legislativa”

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

33
Benjamín Flores

J USTICIA

San Lázaro. Votación apresurada

unidades de fiscales especializados que estén impulsando causas penales con cooperación internacional adecuada. Y en el horizonte no veo nada de eso, por lo tanto
preocupa esta iniciativa que sólo me lleva al
recuerdo de que son espasmos de fetichismo normativista, jurídicos. Y que más bien
obedecen a presión internacional que a las
necesidades de seguridad mexicana.”

Designio del más allá (del Bravo)
Especialista en crimen organizado, Buscaglia explica que el gobierno de Estados Unidos “ha tratado de homogeneizar el marco
jurídico internacional con sus países vecinos
por un tema de seguridad nacional de ellos.
“Hay presión para que México adapte una legislación compatible que Estados
Unidos considera que es una mejor práctica. Pero eso no quiere decir que sea una
mejor práctica para México.”
La ley que hoy tiene México es “ineficiente”, admite, pero aclara que el tipo de
terrorismo es distinto. A diferencia de la
diputada Ortiz Ahif, del PT, Buscaglia sí
considera que “mucho del terrorismo que
uno ve a lo largo de México está vinculado
con la delincuencia organizada”, como la
del narcotráfico.
“Esto es diferente a lo que le preocupa a Estados Unidos, que es terrorismo de
vinculación islámica, de Medio Oriente,
que puede llegar a atentar contra su territorio, su gente, cruzando la frontera mexicana o canadiense. A ellos les interesa prevenir un tipo de terrorismo, pero México no
tiene las mismas prioridades. Y los actos
de terrorismo que veo en México no se previenen ni se combaten en esta iniciativa.”
La diputada Loreta Ortiz considera que
para ella los ataques del crimen organizado a gasolineras, instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad u otras de
seguridad nacional técnicamente no son

34

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

actos de terrorismo, pero teme que con esta ley sean tipificados así y sentenciar a la
gente por un delito erróneo.
Tanto Buscaglia como la diputada del
PT advierten que el gobierno de Estados
Unidos cuenta con empresas de cabildeo
(o lobbying) que ya han intentado impulsar
cambios en el sistema penal mexicano.
Como ejemplo, la legisladora recuerda
que la dependencia estadunidense USAid
la buscó cuando ella estaba al frente de la
Dirección Jurídica de la Iberoamericana,
en 2006, para apoyar cambios a la legislación mexicana. “Me pidieron el aval, y que
sostuviera que (la reforma) no violentaba
los derechos humanos. Y nada más alejado de la realidad, porque esos cambios
que se hicieron ese año atentan totalmente contra los derechos.
“Cuando fue promulgada la ley, estaba en primera fila el director de la USAid
en México.”

Uranio, nuevo botín
Otra de las novedades de la citada ley es la
inclusión del delito del robo de uranio, torio o demás sustancias que puedan producir energía o que sean utilizadas para
financiar actos terroristas.
El dictamen indica: “Se advierte que los
planteamientos en las disposiciones jurídicas del proponente se adecuan con la
realidad social actual al contemplar el uso
de nuevas tecnologías desarrolladas por la
ciencia y que en algunas ocasiones han sido utilizadas con fines inadecuados, como en el caso del terrorismo, violentando la naturaleza propia para la cual fueron
creados, en este sentido se estima adecuado considerar en la disposición legal aquellos materiales que pueden ser empleados
para actos terroristas como materiales nucleares, combustible nuclear, mineral radioactivo o fuentes de radiación”.

México tiene en su subsuelo una de
las mayores reservas probadas de uranio, sostiene el diputado federal del PRD
Alejandro Carbajal González, pero critica:
“Si tienen indicios de que se está usando para actividades ilícitas, no nos lo dicen; entonces, tampoco aclaran por qué
se incluye”.
Buscaglia admite que no hay datos de
que ya se esté realizando “el tráfico con
material radioactivo”. Añade: “México lo
posee en su subsuelo, y dada la penetración de la delincuencia organizada ligada a la minería sólo es cuestión de tiempo
para que veamos el primer caso de tráfico de material radioactivo. No es cuestión
de si va a ocurrir o no, sino cuándo. De ahí
que sea justificada la preocupación norteamericana, aunque no lo vas a evitar generando instrumentos jurídicos que se
caracterizan por su vaguedad”.
Estados como Chihuahua, Baja California, la zona de Los Loxichas, en Oaxaca
y Chiapas, tienen grandes reservas de uranio y a tan sólo 120 metros bajo tierra, refiere Carbajal González.
Antonio Gershenson, quien durante
años formó parte del Sindicato Único de
Trabajadores de la Industria Nuclear, SUTIN, sostiene que es “relativo” hablar de
grandes reservas de uranio en México. “Es
difícil saberlo porque cuando México desatendió y desapareció Uramex, la empresa
paraestatal encargada de extraer el uranio
para Laguna Verde en los años ochenta, los
estudios estaban a medias. También se ha
dicho que México tiene millones de reservas de gas probadas y no de petróleo, pero
no hay estudios”.
De plano, califica la ley en cuestión como “producto de un enfermo mental” y
aclara que al obtener uranio se tiene que
seguir todo un proceso para que alcance
una pureza de 90 grados y poder usarlo
para una bomba.
Miguel Dimayuga

El Ejército,

convertido
en inmobiliaria

Sedena. Millones sin transparencia

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

D

urante el sexenio de Enrique
Peña Nieto, el Ejército se desviará parcialmente de sus tareas de defensa nacional para
hacerle la competencia a la
industria de la construcción
y disputar los millonarios recursos que
destina el Poder Judicial al levantamiento
de edificios.
La Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) firmó con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) un convenio de construcción de seis años, que en la práctica
le dará a esa fuerza armada millonarios
recursos, pero cuyo ejercicio será “estrictamente reservado”.
En los próximos dos años y medio
–cuando venza el plazo para la entrada en
vigor de los juicios orales– el Poder Judicial de la Federación deberá construir 44
nuevos centros de justicia en todo el país
y, con el apoyo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan
Silva Meza, varias de las edificaciones estarán a cargo de la Sedena.

36

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

Con un sustento legal endeble, el Poder Judicial firmó un
convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional mediante
el que los militares se comprometen a construirle nuevos
juzgados y tribunales... en secreto. El negocio es enorme
además de opaco: el Consejo de la Judicatura Federal gastará en el sexenio alrededor de 7 mil millones de pesos para
crear las instalaciones del nuevo sistema penal acusatorio.
Dicen que desviar al Ejército de sus funciones para convertirlo en empresa inmobiliaria resulta más barato, pero al
menos hasta ahora eso ha sido falso.
Bajo el supuesto de que los militares
son menos corruptos y ofrecen menores
costos, el CJF firmó en abril pasado un
Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Sedena para la construcción de
instalaciones judiciales.
Apenas un mes después de la firma,
el CJF le entregó a la Sedena una obra por

813 millones de pesos: la construcción del
edificio sede del Poder Judicial de la Federación en el municipio de San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca. Por la misma obra, la
constructora ICA había calculado 650 millones de pesos. Consultada, la empresa
evitó comentar sobre el tema.
La idea de que la Sedena es la mejor
JU S T IC IA
opción para el CJF fue del ministro Alfredo Gutiérrez, quien como jefe del Sistema
de Administración Tributaria hasta antes
de ser propuesto por Peña Nieto como ministro de la Corte, a partir de diciembre del
año pasado, le pidió al Ejército que le construyera aduanas en las fronteras del país.
Silva Meza llevó la propuesta al CJF y fue
avalada por la Comisión de Administración
del Consejo. La Comisión está presidida por
el exprocurador general de la República durante el gobierno de Vicente Fox, Daniel Cabeza de Vaca. Los otros dos consejeros que la
integran son los magistrados César Esquinca Muñoa y Manuel Ernesto Saloma Vera.
El “convenio de colaboración interinstitucional… para obras públicas y sus
servicios relacionados” fue firmado el 15
de abril de este año por el titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, y el presidente del CJF y de la SCJN,
Juan Silva Meza.
Ambos decidieron incluir una cláusula de confidencialidad para que nadie que
no sea la Sedena o el CJF tenga acceso a la
información que se intercambien: “Toda la
información impresa, audiovisual en archivo magnético o que pueda almacenarse por
algún otro medio técnico y científico que los
adelantos de la ciencia lo permitan, que se
proporcionen entre sí las partes (la Sedena
y el CJF), para el debido cumplimiento del
objeto del presente instrumento, se considera estrictamente reservada y se prohíbe
su divulgación a terceros, con cualquier
carácter, en los términos de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, para cada una de
las instituciones”, estipularon.
La Sedena dispondrá de los millonarios recursos en una cuenta de su programa de obras fuera de presupuesto. Y
aunque el convenio no lo expresa, el CJF
queda como responsable cuando se fiscalicen los mismos. El problema es que el
Ejército se quedará con todos los comprobantes de los gastos de la obra. La cláusula
séptima del convenio dice: “Las facturas y
documentación probatoria original de los
recursos ejercidos para los efectos legales
y fiscales que correspondan quedarán bajo la guarda y custodia de la Sedena”.
El convenio no le exige ninguna garantía o fianza a la Sedena, como se prevé
en cualquier obra pública. Tampoco precisa si la Defensa Nacional designará a
sus elementos para la construcción o si
subcontratará a empresas privadas. Mucho menos advierte de sanciones para el
caso de incumplimiento en la entrega de
obras.
Aunque invoca los principios de calidad, eficacia, eficiencia y economía,
previstos en el artículo 134 de la Constitución, el convenio pasa por encima de
ese ordenamiento, según el cual toda contratación de obra pública se adjudicará a

través de licitaciones públicas. Es decir, no
prevé la concesión de obras por convenio.
Para cada obra, el CJF dará una primera aportación económica a la Sedena,
que se limitará a entregar un “documento probatorio del gasto”. Los recursos se
entregarán a una cuenta del Banjército,
el banco de los militares mexicanos. Además, el organismo encargado de la administración de los más de mil juzgados y
tribunales federales deberá entregar los
terrenos, licencias y permisos para que el
Ejército sólo llegue a construir.
La Defensa Nacional tendrá una ventaja más: contará con información estratégica sobre instalaciones del Poder
Judicial de la Federación, útil para sus labores de inteligencia.
La operación del convenio estará a
cargo de la Dirección General de Ingenieros de la Sedena y de la Oficialía Mayor
del Consejo de la Judicatura Federal. Los
actuales responsables son el ingeniero
constructor José Antonio González de la
Fuente, quien también es general de brigada, y Sergio Martínez Álvarez.
El pasado lunes 25 de noviembre, el
magistrado José Nieves Luna Castro, responsable de la Unidad de Implementación
de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos del PJF, informó en
conferencia de prensa que para la puesta en
marcha del nuevo sistema de justicia penal
se prevé la construcción de 44 Centros
de Justicia Penal Federal, con 309 salas de audiencia en todo el país.
En esos centros se concentrarán todos los órganos jurisdiccionales

de lo que será el sistema penal acusatorio
o adversarial: los juzgados de control, los de
juicio oral, de ejecución de penas y los tribunales de segunda instancia. También contarán con instalaciones de la justicia penal
para adolescentes.
La masiva construcción se iniciará
en 2014 en Durango, Durango, y La Paz,
Baja California Sur, pero el CJF sólo tiene
hasta junio de 2016 para concluir todos
los Centros de Justicia Penal, de acuerdo
con la reforma constitucional de 2008. La
estimación de la Unidad de Implementación es que para esa infraestructura se
requieren por lo menos siete mil millones
de pesos. Cuatro mil de ellos ya fueron autorizados para el próximo 2014.
Las constructoras se disputarán esa
bolsa, pero gracias al convenio la Sedena
ya tiene garantizada una parte. El magistrado Luna Castro confirmó que la Defensa
Nacional participará en la construcción de
“algunos” centros de justicia, mientras que
otros serán por licitación. La participación
del Ejército obedece a que implica un gasto
menor, según dijo.
Por lo pronto, gracias al convenio, el
CJF ya le entregó a la Sedena la construcción de la nueva sede del Poder Judicial de
la Federación en Oaxaca, a través de un
contrato por 813 millones 284 mil 26 pesos con 77 centavos.
El 20 de mayo de 2013, el general González de la Fuente, de la Sedena, y Sergio
El conve

nio. Func

iones ine

xplicable

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

s

37
J USTICIA

Eduardo Miranda

Martínez, oficial mayor del CJF, firmaron
un “contrato específico de colaboración”,
luego de que el Poder Judicial de la Federación sorteara la oposición del municipio
de San Bartolo Coyotepec, que preside
Horacio Sosa, hermano de quien fuera el
dirigente de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa.
El CJF compró un inmueble y lo entregó a la Sedena para iniciar la edificación,
que paralelamente le permitirá al Ejército
tener más información sobre la organización social en el municipio, en particular
de los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE).
La justificación legal de la Sedena es
que, de acuerdo con la Constitución, entre
sus funciones están las de “organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza
Aérea Mexicana, así como a los servicios
civiles que expresamente le señala el
Ejecutivo Federal”, además de que tiene
“entre sus misiones generales realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan
al progreso del país”.
El CJF asienta que ese contrato específico fue autorizado por su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y
Servicios en una sesión extraordinaria que
tuvo lugar el mismo día en que la Sedena
y el Consejo de la Judicatura Federal firmaron la construcción de la obra en Oaxaca.
Los primeros recursos, cerca de 285
millones de pesos, saldrán de la partida
presupuestal 5901/9041/622-01 del ejercicio 2013 del CJF. La Sedena se comprometió a entregar esa primera parte de la obra
en nueve meses.
La Sedena y el CJF dicen que el contrato contiene “las mejores condiciones
disponibles en precio, calidad y oportunidad”, pues no implica “el cobro de utilidad
alguna” para la Defensa Nacional, que hará “la administración directa” de los trabajos. Además de que esa dependencia es
una persona moral no contribuyente y, al
ser parte de la administración federal, los

servicios que presta no causan IVA.
En este contrato específico se reiteró
la opacidad como norma. La Sedena y el
CJF se obligaron a “tratar con todas las reservas del caso” la documentación que se
genera entre ambas. Además, cualquier
documento relacionado con la obra pública es propiedad del Consejo, por lo que
la Sedena no puede divulgarlo por ningún
medio sin la autorización del CJF. Para la
supervisión de la obra, el Consejo designó
al director general de Inmuebles y Mantenimiento, Ricardo Arriola Meza.

Construir no es lo suyo
Aunque considera que la Sedena le cobrará menos, el propio CJF ha exaltado como
uno de sus logros en infraestructura el
costo-beneficio de la edificación de la Ciudad Judicial Federal en Zapopan, Jalisco,
la más grande en América Latina, con un
presupuesto mucho menor al del nuevo
edificio del Senado de la República.
La Ciudad Judicial tuvo un costo de
mil 425 millones de pesos, con 149 mil 727
metros cuadrados de construcción. En un
comparativo elaborado por el Consejo, se
ve que la obra del Senado tuvo un costo
aproximado de dos mil 300 millones de
pesos con un área construida de 72 mil
190 metros cuadrados.
El CJF adjudicó la obra a la empresa Copachisa, una constructora nacional que materializó el proyecto entre diciembre de 2009
y junio de 2011. A pesar de que el ministro
Silva Meza fue quien inauguró el complejo
judicial a principios del año pasado, el CJF no
ha pagado a la compañía un finiquito de cerca de 20 millones de dólares ni los trabajos
extraordinarios que requirió la obra.
La empresa se inconformó e inició en
diciembre del año pasado una denuncia en
contra del contralor del CJF, Fernando Altamirano y Jiménez, y el entonces director general de Inmuebles y Mantenimiento, como
probables responsables de violar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y
Silva Meza. Promotor de sinsentidos

38

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
De acuerdo con la denuncia que la empresa presentó ante el CJF el 20 de diciembre de 2012, el contralor se ha opuesto de
forma reiterada a pagar el finiquito “por
supuestas observaciones no desahogadas
o atendidas” por parte de Copachisa. Pero
si hubieran existido esas faltas, argumenta
la empresa, deben reclamarse a través de
la cobertura de garantía y no mediante la
negativa a pagar el finiquito, que ya había
sido aceptado por el CJF desde julio de 2011,
cuando entregó la obra. En el caso del impago por las obras extraordinarias, el CJF aduce la inexistencia de un contrato específico.
Las irregularidades e inconformidades
han sido la constante en la construcción
de infraestructura en el Consejo de la Judicatura Federal. Apenas en abril pasado
resolvió iniciar un procedimiento administrativo en contra de varios funcionarios y exfuncionarios del área de obras por
un presunto daño patrimonial de 51 millones de pesos al CJF en la construcción
del Palacio Federal de Justicia en Ciudad
Netzahualcóyotl, en el Estado de México.
La obra, que tuvo un valor de 310 millones de pesos y se realizó entre 2007 y
2008, estuvo a cargo de la empresa constructora Macinter, a la que se le hicieron
una veintena de observaciones en sus trabajos que presuntamente fueron ignoradas por los implicados.
El 21 de mayo pasado, la Secretaría
Ejecutiva de Disciplina del CJF propuso ordenar el “procedimiento disciplinario de
oficio” en contra de Mónica María del Rosario Barrera Rivera, secretaria ejecutiva
de Obra, Recursos Materiales y Servicios
Generales; su antecesor, Marino Castillo
Vallejo; Patricia Isabella Pedrero Idaurte,
entonces directora general de Auditoría
de la Contraloría del Poder Judicial de la
Federación, y el exdirector General de Inmuebles y Mantenimiento del CJF, Juan
Antonio Montalvo Gochicoa.
También se investigará a Rafael González Ramírez, Crescencio León Cruz
Sosa, Dagoberto Vélez Pazos y Mario Hinojosa Navarro, empleados de esa dirección.
Según el expediente en su contra, “pretendieron ocultar, subsanar y solventar de
manera irregular las observaciones detectadas en la construcción del complejo”,
entre las que se cuentan hundimiento de
los edificios, utilización de materiales más
baratos de lo comprometido y la falta de
preparación de los inmuebles para resistir
la proyectada construcción de un piso adicional a los cinco que fueron levantados.
Entre los señalados destaca Marino Castillo Vallejo, actual director General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de
la Federación, quien aspira a regresar al Consejo de la Judicatura Federal y convertirse en
uno de sus siete consejeros.
Cuando la justicia

Ricardo Ruiz /Procesofoto

se tuerce...

Israel Arzate. Proceso turbio

La reciente liberación de Israel Arzate –a quien trataron
de implicar en la matanza de Villas de Salvárcar– saca a
la luz un problema de la justicia de Chihuahua: la tortura
parece ser la única “técnica de investigación” aplicada
por las policías locales y las federales desplegadas para colaborar en la guerra contra el narco. Organizaciones defensoras de los derechos humanos revelan que
muchas personas han sido juzgadas y sentenciadas sin
que la fiscalía estatal haya acreditado sin lugar a dudas
su culpabilidad, basándose en confesiones arrancadas
con agresiones físicas y amenazas. Así, las cárceles de
Chihuahua podrían estar llenas de inocentes.
40

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

PATRICIA MAYORGA

C

HIHUAHUA, CHIH.- La orden de
la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) de liberar a Israel Arzate Meléndez
–implicado en la matanza de
Villas de Salvárcar, Ciudad
Juárez, en 2010– prendió las alarmas en
el sistema judicial de Chihuahua: podrían venir otras liberaciones de presuntos delincuentes si se acredita que en
sus casos se incurrió en irregularidades
procesales.
Uno de los problemas recurrentes
en el estado tiene que ver con la tortura
como principal violación al debido proceso. La Comisión Estatal de los Derechos
Humanos (CEDH), según su presidente,
José Luis Armendáriz González, recibió
ES TADOS / C HI HU A H U A
na antes de llegar a juicio es una práctica
continua.
La Fiscalía General del Estado (FGE) y
el gobernador han hecho común exhibir a
detenidos sin que hayan sido presentados
ante un juez. Todos los días emiten comunicados en ese sentido, aunque en varios
casos las personas exhibidas han sido absueltas después.

El coche-bomba
La noche del 11 de agosto de 2011, cinco
jóvenes platicaban en una calle de Ciudad
Juárez cuando fueron detenidos por policías
federales. Un mes antes un coche-bomba
había estallado en esa localidad fronteriza y
varios agentes federales murieron.
En el mismo vuelo en el que enviaron
a la Ciudad de México el cadáver de uno
de los policías iban los cinco jóvenes detenidos, a quienes trasladaron a la entonces
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Mientras sus familiares los buscaban
en Ciudad Juárez, Noé Fuentes Amaya (de
29 años), Rogelio Amaya Martínez (de 27),
Gustavo Martínez Rentería (de 24), Víctor
Manuel Martínez Rentería (de 19) y Ricardo Fernández Lomelí (de 28) estaban siendo torturados para declararse culpables
de haber hecho estallar el coche-bomba el
15 de julio de ese año. Así lo acreditó la
CNDH en su recomendación 75/2012.
También los obligaron a aceptar cargos de delincuencia organizada y tráfico
de drogas y de armas.

Las lesiones que les provocaron los llevaron a recibir atención médica; estuvieron internados un día, según documentó
la asociación civil Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, que coadyuva en la
defensa del caso.
Sin haber recibido sentencia –el Ministerio Público Federal se empeña en alargar el proceso– los cinco jóvenes fueron
trasladados a diferentes centros penitenciarios de máxima seguridad en todo el
país pese a que los detuvieron en Ciudad
Juárez y su caso está radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal, en
Guadalajara.
Según señalan la recomendación de
la CNDH y Paso del Norte, los familiares y
defensores de los cinco jóvenes han sido
amenazados. La madre de Víctor y Gustavo Rentería, Antonia Rentería Adriano, fue
vigilada en su domicilio y hostigada por
teléfono en septiembre de 2011.
En su recomendación la CNDH señaló que los agentes de Seguridad Pública
Federal violaron los derechos humanos
a la legalidad, a la integridad y seguridad
personal de los detenidos por la retención ilegal y la tortura, comprobada con
dictámenes médicos y una valoración
psiquiátrica.
Paso del Norte logró que el procurador
general de la República, Jesús Murillo Karam, se comprometiera a aplicar una evaluación psicológica a dos de los detenidos
elegidos al azar. De los resultados dependerá si la PGR se desiste o no de los cargos
que les imputan a los cinco jóvenes.

Especial

128 quejas al respecto contra efectivos del
Ejército entre 2008 y 2012. Y sólo durante
2013 en el mismo sentido se han recibido
19 más contra militares y seis contra la
Secretaría de Seguridad Pública Federal, la
Policía Federal y la Procuraduría General de
la República.
En los primeros años de la guerra
contra el narcotráfico en Chihuahua el
Ejército y la Policía Federal fueron las instituciones con más quejas por tortura ante
la CEDH, organismo que turnó esos casos
a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH).
Además, la contrarreforma aprobada
por el Congreso estatal en 2011 significó
un golpe para el sistema penal acusatorio,
coinciden en señalar organizaciones no
gubernamentales.
Con esa contrarreforma, explican a Proceso las abogadas del Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres (Cedehm), las garantías del imputado se remiten al ámbito
del Ministerio Público, puesto que la flagrancia, de acuerdo con el actual Código de
Procedimientos Penales del estado, es “el
lapso comprendido entre el momento de
la ejecución del delito y el de la detención,
el que podrá realizarse en minutos, horas
o incluso días, según las circunstancias del
caso, siempre y cuando no se hayan suspendido las actividades de investigación
policial tendentes a la localización y detención del probable interviniente”.
También se induce a la tortura –ahora tipificada sólo como “lesiones”–, pues
el Ministerio Público puede introducir al
juicio la declaración del imputado rendida
ante esa instancia, con el requisito de que
ésta se videograbe en presencia del defensor, indican las abogadas.
“Esta reforma restauró la tortura y
tratos degradantes como una forma sistemática y socialmente aceptada de realizar investigaciones y llevar a juicio a los
presuntos responsable de la comisión de
delitos. Es obligatorio para los jueces de
garantía recibir la prueba de confesión del
imputado ante el Ministerio Público”, advierte el Cedehm.
Por lo demás, ahora se puede detener a
alguien sin orden de aprehensión mediante la figura de “caso urgente”, cuando haya
sospecha fundada de que la persona señalada participó en un delito grave.
Hay otro fenómeno que viola las garantías de los presuntos delincuentes. El
ómbudsman chihuahuense explica a este semanario que las autoridades suelen
presentar a los detenidos ante los medios
antes que ante el juez, con el afán de mostrar resultados inmediatos.
Aunque el principio de presunción
de inocencia está vigente y es parte importante del sistema penal acusatorio, la
presentación de imputados ante los medios atribuyéndoles responsabilidad ple-

El caso del auto-bomba. Confesiones “bajo tortura”
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

41
Falso operativo
La tarde del 18 de febrero de 2012 la Policía Municipal irrumpió en la casa de los
hermanos Juan Antonio, Jesús Iván y Luis
Adrián Figueroa Gómez, en Ciudad Juárez. Los detuvieron pese a que no había
orden de aprehensión en su contra. Fueron torturados y acusados de extorsión.
Permanecieron incomunicados 48 horas
mientras sus familiares los buscaban en
distintas dependencias policiacas, donde
les negaron información.
Cuando finalmente los localizaron,
los tres hermanos estaban visiblemente golpeados y ya se habían inculpado.
Dijeron que los amenazaron con asesinar a su madre si no se declaraban
culpables.
Pese a ser menor de edad (tenía 14
años) Luis Adrián estuvo retenido 48 horas en la fiscalía. Luego lo enviaron a la
Escuela de Mejoramiento Social para Menores Infractores de Ciudad Juárez. El Ministerio Público omitió presentar ante el
juez los testimonios de los padres y tíos
de los menores, quienes fueron testigos
de los hechos.
Luis Adrián quedó libre el 30 de agosto
de 2013. El magistrado Miguel Medina Perea
acreditó que no había pruebas en su contra,
pues la víctima María Teresa Murillo Hernández nunca identificó al adolescente como una de las personas que le cobraba una
extorsión semanal de 500 pesos.
Cuando Murillo interpuso la denuncia, los agentes municipales le dijeron que
aplicarían un operativo para hacer “caer”
a los extorsionadores, pero el Ministerio
Público nunca acreditó los hechos que
presentó.
La versión de la parte acusadora es
que la policía encubierta advirtió cuando
llegaron tres jóvenes al local comercial de
Murillo Hernández, el cual tiene grandes
ventanales que permiten ver lo que ocurre adentro.
Los policías afirman que vieron a un
joven dirigirse al local mientras otros dos
montaron guardia frente al establecimiento. Cuando el primero salió después
de haber cobrado la cuota, aprehendieron
a los tres.
Los familiares de los jóvenes afirman
que en realidad detuvieron a los hermanos en la calle, cerca de su casa, y en el camino aprehendieron a otro joven y a una
mujer para implicarlos en el ilícito.
Pero Murillo Hernández, quien estaba
en su establecimiento, nunca vio el supuesto operativo de la Policía Municipal.
Sus empleados tampoco.
El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte asumió la defensa de Luis
Adrián y luego de 20 meses logró que un
magistrado lo declarara inocente, aunque
el fallo no se basó en un presunto acto de

42

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

tortura sino en las imprecisiones de la
parte acusadora.

Salvárcar
La FGE está empeñada en que Israel Arzate Meléndez es culpable de la matanza de Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez,
cometida el 31 de enero de 2010, pero la
SCJN ordenó su liberación el pasado 5 de
noviembre –además el 27 del mismo mes
borró de su expediente todos los cargos–
porque se acreditó que fue torturado para
obligarlo a declararse culpable.
Tras la liberación de Arzate, la FGE ha
filtrado a los medios que hay una nueva orden de aprehensión contra él, pero
hasta ahora ningún juez ha ordenado su
recaptura.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), el cual
lleva la defensa de Arzate, señaló que las
autoridades de Chihuahua lucran con el
dolor de las víctimas porque su estrategia
es mediática.
Consideran que las autoridades persisten en el encubrimiento de su incapacidad al pretender litigar mediáticamente
el caso, lo cual expone a las víctimas a una
revictimización innecesaria y manifestaron su voluntad de reunirse con las familias de Villas de Salvárcar para exponer los
elementos sólidos de prueba que sustentan la inocencia de Arzate.
La principal prueba de la FGE contra él
es que una testigo lo reconoció durante un
juicio oral realizado a otros cuatro imputados, quienes ya fueron sentenciados.
Pero esa testigo tiene lesiones neurológicas permanentes derivadas de disparos que recibió en la cabeza durante
la matanza y que le provocan pérdida de
memoria, según diagnosticó el médico José Francisco Lucio Mendoza en un dictamen emitido el 4 de septiembre de 2010.
El juicio se efectuó el 6 de junio de 2011.
“Tenemos la voluntad de acercarnos a
las familias de las víctimas para mostrarles las razones por las cuales vemos que
es inocente; si quieren informarse, estamos en plena disposición”, dice Simón
Hernández, uno de los defensores.
La exigencia del Prodh, agrega, siempre
será la justicia, y explica que cuando toman
un caso lo analizan bien, pues no se trata
de defender a toda persona que se acerque,
aunque tampoco tienen como fin investigar
y suplir las carencias de la fiscalía.
“No somos una organización que
busque casos. Más bien respondemos a
solicitudes expresas de intervención. Es
importante señalar que al documentar
y analizar las peticiones de intervención
somos muy cuidadosos y meticulosos. Por
lo mismo estamos convencidos de la inocencia de Israel y llamamos a las autoridades del estado de Chihuahua a respetar

la exigencia de las víctimas y cesar en la
difusión de información falsa que busca
lucrar con su dolor”, señala Andrés Díaz
Fernández, coordinador de abogados del
Prodh.

Por apellido y parentesco
Martín Sáenz Martínez, estudiante de 21
años de la Universidad Regional del Norte, en Ciudad Juárez, fue vinculado con la
banda de secuestradores Sáenz de la Cruz
por apellidarse Sáenz y ser sobrino de integrantes del grupo criminal.
Pese a resultar absuelto en un juicio
oral, el Ministerio Público tiene la consigna de no dejarlo salir de la cárcel, toda vez que su captura fue exhibida ante
los medios como un gran golpe de las
autoridades.
La FGE apeló la absolución y Martín
aún está preso.
La madre del joven, Aurora Isela Martínez Rodríguez, perdió casa y trabajo por
dedicarse a defender a su hijo. “Tengo que
viajar cada ocho días para verlo”, explica.
Martín está preso en el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Chihuahua, a
más de 400 kilómetros de Ciudad Juárez.
Martín vivía en Ciudad Juárez con su
madre y tres hermanos. El 5 de julio de 2009
agentes municipales catearon su casa, de
donde sustrajeron una cámara de video, dinero y joyas. Más tarde se comunicaron con
el joven para que fuera a recuperar la cámara. Ese fue el gancho para detenerlo.
Una hermana de Martín estudiaba en
la academia de la Policía Estatal. Tres días
después de la captura del joven ella fue
llevada a la ciudad de Delicias para identificarlo. Sólo entonces supieron dónde
se encontraba. Ella fue dada de baja de la
corporación.
Lo que siguió fue la presentación ante
los medios. Lo mostraron como parte de
una peligrosa banda y fue procesado por
secuestro agravado.
El detonante de este operativo fue el
secuestro de un empresario de Delicias
que se amparó para evitar comparecer y
huyó de la ciudad. Por lo tanto, nadie ha
identificado a Martín.
El joven permanece en el área de alta
seguridad del penal desde el 3 de junio
de 2009 y hasta la fecha, pese a que fue
absuelto el 28 de diciembre de 2012. No
obstante el agente del Ministerio Público
Noel Orlando Jiménez Holguín apeló la
absolución ante un tribunal de Casación,
el cual ordenó reponer la sentencia y el
juicio.
La madre del joven admite que dos
tíos de Martín (hermanos de su papá y
ambos ya en prisión) están relacionados
con la banda Sáenz de la Cruz, pero aclara
que sus hijos nunca han tenido relación
con su familia paterna.
Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

ES TADOS / GU ER R E R O

SAN MIGUEL EL PROGRESO

Rebelión

antiminera
GLORIA LETICIA DÍAZ

E

nclavado en la parte alta de La
Montaña de Guerrero, el pueblo de San Miguel El Progreso
decidió enfrentar al Estado
mexicano por entregar concesiones mineras en su territorio.
Los habitantes –la comunidad me’phaa
del municipio de Malinaltepec– buscaron
el respaldo jurídico del Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan para
entablar una demanda de amparo en contra de las concesiones mineras otorgadas a
la empresa Hochschild Mining, de capital
inglés pero radicada en Perú. Han documentado que los permisos atentan contra
el derecho al territorio indígena. Incluso

Nadie les avisó que sus tierras habían sido concesionadas a una minera inglesa. Los indígenas de San Miguel
El Progreso, Guerrero, tuvieron que enterarse por los
periódicos y luchar por sus propios medios contra la
imposición. Temen la tala, la muerte de sus manantiales, el resquebrajamiento de su cultura, la negación de
las garantías laborales y el fin de sus derechos sobre
el territorio. Decidieron que van a pelear no sólo por su
caso, sino por abrogar la ley que ha permitido este fenómeno en aumento.
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

43
al

Batalla judici

fueron más allá: piden al Poder Judicial que
se declare inconstitucional la Ley Minera,
por no considerar la opinión de los pueblos
indígenas en el otorgamiento de los permisos de exploración y explotación de minerales bajo su territorio.
Enarbolando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre Pueblos Indígenas y Tribales, firmado
por México en 1990, los indígenas de San
Miguel El Progreso lograron que el 31 de
octubre se realizara una audiencia constitucional y que posteriormente el juez primero de Distrito, con sede en Chilpancingo,
ordenara evitar cualquier actividad minera
hasta que se concluya el proceso judicial.
En días pasados, el caso fue turnado
al Juzgado Tercero de Distrito Auxiliar en
Acapulco.
Agapito Cantú Manuel, presidente del
Comisariado de Bienes Comunales de San
Miguel El Progreso, recuerda que fue en
1999 cuando conoció el convenio de la OIT.
Entonces él era comisario municipal. “Fui
estudiando ese documento con la gente
del pueblo y poco a poco entendimos nues-

44

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

tros derechos como indígenas, que cualquier tipo de gobierno tiene que respetar
porque firmó el Convenio 169. Hace poco
supimos por los periódicos y por internet
que nuestro pueblo sería afectado por empresas mineras sin consultarnos, entonces
organizamos asambleas para informar a la
gente y decir no a las mineras”.
Entrevistado por Proceso, Cantú Manuel dice que habitantes de Totomixtlahuaca, comunidad del vecino municipio
de San Luis Acatlán, identificaron desde
2010 a geólogos que exploraban la región.
La presencia de expertos no era nueva
para los indígenas: quince años atrás ya
habían tenido noticia de una empresa
minera, de la que don Agapito no recuerda el nombre. “Llegaron los ingenieros
que estudian la tierra, voltearon piedras
y revisaron los ríos, y vieron que sí había
recursos minerales; pero para los indígenas no significó fuente de trabajo, porque
ellos ya traían a su gente”, dice.
Con esos antecedentes y el conocimiento que les dio el Convenio 169 de la
OIT, los indígenas de San Miguel formalizaron un pronunciamiento rechazando la
exploración y explotación minera en una
asamblea general de comuneros realizada
el 17 de abril de 2011. Esa toma de postura
quedó oficialmente inscrita en el Registro
Agrario Nacional (RAN) el 13 de septiembre de 2012.
Otras comunidades hicieron lo mismo,
pero no todas han logrado que sus decisiones se asienten en el RAN. Según el abogado
de Tlachinollan, Santiago Aguirre Espinosa,
de las 19 asambleas agrarias a las que ha
asistido la organización, 11 están en proceso de calificación y sólo tres han podido inscribirse en el RAN, tanto por formalidades
de la Ley Agraria como “por decisiones más
bien arbitrarias y ajenas a la calificación legal de las actas de los núcleos agrarios por
parte de las autoridades”.
El abogado advierte que en Guerrero las
autoridades agrarias “actúan más para promover la minería que como defensores de
ejidos y comunidades, como dicta su mandato. En más de un momento ha sido personal de la Procuraduría Agraria el que le dice
a los indígenas que ellos no tienen derecho
a levantar sus actas porque los minerales
son propiedad exclusiva de la nación y que
la minería va a traer desarrollo”.
Pero en San Miguel El Progreso no se
creen esa versión. Desconfían de las autoridades porque, explica don Agapito,
han abandonado a los pueblos indígenas.
Como botón de muestra dice: “El gobierno
no nos echa la mano para nada. Ahora con
las lluvias por el huracán Manuel tenemos
dos meses sin agua en las tuberías porque
se taparon y tenemos incomunicadas algunas colonias. Nosotros hemos hecho el
trabajo con zapapico y pala para abrir el espacio y que puedan circular las unidades.

Me tardé dos días en llegar a Chilpancingo
para hacer gestiones para que las máquinas quitaran la tierra de los caminos, pero
no nos hacen caso; y sólo una vez nos llevaron despensas, una por familia”.
Así que si las autoridades estatales o
federales argumentan que la minería es
benéfica, los habitantes de San Miguel El
Progreso –donde habitan 3 mil 800 personas– toman los datos con reserva y prefieren investigar.
“Buscamos en internet. Vimos videos
de cómo las mineras cortan los árboles, y
la gente dijo que no quería que trabajaran
las mineras en nuestro territorio. Nosotros
vivimos de la madre tierra y sabemos que
nos van a afectar porque de los cerros salen los manantiales que nos dan vida; pero
también pensamos en las futuras generaciones y en los pueblos que atraviesan los
ríos, porque sabemos que los empresarios
mineros van a contaminar el agua y que no
ocupan un litro de agua, sino 2 mil y pico
de agua por hora, y nosotros ni 200 litros
gastamos a veces”, sostiene Cantú Manuel.
Además está en juego el factor cultural.
Cada 15 de abril y 15 de agosto del año “subimos a los cerros donde nacen los manantiales para pedir lluvia y dar gracias por la
primera cosecha. Son nuestros sitios sagrados, adonde subían nuestros antepasados a
rezar; si llegan los empresarios mineros los
van a destruir”, resume don Agapito.
Por solicitudes de información, en las
que fueron apoyados por el equipo de Tlachinollan, los indígenas identificaron que
hasta 2005 existían 417 concesiones mineras, con una extensión de más de 388
mil hectáreas, y que en la actualidad hay
600 títulos por más de 700 mil hectáreas.
Sólo en la región de La Montaña hay 42
yacimientos: el gobierno federal ha entregado 30 concesiones para exploración y
explotación por 50 años, en una superficie
de más de 200 mil hectáreas.
Fue el pasado 23 de junio de este año
cuando, a través de un documento de la
Secretaría de Economía, los habitantes de
San Miguel El Progreso tuvieron la certeza
de que su territorio estaba asentado sobre
las concesiones de Reducción Norte de
Corazón de Tinieblas (título 232560) y Corazón de Tinieblas (236861).
Las concesiones para extraer oro y
otros metales preciosos otorgadas a la
trasnacional Hochschild Mining afectan
43 mil 759 hectáreas y dañan también a
las comunidades indígenas de Totomixtlahuaca, Tenamazapa, Tierra Colorada, Tilapa, Pascala del Oro y Acatepec.

El grito y la lucha
El 15 de julio pasado las autoridades comunitarias y municipales de San Miguel El Progreso presentaron la demanda de amparo
en el Primer Juzgado de Distrito en Chilpan-
ES TADOS / GU ER R E R O
de conservar la inversión extranjera fundamentalmente, a pesar de que en la legislación vigente el empresario minero no
paga impuestos en función del metal que
extrae, sino de la superficie que ocupa”.
Agrega que los alegatos de que la actividad minera desarrolla las zonas indígenas
carecen de validez, porque “en todo caso nadie les preguntó a los indígenas qué es lo que
quieren hacer”. Puntualiza: “El argumento
sobre la falta de consulta es mucho más que
un argumento jurídico, refleja el verdadero
sentir de la gente, que está indignada porque
nadie los consultó sobre si querían mineras”.
En las respuestas también se alega que no hay daños en los terrenos indígenas. Eso es cierto, porque el juez les
prohibió arrancar las obras. La respuesta
asienta que cuando la minera presente su
manifiesto de impacto ambiental, los habitantes de San Miguel El Progreso podrán
expresar su desacuerdo.
El abogado afirma que, con su réplica,
las autoridades “están desconociendo los
estándares de derecho internacional: La
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que no tiene que haber daños, y si al dar la concesión no hubo
consulta, se afectaron derechos indígenas”. El argumento del gobierno, abunda,
ha sido “muy tramposo, en el caso muy
conocido de la minera San Javier en San
Luis Potosí, por ejemplo, la respuesta del
Poder Judicial acerca de algunas acciones
fue que la mina ya estaba operando y que
ya era un hecho consumado”.
Puntualiza que la exigencia de los
me’phaa de San Miguel El Progreso es que el
Poder Judicial actúe de manera congruente

y consistente “con la reforma en materia de
derechos humanos, específicamente en el
protocolo en materia de derechos indígenas
que la SCJN aprobó, que además de reconocer el derecho a la consulta menciona buenas prácticas internacionales”.
En este contexto, la organización comunitaria ha funcionado contra el embate de la industria minera en La Montaña
de Guerrero. Aguirre Espinosa resalta la
conformación del Consejo de Autoridades
Agrarias, agrupadas para combatir legalmente las concesiones otorgadas sin consulta ni beneficio.
“Hay varias comunidades que están
siguiendo los pasos de los me’phaa de
San Miguel, informándose, organizando
asambleas para rechazar la presencia de
mineras y tramitar las actas en el RAN, y
eventualmente interponer sus respectivos juicios”, apunta el abogado.
En San Miguel El Progreso las autoridades comunitarias toman muy en serio su lucha en tanto llega la resolución del juzgado
federal. “Nos estamos informando para que
no quieran manipular; hacemos asambleas
para preguntar a la comunidad si creen pertinente seguir defendiendo nuestra madre
tierra, y la comunidad dice que está al ciento
por ciento, que no se van a echar para atrás”,
puntualiza Agapito Cantú Manuel.
Argumenta: “Nosotros vivimos de la
agricultura. No somos como otros pueblos
que se van a otros lugares a trabajar. Eso
quisiera el gobierno. Que les dejáramos
el espacio para que ellos trabajen con los
empresarios mineros. Decidimos pelear.
Vamos a dar todo porque nadie lo va a hacer por nosotros, los indígenas.”

Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

cingo, registrada con el número 1131/2013.
Sin ser el primer recurso judicial contra una concesión minera, lo novedoso de
éste radica en que entre las 17 autoridades
demandadas se encuentra el presidente de
la República y el Congreso de la Unión. Se
les denuncia porque al aprobar, promulgar, decretar y publicar la Ley Minera “no
reconocen ni respetan los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y generan un esquema muy favorable para los
concesionarios. Eventualmente el asunto
podría llegar hasta la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) porque hay un
argumento sobre la inconstitucionalidad e
inconvencionalidad de la ley”.
Aguirre Espinosa sostiene que el objetivo último de los demandantes es que
el Poder Judicial llegue al fondo del asunto, “porque aunque se llegaran a ganar
juicios en contra de determinadas concesiones, la Ley Minera sigue vigente y haciendo mucho daño”.
Diversas dependencias de la Secretaría
de Economía ya respondieron la demanda,
en nombre de la Presidencia de la República. En espera de que el juzgado auxiliar
emita su fallo, el abogado de los comuneros
considera que en estas respuestas “no hay
propiamente una argumentación técnica y
jurídica que niegue los derechos que la comunidad reclama, sino más bien un argumento de política económica, de decir que
los concesionarios mineros necesitan una
ley flexible con una duración de las concesiones de 50 años, renovables prácticamente en automático, para adecuarse a sus
condiciones de explotación y recuperar la
inversión. Casi parece una defensa del empresario minero antes que el interés nacional, que es a lo que obliga la Constitución”.
El defensor recuerda el caso de la Ley
Televisa, ocurrido en 2006. Se trató de una
reforma en telecomunicaciones hecha a
la medida de las televisoras, descartada al
final por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.
Aguirre Espinosa explica que uno de
los argumentos utilizados por la SCJN
fue que la reforma permitía que las concesiones duraran 20 años y se renovaran
automáticamente. “Tratándose de un
plazo tan largo en concesiones de temas
que son estratégicos, hacen que el Estado
pierda su facultad en la rectoría de la economía que la Constitución le indica, y eso
ocurre con la Ley Minera”.
Los argumentos esgrimidos por parte de la Presidencia, apunta, revela “cómo para el gobierno es más importante
la generación de supuestas condiciones
de competitividad de México en el mercado internacional minero, aunque esas
condiciones impliquen degradación del
ambiente, negación de los derechos laborales, violación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, todo en aras

Comunidad me’phaa. Estrategia
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

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OLGA PELLICER

Política exterior: la incertidumbre

L

a actividad gubernamental durante
el presente año ha estado dominada por
intensas negociaciones para sacar adelante las iniciativas de ley –la mayoría de
las cuales han requerido reformas constitucionales– presentadas por el Ejecutivo
al Poder Legislativo. En un panorama de
luchas muy complejas que intentan preservar los acuerdos interpartidistas decididos en el Pacto por México al inicio del
gobierno de Peña Nieto, la política exterior ha ocupado un lugar secundario, casi
imperceptible. No es extraño que así sea,
pues en los últimos años ha sido vista como poco redituable para la élite del país.
Por formación, trayectoria y estilo personal, EPN pertenece a ese perfil. En efecto,
para quienes están muy ocupados en decidir quién obtiene que, cuándo y cómo,
la política exterior ofrece pocos atractivos
tangibles.
Lo anterior no significa que no exista
una agenda de política exterior: hay una
larga lista de encuentros bilaterales, asistencia a cumbres de jefes de Estado o de
Gobierno, visitas de Estado; participación
en foros multilaterales, universales, regionales y subregionales. Se trata de una
agenda que en ocasiones ha sido fijada
con años de anticipación. Lograr que se
cumpla y que la logística funcione bien
es una de las responsabilidades principales de la Secretaría de Relaciones. Es una
tarea que requiere profesionalismo, pero
que no puede verse como la expresión de
un proyecto de política exterior.
Los 12 años de gobiernos del PAN dejaron un legado bastante pobre en la ma-

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1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

teria y omisiones muy costosas, como fue,
por sólo dar un ejemplo, el descuido de no
posicionar a México en las nuevas coordenadas del poder económico y político
que se abrieron en Asia. Se esperaba, por
lo tanto, que el nuevo gobierno diera un
golpe de timón para reencauzar la política
exterior de México por avenidas que respondiesen mejor a los cambios ocurridos
tanto en la vida interna del país como en
la situación internacional.
Ahora bien, las novedades dignas de
mencionar, en comparación con años
anteriores, son pocas: un mejor acercamiento político y económico hacia China, un mayor sustento económico para
la cooperación con Centroamérica y un
empeño notable en profundizar la Alianza del Pacífico entre Chile, Perú, Colombia
y México. Aunque esta última despierta
ciertas interrogantes sobre lo lejos que se
pueda llegar, el hecho es que los medios
internacionales, en especial la prensa especializada en cuestiones económicas,
la han convertido en referente obligado
para ilustrar las vías a seguir para una integración latinoamericana más fructífera.
Sin minimizar el potencial de los
ejemplos anteriores, es obvio que no se
han abordado los problemas de mayor influencia para la vida nacional, como son,
por una parte, las relaciones con Estados
Unidos, particularmente en cuestiones
de seguridad y problemas fronterizos; por
la otra, el ajuste de la política exterior al
propósito central del proyecto de gobierno de Enrique Peña Nieto, que es convertir
a la mayor explotación de hidrocarburos

en el motor fundamental del crecimiento
económico.
Tomando en cuenta la centralidad del
problema de la seguridad interna en estos
momentos, la preocupación sobre el destino que tendrá la cooperación con Estados Unidos al respecto es primordial. Sin
embargo, aunque ha habido declaraciones
aisladas en torno a la manera en que se
reorientarán los acuerdos que se habían
establecido bajo el paraguas de la Iniciativa Mérida, lo cierto es que no sabemos
todavía cuál es el futuro de esa cooperación. Está abierta la interrogante de si la
mencionada iniciativa todavía existe y, en
caso afirmativo, cuáles son sus recursos,
adónde van y cómo se ha reorganizado la
actividad de las agencias estadunidenses
de cooperación que operan en México.
En el caso de la energía, a reserva de
que no se conoce aún cuáles serán los términos de la reforma que eventualmente
apruebe el Legislativo, ya están sobre la
mesa problemas que conciernen a la política exterior. Entre ellos se puede citar la
mayor cercanía con los países petroleros
considerados modelos útiles para la experiencia mexicana, la revisión del diálogo
con el exterior tomando en cuenta nuevas realidades, como son la disminución
de importaciones petroleras por parte de
Estados Unidos, la búsqueda de nuevos
clientes y la pertenencia, o no, a organizaciones de países importadores, como la
Agencia Internacional de Energía.
Los ejemplos anteriores son muy
útiles para ilustrar un problema fundamental para la existencia de un proyecto
AN ÁLIS I S
NARANJO

Remolque

de política exterior en México: la indefinición sobre las responsabilidades que
corresponden a diversas agencias de
la administración pública en lo que toca a las relaciones exteriores. En el caso
de la seguridad, esos asuntos los lleva la
Secretaría de Gobernación; en el caso de
lo energético, las decisiones estarían en
manos de la Secretaría de Energía, Pemex
o la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En tales circunstancias, la Secretaría
de Relaciones Exteriores sólo conduce la
agenda y no existe la entidad con el peso político suficiente para fijar líneas de
largo plazo que sirvan de guía para una
compleja inserción de México en un mundo cambiante.
México requiere de una reingeniería
de la administración pública que permita
una mejor gestión y coordinación de las
actividades internacionales del gobierno.
Para ello es necesario, al menos, un gabinete de política exterior que no sólo garantice la coordinación, sino que sea foro
para un debate sustantivo acerca de los
ajustes que reclama una política exterior
que incorpore los cambios de prioridades
e intereses que han tenido lugar.
Sin estructuras administrativas y de
gestión que permitan conducir el barco,
sin conceptos claros sobre prioridades
que deben establecerse y reajustes que
deben hacerse a la política exterior, México seguirá navegando sin rumbo. Un año
después de haber regresado el PRI al poder, la incertidumbre sigue siendo el sentimiento dominante al preguntarse sobre
el proyecto de política exterior.
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JESÚS CANTÚ

Un año deplorable
D

espués de un año de gobierno,
Enrique Peña Nieto, más allá de la aprobación de algunas reformas, todavía no
puede arrogarse la concreción de sus
promesas de campaña. De hecho los datos son negativos: la expectativa de crecimiento del PIB se redujo a menos de una
tercera parte (de un pronóstico de 3.9% a
1.2%, aunque algunos analistas ya lo ubican debajo de esta cifra); pese a que las
cifras oficiales hablan de una reducción
en los homicidios perpetrados por la delincuencia organizada, también muestran el incremento de los secuestros y
las extorsiones, así como la expansión
de las llamadas autodefensas, que impactan directamente la gobernabilidad;
asimismo, la protección de los derechos
humanos (de acuerdo con Human Rights
Watch) únicamente avanza en la retórica
oficial, y según The Economist el éxito de la
Presidencia de Peña Nieto depende, casi
totalmente, de la reforma energética.
Como ha sucedido en los últimos
cuatro sexenios, al concluir el primer año
de gobierno los presidentes tienen nada
o muy poco que presumir, como no sea
el desencanto ciudadano ante la abismal
brecha entre las expectativas y la realidad. Una brecha que, por las propuestas
y acciones gubernamentales, hoy parece
imposible de llenar.
The Economist, publicación inglesa
abiertamente identificada con el neoliberalismo y muy cercana al sector
empresarial (y dentro de éste al mundo
financiero), al hacer el balance de un año
de gobierno en la edición de la semana
pasada, dejó muy claro el descontento
del sector empresarial por lo que llama
“una descuidada e improvisada mezcolanza de alzas impositivas”. También
especificó que la propuesta de reforma
energética de Peña Nieto, dada a conocer en agosto pasado, fue decepcionante, y que para asegurar su éxito requiere
incorporar los contratos de producción
compartida y las concesiones (si bien,
para no provocar irritación popular, las
puede llamar “licencias”) a particulares
(sobre todo a las corporaciones petroleras
internacionales).
Enfáticamente concluyó: “El señor
Peña sabe que muchas de sus otras reformas llevarán años, tanto para ser

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1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

implementadas como para detonar el crecimiento. Una reforma energética audaz
puede ser el éxito de su Presidencia. Titubear demostraría que el Momento Mexicano fue fugaz”. No hay lugar a dudas, a
juicio de The Economist, de que el éxito del
gobierno de Peña Nieto depende de que retome la iniciativa panista y modifique algunos términos, sin cambiar para nada el
sentido de la misma: total apertura al capital privado, nacional e internacional, en
el sector energético mexicano, particularmente en la explotación de hidrocarburos.
Pero aun en el caso de que Peña Nieto
lograra vencer las resistencias de sus correligionarios para aprobar una reforma
energética más audaz y de que ésta detonara el crecimiento de la economía mexicana, tal hecho difícilmente contribuiría a
abatir los niveles de inseguridad, ingobernabilidad, desigualdad y pobreza.
Hasta hoy la idea de Peña Nieto de
apostar todo a la fortaleza de sus dos virtuales vicepresidentes: Miguel Ángel Osorio Chong, en lo político, y Luis Videgaray,
en lo económico, es un rotundo fracaso.
El primero rinde malas cuentas en prácticamente todas las áreas que le corresponden, pues hasta el Pacto por México se
resquebrajó en la víspera del primer aniversario, y el segundo apenas logró escapar de la recesión económica.
Además, las acciones emblemáticas
(la aprehensión de Elba Esther Gordillo, la
implementación de la reforma educativa
y la Cruzada contra el Hambre) no logran
despegar y consolidarse. La defensa jurídica de la exlideresa magisterial recibe
aliento cada vez que gana un amparo; el
titular de Educación, Emilio Chuayffet, está prácticamente desaparecido; el INEGI
incumple los tiempos del censo de escuelas y profesores, y la CNTE obstaculiza la
implementación de la reforma educativa
en varias entidades federativas; y, hasta
hoy, el programa diseñado por la experredista Rosario Robles únicamente existe
en el discurso oficial, pues no cuenta con
suficiente presupuesto y sus esfuerzos
se canalizaron a atender las emergencias
provocadas por los fenómenos naturales
de los meses pasados.
Dado lo ambicioso del paquete de reformas legislativas y las condiciones de
inseguridad e ingobernabilidad que reina-

ban cuando Peña Nieto empezó su mandato, un año no parece tiempo suficiente
para sacar adelante la tarea; pero lo preocupante es que hay muchos hilos sueltos y
demasiados indicadores negativos.
Se avanzó en las reformas legislativas,
pero las únicas tres (la laboral, lograda antes del inicio de su mandato, la educativa y
la fiscal) que ya concluyeron dicho proceso
enfrentan cuestionamientos y muestran
malos números al inicio de su implementación. En el caso de la laboral, los datos
dados a conocer al año de su promulgación revelan que no tuvo el impacto esperado en la generación de nuevas plazas
de empleo formal (en 2012 se crearon 832
mil 73 plazas; y en este año, 590 mil 393),
y la Coparmex ya pidió reformar la nueva
legislación. A su vez, la educativa empezó
a sumar atrasos y acuerdos de excepción
para su implementación. Y en el caso de la
fiscal, es un hecho unánimemente aceptado que no es definitiva.
En el resto de las reformas (financiera,
de transparencia –estas dos se aprobaron
apenas la semana pasada–, telecomunicaciones y de competencia, política y energética), los legisladores todavía no concluyen
su labor y los impactos reales de las mismas dependen fuertemente de dicha tarea, pero hasta hoy lo que se conoce o se
ha operado no luce muy halagador, como
es la conformación de los órganos de gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de
Competencia, o el procedimiento de designación de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información.
Y, como ya se comentó en los párrafos
precedentes, en los temas más acuciantes: inseguridad, desempeño económico, empleo, gobernabilidad y combate a
la pobreza, entre otros, los números son
devastadores.
Así, después de un año de gobierno, la
Presidencia apuesta a que las expectativas
optimistas que provocan, especialmente
para el mundo empresarial, los avances
legislativos (aunque, como bien señala The
Economist, ello depende de que finalmente
se apruebe una audaz reforma energética,
que aplaque la furia empresarial por la
reforma fiscal) compensen el desencanto
que causan los datos negativos que arroja
la decepcionante realidad.
ANÁ L IS IS
JOHN M. ACKERMAN

El albazo de diciembre
L

o que más llama la atención sobre el
primer año de gestión de Enrique Peña Nieto
no es el evidente fracaso del nuevo presidente de la República en su propósito de encaminar a la nación por el sendero de la paz, la
democracia y el desarrollo, sino la constante expansión de la movilización social y la
conciencia ciudadana a lo largo y ancho del
país. Avanza con firmeza la larga marcha de
la verdadera transición política, de una alternancia simulada a una auténtica democracia revolucionaria.
La sociedad se encuentra hoy mucho
mejor posicionada que el pasado 1 de diciembre para detener las estratagemas de
la clase política y los poderes fácticos. La cobarde represión del #1DMX, y de las marchas
subsecuentes, constituyó un duro golpe en
contra de la esperanza ciudadana y jamás
debe ser olvidado (mi análisis: http://ow.ly/
rh35Z). Sin embargo, gracias a las contundentes protestas de los maestros, al ejemplo de las autodefensas comunitarias, a las
movilizaciones en contra de la privatización
petrolera de Andrés Manuel López Obrador y
a la constante participación juvenil, el innato espíritu rebelde de la sociedad mexicana
hoy goza de cabal salud. El PRIANRD muy
difícilmente podrá repetir la historia de la
aprobación relámpago de la contra-reforma
educativa con un nuevo albazo para la contra-reforma energética.
El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho
Quiroz, ha señalado que con la contra-reforma energética “se cerrará el ciclo reformador”, para después “pasar al proceso de
transformación que requiere el país”. Así,
hasta uno de los principales operadores de
Peña Nieto reconoce que el gobierno ha fracasado miserablemente durante los últimos
12 meses en “transformar” al país y pide que
esperemos resultados hasta el próximo año.
Los datos son conocidos por todos. La
economía se encuentra en picada, el desempleo y la informalidad se expanden, y el endeudamiento público y privado se dispara.
La violencia, los homicidios y las violaciones
a los derechos humanos se han institucionalizado, y los secuestros se han vuelto más
frecuentes en el territorio nacional. Mien-

tras, los políticos siguen con su teatro de
negociaciones oscuras, pactos inconfesables
y reformas tramposas. Todas las encuestas
demuestran un fuerte desgaste en la imagen
de Peña Nieto y una creciente desconfianza
de los ciudadanos en los políticos (mi análisis: http://ow.ly/rh4ip).
La “unidad” de la clase política bajo la tutela del Pacto por México ha dividido y confrontado a la sociedad. La contra-reforma
educativa lanzó a los maestros a las calles
y ha generado una conflictividad sin precedentes, tanto entre las diversas representaciones y secciones sindicales como entre
los mismos padres de familia. La absoluta
continuidad en la “estrategia” de combate al narcotráfico entre Calderón y Peña ha
fortalecido a la delincuencia organizada y fomentado graves conflictos dentro de las comunidades. Y el cada vez más férreo control
sobre los contenidos de los medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos,
cada día divide más a la sociedad entre quienes tienen acceso a la información verídica
disponible en los medios alternativos y sociales y quienes se quedan atrapados por las
mentiras de los medios tradicionales.
Esta polarización social, paradójicamente, refleja un desarrollo positivo en la coyuntura política. Hace un año, Calderón, Peña,
Slim, Azcárraga, Madero, Beltrones, Ebrard,
Mancera y Zambrano caminaban de la mano confiados en su control absoluto sobre la
política nacional. El desgaste de #YoSoy132,
junto con la cobarde represión policiaca,
habían mermado la fuerza de las movilizaciones juveniles, y los políticos alistaban sus
largos cuchillos para repartirse el pastel y los
huesos de poder.
El fast-track a través del cual se aprobó la
contra-reforma educativa ratificó la soberbia
de los políticos. En tiempo récord y casi sin
debate alguno, la iniciativa de Peña Nieto
presentada el 10 de diciembre fue aprobada
por ambas cámaras en apenas 11 días. Seis
semanas después, el 6 de febrero, la mayoría
de los congresos estatales ya habían aprobado las reformas a los artículos 3° y 73 constitucionales. Y el 25 de febrero de 2013 se
publicó sin mayor contratiempo en el Diario
Oficial de la Federación.

Pero los políticos no habían ni siquiera deshojado sus margaritas para celebrar
su hazaña cuando sobrevino la avalancha
de protestas magisteriales que hizo añicos
la fantasía neoliberal de nuestro supuesto
arribo a la “modernidad” democrática. Tal y
como ocurrió con los jóvenes de #YoSoy132
durante la campaña presidencial de 2012, los
maestros lograron romper el hechizo del poder omnímodo de los políticos y hacer presente la fuerza de la sociedad.
Hoy, el PRIANRD quiere repetir el albazo de diciembre, pero ahora con la contrareforma energética. Una vez concluidas las
negociaciones con respecto a la reforma
política-electoral, la clase política intentará
aprovechar las distracciones de la temporada navideña para imponer una reforma
constitucional que condenaría el país al subdesarrollo y a la más absoluta pobreza durante las próximas décadas.
Si bien es posible que los senadores y los
diputados logren atrincherarse en las oficinas de Exxon-Mobil o Monex para levantar
sus dedos en aprobación de los dictámenes
correspondientes, será una tarea imposible
convencer a la sociedad de las supuestas
bondades de la reforma. La aprobación de la
reforma constitucional por los congresos locales, la redacción de las leyes secundarias y
la eventual asignación de los contratos a los
saqueadores enfrentarán aguerridos cuestionamientos ciudadanos a cada paso. Recordemos, por ejemplo, que el mismo López
Obrador forjó su presencia política nacional
a raíz de la “toma” de pozos petroleros en Tabasco (1996) en defensa de las demandas de
los campesinos e indígenas de su estado.
Un nuevo albazo inevitablemente generará una respuesta ciudadana aún más
contundente que la que tuvo la reforma educativa el año pasado. Fortalecería enormemente la posición del político tabasqueño
y, aún más importante, generará cientos de
nuevos liderazgos sociales en todo el país,
listos para encauzar la creciente indignación
popular hacia la derrota histórica del autoritarismo renovado.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
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SABINA BERMAN

Videgaray y la economía de la ficción
E

n rueda de prensa el secretario de Hacienda, el doctor
Luis Videgaray, anunció el plan
de este gobierno para la clase
media:
–Que se baje de clase.
Tomó un sorbo de un vaso
de agua y explicó:
–Es decir, en el contexto presente, en que la economía no
crece y por lo tanto tampoco los
salarios, haremos que la clase
media pague más impuestos, de
manera que paulatinamente se
vuelva pobre.
Misteriosamente, su público, constituido de reporteros
clasemedieros, no aplaudió el
anuncio ni el razonamiento,
pero el secretario, conocido por su gran
voluntad de seguir adelante a pesar de
reacciones adversas, luego de tomar
otro sorbo de agua, se autoelogió:
–Es un gran plan social. Si somos
disciplinados en nuestra estrategia, al final de este sexenio los clasemedieros se
habrán vuelto pobres, con la gran ventaja para ellos de que ya no tendrán que
pagar impuestos y podrán gozar de los
magníficos programas asistenciales que
sus propios impuestos habrán pagado.
De nuevo le respondió el silencio
de su auditorio de clasemedieros. Y
alegremente continuó:
–Creemos que las presidencias
panistas fragmentaron al país en cinco sectores. Ricos, clase política, clase
criminal, clase media y pobres, siendo
las últimas dos casi del mismo tamaño
entre sí. Bueno, nos parece muy mal un
país tan dividido, así que iremos eliminando gradualmente a la clase media.
El proyecto económico de convertir
a los clasemedieros en pobres se complementará con una estrategia de desmoralización conocida en el priismo
como “ninguneo”.
–Al mismo tiempo que pagan más
impuestos, no les aumentaremos los
servicios de seguridad, ni de otra índole, ni ejerceremos controles a los ricos,
de manera que la clase media quede
atrapada entre los empresarios, la cla-

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1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

se criminal y la clase política, pagando a
unos y a otros buena parte de sus ingresos, hasta la gran meta propuesta. Es decir, que se vuelvan pobres.
El secretario miró en silencio a su público. Tal vez esperaba por fin el aplauso,
así fuera un solo par de manos aplaudiendo, pero nada más sonó un clic: un celular
tomando una foto.
Entonces entró a la descripción de la
faceta histórica del gran plan para la clase
media.
–Sincerémonos –dijo–. Yo soy un hijo
de la clase media rescatado por la clase política, y la conozco como a la palma de mi
mano. Es una clase que en México ha crecido hasta ser el 50% de la población y vive
muy estresada. Cada clasemediero aspira
a dejar de serlo. Quiere subir y teme bajar.
Además, proyecta ese deseo y ese miedo
al país, cree tener derecho a exigir al Poder
que el país sea mejor y le aterra que el país
se desbarranque en la barbarie. Ni más
ni menos nos exige a los funcionarios un
nuevo contrato social que incluya la Justicia y la ausencia de Corrupción, mientras
nosotros tenemos otro proyecto.
–Bueno –sonrió el secretario–, este gobierno acabará con el estrés de la clase
media: lo dicho ya, la bajará de golpe.
Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto asistió al Teletón para expresar
su apoyo a los pobres del país, e incluso su
gran afecto por ellos.

–Amamos a los pobres –dijo ante las cámaras de televisión, y un audio pregrabado lo
ovacionó–. Nos gusta mucho
que sean humildes y estén
muy necesitados y sean muy
agradecidos. Nos fascina cómo
sonríen cuando les regalamos
cosas sencillas. Una canasta de
víveres o una escoba.
La grabación lo ovacionó, y
con ambas manos indicó que
le bajaran el volumen.
–Gracias, pueblo de México
–dijo–. Decía que nos sentimos
confiados con los pobres, porque carecen de la malicia para
exigirnos los títulos de libros
que tampoco ellos han leído, o
el reporte de nuestro patrimonio, que
ellos no saben ni qué significa, y tampoco nos gritan en las universidades, porque no van a la universidad, ni mucho
menos exigen un cambio de contrato
social, porque sus necesidades son más
simples. Esos, los igualados, los que exigen, los que nos tratan como sus servidores públicos y no como sus jefes,
son otros. Son como 132, según me han
informado. Gente que no votó por nosotros y ahora sabrá que, como dijo Cervantes, la venganza se come con dulce.
O algo así, que ahora no recuerdo.
Una porra grabada respondió al
presidente, que alzó la mano en señal
de despedida de los pobres.
En entrevista breve en el vestíbulo
del recinto que albergaba el Teletón, el
presidente dijo que él no distinguía entre los pobres:
–No, yo los veo a todos iguales.
Generalmente ellos están abajo y yo
arriba, hablándoles, y ellos suelen
responder al unísono, generalmente
con vivas y agitando matracas. Fíjese
que tienen una gran unidad, una gran
identidad de clase, o tal vez es que me
llevan a los mismos pobres de una plaza a otra.
Acá se rió por tres segundos y retomando la seriedad remató:
–Una clase muy alegre, excepto en
los desastres naturales.
ANÁ L IS IS
JAVIER SICILIA

Guerra antidrogas: su otro rostro
L

a guerra contra las drogas, cuyos
costos en México son ya altísimos, tiene
su otro rostro en las políticas segregacionistas que, a pesar de los triunfos de los
derechos civiles de los negros, padecen
las poblaciones afroamericanas en Estados Unidos. Para encontrar esa íntima
relación entre nuestro sufrimiento y el
de esas minorías del país vecino, es necesario leer un libro de la jurista Michelle
Alexander, The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness (El nuevo
Jim Crow: el encarcelamiento masivo en la era
del daltonismo, 2010).
Jim Crow –nombre tomado del espectáculo Jump Jim Crow que interpretaba el
actor blanco Thomas D. Rice para satirizar
las políticas populistas del presidente Andrew Jackson en el siglo XIX– se refiere a
las leyes segregacionistas que, promulgadas en 1875 bajo el lema “separados pero
iguales”, sólo concluyeron en la década
de los sesenta con las luchas por los derechos civiles de los negros. Para Alexander,
sin embargo, esas leyes han vuelto a aplicarse bajo el disfraz de la guerra contra las
drogas que Richard Nixon decretó en la
década de los setenta.
Esa guerra, que en México ha cobrado
en los últimos siete años más de 80 mil
muertos y no menos de 30 mil desaparecidos, en Estados Unidos las ha cobrado en
criminalización y encarcelamiento. El hecho, dice Alexander, de que Estados Unidos
–un país que cuenta con 5% de la población
mundial– tenga 25% de los presos del mundo –en primer lugar, jóvenes negros; en segundo lugar, latinos– revela que la mayoría
de ellos carecen ahora de sitio en la economía global y se han convertido en una población “almacenable en cárceles”.
Detrás de Barack Obama o de Oprah
Winfrey, lo que en realidad hay es la relegación de los negros a una “casta racial” y
su control mediante la criminalización y
la represión. Los argumentos jurídicos de
la guerra contra las drogas han permitido

que las poblaciones negras sean sometidas a procesos brutales de persecución
y encarcelamientos masivos, como en la
época de Jim Crow, y a penas más altas, a
causa del consumo de crack, que es más
penado que el de la cocaína frecuentada
por ricos y blancos. Así, la guerra contra
las drogas ha devastado a las comunidades afroamericanas de las ciudades mucho más que las dimensiones reales de
las actividades delictivas que se cometen
dentro de ellas.
En las tres últimas décadas, explica
Alexander, las cantidades de negros en las
cárceles –que son negocios privados– han
aumentado, a causa de las drogas, no sólo en tasas superiores a las de regímenes
criticados por el propio Estados Unidos
como altamente represivos, sino que representan una cifra hasta 50 veces mayor
que la de los blancos en la misma situación. Bajo esta lógica, advierte Alexander,
en poco tiempo tres de cuatro jóvenes negros de Washington D.C. pasarán una estancia en la cárcel.
Tal condición, que convierte a los negros en un negocio altamente rentable
para los propietarios de las cárceles, los
transforma también, al salir de ellas, en
seres despreciables sobre los que se aplican medidas legalmente discriminatorias
que los desposeen de la posibilidad de
empleo, vivienda y educación.
Cuando uno visita los barrios negros
de Estados Unidos, se da cuenta –en su
dolor, en sus fracturas sociales, en su
deterioro– de esa realidad descrita por
Alexander. Se percata igualmente de que
la criminalización de la droga y las duras
y sistemáticas campañas de los medios
contra ella funcionan como un procedimiento de control racial que limita la movilidad ascendente.
Para Alexander, la presencia de Obama
en la presidencia de Estados Unidos o el
éxito de otros afroamericanos no son más
que cortinas de humo, excepciones que

confirman y, a su vez, velan la realidad del
nuevo Jim Crow. El sistema de exclusión ha
dejado de necesitar de la hostilidad racial
o la intolerancia abierta para existir. La simulación que provoca la indiferencia sirve de manera más efectiva.
Las víctimas negras de la guerra contra las drogas son el rostro estadunidense
de las víctimas de México. Ambas muestran una lógica terrible y aterradora de la
misma guerra: la destrucción de cualquier
posibilidad de vida que no sea la del poder del dinero. Al lado de nuestros muertos y nuestros desparecidos –muchos de
ellos emigrantes centroamericanos–, de
nuestras familias destruidas por los delincuentes y criminalizadas por el Estado,
se agolpan en las cárceles estadunidenses
miles de afroamericanos criminalizados y
satanizados. En los barrios de ambas fronteras, cientos de tejidos sociales rotos y
desgarrados.
Son los signos de formas nuevas del
totalitarismo que nos deshonran tanto
a nosotros como a Estados Unidos, formas inéditas de la barbarie que revelan
lo más abyecto e insensato que hay en el
corazón de esta guerra, que debería unirnos con los negros para enfrentarla. Sus
sufrimientos y los nuestros, rostros dolientes de una civilización en crisis, son
los mismos. Su solución debe ser también
semejante. Pasa irremediablemente por
la regulación de la droga, el control de las
armas y la reivindicación de los derechos
civiles y humanos que esta guerra nos ha
ido conculcando.
Además opino que hay que respetar
los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer
los crímenes de las asesinadas de Juárez,
sacar a la Minera San Xavier del Cerro de
San Pedro, liberar a los presos de Atenco,
hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a
las víctimas de la guerra de Calderón.
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

51
A N ÁLISIS
AXEL DIDRIKSSON

Letargo del cambio educativo
C

omo lo que se dice no es
lo que se hace, el actual gobierno de Enrique Peña Nieto está
haciendo hasta lo imposible, y
entre más rápido mejor, para
que no cambie nada en el sistema educativo tras la reforma
del sector. Lo que rige son las
negociaciones entre grupos, los
acuerdos económicos, el control político, y hasta allí. La educación, en realidad, no importa.
Según el discurso oficial,
la reforma educativa avanza a
pasos agigantados, pero en las
calles y en las plazas los maestros disidentes radicalizan un
movimiento que se ha opuesto de forma sistemática a la misma, que sustenta que no se ha alcanzado nada, y que
esta reforma educativa, que no lo es,
sigue estando en discusión, desde sus
principios y acuerdos.
Para el gobierno y la SEP, conforme
a sus tiempos y a su imaginario burocrático, se ha instalado la Coordinación
del Servicio Profesional Docente, ha sido
designado su director y se han definido
sus funciones, con todo y que parecen
duplicar lo que tiene que hacer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa
(INEE). En este instituto, también, ha sido conformada su denominada Conferencia Nacional, fueron designados sus
miembros y quedaron establecidas sus
funciones. Por allí, todo en orden. Aunque los reclamos y demandas que esgrimieron algunos miembros de la Junta de
Gobierno del INEE sobre la materia y alcances de su trabajo, por lo pronto, están
guardados en algún lugar secreto, en la
penumbra.
Del mismo modo, para mantener las
cosas como están, y respaldar a sus verdaderos aliados en la reforma laboral que
está en marcha en el sistema educativo,
el presidente de la República ha establecido un fondo de rescate de las deudas
contraídas por el magisterio, desde los
tiempos de Elba Esther Gordillo, a costa
del erario, por la vía del Banco del Ahorro
Nacional y Servicios Financieros (Bansefi). Con una suma de 5 mil millones de

52

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

pesos, un hoyo negro del grupo delictivo del
SNTE lo tiene a resguardo y pone en manos
de los “nuevos” dirigentes dinero líquido y
recursos de aseguramiento para que por allí,
por lo menos, nada pase. Vaya a saber uno
qué es lo que se está tratando de esconder
con ese fondo, y qué negocitos turbios van a
salir a flote en cualquier momento. Pero allí,
todo en orden… mientras que la debacle que
se vive en la educación, ¿qué importa?
En lo que toca al modelo educativo, asimismo, todo bajo control. La administración ya dictó su contenido y organizó lo que
los mexicanos deben saber –pero sobre todo para no saber–; un currículum por competencias; becas para pequeños grupos de
élite con el fin de formarlos como “emprendedores”; evaluaciones y exámenes como
mecanismo de control para estudiantes y,
sobre todo, para los profesores (qué novedosa idea la de generalizar una prueba: ¿no
ha sido desde siempre una forma de amenaza a cualquier salón de clase?).
A esto se suma un mediano control de
la comida chatarra en las escuelas y un
escenario de enormes negocios para las
constructoras y empresas proveedoras de
mejoras en la infraestructura escolar, la potabilidad del agua, la distribución de laptops
y tabletas, de accesorios para la conectividad y el funcionamiento de los programas
de cómputo… un gigantesco mercado educativo para las financiadoras, las empresas
de seguros y trasnacionales. ¿Y el papel que
debe garantizar el Estado para que la educación sea gratuita, laica, buena para todos,

con equidad e igualdad, con una
enseñanza sustentada en el conocimiento científico y humanístico?… ¿Qué es eso?
Los recursos para que el modelo de “transformación educativa” funcione, desde luego, ya
están garantizados, porque lo
que se ha provisto en términos
de gasto público federal es más
o menos igual al de hace décadas, porque este gasto no puede
estar sujeto a la resolución de
las añejas demandas de garantía de una educación para todos
por la vía de la expansión de la
matrícula, o de mejora de la calidad de lo que se aprende; o a lo que
año con año demandan los rectores o la
comunidad científica… sino que debe
ser parte de un espacio de dominio, producto de la negociación de los funcionarios en turno con los de abajo, en forma
descendente.
En las calles y en las plazas, en las
escuelas y en las instituciones, ocurre
lo contrario: un crecimiento vertiginoso
de la cantidad de maestros y estudiantes, de padres de familia, de investigadores, de autoridades educativas y
ciudadanos que no están de acuerdo en
que lo que se está haciendo vaya a mejorar la educación o las condiciones de
su trabajo, o de su vida, porque no ven
ningún cambio en los contenidos de
lo que se va a aprender y en lo que los
profesores van a enseñar. Tampoco, lo
que los investigadores descubrirán o lo
que puede esperarse de una mejora en
la organización de las escuelas y de las
voluntades para hacer cambios reales
en lo que es la educación que se recibe y
la cultura de la cual se goza.
Eso no está en lo que se les presenta,
ni en las respuestas que se les ofrecen,
casi siempre para aletargar el conflicto,
dividirlo o tratar de encapsularlo, que
es ahora la más frecuente y exitosa fórmula para contener las protestas. Qué
equivocación tratar de meter el conocimiento en una cañería, en lugar de
romper los tubos de su gayola. ¿Cuál
transformación? ¡Puro letargo!
Reuters

La plaga universal de la

esclavitud
ANNE MARIE MERGIER

P

ARÍS.- El pasado 25 de octubre,
alertada por la asociación Freedom Charity, la Unidad Especial de Lucha Contra el Tráfico
de Seres Humanos de Scotland
Yard liberó a tres mujeres –una
malasia de 69 años, una irlandesa de 57 y
una británica de 30– esclavizadas en Londres durante tres décadas por un hombre
oriundo de India y su compañera.
Las autoridades no informaron sino
hasta un mes después, el pasado 21 de noviembre. Se limitaron a precisar que las
mujeres habían sido víctimas de abusos físicos y mentales, padecen ahora trastornos psicológicos y la investigación del caso
podría ser larga. La pareja de explotadores
está libre pero bajo estricto control judicial.
Dos días antes de la liberación de las
llamadas “esclavas de Lambeth” (por el
distrito londinense donde sufrieron el cautiverio), la justicia británica había condenado a 13 y cinco años de cárcel, respectivamente, a un hombre de 80 años y a su
esposa acusados de haber explotado y so-

54

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

metido a violaciones durante una década a
una sordomuda paquistaní.
Por otra parte, el pasado 15 de marzo
un marfileño fue condenado a 18 meses
de cárcel en la ciudad francesa de Aviñón
por haber esclavizado a una compatriota
suya comprada por 4 mil 500 euros en Abiyán. La adolescente trabajó durante casi
un año entre 15 y 18 horas diarias sin salario y soportando tratos crueles. Logró escapar y refugiarse en una delegación policiaca. El juicio a su explotador es uno de
los cinco por esclavitud moderna llevados
a cabo en Francia este año.
Sylvie O’Dy, presidenta del Comité Contra la Esclavitud Moderna (CCEM), con sede
en París, asegura a la corresponsal que su
asociación rescató a 122 esclavas domésticas durante 2012 en Francia.
Entre los casos descritos destaca el de
una joven marroquí que tenía ocho años
cuando su padre viudo aceptó que una conocida suya la llevara a Francia. La mujer
se comprometió a escolarizar a la niña y
así lo hizo durante un año; luego empezó
a “alquilarla” como empleada doméstica a
distintas familias. Lucró con ella 10 años.

El CCEM la ayudó a fugarse y a demandar
judicialmente a sus explotadores.
La asociación hizo lo mismo hace
unos años con Tina, una adolescente nigeriana esclavizada por su compatriota Godwin Okpara, futbolista del París Saint-Germain, y su esposa.
Con el acuerdo de los padres de Tina la
pareja adoptó a la niña y la llevó a Francia
en 2001. Tina nunca frecuentó la escuela,
dormía en el sótano de la casa, se levantaba a las 5:00 de la mañana y trabajaba
todo el día, pasando hambre y sufriendo
golpes y humillaciones. En 2004 logró escapar. Pero la policía no creyó su relato y la
devolvió a sus “amos”.
Las represalias fueron terribles: Okpara la violó, lo cual enceló a su esposa, quien
le infligió a la muchacha la mutilación sexual. Tina escapó de nuevo en 2005, ahora
con el apoyo del CCEM. La pareja fue enjuiciada en 2007. El futbolista fue condenado a 13 años de prisión y su mujer a 15.
Según advierte O’Dy, 90% de las personas salvadas por el CCEM son mujeres, y
29%, menores de edad.
La detención de la princesa Meshael
IN TE RN AC IONA L
/ DEREC HOS HU M A N O S
El caso recientemente descubierto de las “esclavas de
Lambeth” –tres mujeres sometidas a toda clase de abusos durante varios años en Londres– conmocionó a Gran
Bretaña y le mostró al mundo del siglo XXI que la esclavitud está lejos de pertenecer al pasado. Y el fenómeno
es amplio. Según el análisis de una organización australiana, en todo el mundo hay actualmente poco menos de
30 millones de personas –menores de edad, muchas de
ellas– forzadas al trabajo doméstico o agrícola, al sexoservicio, a la mendicidad o a formar parte de bandos en
guerra. Entre los 162 países incluidos en ese estudio, México ocupa el lugar 107.
denses se precipitaron a Kenia, Filipinas
y Arabia Saudita para reunir pruebas de
la “buena fe” de la princesa y de “los abusos” de su trabajadora doméstica. El pasado 20 de septiembre el juez encargado del
caso dejó de darle seguimiento por falta
de pruebas de la culpabilidad de Meshael.

Nadie se libra

Alayban el pasado 10 de julio en California, acusada de trata de seres humanos,
creó serias tensiones diplomáticas entre
Estados Unidos y Arabia Saudita: la mujer es una de las seis esposas de Abdulrahman bin Nasser bin Abdelaziz al-Saoud,
sobrino del soberano saudita Abdalá.
La denuncia de una de sus empleadas
domésticas, una keniana, desató el escándalo. Contratada en 2012, esa madre de familia de 30 años llego a Riad para trabajar
en el palacio de la princesa con la promesa de un salario mensual de mil 600 dólares y dos días de descanso a la semana.
La realidad fue distinta: jornadas inacabables sin días de asueto, un salario de 220
dólares al mes y su pasaporte confiscado.
En 2012 Meshael se mudó a Estados
Unidos y llevó con ella a cinco sirvientas,
entre ellas a la keniana obligada a atender
a ocho personas que vivían en cuatro lugares distintos. El 9 de julio la mujer huyó
y pidió auxilio.
Al día siguiente la princesa fue detenida por la policía, pero fue rápidamente
liberada tras pagar una fianza de 5 millones de dólares. Sus abogados estaduni-

La esclavitud moderna afecta a todos los
países. Medir la amplitud del problema es
complejo pues los abusos se perpetran de
forma oculta.
Y aunque la Organización Internacional del Trabajo habla de 21 millones de
víctimas de trabajo forzado en el mundo,
el Índice de esclavitud global 2013 elaborado por la fundación australiana Walk Free,
publicado el pasado 15 de octubre, es mucho más pesimista: sus autores estiman
que el número de esclavos en el planeta
es de 29.8 millones. Más grave aún: reconocen que esa cifra podría ser inferior a la
realidad pues todavía necesitan afinar sus
métodos de cálculo. Definen su Índice como un “trabajo en curso”.
Walk Free fue creada en 2012 por Andrew Forrest, magnate minero y uno de
los hombres más ricos de Australia.
Ésta es la primera evaluación global
de su tipo. Asesorado por expertos de los
cinco continentes, el equipo de investigadores de Walk Free establece dos clasificaciones para los 162 países examinados:
una basada en la prevalencia y el riesgo de
esclavitud en cada nación; otra, que parte del número absoluto de esclavos en cada país.

Para medir el riesgo de esclavitud los
especialistas de Walk Free incluyeron en
sus cálculos una medida del nivel de tráfico de personas hacia y desde cada país y
otra del nivel de matrimonios infantiles o
precoces en cada nación. Los organismos
internacionales interesados en el problema de la esclavitud moderna no suelen
considerar estos factores.
Tras comparar las distintas definiciones de la esclavitud, los autores del informe proponen una: “La esclavitud es la
posesión y el control de una persona de
tal forma que se priva considerablemente a esa persona de su libertad individual,
con la intención de explotarla a través de
su uso, manejo, beneficio, transferencia o
disposición. Por lo general este ejercicio se
logrará a través de medios tales como la
violencia o las amenazas de violencia, el
engaño o la coerción”.
También detallan el amplio abanico de
los crímenes asociados con la esclavitud:
trata de seres humanos para trabajo forzado; prostitución; tráfico de órganos; venta o secuestros de menores de edad para
convertirlos en soldados, sicarios, objetos
sexuales o mendigos; esclavitud hereditaria; esclavitud por deudas; matrimonios
forzados...
Tomado muy en serio por las instancias internacionales, el Índice de Walk Free
se va imponiendo como una radiografía
aleccionadora e inquietante de la esclavitud contemporánea.
La primera clasificación –por prevalencia y riesgo de esclavitud– establece que los
10 países más afectados por el problema
son Mauritania, Haití, Pakistán, India, Ne1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

55
AP photo / Dominic Lipinski

Casa-cárcel del distrito de Lambeth

El infierno de Brixton
L
LEONARDO BOIX

pal, Moldavia, Benín, Costa de Marfil, Gambia y Gabón.
Y en términos absolutos los 10 países con el mayor número de esclavos son
India (con entre 13 millones 300 mil y 14
millones 700 mil seres humanos esclavizados), China (de 2 millones 800 mil a 3
millones 100 mil), Pakistán (de 2 millones
a 2 millones 200 mil), Nigeria (de 670 mil a
740 mil), Etiopía (de 620 mil a 680 mil), Rusia (de 490 mil a 540 mil), Tailandia (de 450
mil a 500 mil), Congo Democrático (de 440
mil a 490 mil), Birmania (de 360 mil a 400
mil) y Bangladesh (de 330 mil a 360 mil).
Estos 10 países albergan 76% del total
estimado de 29.8 millones de esclavos en
el mundo.
Por otra parte, los 10 países con menor
prevalencia de esclavitud moderna son Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Norue-

56

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

delitos de inmigración. Aunque ambos quedaron en libertad bajo fianza, en enero deberán comparecer ante la justicia.
Tras una investigación policial de un mes
se supo que el matrimonio Balakrishnan
mantuvo bajo esclavitud a tres mujeres, una
británica de 30 años (presuntamente nacida
en cautiverio), una irlandesa de 57 y una malasia de 69.
Las pesquisas comenzaron el 21 de octubre luego de que una de las cautivas, la
irlandesa, contactó por teléfono al grupo
Freedom Charity y denunció su caso. Las
llamadas se produjeron después de que la
mujer viera en televisión un documental en
el cual esa ONG británica narraba casos de
matrimonios forzados.

La policía también revisó el caso de Sian
Davies, joven muerta en circunstancias poco claras en 1997. Esta galesa falleció después de haber caído de la ventana de una
casa donde vivía una comuna vinculada
también con los Balakrishnan.
El caso fue televisado ese mismo año
en un documental de la cadena ITV. En él
aparece brevemente Aravindan Balakrishnan capturado por la cámara. Esa eviden-

http://www.thv11.com

ONDRES.- El pasado 21 de noviembre
Gran Bretaña –que en 1833 abolió la
esclavitud en todos sus territorios–
supo del caso de tres mujeres esclavizadas durante más de 30 años en una casa del distrito de Lambeth, barrio de Brixton, en el sur de esta capital. Ese día fueron
detenidos el indio Aravindan Balakrishnan,
de 73 años, y su esposa, la tanzana Chanda, de 67, quienes residen en Inglaterra
desde los sesenta.
El matrimonio había formado hace más
de 30 años un grupo maoísta, el Centro Memorial Mao Zedong, donde conoció a dos
de las mujeres a las que después esclavizó. La pareja fue detenida bajo sospecha de
trabajos forzados y esclavitud y por cometer

En las conversaciones telefónicas, realizadas a escondidas, las tres mujeres dijeron
haber sufrido durante años “abusos físicos y
mentales” de parte del matrimonio. Revelaron que las forzaban a realizar las tareas domésticas además de cumplir otras labores,
siempre recluidas en el sótano.
“Vivían todos como un colectivo; dos de
las mujeres habían conocido al hombre a través de intereses políticos comunes (el grupo
maoísta)”, indicó Scotland Yard en uno de los
primeros comunicados sobre el caso.
Luego de su liberación –cuando el matrimonio Balakrishnan no estaba en la casa–
las tres mujeres fueron llevadas a un refugio
provisto por Freedom Charity; allí comenzaron a ser interrogadas por la policía.
En las primeras redadas en la vivienda,
la policía encontró el acta de nacimiento de
la única británica del grupo, quien habría pasado toda su vida en cautiverio y sometida a
servidumbre.
El periódico Daily Mail, el cual siguió de
cerca el caso, informó el pasado 25 de noviembre que esa mujer le escribió más de
200 cartas y poemas a una vecina durante
ocho años, advirtiéndole de su situación.
Desde la liberación de las tres mujeres,
medio centenar de policías han ido casa por
casa en los alrededores de la vivienda para
determinar por qué ningún vecino sospechó
ni vio nada.

Sylvie O’Dy. Operación rescate
I NTERNAC I ONAL / DEREC HOS HU M A N O S
cia está siendo estudiada por la autoridad.
Según la BBC la malasia sería Siti Aishah
Abdul Wahab, aunque las autoridades se negaron a confirmar oficialmente su identidad.
Los familiares de esta mujer –desaparecida
en Londres en los sesenta luego de haberse
asociado con un grupo maoísta– viajaron a
esta capital.
Zan Azlee, periodista malasio, cuya madre es prima hermana de Siti Aishah, declaró a la BBC que la familia fue alertada luego
de que el nombre de la mujer fuera dado a
conocer por varios medios.
Azlee dijo que en los sesenta “la estudiante brillante” decidió viajar al Reino Unido para inscribirse en una universidad, pero
al poco tiempo se vinculó con un grupo izquierdista del cual la familia nunca tuvo conocimiento. Su familia trató de convencerla
de que volviera a su casa, pero la comunicación entre ellos “comenzó a apagarse”. El
último contacto fue en los ochenta.
El caso que conmocionó a la opinión pública británica llevó a la ministra del Interior,
Theresa May, a confirmar que el gobierno de
coalición encabezado por David Cameron
presentará un proyecto de ley para desterrar por completo la esclavitud moderna en
el Reino Unido.
May incluso subrayó que éste “es un
problema creciente en el país” y que hará
de ese “delito aborrecible” una prioridad
personal”.
Según May el caso ha generado “conciencia pública” sobre el tema.
“La esclavitud moderna está por todos
lados, nos rodea, se esconde a plena luz del
día, abastece comercios y supermercados,
suple de personas para labores en el campo, en fábricas, bares o burdeles, se esconde detrás de cortinas en una vivienda de una
casa común”, dijo.
Subrayó que el problema “sería mucho
más amplio” e indicó que el número de vícti-

mas de esclavitud en el Reino Unido aumentó 25% desde 2012.
May detalló además planes para reformar la ley antiesclavitud de Gran Bretaña y
nombrar a un comisionado especialmente destinado a controlar la labor de las distintas agencias y grupos que trabajan para
erradicar la esclavitud en el país.
Por su parte, Andrew Boff, de la alcaldía
de Londres, sostuvo que Gran Bretaña tiene
ya “demasiados casos de personas traficadas o esclavizadas”, en tanto que el parla-

mentario laborista Frank Field indicó que el
reciente caso de las tres esclavas de Brixton
“podría ser sólo la punta del iceberg”.
Aneeta Prem, fundadora de Freedom
Charity y quien ha estado trabajando en el
caso, expresó que las tres mujeres esclavizadas “han tenido experiencias traumáticas y
perturbadoras, las cuales nos han revelado”.
“Lo que ahora se necesita es que las
tres sean capaces de emprender su rehabilitación sin ser molestadas ni identificadas”,
concluyó.

ga, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Irlanda e Islandia.
Precisan los investigadores de Walk
Free: “Islandia, Irlanda y Gran Bretaña empatan en el rango 160 del Índice (el rango uno
indica una situación de esclavitud moderna
severamente concentrada; el 160 representa la de menor concentración), pero esto no
significa que estén libres de esclavitud.
“Hay entre 4 mil 200 y 4 mil 600 personas en condiciones de esclavitud sólo en
el Reino Unido. Un análisis de la situación
en ese país muestra que podría hacer más
esfuerzos para combatir el problema.”
Relevante también es el análisis regional de prevalencia y riesgo de esclavitud.
Europa alberga 1.82% de los 29.8 millones de víctimas, según Walk Free. Los expertos se muestran insatisfechos con sus
estimaciones en el caso de Bulgaria y Ru1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

57
mania. Se quejan de que las estadísticas oficiales de estos dos países son incompletas.
Y 3.78% de los esclavos modernos se
hallan en América. Canadá y Estados Unidos aparecen como los principales destinos para la trata. Haití es con mucho la
nación americana más golpeada por la esclavitud, sobre todo la infantil, que afectaría a 225 mil niños convertidos en restaveks.
Concebido originalmente para enviar a
los infantes a la ciudad con parientes adinerados para que pudieran recibir educación y
disfrutar una vida mejor, el sistema restavek
(corrupción del francés “reste avec” o “quedarse con”) se convirtió en los últimos años
en una sórdida trata de menores condenados a una servidumbre infrahumana.
Según datos de la Unicef es usual que
un restavek de 15 años, desnutrido y maltratado, llegue a medir cuatro centímetros
menos y a pesar 20 kilos menos que sus
compatriotas de la misma edad.

El paso a EU
México está en el rango 107 del Índice de esclavitud global 2013 y se le señala como zona de tránsito de la trata de centro y sudamericanos hacia Estados Unidos.
“Una consecuencia de esa situación es
una economía criminal altamente desarrollada que se alimenta de los migrantes
económicos a quienes trafica y esclaviza”,
precisan los analistas de Walk Free.
En Asia está 72.14% del total de esclavos modernos del mundo. “Es una región de contrastes donde coexisten países
con prevalencia y riesgo de esclavitud relativamente bajos, como Australia y Nueva Zelanda, y otros que destacan entre los
peores a escala internacional, como Pakistán, Tailandia y, sobre todo, India”, enfatizan los autores del informe.
La situación en India dista de ser homogénea y es particularmente grave en
los estados de Uttar Pradesh y Bihar, caracterizados por sus altos niveles de formas hereditarias de esclavitud, sobre todo
en zonas rurales, y por alimentar un intenso tráfico de personas hacia otros estados indios.
También existe una gran disparidad jurídica en relación con la esclavitud en Asia:
Australia y Nueva Zelanda tienen un sólido cuerpo de leyes al respecto; Filipinas intenta innovar y modernizar su legislación
para luchar contra la alienación de las empleadas domésticas, mientras China y Japón siguen con pocas leyes o políticas de
lucha contra ese fenómeno.
El África Subsahariana es la mayor de
las regiones analizadas por el Índice. Alberga 16.36% del total de los esclavos modernos. Los expertos de Walk Free enfatizan la situación en Mauritania: “La
transmisión hereditaria de la condición
de esclavo es muy arraigada en ese país,

58

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

el cual tiene 3.8 millones de habitantes
y un número de esclavos que oscila entre 200 mil y 220 mil. Mauritania enarbola
además altos niveles de matrimonio infantil y destaca por sus redes de trata de
seres humanos”.
Diko Hanoune, secretario general de la
Asociación de los Haratins (descendientes
de esclavos) de Mauritania radicados en
Europa, destaca:
“La condición de esclavo se transmite
de generación en generación. Los esclavos
pueden ser vendidos, alquilados o regalados. Se les prohíbe tener bienes materiales. Peor aún, se les sigue considerando
bienes y no personas. (...) La ley prohíbe la
esclavitud desde 2007, pero nadie la respeta. En los seis últimos años una sola víctima se atrevió a pedir su aplicación.”
Walk Free estima que 3.36% de los esclavos modernos se encuentran en Rusia y Eurasia. Turkmenistán, Uzbekistán
y Azerbaiyán muestran altos niveles de
riesgo de esclavitud.
Según Human Rights Watch cada año el
gobierno uzbeko obliga a 1 millón de personas a participar en la cosecha de algodón
durante dos meses. Precisan los expertos
de Walk Free: la estimación de ese trabajo
forzado “se suma a la de 160 mil a 180 mil
esclavos modernos permanentes. Eso significa que durante dos meses Uzbekistán
se convierte en el país con la segunda prevalencia más alta de esclavitud moderna
en el mundo después de Mauritania”.
Agregan: “Existen formas complejas
de migración laboral entre los países de
Europa Central y Oriental y muchas generan alarmantes situaciones de explotación. La gran economía rusa atrae a trabajadores vulnerables, algunos de los cuales
acaban siendo esclavizados en la agricultura o la construcción”.

Noráfrica y Medio Oriente
La última región analizada por Walk Free
es la de Medio Oriente y el Norte de África,
donde se concentra 3.78% de las víctimas
de la esclavitud moderna.
El creciente tráfico de migrantes hacia
Europa Occidental procedentes del África
subsahariana y de Asia aumenta considerablemente el riesgo de esclavitud en esa
zona geográfica, advierten los autores del
informe.
Recalcan: “Esa región tiene el nivel
mundial más alto de discriminación contra la mujer. Los cambios que se dan después de la Primavera Árabe ponen en duda la continuidad de políticas de lucha
contra la esclavitud iniciadas en una serie
de países clave. En los últimos años Egipto, Siria y Marruecos aprobaron leyes adecuadas, pero debido a incesantes conflictos y movilizaciones sociales éstas siguen
siendo letra muerta”.

Agregan: “Varios países de Medio Oriente recurren cada vez más a mano de obra
extranjera. Se calcula que los trabajadores extranjeros representan entre 40 y 90%
de la población de Jordania, Arabia Saudita, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y
Kuwait. No todos los migrantes están esclavizados, pero muchos enfrentan situaciones que fomentan la esclavitud”.
Qatar está en la mira de la prensa y de
las ONG internacionales desde que la FIFA le confió la organización del Mundial de
Futbol de 2022. Ese país sale bastante mal
parado en una amplia investigación publicada el pasado 25 de septiembre por el diario británico The Guardian con un título elocuente: Qatar’s World Cup Slaves (“Esclavos
de la Copa del Mundo de Qatar”).
Con base en documentos entregados
al periódico por la embajada de Nepal en
Doha, The Guardian estableció que entre los pasados 4 de junio y 8 de agosto,
44 albañiles nepaleses fallecieron mientras trabajaban en la construcción de infraestructura para el Mundial. Esos jóvenes estaban sanos al llegar a Qatar, pero
al cabo de pocos meses la mayoría sufrió
infartos cuando no murió en accidentes
laborales.
Se calcula que 94% de la mano de obra
es extranjera en Qatar. El número de migrantes oscila entre 1 millón 200 mil y 1
millón 400 mil; vienen de Nepal, Filipinas,
Pakistán, Indonesia o Bangladesh y la mayoría trabaja en condiciones indignas, denuncian Human Rights Watch, Amnistía
Internacional y organizaciones que luchan contra la esclavitud.
The Guardian describe las jornadas laborales de los migrantes: a temperaturas
de 50 grados, ritmo de trabajo infernal, acceso limitado al agua potable, hospedaje
en cuchitriles desprovistos de sanitarios...
El pasado 17 de noviembre Amnistía
Internacional publicó un informe demoledor sobre la situación de las 80 mil empleadas domésticas en Qatar.
Como los demás migrantes, tienen que
someterse a un sistema de padrinazgo. Todo extranjero deseoso de trabajar en Qatar debe tener un padrino para entrar al
país. Los trabajadores no pueden abrir una
cuenta bancaria, moverse de una ciudad
a otra, cambiar de empleo o regresar a su
patria sin el visto bueno de sus padrinos.
Estos casi siempre son los empleadores,
quienes además confiscan los pasaportes
de los migrantes.
Las empleadas domésticas trabajan
más de 12 horas diarias los siete días por
un salario generalmente inferior al prometido. Muchas sólo se alimentan de las
sobras de sus “amos”, viven en condiciones insalubres y no tienen recursos legales para defenderse, pues el trabajo doméstico no está previsto en el derecho
laboral qatarí.
elmalpensante.com

Un capo

de culto

RAFAEL CRODA

Para las autoridades colombianas y para el mundo
Pablo Escobar era un asesino sin escrúpulos, el jefe
de un poderoso cártel que puso en jaque al Estado. Para los habitantes de los barrios más pobres
de Medellín, en cambio, el capo fue un benefactor
a quien rinden culto y al cual han convertido en un
santo, como ocurrió con Jesús Malverde en Sinaloa.
A 20 años de la muerte del Patrón, su tumba es ahora un lugar obligado de peregrinación.
60

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

M

EDELLÍN, COLOMBIA.- Desde hace 20 años la tumba 032-71 del cementerio Jardines
Montesacro de Medellín no
ha dejado de tener flores
frescas y visitantes. A ella
se acercan cada día decenas de curiosos,
turistas y personajes del ámbito popular
en lentes oscuros, circunspectos, que llevan a cuestas su devoción por el difunto.
–Muchos le rezan, tallan la lápida y dicen que hace milagros –afirma la empleada administrativa del cementerio, Silvia
Restrepo.
El sitio de peregrinación es la tumba
del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, quien este lunes 2 cumplirá 20 años de
I NTERNAC I ONAL /C OLO M B IA
–¿No le preocupa la religiosidad distorsionada que Pablo Escobar suscita entre
esos jóvenes? –preguntamos al sacerdote.
–No me escandalizo –afirma–. Son jóvenes que nunca han tenido una formación en la fe y han buscado su propia
religiosidad. Si Pablo Escobar es visto
como un santo es porque para ellos es
una figura cautivadora con plata y poder
y relativizó criterios morales y religiosos.
Relativizó el robo, el asesinato, como muchos de ellos lo hacen.
El politólogo colombiano Gustavo
Duncan, estudioso del narcotráfico, considera que Escobar se ha convertido “en el
Malverde paisa (forma popular para referirse a los oriundos del departamento de
Antioquia, cuya capital es Medellín)”. Los
bandidos paisas le rinden culto y lo veneran, como los delincuentes del noroeste
mexicano con Jesús Malverde.

Bandido social

la base social que creó en Medellín para
hacerse elegir congresista en 1982.
El entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, emprendió una cruzada en
su contra hasta lograr, en octubre de 1983,
que la Cámara de Representantes (diputados) le retirara el fuero para juzgarlo por los
homicidios de dos policías, lo que lo obligó
a anunciar su retiro de la política.
El 30 de abril de 1984 Lara Bonilla fue
asesinado por dos sicarios de Escobar en
Bogotá en una acción que marcó el principio de una guerra del jefe del Cártel de
Medellín contra el Estado colombiano y la
cual se prolongó casi una década. El entonces presidente Belisario Betancur respondió ante el homicidio de su ministro
de Justicia con la reactivación de un tratado de extradición con Estados Unidos. El
capo y sus socios se convirtieron en objetivos de la justicia estadunidense, lo que
dio un sentido político a la narcoguerra
contra el Estado.
“Preferimos una tumba en Colombia
que una cárcel en Estados Unidos”, fue el
lema con el que surgió en 1984 el grupo de
Los Extraditables, brazo armado del Cártel de Medellín que desató una ofensiva
militar y narcoterrorista. Según estimaciones oficiales, ese embate dejó 5 mil 500
víctimas, entre ellas el director del diario
El Espectador, Guillermo Cano; el procurador Carlos Mauro Hoyos; el exdirector de
la policía antinarcóticos Jaime Ramírez; el
comandante de la policía de Medellín, Valdemar Franklin Quintero; el exministro de
Justicia Enrique Low Murtra y el candidato
presidencial Luis Carlos Galán.
Tras la muerte de Galán en agosto
1989, su sucesor como candidato presidencial del Partido Liberal, César Gaviria
Trujillo, debía abordar un vuelo de Avianca
de Bogotá a Cali; era el 27 de noviembre de
ese mismo año. Gaviria no llegó a tiempo

Para Duncan, Escobar fue “un bandido social y debe ser comprendido en esos términos. Fue alguien que organizó a los
bandidos rasos de las comunas (las barriadas pobres de Medellín), los sacó de robar
bancos y carros y los convirtió en delincuentes de primer orden a su servicio”.
“Escobar”, explica, “asumió el control
de quienes manejan la violencia y lo hizo
además con una aspiración de dominación social y control político. A través de
los bandidos de barrio repartía plata en
las comunidades y ante ellas asumía funciones de autoridad.
“Ocupó los vacíos que dejó el Estado, les prometió a esos sectores excluidos que a través del crimen obtendrían lo
que nunca han tenido. Y lo cumplió. Por
eso era demasiado poderoso. Era una fuerza criminal, social, política y económica.”
–¿En ese sentido fue un mafioso innovador? –preguntamos al autor del ensayo Una lectura política de
Pablo Escobar.
–¡Claro! Fue uno de los tipos
más talentosos del siglo XX. Él inventó esa superestructura en Medellín y él decide usar esa fuerza no
sólo para someter a los narcotraficantes y hacer funcionar su negocio de exportación de droga, sino
inclusive para declararle la guerra
al Estado.
Además de ser un pionero en la
industrialización del negocio de la
cocaína, la cual según estudios le
generó a Colombia al menos 18 mil
millones de dólares en los ochenta
–equivalentes a 3.6% del producto
Su tumba. Veneración popular
nacional de la época–, Escobar usó
Reuters

muerto. Convertido en un mito y un capo
de culto para amplios sectores marginales de su natal Medellín, es visto por éstos
como un modelo, como un bandido icónico capaz de hacer que las “vueltas” del
bajo mundo –desde el envío de un cargamento de cocaína a México hasta un homicidio por encargo– salgan bien.
Hace un mes sus familiares mandaron
remodelar la tumba. Se trata de un espacio
de cinco metros cuadrados a un costado
de la iglesia del cementerio y sobre el cual
ahora se tiende una capa de grava blanca
de la cual sobresalen dos lajas y un bonsái.
Es un diseño austero pero digno del
Patrón, a quien acompañan en su última morada sus padres Hermilda y Abel;
su hermano menor, Luis Fernando; su tío
Juan Manuel Escobar; su nana Teresa Vergara y su guardaespaldas Alfonso de Jesús
Agudelo, Limón, quien murió con él en un
enfrentamiento con la policía.
Antes de la remodelación del mausoleo
familiar, al pie de las siete lápidas de mármol verde sólo había pasto. Con frecuencia
el jardinero encargado del mantenimiento
del lugar encontraba entre la hierba casquillos y municiones. Desde que desapareció el
pasto del módulo central, los casquillos son
arrojados tras la lápida de Escobar.
–Por aquí se encuentra uno de todo.
Drogas, mariguana, polvito blanco que le
arrojan a su tumba esas gentes (narcotraficantes, delincuentes); muchas balas,
estampitas del Santo Niño de Atocha y
mensajes de gracias por favores recibidos
–dice a Proceso un trabajador del cementerio quien se identifica como Andrés–,
pero eso no le gusta a su familia y por eso
limpian diario.
Un hombre de unos 40 años con lentes
Ray-Ban de gota, tenis amarillos y gorra
café llega a visitar la tumba. Permanece
en silencio frente a la lápida de Escobar
10 minutos, al cabo de los cuales se persigna y se retira. Más tarde llega un grupo
de turistas en un pequeño autobús. Todos
posan para la foto junto a la sepultura del
abatido jefe del Cártel de Medellín.
Juan Carlos Velázquez, sacerdote dedicado a trabajar con jóvenes de las pandillas de Medellín, considera que desde la
muerte de Escobar la figura del capo ha vivido “un proceso de mitificación el cual
lo tiene convertido en una leyenda: es el
modelo a seguir para la masa reprimida,
olvidada, para los delincuentes de las comunas que no encuentran otra salida y se
ven abocados al narcotráfico y al sicariato.
“Ellos lo ven como un santo y un personaje que, de la pobreza, llegó a ser uno
de los hombre más ricos del mundo (con
una fortuna de tres mil millones de dólares, según la revista Forbes)”.

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

61
Le achacaron delitos de más
RAFAEL CRODA

B

OGOTÁ.- El narcotraficante colombiano
Pablo Escobar Gaviria, quien este lunes 2 de diciembre cumple 20 años de
muerto, siempre se quejaba de que las autoridades le atribuían muchos más crímenes y
más atroces de los que en realidad cometió.
En algunos casos, como los asesinatos
de los candidatos presidenciales izquierdistas Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro
–ocurridos en marzo y abril de 1990–, las
investigaciones judiciales le dieron la razón.
Ambos homicidios, que se le achacaron al
jefe del Cártel de Medellín en un principio,
fueron cometidos en realidad por el clan paramilitar de los hermanos Castaño en complicidad con agentes del Estado.
En otro magnicidio que sacudió al país
–el del candidato presidencial del Partido
Liberal Luis Carlos Galán– las pesquisas judiciales se han encargado de exculparlo en
forma parcial.
En lo que constituye un giro en la indagatoria de ese crimen, ocurrido el 18 de
agosto de 1989, la Fiscalía colombiana reve-

y el avión explotó en el aire poco después
de despegar. Escobar había hecho colocar
una bomba en la aeronave, cuyos 110 ocupantes murieron.
Para Fernando Cepeda, exministro
de Gobierno del presidente Virgilio Barco
(1986-1990), Escobar representa “la mayor
amenaza que haya enfrentado la gobernabilidad democrática en Colombia. Penetró todas las instituciones del Estado,
corrompió todas las instituciones y esto
ocurrió porque hubo importantes sectores
del país que se relajaron frente al fenómeno del narcotráfico y no sólo lo toleraron,
sino que se beneficiaron del mismo”.

Memorial
La alcaldía de Medellín prepara un memorial de las víctimas de Escobar. Será el primer
paso de un proceso que busca la reparación
simbólica para los miles de coterráneos del
capo que padecieron su violencia.
“Queremos que esa reparación contribuya a que los habitantes de la ciudad tomen conciencia real de lo que significó ese
periodo negro de nuestra historia. En esa
época surgió el sicariato y miles de jóvenes
fueron reclutados por Escobar porque no
tenían otra manera de hacerse de ingresos.
“En lo económico muchos sectores se
vieron beneficiados de esta actividad cri-

62

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

ló hace unos días que, además de Escobar,
en el complot que condujo a la muerte del
dirigente político participaron los hermanos
Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del Cártel de Cali y acérrimos enemigos
del líder del Cártel de Medellín, así como los
agentes del Estado encargados de la seguridad del aspirante presidencial con más
posibilidades de ganar los comicios que se
realizarían en mayo de 1990.
El senador Juan Manuel Galán, hijo del
candidato presidencial asesinado, dice a
Proceso que desde la muerte de Escobar
“más culpas terminaron endilgándole y es
probable que algunas de ellas no sean verdad. A mí me queda absolutamente claro
que él fue uno de los asesinos de mi padre,
pero no fue el único. No tuvo toda la responsabilidad que se le endilga, como quisieron
hacer parecer algunas autoridades”.

Alianza criminal
Durante 23 de los 24 años que han transcurrido desde el magnicidio de Galán, las

minal y en lo cultural hubo un trastocamiento de los valores. Muchas personas
de Medellín consideraron que el dinero fácil proveniente de esa actividad ilícita podría ser una fuente de ingresos legítima, y
no el trabajo y la educación”, dice el consejero de la alcaldía para la Convivencia y
la Reconciliación, Jorge Mejía.
Según la investigación de Mejía, la
guerra de Escobar produjo en Medellín
unos 200 atentados explosivos, más de
500 policías asesinados y 38 mil 400 homicidios entre 1984 y 1993, lo que convirtió a
esta urbe –la segunda más importante de
Colombia– en la más violenta del mundo.
Sólo en 1991 la cifra de homicidios llegó a
6 mil 349, cinco veces más que la de 2012.
De acuerdo con Mejía, el jefe del Cártel de Medellín fue “una tragedia para el
país y para la ciudad y las consecuencias
de sus acciones criminales y corruptoras
las estamos sufriendo hoy, cuando tenemos un sector de la población que todavía no distingue claramente las fronteras
de lo legal y lo ilegal y al cual le da lo mismo moverse en uno u otro ámbito. Estos
sectores son lo que lo han convertido en
un mito”.
Para Mejía las labores de tipo social
que desarrolló Escobar en la ciudad, como
la construcción de casas y deportivos,
“simplemente eran parte de una estrate-

investigaciones se centraron en Escobar,
quien tenía móviles claros para asesinar al
candidato liberal: él lo había expulsado en
febrero de 1982 del Nuevo Liberalismo, su
corriente política, y como aspirante a la Presidencia prometía acabar “con el poder oscuro y criminal del narcotráfico”, una frase
temeraria en un país cuya clase política e
instituciones vivían atemorizadas o cooptadas por los cárteles de la droga.
El año anterior, la Fiscalía colombiana decidió crear la Unidad de Análisis y Contexto,
cuyo cometido es retomar las investigaciones de mayor impacto público y establecer
sus eventuales vínculos. La Unidad encontró similitudes entre los homicidios de Galán, Jaramillo y Pizarro, y determinó que los
tres fueron autoría de “una alianza criminal de
narcos, paras, políticos, representantes de
sectores económicos y algunos agentes del
Estado que en la década de los 80 actuaron
de manera conjunta para ejecutar una variedad de planes criminales”.
El senador Galán explica que la investigación del crimen de su padre sufrió muchísimos

gia política clientelista en busca de un respaldo social que le permitiera potenciar
sus ambiciones políticas y hacer frente a
la persecución de las autoridades”.

El barrio
Por más que las autoridades de Medellín se
han empeñado en cambiar el nombre del
barrio, no hay remedio. Sus 16 mil habitantes lo llaman “Pablo Escobar” y ni siquiera
en los actos oficiales de titulación de viviendas aceptan omitir la marca de la casa.
Se trata de un conjunto de casas de ladrillo apiladas en la pendiente de un cerro
en la Comuna 9 de Medellín. Hay largas escaleras en vez de aceras y sólo la calle principal, la 38-B, está pavimentada. No hay
cómo perderse para dar con el lugar. Basta
seguir cuesta arriba por la 38-B hasta que
aparece un anuncio sobre una gran pared
en vistosas letras azules: “Bienvenidos al
barrio Pablo Escobar. ¡Aquí se respira paz!”
El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, Wberney Zabala Miranda, exmilitar lisiado en un combate con
la guerrilla, dice que los habitantes de
ese asentamiento popular han pagado
un precio alto en su empeño por reivindicar la figura y el “buen nombre” de Escobar. “No tenemos escuela, centro de salud,
parque ni cancha de juegos”, se queja.
I NTERNAC I ONAL /C OLO M B IA

AP photo

tropiezos durante la primera fase debido a que
el entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, la oficina de inteligencia del Estado), general Miguel Maza

Hace dos años, la Corte Suprema de Justicia condenó a 24 años de prisión al político
y excongresista Alberto Santofimio al considerarlo responsable de instigar a Escobar a
asesinar a Galán, con quien rivalizaba al interior del Partido Liberal.

De acuerdo con la nueva línea de investigación, Santofimio fue un instrumento del
Cártel de Cali para involucrar a Escobar en
ese magnicidio, en el cual presuntamente participaron, además, Maza Márquez; el
exjefe de Protección del DAS, coronel Manuel González, y el capitán Luis Felipe Montilla, quien entonces era comandante de la
Policía en Soacha, municipio colindante a
Bogotá en el que ocurrió el atentado. Estos
tres últimos, que según la Fiscalía facilitaron
la comisión del crimen al flexibilizar el esquema de seguridad del candidato, fueron
llamados a juicio hace dos semanas.
El senador Galán afirma que el principal
hallazgo de la nueva investigación es que su
padre fue asesinado “en una coautoría del
Cártel de Medellín y el Cártel de Cali. Fue un
cálculo muy maquiavélico de los hermanos
Rodríguez Orejuela (hoy presos en Estados
Unidos) para involucrar en ese crimen a su
principal enemigo (Escobar) y al mismo tiempo deshacerse de un candidato con muchas
posibilidades de llegar a la Presidencia y que
iba a dar un duro combate al narcotráfico”.
“Lo que se está viendo es que la Policía y el DAS (desparecido hace dos años)
estaban cooptados por el Cártel de Cali”,
afirma el congresista del cogobernante
Partido Liberal.

le agradece a través de la persona que hizo
posible ese milagro.
Hace 29 años, doña Irene Gaviria era
pepenadora en el basurero de Moravia,
en el centro de la ciudad, cuando Escobar fundó este barrio y le regaló una casa
donde vive desde entonces con su esposo,
Francisco Flores Berrío.
“Todos los días oro por él. Era un hombre muy amable, educado, que quería mucho a los pobres. Debe estar en el reino
de los cielos intercediendo por nosotros”,
asegura mientras sostiene un viejo retrato del Patrón, quien en 1984 construyó 443
viviendas en este asentamiento. Todas las
regaló a pepenadores de Moravia. Ahora
son más de 4 mil casas con servicios básicos y “diablitos” en el tendido eléctrico.
Iván Hernández, uno de los fundadores del barrio, afirma que “los problemas
de Pablo eran con el gobierno, no con la
comunidad; ahí es donde hay un malentendido y por eso hemos sido víctimas del
abandono estatal”.
Escobar se proclamaba nacionalista y
de izquierda. Simpatizó con la guerrilla del
M-19, desmovilizada en 1990, y mantenía
duras posiciones contra “la oligarquía nacional”. En 1991, en el prólogo de un libro
sobre la extradición, escribió que la guerra
de esos años en Colombia no era entre el
Estado y un grupo de delincuentes.

“Todo lo contrario”, agregó: “Es la lucha de una clase dirigente vetusta y caduca que quiere, con el pretexto de estar
luchando contra el narcotráfico y el terrorismo, erradicar las fuerzas sociales comprometidas con el cambio institucional.”
El 19 de junio de 1991 Escobar se entregó a la justicia colombiana horas después
de que la Asamblea Nacional Constituyente prohibiera la extradición.
Lo recluyeron en “La Catedral” –prisión
en un cerro en la zona metropolitana de
Medellín–, donde tenía billar, jacuzzi, chef
personal, armas, mariguana (su vicio favorito) y una guardia pretoriana con sus
sicarios de mayor confianza. Siguió manejando su empresa trasnacional desde las
sombras y convirtió el recinto en un centro de tortura y muerte para sus enemigos.
El 21 de julio de 1992 él y sus escoltas
huyeron de ahí en medio de un errático
operativo del gobierno para trasladarlo a
un penal militar. Exhausto de la persecución policiaca y del acoso de sus enemigos, Los Pepes (alianza entre paramilitares
y el Cártel de Cali), El Patrón fue ubicado
mediante seguimiento de sus llamadas
telefónicas en una casa del sector Los Olivos de Medellín, donde fue abatido el 2 de
diciembre de 1993 junto con Limón, su último sicario y quien hoy yace junto a él en
Jardines Montesacro.

Márquez, y el de Investigación Criminal de la
Policía, general Óscar Peláez Carmona, “desviaron” las pesquisas al orientarlas “hacia una
única hipótesis, que era la participación del
Cártel de Medellín y de Pablo Escobar”.
El asesino material del candidato, Jaime
Eduardo Rueda Rocha –un paramilitar que
trabajaba para el narcotraficante del Cártel de Medellín Gonzalo Rodríguez Gacha y
quien disparó la ametralladora Mini Atlanta
380 utilizada en el magnicidio–, fue capturado un mes después de los hechos, pero el
18 de septiembre de 1990 se fugó de la cárcel bogotana de La Picota con la complicidad del DAS, según testigos.
El sicario murió en un enfrentamiento
con la policía un año y medio después. A las
pocas semanas, su medio hermano, José
Éver Rueda Silva, quien también participó
en el atentado contra Galán, murió asesinado a balazos en la cárcel Modelo de Bogotá.

A juicio

El asesinado Luis Carlos Galán. Escobar, culpado

El barrio tiene, en cambio, un santuario dedicado al capo, construido con los
aportes de la comunidad y en el que sobresale una imagen del Santo Niño de
Atocha. Está colocada sobre un pedestal
y bajo una media cúpula decorada con la
pintura de un jardín y un cielo muy azul.
Varias placas alrededor del santo, del cual
Escobar era devoto, patentizan la gratitud
de más de una decena de fieles por los favores recibidos y por las labores de protección que cumple la efigie.
Zabala no considera que el jefe del
Cártel de Medellín sea un santo “porque
aún no ha sido canonizado, pero de que
fue un hombre supremamente bueno, lo
fue, y también fue muy católico”.
–¿Está consciente de que fue un narcotraficante y un asesino?
–Claro –sostiene–, y esto sonará feo
decirlo, pero si no fuera porque él abrió las
puertas al mercado de drogas, Colombia
fuera un país pobre como Haití. Como ser
humano quizá cometió errores, pero por
todo lo bueno que hizo Diosito le abona
eso a favor.
–¿No le parece poco edificante convertirlo en una figura casi religiosa?
–¿Se imagina lo que es vivir en un basurero y que de un día a otro le den una
casa digna gratis, a cambio de nada? Pues
eso es un milagro de Dios y pues a Dios se

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

63
La

dictadora
AP photo /Jorge Saenz

Un libro de reciente aparición –Doña
Lucía. La biografía no autorizada, de
Alejandra Matus– muestra que Pinochet, ese “genio de la traición” como lo
calificó Orlando Letelier, no era a los
ojos de su esposa, Lucía Hiriart, más
que un “¡milico de mierda!”. La obra
de la periodista chilena revela, cómo la
mujer del dictador fue quien lo impulsó a traicionar a Allende, desesperada
porque al lado del general no tenía el
nivel de vida al cual la habían acostumbrado sus progenitores.

FRANCISCO MARÍN

V

ALPARAÍSO, CHILE.- Lucía Hiriart
Rodríguez, viuda del dictador
Augusto Pinochet Ugarte (19152006), fue quien convirtió “a su
rústico marido en el hombre
más poderoso de Chile (...) él,
más que sus hijos y ninguna otra obra, es
su auténtica creación”.
Esa es una de las conclusiones del libro Doña Lucía. La biografía no autorizada
(2013, Ediciones B) de la periodista Alejandra Matus, presentado el pasado 8 de noviembre en la Feria Internacional del Libro
de Santiago.
Matus es autora de una decena de vo-

64

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

lúmenes, entre ellos El libro negro de la
justicia chilena, uno de los trabajos de investigación periodística emblemáticos
del periodo posterior a la dictadura pues
aborda la manera de operar del Poder Judicial chileno y causó revuelo al prohibirse su circulación un día después de salir a
la venta en abril de 1999.
Matus subraya, en entrevista con Proceso, el importante papel que jugó Hiriart
en la vida de Pinochet y en la historia de
Chile, rol que –según su parecer– había
sido insuficientemente estudiado.
En relación con la influencia que habría tenido esta mujer en convencer a Pinochet de unirse al golpe militar contra
el presidente Salvador Allende, la perio-

dista señala que “su incidencia consistió en apoyar a su marido en este paso de
traición”.
En relación con esto, en Doña Lucía se
relata que a comienzos de 1974 los chilenos pudieron ver por las pantallas de Televisión Nacional de Chile la versión de
Hiriart: “Me costó convencer a Augusto, pero al final lo terminé por convencer.
‘Mira Augusto, yo no sé hasta cuándo los
militares van a seguir aguantando a estos rotos (pobres). ¿No te das cuenta de lo
que significa el desabastecimiento? ¿No
te das cuenta de las colas? ¿Dónde tienes puestos tus pantalones? ¿Me lo puedes decir?’”.
Matus apunta en su libro que “al finali-
LI B R O S

zar el primer semestre del nuevo régimen
era imposible contener el protagonismo
de la esposa de Pinochet”.
Ella construyó su propio núcleo de
poder con la creación del voluntariado femenino Cema (Centro de Madres),
que reprodujo la estructura jerarquizada del Ejército –donde ella era la mandamás– y llegó a tener 35 mil voluntarias y
casi 1 millón de socias. Las voluntarias
–sostén de la organización– eran reclutadas en forma casi obligatoria entre las
esposas de oficiales de las fuerzas armadas y funcionarios del Estado. La negativa
de una a participar en el Cema implicaba
truncar la carrera de su marido.
Según Matus, la esposa de Pinochet
“asumió el papel de celadora de la conducta moral de los integrantes no solamente del ejército, sino de ministros,
asesores, alcaldes”. Agrega: “Si ella tomaba conocimiento de que uno de ellos
había sido infiel a su mujer, exigía su remoción inmediata sin importar ninguna
otra consideración”.
–¿Pinochet le hacía caso? –le preguntamos.
–Por supuesto.
Esta posición de poder la comenzó a
forjar apenas iniciado el régimen militar.
Según se dice en el libro: “Ella tenía una
fuerza y ambición para la que no fueron
obstáculo las esposas de los demás comandantes en jefe, resignadas a tener
un papel secundario en la vida de sus
maridos”.
Hiriart se ocupó en aclararles que “por
ser la esposa del comandante de la rama
más antigua (de las fuerzas armadas) ella
siempre entraría primero a las ceremonias públicas y ocuparía el primer lugar”,
como se consigna en el libro de Alejandra Matus.
Esta imposición ocurría paralelamente a la que realizaba su esposo en
relación con los jefes de las otras ramas
castrenses. Desconociendo el compromiso de rotación en el mando de la junta militar, Pinochet se hizo declarar (entre 1973
y 1975) presidente de la junta de gobierno,
jefe supremo de la nación y presidente de
la República de Chile.
De esa manera los jefes de las otras
ramas de las fuerzas armadas –el general del Aire, Gustavo Leigh, el almirante
José Toribio Merino y el director de Carabineros, César Mendoza Durán– pasaron
a ser sus subordinados, lo cual no estaba
en sus planes originales.
Hiriart llegó a conseguir que su marido la colocara –según el protocolo de
gobierno– como segunda autoridad de

la República, incluso por sobre los jefes
castrenses.
Ella añoraba que las acciones de voluntariado y caridad la convirtieran en la
Eva Perón chilena. Incluso coqueteó con
la posibilidad de ser candidata presidencial luego de que su marido abandonara
La Moneda en 1990.
Ladrona como ella sola, no dudó en
utilizar recursos del Estado para construir grandes y lujosas mansiones familiares, en una de las cuales vive su solitario
ocaso.

Genios de la traición
Matus dice a Proceso que para instalarse
en posiciones de poder Hiriart traicionó
“a círculos de amistades cercanas al gobierno de Allende” y que habían sido muy
importantes en el avance de la carrera militar de su marido.
Alude al hecho de que Pinochet ordenó matar a autoridades a las cuales –junto con su esposa– había rendido pleitesía.
Fue el caso de los exministros de Defensa de Allende, José Tohá –muerto el 15 de
septiembre de 1974 en el Hospital Militar de Santiago– y Orlando Letelier –quien
tuvo varias carteras–, ultimado en Washington el 21 de septiembre de 1976.
El proceder traicionero de Pinochet fue
retratado por Orlando Letelier en su alocución ante la Comisión Internacional Inves-

El libro incendiario

tigadora de los Crímenes de la Junta Militar
en Chile, en la Ciudad de México en febrero de 1975.
Contó que Pinochet acudió a su oficina la mañana del día 10 de septiembre de
1973. “El general Pinochet hizo alarde de
sus condiciones democráticas, de sus sentimientos de admiración y lealtad al presidente Allende y de su decisión de cumplir
con su juramento de soldado, de defender
hasta las últimas consecuencias la Constitución y la persona del presidente de la
república”. Cuando hacía esto, Pinochet ya
era parte de la conjura.
En su discurso Letelier concluyó respecto de Pinochet: “Muchas veces cuando
se ve al general Pinochet haciendo declaraciones, uno tiene serias dudas de su capacidad intelectual. Lo que yo sí puedo
decirles es que es un genio de la traición”.
Lucía también fue una gran traidora. Y ni siquiera tuvo piedad con su familia, en la cual había militantes de los
izquierdistas partidos Radical y Comunista. “Varios familiares”, dice Matus a Proceso, “sufrieron en los días inmediatamente
posteriores al golpe la represión de la dictadura y la indiferencia de Lucía frente a
esa situación”.
Matus expresa que uno de los principales descubrimientos de su investigación fue constatar que el padre de Lucía,
el abogado, exsenador y exministro de Interior Osvaldo Hiriart Corvalán, “reprobó
privadamente la dictadura”.
Y luego del golpe éste “no hablaba a
su hija ni a su yerno, salvo situaciones de
fuerza mayor, como cuando tuvo que intervenir por algún familiar víctima de la
represión”.
Según la escritora, es Osvaldo Hiriart
–y no Lucía– quien intervino en favor de
sus sobrinas Mónica y María Luz Hiriart, y
de su hermano Jorge, todos los cuales sufrieron persecución política.
Mónica Hiriart –prima hermana de
Lucía– fue arrancada de su casa, donde
estaba con sus cinco hijos, a finales de
1973. La trasladaron a la Escuela Militar
donde comenzó su periodo de reclusión.
Como casi todos quienes entonces eran
secuestrados por agentes del Estado, sufrió tortura. Su padre, el médico Jorge Hiriart, acudió a su hermano Osvaldo a fin
de que éste le pidiera a su hija Lucía la
liberación de Mónica. Pero la esposa del
dictador se mostró implacable.
Según se cuenta en el capítulo 4, una
noche –mientras Mónica aún permanecía
detenida– Lucía llamó por teléfono a su
tío Jorge:

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

65
Crueldad que no se olvida
FRANCISCO MARÍN

V

ALPARAÍSO, CHILE.- El manto que ocultaba
la realidad de la tortura ha comenzado a
descorrerse. En ello ha influido la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) al Estado de Chile por negar el
derecho a la justicia a Leopoldo García Lucero.
Este hombre, radicado en el Reino Unido
desde 1975, fue víctima de torturas continuas
entre el 16 de septiembre de 1973 y el 12 de junio de 1975, fecha en la cual pudo salir de Chile
gracias a un decreto del Ministerio del Interior.
La Coidh no castigó el delito de tortura en
sí, sino el hecho de que Chile no hiciera una
investigación de oficio pese a conocer desde
1994 lo ocurrido a García Lucero.
Éste envió el 23 de diciembre de 1993 una
carta al estatal Programa de Reconocimiento al
Exonerado Político en Chile, en la cual narraba
lo sufrido. La institución estatal acusó recibo
del documento un año después.
Aunque en octubre de 2011 la Corte de Apelaciones de Santiago acogió una denuncia de García Lucero y ordenó que se iniciara una investigar
judicial por su caso, el tiempo transcurrido entre
que fue informado de los hechos y el comienzo del
juicio –16 años, 10 meses y siete días– fue considerado demasiado largo por la Coidh.
“Debido a la excesiva demora en iniciar la
investigación de las torturas, Chile es internacionalmente responsable por la violación de los
derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial”, señala el fallo condenatorio.

El tribunal internacional ordenó a Chile continuar y concluir la investigación “dentro de un plazo razonable” y pagar la cantidad fijada por daño
inmaterial (cerca de 20 mil libras esterlinas).

Este fallo condenatorio en el caso García Lucero ocurre en un momento de despertar de la memoria colectiva respecto del drama de la tortura.
Este fenómeno se desplegó con fuerza
por la conmemoración de los 40 años del golpe militar. Numerosos programas de televisión
abordaron el tema. Víctimas de la tortura entregaron minuciosos detalles de lo sufrido. El país
entero se enfrentó a una realidad que se había
tratado de mantener oculta.
Dos semanas antes del 11 de septiembre
de 2013 se presentó en el puerto de San Antonio (a 100 kilómetros de la capital chilena) el
libro El despertar de los cuervos (Ceibo) del periodista Javier Rebolledo.
El auditorio del nuevo centro cultural de
esta ciudad –con capacidad para 500 personas– se llenó y cientos quedaron afuera. El hecho causó conmoción, quizás porque –a pesar
de haber sido una de las ciudades más afectadas por la represión política– sus habitantes
nunca se han podido liberar del todo del yugo
que significó haber sido sometidos por el entonces coronel Manuel Contreras.
Éste era comandante del Regimiento de

Ingenieros Tejas Verdes, el laboratorio que dio
forma a la Dirección Nacional de Inteligencia
(Dina), de la que fue creador y director.
Según se señala en el libro, Tejas Verdes
fue “el nido de la Dina”. Allí se capacitaron en
métodos de tortura cientos de uniformados
que pasaron a integrar las filas de la Dirección
Nacional de Inteligencia.
Cosme Caracciolo, líder histórico de los
pescadores artesanales chilenos, entregó a
Proceso el testimonio del horror vivido por él
en dicho centro de detención:
“Tejas Verdes representa para mí una de
las cuestiones más tristes, más turbias y más
oscuras que se pueda recordar de la dictadura.
Fíjate que cualquier persona que pasaba por
el puente Las Rocas, hacia San Antonio o hacia Las Rocas de Santo Domingo, podía ver el
campo de concentración, podía ver las torretas
con las ametralladoras. Era igual que las imágenes que guardábamos de las terribles películas de los campos de concentración nazi.
Eso era lo que la gente veía, y yo creo que eso
se hizo para infundir terror en la población.”
Caracciolo señala que fue detenido el
10 de marzo de 1975 en una redada contra militantes del Movimiento de Izquierda
Revolucionario:
“Estaba en mi casa, ese día habíamos estado trabajando en la mar con mi padre y con
otro par de compañeros pescadores (...) cuando desperté me di cuenta que los militares es-

“–Este es el resultado de la educación
que le diste a tus hijas –le reprochó la ahora primera dama.
“–Ten más respeto. No te olvides que
yo todavía continúo siendo tu tío –le respondió él.”
Mónica Hiriart –entonces de 37 años–
sólo fue liberada en enero de 1974 “bajo
la condición que se fuera de Chile en 10
días”. En Buenos Aires la acogió Victoria
Bedanoff Hiriart, también prima de Lucía,
una de las primeras psicólogas en tratar
a prisioneros –en especial militantes del
MIR– víctimas de prisión y tortura.

abogado masón francés Dominique Garat
Hiriart, quien en abril de 1789 fue elegido
diputado en los Estados Generales y llegó
a ser secretario de la Asamblea Nacional
Constituyente entre 1790 y 1791.
Entre sus familiares radicados en Chile
destaca su abuelo Luciano Hiriart Azócar,
quien combatió en la guerra del Pacífico (1879-1883) que enfrentó a Chile contra
Perú y Bolivia. En 1905 fue alcalde de Talca,
importante ciudad del centro sur de Chile. Su tío –hermano de su padre–, el abogado Luciano Hiriart, fue intendente de la
provincia de Antofagasta entre 1921 y 1923.
La madre de Lucía Hiriart, Lucía Rodríguez Auda, era hija del rico abogado
Eduardo Rodríguez Ramírez: “(Ella) llamaba la atención en su época porque fumaba, conducía y usaba pantalones”. De
familia católica, “descendía del hermano
de un obispo de Santiago, José Antonio Rodríguez Zorrilla, militante de la causa re-

alista que se opuso fervientemente a la
independencia de Chile”.
Este contexto familiar contribuyó a
que la futura esposa de Pinochet desarrollara desde muy niña un alto concepto de
sí misma.
Según se narra en el libro de Matus,
siendo una preadolescente y mientras se
encontraba en casa de familiares avecindados en Quillota –150 kilómetros al nororiente de Santiago–, “aquella chiquilla se
paraba en medio de las calles, levantando
el brazo para que los pocos vehículos que
circulaban entonces se detuvieran cuando decía: ‘Paren. Yo soy la hija del senador Hiriart’”.
Por todo lo anterior y considerando
que Augusto Pinochet provenía de una familia poco influyente, costó mucho que los
Hiriart Rodríguez lo aceptaran. En su fuero
interno, su propia esposa lo despreciaba.
Según revela Matus, Lucía “maltrataba

“¡Milico de mierda!”
Mucha de la soberbia de Lucía encuentra su raíz en su procedencia familiar. No
sólo su padre había ocupado destacadas
posiciones en el Estado y la sociedad chilenos. Entre sus antecesores se cuenta el

66

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

La memoria pertinaz
LI B R O S

taban dentro del dormitorio y me habían puesto en la cabeza el cañón de la ametralladora
(...) había uno que me pegaba con el cañón en
la cabeza, y yo miro al lado y veo a mi esposa,
la Tere, que estaba sentada en la cama, estaba llorando con la guagua (su hijo Luciano) en
brazos y yo les pedía a los militares, que venían
con gorro pasamontaña (...), que si me iban a
hacer algo, me sacaran de ahí.
“Me sacaron del dormitorio, mi mujer quedó llorando en la casa, en el patio me golpearon, me amarraron y me vendaron (...) Cuando me llevaron a la camioneta sentí el llanto de
mi hermana Belinda... ella estaba en la cabina
de la camioneta y me pedía perdón... ahí me di
cuenta, por sus gritos (...), que la habían sacado de la casa para que dijera dónde vivía yo.”
Al llegar al lugar de reclusión y después de
tenerlo un par de horas en el piso lo llevaron a
interrogatorio. “Lo único que pedía era que liberaran a mi hermana. (Ella) había tenido un
parto hacía muy poco... entonces yo lo único
que quería era que la liberaran”.
Como a los tres días uno de los guardias le
informó que la habían soltado. Poco después
ella se fue a Suiza, donde aún está radicada.
Cosme continúa: “Esa noche me llevaron a
sesión de interrogatorio, es decir de tortura (...)
Me metieron a una sala con la ropa que estaba
no más y me tiraron sobre una camilla o cama.
Me pusieron unos pernos metálicos en los lóbulos de los oídos y, bueno, ahí (comenzó) una
sesión de electricidad. Llegaba el momento en
que era tan fuerte la electricidad que uno empezaba como a convulsionarse... y ahí te paraban la electricidad y volvían a preguntarte huevadas, tonteras, estupideces (...)

“Para mí eran cuentos, invenciones, entonces no podía tener respuestas a esas cuestiones... creo que me desmayé después, porque
sentí cómo me llevaban en el aire y me tiraron
entre medio de los compañeros que estaban
en el piso.
“Toda esa noche estuvieron sacando compañeros y los sometían a lo mismo que me habían sometido a mí (...) no podías dormir... no
sabías si la luz estaba encendida o apagada.
No sabías si estaban los guardias adentro...
de repente escuchabas: ‘Aquí viene un huevón, aquí traemos uno’ y lo tiraban al piso (...)
yo intenté conversar con los compañeros que
llegaban para darles un poco de
fuerza (...) y nos agarraban a puntapiés y culatazos a los que tratábamos de conversar con los que
venían llegando. Esa fue la primera noche, fue una noche horrible,
y esto continuó así, sin parar.”
Caracciolo expresa que a pesar de lo horrible de las torturas,
lo peor fueron las humillaciones.
Durante los primeros cinco o seis
días de reclusión, cuenta, no recibió alimento alguno. Transcurrido ese tiempo le soltaron las
manos a él y a otros cuatro detenidos y los invitaron a comer. “Era
sólo una fuente para cuatro prisioneros. Yo, instintivamente, traté de apropiarme de la fuente, y
para hacerlo atiné a golpear a mis
compañeros”.
Dice que luego de unos segundos recapacitó, lloró y dejó

de comer. Esa experiencia la recuerda como la
peor de toda su vida. “Nos rebajaron a la categoría de seres irracionales, porque podría haber sido un hermano al que le pegaba por un
poco de comida”, manifiesta.
Caracciolo estuvo detenido casi tres meses, durante los cuales fue torturado casi todos los días. Al ser liberado les pidieron a él y a
otros prisioneros que contaran que habían sido
tratados bien.
Pese a los tormentos vividos, Caracciolo
–ahora de 60 años– inició una lucha clandestina contra la dictadura. Todavía es uno los dirigentes sociales más influyentes del país.

García Lucero. Justicia a destiempo

verbalmente” a Pinochet, “sobre todo en la
primera etapa de su matrimonio –verificado en Santiago el 30 de enero de 1943–,
porque estaba muy amargada y sentía que
él no estaba a altura de las aspiraciones
o fantasías de lo que debía haber sido su
marido”.
“‘¡Milico de mierda!’, comenzó a gritarle a su marido cada vez que discutían. Y
cuando empezaba los insultos manaban
de su garganta como una cascada imparable. ‘Destinación de mierda que te tocó,
¡inútil! ‘Yo no fui criada para esto, poca
cosa’. ‘¿Cómo fue que se me ocurrió casarme con un milico’. ‘Nunca vamos a salir de este hoyo’. ‘Qué distinto eres a mi
padre’.”
Esta impactante cita –contenida en
Doña Lucía– fue narrada a Matus por la
periodista Patricia Lutz, quien departió
mucho con sus entonces vecinos Pinochet-Hiriart cuando su padre, el entonces

mayor Augusto Lutz, era subcomandante
del regimiento Esmeralda de Antofagasta
y Pinochet era jefe de Inteligencia y Operaciones del Cuartel General de la Región
Militar Norte, con sede en dicha ciudad.
Lutz moriría en noviembre de 1974 en extrañas circunstancias, pocos días después
de haber tenido una fuerte discusión con
Pinochet.
El esposo de Lucía fue destinado a Antofagasta a finales de 1959 luego de una
estadía de tres años en Ecuador, donde
asesoró la formación de la Academia de
Guerra de dicho país.
“Tacaño por formación”, se señala en
el citado libro citando a Patricia Lutz, “Pinochet arrendó en Antofagasta una casa
‘que estaba por demolerse’”. En dicho hogar “Lucía tenía que mudar y alimentar a
Jacqueline, sin perder de vista a Marco Antonio, quien ya cumplía dos años y caminaba poniéndose en riesgo a cada paso.

Los mayores, entonces de 16 (Lucía), 14
(Augusto) y 7 (María Verónica), en la práctica debían valerse por sí mismos”.
Patricia Lutz recordó que por entonces “la casa estaba siempre sucia y en la
tina de baño se acumulaban los pañales
de género sin lavar, en remojo, inundando la casa con un olor nauseabundo al que
Lucía se había vuelto inmune”.
En enero de 1961, cuando Pinochet fue
nombrado comandante del Regimiento
Esmeralda, con todos los privilegios que
ello supuso, el ánimo de su esposa mejoró. “El cambio le sentó bien y comenzó a
revivir”, señala Matus en su libro.
Desde entonces la esposa de Pinochet
tuvo una vida lujosa. Sin embargo Matus
estima que Lucía Hiriart ha tenido –tras la
muerte de su marido el 10 de diciembre de
2006– “una condena que no tuvo Pinochet:
vivir para ver cómo los que antiguamente los apoyaron” ahora les hacen el vacío.

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

67
Cultura en el DF:

Benjamín Flores

un año

Zócalo cercado. FIL pospuesta

68

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
David Deolarte

LA CAP ITA L

PATRICIA CARMONA HERNÁNDEZ *

E

Benjamín Flores

n menos de un año, la Secretaría de Cultura del Distrito Federal (Secult) se ha metido en una
espiral de polémicas que le ha
valido duras críticas por parte de creadores, académicos y
autoridades.
La titular de la Secult, Lucía García Noriega y Nieto, entró en funciones el 5 de
diciembre de 2012. Antes incluso de rendir su informe anual de labores, ya había
sido citada a comparecer en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Entre los desaciertos de su gestión
están  los  daños al  monumento de El Caballito, en la plaza Manuel Tolsá; el aplazamiento de la Feria Internacional del
Libro del Zócalo; la cancelación del Teatro
en Plazas Públicas y al menos otros cinco
programas; la ausencia de participación
en eventos internacionales; alrededor de
300 despidos en la secretaría;  la merma
en la inversión cinematográfica y el regreso de la Sala del Cabildo a la administración del Gobierno del Distrito Federal, que
anteriormente estaba en manos de la Secult por tratarse de un inmueble virreinal
a conservar.
También ha recibido reclamos por
parte del grupo que promueve el Faro de
Aragón. Este centro cultural ocuparía el
predio del excine Corregidora, según prometió García Noriega y Nieto. Sin embargo, el ofrecimiento no se ha cumplido. El
Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal la ha increpado
por la interrupción de pagos, así como las
Orquestas Sinfónica, Juvenil y Típica de la
Ciudad de México por las condiciones laborales y el trato que han recibido de parte de la secretaria.

Problemas de origen
Hasta el 31 de enero de 2002, en el Distrito Federal operaba el Instituto de Cultura
de la Ciudad de México. Sus actividades se
relacionaban, muchas veces, más con el
entretenimiento y el espectáculo que con
la creación y el fomento cultural. Así, durante el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador se publicó el decreto que ordenaba la sustitución del instituto por la Secretaría de Cultura.
Sin embargo, la Secult no termina
de cuajar a 11 años de su creación: es la
única secretaría que tiene una estructura dividida en coordinaciones en vez de
subsecretarías.
Además, pasadas administraciones

Pifias culturales

realizaron cambios que, por un lado, enviaron el presupuesto cultural a las delegaciones para que ellas lo ejercieran. El
problema es que ese dinero no se etiqueta, por lo que no siempre se emplea en el
rubro de cultura. “Se ha llegado a utilizar
incluso para parques y jardines.  Depende de la sensibilidad en las delegaciones
si se realiza o no una actividad cultural”,

comenta Paloma Sáenz Tejero, de Brigada
para Leer en Libertad.
Por el otro lado, provocaron la pérdida de puestos de trabajo, lo que sin embargo no solucionó el problema laboral y
presupuestal. La gran cantidad de trabajadores por honorarios ha dificultado la
gestión de la dependencia.  Sáenz Tejero explica: “Yo calculo que 80% son gente

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

69
revoluciontrespuntocero.com

congruentes con las necesidades de los espacios culturales, y finalmente que
la secretaría sea equiparable en su estructura con las
demás, y este último rubro
va ligado a la voluntad política del Gobierno del Distrito Federal».

Secretaría en pausa
El Festival Internacional
Titerías dejó de operar este
año, y programas convocados por la propia Secult
se cancelaron, como  Adolescentes en Conflicto con
la Ley, Arte Urbano PeatoGarcía Noriega. Críticas y repudio
nal, Caligrafías Urbanas,
Círculos Culturales Infande  honorarios  y entonces  nos acabamos tiles, Talleres de Iniciación Artística y Tagastando todo el  dinero de  operación, y ller Teórico Práctico para la Realización
tenemos  una  secretaría con muchísima de Documentales Participativos. Las orgente y casi sin dinero para operar”.
ganizaciones y los espacios que se habían
El pasado miércoles 27, la propia Gar- presentado a la convocatoria recibieron
cía Noriega y Nieto admitió: “Tenemos un oficio en el que se les informaba que
una nómina de más de 350 millones para no habría fondos para operar los proyecmantener 22 espacios, y para operar ten- tos. No se cabildeó presupuesto para su
go muy poco”.
realización.
La administración actual intentó reEl Programa de Equidad de Género, en
ducir los pagos por honorarios, pero la tanto, sí tiene fondos asignados, pero a ficonsecuencia fue la cancelación o sus- nales del tercer trimestre aún no había
pensión arbitraria de varios programas, llevado a cabo ninguna acción. La Secult
incluso algunos que representaban ingre- afirma que están planeando actividades
sos para la dependencia, como el de las vi- para el cuarto trimestre.
sitas en tranvía por el centro. Se cerraron
Paralelamente, varios de los progrados librerías del Pórtico y se cancelaron mas que todavía están en marcha funlas ceremonias cívicas que Secult realiza- cionan con personal reducido, como el de
ba para diversas dependencias.
Fomento a la Cultura y Trabajo Cultural
“No hay una valoración de los despidos Comunitario, que cuenta con  solamente
de las personas que estaban por honora- 20% de sus plazas cubiertas.
rios… ¡Si los programas que estaban opeHasta ahora, los espacios funcionan
rando estaban  funcionando! Se hizo el con recursos federales.  Esto ha tenido
despido por áreas”, dice Sáenz Tejero. En consecuencias graves para los museos catotal ha habido alrededor de 300 despi- pitalinos: ya se redujo el número de expodos –sobre todo aquellos que trabajan por siciones y actividades respecto de 2012.
honorarios–, por lo que varios museos Con cifras hasta el 31 de julio de 2013 –las
perdieron personal que, al no estar sindi- más recientes– se ve que el Museo de la
calizado, tenía más flexibilidad en sus ho- Ciudad tuvo alrededor de 203 actividades
rarios. Un ejemplo es el programa Noches al mes, mientras que el año pasado prode Museos.
medió 335. El Museo Panteón de San FerLa secretaría necesita una reestructu- nando pasó de 32 mensuales a sólo 21. En
ración de fondo, asegura Sáenz Tejero, que el Teatro de la Ciudad la baja fue de 45 a
muestre a la cultura como un pivote para 27, y en el Museo de los Ferrocarrileros, de
el cambio social. “Es necesario que se res- 22 a 16.
caten los programas que han probado ser
En el Programa de Fomento a la Lecefectivos, que en lo que respecta al pre- tura también se puede ver el impacto: de
supuesto de cultura que manejan las de- casi un millón y medio de beneficiarios en
legaciones se devuelva a la secretaría o 2012 (125 mil al mes), a julio de 2013 sólo
bien se etiquete para su uso en este rubro; se contaban alrededor de 180 mil beneficambiar las condiciones de los trabajado- ciarios (25 mil 714 mensuales).
res sindicalizados, de manera que sean
La Asamblea Legislativa también

70

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

mostró preocupación por la planeación en la Secult. La dependencia no ha
cumplido con su obligación de redactar
el Programa de Fomento Cultural del Distrito Federal: el plan de trabajo que debe
guiar  la política cultural. Asimismo, el
Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural, órgano que vincula a las autoridades
culturales con la sociedad, según lo descrito en la Ley de Fomento Cultural para
el Distrito Federal, no se ha reunido desde su instalación, realizada en el Lunario.
En su comparecencia en la ALDF, García Noriega y Nieto admitió la falta. Dijo
que no ha convocado a más reuniones
para “no quitarles el tiempo a las gentes
sin tener nada que proponer”.

Qué es prioridad
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, durante su campaña dijo que la cultura sería prioritaria en su administración.
Sin embargo, el presupuesto evidencia
que la Secretaría de Cultura no representa un eje.
“En sus inicios (de la Secult), en la época del maestro Alejandro Aura, el presupuesto era de mil y pico de millones de
pesos”, dijo García Noriega y Nieto. Y sólo
en los últimos cinco años, los recursos
han pasado de 680 millones hasta los 500.
“Para operar tengo muy poco”, justificó.
En contraparte, el  diputado  José Fernando  Mercado  Guaida,  presidente de la
Comisión de Cultura, afirmó que no se
hizo ningún cambio en el presupuesto solicitado por el gobierno.
“Al proyecto presupuestal que nos presentaron no le quitamos una coma. Entonces si hace falta dinero, ¿qué cree? O
el jefe de Gobierno y la Secretaría de Finanzas no lo saben o las necesidades que
usted les plantea (...) no les importan”. Incluso, la Comisión solicitó un aumento
al presupuesto que fue declinado por el
Ejecutivo.
El resultado de esta política es patente: Ocho de cada 10 personas no han visitado un recinto cultural en el último año
y 82.1% de la población de la Ciudad de
México no realiza actividades artística ni
culturales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos
Culturales 2010. 
Durante la comparecencia, Mercado  Guaida resumió:  “Nos preocupa porque entonces la visión que usted pueda
tener sobre la política cultural y el rumbo
de la cultura en esta ciudad no es la misma que la del jefe de Gobierno”.
* Periodista freelance
LA CAP ITA L

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

71
INV ENTARIO

Albert Camus y la

C

uenta María Casares en sus
memorias, Residente privilegiada, que se unió a Albert Camus (1913-1960) la noche del 6
de junio de 1944, o sea el Día
D en que los aliados desembarcaron en Francia y se inició el último acto del
nazifascismo.
María Casares, que llegará a ser la gran
actriz del teatro y del cine franceses, era una
exiliada española, hija de Santiago Casares
Quirogas, jefe de Gobierno bajo la presidencia de Manuel Azaña. Por su parte, Camus
era un pied noir, en términos mexicanos (aunque no hispanoamericanos) un criollo. A los
30 años ya se había convertido en el autor de
El extranjero, Bodas, El mito de Sísifo, El revés
y el derecho, Calígula y El malentendido. Sería
el narrador, ensayista y dramaturgo más joven
que recibió a los 44 años el Premio Nobel 1957,
si no fuera por Rudyard Kipling (1865-1936),
quien en 1907 lo obtuvo a los 42 años.

La excepción y la regla
La relación entre la actriz y el escritor se prolongó hasta la muerte, en verdad absurda, de
Camus el 4 de enero de 1960, en el fin de una
época y el comienzo de otra, los sesenta. Fue
un accidente sin razón de ser pues ocurrió en
una recta de la Borgoña. Entre los despojos de
la catástrofe se encontraron el boleto de regreso a París en tren y el manuscrito de una novela inconclusa, en realidad una autobiografía
de infancia y adolescencia, que su hija Catherine Camus no publicó hasta 1994. La gran
traductora Aurora Bernárdez hizo posible que
saliera en español en diciembre de aquel mismo año y en Tusquets Editores.
En general no se le hace ningún bien a un es-

72

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
critor publicando lo que no dejó terminado. Si se recuerda que la estupidez de
algunos enemigos objetó a Camus el hecho de escribir demasiado bien, veremos a
El primer hombre como un borrador, una
primera versión que se transformaría varias veces antes de que su autor lo diera
por terminado. Siempre hay excepciones
y este libro es una de ellas. Funciona como
memorias de ultratumba, indispensables
para entender a Camus y su actitud ante
la guerra de Argelia que tantos reproches
despertó en su momento.

Enseñanzas de la miseria
Como novela cumple con la exigencia
de Solyenitzin: ser nuestra única manera
de vivir las experiencias que nunca hemos tenido. Para enterarnos de qué se
siente nacer pied noir y más que pobre
en la Argelia del siglo pasado, El primer
hombre es insustituible. Ninguna obra
histórica ni sociológica puede darnos
la visión desde dentro que proporciona
Camus. Son páginas esperanzadoras en
el sentido de mostrarnos que nadie nace
condenado y casi siempre es posible hallar una oportunidad. Un niño huérfano, hijo de una sirvienta y crecido en la
miseria, logra convertirse en uno de los
grandes escritores franceses.
Elementos para una explicación se
encuentran en el hecho de que, así como
la Nueva España era teóricamente un
reino y en realidad una colonia, Argelia en el papel era un departamento, en
el sentido que damos a los estados de
una república, y por tanto tenía el mismo sistema educativo que se aplicaba en
París o en Marsella. Quiso la fortuna de
Camus que encontrara dos excelentes
profesores: Louis Germain en primaria y Jean Grenier en el liceo. Su agradecimiento llegó al grado de dedicarle a
Grenier su discurso del Nobel.
Desde luego ningún estudio psicoanalítico ni la mejor crítica literaria pueden dilucidar el misterio del talento:
¿por qué Camus alcanza una altura a la
que no llegaron tantos hijos de la gran
burguesía, educados en las mejores universidades y con profesores particulares, bibliotecas privadas, viajes y tiempo
libre para leer y escribir?

A ti, que no leerás este libro
Camus fue hijo de Lucien Camus, un
francoalsaciano que trabajaba en un viñedo argelino. Por ser pobre fue movili-

zado en calidad de zuavo para combatir
a los marroquíes. En 1914, al estallar la
Primera Guerra Mundial, se le envió a
Francia, un país, su país, al que conoció
poco antes de morir a los 29 años, en la
batalla del Marne.
Su madre, Catalina Sintes, provenía
de Mahón, en la isla de Menorca. Muchas personas afirman que en esa ciudad
de las Baleares se inventaron la mayonesa
(originalmente “mahonesa”), propagada
a toda Europa por el cardenal Richelieu,
y la mezclilla. (En Puerto Rico los yins se
llaman “mahones”). Viuda con dos hijos
pequeños, Catalina tuvo que refugiarse
en casa de su madre y trabajar como sirvienta. La dedicatoria de El primer hombre es conmovedora: “A ti, que nunca
podrás leer este libro”.
La viuda de Camus no tuvo oportunidad de ir a la escuela. Aunque un accidente la había dejado casi sorda, pudo
enseñar castellano y catalán a su hijo
menor, quien llegó a hablarlos a la perfección. Fue una mujer de gran inteligencia que adoró a Albert, que también
la veneraba, y le infundió sin ostentación la mayor seguridad en sí mismo y
en sus capacidades.

Hijos de la historia
Quien lea estas memorias apenas noveladas y alguna de las muchas biografías
que existen sobre Camus quizá piense,
en una mezcla de Job con Walter Benjamin, que todos los seres humanos somos apenas hojas que ha arrastrado el
viento de la tempestad al que llamamos
Historia.
En tan breve espacio es imposible
hablar de las etapas griega, cartaginesa
y romana de Argelia. En cambio no es
posible callar que los moriscos expulsados de su España natal por el triunfo de
los Reyes Católicos se refugian en Argel
y desde allí hacen la guerra de guerrillas
marítima.
Grandes piratas, como Barba Roja,
impiden que el Mediterráneo se convierta en el Mare Nostrum español. Carlos
V, vencedor en los campos de Europa,
fracasa ante los muros de Argel. En esa
expedición va Hernán Cortés, el otrora
poderoso conquistador de México.
Francia se apodera en 1830 de Argelia y decide explotarla mediante colonos,
europeos pobres a quienes les ofrecen la
posibilidad de enriquecerse con mayor
facilidad que en América. Hay una resistencia inquebrantable de los árabes y

contra ellos inician sus carreras los mariscales de México, Bazaine y Forey. Tal
vez sin Juárez y los chinacos México hubiera sido la Argelia americana.
El ejército francés se desgasta aquí y
pierde la guerra franco-prusiana. Alsacia y Lorena pasan a poder de Alemania. De entre los alsacianos que desean
seguir siendo franceses sale la familia
Camus. Les dan las tierras que eran de
los comuneros asesinados en 1871.
Catalina Sintes es hija de una de las
familias catalanas que encuentran su
última esperanza en territorio argelino. Por último, pero no finalmente, la
guerra de España y la Segunda Guerra
Mundial permiten el encuentro en París
de Albert Camus y María Casares.

Seres sin huella,
tumbas sin nombre
El niño Albert crece en un barrio de miseria y en apartamento paupérrimo, dominado por la abuela, en donde se hacinan
cinco miembros de la familia. El edificio
huele muy mal porque las únicas letrinas
se encuentran en el rellano y no pasan de
ser hoyos en el piso.
Todo está aplastado por el inmenso
omnipresente calor. No hay luz eléctrica sino lámparas de petróleo. Catalina
limpia de rodillas los suelos ajenos y se
ayuda lavando ropa. A cambio de la indigencia menesterosa y cruel en que viven, el niño Albert tiene dos tesoros,
el mar y el sol, y le encanta la escuela.
Pronto destaca por su inteligencia, su
destreza para redactar y su habilidad
para los deportes, sobre todo el futbol,
que le fascina.
Durante un siglo multitudes enteras
habían llegado a Argelia para labrar la
tierra en que finalmente se iban a abrir
sus tumbas. Todas aquellas generaciones
habían desaparecido sin dejar huella, y
así sus hijos y sus nietos. Para Albert el
gran misterio es la miseria que hace seres
sin nombre y sin pasado y los devuelve al
inmenso tropel de los muertos anónimos
que han construido el mundo.
En esa tierra cada uno era el primer
hombre. Él mismo se había criado solo,
creció solo, en la pobreza, sin ayuda y
sin auxilio, en una orilla feliz y bajo la
luz de las primeras mañanas del mundo para abordar después, solo, sin memoria y sin fe, el orbe de los hombres
de su tiempo y su espantosa y exaltante historia.
(JEP)

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

73
Benjamín Flores

Lara. Inercias

Conaculta,
los mismos vicios
JUDITH AMADOR TELLO

Investigadores con sólida
obra en el terreno de las
políticas culturales evalúan el primer año de gobierno. Y aunque ven intenciones de ajustarse a
los tiempos actuales, no
advierten sustancia en
la manera de hacerlo. Se
imponen las prácticas caducas, se recurre a los
“etiquetados” como medida transitoria, la educación artística está olvidada, el plan de gobierno
no se ha presentado…
74
74

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

A

un cuarto de siglo de
creación del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes
(Conaculta), por decreto presidencial de
Carlos Salinas de Gortari, los investigadores Tomás Ejea, Carlos Lara y
Héctor Castillo Berthier hacen una
evaluación del primer año de acciones en política cultural del gobierno
priista, luego de su regreso al gobierno y del retorno también –casi
en su conjunto– del equipo de cultura encabezado por Rafael Tovar y
de Teresa.
Las conclusiones son demoledoras. No sólo esperaban más de estos
funcionarios que, se supone, dicen,
tienen la experiencia de ocho años
anteriores al arribo del PAN (los últimos del gobierno de Salinas y los
seis de Ernesto Zedillo); no perciben cambios sustanciales y aunque
se han anunciado algunas propuestas y programas no se ha explicado
cómo los llevarán a cabo.
La puntilla la dio la controversia

sobre el presupuesto para 2014, que
obligó a los titulares de las instituciones vinculadas al cine (ver sección
adjunta), al propio Tovar y de Teresa y
al subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Fernando Galindo Favela, a
intentar públicamente convencer que
no hay recorte, sin lograr explicar cabalmente de dónde saldrán los recursos para igualar el monto de 2013.
A los especialistas les sorprende
también que a casi un mes de terminar este año, y prácticamente cumplido el primero de gestión de Tovar
como presidente del Conaculta, no se
haya dado a conocer el Programa Especial de Cultura y Arte. En el área de
Comunicación Social del Consejo anticiparon que está por presentarse, aunque debe publicarse primero el de la
Secretaría de Educación Pública (SEP).

Viejos tiempos
Doctor en sociología política, crítico y director de teatro e investigador
de la Universidad Autónoma Me-
C U LT U R A
tropolitana-Azcapotzalco, donde publicó
el libro Poder y creación artística. Un análisis del Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes (Fonca), Ejea destaca que el regreso
de Tovar y de Teresa “no marca una nueva
forma de ejercer la política cultural”, respecto de los últimos años.
Hay más continuidades que novedades, pues “la administración priista no
acabó de irse; no es un regreso del PRI,
nunca se fue en términos absolutos”. Detalla en tres signos:
“En primera, las estructuras de gobierno, el Conaculta, el Fonca, los programas,
son los mismos desde 1988; en segundo lugar, continúan los mismos métodos:
Negociaciones de presupuesto de última
hora, resultados y metas sin claridad, utilización opaca de los recursos; y en tercero, las personas son prácticamente las
mismas. Salvo la cabeza de sector (SEP), el
presidente del Conaculta y los funcionarios fueron formados y experimentados
en administraciones priístas.”
Acerca del trabajo hecho en 2012, Ejea
destaca que los puntos tradicionales de la
política cultural, los necesariamente obligatorios (como protección del patrimonio,
difusión de la cultura y apoyo a la creación) se mantienen y se lanzan temas
nuevos. Uno de ellos es el concerniente a
atacar la inseguridad y utilizar a la cultura como una herramienta para reestablecer el tejido y la cohesión social.
Otro es la llamada Agenda Digital, relacionada con el uso de nuevas tecnologías:
El tercero es la participación de nuevos
actores colectivos, entre ellos las redes sociales, una sociedad civil más activa, instancias de los estados de la república y la
Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados que ahora determina a qué proyectos
se destina parte del presupuesto cultural a
través de los llamados “etiquetados”.
El investigador considera que “existen
los propósitos de echar a andar una política cultural más acorde con los tiempos
contemporáneos, sin embargo no están
claros los cómos”. Menciona a guisa de
ejemplo la Estrategia Digital Nacional lanzada la semana anterior por Enrique Peña
Nieto, que tiene su correspondencia con la
Agenda Digital del Conaculta pero no está
claro cómo se desarrollará.
Peor aún, considera que la herramienta principal de acción del gobierno, “que
nos refiere a los cómos”, es el presupuesto:
“Y ahora hemos vivido una definición
del presupuesto en cultura no sólo tan
compleja, opaca y poco sistemática como
en otros años, estamos viendo incluso un
retroceso en las partidas presupuestales
a tal grado que ha sido necesario que los
propios funcionarios del subsector cultura, que han tenido recortes en sus instan-

cias, salgan a dar la cara y a decir que no problemas, uno de ellos que “está pensaes así. Sin embargo reina otra vez la opa- da acorde con los intereses de los grandes
cidad, pues no está claro cómo no se van a conglomerados televisivos y de comunihacer esos recortes… Finalmente no va a caciones”; además, “el sector cultural no
cambiar el presupuesto.”
es consultado al respecto, cuando estas
Le parece poco halagador el regreso de formas de comunicación están incluidas
viejas prácticas como las negociaciones en las industrias culturales, por lo cual depersonales entre las instancias adminis- bería haber un proyecto compartido”.
trativas de la SHCP y el Conaculta para reSin embargo “son tan fuertes los interecuperar partidas, lo considera como una ses políticos y económicos de esos sectores,
práctica clientelar y discrecional.
que arrastran a todos los demás. Y eso que
Lamenta que mientras se anunció “con estamos hablando de un proyecto de digifanfarrias” un incremento para el sector talización fundamental para el desarrollo
educativo, con el cual se recupera la infla- económico y social del país. Es una lástima
ción y aumenta en términos reales, para que un gran proyecto nacional responda,
el subsector cultural haya sido de apenas me atrevo a decir, a poderes de facto”.
3.4% más respecto del 2013, pues apenas
se recupera la inflación. Es en su opinión Un insulto
una suerte de discriminación que “habla
muy negativamente de las intenciones de Carlos Lara también hace su valoración
del primer año de la nueva administrala política cultural de este régimen”.
Dadas las explicaciones de los fun- ción en el Conaculta en el contexto de los
cionarios acerca de que habrá recursos 25 años para señalar que desde entonces
del Fonca y del programa de Agenda Di- se arrastran “inercias buenas y malas”.
gital, y luego de recursos de proyectos Entre las segundas menciona el subejerde transversalidad de la propia presi- cicio y el estancamiento del presupuesto.
Doctorante en Derecho de la Cultudencia del Conaculta y de la Secretaría
ra de la Universidad Carlos III de Madrid
Técnica, abunda:
“Me parece que se refrenda mi idea de y coordinador con Eduardo Cruz Vázquez
que están las propuestas de qué hacer, en del libro 1988-2012 Cultura y transición,
este caso resarcir el recorte presupuestal, coincide con Ejea en que hay nuevas propero no los cómos… Van a ser parches y ver puestas pero no se ha expuesto el cómo se
de dónde rescatan recursos, de otras parti- cumplirá con los objetivos.
En su opinión ha habido acciones reledas, otras asignaciones, no lo dudo, Conaculta tiene una serie de partidas que no están vantes como el diagnóstico a los museos comunitarios, el seguimiento a los proyectos
claras.
Seguramente, agrega, saldrán los re- de digitalización iniciados en la adminiscursos y al final se subsane el presupues- tración pasada, el mejoramiento de centros
to, “pero esa no es la discusión, sino la falta históricos e infraestructura cultural, “que
de claridad, la discriminación al subsector también es una política del sexenio antecultural en el Proyecto de Presupuesto de rior”, el registro de nuevos sitios arqueolóEgresos de la Federación y que al no estar gicos y acciones en el extranjero como la
contempladas esas partidas de manera clara y eficiente se preste a una
serie de negociaciones que tienen el
problema de presentarse en un ámbito no público, sino en lo oscurito.”
El otro instrumento de la acción
gubernamental, sigue, es la planeación y un programa de trabajo explícito y funcional, pues “en cualquier
ámbito no sólo el cultural, una política pública debe ser clara y confiable”, pero aún se está en espera
del plan sectorial. Supone que con
las conmemoraciones por el 25 aniversario del Conaculta se dé a conocer aunque no es optimista respecto
a sus contenidos por los elementos
que ha descrito.
Considera como una “excelente
iniciativa” la digitalización de la cultura, pero lamenta que esté subordinada al proyecto de digitalización
Castillo Berthier. Educación desligada
nacional, pues éste tiene muchos

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

75
restitución de un representante permanente ante la UNESCO, que se vio en algunos
medios como resultado de un acuerdo con
su directora Irina Bokova y no como parte
de una línea de política cultural al exterior.
Otras acciones se han magnificado,
cita el apoyo a las empresas culturales
o industrias creativas en donde los medios de comunicación anunciaron un apoyo de 120 millones de pesos por parte del
Conaculta, cuando en realidad se trata de

JUDITH AMADOR TELLO

C

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

orden al rubro “etiquetados”, siguen siendo “una medida transitoria y no un modelo
estructural, ése es el problema. Hace falta
la propuesta del ejecutivo para, junto con
el legislativo, acabar con las coyunturas”.
Como a otros críticos, no le convencen
los argumentos dados por los funcionarios en el sentido de que no habrá recortes
de proyectos transversales, pues de otras
instancias como el Fonca podrán obtenerse recursos:

Rafael Tovar: Los cómos

on el antecedente de haber dirigido el
Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes (Conaculta) de 1992 a 2000, Rafael Tovar y de Teresa asumió de nuevo su presidencia el 7 de diciembre de 2012. Diríase que
con el beneplácito de una buena parte de la comunidad cultural, que vio en su retorno la posibilidad de recomponer el rumbo de un proyecto
en el cual el desempeño de las administraciones panistas fue reprobado.
En su despacho alterno de Paseo de la Reforma, en el limitado tiempo que su apretada
agenda le permite, hace el recuento de su primer
año en una breve conversación con Proceso.
Repite lo dicho en la entrevista con este semanario en los primeros días de su gestión: Los
programas esenciales de la política cultural se
mantienen: protección del patrimonio, estímulo a
la creatividad, educación artística, culturas populares, fomento al libro, cultura y medios audiovisuales, y proyección internacional de la cultura.
En aquel momento el diplomático anunció
también nuevas líneas: Una agenda digital; la
llamada transversalidad, que no es sino el trabajo conjunto con otras instancias de gobierno;
apoyo a las industrias culturales; y la participación del Consejo en el programa de prevención
del delito creado por el gobierno de la nueva era
priísta, encabezado por Enrique Peña Nieto.
Tales son, reitera ahora, los objetivos de su
proyecto. Y “los cómos surgen con las nuevas
herramientas tecnológicas que nos abren la posibilidad para ampliar la función, y los porqués
son las nuevas realidades”. Confía en que con la
definición de la agenda digital cultural, “México
pasará de ser un país meramente audiovisual o
impreso a uno donde la relación de la gente con
la cultura será en buena parte por la vía digital”.
Las formas de trabajo se modificarán también y se tendrá “la posibilidad de llegar a muchas más personas” con lo cual, asegura, se
cumplirá “de un modo más preciso con aquella
consigna de tanto tiempo atrás de los bienes y
servicios culturales para todos los mexicanos,
ojalá pudiéramos decir para todos, pero creo
que para una gran mayoría”.

76

recursos de la banca comercial “con un
12% de intereses, lo cual no es atractivo”.
En este mismo rubro ve un “nulo avance” en materia de transversalidad debido
a la desarticulación de instancias como la
Secretaría de Desarrollo Social, la de Hacienda, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, que deberían trabajar
en forma coordinada.
Lamenta también el asunto del presupuesto pues si bien, en su opinión, se pone

La investigadora Alma Rosa Alva de la Selva reveló a este semanario que 72 millones de
personas en México no tienen acceso a internet, y el 36% restante no lo utiliza para generar información o conocimientos sino como red
social o correo electrónico. Se le comenta a Tovar que uno de sus retos entonces es la brecha digital, pues incluso en la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas no hay conectividad total
hasta la fecha.
Según él, se ha avanzado durante este año
y en este momento 40% del país ya está conectado. Y tras el anuncio, hace unos días, de
la Estrategia Digital Nacional por parte de Peña
Nieto se logrará una mayor conectividad que
obligará al Conaculta a “sintonizarnos, porque
el contacto de las nuevas generaciones con la
cultura será por la vía digital”.
Debido al apremio entrega en un documento la lista de lo que considera sus acciones más
relevantes, en las que se plasman cifras: 106 millones de pesos (mdp) a 77 proyectos de 27 entidades y cuatro asociaciones civiles, dentro del
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural
de los Estados; 395 mdp para mil 850 estímulos
a través del Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes (Fonca); y 120 mdp para industrias culturales, por citar sólo tres ejemplos.
En la entrevista habla de algunas otras inscritas dentro en los nuevos programas de su
proyecto que son Dimensión social de la cultura, Animación cultural y Proyección internacional de la cultura. Hace un pequeño recuento de
los 25 años de creación del Conaculta, cuyo fin
fue “agrupar a todas las instituciones del Estado y aprovechar a plenitud el presupuesto federal” y afirma que en este 2013 su trabajo fue
volver a integrar y dar programas comunes a
estas instancias como los institutos nacionales
de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas
Artes (INBA), respetando la vocación de cada
una de las áreas.
Y en contraste con lo que opinan los investigadores entrevistados en estas páginas, se
jacta no sólo de estar fortaleciendo la institución, sino aprovechando los recursos y la in-

fraestructura, con el trabajo de “espléndidos
funcionarios” que tienen “un enorme deseo de
vincularse y disfrutar de la tarea cultural”.

Dudas…
Apenas transcurría el tercer mes de su administración, cuando Tovar dio a conocer que
parte del presupuesto del 2013 había quedado
comprometido en las obras que dejó inconclusas su antecesora Consuelo Sáizar (Estudios
Churubusco, Cineteca Nacional y Biblioteca de
México “José Vasconcelos”, rebautizada como
La Ciudad de los Libros).
¿Qué tan limitado estuvo en el ejercicio de
los recursos por esos pendientes?, se le pregunta. Explica que las obras quedaron en promedio en un 65% de avance y se hizo “un gran
esfuerzo” para continuarlas. Agrega que se invirtió dinero público y debe por tanto aprovecharse al máximo. Ahora trabajan en crearles
un programa definido para saber qué se hará
en esos espacios. Por ejemplo, en el caso de la
Cineteca “no basta con hacer más salas, hay
que saber para qué van a servir, a qué tipo de
público va a convocar, qué cultura cinematográfica va a desarrollar”.
–¿No estaba definido en el proyecto original?, ¿se empezó sin tenerlo claro?
–Probablemente habrá estado, pero como
nosotros recibimos las obras sin terminar no estaban llevando a cabo esas funciones. Con la
obra ya terminada tendremos que desarrollar el
programa de trabajo, igual que las planillas laborales y modelos de autogestión. Aquí no se trata
nada más de incorporar una infraestructura a la
administración y con esto se resuelve, ¡no!, debe
de servir para el propósito que fue concebida.
Resume que esas obras implicaron no sólo
recursos sino trabajo. Creyó que se terminarían este año pero en algunos casos han tenido
que replantear aspectos del proyecto original.
Apenas iniciarán con la restauración del Centro
de la Imagen. Terminado a prisas y con los vecinos en contra, Sáizar inauguró solamente el
Centro Cultural Elena Garro. Su costo planea-
C U LT U R A
“Sí, están metidos en el qué, no en el
cómo. Para mí esto es equivalente a un insulto. Preguntabas si podemos hablar de un
nuevo Conaculta, yo te diría ¡no! De cara
a los 25 años sigue arrastrando esas inercias. Y lo veo como insulto porque si algo
presumió este gobierno, igual en el tema
económico, fue la experiencia. Eran los diseñadores del sistema político-administrativo
y vemos que están llegando a reaprender, a
acoplarse, están desencanchados.

“De este equipo esperaría más que explicaciones vagas. Esperaría que toda esa
experiencia se hubiese reflejado en un
mejor presupuesto, en un mejor trato al
subsector cultura, en materia de derechos
de autor, en incentivar y ampliar los beneficios del 226, ahora 183, por lo menos
plantear las primeras líneas de la política
fiscal para la cultura.”
El último punto que considera “la
gran ausencia” es el programa sectorial.

son la tecnología

Y más dudas…
Con un “me voy de volada”, Tovar sale de
su oficina. Deja en su lugar a Saúl Juárez, titular de la Secretaría Cultural y Artística del
Conaculta, para ahondar en algunos temas.

Según Tovar una de las nuevas realidades que
marcan su regreso es el papel de la Comisión
de Cultural de la Cámara de Diputados que
“maneja la tercera o cuarta parte de la dotación
presupuestal que se da al conjunto de las instituciones culturales”.
Al negar en días recientes que el presupuesto para 2014 (13 mil 746.4 millones de
pesos) sea menor al de 2013 (16 mil 533.6 millones) Tovar y Fernando Galindo Favela, subsecretario de Egresos de Hacienda y Crédito
Público, desglosaron que a lo aprobado por
los diputados se añaden 4 mil 601.3 millones etiquetados, para un total de 18 mil 347.7
millones.
Pero el presupuesto para algunas instituciones sí presenta recortes y los etiquetados
son recursos para proyectos muy específicos,
ya sea de entidades, municipios o sociedad civil. Se le pide al también poeta y narrador explicar por qué insisten en que no hay merma.
Indica que en proyectos de transversalidad habrá recursos:
“Puedo decir tajantemente que no
hay un recorte, vamos a trabajar con
un recurso suficiente y conforme va
avanzando el año se irán haciendo los
ajustes.”
–Los etiquetados no son proyectos del Conaculta.
–Son proyectos culturales que sin
duda inciden en el acontecer cultural
del país, muchos de esos presupuestos tienen que ver con las entidades
federativas y van tanto a la parte de
la sociedad civil como a instituciones
tanto estatales y municipales.
Hay quienes preguntan por qué
dar recursos a proyectos como los de
las orquestas Esperanza Azteca, y si
acaso TV Azteca de Ricardo Salinas
Pliego necesita recursos del erario:
“Lo que nos interesa es que los
presupuestos que se apliquen a cultura, independientemente del estado o la
asociación civil que los reciba, tengan

resultados palpables y colaboren en este gran
mosaico que es el desarrollo cultural del país.”
Lo cierto es que en muchos casos no se conoce el resultado. El periodista Eduardo Cruz
Vázquez explicó recientemente en su artículo “Cultura: la danza de los etiquetados”, que al
solicitar información a través del IFAI encontró
que de 2010 a octubre de 2013 se han entregado 10 mil millones de pesos a 2 mil 387 proyectos, de los cuales sólo 654 se hicieron efectivos.
Para 2014 los recursos vía etiquetados
para las entidades se otorgarán por Hacienda, a través del Ramo 33, y el Conaculta sólo
repartirá a las asociaciones civiles. A decir de
Cruz Vázquez faltan todavía explicaciones para
saber puntualmente lo que está pasando en
ese ámbito.
Los cuestionamientos al presupuesto, se
le explica a Juárez, se dan no sólo porque hay
obras pendientes sino incluso proyectos como
el Premio Carlos Fuentes, por eso se ha insistido en saber con puntualidad si se tendrán los
recursos y de dónde saldrán:
“En el ejercicio de planeación administrativa
y presupuestal que tenemos, están contemplados los presupuestos relativos a lo que falta de
las obras… Estamos muy tranquilos, muy seguros de que se va a cumplir a cabalidad.”

Germán Canseco

do para 30 millones de pesos rebasó los 120
millones. Funcionarios del Consejo revelaron
extraoficialmente que incluso el Fonca funcionó en aquella época como una especie de caja
chica para financiar los grandes proyectos.
–¿Qué ha encontrado usted?, ¿hubo
derroche?
–De eso no quiero opinar porque no tengo
los elementos. Eso es tarea de las instancias
que supervisan la acción de las instituciones
gubernamentales y que han dicho o irán diciendo los resultados. Para mí lo importante es
aprovechar plenamente la infraestructura e incorporar esas obras para que el trabajo cultural
de México crezca.
A diferencia de sus antecesores como Sergio Vela, con quien hubo varias dimisiones en
las primeras semanas de su gestión, Tovar ha
mantenido casi íntegro su equipo, pues es básicamente el mismo con el cual trabajó hace ya
más de doce años.
No obstante, en julio pasado, causó estupor
la intempestiva salida del etnólogo Sergio Raúl
Arroyo de la dirección del INAH y su reemplazo
por María Teresa Franco, antigua colaboradora de Tovar. Pero justo cuando se le preguntan al
funcionario los motivos reales de esa baja (se ha
especulado que obedeció a la negación del permiso al Museo del Cacao en Chichén Itzá y al teleférico de Puebla) se pone de pie. El tiempo de
la entrevista ha terminado, y repite apresuradamente que ambos son sus amigos.
Entonces, ¿cuáles fueron las razones?, se
le insiste. Alza los hombros y abre los brazos,
sólo para remarcar su silencio. Tercia entonces Miguel Ángel Pineda, director de Comunicación Social, para decir que “son cambios
administrativos”.
–Esa no es una explicación.

Rememora que el gobierno de Vicente
Fox lo anunció ocho meses después de
su llegada (agosto de 2001) y Felipe Calderón al año siguiente de su toma de
posesión, en la segunda semana de diciembre. Y contrasta que el actual gobierno hizo más foros de consulta que
los anteriores, y su equipo de transición
logró reunirse con la Cámara de Diputados, así que documentos y propuestas
no le han faltado.

Tovar. Agenda digital
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

77
“No puedo admitir que vayamos a terminar el año sin ese programa… Espero que el próximo año se pueda hacer un
análisis más estructurado, que nos permitan ver en qué se están invirtiendo los
etiquetados y qué impacto están generando. Mientras no se diseñe un esquema de
gestión por indicadores y de administración por objetivos, no tendremos manera
de evaluar y tamizar lo que se está haciendo en términos de impacto cultural, no de
cobertura nada más, porque ahí la tecnología puede engañar, este no es un tema
de cobertura sino de impacto: Que cam-

78

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

biemos realmente la manera de vivir en
las comunidades.”

Ignorancia
Fundador del Circo Volador, el doctor en
sociología Héctor Castillo Berthier, estudioso del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, habla a su vez de los
vacíos en la política cultural. El principal
es la educación artística:
“Es una de las áreas más desatendidas,
más olvidadas. Hablo de las primarias, las
secundarias, las preparatorias y sobre

todo de las nuevas formas de incorporación de nuevas ofertas, nuevas demandas
culturales, nuevas estrategias, de los colectivos, el arte alternativo, del paso del
vandalismo del graffiti al arte urbano.”
Evoca que el periodista y escritor Carlos
Monsiváis decía que la cultura era una labor
secundaria del Estado “y sigue siendo así,
hay un vacío gigantesco”. Le llama la atención que en el Programa Nacional de Prevención del Delito, Roberto Campa Cifrián,
subsecretario de Prevención y Participación
Ciudadana de la Secretaría de Gobernación
y otros funcionarios, aseguren que se está
impactando a través de programas sociales
y se diga la frase: “Niño que toca un instrumento musical no toca un arma”.
Pues que realmente lo apliquen, pide,
en lugar de que el Conaculta siga en sus
líos burocráticos y de presupuestos. Interpreta la discusión sobre el presupuesto como un síntoma del papel secundario
que se da a la cultura, del gran vacío en la
educación artística y la desatención a los
proyectos individuales de muchos jóvenes
que, como los graffiteros, “tratan de encontrar una forma de asimilación, de aislarse de los problemas e incluso de encontrar
actividades productivas, de empleo y de
educación, a través del arte”, pero son marginados de las políticas culturales.
Se trata, enfatiza, de revalorar este tipo
de expresiones que no tienen divulgación,
entender que la educación artística debe
iniciar en edades tempranas y ser constante, “sigue siendo inexistente, como un
tallercito que de repente se da en algunas
escuelas y en otras no y no pasa nada”.
Reprueba que el Conaculta entienda a
la cultura más como expresión de las bellas artes. Habría que darle un giro, “hacer algo como lo que Paul Willis llamó la
cultura común, que son todos los hábitos
de nuestra vida, desde cuánta agua usas,
cómo te alimentas, cómo saludas al vecino.
Hay muchas formas de empezar a trabajar
en nuestra cultura, nuestra educación. Ahí
hay una veta gigantesca y tenemos el bono
demográfico de un montón de jóvenes que
no estamos sabiendo aprovechar”.
Una expresión del mal manejo, menciona, es cómo el gobierno para combatir
la obesidad pone impuesto a los refrescos en lugar de impulsar un programa de
acondicionamiento físico popular.
“Los problemas estructurales persisten: La alta deserción escolar de adolescentes entre los 15 y 17 años, no terminar
las carreras universitarias, crecimiento de
la informalidad, en fin, son problemas que
a través de la cultura podrían tener una
respuesta y desgraciadamente quizá tengamos buenos administradores pero poco
sensibles y, sobre todo, poco conocedores
de lo que está pasando realmente en el
fondo del México profundo.”
C U LT U R A

Obra de Reyes

Arte
El SNC: centralista,
endogámico y caduco
BLANCA GONZÁLEZ ROSAS

A

jeno a la diversidad
creativa, comercial y regional que define a las
prácticas artísticas mexicanas,
el Sistema Nacional de Creadores (SNC) es un programa
caduco que necesita reestructurarse. Repetitivo en las firmas
que apoya, confuso en los procedimientos de continuidad o
renovación, y opaco en la asignación de los miembros de los
comités de selección, el SNC
subvencionará el año entrante
con 29 mil 142 pesos mensuales a 566 creadores nacionales,
y con 38 mil 856 pesos mensuales a 71 creadores eméritos.
Erogaciones correspondientes
a 15 y 20 salarios mínimos que,
constituidas con dinero público,
no cuentan con evaluaciones
que comprueben el beneficio
social que producen.
Creado en 1993 bajo el
régimen priista del presidente Carlos Salinas de Gortari
y adscrito desde entonces al
Fondo Nacional para la Cultura
y las Artes (Fonca), el SNC se

ha mantenido indiferente a los
cambios que ha producido el
predominio del mercado en la
construcción del sistema artístico. Sin renovar sus objetivos ni
diferenciar disciplinas, en 2010,
bajo la gestión panista de Consuelo Sáizar como presidenta
del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (Conaculta), el SNC se dividió en tres
categorías que, con base en
diferentes rangos de edad, otorgaban mensualmente y durante
tres años 11mil 945 pesos, 17
mil 64 pesos y 25 mil 596 pesos
a los creadores. En esta última
edición correspondiente al período 2013-2016, Rafael Tovar y
de Teresa –actual presidente del
Conaculta-, además de otorgar
147 becas nuevas, homologó
todas las categorías en 29 mil
142 pesos mensuales.
En lo que corresponde a las
artes visuales –escultura, fotografía, gráfica, narrativa gráfica,
pintura y medios alternativos–,
hay varios aspectos que deben
tomarse en consideración para
una inmediata reestructura. El
primero se relaciona con el mercado y cotizaciones de algunas
firmas. Promovidos por relevantes galerías internacionales, con
presencias constantes en las
principales ferias y altos precios en sus obras, Pedro Reyes,
Carlos Amorales, Pablo Vargas
Lugo, Gabriel de la Mora y Da-

niel Lezama, entre otros –beneficiados entre 2010 y 2013–, no
merecen ser becados por los
ciudadanos.
Otro aspecto que debe
analizarse es la pertinencia de
otorgar becas a funcionarios
académicos, como el artista
Saúl Villa quien, aun cuando
actualmente se desempeña
como director de Artes Visuales de la Escuela Superior de
Artes de Yucatán –perteneciente al gobierno estatal–, recibió
de nuevo la beca este año.
Y por último, dos de las
características y procedimientos más negativos del
SNCA: su preferencia por
creadores deefeños y su descarada endogamia. Integrado
por numerosas firmas que se
repiten en varias ediciones
–Ilán Liberman, Perla Krauze, Gabriela Gutiérrez, Claudia Gallegos, Alfonso Mena,
Emilio Said, entre otros–, el
SNCA, en el rubro de las artes visuales, evidencia que la
gestión de Rafael Tovar y de
Teresa se centra en la manipulación del discurso y la profusión de eventos. A casi un año
de haber asumido la dirección
del subsector cultura y, por lo
pronto, hasta el 25 de noviembre de 2013, el servidor público todavía no ha presentado
el Programa Nacional de Cultura 2013-2018.

trabajo del director-concertador
Iván López Reynoso (Guanajuato, 1990), a quien ya habíamos
visto hace un año dirigiendo La
Bohéme politécnica, y nos sorprendió muy gratamente, sin
duda el más talentoso joven director mexicano.
La acción se trasladó al
México precolombino (1450).
Durante el preludio al acto I
Aída y otros estudiantes del Poli
suben a un camión que los llevará a Teotihuacán a realizar
unas prácticas escolares; en el
camión Aída se duerme escuchando en sus audífonos la ópera que lleva su nombre. Lo que
ocurre en los siguientes cuatro
actos es el sueño de la joven estudiante politécnica.
Inteligentemente resuelto el
asunto escénico por Cesar Piña,
no se cambia ni una palabra
ni una nota de la Aída original,
pero aquí no son egipcios contra etíopes, sino mexicas contra
tlaxcaltecas, y Aída es la princesa tlaxcalteca esclava de los
mexicas, el rey Moctezuma Ilhuicamina es el padre de Amneris
y así por el estilo; penachos,
sonajas de semillas, caballeros
águila, caballeros jaguar, y todo
tipo de utilería prehispánica. El

Música
“Aída politécnica”
MAURICIO RÁBAGO PALAFOX

L

a ópera Aída (1871) de
Giuseppe Verdi (18131901) se presentó en el
auditorio Alejo Peralta del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Hoy día es una de las óperas
más queridas y representadas;
su parte más reconocible, la
Marcha Triunfal, ha sido utilizada
para cualquier variedad de ceremonias de toda índole.
Lo primero que hay que destacar de la Aída politécnica es el

De El Cairo a Teotihuacán

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

79
Christa Cowrie

resultado final fue de lo más
disfrutable. En el supertitulaje
podíamos observar el texto traducido al castellano y al náhuatl
por Francisco Méndez Padilla y
Natalio Hernández.
El tenor José Manuel Chú,
de Navolato, Sinaloa, debutó
en el personaje de Radamés:
guerrero águila. Su voz nos recuerda la de Carlo Bergonzi, no
esperábamos que lo hiciera tan
bien tratándose de uno de los
papeles verdianos más difíciles
para el tenor. Otra debutante fue
Fabiola Venegas, la Aída esclava
tlaxcalteca, también un personaje muy difícil que Fabiola cantó
con aparente facilidad, segura
en su voz y con muy agradable timbre. Charles Oppenheim
interpretó muy correctamente al
rey Moctezuma Ilhuicamina.
Tuvo el elenco tres experimentados veteranos: Belem
Rodríguez, mezzosoprano, hoy
día la más solvente Amneris
mexicana que, además de cantar de maravilla, por su juventud y su porte nos ofrece una
Amneris de lujo. Rosendo Flores, el Ramfis: sumo sacerdote Teotecuhtli, uno de los más

solventes bajos mexicanos cuya
actuación además estuvo llena
de verdad escénica. Y Ricardo
López, Amonasro: Tlatoani del
cuarto señorío de Tlaxcala, un
barítono con una voz impresionantemente bella y que canta
magníficamente.
La orquesta fue la del IPN
así como el coro Alpha Nova, la
Compañía de Danza Folclórica
y la Compañía de Danza Contemporánea. El vestuario, de lo
más llamativo, sobre todo el de
los guerreros.

Teatro
“La promesa”
ESTELA LEÑERO FRANCO

T

res adolescentes viven
el Cerco de Leningrado
y establecen una profunda amistad. Con la promesa de
mantenerse unidos, enfrentan la
guerra, el frío, el hambre y la reconstrucción. La obra de teatro
La promesa abarca tres etapas

Leningrado y San Petersburgo

de la vida de estos jóvenes y la
vida de su país acosado hasta
la muerte por los nazis.
Leningrado, ahora San Petersburgo, donde la directora
Luly Rede inició su carrera teatral, vive en 1942 un bloqueo de
812 días por el que más de un
millón de personas mueren de
hambre y frío. Bajo esas condiciones es como se conocen
Lika (Yadira Orozco), Marat (Daniel Bretón) y Leo (Jorge Luis
Chávez), cuyo espíritu de sobrevivencia es lo que estrecha e
intensifica su relación.
El autor ruso Alexei Arbusov (1908-1986) crea tres per-

sonajes delineados desde su
interior. No son estereotipos,
sino personas identificables
en su unicidad y que al mismo tiempo se transforman con
los años. Cuando se conocen
y comparten todo tipo de carencias, los dos jóvenes enamorados de Lika, y ella misma,
tienen un dejo de inocencia que
conmueve. Marat, de carácter
reservado, es incapaz de exponer y comprometerse con
el amor que siente por Lika, y
ésta siempre espera esa expresión dejándose llevar por sus
circunstancias. El amigo que
llega herido al refugio manifies-

“La divina proporción”,

Franco María Ricci y Massimo Listri en México
NIZA RIVERA

E

l 28 de noviembre se inauguró en el
Museo Nacional de San Carlos la
exposición La divina proporción, con
la presencia de dos destacados personajes
italianos: el editor y diseñador Franco Maria
Ricci y el fotógrafo Massimo Listri.
Del extenso trabajo del primero se aprecian más de 100 láminas, grabados, libros
de sus ediciones de arte FMR y KOS, además de tres obras de Hermegildo Bustos
–a través de la cual Ricci conoció la cultura mexicana–, que en conjunto permiten entender al editor de arte a nivel internacional.
Por su parte, se enseñan más de 30 fotografías de Listri, tomas de interiores de importantes recintos europeos que se presentan en
conjunto por vez primera.
Durante la conferencia de prensa previa a

80

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

la apertura y al recorrido por la muestra, Rafael
Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta),
definió así las dimensiones de Ricci:
“Esta es una exposición y homenaje a Ricci, una figura asociada al rediseño y modo de hacer un libro, como una referencia obligada en el
mundo editorial. Ricci es el relanzador de Tamara
de Lempicka hace 30 años y amigo de Jorge Luis
Borges. Y el equivalente de lo que representa el
concepto de diseño de un Farina para los coches… para el diseño de libros es Ricci.”
En el acto, al que asistieron Ricci y Listri,
también estuvieron María Cristina García Cepeda, titular del Instituto Nacional de Bellas Artes; Carmen Gaytán, directora del museo; y
Giorgio Antei, curador de la muestra.
Ricci aprovechó para rendir homenaje a su

vez a Guillermo Tovar de Teresa, el cronista de
la Ciudad de México fallecido el pasado 10 de
noviembre a la edad de 57 años. Dijo que para
él, Tovar “era México”, pues a través de él y su
amistad conoció al país en magnas proporciones (obras que fueron traducidas por la esposa
de Ricci, Laura Casalis). Explicó a Proceso:
“Conocimos a México a través de Guillermo Tovar de Teresa, conocimos ciudades coloniales, iglesias, bibliotecas y monumentos
de arte mexicano, con él y amigos historiadores se trabajaron textos para FMR, como la de
Máscaras aztecas, siempre cosas un poco inéditas, porque esa era la clave de la investigación. FMR llevó a Italia muchos temas
mexicanos, y ese fue uno de los méritos de
Guillermo en la cultura mexicana. Fue con él y
Carmen Gaytán con quienes intercambiamos
C U LT U R A

guerra, hace resaltar las relaciones y las problemáticas que
viven los personajes desde su
visión de individuos y también
de grupo. Los actores, Yadira
Orozco, Daniel Bretón y Jorge
Luis Chávez, los interpretan con
gran veracidad. Su calidad actoral permite el involucramiento del público en sus vidas y la
generación de emociones. Sobresale el trabajo que el equipo llevó a cabo para imprimir
el paso del tiempo en los personajes: los adolescentes de la
primera etapa poco tienen que
ver con la época del desarrollo
social e industrial que vive Leningrado en 1959.
Para subrayar el contexto
en el que estos personajes se
encuentran, la directora se valió
de una videoproyección realizada por Luisa María Martínez, en
la que se pueden ver en blanco y negro imágenes de cada
periodo. Así, el cambio exterior está dado por este recurso,
pero el interior y el más importante en esta dramaturgia es
construido por la transformación brillante de los personajes.
La promesa, que se presen-

mensajes para hacer la muestra aquí.”
Mientras que Xavier Guzmán, subdirector
general de Patrimonio Artístico del INBA, ahondó en el sentido y peso de México en la obra de
Franco Maria Ricci:
“Esa conexión de Ricci surgió de su relación con Italo Calvino, pues es éste quien le
escribe y le dice que acaba de encontrar a un
artista sensacional, que era Hermenegildo Bustos. Ricci lo conoce por su obra y eso detona
después el libro Palacio de Bellas Artes (1993)
porque se involucra con la cultura mexicana a
partir de conocer su obra. Y posteriormente le
da su peso e importancia a la cultura mexicana en la cultura universal. Si hojeas FMR es de
destacar la importancia que le da Ricci.
“Después de ese libro del palacio editó el
Repertorio de artistas en México (1995-1997),
que coordinó Guillermo Tovar en tres tomos,
en donde Octavio Paz hizo el prólogo, y colaboramos Teresa del Conde, Gabriel Breñer,
Fernando García Correa y yo, una especie de
diccionario-enciclopedia de artistas y el arte
mexicano. A partir de ahí la relación de Ricci
con México es palpable.”
Ambas ediciones tienen el característico fon-

ta los miércoles en el Teatro la Capilla, es una obra
de teatro emotiva que nos
deja ver las consecuencias
de un país que ha vivido la
guerra, desde el punto de
vista íntimo de tres personajes entrañables.

Cine
“Todo mundo tiene
alguien menos yo”
JAVIER BETANCOURT

A

lejandra (Andrea
Portal) es una treintañera, intelectual y
deliberadamente sofisticada,
tan pedante que a duras penas
parece soportarse a sí misma;
María (Naian Daeva) vive en
Coyoacán, está por terminar la
prepa y, como tantos jóvenes
de su entorno, anda pegada
al celular, le gustan las fiestas,
el alcohol y las drogas. El romance entre ellas es intenso,
la primera se obsesiona y a la

Atracción/repulsión

segunda le cuesta respirar bajo
la tiranía de la amante.
Si se acepta que los personajes y el contexto en que se
mueven sólo existen en esta
película, Todo el mundo tiene
alguien menos yo (México,
2012), primer largometraje de
Raúl Fuentes, resulta un deleitable estudio de caracteres
filmado en negro y blanco.
La fotografía de Jerónimo

do negro empleado en las que usó Ricci para las
Antei, en coedición del Conaculta y Ricci.
revistas FMR y KOS, que pueden observarse en
Del recinto de Puente de Alvarado 50,
la segunda parte de la exposición, así como de un
colonia Tabacalera, la exhibición se moverá
gabinete del siglo XIX y un breve pero importanel próximo año al Centro Cultural Santo Dote apartado que incluye textos donde se reconoce
mingo de Oaxaca y al Museo Regional de
al célebre tipógrafo italiano Giambattista Bodoni
Guadalajara.
(1740-1813), quien fue una fuerte influencia en el
trabajo de Ricci.
Durante el recorrido, encabezados por Giorgio Antei,
se explicó el título de La divina
proporción:
“De una u otra forma las creaciones de Ricci y Listri se rigen sobre los mismos criterios de trabajo:
equilibrio, elegancia y belleza.”
A su vez, Carmen Gaytán explicó a Proceso que los trabajos
para realizar la exposición se iniciaron desde principios de año y que
el propio Guillermo Tovar de Teresa
intervino para que viniera el editor.
Acompaña a la muestra la
edición del libro La divina proporción en la obra de Franco Maria
El arte de los libros de arte
Ricci y Massimo Listri, de Giorgio
Miguel Dimayuga

ta y mantiene en pie sus sentimientos hacia Lika, pero es
capaz de hacer cualquier cosa
por la amistad, lo cual llena a la
obra de diversos valores, como
la bondad, el compromiso y el
amor al otro.
Arbusov está interesado en
resaltar valores humanos en
medio de una sociedad en guerra y terrible. Más que un manifiesto político o social, muestra
la dinámica de los sentimientos
y las creencias con los que las
personas se comprometen.
En el texto dramático de Arbusov la mayor fuerza e interés
está dado principalmente en los
dos primeros tiempos que aborda la obra: el cerco y la reconstrucción, ya que la tercera etapa
pareciera ser útil dramáticamente sólo para mostrar la última
decisión de uno de los amigos.
Como metáfora de aquella promesa, el montaje de esta
obra, bajo la dirección de Luly
Redem, se desarrolla en un
espacio único que permanece
en las tres épocas. La directora, con un mínimo de elementos pero suficientes para crear
la atmósfera íntima de la pos-

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

81
Rodríguez compone un universo
cerrado, una intimidad constante, supuestamente desde el
punto de vista de la rigidez de
Alejandra; pero el halo de cine
de arte de los sesenta, la fluidez
del ritmo, va directo a la sensibilidad del espectador e impone
una distancia hacia el mundo
interior de la obsesiva y dominante enamorada. La cámara
y sus desplazamientos, por
ejemplo, como ocurre a la salida
de la fiesta donde se descubren
jóvenes vomitando, ligues, encuentros amorosos, despedidas,
comentan cosas que Alejandra
no ve ni quiere ver.
Raúl Fuentes eligió para su
protagonista la profesión perfecta, editora de libros; puntillosa e inflexible, Alejandra analiza
todo de manera lógica y eficaz;
lo peor para ella misma es que
tiene razón; enemiga implacable del lugar común, tiene una
respuesta para todo. Así, frente
a una pintura, escupe que no
todo lo blanco es minimalista,
si no el papel de baño sería minimalista. El comentario podría
implicar un ingenio estupendo,
el problema de esta mujer es
que carece por completo del
mínimo sentido de humor.
Muchas de las críticas contra Todo mundo tiene alguien
menos yo pierden de vista que
el problema de la relación entre
Alejandra y María no estriba en
la diferencia de edades, sino en
el choque de temperamentos.
La chica, abierta a aprender
y conocer, con vocación de
pintora, sería la discípula ideal
para una maestra de tiempo
completo obcecada, aparentemente, en formar a alguien
como ella; pero Alejandra tiene
veta de artista , vive abierta a
lo que ocurre a su alrededor.
Acierto notable de esta cinta es
la química entre estas dos mujeres que se desean, disfrutan
el encuentro amoroso y a la vez
se repelen mutuamente. Cuando se habla de química entre
personajes no debería olvidarse
que la repulsión es parte de las
mismas leyes.
Se anuncia que Raúl Fuentes prepara una cinta de vampiras lesbianas; el chisme viene

82

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

a cuento porque la expectativa
revela, a la manera de una
prolepsis (salto a futuro en un
relato), la vocación vampírica
de Alejandra. Como ocurre con
Lili Taylor, la filósofa convertida
en vampiro en la cinta de Abel
Ferrara La adicción, su apetito
busca más la posesión de un
alma que de un cuerpo.

Televisión
Wikileaks informa
FLORENCE TOUSSAINT

L

os nuevos medios han
mostrado su doble virtualidad: De una parte
internet y las redes sociales,
surgidas a partir de esta tecnología, acortan el tiempo,
disminuyen el espacio, cruzan
fronteras para volverse planetarios, comunican a millones entre sí punto a punto, encuentran
la manera de saltar por encima
de las limitaciones impuestas
a la comunicación personal
por los grandes consorcios.
Por otra parte muestran su filón
vulnerable, se pueden intervenir
(hackear), son excelentes vías
para entrometerse con el fin
de controlar a los opositores
agrupados en redes, o bien a
políticos y diplomáticos.
También sirven a fines mercantiles mediante otro tipo de
espionaje: el seguimiento de
la navegación de los usuarios
para luego proporcionar datos
de los consumidores, sus gustos, poder adquisitivo, hábitos
de compra a las empresas. Los
ciudadanos eligen –cuando tienen el saber para hacerlo– entre
apoyar o resistir.
Wikileaks ha optado por lo
segundo. Utiliza la herramienta
para entrar en computadoras
que almacenan mensajes secretos sobre prácticas ilícitas
de los gobiernos o simplemente
correos que muestran el talante antidemocrático, autoritario, discriminador y racista de
los poderosos. Debido a ello el
fundador de la compañía está

retenido hace año y medio en la
embajada de Ecuador en Inglaterra. Sin embargo, también
gracias a internet, puede entrar
y salir cuantas veces quiera de
su encierro, así sea de manera
virtual. El 23 de noviembre, mediante teleconferencia, Julian
Assange volvió a mencionar las
maniobras de Estados Unidos
y sus aliados para seguir dominando a naciones más débiles.
Según dijo, se trata de una
ocupación militar con diversas
variantes, una de ellas infectar
50 mil redes de computadoras en el orbe, con lo cual deja
fuera de combate a millones de
usuarios que pierden sus archivos, sus contactos, sus agendas. En la medida en que cada
vez más internet está sustituyendo los archivos en papel, las
actividades manuales y de la
memoria humana, quedarse sin
el instrumento provoca innumerables contratiempos, algunos
irresolubles.
Pese a los malos manejos
de gobiernos y consorcios, el
consumo de internet y de tele-

comunicaciones continúa ascendiendo en México. El recién
creado Ifetel anunció que este
rubro creció 6.8% en el tercer
trimestre de 2013 en comparación con el mismo lapso de
2012. En términos generales indica un incremento que excede
cinco veces el aumento del producto interno bruto nacional.
Con el fin de no perder sus
clientes y atenuar su desprestigio, los grandes consorcios de
la red han dicho que redoblan
esfuerzos para tratar de velar
por la seguridad de los datos de
sus suscriptores y usuarios. Por
ejemplo, twitter impide el uso
de claves robadas o hackeadas
para reforzar la seguridad en el
tráfico de información. Yahoo,
por su parte, continuamente
pide a sus usuarios que cambien contraseña para evitar que
sean intervenidos los correos
electrónicos. Sin embargo, debido a la vulnerabilidad intrínseca a esta tecnología, no habrá
muro que los conocedores de la
estructura de la red sean incapaces de franquear.
ES P EC TÁCU L O S
C IN E

La comunidad cinematográfica reaccionó airadamente ante el anuncio del presupuesto
asignado al Imcine para el próximo año, que
implicaba en varios casos una disminución
respecto al de 2013. Pronto las autoridades
de Conaculta lo negaron. Incluso podría haber un aumento, a decir del director de instituto, Jorge Sánchez. Pero el presidente de la
Sociedad Mexicana de Directores y Realizadores de Obras Audiovisuales, Víctor Ugalde, considera que se trata de un ajuste forzado: “Sumaron etiquetados de diversos ramos
que no necesariamente son para producir y
difundir arte”.

Miguel Dimayuga

El

estira y afloja
del presupuesto
COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

A

unque el director del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), Jorge
Sánchez, informa a Proceso que todavía no se ha
publicado el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) para 2014 en el Diario Oficial, dio por
buena la noticia de que las instancias del
cine nacional “no sufrirán recortes” y tendrán una cantidad similar a la ejercida en
2013”.
El 27 de noviembre ante la prensa, con
bombos y platillos, divulgó –junto con los
titulares de la Cineteca Nacional, los Estudios Churubusco, el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), Alejandro
Pelayo, Carlos García Agraz y Henner Ho-

fmann respectivamente– que “no habrá
disminución del presupuesto al subsector
cinematográfico”.
Exaltó que “habrá recursos acorde a los
programas específicos que cada institución desarrollará”, y repite, muy seguro, en
entrevista con Proceso, que “no habrá rebaja del presupuesto”.
Sin embargo, admite que la información no está publicada en el Decreto en el
Diario Oficial:
“Aún no se conoce con exactitud el
desglose del presupuesto al subsector
por ramos administrativos, ni a nivel de
organismos y entidades.”
Y subraya:
“Estamos en espera de conocerlos a
detalle.”

Pero piensa que el Imcine no tendrá 30
millones de pesos menos para 2014, como
la Cámara de Diputados lo dio a conocer el
14 de noviembre, al aprobar el PEF.
“En 2013, tuvimos 374 millones 575,
584, en 2014 estaban hablando de que serían 343 millones 680, en 2002 eran 30 millones 895 mil 382 menos, que sería una
disminución del 8%. Eso no va a ocurrir.
Trabajaremos con el mismo presupuesto que pudimos ejercer este año, por lo
que no hay riesgo de afectar programas
encaminados a fomentar la creación, producción y promoción cinematográficas”,
detalla.
Apenas se dió a conocer el PEF, las críticas al recorte al ramo cultural surgieron
al por mayor. La comunidad cinematográ-

1935 // 1 DE DICIEMBRE DE 2013
1928 13 DE OCTUBRE

83
el presupuesto original, el Imcine cuenta con mil 43 millones de pesos para incentivar la producción del cine mexicano
a través de sus diversos mecanismos de
apoyo (Foprocine, Fidecine, Eficine)”, por
lo cual, afirma, “es superior a los 954 millones de pesos del presupuesto original
del presente año”.
Y agrega, categórico:
“Además, el gobierno federal implementará políticas públicas transversales,
a través de las cuales se estarán apoyando
acciones de fomento a la cultura. Principalmente a través de las iniciativas digitales y
a las actividades relacionadas con el Fonca.”
Por eso, Sánchez no se preocupa si
al final las cifras no se reflejan en el PEF,
“porque tenemos un acuerdo muy claro
que Conaculta asumirá”.
Concluye que “el análisis de reducción
de recursos en el subsector es anticipado,
y no se considera, por ejemplo, el anuncio de la asignación definitiva y tampoco
los nuevos mecanismos de apoyo
a proyectos como son los programas transversales”.
Víctor Ugalde, presidente de
la Sociedad Mexicana de Directores y Realizadores de Obras
Audiovisuales, dilucida que Tovar y Galindo Favela “juntaron
en su exposición diversos ramos
con el presupuesto original para
llegar a su tan ansiada cifra de 18
mil 347 millones para la cultura. Desgraciadamente sumaron
etiquetados de diversos ramos
que no necesariamente son para
producir y difundir arte, sino
que se refieren a infraestructura y prevención del delito (ramos
23 y 11)”.
Acerca de que no habrá recortes para el rubro de cine, Ugalde
resuelve:
“Es bueno que existan las promesas de recuperar los recortes
propuestos para el 2014 en el área
cinematográfica; sin embargo, por
experiencias anteriores nos quedan grandes dudas sobre la veracidad y cumplimiento de sus
palabras. Quedándonos así más
preguntas que respuestas: ¿Cuándo se presentará la reforma de modificación de presupuesto para
recuperar los millones recortados?, ¿habrá ajuste inflacionario?
En caso de que no se haga, ¿de dónde saldrán las partidas que ofreció
Conaculta?, ¿este año existirá el reUgalde. Dudas
corte habitual que manda la SecreRefugio Ruiz /Procesofoto

fica no se quedó atrás porque la situación
era crítica: El CCC, de 75.6 millones de pesos que tuvo en 2013, pasaba a 42.9; los Estudios Churubusco, de 128.4 a 79.3, y la
Cineteca Nacional recibía un incremento
leve de 47.4 a 47.8. Así, el 25 de noviembre
los alumnos del CCC enviaron una carta a
la prensa en protesta.
Antes, el 19 de noviembre, en conferencia de prensa ofrecida por el presidente del Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes (Conaculta), Rafael Tovar, y
Fernando Galindo Favela, subsecretario
de Egresos de la Secretaría de Hacienda, informaron que los “etiquetados” salvan el presupuesto cultural para 2014”,
pero ninguno explicó con cuánto trabajará el Imcine. Por ello Proceso solicitó a
Sánchez aclarar el total que se le otorgará a la institución a su cargo. De acuerdo
con su explicación, incluyendo esos “etiquetados”, “conforme a las cifras que se
han dado a conocer hasta el momento, en

84

1935 1 DE DICIEMBRE DE 2013
1928 / 13 DE OCTUBRE DE 2013

taría de Hacienda a todas las dependencias
donde se recorta el presupuesto aprobado
por el poder legislativo y con ello incumple el mandato del legislativo?, ¿a dónde
se va ese dinero y el de los etiquetados no
cumplidos?, ¿cuándo recuperaremos los
149.4 millones de pesos que le recortaron
al Imcine de 2012 al 2013?”

Balance anual
Tanto el director de Imcine como los titulares de la Cineteca Nacional, de los Estudios
Churubusco, y del Centro de Capacitación
Cinematográfica, hicieron para Proceso la
evaluación del primer año de gobierno.
Sánchez resalta el momento “privilegiado” del cine mexicano:
“Somos un cine nacional sumamente
exitoso. A este mes de noviembre se han
producido 85 películas con el apoyo del
Estado, sea a través de Foprocine, Fidecine y Eficine, dos más que en 2012. El 80%
de los títulos del cine nacional están apoyados por el Estado. Esto representa el nivel de apoyo a la producción más alto en
los 30 años de la historia del Imcine.”
Según el encargado de Imcine, “en este
2013 se prevén 30 millones de asistentes
que hayan visto una película mexicana.
90 películas fueron estrenadas en las salas, de las cuales 68 fueron apoyadas por
el Estado”.
–¿Entonces no es verdad que la reducción de presupuesto en 2013 al Imcine se
reflejó en recortes de personal, reducción
en el monto de los apoyos de los dos fideicomisos a la producción, apoyo a talleres
de guión y hubo menos filmes apoyados
este año por Imcine?
–A mi llegada al instituto, realizamos
un análisis organizacional sobre los procesos, objetivos y metas de cada área, identificando duplicidades en algunas funciones
y la necesidad de hacer más eficientes los
procesos del instituto. Con las modificaciones estructurales, en 2013, se realizó
un redimensionamiento de la entidad, por
lo que se sustituyó personal. En ese sentido, si consideramos la plantilla al cierre
de 2012, la disminución fue de 29 personas, lo cual no afecta las metas y objetivos
institucionales.

Cineteca Nacional
Alejandro Pelayo, quien ocupó la dirección de la Cineteca Nacional de 1997 a
1999, volvió a este puesto el pasado 4 de
noviembre, y asume, en conversación
con esta revista, que no está concluido el
inmueble:
ES P EC TÁCU L O S
C IN E

“Falta como 20% para terminar todo,
pero estamos procurando que se concluya una parte de éste dentro del 2013,
con recursos fiscales de este año. Serían
las salas, donde sólo es una cuestión del
sistema eléctrico, una bodega de Imcine y otra de la Cineteca, y los acervos, en
este último es todo este trabajo de preservación y restauración. Pero no se va
a terminar toda la obra. La otra parte se
realizará en 2014. Al final de este año los
constructores deben entregar. Para la siguiente fase no sabemos si se trabajará
con el mismo constructor o se efectuará
una licitación.
“El año que viene sería darle otra presentación a la fachada, es espantoso entrar por el estacionamiento; las oficinas
no tienen cubículos, hay que terminar el
Museo del Cine, éste es lo más atrasado
de todo. Y hay que poner todos los señalamientos. Educal va a apurarse también
para terminar la librería.”
Para él, lo importante es que las salas
están funcionando:
“Las proyecciones son muy buenas.
Veo que nuestra calidad es muy competitiva. En el acervo los equipos son buenos,
se hicieron buenas adquisiciones de equipo tecnológico.”
Informa que lo que se laborará en
2014, va a necesitar un nuevo presupuesto, “que debe estudiarse para evitar caer
en esos asuntos de que se calculaba un
presupuesto y no alcanzaba”, pero no se
incluye en el PEF, “no alcanzaría”, admite.
“Es un nuevo presupuesto que debe
contar con la autorización de todas las
instancias, empezando con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con
Conaculta. Lo esencial en este nuevo proceso de terminación es que haya un plan
y un presupuesto bien definidos. Para
ello, se hará el diagnóstico con ingenieros y arquitectos.”
No sabe cuánto dinero ya se ha gastado en la construcción, “porque no he tenido la oportunidad de ver los presupuestos
exactos y tampoco sé cuánto se va a necesitar para terminar”.
–¿No se dejó dinero?
–No. Todo se terminó. Quizá hubo imprevistos que no se contemplaron.
Está satisfecho porque, dice, ha habido
una gran respuesta del público a la nueva
Cineteca Nacional:
“Es impresionante la cifras de asistencia, por eso no va a ver cambios radicales de programación y de difusión porque
están funcionando bien. Y con todas las
salas funcionando, va a ser de un gran
impacto.”

También desea darle vida al espacio de
patios, en términos de organizar actividades artísticas y culturales, y se continuará
con la parte de cine al aire libre. También
en breve, cuenta, funcionará la videoteca.
La biblioteca la encuentra bien, “se trabajó
en el centro de documentación”.
A decir de la Dirección de Programación y Difusión de la Cineteca Nacional,
en lo que va del año ha habido alrededor
de 653 mil asistentes.

Estudios Churubusco
El realizador Carlos García Agraz es director de los Estudios Churubusco desde el 29
de agosto pasado, y, según él, cuando llegó, ya estaba avanzada la construcción en
un 87%:
“Estamos cerca de terminar, yo espero
que sea en febrero del 2014.”
–¿Ha sido difícil terminarla?
–Sí, ha sido complejo, sobre todo porque es una obra que no conocía, los dineros ya eran muy pocos, estaban fluyendo
muy raquíticamente, entonces por medio de ciertos recursos propios de los Estudios y un dinero que se pudo rescatar
de Conaculta para obra pública, pues ya
con eso, 50 millones, pudimos garantizar
el final de la obra. Faltan 20 millones de
pesos para ese final, que se conseguirán
a partir de recursos propios. A los Estudios en ese sentido le ha ido bien. Tiene
entradas por coproducciones. El año que
entra tendremos lo obtenido con la película No se aceptan devoluciones, de Eugenio Derbez, porque los Churubusco es
parte de la coproducción. Entonces, tendremos recursos propios para seguir reforzando la infraestructura y apoyar a
otras coproducciones que lo requieran.
El propósito es prestigiar los estudios:
“Hay que incitar a que la gente regrese
a los Churubusco, están los recursos, los
equipos y las plataformas. Los Estudios
Churubusco deben volver a ser el centro
del cine nacional.”
–¿Qué pasó que dejó de ser un pilar del
cine mexicano?
–Hubo esto, que mí me gusta, de la democratización del cine. Es decir, ya no se
necesitan estas grandes infraestructuras,
como los Churubusco, para filmar cintas.
En mi época uno tenía que acudir a los Estudios porque ahí estaba el equipo, los
foros, las moviolas, estaba todo lo que se
necesitaba para rodar. Ahora, los Estudios deben ponerse también en precios y
en servicios a la par que todas las empresas que existen. Además, a la gente le conviene, muchas personas se han acercado a

decir que quieren que en su película aparezca el logo de los Estudios. Entonces, estamos abiertos a las coproducciones, que
vengan todos los productores a coproducir en postproducción.
Señala que en cuanto a tecnología, los
Estudios siguen teniendo la mejor consola de regrabación de América Latina, que
es la THX.
–Existe una preocupación de que se
privaticen los Estudios por el hecho de
que las televisoras ocupaban aquí los espacios, ¿qué dice al respecto?
–De repente se privilegió en los Estudios la entrada de recursos, lo cual me
parece bien, porque a final de cuentas si
no hay recursos no sobrevive, y las televisoras empezaran a copar todo, entonces hemos estado negociando. Es decir,
no tengamos a tres televisoras juntas, vámonos turnándolas, pues sigue siendo
una buena entrada de dinero. Argos tiene un foro rentado anualmente, TV Azteca ya se fue afortunadamente y Televisa
va y viene.
Finaliza comentando que la obra de los
Estudios se encuentra en un 92% de avance.
“El compromiso formal es entregar el
edificio terminado en el primer trimestre
de 2014. Estamos en recubrimientos y aires acondicionados, ya estamos muy cerca del final.”

CCC
Henner Hofmann confiesa que estaba muy
preocupado al saber que le iban a quitar
presupuesto para 2014 a la escuela que dirige, el CCC, prácticamente al menos 47%
respecto al de 2013:
“Era mucho. Nos iba a pegar durísimo
en todos los ejercicios, básicamente en
todo lo que es filmar. Se complicaría mucho. Tendríamos que reducir proyectos.
Pero nunca perdí las esperanzas.”
–¿Por qué cree que los legisladores hayan propuesto eso?
–Creo que la cultura de repente no tiene un valor real en economías como la
nuestra. Hay una anécdota de Winston
Churchill, que cuando era presidente del
Reino Unido se le presentó la necesidad
de entrar en guerra con Alemania, entonces su ministro de economía decide que
el dinero para financiar esa guerra sea el
de la cultura, y Churchuill contesta: “Entonces no tiene ningún sentido entrar a la
guerra, si vamos a cancelar la cultura”.
Lanza un mensaje:
“La cultura sensibiliza el corazón de
las gentes y es importante que en estos
momentos de crisis se apoye.”

1935 // 1 DE DICIEMBRE DE 2013
1928 13 DE OCTUBRE

85
Pedro Sánchez /Notimex

Las últimas corridas,
tocadas por la

mediocridad

LEONARDO PÁEZ

C

on esto de la transparencia
digitalizada como fuente de
conocimiento y prosperidad
tampoco los taurinos saben
si van o vienen, no obstante
una tradición de 487 años en
nuestro país y que de cuatro décadas para
acá la fiesta brava acusa los efectos de un
neoliberalismo taurino al que le resultó
más práctico autorregularse que observar el reglamento, aprovechando la negligencia de las autoridades –escoja partido
político– para cumplir y hacer cumplir la
normativa de una expresión con fuerte
contenido cultural, identitario, económico y político.
A este mal disimulado secuestro de
otra práctica política y culturalmente incorrecta, según los dictados del pensamiento único emitidos desde los centros
de poder, se añade un concepto de negocio y un ejercicio empresarial opaco por
parte de algunos de los mexicanos más
ricos del mundo, ejercicio que no tardó
en comprobar que, si no más barato, por
lo menos resultaba más cómodo impor-

86

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

Apenas van seis festejos de la temporada 2013-14 en la Plaza
México y el panorama pinta mal. Los empresarios, ganaderos y
promotores parecen interesarse más en importar figuras que en
producirlas en el país, de ahí que, en estos tiempos de neoliberalismo taurino, las corridas resulten tediosas y carentes de lucimiento artístico por parte de los matadores debido a la mansedumbre de las reses.
tar figuras de los ruedos que producirlas
en el país.
Los efectos de esta sudamericanización taurina no se hicieron esperar y la
dependencia de México con respecto a España ha aumentado también en este ámbito, hasta reducir el interés del público a
dos o tres apellidos, con el consiguiente
desposicionamiento de los toros entre opciones de espectáculo.
Pero el problema rebasa la poca u ocasional afluencia de espectadores a los
cosos para permear a todo el sistema tau-

rino, erosionando los criterios de empresarios, ganaderos, toreros, autoridades,
medios y asistentes, hasta convertir la
añeja y otrora apasionante práctica en
función predecible y vistosa, en el mejor
de los casos, o en costoso tedio sin proporción entre lo que se cobra y lo que se recibe, en el peor.
La ausencia de revistas especializadas
y de libros sobre el tema reduce las posibilidades de información y formación del
público a unas cuantas secciones de periódicos, amables emisiones televisivas,
algunos programas de radio y
portales en Internet, lo que da
como resultado un espectador
acrítico y unos actores abusivos, habida cuenta de que nadie
quiere torear bravura con edad
y ningún ganadero se anima a
criarla porque ningún empresario la paga, al tiempo que las
autoridades de la Delegación Benito Juárez aprueban por sistema lo que adquiere la empresa,
mientras que los públicos, a decir de un ganadero, “ya no distinguen entre un toro de lidia y una
burra preñada”.
Con todo, en los primeros seis
festejos de la temporada 2013-14
celebrados en la Plaza México,
los asistentes protestaron ruidosamente la pobre presencia de
algunas de las reses, obligando al
juez en turno a devolver lo que el
nulo respaldo delegacional días
antes le hizo aprobar. Algo que no
protesta el público e incluso agradece es el toro de regalo, recurso
ventajista convertido en auténtica calamidad que hace de las corridas desalmadas funciones de
casi cuatro horas, con escasos resultados artísticos pues la mansedumbre prevalece en la mayoría
de las reses lidiadas.
En descargo de varios de nuestros toreros la tradicional falta de
apoderados en México y la pobre
coordinación entre el duopolio, lo que se
traduce en escaso rodaje, habida cuenta de
que no se foguean toreando sino haciendo antesala en las oficinas de las empresas. Los coletas modestos, pues tragan con
ganado más hecho, en tanto que las figuras importadas se atragantan de comodidad con las reses anovilladas que exigen
–embistan o no–, en la capital y en los estados, con la anuencia del aparato taurino,
incluidos los adinerados promotores que
pagan sin mandar, complacidos con su colonizado concepto: el toro joven y manso,
para que los importados toreen bonito.

Sosería y temperamentos
En la cuarta corrida del serial –primera
sólo con diestros mexicanos– hicieron el
paseíllo Arturo Macías (31 años, ocho de
alternativa, 44 corridas este año y primero
en el escalafón), Fermín Rivera (25, ocho y
32 tardes) y Juan Pablo Sánchez (21 años,
tres de matador, 27 festejos en México y
uno en España) ante un encierro de Marrón que, para variar, resultó manso de

solemnidad, con el puyazo de trámite y deslucidos en el último tercio. Pero la primera
sorpresa fue que no obstante la exitosa trayectoria de los alternantes la combinación
no llevó gente a la plaza.
Macías, que en este escenario ha salido a hombros en siete ocasiones, carismático, animoso y bullidor, sin ocultar
en su tauromaquia y forma de estoquear
asomos de neocavacismo y con repetidos
triunfos en provincia, ejecutando gaoneras de mano alta como casi todos los toreros actuales, parece apuntar hacia un
toreo acelerado y efectista. Obsequió o le
obsequiaron un toro de Marrón, manso y
pasador, con el que logró salir al tercio.
De elevada estatura, con un toreo muy
serio y sólidas bases, Fermín Rivera, sobrino de Curro y nieto del maestro potosino,
aún no logra superar un ensimismamiento que le impide conectar mejor con el
público, fue ovacionado en su primero y
nada pudo hacer con la sosería de su segundo, no obstante su trasteo machacón,
“rogándole” algunas embestidas.
Y Juan Pablo Sánchez, poseedor de un
temple privilegiado, al que algunos le objetan que arquee el brazo en los muletazos cuando precisamente lo hace para
darles dimensión y hondura, se vio parco
en las series con la diestra a su primero, el
de más movilidad, perdiendo con la espada una posible oreja. Atenido a su temple,
le falta dar el do de pecho y sorprendido
tuvo que pechar con un manso de regalo,
ahora de Campo Real.
Aprovechando el puente del 18 de noviembre, la empresa anunció a dos toreros
nacionales con poco rodaje y al rejoneador
español Leonardo Hernández (26 años, 7
de matador, 23 corridas en su país y 14 en
México) para cubrir el quinto festejo de la
temporada, pero como no se trataba de figuras los de a pie se las vieron con un interesante y problemático encierro de Marco
Garfias, para toreros más puestos, en tanto que el de a caballo tuvo uno alegre y claro de Fernando de la Mora, al que medio
mató con un megarejón de la rosa y del
que recibió dos orejas pueblerinas, y otro
de Marrón que empezó dando juego y acabó parado. La plaza se vio semivacía.
En la sólida tradición mexicana de toreros mal administrados no obstante sus cualidades, Alfredo Gutiérrez (35 años, 15 de
alternativa y 10 corridas este año en poblaciones modestas) corroboró con su primero
su buen toreo de capa, y tardó en tomarle la
distancia a su segundo, pero en cuanto lo sometió pudo estructurar en los medios una
faena derechista, imponiendo no sin esfuerzo su toreo. Como dejara una estocada en lo
alto, el escaso público solicitó agradecido la

oreja, no sólo por la empeñosa faena sino
por la transmisión del toro y los problemas que planteó.
En la misma línea antiadministrativa
de su alternante, Ignacio Garibay (38, 14 y
siete tardes este año) recibió a su primero,
armonioso de hechuras y sin exceso de kilos, con cuatro templadas verónicas, sentidas y hondas, reunido con el toro, que no
empujó en el caballo. Una rareza en estos
tiempos de estrategias digitales, no de dedazos. Desde el principio Garibay le tomó
la distancia y consiguió sucesivas tandas
con la diestra por encima del áspero estilo del astado, en un trasteo serio y decidido, adelantando la muleta en el cite y
tirando del toro. Dejó media estocada al
encuentro y lo que debió ser una vuelta
quedó en salida al tercio. Su segundo no
permitió nada.
Había interés por ver al tlaxcalteca
Sergio Flores (22, 14 meses de alternativa y
17 corridas, tres en España, dos en Francia
y 12 en México), quien luego de sus triunfos y cornadas en ruedos europeos por fin
se presentaba a confirmar su doctorado
en la Plaza México. El padrino fue Eulalio
López Zotoluco (44 años, 27 y 30); el testigo,
el extremeño Miguel Ángel Perera (31, 9 y
44 tardes), y los toros de la ganadería de
Xajay. Nueva sorpresa: apenas un cuarto
de entrada en los tendidos, para corroborar el efecto negativo de las políticas seguidas por los dueños del negocio taurino
tras haber reducido el interés por la fiesta
de toros a dos o tres nombres.
Si la bravura ya no se prueba en la
suerte de varas para que los toros intenten llegar al último tercio con recorrido,
el problema se agrava cuando no embisten al caballo ni a la muleta. Los de Xajay
fueron apenas por un puyazo de trámite
y acabaron defendiéndose, salvo dos, pero
permitieron medir la actitud y aptitud de
los toreros. Sergio Flores es revelación acá,
mientras en Europa, desde novillero, ha
desplegado cualidades, pundonor y torería a costa de varias cornadas. Con el lote
más complicado reiteró su decisión de hacerse figura y la tarde se iluminó cuando
concluyó una serie de naturales con un
afarolado y el forzado de pecho. Zotoluco,
con su primero, consiguió un trasteo con
oficio pero a distancia, exhibiendo en ambos su limitada estética, en tanto que Miguel Ángel Perera se encontró con la suave
embestida del menos malo, al que toreó
de capa con sabor y aprovechó en tandas
por el derecho, si bien ahogando la embestida sin necesidad al final de la faena.
Dejó tres cuartos de acero y el juez Jesús
Morales expedito soltó la oreja. Picadores,
¿para qué?

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

87
Los tres “ejes”

incumplidos
de Jesús Mena

El director de la Conade, Jesús Mena Campos, convocó
a los reporteros en marzo pasado para hablar de los tres
ejes en los que, dijo, descansará su programa deportivo
sexenal. Pero lejos de presentar el documento respectivo
a los legisladores federales para su análisis y aprobación,
el funcionario se ha dedicado a denostar a su predecesor
Bernardo de la Garza y, peor aún, ya transfirió los montos para las 529 obras asignadas a otros tantos municipios
este 2013, sin supervisar cómo serán utilizados.

RAÚL OCHOA Y BEATRIZ PEREYRA

A

un año de haber sido nombrado director de la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (Conade),
Jesús Mena Campos aún
no presenta su Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2012-2018, además de que las acciones
emprendidas en torno a los tres ejes en los
que supuestamente descansa ese proyecto –anunciados ante los medios informativos– evidencian su ineficaz gestión.
Hace casi nueve meses, Mena enumeró las iniciativas más importantes de su
administración: 1) la activación física de
la población para combatir el sobrepeso
y la obesidad; 2) la reestructuración del
Programa Deporte para superar la desastrosa situación de la actual infraestructura deportiva, y 3) la profesionalización
de las federaciones deportivas, así como
la transformación del fideicomiso Compromiso Integral de México con sus Atletas (CIMA), el sistema de becas relegado
desde hace 12 años por la iniciativa privada y cuyo patrocinador único es el gobierno federal.

88

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuando asumió la dirección de la
Conade, Mena se encontró con el caos que
heredó Bernardo de la Garza. Incluso informó a la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados que entre 2009 y 2012
su predecesor repartió más de 4 mil 500
millones de pesos a distintos municipios
para la ejecución de mil 89 obras de infraestructura deportiva.
El 82% de éstas, dijo, mostraban irregularidades: los recursos federales se
entregaron sin el expediente técnico correspondiente; la comisión no le dio seguimiento a ese presupuesto ni supervisó
las obras; algunas de ellas no se realizaron o bien el dinero fue utilizado para
otros fines, y, aun cuando las alcaldías
tenían adeudos de ejercicios fiscales anteriores, siguieron recibiendo dinero público (Proceso 1879 y 1898).
El año más escandaloso fue 2012, según las cifras exhibidas por Mena. En ese
periodo De la Garza transfirió recursos superiores a 2 mil 600 millones de pesos a
626 obras, de las cuales sólo cinco tenían
expedientes cerrados al concluir el año.
Ante esa situación, el directivo de la
Conade organizó una conferencia de prensa el 14 de marzo pasado en la cual anun-

ció que el organismo levantaría un censo
para conocer el número de instalaciones
deportivas en el país y las condiciones en
que se encuentran.
Mena anunció la creación de un software para almacenar los datos recabados
y determinar qué necesitaba remodelaciones, mantenimiento o apoyo para su
manejo y operación eficiente.
“Esa información –dijo en su conferencia de prensa– se le entregará a la
Cámara de Diputados para que (juntos)
diseñemos un Programa Nacional de Infraestructura para que el dinero que los
legisladores están autorizando cada año
(en promedio 3 mil millones de pesos) se
aplique bien.
“Además, 3% de los montos que se entreguen a cada municipio será destinado
para realizar una supervisión federal de
las obras. Alguien distinto a los municipios hará esa supervisión.”

Anuncios y bloqueos
El ambicioso proyecto de Jesús Mena también incluía subir a la página de internet
de la Conade los proyectos ejecutivos de
las obras e integrar un catálogo para que
Eduardo Miranda

D E PORT E S

Mena. Puro discurso

cualquier persona pudiera conocer el costo real de cada obra. El propósito era evitar
los sobreprecios y que los ayuntamientos pagaran diferentes montos por obras
similares.
Mena también prometió que cada
espacio deportivo contaría con un manual de operación –disponible en su propio sitio web–, de manera tal que, antes
de construirlos, los alcaldes tendrían la
información precisa de cuánto se invertiría en el equipamiento de esas instalaciones, así como en su mantenimiento
y operación. Eso evitaría, según el funcionario, que se convirtieran en elefantes blancos.
Las reglas de operación del Programa
Deporte 2013, presumió, serían “muy diferentes” a las de 2012; con esos candados,
puntualizó, el ejercicio de más de 3 mil
millones de pesos sería completamente
transparente.
Sin embargo, los objetivos del director
de la Conade se convirtieron en una lista de
buenos deseos. Hoy, en la página de internet del organismo no hay una sola línea que
aluda a los compromisos citados.
La acción más contundente en su primer año de administración es la firma de

un convenio con el Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (Inegi) el 25 de septiembre último para que este órgano realice el censo de infraestructura.
Ese mismo día, Mena anunció la integración de un Comité Técnico –del cual
forman parte el Inegi; la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano; el Instituto Mexicano del Seguro
Social, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado–, cuyo propósito es realizar otro censo
para conocer “los hábitos deportivos y alimenticios” de los mexicanos.
Sin embargo, hasta ahora no se ha fijado la fecha para el levantamiento del
censo. De acuerdo con información proporcionada a Proceso por el Inegi, apenas
se está diseñando la metodología y las estimaciones para determinar cuántas personas serán encuestadas.
La Subdirección General del Deporte de la Conade, encabezada por Juan
Manuel Garduño, depositó 100% de las
partidas presupuestales destinadas a los
municipios. En otras palabras, la comisión
no dispuso de 3% de los recursos para la
supervisión adecuada de las obras a fin de

darle seguimiento al uso de los recursos
federales, según lo establecen las propias
reglas de operación diseñadas por el organismo para evitar actos de corrupción.
Peor aún: la Conade instruyó a los alcaldes a utilizar ese 3% para que ellos contrataran la supervisión directamente; es
decir, se supervisarán a sí mismos.
De acuerdo con el punto 4.3.1 de las
reglas de operación, “los beneficiarios de
infraestructura deportiva y su equipamiento deberán destinar 3% de la totalidad de los recursos federales autorizados
y los convenidos con los estados y/o municipios, demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, sector privado, las entidades y/o dependencias de la administración pública, así como asociaciones
deportivas nacionales y entidades deportivas, para efectuar la supervisión federal
directa de las obras, por lo que deberá dar
todas las facilidades a la Conade o a quien
ésta designe para tal propósito. La Conade
podrá realizar las gestiones que correspondan para que dicha supervisión sea
contratada con especialistas externos, definidos por la propia Conade, ajenos a los
ejecutores de las obras públicas realizadas
con el recurso federal”.

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

89
Asimismo, pretendió reetiquetar los
fondos para que la Conade dispusiera del
presupuesto del Programa Deporte. La solicitud fue denegada pues se trata de un
programa social sujeto a las reglas de
operación.
“Hay subejercicios y se especula que
entonces vienen las reasignaciones (de
los recursos federales) que ellos (los funcionarios de la Conade) determinan y luego se puedan gastar como quieran. Es una
sospecha”, comenta a Proceso el diputado
panista Jorge Rosiñol.
El hecho de que hasta septiembre se
haya iniciado el procedimiento para la revisión de expedientes y transferencia del
dinero significa que en 60 días la Subdirección de Infraestructura analizó la elegibilidad de cada proyecto: la situación
jurídica de disponibilidad de los predios,
los proyectos ejecutivos, los programas de
trabajo y los flujos financieros, entre otros
factores.
Proceso solicitó una entrevista con el
subdirector general del Deporte, Juan Manuel Garduño, quien, según las reglas de
operación, es el “responsable de la transferencia de los recursos a partir de la primera
asignación y hasta la comprobación total”.
Mena no le permitió atender la petición.

El origen
De acuerdo con las fracciones del PRI, PAN,
PRD y PVEM en la Cámara de Diputados,
el presupuesto 2013 del Programa Deporte se asignó con base en una negociación
política, sin considerar un marco programático, presupuestal y normativo de los
indicadores de las necesidades de infraestructura deportiva en los municipios.
http://www.ikkosports.com.mx

La Ley de Obra Pública, así como la de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público indican que la comisión
debió haber ministrado los recursos federales según el avance de las obras o la compra de equipamiento deportivo.
Ese era el propósito al introducir los
cambios a las Reglas de Operación 2013,
pero no se cumplió. En cada convenio
que la Conade firmó con los ayuntamientos transfirió 100% de los recursos en una
sola exhibición y sin revisar los expedientes técnicos, presupuestos y programas de
trabajo.
Era imposible que los revisara, pues
carece del personal técnico operativo suficiente para hacerlo. En la Subdirección
General del Deporte y en la de Infraestructura –al frente de la cual está Jesús Antonio Torres– trabaja el mismo personal que
en la administración anterior.
Tampoco podía cerrar de manera simultánea los 621 expedientes de las obras
de 2012, los 214 de 2011, los 30 de 2010 y
los 27 de 2009. Sólo tiene tiempo para revisar los 529 proyectos de este año. Y como
las reglas de operación establecen que
aunque el dinero sea transferido a estados y municipios, los recursos deben apegarse a la normatividad federal.
Información proporcionada por la Comisión de la Cámara de Diputados en la
materia indica que hasta septiembre pasado la Subdirección General del Deporte inició la recepción de solicitudes para
transferir los 3 mil millones de pesos entregados a los ayuntamientos.
¿La razón? De marzo a agosto Jesús
Mena gestionó en la Secretaría de Hacienda que en lugar de 3% se autorizara 5% de
los recursos para supervisión.

Garduño. Un operador singular

90

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

En septiembre de 2012, los legisladores
de la Comisión del Deporte seleccionaron
los municipios y convocaron a los alcaldes
beneficiados para presentar los proyectos
de infraestructura deportiva, así como los
montos de inversión.
Asimismo, esa comisión envió a la de
Presupuesto el monto asignado a cada
uno de los 529 municipios seleccionados
para el Programa Deporte. La información
se integró al proyecto de Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013
que se autorizó ese mes.
En julio pasado, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Partido Movimiento
Ciudadano e integrante de la Comisión del
Deporte, presentó una propuesta de reasignación de recursos a los integrantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte
(Sinade) para darle un mejor destino al Fondo de Infraestructura Deportiva Municipal.
Advirtió que cada año se asigna un presupuesto multimillonario a este rubro que,
dijo, la Conade no maneja, lo que deriva en
la falta de comprobación de parte de los
ayuntamientos y el nulo seguimiento que
la dependencia da a los recursos federales.
El legislador propuso que 30% del presupuesto asignado cada año a la construcción de infraestructura deportiva sea
etiquetado para la operación y mantenimiento de las instalaciones que ya existen. Nadie lo respaldó.
En entrevista con Proceso, Villanueva
critica a la Comisión del Deporte por validar un acuerdo de la Comisión de Presupuesto en que la asignación de los recursos
del ejercicio 2013 la hicieron los coordinadores parlamentarios con fines políticos y
no con base en la viabilidad de los proyectos de infraestructura.
De los recursos etiquetados en 2013
para ese rubro –3 mil 140 millones de pesos–, el PRI asignó a alcaldes de su partido mil 452 millones de pesos. El destino
de otros 755 millones lo definió el PRD. El
PAN designó 731 millones de pesos para
los municipios donde gobierna, mientras
que el PVEM distribuyó 202 millones.
“Son cuotas por partido y la estrategia
deportiva nacional les vale un cacahuate”,
acusa Villanueva.
Los proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos de cada año, dice, no
necesariamente son aquellos que fueron
aprobados en la Cámara de Diputados.
Agrega que los alcaldes suelen modificar
los planes originales y desvían el dinero
para construir instalaciones que no son
deportivas, pagan aguinaldos con esos recursos o simplemente no los ejercen, pero
tampoco los reintegran a la federación.
El diputado asegura que la Conade ya
transfirió 90% de los recursos a los municipios y estados beneficiados con las 529
obras autorizadas para este 2013.
DEP O RT E S

Contra la obesidad, México todavía

Benjamín Flores

no se mueve
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ofreció un ambicioso programa para abatir los ya alarmantes índices de obesidad en el país. Se trata de medir y
pesar a 3 millones de mexicanos para luego ponerlos a
hacer ejercicio. Pero su plan tiene puntos flacos, entre
ellos que el sustento científico para aplicarlo fue “importado”, sin adecuaciones, de un esquema aplicado en el
Estado de México.

RAÚL OCHOA Y BEATRIZ PEREYRA

J

esús Mena será incapaz de
cumplir el compromiso de “Mover a México”, el primero de los
tres ejes de su Programa Nacional de Cultura Física y Deporte
2012-2018.
El pasado marzo, al cumplir 100 días al
frente de la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (Conade), Mena anunció
que en coordinación con la iniciativa privada echaría a andar un programa de mediciones en las escuelas a fin de diagnosticar las capacidades de niños y jóvenes, y
a partir de esa información establecer una
política para combatir los índices de sobrepeso y obesidad.
Seis meses le tomó hacer público que
el 14 de octubre arrancaría en fase piloto el programa Ponte al 100, con el cual se
evaluará a 3 millones de personas de entre
ocho y 60 años en 4 mil 200 centros a instalarse en todo el país. El primer tropezón
llegó cuando la intención de llevar el programa a las escuelas fue frenado por la SEP,
pues Mena pretendió aplicarlo sin consultar a la cabeza de sector (Proceso 1923).
De acuerdo con los resultados, a las personas evaluadas se les entregará un plan
nutricional personalizado y se les sugerirá la actividad física a realizar durante tres
1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

91
Benjamín Flores

La presentación del programa

meses. Al cabo de ese periodo serán medidos de nuevo para verificar su estado físico
y la pérdida de grasa corporal. La fase piloto
de Ponte al 100 concluirá el martes 31.
En conferencia de prensa el pasado 18
de septiembre, Mena aclaró que este programa se basa en uno similar aplicado a
partir de febrero de 2012, también en fase piloto, en las primarias del Estado de
México cuando él fue director del Instituto
Mexiquense de Cultura Física y Deporte.
Aseguró que el programa estaba validado por el grupo de investigadores del
doctor Arnulfo L’Gamiz Matuk, coordinador del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac, y que el manual de
capacitadores tiene el aval del doctor Rigo Lemini, a quien describió como un
prestigiado psicólogo de la UNAM y de la
Anáhuac.
“No existe duda de la seriedad científica y operativa”, dijo Mena.
“Este es el cumplimiento del primero
de los tres ejes. Al presentar este programa la Conade hace más eficientes los servicios de activación física para poder tener control del efecto del programa con el
que vamos a mover a México”, insistió.
L’Gamiz confirma que avaló la aplicación del programa, pero sólo el piloto del
Estado de México con niños, no el que Mena presentó el 18 de septiembre.
En entrevista con Proceso el médico asegura que hace unos cinco meses Juan José
Palacios y Mario Ramírez Barajas, amigos
de Mena y operadores reales del programa Ponte al 100, se presentaron en su oficina para pedirle que analizara los resultados
del modelo aplicado en el Estado de México.
“Yo realicé un análisis estadístico inferencial y resultó que sí son válidos. Si en
todas las escuelas ponen a hacer ejercicio
a los niños, eso va a funcionar mejor que
ponerle impuestos al refresco y a la comida chatarra”, asegura.
–Pero no se está aplicando en escuelas
sino a toda la población por conducto de
los institutos del deporte de los estados.
–¡No me digas! Yo estaba emocionado
porque si se aplica en las escuelas podría-

92

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

mos garantizar que todos los chiquitines
van a hacer ejercicio. En escuelas es más
fácil porque como van todos los días se les
puede dar seguimiento.
“Si se va a aplicar a quienes no sean
niños y adolescentes, eso cambia muchísimo. A ellos sí se les podría educar para
que en el futuro hagan ejercicio. No puedes comparar una persona de 25 o 40 años
o un anciano con un niño. Esos estudios se
tienen que hacer para cada uno de los casos. A una persona gorda no la puedes poner a correr, no va a bajar de peso y se puede infartar. Las valoraciones tendrían que
depender de a quiénes se les van a realizar. Deberían replantear el proyecto. A lo
mejor ya lo cambiaron. A nosotros ya no
nos han invitado a hacer otro análisis.”
–El programa arrancó el 14 de octubre
y terminará el 31 de diciembre, ¿es posible
en 70 días medir a 3 millones de personas?
–¡Está cañón! Cada medición por paciente por lo menos toma 20 minutos. Tienen que ser personas capacitadas. Un profesor de educación física fácilmente lo podría
hacer... si es que tienen tantos profesores.
–La Conade capacitó a los responsables del área de cultura física y al médico
de cada instituto del deporte. Ellos capacitarán a quienes realizarán las mediciones y, dijo Mena, sólo necesitan saber leer
y escribir para hacerlo.
–Ahí va a haber alguna falla. No es lo
mismo, no pueden tener el mismo criterio
que un profesor de educación física. Van
a tener que reconsiderarlo. Lo más recomendable es que sea personal formado en
educación física o salud quien realice las
mediciones. Por eso le digo que en las escuelas era muy práctico, pero a gente de
afuera está cañón medirla.
–Su nombre fue mencionado como
responsable de darle sustento científico a
este programa. ¿Le preocupa?
–Yo avalé el previo, en escuelas con niños y jóvenes. Esto que se está haciendo yo
no lo he avalado. Cuando me traen algo casi siempre lo rechazo. En cualquier universidad el prestigio cuenta mucho. Imagínate
que digas una cosa falsa. Les voy a llamar y
les voy a preguntar por qué se están ador-

nando conmigo. Yo avalé lo del Estado de
México y hace tiempo acabó. También les
habíamos hecho sugerencias para mejorar
el programa, no sé si las hicieron o no.
“Nos tendrían que consultar para el análisis de los resultados. Tendría que ver el formulario, la estrategia y ver si lo avalo o no.
Si ya están recolectando información puede que esté mal. Me parece excelente que
la gente haga ejercicio, eso ayudaría mucho
al país, pero hay que medirlo bien para realmente conseguir resultados. Una vez que midan hay que ver cómo van a hacer el seguimiento, vale la pena preguntarlo. Ya tienen el
diagnóstico, ¿qué van a hacer después?”

Operadores
La aplicación del Ponte al 100 en fase piloto
costará 180 millones de pesos. Por parte de la
iniciativa privada sólo participa la Fundación
Coca-Cola, responsable de donar las básculas para medir el índice de masa corporal.
En la presentación del Ponte al 100 estuvo el secretario de Educación del Estado de México, Raymundo Martínez, quien
aseguró que 95% de los niños y jóvenes
de 105 escuelas mexiquenses disminuyeron sus índices de sobrepeso y obesidad.
“El punto clave es hacerlo en la infancia.
Cuando los niños están en primaria y secundaria, donde se consolida el estilo de
vida que van a tener”, advirtió.
Ese día Mena afirmó que los 4 mil 200
puntos de medición quedarían instalados
a más tardar el 14 de octubre y que las direcciones estarían disponibles en la página de internet de la Conade. Hasta hoy esa
información no aparece en su sitio web.
Juan José Palacios es quien impartió la
capacitación a los representantes de los institutos del deporte, pero niega estar operando el programa para el gobierno federal. Le
aclara a este semanario que sólo es asesor de
Juan Manuel Herrera, director de Medicina y
Ciencias Aplicadas al Deporte de la Conade.
“Asistí como representante del Estado
de México para darles toda mi experiencia.
Trabajo para la Secretaría de Educación Pública del Estado de México, donde comenzó
el programa. La Conade decidió hacer un
esfuerzo y lo está piloteando (sic) para ver
cómo resulta en todo el país”, explica Palacios, profesor de educación física retirado.
Le está regalando su tiempo y trabajo a la Conade, sostiene, pues el organismo no le paga por las asesorías. Refiere que
él le “regaló” el programa Ponte al 100 a Jesús Mena, quien, cuando dirigía el Instituto
Mexiquense de Cultura Física y Deporte, autorizó las evaluaciones de la capacidad funcional –en aquel entonces bajo supervisión
de Jorge Vital quien dijo que Palacios le “pirateó” el proyecto (Proceso 1909)– y de ahí se
tomó para aplicarlo a escala nacional.
“La idea de mi fundación (Movimiento es Salud) es dotar a todas las escuelas
AP photo /Marcio José Sánchez

DEP O RT E S
de los instrumentos de medición. Para ello
nos abocamos a conseguir recursos de la
iniciativa privada. Los profesores no podrán evaluar si no hay equipo, el cual es
caro (alrededor de 30 mil pesos para las
escuelas públicas y 36 mil para los municipios). Mis honorarios son producto de las
asesorías que realizo para la Secretaría de
Educación Pública del Estado de México.
¿De qué vivo? De los patrocinios”, revela
Palacios, quien no nombró a una sola de las
empresas que supuestamente lo apoyan.

Los ejes rotos
Mena tampoco ha avanzado en el segundo
eje de su programa de cultura física: el llamado Transformación del Deporte. Prometió actualizar del Fideicomiso Fondo para
el Deporte de Alto Rendimiento-Compromiso Integral de México con sus Atletas y
no ha conseguido ni un patrocinador.
Marcó como prioritarios tres deportes:
clavados, tiro con arco y taekwondo.
La arquera y medallista olímpica Aída Román declaró a los medios que sigue
“mendigando” un entrenador, pues desde
hace más de ocho meses la coreana Song
I Woo se fue de México y la Conade no ha
resuelto quién trabajará con ella.
Mena tampoco ha atendido a la taekwondoista María Espinoza, quien otra
vez entrena sola con el cubano Pedro Gato
debido a la presión que sobre la doble medallista olímpica ha ejercido el presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, Juan Manuel López. Éste, en un afán de
sabotear su carrera, incluso ha desafiliado
a las taekwondoistas que aceptaron ayudarla en sus entrenamientos.
En promocionales de radio y televisión
la Conade ha presumido las más de 900
medallas que los atletas mexicanos han

Aída Román. En busca de entrenador

obtenido durante el primer año de la gestión de Mena.
Pero el organismo no informa que ese
número de preseas es casi idéntico al ganado durante el último año de la administración de Bernardo de la Garza, con la salvedad de que en el nuevo recuento incluyen
las cosechadas en categorías infantiles y
juveniles de raquetbol, competencias parapanamericanas y de triatlón juvenil.
La Subdirección General de Calidad para el Deporte, que encabeza Othón Díaz, no
ha anunciado ni una nueva acción diferente
a las realizadas con De la Garza para ganar
más medallas olímpicas. Sólo se le ha dado
continuidad al plan de trabajo del sexenio
anterior. Pero hace tres semanas Díaz despidió al director de Alto Rendimiento, Vladimir Ortiz, creador de los programas con los

cuales México obtuvo 133 medallas (42 de
oro) panamericanas en Guadalajara 2011 y
seis olímpicas en Londres 2012.
Las dos acciones más importantes de
esa subdirección son administrativas: la
creación de manuales de procedimiento
y la profesionalización de las federaciones deportivas, cuyo manejo de los millonarios recursos públicos sigue sin transparentarse, con lo cual Mena tampoco
cumplió la promesa de “transparencia,
rendición de cuentas y combate a la corrupción” en el segundo eje de su plan.
En cuanto a profesionalización, se rediseñó el organigrama de las federaciones
y se definieron los perfiles de quienes deben encabezarlas. Pero todo sigue igual:
no se reclutó personal y nadie cambió su
plantilla para cubrir las exigencias de la
Conade. Sólo ha servido para reciclar a los
mismos empleados, quienes ahora devengan mejores salarios desde otras oficinas.
Para la profesionalización la Conade
estableció un perfil de puestos, pidió que
los aspirantes estén capacitados para desempeñar el cargo, que se definan las funciones de vinculación con esta dependencia, los institutos del deporte y las
asociaciones deportivas estatales.
La Conade no escatimó recursos y pagó
cerca de 550 mil pesos por un curso de 32 horas que impartió personal de la UNAM a los
integrantes de las federaciones deportivas.
El resultado no pudo ser peor: apenas
ocho presidentes de federaciones tomaron la capacitación completa. Para cumplir con el requisito, el resto de los titulares mandaron a vicepresidentes, gerentes
o secretarias, de modo que la información
sobre gestión y control de calidad y sistemas de competencia y administración
del deporte no la recibió quien necesitaba capacitarse.

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

93
Acerca de
El caso Neruda sigue abierto
De Mario Casasús
Señor director:

E

l reportero Francisco Marín cometió un par de
errores en la nota El caso Neruda sigue abierto (Proceso 1934). No corroboró la información
al entrevistar a Luis Ravanal. El forense chileno
aseguró: “se asume la identidad de un resto cadavérico sin haberlo identificado genéticamente.
En este caso, por algún motivo altamente irracional, aún no se ha hecho el examen de ADN de
Neruda”.
Las pruebas de ADN sí se realizaron. Los
sobrinos de Neruda aportaron las muestras. La
identificación del ADN es un protocolo, no se
trata de un elemento para probar la conspiración
en el presunto asesinato ordenado por Pinochet.
Las exhumaciones de Neruda fueron vigiladas
por la familia –en 1973 por la viuda Matilde
Urrutia, y en 1992 por el sobrino Rodolfo Reyes–;
además contamos con los registros fotográficos
del cadáver del poeta (1992). En la última exhumación los científicos detectaron: el medicamento dipirona, la metástasis ósea y un tratamiento
estrogénico. Sería absurdo pensar que la dictadura de Pinochet consiguió un cadáver idéntico a
Neruda, con metástasis ósea, proveniente de un
paciente con tratamiento estrogénico, al que le
inyectaron dipirona.
El reportero Francisco Marín imagina una
conspiración actual dentro de la presunta conspiración de 1973: “Las especulaciones continúan
y todo indica que las autoridades de Chile están
urgidas por desembarazarse del asunto” (sic). El
corresponsal de Proceso omitió publicar algunos
datos: El juez Mario Carroza aceptó la propuesta
de los abogados querellantes de enviar contramuestras a otros laboratorios de Europa, por definirse entre Suecia, Suiza y Austria; el juez aceptó la participación de dos peritos propuestos por
el abogado querellante Eduardo Contreras (fueron testigos durante la necropsia de Neruda y en
la discusión con los científicos de Chile, España
y Estados Unidos). El forense Luis Ravanal perdió
credibilidad después del veredicto del juez Mario
Carroza en el caso Salvador Allende, al quedar
descartada la teoría del magnicidio. A pesar de
la queja de Marín, era predecible que Ravanal no
estaría convocado para participar en la exhumación de Neruda. Marín y Ravanal escribieron un
libro sobre el “asesinato” de Allende (“Yo no me
rendiré”, 2013).
La persistente asesoría de Ravanal en los reportajes de Marín podría generar un conflicto de
intereses. Proceso debería diversificar sus fuentes; de lo contrario, publicarán la visión unilateral
de Ravanal. El peor de los paradigmas defendido
por el forense consiste en negar la existencia de
la metástasis cancerosa: “forzadamente se busca
confirmar que las lesiones de hueso evidenciadas
en los exámenes histopatológicos de Neruda son
concordantes con metástasis” (Proceso 1908).
Finalmente, estoy de acuerdo con Ravanal
en un punto: Neruda no padecía caquexia: “Si
uno revisa las imágenes del cadáver de Neruda,
se constata que está absolutamente lejos de ser

94

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

concordante con una persona con caquexia. Allí
se ve una persona con sobrepeso” (Proceso
1934). Sin embargo, el autor del reportaje eliminó el crédito de mi hallazgo, pues fui el primer
periodista que presentó las fotografías del cadáver de Neruda como prueba gráfica. Todavía
conservo la edición impresa de la revista The
Clinic (12/07/2007). No tenemos la certeza sobre
la causa de muerte de Neruda, pero Ravanal y
Marín mienten al construir una historia basada en
“tumores benignos” (adenoma), porque según el
reportero: “Neruda estaba muy vital” (Proceso
1914), y según el forense: “se asume la identidad
de un resto cadavérico sin haberlo identificado
genéticamente” (sic). La conspiración dentro de
la conspiración, la exageración y la falsificación,
al parecer es la metodología aplicada en los casos Neruda y Allende.
Atentamente
Mario Casasús
Periodista del Clarín de Chile

Respuesta del reportero
Señor director:

E

n relación con la carta enviada por el periodista Mario Casasús, debo señalar:
1.- En el informe pericial elaborado por la
comisión especial abocada al estudio de los
restos de Pablo Neruda, el cual se presentó
el pasado 8 de noviembre con carácter de
“definitivo”, no figura el examen de ADN (a pesar de que a los familiares se les tomaron las
muestras). Esto se puede verificar al revisar en
forma íntegra dicho informe: http://www.poderjudicial.cl/modulos/Home/Noticias/PRE_txtnews.
php?cod=5979&opc_menu=&opc_item=
Es correcto lo señalado por el doctor Luis

Ravanal en el sentido de que se debió asegurar
la identificación de los restos y luego avanzar en
los exámenes más complejos. Este proceder forma parte del lex artis médico forense, y en esta
indagatoria debió haberse respetado.
2.- No imagino conspiración alguna. Sólo me
he limitado a exponer antecedentes concretos y
comprobables.
3.- No señalé en mi nota que el juez Carroza
haya cerrado la posibilidad de realizar otros
exámenes. Textualmente expresé que este magistrado sostuvo que “el caso no se cerraba aún,
y (que) para poder descartar definitivamente la
tesis del asesinato ‘era necesario tener todos los
antecedentes y en este momento no sabemos si
los tenemos todos’”. No considero que haya incurrido en omisión por no mencionar diligencias
que no se han hecho y que ni siquiera han sido
ordenadas.
4.- Se me imputa no registrar que el Partido
Comunista (PC) pudo incluir a dos de sus peritos
en los análisis forenses de los restos, inclusión
que es un derecho de las partes. Sin embargo,
estimé que lo noticioso es que se haya excluido
a los peritos propuestos por la familia de Neruda,
máxime si se considera el nutrido currículum que
tenían los profesionales propuestos. Éstos eran
médicos legistas, profesión más indicada para el
análisis forense de restos humanos. Dada la citada
e inexplicada exclusión, los querellantes se quedaron sin ningún profesional de esta especialidad.
5.- No es efectivo que el doctor Luis Ravanal
haya perdido prestigio tras el veredicto del ministro Carroza en el caso Allende (en el cual se
señala que éste se suicidó), como tampoco el
que la justicia chilena haya descartado el magnicidio. Este caso está abierto y en manos de la
Corte Suprema, la que pronto debe pronunciarse
respecto de un recurso de casación presentado
por los querellantes. Por lo mismo, no cabe adjudicar pronunciamientos definitivos de la justicia
en esta materia.
Como señalamos en el libro Allende. “Yo no
me rendiré”. La investigación histórica y forense
que descarta el suicidio, los peritos que participaron en la exhumación de los restos del expresidente socialista (2011) omitieron pronunciarse
sobre el principal punto de discordia en esta causa: el origen del orificio de salida de bala existente en la parte posterior del cráneo de Allende,
descrito en la autopsia de 1973. Ravanal y otros
expertos forenses –incluido el perito del SML,
Germán Tapia Coppa– han afirmado que este
orificio necesariamente tiene un origen distinto al
impacto que provocó estallido de cráneo.
En dicho libro –que como apunta Casasús
coescribimos con el perito Ravanal– dimos a
conocer un informe químico forense desarrollado –en mayo de 2001– por el perito de la Policía
de Investigaciones Leonel Liberona Tobar. Allí se
indica que en la frente de Allende fueron hallados
residuos de pólvora “concordantes con un disparo hecho a corta distancia”. Tal herida es coherente con el disparo descrito en 1973 en la parte
posterior del cráneo.
Aunque Ravanal es una de las fuentes importantes en nuestros reportes del caso Neruda,
hemos utilizado cientos de otras fuentes, entre
las que destacan: el expediente de la causa; los
informes médico-forenses; las entrevistas al chofer de Neruda, Manuel Araya; al otrora embajador
de México en Chile, Gonzalo Martínez Corbalá;
al médico radiólogo que atendió a Neruda en
PALABRA DE LECT O R
1973, Guillermo Merino, y a representantes de la
Fundación Neruda y de los querellantes.
Es incorrecta la apreciación de que Ravanal
se encierra en el “paradigma” que niega que
Neruda haya tenido metástasis. Él sólo ha subrayado en este punto que los exámenes hasta ahora realizados no son lo suficientemente rigurosos
como para establecer que Neruda haya padecido
dicho mal.
En el reportaje Caso Neruda: informes defectuosos denunciamos que los dos peritos que
emitieron en mayo un informe que aseguraba que
Neruda tenía cáncer generalizado en los huesos
no formaban parte de la comisión especial del
caso Neruda. Uno de ellos –el radiólogo clínico
Jorge Díaz– ni siquiera contaba con especialidad
forense. Dichos peritos no hicieron un diagnóstico
diferencial que explique por qué sostienen que
las lesiones verificadas en los huesos de Neruda
corresponden a metástasis, y no, por ejemplo, al
efecto del paso del tiempo. Incluso advertimos
que no se refirieron al hecho de que Neruda había
sido sometido a sesiones de radioterapia, lo que
es una grave irregularidad puesto que tal antecedente figura en el expediente médico de la causa,
y es sabido que este tipo de tratamientos ocasiona lesiones en los huesos. Se equivoca Casasús
al pretender atribuir posiciones predefinidas en
torno a ésta y otras materias y al evitar abordar el
fondo de los asuntos tratados, como por ejemplo
la pertinencia técnica de los exámenes que determinaron que Neruda tenía metástasis.
6.- No es cierto que Casasús haya sido “el
primer periodista que presentó las fotografías del
cadáver de Neruda como prueba gráfica”. En septiembre de 1973 el Journal do Brasil difundió las
fotos de Evandro Teixeira, quien retrató a Neruda
horas después de muerto. En 2004 este fotógrafo
publicó en Brasil el libro Vou viver. Tributo ao poeta
Pablo Neruda. Son decenas o quizás centenares
los medios que han reproducido dichas imágenes.
En el reportaje Caso Neruda: Informes defectuosos (Proceso 1908), donde tratamos este tema,
dimos los créditos a quien correspondía: el fotógrafo Teixeira, quien se mantiene con vida en su
país natal. Desconozco la publicación a la que se
refiere Casasús.
7.- Finalmente, quiero señalar que en el
reportaje El caso Neruda sigue abierto lo que hicimos fue demostrar que era falso lo propagado
por la prensa chilena y extranjera –a partir de los
informes periciales forenses dados a conocer el
8 de noviembre– en el sentido de que Neruda
murió de cáncer y de que se descartaba el asesinato. Revelamos que no se estableció la causal
de muerte y que los informes que asentaban
que Neruda tenía cáncer avanzado al morir no
fueron objeto de un control de calidad. Al mismo
tiempo, dimos cuenta de que se dejó a un lado
un aspecto básico al que estaban llamados los
peritos del caso Neruda: analizar la veracidad del
certificado de defunción elaborado el 24 de septiembre de 1973 por el médico urólogo Roberto
Vargas Salazar, en el cual se afirmaba que el
poeta murió de “caquexia por cáncer metastizado de próstata”. Creo que al hacer esto hemos
contribuido en forma rigurosa a la ampliación del
conocimiento de la verdad sobre esta importante
materia. Es motivo de satisfacción el que nada
de lo expuesto haya sido rebatido.
Atentamente
Francisco Marín

Opina que la reforma educativa
debe admitir más aportaciones
Señor director:

S

olicito a usted publicar en la sección Palabra
de Lector la siguiente opinión.
Como doctor en derecho constitucional,
criminólogo y profesor de carrera, estoy convencido de que todos debemos aportar nuestros mejores oficios y opiniones para impulsar
una adecuada reforma educativa.
En tal tesitura, me permito comentar que leí
con atención el reportaje titulado Nos empujan al
estallido, de Santiago Igartúa (Proceso 1902, del
14 de abril), quien con una excepcional maestría
periodística establece puntualmente las precisiones argumentativas de los dirigentes de la CNTE.
Sin lugar a dudas que es importante comprender la justeza de los profesores, como también lo es el ponderar las opiniones que consolidan la viabilidad de la reforma a los artículos 30 y
73 constitucionales.
Como académico aprecio la trascendencia
del artículo 5° transitorio de la reforma educativa
constitucional, y por ello manifiesto a los diputados de todos los estados del país y del Distrito
Federal que es menester el que apliquen todo
su conocimiento y se percaten de que en ese 5°
transitorio tienen todos los elementos para materializar las facultades concurrentes conferidas a
cada entidad federativa por los artículos 13, 14,
15 y 16 de la vigente Ley General de Educación,
así como el que brinden a los dirigente sindicales
muestras concretas de que la reforma educativa
tiene mayores beneficios que perjuicios.
Por último, expreso a los gobernadores
de Chiapas, Veracruz, Yucatán, Campeche,
Quintana Roo, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, al
igual que al jefe de Gobierno de Distrito Federal,
que es fundamental que en la Conago accionen
una comisión especial para el seguimiento de
la implementación de la reforma educativa en el
sur-sureste, por cuanto las particularidades regionales exigen poner una atención especial a la
dinámica sindical en sus estados.
Atentamente
Ansberto Arafat Nájera Pérez
Teléfono: 961-21-53-033

Lamenta que no se exhiba a
Israel en el contexto de la FIL

necen impunes; las de Israel incluyen despojo,
expulsión, opresión, bloqueo, tiranía de la incertidumbre, saqueo de tierras y recursos vitales, presión psicológica, vigilancia, control continuo del
pueblo palestino. Aunado al interminable y fútil
proceso de paz, la impunidad israelí se debe a la
excepcionalidad por la que cabildea el Estado de
Israel a lo largo y ancho del mundo.
Para hacer otra analogía entre México e
Israel, se pueden mencionar dos incidentes
ocurridos recientemente, dignos de cualquier
estado de apartheid: la expulsión de una joven
indígena estudiante de doctorado de una panadería francesa en San Cristóbal, Chiapas –por
confundirla con una vendedora ambulante–, y el
haber impedido que siete indígenas oaxaqueños
abordaran un vuelo nacional en Aeroméxico.
Tomando estos paralelismos en cuenta, tiene mucha lógica que el gobierno mexicano agasaje a Israel como invitado especial de la Feria
Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. Y
si consideramos que Shimon Peres encabeza
una legión de representantes de corporaciones
israelíes (80) para un encuentro de negocios
Israel-México, la feria se revela descaradamente
como parte de un engranaje diplomático dirigido
a reafirmar lazos entre ambos países.
La visita de la delegación de empresarios
israelíes incluyó una audiencia con Enrique Peña
Nieto y Carlos Slim, para presentar posibilidades
de cooperación en los campos de la seguridad,
tecnología militar (drones), internet, comunicación, sistemas bancarios, agua y energía. Con
esta visita –amén de concretar lazos de negocios–, Israel busca darse a conocer como un país
de tecnología, de emprendimiento, y mostrarse
más allá del conflicto de Oriente Medio.
En este contexto, queda claro que el enfoque cultural juega un papel importante. Pero
al contrario de lo que ocurre en otras partes
del mundo, las protestas contra la presencia
de Israel en la FIL –para denunciar du destrucción paulatina de los palestinos, sus políticas
expansionistas y coloniales– han pasado casi
desapercibidas. La gran mayoría de los letrados
mexicanos, siguiendo la línea oficial, optaron

A LOS LECTORES
1. Toda carta dirigida al semanario Proceso
deberá contener nombre y firma de su autor, una identificación fotocopiada o escaneada (de preferencia credencial de elector,
por ambos lados), dirección y, en su caso,
teléfono o correo electrónico. Si el remitente
sólo desea publicar su nombre, lo indicará;
de lo contrario, el resto de sus datos también podrían ser difundidos.

Señor director: 

E

l conflicto israelí-palestino constituye a principios del siglo XXI el paradigma de la “politización del perdón”, de la “humanización” de conflictos étnicos, de la instrumentalización de la cultura
para “resolver” confrontaciones, pacificar la violencia, restituir el tejido social, etcétera, mientras
Gaza y Cisjordania son laboratorios de tecnologías
de guerra, de urbicidio sistemático, de control de
protestas y de seguridad, las cuales Israel exporta
al resto del mundo –incluyendo a México.
México e Israel tienen en común un récord
de violaciones de derechos humanos que perma-

2. Ninguna carta tendrá una extensión
mayor de dos cuartillas, es decir, no más de
56 líneas de 65 caracteres cada una.
3. La correspondencia no incluirá documentos probatorios de lo denunciado; se
publicará conforme a su turno de llegada,
y podrá ser enviada por correo, entregada
personalmente, transmitida por fax (56-3620-55) o dirigida a sloya@proceso.com.mx.
4. La sección Palabra de Lector cierra los
miércoles de cada semana.

1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

95
PALABRA DE L ECTO R
por ignorar el conflicto de Medio Oriente que
mantiene Israel y sacar provecho de los encuentros, enlaces, contratos, pláticas y demás atractivos que ofrece la FIL.
La “cultura” se ha convertido en un conjunto
de discursos que terminan siempre del lado del
poder y el capital; desde este campo, presionar
para que “se haga lo correcto” y “se diga la verdad” evidencia que el sistema está roto, que los
procesos políticos no están en manos de la gente, sino en las de unos cuantos.
Y aunque por lo menos unos cuantos pensadores mexicanos emitieron un comunicado que
no ha tenido mayor trascendencia, los representantes de la clase política y financiera de Israel y
México ya no sienten la necesidad de justificar
lo que hacen para generar ganancias. En consecuencia, la cultura es el apéndice de una cumbre
de empresarios que representan intereses de la
oligarquía con trascendencia global. ¿Dónde está
el llamado a boicot?
Atentamente
Irmgard Emmelhainz

hemos tenido que recurrir a demandas laborales
ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje,
las cuales son entorpecidas intencionalmente,
extraviando los expedientes o postergando
las fechas de las audiencias pendientes, entre
otras cosas. Al parecer hay un acuerdo entre el
abogado general de la UNAM y el presidente
en turno de la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje 14 bis para que nuestros asuntos se
dilaten todo lo que sea posible, e inclusive para
que no se solucionen.
Hemos perdido derechos y padecido desde
hace varios años el hostigamiento y persecución de la Dirección de la Facultad de Ciencias,
la cual inventa reglas que sólo nos aplican a
nosotros y que nada tienen que ver con el mejoramiento académico. Todo esto por el hecho de
pensar diferente, exigir que se respeten nuestros derechos y no pertenecer al grupo “político” de su titular.
Doctor Plascencia: Le solicitamos nos conceda una audiencia para exponer directamente
nuestros casos y para que la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos pueda estudiarlos y
emitir una recomendación a la UNAM.

Piden a la CNDH atender quejas
sobre “atropellos” en la UNAM

Atentamente
Maestra en ciencias Sabina Ruiz Chavarría,
doctor Pablo de la Mora y Palomar Askinasy,
físico Bernardo Salas Mar y doctor Gerardo Ruiz
Chavarría (responsable de la publicación).
Facultad de Ciencias-Departamento de Física
Universidad Nacional Autónoma de México
Teléfono: 5622-4966 / Celular: 5542192863

Señor director:

L

e agradeceremos publicar esta carta, dirigida
al doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH).
Aunque se diga lo contrario, los derechos
humanos, laborales y académicos son violados
en la UNAM. En nuestro caso se han violado
diversos derechos, lo que hemos reportado
a autoridades como el Consejo Técnico de la
Facultad de Ciencias, la Rectoría y el licenciado
Luis Raúl González Pérez, abogado general de
la UNAM, quien supuestamente debe velar por
que la legislación universitaria se cumpla, lo cual
no ha sucedido para nosotros. No se nos ve ni
se nos oye; simplemente se nos ignora dando
argumentos sin valor alguno.
La respuesta a nuestras peticiones por parte de las autoridades y funcionarios citados ha
consistido en darle el poder de resolución a la
persona que ha violado nuestros derechos, la
doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, directora de la
Facultad de Ciencias, dejándonos así en estado
de indefensión y sin que nuestros problemas se
resuelvan; en otras ocasiones, se nos canaliza
a la Defensoría de los Derechos Universitarios,
que invariablemente apoya a la autoridad o se
declara incompetente para resolver.
Por lo anterior, la reciente recomendación
45/2013 de la CNDH dirigida a la UNAM, referente al acoso de una estudiante de 16 años,
constituye sólo la punta del iceberg de las
irregularidades y atropellos que se cometen al
interior de nuestra máxima casa de estudios,
que son del conocimiento de las autoridades
y que no son atendidos debidamente hasta
que el problema traspasa las fronteras de la
universidad.
El hecho es que nuestra situación ha empeorado a lo largo del tiempo, y después de
agotar todas las instancias internas de la UNAM

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1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013

Describe anomalías del Infonavit, y
pregunta quién es su propietario

cita con el director para ver si él me escuchaba, y me contestó: “Hágalo, el director es otra
cosa”.
Luego, al recibir la noticia de que ya se
había resuelto el problema, empecé a depositar
la cantidad indicada. Pero a la postre observé
que en mi estado de cuenta no se había cumplido el convenio, ya que la cantidad depositada por dos meses seguía siendo aplicada al
capital.
Me enviaron entonces con un asesor, quien
sólo me indicó que tenía una prórroga total,
que ya no se podía hacer nada y que mejor me
esperara a pagar hasta el vencimiento de la
prórroga. (Cabe hacer notar que, a través del
correo, estuve enviando quejas y aclaraciones al
Infonavit, y que tengo en mi poder los números
de queja.)
Tuve que quedarme con el coraje y con los
intereses. Me imagino que esta es la estrategia
para que los despachos (en complicidad con los
empleados) se apropien de los bienes, cuando
ya se acumularon los intereses y el acreditado
no puede pagar. Por si fuera poco, tengo un saldo a favor que, por errores en mis primeros empleos, se aplicaron a otra cuenta, pero tampoco
nadie ha podido resolver este asunto.
Aunque muchas veces he llamado a
Infonatel, tengo la impresión de que no están
preparados para informar y tomar decisiones.
Y si aunado a esto, tampoco resuelven en las
oficinas ni en el portal de quejas, ¿a quién acudir? ¿No se supone que el Infonavit fue creado
para los trabajadores? ¿Tendrían empleo las
personas que laboran en el instituto si no fuera
por nosotros? ¿Quiénes son los propietarios
del Infonavit y qué intereses se manejan? (Carta
resumida.)
Atentamente
Isidoro Héctor Martínez Pineda
Celular: 044-55-11-50-62-60

Señor director:

E

n febrero de 2013 me quedé sin empleo, por
lo que mi primera preocupación fue el crédito
obtenido con el Infonavit (número 0907088668).
Consulté los beneficios que ofrece en caso de
desempleo y muchas veces me presenté en
las oficinas de avenida Presidente Juárez en
Tlalnepantla, Estado de México, para solicitar la
prórroga parcial del 50-50.
Se me contestaba que debía esperar tres
meses y que mi caso tendría que conducirlo
un despacho jurídico. (Me pregunto qué intereses tiene el personal del Infonavit con los
despachos.) Acudí durante varios meses y la
respuesta era la misma, o me indicaban: “Llame
a Infonatel”, donde también se echaban la bolita
respondiendo: “Acuda al área de Cobranza”, y:
“Todavía no le han asignado un despacho”.
Cuando en otra de sus oficinas me informaron que ya se me había asignado un despacho, fui citado frente a las oficinas del Infonavit
Tlalnepantla, en donde estaban sus representantes. Pero al llegar, la persona que me recibió
dijo que no tenía en ese momento mis datos,
por lo que no me podía atender.
De inmediato me trasladé a Cobranzas.
Uno de sus empleados me condujo a otra
área, no sin antes indicarme, molesto, que “el
Infonavit no tenía la obligación de hacer estos
convenios”. Le respondí que iba a solicitar una

Ruega a Mancera no suspender el
servicio de un centro de salud
Señor director:

L

e ruego publicar la siguiente carta, dirigida a
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del
Distrito Federal.
Doctor Mancera: Por medio de la presente hago de su conocimiento que el Centro de
Salud Soledad Orozco de Ávila, de la delegación
Cuauhtémoc, pretende suspender el servicio
de salud mental, sin percatarse de que muchos
pacientes que allí somos atendidos necesitamos
esa ayuda psicológica y psiquiátrica.
La razón: que un gran número de nosotros
carecemos de recursos para pagar a un especialista particular, el cual cobra por cada consulta no
menos de 500 pesos.
Por lo anterior, doctor Mancera, le solicitamos su intervención para que dicho servicio no
sea suspendido.
En nombre de los pacientes que requerimos
apoyo, le agradezco su atención.
Atentamente
María Concepción Barrera López
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Proceso #1935
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Proceso #1935

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    Índice No. 1935 •1 de diciembre de 2013 14 11 43 NARCOTRÁFICO 8 Caro pide a Peña no ceder al ánimo de venganza de Washington /Jorge Carrasco Araizaga 11 Operación Narco Polo: Pormenores de la captura del Sera Zambada /Anabel Hernández 14 20 PRESIDENCIA / PRIMER AÑO Y la Presidencia omnímoda se impuso /Arturo Rodríguez García En economía, la inoperancia /Carlos Acosta Córdova 24 Reformas energética y política: Historia de una traición /Jenaro Villamil 28 El pacto reventó, pero... /Álvaro Delgado 32 36 JUSTICIA ¿Manifestantes? Ahora serán “terroristas” /Jesusa Cervantes El Ejército, convertido en inmobiliaria /Jorge Carrasco Araizaga CISA / Comunicación e Información, SA de CV CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Presidente, Julio Scherer García; Vicepresidente, Vicente Leñero; Tesorero, Rafael Rodríguez Castañeda; Vocales, Francisco Álvarez, Salvador Corro semanario de información y análisis DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN: Salvador Corro SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Humberto Herrero SUBDIRECTOR DE FINANZAS: Alejandro Rivera ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales; ayudante, Luis Ángel Cruz COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez, Sergio Loya, Enrique de Jesús Martínez, Hugo Martínez REPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila, Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, Marcela Turati, Rodrigo Vera, Rosalia Vergara, Jenaro Villamil CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano; Guanajuato: Verónica Es pi nosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Fe li pe Co bián; Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla, María Gabriela Hernández,Tabasco, Armando Guzmán 40 ESTADOS CHIHUAHUA: Cuando la justicia se tuerce... /Patricia Mayorga 43 GUERRERO: San Miguel El Progreso. Rebelión antiminera /Gloria Leticia Díaz 46 47 48 49 50 51 52 54 ANÁLISIS Política exterior: la incertidumbre /Olga Pellicer Remolque /Rocha Un año deplorable /Jesús Cantú El albazo de diciembre /John M. Ackerman Videgaray y la economía de la ficción /Sabina Berman Guerra antidrogas: su otro rostro /Javier Sicilia Letargo del cambio educativo /Axel Didriksson INTERNACIONAL DERECHOS HUMANOS: La plaga universal de la esclavitud /Anne Marie Mergier INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez; París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Javier Betancourt, Blanca González Rosas, Estela Leñero Franco, Isabel Leñero, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José Emilio Pacheco, Alberto Paredes, Niza Rivera Medina, Raquel Tibol, Florence Toussaint, Rafael Vargas, Columba Vértiz de la Fuente; cultura@proceso.com.mx ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. espectaculos@proceso.com.mx DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra FOTOGRAFÍA: Marco Antonio Cruz, Coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga, Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda; ; asistente, Aurora Trejo; auxiliar, Violeta Melo AUXILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez AYUDANTE DE REDACCIÓN: Damián Vega ANÁLISIS: Colaboradores: John M. Ackerman, Ariel Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú, Denise Dresser, Marta Lamas, Rafael Segovia, Javier Sicilia, Enrique Semo, Ernesto Villanueva, Jorge Volpi; cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naranjo, Rocha CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García, Leoncio Rosales CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Serafín Díaz, Sergio Daniel González, Patricia Posadas DISEÑO: Alejandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila, Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de Haro COMERCIALIZACIÓN PUBLICIDAD: Ana María Cortés, administradora de ventas; Eva Ángeles, Rubén Báez ejecutivos de cuenta. Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062 VENTAS y MERCADOTECNIA: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Lucero García, Norma Velázquez. Circulación: Mauricio Ramírez, Gisela Mares. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, Fernando
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    88 60 64 72 Teatro: La promesa/Estela Leñero Franco Cine: Todo mundo tiene a alguien menos yo 60 COLOMBIA: Escobar: Un capo de culto /Rafael Croda 64 68 72 74 79 /Javier Betancourt LIBROS Televisión: Wikileaks informa /Florence Toussaint La dictadora /Francisco Marín LA CAPITAL Cultura en el DF: un año sin brújula /Patricia Carmona Hernández INVENTARIO Albert Camus y la tormenta de la historia /JEP 83 86 CINE El estira y afloja del presupuesto /Columba Vértiz de la Fuente TOROS Las últimas corridas, tocadas por la mediocridad /Leonardo Páez CULTURA Conaculta, los mismos vicios /Judith Amador Tello Páginas de crítica 88 Música: Aída politécnica /Mauricio Rábago Palafox Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 202 49 98. Ulises de León. ATENCIÓN A SUSCRIPTORES (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García. ADMINISTRACIÓN. RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda, coordinadora Los tres “ejes” incumplidos de Jesús Mena /Raúl Ochoa y Beatriz Pereyra 91 Contra la obesidad, México todavía no se mueve / Raúl Ochoa y Beatriz Pereyra 94 98 Palabra de Lector Arte: El SNC: centralista, endogámico y caduco /Blanca González Rosas DEPORTES Mono Sapiens /Código penal para chilangos remisos /Helguera y Hernández agencia de fotografía EDITOR: Marco Antonio Cruz; Dirección: www.procesofoto.com.mx Correo electrónico:rednacional@procesofoto.com.mx; Ventas y contrataciones: 5636-2016 y 56362017 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Fernando Rodríguez, jefe; Marlon Mejía, subjefe; Eduardo Alfaro, Betzabé Estrada, Javier Venegas ALMACÉN y PROVEEDURÍA: Mercedes Guerra, coordinadora; Rogelio Valdivia MANTENIMIENTO: Miguel Olvera, Victor Ramírez FINANZAS. CONTABILIDAD: María Concepción Alvarado, Rosa Ma. García, Edgar Hernández, Raquel Trejo Tapia COBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Raúl Cruz OFICINAS GENERALES: Redacción: Fresas 13; Administración: Fresas 7, Col. del Valle, 03100 México, DF CONMUTADOR GENERAL: Karina Ureña; Flor Hernández; 5636-2000 FAX: 5636-2019, Dirección; 5636-2055, Subdirección de Información; 5636-2086, 5636-2028, Redacción. AÑO 37, No. 1935, 1 DE DICIEMBRE DE 2013 IMPRESIÓN: Quad Graphics. Democracias No.116, Col. San Miguel Amantla, Azcapotzalco, C.P. 02700. México, DF DISTRIBUCIÓN: Voceadores DF y Zona Metropolitana: Comunicación Telefónica en Línea, SA de CV. Tel. 5535-0732. Voceadores Puebla, Pue.: Jorge López Morán; Tel. 467-4880. agencia proceso de información EDITOR EN JEFE: Raúl Monge; Editores: Miguel Ángel Vázquez, Concepción Villaverde, María Luisa Vivas; asistente: María Elena Ahedo; Tels.: 5636-2087, Fax: 5636-2006 EDITOR: Alejandro Caballero; Correo electrónico: acaballero@proceso.com.mx; Armando Gutiérrez, Juan Pablo Proal y Alejandro Saldívar, coeditores; Tel. 5636-2010 RESPONSABLE TECNOLÓGICO: Ernesto García Parra; Saúl Díaz Valadez, desarrollador,Tel. 5636-2106 Siguenos en: @revistaproceso facebook.com/revistaproceso Certificado de licitud de título No. 1885 y licitud de contenido No. 1132, expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones de Revistas Ilustradas el 8 de septiembre de 1976. Proceso es una Reserva para uso exclusivo otorgada por la Dirección de Reservas del Instituto Nacional del Derecho de Autor en favor de Comunicación e Información, S.A. de C.V., bajo el Número 04-2011-072215095900-102. Número ISSN: 1665-9309 Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medios Registro No. 105 / 23 Suscripciones DF y zona Metropolitana: Un año, $1,490.00, 6 meses, $850.00; Guadalajara, Monterrey, Puebla y Xalapa: Un año, $1,600.00, 6 meses, $880.00. Ejemplares atrasados: $45.00. Prohibida la reproducción parcial o total de cualquier capítulo, fotografía o información publicados sin autorización expresa de Comunicación e Información, S.A. de C.V., titular de todos los derechos.
  • 8.
    Desde su puestaen libertad en agosto último, tras pasar casi 29 años en la cárcel, nadie sabe dónde está Rafael Caro Quintero. Y el excapo, sobre quien se ha desplegado una nueva búsqueda con miras a extraditarlo a Estados Unidos, se queja del acoso al que, sostiene, lo tienen sometido. En cartas enviadas a Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam, así como en otro escrito enviado a la CNDH, el jefe del desaparecido Cártel de Guadalajara afirma haber saldado ya sus cuentas con la justicia y dice que México no debería ceder al ánimo “de venganza” de Washington. En resumen, pide paz. Caro pide a Peña no ceder al ánimo de venganza de Washington JORGE CARRASCO ARAIZAGA AFP photo / PFP C on la extradición a Estados Unidos como horizonte, Rafael Caro Quintero le pidió al presidente Enrique Peña Nieto no dejarse presionar por el ánimo de “venganza y revancha” de Washington a raíz del asesinato del exagente de la DEA Enrique Kiki Camarena Salazar. “Lo que tenía que pagar ya lo saldé”, dice el exjefe del desaparecido Cártel de Guadalajara en una carta firmada por él y que sus abogados entregaron a la Secretaría Particular de la Presidencia de la República el pasado 19 de noviembre, dirigida también al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a su perseguidor, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Declarado prófugo desde el pasado 6 de noviembre, cuando cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia revirtieron el 8 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
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    NARC OTRÁ FIC O Aprovechando su condición de piloto de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Zavala vendía al agente estadunidense información sobre los cultivos de droga en el país. La duda la pusieron los propios excompañeros de Camarena, entre ellos el encargado de la investigación del doble asesinato, Héctor Berrellez. Éste asegura que el homicidio se debió a que Camarena se enteró de las relaciones del Cártel de Guadalajara con la CIA como parte de la trama del Irán-Contras, la ilegal operación internacional del gobierno estadunidense para financiar a la contrarrevolución en Nicaragua (Proceso 1928). Amenaza de extradición amparo que tres meses antes lo había liberado, Caro Quintero le pide también al Poder Judicial que no se someta a “las presiones y designios” de Washington, luego de haber cedido y anulado su liberación. Caro Quintero –por conducto de sus representantes legales– hizo llegar a Proceso una copia del escrito dirigido al gobierno mexicano así como la queja que presentó la semana pasada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la persecución de la cual, dice, han sido objeto él y su familia por parte de las autoridades mexicanas “instadas por Estados Unidos”, desde su salida de prisión el pasado 9 de agosto, en uno de los casos que marcaron el primer año del gobierno de Peña Nieto. La madrugada de ese día el excapo abandonó el penal en compañía de una parte de su equipo de abogados sin que ningún funcionario de México o representante del gobierno de Estados Unidos lo impidiera, pese a que las autoridades de los dos países sabían desde semanas antes que la justicia mexicana lo dejaría en libertad. En ese momento el Ministerio Público pudo haber solicitado su retención si el propósito era mantenerlo en prisión con el argumento de una nueva investigación en su contra, como ahora sostiene el gobierno de Estados Unidos, dice su defensa desplegada en Guadalajara y en el Distrito Federal. Su liberación provocó una alegada sorpresa de los dos gobiernos, pero sobre todo hizo que se revisara y quedara en entredicho la versión oficial de México y Estados Unidos sobre el asesinato, en febrero de 1985, de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, informante pagado por la DEA. A sus 61 años Caro Quintero sabe que de ser extraditado a Estados Unidos pasaría prácticamente el resto de su vida en prisión, garantizando el silencio que sobre el caso ha mantenido desde hace casi 29 años. De ser entregado, ese país no lo juzgaría por el asesinato de Camarena –proceso penal seguido en México–, sino por narcotráfico y lavado de dinero. “Son delitos que no cometí y menos mi familia”, dice el excapo en su carta a Peña Nieto, recibida también por la Procuraduría General de la República (PGR) el 20 de noviembre y por la Secretaría de Gobernación un día después. En la misiva Caro Quintero se pregunta: “¿Cómo es posible que el país capaz de espiar a presidentes y candidatos presidenciales y saber lo que hacen, durante los 28 años y cinco meses en que estuve preso no hizo ninguna acusación contra mi familia? ¿Por qué esperó a que se avizorara mi liberación para iniciar la cacería en su contra como supuestos narcotraficantes y blanqueadores de dinero?”. El pasado junio Estados Unidos incluyó en su lista de personas y entidades con las cuales no se puede tener ningún trato económico a cuatro hijos, la esposa y una nuera de Caro Quintero así como a otras 12 personas relacionadas con ellos. “A raíz de mi salida de prisión”, escribe Caro Quintero, resurgió “con gran notoriedad una absurda persecución en mi contra y contra miembros de mi familia por los Estados Unidos de Norteamérica”. Presionó de tal forma en la prensa “que logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtiera la decisión” del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en Jalisco. El 6 de noviembre, en efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte, en una votación de cuatro a uno, echó abajo la resolución de ese tribunal que lo absolvió de algunos delitos, dio por cumplidos otros –como los cometidos contra la salud– y decretó su libertad por el doble homicidio al conside1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 9
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    Benjamín Flores Con copiapara Plascencia Villanueva compete únicamente al Poder Judicial”. A sus interlocutores del gobierno federal les dice: “No es justo, señores, que la justicia mexicana se someta a los designios que pretende imponer Estados Unidos sobre un mexicano que lo único que desea es la paz y la tranquilidad de su persona y la de su familia”. El gobierno estadunidense requirió al exjefe del Cártel de Guadalajara en agosto pasado al gobierno de Peña Nieto a petición de una Corte federal de California, donde se le acusa de tráfico de drogas y lavado de dinero. “Las conductas que intentan imputarme son totalmente falsas. Lo único que pretenden es hacer sentir el peso de su revancha en contra mía, usando a mi familia y desprestigiando a México, a sus leyes, y pretendiendo avasallar nuestra soberanía con el único afán de siempre sentirse superiores”, responde. “Siempre he dicho... que he tenido alguna deuda con la justicia y la sociedad (y) ya está saldada.” “Y la justicia que reclama Estados Uni- Germán Canseco rar que esos crímenes debieron ser juzgados por un tribunal local y no uno federal, como ocurrió. La Corte argumentó otra cosa. Le adjudicó a Camarena el carácter de “agente intergubernamental” y “protegido internacional”, y dijo que el piloto mexicano murió en funciones, con lo cual justificó la intervención de la justicia federal. En consecuencia pidió que se emitiera una nueva sentencia contra Caro Quintero. La condena original había sido de 40 años, de acuerdo con la legislación de la época. Al no pronunciarse sobre las otras resoluciones del Tribunal Colegiado, las dejó firmes; es decir que al exnarcotraficante sólo se le persigue en México por los homicidios de Camarena y de Zavala. Además debe enfrentar el pedido de extradición de Estados Unidos. En caso de ser detenido, su proceso de entrega podría demorarse uno o dos años. A diferencia de lo ocurrido cuando fue capturado en 1985, Washington ahora sí formalizó la solicitud. En aquella ocasión, una vez que Caro Quintero fue aprehendido, no hizo nada por llevárselo a su territorio. No calculó que el capo saldría antes de cumplir la totalidad de su condena. Aunque el gobierno de Peña Nieto favorece la extradición, Caro Quintero le pide, como presidente de todos los mexicanos –“en los que estoy incluido”–, asegurarse de que los procesos judiciales en su contra se apeguen a derecho, “respetando mis garantías constitucionales y sobre todo humanas, y que no por llevar tal o cual apellido la justicia sea distinta para mí”. Añade: “Mi única petición... es que mi expediente sea revisado con justicia, una valoración donde no pesen más los apellidos que la legalidad. Solicito un juicio justo... Que no se ceda a presiones políticas ni que por esa vía se resuelva un asunto que dos para su connacional ya fue pagada en México en las condiciones que se me impusieron”, le dice a Peña Nieto en alusión a los 28 años y cinco meses pasados en la cárcel, 18 de ellos en penales federales de máxima seguridad. Como el derecho internacional impide que alguien sea juzgado dos veces por el mismo delito, ahora el gobierno estadunidense insiste “en achacarme nuevas conductas delictivas”. Asegura el excapo: “Increíblemente (se me acusa) no sólo a mí, sino también a mi madre, a mi esposa y a mis hijos”. Según Caro Quintero, “ninguno de ellos nunca ha tenido nada que ver con delito alguno, siendo ellos gente de sobrada probidad y decencia”. Estados Unidos “por todos los medios está tratando de hacer válida una extradición con tintes de venganza”. Incluso, cuenta, a una de mis nietas el gobierno de Estados Unidos le retiro la visa que tenía para tratarla de cáncer en ese país, por el hecho de llevar mi sangre y mis apellidos. Ese país asevera “vehementemente que sigo dedicado al Narcotráfico” (sic), dice el sinaloense. “No hay que olvidar que 18 años, de los 28 que pasé en prisión, fueron en un penal federal; en donde 23 horas al día se está dentro de la celda, en donde la convivencia familiar se agenda una vez cada 15 días, en donde hay vigilancia con cámaras permanentemente en cada una de las celdas, en donde la familia tiene que pasar una rigurosa inspección antes de ingresar al penal, en donde no hay teléfonos, ni libros, ni plumas, ni televisión, y donde estaba cumpliendo tratamiento penitenciario de reinserción social.” También al ómbudsman Murillo Karam. El tercer destinatario 10 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 En su queja ante la CNDH apunta que el gobierno mexicano ha actuado en su contra y de los suyos por presión de Estados Unidos. La PGR, el Ejército, la Marina, la Interpol y la oficina de la DEA en México,
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    NARC OTRÁ FIC O señala, lo han “perseguido y hostigado” junto a su familia, “que ha recibido agresiones e intimidaciones sin que exista orden de investigación, presentación o aprehensión”. Acusa a esas instituciones de haber agredido físicamente a quienes tienen relación con él durante cateos en sus domicilios. En particular responsabiliza a la PGR de “denostarlos social y públicamente” al señalarlos en diversos comunicados de prensa como responsables de diversos delitos, “como ser operadores financieros de dinero ilegal”, situación “de la que no hay acusación clara y directa, por lo que nunca ha sido comprobada”. Según el excapo, también se les han cancelado “diversos derechos y beneficios” mediante “intimidación y amenazas por parte de organismos del Estado”. “Es obvia la persecución que se ha hecho contra todo aquel que tenga un nexo de familia, amistad o laboral con el que suscribe”, dice también en referencia a su abogado Juvencio Ignacio González Parada, quien logró su liberación. En la queja dirigida al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, insiste en que la deuda con el Estado mexicano ya la pagó. “Sin embargo... ha sido el apellido el que ha hecho que se conjure contra mí una asechanza (sic) incesante por parte de autoridades mexicanas, instadas por el gobierno norteamericano”. Como le escribió a Peña Nieto y sus colaboradores, agrega: “Esta infernal pesadilla contra mis seres queridos y contra mi persona no deriva de decisiones legales ni de situaciones apegadas a derecho, sino... del resentimiento y deseo de venganza de quienes, allende nuestras fronteras, insisten en acusarme de delitos que no cometí y que en caso de que algo queden (sic) en deuda con la sociedad debo ser yo y no mi familia... quienes deban pagar por mí”. Las autoridades mexicanas, argumenta, pretenden trasladar la imposición de la pena a “personas inocentes, sin darles la oportunidad de ser oídos y vencidos” en juicio. Asegura que se trata de violaciones a derechos humanos –como el de presunción de inocencia–, protegidos nacional e internacionalmente, entre otros por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. “Independientemente de cómo me llame, estas violaciones no pueden quedar impunes ni tomarse como venganza o revancha contra mí o mi familia, porque si alguna deuda tenía con el Estado y la sociedad ya la he pagado”, asegura. “Operación Narco Polo” Pormenores de la captura del “Sera” Zambada Durante meses, a partir de marzo de 2012, agentes de la DEA comenzaron a investigar una red de traficantes y distribuidores de droga en San Diego, California, y Tijuana. Las acciones fueron bautizadas como Operación Narco Polo, que incluyó escuchas telefónicas. Dos meses después cayó el primero de los 12 integrantes; los otros, a lo largo del año. Y justo cuando la mayoría de ellos había negociado sus sentencias con la fiscalía del sur de California, fue atrapado Serafín Zambada Ortiz. Esta es la historia. ANABEL HERNÁNDEZ S erafín Zambada Ortiz, El Sera, manejaba sus cuentas en Facebook y Twitter con desparpajo. Lo mismo hacía con la información relativa al negocio del tráfico de droga y lavado de dine- ro que controlaba, según se desprende del expediente criminal 13-cr-3575, abierto en la Corte de Distrito Sur de California contra él y 12 personajes de su entorno. Y fue precisamente un descuido de sus colaboradores en mayo de 2012 –quie1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 11
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    nes formaban unared de traficantes y distribuidores de droga en San Diego, California, y Tijuana– el que activó la Operación Narco Polo iniciada dos meses antes. Gracias a ella y tras más de un año de investigaciones, la Drug Enforcement Administration (DEA) detuvo el pasado 20 de noviembre al imprudente hijo de Ismael El Mayo Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa, en el cruce internacional Dennis DeConcini en Nogales, Arizona. Según el expediente criminal del Sera y coacusados, al cual tuvo acceso este semanario, la DEA interceptó llamadas telefónicas entre marzo y octubre de 2012. El legajo tiene las declaraciones juradas de los presuntos cómplices del detenido sobre varios decomisos de droga y dinero por parte de sus captores, así como informes de laboratorio y fotografías. Todo ese arsenal será usado contra el hijo del Mayo. Además de los delitos de tráfico de metanfetaminas y cocaína que se le imputan al Sera en el expediente criminal, las autoridades estadunidenses pretenden decomisarle todos los bienes, derechos, títulos e intereses que conformen su patrimonio o se deriven de cualquier ingreso que él haya obtenido de sus operaciones relacionadas con el trasiego de droga y cualquier propiedad usada para dicha actividad. Semanas antes de su detención, El Sera, de 23 años, subió a sus cuentas de Facebook y Twitter fotografías de su colección de armas, así como drogas y mujeres; en una de ellas incluso aparece con su medio hermano Vicente Zambada Niebla –detenido en México en 2009 y extraditado a Estados Unidos en 2010, donde actualmente enfrenta cargos de narcotráfico en una Corte federal de Chicago– e Ismael Zambada, El Mayo Gordo, otro hijo del capo sinaloense. Entrevistado vía telefónica, el defensor del Sera, Michael McDonnell, señala que desconoce las pruebas sobre los delitos que se le atribuyen a su cliente. Y cuando la reportera le pregunta por qué señaló que las cuentas de Facebook y Twitter del Sera son falsas, responde: “¿y qué me hace pensar que son verdaderas?”. En términos jurídicos, las fotografías pueden ser pruebas contra Zambada Ortiz en la Corte. La investigación A finales de 2011 la DEA inició en San Diego, California, una investigación en torno a una célula de distribución de drogas en Chula Vista, California, y Tijuana. En marzo del año siguiente los agentes antidrogas asignados al caso comenzaron a intervenir teléfonos de esa célula –en total fueron 30– y bautizaron sus acciones como Operación Narco Polo. 12 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 Después abrieron un expediente judicial, el 16 de noviembre de 2011, en la Corte de Distrito Sur de California, que llevan Laura Duffy, fiscal antinarco, y su asistente Adam Braverman. En él se vincula el expediente 13-cr3575 iniciado recientemente contra El Sera por los mismos funcionarios de la fiscalía. Desde aquella fecha se giraron las primeras órdenes de aprehensión, según los registros oficiales sandieguinos. En esos documentos se afirma, por ejemplo, que las llamadas de los acusados fueron interceptadas, además de que se confiscaron droga y dinero al Sera y los coacusados Daniel Madrigal; Carlos Flores Vargas, alias La Tota; Arturo Chávez Jr., alias Tito Salvaje; Ubaldo López López, alias Toritos; Roberto Luis Ochoa, Irvine Rodríguez, Craig D. Lance McGruder, James Lawrence Snowden III, Jerry Téllez; José Parra Martín del Campo, alias Perro; José Miguel García, alias Gabacho, y otro más cuyo nombre se mantiene en reserva. Al Sera se le acusa de conspirar para la importación ilegal de 500 o más gramos de metanfetaminas, así como de cinco kilos o más de cocaína, mientras que a sus presuntos cómplices se les responsabiliza de distribuir la droga. La mayoría de los acusados son ciudadanos estadunidenses, incluido el propio Sera, lo que les facilitaba introducir la droga desde México por el cruce de San Ysidro, CaLos mensajes de Za lifornia, donde a Rodrímbada Ortiz guez se le confiscó más de un kilo de cocaína. El primer detenido fue Téllez, de 27 queño poblado de Lemon Grove, en el conaños, cuya familia vive en San Diego. Tiene dado de San Diego. Miller notó que Téllez un amplio historial criminal por manejar metía una caja a la Honda Civic y luego se bajo la influencia y posesión de droga. Los retiró del lugar acompañado por Tito Salvaje. exámenes practicados tras su detención Miller siguió el vehículo que conducía dieron positivo en el consumo de cocaína. Téllez y, con el pretexto de que el joven esTéllez fue capturado el 30 de mayo de taba incurriendo en faltas al reglamento 2012 por un agente especial de la DEA apede tránsito, le pidió detenerse; al revisar el llidado Miller, quien observó dos camioauto detectó un par de guantes cubiertos netas, una Land Rover y una Honda Civic, con vaselina, similares a los que se usan estacionadas en las inmediaciones del pepara empacar droga.
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    NARC OTRÁ FIC O tras un pago de 30 mil dólares hasta que se lleve a cabo el juicio. Defensa sin estrategia Proceso entrevistó a la defensa de Serafín Zambada, Saji Vettiyil, quien lo representó para su audiencia en la corte de Arizona del 27 de noviembre. Asegura que su cliente pediría trasladar su caso a la Corte de San Diego, como sucedió, y adelantó que se iba a declarar inocente. “Independientemente de la acusación –señala– mi cliente se presume inocente bajo la constitución de los Estados Unidos”. Según él, como ciudadano estadunidense, El Sera “tiene fe absoluta” en el sistema judicial de ese país, por lo que la defensa intentará limpiar los cargos que se le imputan. El 27 de noviembre el hijo del Mayo Zambada fue presentado ante la juez Karen Crawford, de la Corte de Distrito Sur de California. Iba esposado de pies y manos y con uniforme reglamentario del penal. Y aunque en la breve audiencia se declaró inocente, la fiscalía solicitó a la juez mantenerlo en prisión sin derecho a fianza. Al término de la diligencia, su nuevo defensor, Michael McDonnell, declaró a la prensa que son falsas las cuentas de Twitter y Facebook del Sera difundidas tras su captura. “No crean todo lo que se publica”, expresó. Especial El agente le ordenó al conductor abrir la caja, que estaba llena de cocaína, y lo remitió a una estación de policía, en donde también le aseguraron 809 dólares y un celular. Y luego de interrogarlo y ficharlo, lo encerró en la prisión estatal por cargos de posesión, distribución y transporte de droga. Meses después, entre el 27 y el 28 de noviembre de 2012, la DEA cerró la pinza y aprehendió a 11 integrantes de la célula que traficaba droga. El primer día detuvo a Rodríguez a las cinco de la mañana, cuando intentó cruzar por la línea peatonal del puente aduanal de San Ysidro con su pasaporte estadunidense. En la revisión, Rodríguez dio positivo. Tenía una orden de arresto y el agente de investigaciones del departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) le encontró 1.08 kilogramos de cocaína oculta en su ropa. Admitió que se dedicaba al tráfico de drogas y que esperaba un pago de 200 dólares. Ese mismo día fueron capturados Daniel Madrigal, Chávez Jr., James Lawrence Snowden, Ubaldo López, Parra Martín del Campo y José Miguel García. El 28 de noviembre cayeron Carlos Flores Vargas y Craig Lance McGruder, quien vivía en Chicago. Luego de un año en prisión, la mayoría de los coacusados en el caso del Sera llegaron a un acuerdo con la fiscalía, algunos incluso están libres y otros recibieron penas benévolas recientemente. En junio pasado, por ejemplo, Flores Vargas se declaró culpable de los delitos que se le atribuían, y el 15 de noviembre, días antes de la detención del Sera, negoció que su sentencia fuera conmutada, por lo que hoy goza de libertad condicionada y en tres años ya no tendrá que ver nada con la justicia. En el caso de McGruder, quien también se declaró culpable, recibió una sentencia de 36 meses de prisión y tres años de libertad condicionada el 8 de noviembre último. Nada que ver con la posible sentencia a cadena perpetua a la que, según el expediente, ambos pudieron ser condenados. A su vez, López, Rodríguez y Martín del Campo se arreglaron con la fiscalía. Con Rodríguez se desistió de los cargos, aun cuando lo agarraron en flagrancia; los otros dos fueron sancionados con penas menores de cuatro años en prisión. Los convenios están sellados en la Corte sandieguina y no se permite acceso a las sentencias. Hasta el viernes 29 sólo Madrigal, Chávez Jr., Ochoa, Snowden, Téllez y El Gabacho esperaban su sentencia. Chávez Jr., pagó una fianza de 200 mil dólares para permanecer en libertad mientras se realiza el juicio; Madrigal fue puesto en libertad bajo fianza en marzo pasado En conversación telefónica con Proceso el 28 de noviembre, McDonnell respondió a pregunta expresa de si seguirá la misma línea de defensa que en el caso de Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, el hermano del Sera que también es juzgado en un tribunal estadunidense: “No lo haremos”. No obstante, aclaró que aún no conoce las pruebas del gobierno de Estados Unidos contra su cliente. Lo sabrá en los próximos 10 días, indicó. El Vicentillo, hermano mayor del Sera, fue detenido en marzo de 2009 en la Ciudad de México al salir del hotel María Isabel Sheraton, ubicado a un costado de la embajada de Estados Unidos, tras un encuentro con agentes de la DEA. En el expediente de su caso, arraigado en una Corte federal en Chicago, se consigna que fue extraditado en febrero de 2010. A principios de 2011, en los preparativos del juicio, sus abogados argumentaron ante el juez Rubén Castillo, quien lleva el proceso, que el gobierno de Estados Unidos no puede juzgar a su cliente porque, arguyeron, había un convenio de protección e inmunidad con la DEA para él y para otros miembros del Cártel de Sinaloa. Según afirmaron, el acuerdo se pactó a través de Humberto Loya, abogado y operador de Joaquín El Chapo Guzmán, prófugo de la justicia mexicana. El punto medular, expusieron, era dar inmunidad a los miembros del cártel a cambio de entregar información de las organizaciones rivales. Las armas de Serafín 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 13
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    ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA U “ stedes un faro de esperanza” para la causa de las mujeres, dijo la entonces presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, a Enrique Peña Nieto. Tres meses antes la magistrada había legitimado con sus compañeros el resultado electoral que llevó al mexiquense a la Presidencia. Viejo ritual reasumido tras los años de ausencia priista en el poder, La Mujer del Año tiene otra vez como invitado de honor al presidente, encargado de entregar la presea elaborada por la casa Tiffany en un acto que organiza la priista Kena Moreno. Era en realidad un sofisticado mitin feminista del PRI, convocado en el vestíbulo del Museo Nacional de Antropología, al cual cientos de socialités, mujeres de la política y el altruismo, acudieron la tarde del 3 de diciembre de 2012. La Mujer del Año 2012 fue Alanís, quien en su discurso añadió: “El espíritu de igualdad que quedó plasmado en el Pacto por México, suscrito el día de ayer, da cuenta de que la inclusión ha comenzado a formar parte de la agenda de Estado, compartida además por las fuerzas políticas”. Aplausos. Dos días antes, el 1 de diciembre, Peña Nieto había asumido la Presidencia en medio de una jornada de protestas brutalmente reprimidas. Para ese día se tenía prevista la firma del Pacto por México, pero un desacuerdo entre partidos hizo que se aplazara al 2 de diciembre. Cinco acuerdos y 95 asuntos a reformar (compromisos, les llamaron) fueron suscritos por PAN, PRD y PRI, las fuerzas políticas con mayor representación en el país. Los presidentes surgidos del PRI inician sus mandatos con golpes efectistas: Miguel de la Madrid encarceló al Negro Durazo, Carlos Salinas a La Quina, Ernesto Zedillo a Raúl Y la Presidencia omnímoda se impuso 14 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
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    P RES IDENC I A / P RI M ER A Ñ O Salinas de Gortari... Peña Nieto a la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo. El historiador Enrique Krauze llama a esa costumbre “el calado”, cuando grupos de poder quieren poner a prueba al presidente y éste da una muestra de fuerza. La costumbre forma parte de lo que ha dado en llamar, como su libro, “la Presidencia imperial” (Proceso 1897). El pasado 26 de febrero la dirigente magisterial fue detenida y encarcelada. Los gobernadores, varios directamente deudores de su carrera política a Gordillo, fueron convocados a la residencia oficial de Los Pinos, de donde salieron apoyando la decisión. No hubo concentración masiva en el Zócalo para apoyar al presidente pero sí una asamblea con 10 mil priistas en el Centro Banamex el 4 de marzo. El PRI está de regreso en el poder, con sus sectores y organizaciones, las otrora llamadas “fuerzas vivas” a las cuales arenga el dirigente partidista César Camacho y, en su nombre, le expresa al mandatario su sentir: respeto a su investidura y a la verticalidad de su gobierno y el respaldo a “la firmeza y arrojo para decidir lo que conviene a la República”. El PAN y el PRD aplaudieron el encarcelamiento. Sólo el dirigente perredista Jesús Zambrano pidió que cayera también Carlos Romero Deschamps, líder petrolero. Pacto permanente El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el gobierno federal, los dirigentes de los corporativos gremiales y las cámaras empresariales se fundieron en elogios y manifestaciones de apoyo y respaldo a las iniciativas presidenciales. Atrás en la historia quedó la concentración masiva en el Zócalo y el desfile obrero al cual saludaban los presidentes desde el palco presidencial. Felipe Calderón canceló el encuentro en la residencia oficial que este año resurgió con los lla- mados “factores de la producción” reunidos en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos. Los asistentes son “quienes mueven a México”. En el acto y en nombre de los trabajadores el cetemista Joaquín Gamboa Pascoe expresó el total e incondicional apoyo a Peña Nieto, y el representante de los industriales, Javier Funtanet Mange, externó el respaldo empresarial a sus reformas. Ausentes estaban los trabajadores de Mexicana, en cesantía forzada; los electricistas del SME, que ya ni centro de trabajo tienen; tampoco Elba Esther Gordillo, pues languidece en la cárcel. Referencia obligada en todos sus discursos, esa vez Peña Nieto no mencionó el Pacto por México, que atraviesa un impasse. En desarrollo varias elecciones locales, funcionarios de la Sedesol fueron sorprendidos utilizando clientelarmente la Cruzada contra el Hambre, programa de gobierno para abatir la pobreza alimentaria. El 19 de abril, en Chiapas, Peña Nieto dijo en su discurso: “Rosario, no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes preocupan la política y las elecciones”. Y “aquellos” se levantaron de la mesa del pacto, demandando equidad electoral, que sería resuelta semanas más tarde con un adéndum a los cinco acuerdos condensados entre partidos y gobierno días después. Como sea, en el besamanos del 1 de mayo Gamboa Pascoe transmitió un mensaje de los trabajadores al presidente: “Sin contar nosotros nada respecto al Pacto por México, que con tanta prudencia ha manejado y sigue manejando, de siempre el pacto lo tiene con los trabajadores, y siempre le responderemos de ese pacto”. Centralismo de hecho y de derecho Los gobernadores han sido convocados a diferentes actos públicos para presentar iniciativas, como el plan de desarrollo o la puesta en marcha de los programas trascendentales de la administración: la Cruzada contra el Hambre y la Estrategia de Seguridad. Pero sólo dos veces han sido llamados a reuniones en privado. La primera fue el 26 de febrero, cuando se les informó de la detención de Gordillo. La segunda, el pasado 13 de septiembre, cuando el gobierno de Peña Nieto decidió desalojar del Zócalo capitalino a los maestros de la CNTE. Los gobernadores en general –los priistas en particular– han aceptado toda petición presidencial, incluso para recibir instrucciones, como la de silenciar la información de seguridad, según reveló el mandatario de Colima, Mario Anguiano, el 2 de febrero. Las reformas peñistas en materia fiscal terminaron quitándole el control a los estados sobre la nómina magisterial, la cual habían asumido en los noventa. El federalismo, concepto de debate recurrente en aquella década, hoy está fuera de las discusiones; en diferentes rubros las atribuciones que tenían las entidades federativas hoy regresan al control central, aunque no necesariamente al Ejecutivo. Es el caso de la pérdida de facultades para contratar deuda en los estados, la propuesta de un código penal único, la creación de un instituto electoral nacional que sustituya los organismos estatales, la ampliación de facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información para conocer inconformidades de los estados, la homogeneización de políticas de seguridad, la gendarmería nacional que pretende asumir tareas de prevención del delito en el fuero común, entre otras. Para César Velázquez, coordinador del posgrado en ciencias políticas de la Universidad Iberoamericana, el federalismo mexicano tuvo avances en los noventa, y el poder de los gobernadores, la mayoría priistas, creció frente a los presidentes del Tras 12 años fuera de Los Pinos, el PRI volvió con todo y sus anacrónicos rituales, algunos inocuos... otros no tanto. Desde la desempolvada “cargada” de genuflexos políticos, pseudofeministas, empresarios o charros sindicales, hasta las muestras de fuerza (encarcelamientos y represión, por ejemplo), las señales sólo llevan a una conclusión: desaparecen los atisbos del federalismo equilibrado que bien o mal se había venido edificando en las décadas recientes, pues el poder se ejercerá desde un solo lugar: la Presidencia. 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 15
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    La marca: represiónselectiva e implacable ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA E l director de teatro Juan Francisco Kuykendall está próximo a morir. Eso le han dicho los médicos a su pareja, Eva Palma, quien ha visto el progresivo deterioro de su salud desde que el 1 de diciembre de 2012 fue agredido por policías federales cuando documentaba la represión contra las protestas que marcaron la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Kuykendall salió del coma en enero, pero quedó incapacitado para siempre. Sólo tiene movimiento en un brazo, no habla y no reconoce a nadie. Está invadido por bacterias en la sangre e infecciones intratables, producto de la inmovilidad en que lo dejó un proyectil disparado por un policía federal que permanece impune, como el resto de los agentes federales y guardias presidenciales que actuaron ese día. Teodulfo Torres, único testigo identificable de los hechos –y quien además los videograbó–, desapareció el 26 de marzo, días antes de rendir su testimonio ante un fiscal federal. “La represión e impunidad, que siempre han estado presentes, se agudizaron a partir del 1 de diciembre. El sistema y el gobierno cada vez sofistican más las formas de represión”, sentencia Eva Palma. Agrega: “De los autores intelectuales del operativo del 1 de diciembre, Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Mondragón, mejor ni hablar. Los ministerios públicos jamás dirigirán una investigación contra ellos… son sus jefes”. Los casos por ejecusión, tortura, represión selectiva y fabricación de delitos empiezan a acumularse. Para agravar el cuadro, quienes denuncian son objeto de pesquisas judiciales y ataques mediáticos. Por ejemplo, la indagatoria por la desaparición de Teodulfo Torres –seguida primero por un fiscal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y después por la General de la República (PGR)– se concentró en investigar a sus amigos y familiares, para finalmente abrir una línea de investigación sobre un supuesto alcoholismo de la víctima, que pudo provocarle conflictos que devinieron en su desaparición, comentó Eva Palma. Teodulfo trabajaba junto con Kuykendall en proyectos de teatro callejero. Ambos eran adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, a partir de la cual participaron en las jornadas de protesta contra la represión y el hostigamiento a comunidades zapatistas, y en especial por el caso de San Salvador Atenco en 2006, luego del operativo que marcó el inicio del gobierno de Peña Nieto en el Estado de México. La vida de Teodulfo se dividía entre los proyectos con Kuykendall y su trabajo en un colectivo que logró convertir un accidentado terreno de Xochimilco en un sitio donde ahora florece una “economía de subsistencia”. El pasado 24 de marzo, Teodulfo avisó que iría a un concierto en Neza. La PGJDF ha intentado fijar esa fecha como la de su desaparición, pero sus compañeros afirman que el 26 de marzo se comunicó y dijo que iba camino a Xochimilco. Nunca llegó. Las matanzas de Guerrero “En Guerrero no sólo se está criminalizando la protesta; se está ultimando a los que protestan”, sostiene Magdalena López Paulino, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad (Rsdiac). Su afirmación se basa en que, desde que Ángel Aguirre asumió la gubernatura, en abril de 2011, suman 13 activistas sociales muertos en ese estado, nueve de ellos abatidos en 2013. El 30 de mayo, ocho integrantes del Frente de Unidad Popular (FUP), con sede en Iguala, fueron levantados. Sólo regresaron cinco. El 3 de junio, el dirigente Arturo Hernández Cardona, Rafael Bandera Román y Ángel Román Martínez aparecieron muertos a tiros. Habían sido torturados. El 5 de agosto cayó el dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez Flores, junto con Miguel Ángel Solano y Samuel Vargas, los tres militantes del Partido Comunista de México (PCM). El 20 de octubre fue asesinada Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organiza- Miguel Dimayuga Palacio Nacional. Arranque del programa 16 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
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    PRESIDENCIA / PRI M ER AÑO ción Campesina de la Sierra del Sur. Mesino fue encarcelada el 13 de marzo, acusada de asesinato, y puesta en libertad una semana después por falta de pruebas. Para entonces había denunciado que era víctima de hostigamiento policiaco y de paramilitares. El 10 de noviembre murieron el dirigente de la Organización Popular de la Costa Grande, Luis Olivares Enríquez, y su esposa, Ana Lilia Gatica Rómulo, en su domicilio en Coyuca de Benítez. En los últimos años, Olivares se había opuesto a las mineras canadienses que invadían la zona, y en septiembre dijo temer por su vida, responsabilizando a Peña Nieto y a Aguirre por lo que pudiera ocurrirle. Todos los casos tienen un denominador común: sus liderazgos se unieron en repudio a la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995, y a la de El Charco, en 1998. La desaparición, tortura y asesinato de los integrantes del FUP se atribuye al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien presuntamente perpetró él mismo los crímenes, según el testimonio notariado de Nicolás Mendoza Villa, uno de los sobrevivientes, difundido el pasado lunes 25 por la Rsdiac. Junto con el edil, que supuestamente disparó con escopeta al rostro y al pecho de Hernández Cardona, conforme al testimonio, se señala también a Felipe Flores Velázquez y a Crisóforo Tinoco, secretario de Seguridad municipal y director de Policía, respectivamente. El 26 de noviembre, Abarca negó las imputaciones. El portal electrónico de Proceso publicó el 3 de junio que, al conocerse el asesinato de Hernández Cardona, integrantes del FUP realizaron una protesta en la presidencia de PAN. Además, estados y municipios tuvieron importantes ingresos. El federalismo de los noventa, sostiene, fue producto de las presiones de los partidos de oposición al PRI, que estaba en crisis. Se generó un mal diseño del federalismo y luego se dejó de lado la discusión. Tras los escándalos de los gobernadores, como en Coahuila y Tabasco, surgió la tendencia a centralizar, dice. “El problema es que la lectura es errónea. Pareciera que se asume que todos los gobernadores son malos y corruptos, y hay que hacer algo con ellos. La solución más fácil es acotarles poderes y regresarlos a la federación”, observa. Doctor en políticas públicas por la Universidad de Chicago y estudioso del federalismo mexicano, Velázquez advierte que algunas reformas pueden ser saludables pues algo no funcionaba bien en los estados y, sin embargo, las soluciones Iguala y causaron algunos destrozos. El alcalde Abarca los denunció. Ahora, por esos hechos, en lugar de medidas cautelares enfrentan averiguaciones previas. Zamora Pardo, integrante de la Rsdiac, es una activista que repudia la masacre de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998, en la que 11 indígenas fueron masacrados por el Ejército. Lejos de tener acceso a la justicia, fue encarcelada, acusada de ser guerrillera del ERPI. Respecto de los integrantes de la LARSEZ, el PCM denunció que grupos paramilitares actúan en Guerrero con la complacencia de los gobiernos estatal y federal. La represión perredista Ideado en el sexenio de Felipe Calderón con el beneplácito del entonces gobernador panista Marco Adame, el Proyecto Integral Morelos (PIM) detonó la resistencia de comunidades de esa entidad, Puebla y Tlaxcala, que han documentado el riesgo para su supervivencia que implica la construcción de dos termoeléctricas en Huexca, una comunidad náhuatl de Yecapixtla, Morelos. Para alimentar el megaproyecto energético, cuyo contrato se otorgó a las españolas Abengoa, Elecnor, Enagas y OHL, se requiere de un gasoducto que, desde un lugar cercano a San Martín Texmelucan, Puebla, pasaría por la zona de mayor peligrosidad del Popocatépetl, atravesando comunidades de las tres entidades. Además, para el enfriamiento de turbinas el PIM prevé extraer agua del Valle de Cuautla. Las comunidades que se oponen mantuvieron frenada la construcción con plantones pacíficos, hasta que el perredista Graco Ramírez llegó al gobierno de Morelos. Aunque no implican un rediseño del pacto federal, sino que son simplemente remedios cortoplacistas. Sobre la aceptación de todas las decisiones presidenciales, observa: “Es consecuencia de que la mayoría de los gobiernos estatales son del PRI. Para el gobierno de Peña Nieto es más fácil estar de acuerdo con los gobernadores, que van a estar a favor de lo que propone el presidente. “Contrario a lo que ocurría en el sexenio pasado, hay una relación más tersa, lo cual puede ser bueno porque no hay conflictos innecesarios. Lo preocupante es que esa buena relación impida que haya una discusión del federalismo o que los problemas que surjan y se presenten se debatan públicamente”, asegura. En cuanto al fortalecimiento de la figura presidencial, tiene sus reservas pues afirma: “No es tan claro que quitándole control a estados y municipios se fortalez1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 17
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    Octavio Gómez No esel único caso de criminalización de opositores a proyectos capitalinos. El 2 de octubre fue detenido Alejandro Bautista, acusado de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública en pandilla. El joven que perdió un ojo Avasallamiento policiaco el PIM es un plan del gobierno federal, la Policía Estatal replegó a los manifestantes e introdujo maquinaria (Proceso 1870 y 1924). Las policías federal y estatal han arremetido ahí contra las protestas. El caso más reciente ocurrió el 19 de septiembre. En el operativo fue detenido y torturado Jaime Domínguez Pérez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDT). Viejas formas En el Distrito Federal, el gobierno de Miguel Ángel Mancera desató la represión de marchas a través de un protocolo considerado ilegal, que inclusive prevé el uso de armas de fuego (Proceso 1929). Diferentes actores sociales han denunciado espionaje político, arresto arbitrario y selectivo, acoso a marchas, agresiones a ca en automático el presidencialismo, pero sí se fortalece al gobierno federal”. En los últimos meses, diferentes actores políticos han observado el riesgo para el federalismo. Roberto Gil, uno de los promotores para acotar facultades financieras a los estados, alegó el 5 de noviembre que la creación de un Instituto Nacional Electoral debe evitar afectar el federalismo. Antes, el 5 de agosto, Manlio Fabio Beltrones se refirió al mismo tema y dijo que “hay una tentación de dañar al federalismo”, aunque nunca volvió a abordar el concepto. Y en el PRD Mario Delgado ha acompañado a los presidentes de los organismos electorales locales para rechazar la pérdida de atribuciones en los estados. Ajenos a todo, los gobernadores priistas, 20 en total, apoyan al presidente en sus reformas, sin más. Son en beneficio de los mexicanos, dijo el 8 de noviembre el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera. 18 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 defensores de derechos humanos y periodistas. La fuerza pública se desplegó señaladamente en las conmemoraciones históricas de las represiones del 1 de mayo, el 10 de junio y el 2 de octubre (Proceso 1927). Entre los grupos objeto de persecución destaca el Frente Oriente, una organización que, con el lema “Ni una lucha aislada más”, participa en apoyo a diferentes movimientos. Su postura principal, sin embargo, es su oposición al Plan Urbano de Iztapalapa que, según Luis Barreda y Carlos Esteban Jiménez, afectaría a comunidades y sectores populares. Barreda y Jiménez enfrentan procesos penales por la retención de Pedro Bello, un funcionario capitalino que además fue golpeado en el Zócalo durante la conmemoración del 10 de junio que devino en enfrentamiento. Ambos rechazan haber participado en la agresión contra el empleado público. Mayoría presidencial El 13 de septiembre los maestros de la CNTE fueron violentamente desalojados del Zócalo capitalino. La noche del 15 el espacio público fue atestado de priistas acarreados del Estado de México para vitorear al mandatario y responder a la arenga tradicional conocida históricamente como “El Grito”. La celebración en el Palacio Nacional vino a menos. El presidente y sus colaboradores debieron salir para atender la emergencia por las lluvias en Guerrero y otras entidades del país. Un día después el desfile militar fue encabezado por un presidente que hace un recorrido triunfal por el Zócalo a bordo de un vehículo militar descubierto. Miles de soldados, policías federales y el Estado Mayor lo resguardaron. Al cumplirse un año de gobierno, nunca se aceptó discutir la modificación de El 1 de diciembre de 2012, policías federales armados arribaron al Hospital General. Lo que parecía una diligencia para indagar la agresión contra Uriel Sandoval, se convirtió en un interrogatorio que buscaba saber a qué organización pertenecía, quiénes eran sus amigos, con quién asistió a protestar contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto… después intentaron sacarlo del nosocomio. Lo mismo ocurrió en la Cruz Roja, donde permanecía Juan Francisco Kuykendall. Numerosos contingentes se dedicaron a cuidar las puertas de esas instalaciones. Desde entonces, la Policía Federal y militares con uniforme de policías han participado en la Ciudad de México al menos en las jornadas violentas del 13 de septiembre, en el desalojo del Zócalo de los maestros de la CNTE para que Peña Nieto pudiera dar su primer “grito de Independencia”, y el 2 de octubre. El abogado Francisco Estrada, quien ha defendido detenidos en esas y otras protestas, observa que junto a la criminalización hay pifias, como la detención de transeúntes. Uriel perdió su ojo derecho por el impacto de una bala de goma. Acusa a los medios de comunicación de llamarlo vándalo y delincuente, sin siquiera haber enfrentado una denuncia penal en su vida. “Un ojo no es nada frente al asesinato de líderes sociales en Guerrero, los asesinatos de maestros de la CNTE y la injusticia, la falta de democracia y la violencia histórica del estado”, dice. la reforma educativa como pretendía la CNTE. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo el 11 de noviembre que habían llegado “a las últimas horas de diálogo en la tolerancia que hemos asumidos con ellos”. El endurecimiento del gobierno federal se generaliza. El pasado 28 de noviembre el PRD anunció que abandonaba el Pacto por México. Jesús Zambrano dijo que su partido no avalaría las reformas política ni energética. Peña Nieto, quien todavía el 10 de junio hizo votos por que las fuerzas políticas no pusieran “nada por encima del pacto”, respondió al PRD desde Ojinaga, Chihuahua, haciéndolo prescindible, pues sostuvo que no espera unanimidad, y expuso: “En democracia, sin duda debe privilegiarse a la voz o a aquella representación que tenga la mayoría, aquella en la que haya mayor consenso.”
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    CARLOS ACOSTA CÓRDOVA I nexperiencia,malas decisiones y arrogancia de quienes conducen la economía del país, se combinaron con una débil y muy lenta recuperación de la economía estadunidense –que no pudo jalar a la mexicana–, para hacer del primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto un año gris, mediocre, en materia económica. No se logró ni el crecimiento prometido ni la creación de empleos ofrecida ni –mucho menos– la mejoría en el bienestar de la sociedad, que con tanto ánimo aseguraba Peña Nieto que se obtendría apenas llegara él al mando del país. Nada. La economía se estancó. Apenas crecerá un tercio de lo que creció en 2012: 1.3%, en los cálculos optimistas de la Secretaría de Hacienda, contra 3.9% del año pasado. Muy lejos del 3.5% pronosticado al principio de la administración y más lejos aún del promedio de 4.3% en que creció la economía durante los últimos tres años del gobierno de Felipe Calderón. De los empleos, ni se diga. La meta de 1 millón de nuevos puestos de trabajo parece inalcanzable. En septiembre no iba ni la mitad; apenas poco más de 440 mil, que es una cantidad 26% inferior a la que se registró en los primeros nueve meses del año pasado. Lo peor es que, en su mayoría, esos nuevos empleos están en la informalidad. Y, más grave, todavía hay más de 2.7 millones de mexicanos en el desempleo absoluto. Nadie sabe dónde quedó la reforma laboral que arrancó justo en el inicio del gobierno actual. Y si los datos macro fueron un desastre en el año, los microeconómicos, por supuesto, siguieron esa ruta. Sobre todo en los primeros seis meses, las empresas, de todos los tamaños, vivieron un auténtico vía crucis. Las grandes, acostumbradas a ganar, supieron lo que es tener pérdidas cuantiosas, o ver reducidas sus utilidades al mínimo. El resto vivió meses de angustia. Hicieron todo para sobrevivir: achicarse, despedir personal, reducir jornadas de trabajo, bajar salarios. Entre las pequeñas y las micro, para muchas la muerte fue su destino. Y es apenas el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Nada de qué presumir. En economía, la inoperancia Miguel Dimayuga El factor Videgaray 20 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 Artífice del pobre desempeño de la economía en el primer año de gobierno, ha sido sin duda el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, por mucho que se escude en que los causantes de la severa desaceleración de la economía nacional fueron los factores externos –sobre todo una débil demanda estadunidense, que frenó las exportaciones manufactureras de México.
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    P RES IDENC I A P RI M ER A Ñ O En términos económicos, 2013 fue un pésimo año para México y para los mexicanos, y en particular para el gobierno de Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Consecuencia implacable de los torpes y lentos manejos de las finanzas nacionales son el empobrecimiento vertiginoso de la población, la pulverización de la clase media, la falta de empleo y, en general, el crecimiento prácticamente nulo de la economía. Si algo faltara, el tiro de gracia lo representó la reforma hacendaria, esa abusiva miscelánea fiscal que indignó a todos. Ha quedado claro ya que el lento ejercicio del gasto público en el año y la decisión de frenar el flujo de recursos al sector de la construcción –ambas, responsabilidad de la Secretaría de Hacienda– llevaron a la economía a deslizarse más rápidamente hacia el limbo y, aun, que naufragara por aguas recesivas. Luis Videgaray llegó al gabinete de Peña Nieto con excelentes prendas académicas –licenciado en economía por el ITAM y doctorado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el mítico emaiti (MIT), cuna académica del premio nobel Paul Krugman y de Pedro Aspe Armella, entre muchas otros personajes– pero con una muy pobre experiencia en el servicio público. Veinteañero aún, tuvo un fugaz paso como miembro del equipo de asesores de Pedro Aspe, secretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y otro aún más efímero –menos de un año– en el de Jesús Reyes Heroles González Garza, secretario de Energía con Ernesto Zedillo. Eso es todo lo que había hecho en el gobierno federal, según el currículum que la propia Secretaría de Hacienda tiene en su página en internet. Al regreso de su doctorado en el MIT, se incorporó, como director de Finanzas Públicas, a Protego, la empresa fundada por Pedro Aspe, pionera en la reestructuración de deudas estatales. De ahí brincó a la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México, con Enrique Peña Nieto a la cabeza, donde estuvo entre mediados de 2005 y los primeros meses de 2009. De ahí saltó, en septiembre, a la Cámara de Diputados: presidió la poderosa Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el alfil de Peña Nieto. Y no más. La experiencia de cuatro años en la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México no le ha sido suficiente a Videgaray para llevar a buen puerto la economía del país. Aquella secretaría estatal, por grande e importante que sea, no es lo mismo que la de Hacienda, que debe conducir la economía nacional. El proceso de aprendizaje ya le costó al secretario: de recibir una economía en crecimiento promedio de casi 4% va a dejar otra en plena atonía, que crecerá entre 0.9% y 1.4%, según el más reciente pronóstico del Banco de México. Y si se mira con la lupa de las cifras desestacionalizadas, es decir ya descontados los efectos estacionales y de calendario –un ajuste necesario para hacer comparables los datos–, el resultado es más desfavorable para Luis Videgaray: la economía se fue a pique en los dos primeros trimestres, con un “crecimiento” de 0.2% en el primero, que más bien fue estancamiento, y una caída de -0.55% en el segundo, según el Inegi. Pudo tomar algo de oxígeno el secretario cuando el mismo Inegi dio a conocer, el 21 de noviembre último, que la economía creció en el tercer trimestre 0.8% en relación con el segundo trimestre de este año. Además de no vislumbrar cabalmente ni atender con precisión los efectos que iba tener en el país el débil desempeño de la economía internacional, y muy particularmente la lentitud en la recuperación de la economía estadunidense, el primer pecado visible de la Secretaría de Hacienda comandada por Luis Videgaray fue el retraso en el ejercicio del gasto público, en magnitud nunca antes vista para un primer año de gobierno. En los municipios, primero; luego en los gobiernos estatales, y después en las dependencias públicas, hubo fuertes quejas porque no llegaba el dinero de la federación. Los subejercicios del gasto público, en todas partes, fueron nota sobresaliente en los medios informativos. Desde los primeros meses del año, cuando más se reclamaba que no fluía el gasto, el secretario Luis Videgaray y el equipo hacendario lo negaban: que el gasto se estaba ejerciendo conforme a los montos y ritmos programados, decían insistentemente, y machacaban que la lentitud del gasto era una cosa común en los primeros meses de todo nuevo gobierno. Pero ya desde mayo, cuando el Inegi divulgó las cifras del primer trimestre, los analistas financieros y los expertos en indicadores macroeconómicos daban cuenta de que, si bien es cierto que el gasto puede fluir con lentitud en los primeros meses de un nuevo gobierno, Peña Nieto y su secretario de Hacienda se pasaron de la raya. Los datos oficiales indican que ni siquiera en los primeros meses del gobierno de Ernesto Zedillo, en pleno arranque de la brutal crisis por la severa devaluación de diciembre de 1994, el gasto público cayó tanto. En el primer trimestre de 1995 el gasto fue 2.9% menor que el ejercido en el mismo periodo del año anterior. Con Vicente Fox, por el contrario, el gasto público del primer trimestre de 2001 fue 0.8% superior al del primer trimestre de 2000. Con Calderón se registró una caída de 5.5% entre enero y marzo de 2007. Pero en el primer trimestre de este año, primero del gobierno de Peña Nieto, el gasto público cayó 10.4%. Todavía para agosto, el subejercicio en este rubro ascendía a 89 mil millones de pesos, 3.8% menos del gasto programado. En su momento, analistas de grupos financieros, señaladamente Banamex, achacaron la lentitud del gasto a la inexperiencia del nuevo equipo hacendario y a las distracciones del secretario Videgaray, más entretenido en las negociaciones de las reformas estructurales que en las tareas de la Secretaría de Hacienda, decían. De hecho, fuentes consultadas por el reportero en la propia secretaría y en el Banco de México coinciden en que Videgaray pasa más tiempo en Los Pinos que en sus oficinas de Hacienda. “En Palacio Nacional pocas veces se le ve”. Un segundo pecado visible de Luis Videgaray fue dejar caer al sector de la construcción, que es uno de los principales generadores de empleo y de mayor impacto en el conjunto de la economía. 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 21
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    Proyecto digital derelumbrón C inco días antes del primer año de la nueva administración federal, y ante el claro incumplimiento del plazo para discutir y aprobar las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones, el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió presentar con un gran despliegue burocrático y mediático la Estrategia Digital Nacional, que pocos han entendido y comentado. En el planteamiento con el que se anunció, la estrategia carece de un diagnóstico claro, de metas fijas, de plazos para cumplirlas y de responsables directos, pero sí establece dos metas genéricas, más publicitarias que operativas: hacer que México pase del quinto al primer lugar en América Latina en materia de digitalización (lugar que actualmente ocupa Chile), y alcanzar el promedio de digitalización de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 59.29 puntos. Tan sólo para lograr el primer objetivo (pasar del quinto al primer lugar en América Latina en 2018) se necesitan más de 94 millones de conexiones de telefonía y banda ancha (móvil y fija), de acuerdo con un análisis elaborado por Jorge Fernando Negrete, director general de Mediatelecom. La única proyección precisa del gobierno federal consiste en alcanzar, hacia el final de su sexenio, una cobertura de 70% de los hogares con internet, y de 85% de las pequeñas y medianas empresas. Al respecto, el dato más reciente publicado por el Inegi indica que hasta abril de 2013 sólo 30.7% de los hogares mexicanos (9.5 millones) tienen conexión a internet, pero con desigualdades regionales graves: Mientras en el Distrito Federal y la Península Desde finales del sexenio pasado, el gobierno de Felipe Calderón reconoció que era equivocada la idea de construir grandes conjuntos habitacionales en forma horizontal, pues estaban situados lejos de las zonas de trabajo y escolares de quienes compraban casa habitación, además de que estaban construyéndose en espacios de un tamaño indigno: hasta de 30 metros cuadrados. Según cifras oficiales, millones de casas o no fueron habitadas o quedaron abandonadas, razón por la cual el gobierno detuvo la construcción de ese tipo. Pero fue en este gobierno cuando se detuvo el flujo de recursos para el sector de la construcción. A un menor gasto público 22 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 de Baja California 50% dispone de computadora y conexión, en Chiapas y Oaxaca la proporción apenas llega a 20%. Para darnos una idea del nivel de conexiones que se necesitan hacia 2018 para lograr la meta del plan de Peña Nieto, el comparativo de datos entre Chile y México revela lo siguiente: En telefonía móvil, nuestro país requerirá 68 millones de conexiones adicionales a los 103 millones actuales de celulares y smartphones existentes para arribar a la tasa de 137.6% de cobertura que tiene el país sudamericano; se precisa de Miguel Dimayuga JENARO VILLAMIL Lagunes. La super secretaria para obra civil y de infraestructura –por la lentitud en las asignaciones– se sumó la baja en los trabajos de autoconstrucción y remodelación, impulsados en gran parte por las remesas, que se cayeron. La situación se complicó a raíz de que el gobierno dejó de subsidiar a las empresas desarrolladoras de conjuntos habitacionales, principalmente a las grandes, que inclusive cotizan en la bolsa de valores. Se les quiso castigar por el desvío de los recursos originalmente destinados a la compra masiva de terrenos, por sobreendeudarse y construir lejos, en espacios reducidos, obras de pésima calidad, entre otras culpas. Esas compañías dejaron de construir repentinamente. El gobierno no reparó en otros 21.4 millones de conexiones de banda ancha móvil para pasar de 12.81% a un mínimo de 30% de hogares con acceso a esta tecnología, como en Chile; y en banda ancha fija tendría que haber 2.3 millones más para pasar de 11.6% a un mínimo de 13%. La Estrategia Digital Nacional presentada por Enrique Peña Nieto y su coordinadora Alejandra Lagunes, convertida en una especie de “supersecretaria” del gobierno federal, no aclara cómo se alcanzarán tales metas ni cuánto costará hacerlo. El proyecto, presentado en el Museo Nacional de Antropología, prevé los siguientes habilitadores: conectividad, inclusión, habilidades digitales, interoperabilidad, marco jurídico y datos abiertos. Dentro del rubro de “conectividad” se habla del despliegue de infraestructura de banda ancha, un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico, y de la instalación de puntos de intercambio de internet (IXP). “Sin la instalación de una amplia y robusta red de infraestructura de telecomunicaciones, sin mayor disponibilidad de espectro para comunicaciones móviles avanzadas y sin núcleos en internet no será posible alcanzar ningún objetivo de digitalización”, advierte el análisis de Mediatelecom. De acuerdo con el discurso presidencial, se persiguen cuatro objetivos: establecer una Ventanilla Única Nacional; una Política Nacional de Datos Abiertos; economía, educación y salud de calidad, y seguridad ciudadana. El mismo discurso no aclaró cómo los conseguirá. Únicamente informó que ya está en construcción un “gran sitio en internet” para unificar en un solo portal “cerca de 7 mil trámites de gobierno de la República”, y que, gracias a este megasitio, se podrá acceder a las calificaciones en las escuelas e inclusive solicitar actas de nacimiento y pasaporte “desde cualquier lugar, hora o dispositivo electrónico”. El primer mandatario no precisó en ningún momento cómo se garantizarán la se- el efecto colateral de ello, pues una a una las grandes empresas fueron cayendo: sin más activos que los terrenos en que construían, al no poder construir más, fueron perdiendo valor, no generaban ingresos y dejaban de pagar sus deudas. El efecto dominó, que no vio el gobierno actual, fue que en su caída las grandes desarrolladoras arrastraron a cientos de constructoras y tienen con el Jesús en la boca a los bancos e inversionistas que les prestaron. El sector cayó en picada durante el año, como ningún otro sector productivo: -3% en el primer semestre; -4% en el segundo y casi -7% en el tercero. Todavía, el viernes 29 de noviembre el
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    P RES IDENC I A P RI M ER A Ñ O guridad y la protección de los datos personales que contendrá este volumen de información y de Big Data nacional. Alejandra Lagunes, en la misma presentación, mencionó que entre las generalidades que la estrategia deberá aterrizar se encuentran “aspectos de gobernanza en internet, seguridad, soberanía de datos, privacidad y protección de datos personales”. de “mandos dobles” en las áreas de Comunicación Social de cada secretaría. Uno reportó a David López, el director general formalmente, y otros a Lagunes, responsable de todos los medios digitales, institucionales y no. En julio de este año, Proceso publicó el borrador de un ambicioso proyecto para consolidar todo el manejo de datos digitales del gobierno federal en una sola “nube digital” que sería operada por Google, el gigante estadunidense señalado por Edward Snowden como uno de los principales colaboradores de la estrategia de espionaje e intrusión global de Estados Unidos. Ese proyecto incluía un plan de almacenamiento de datos que beneficiaría a Kio Networks, de la empresaria María Aramburuzabala, la mujer más acaudalada de México, y el soporte técnico se le daría a EMC Computer Systems. El plan de la “nube digital” confirmó el enorme poder que ya había adquirido al interior de la administración federal Alejandra Lagunes, experta en mercadotecnia política y comunicación en redes sociales, quien trabajó como gerente de ventas de Google México en 2005 antes de convertirse en gerente de ventas de Televisa Interactive Media (2008-2009). Al parecer, se canceló el proyecto de la “nube digital”, pero no está claro si las empresas que iban a ser beneficiadas van a participar y de qué manera en los plazos de la Estrategia Digital Nacional. Para varios observadores y funcionarios consultados por Proceso off the record, es claro que la estrategia confirma el poder adquirido por Lagunes y su círculo más estrecho –que proviene, como ella, de las grandes trasnacionales de la tecnología–, y que, incluso, ya se han ido creando una especie En su análisis sobre la Estrategia Digital Nacional, Jorge Fernando Negrete advierte varias ausencias, además del tema más señalado sobre derechos a la privacidad y la seguridad de los datos personales y de las operaciones financieras a través de las tecnologías digitales. Entre esos temas están “los contenidos y las aplicaciones digitales”. La estrategia, dice Negrete, “debiera velar por el contenido que va a circular por las redes y por las aplicaciones que permitan un mejor aprovechamiento de los servicios públicos y el logro de un gobierno eficiente”. El director de Mediatelecom menciona otras ausencias importantes en el documento: “–Faltan indicadores y proyecciones alcanzables de digitalización anuales y rumbo hacia el 2018, fecha en que el país pasará a tener 124.7 millones de habitantes, según Conapo. “–No se define con claridad cuál será la instancia administrativa responsable y cuáles sus atribuciones para lograr lo establecido en la Estrategia Digital Nacional. Sólo se menciona que la coordinación a cargo de Lagunes tendrá un poder ‘transversal entre todas las dependencias y entidades del gobierno de la República para promover la adopción y el desarrollo de tecnologías, la innovación, la apertura y la transparencia en todo el aparato gubernamental’.” El análisis de Negrete puntualiza: “Quedan en duda las atribuciones que en la materia conservarán la Subsecretaría de Comunicaciones y la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (e-Mexico), adscritas a la SCT”. Las atribuciones de esta última instancia, creada por el gobierno de Felipe Calderón, son muy similares a las que adoptó la oficina a cargo de Alejandra Lagunes. Y prosigue: “–La capacitación y alfabetización digitales son fundamentales, pero no se establecen metas claras en este sentido. Sólo se presume que el gobierno de Peña Nieto distribuirá computadoras a estudiantes de quinto y sexto años de primaria a través de la fase piloto del programa MiCompu.Mx. “–El tema federal está ausente en la estrategia nacional. Mediatelecom advierte que ‘cada entidad federativa debiera crear su propia estrategia o agenda digital, o adaptar las que ya existen al nuevo escenario que plantea la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones’. “–No se menciona ni se retoma ninguna de las experiencias internacionales que existen en este tema. Por ejemplo, Brasil, Colombia y Chile son tres naciones latinoamericanas que desarrollaron sus propias agendas digitales antes que México.” Brasil publicó su Plan Nacional de Banda Ancha (PNBL en portugués), que busca la cobertura de 95% de los municipios; 42 millones de hogares con internet, y 91.5% de población con telefonía móvil. En 2013, Brasil decretó la exención fiscal para el despliegue de redes, servicios y obras civiles encaminadas al desarrollo de la banda ancha que permitirán inversiones por 8 mil millones de dólares hasta 2016. En México no existe nada parecido. En Colombia, desde 2010 se lanzó el Plan Vive Digital para multiplicar por siete el número de medianas y pequeñas empresas con conexión a internet e impulsar la reducción del IVA en internet a la población de los niveles socioeconómicos más bajos. Chile estableció en su plan digital metas y plazos muy claros que se han ido cumpliendo. Pasó de tener sólo 1% de hogares con internet de alta velocidad a 50%; de 15% de escuelas conectadas a 70%, y de 40.7% de habitantes con acceso a internet a 80%. Inegi reportó que el valor de producción de las empresas constructoras disminuyó -7.5% en términos reales en septiembre último, producto de las caídas en los subsectores de construcción de obras de ingeniería civil –que es responsabilidad del gobierno– en 9.3%, y de edificación en 7.9%. Sólo creció el subsector de trabajos especializados para la construcción, en 4.1%. Es el que se refiere a autoconstrucción y remodelación, que está más ligado a las remesas que trabajadores mexicanos en el exterior envían a sus familias. Todo eso, en la abstracción de los números. En la realidad, compañías constructoras en bancarrota, muchas desaparecidas, proveedores en agonía y cientos de miles de mexicanos sin empleo. El propio Videgaray ha reconocido ambos pecados –freno en el gasto público y derrumbe de la construcción–, que aceleraron la caída de la economía en el año. Lo hizo, aunque de manera implícita, en la conferencia de prensa del 14 de noviembre que ofreció para elogiar la aprobación del Presupuesto de Egresos para 2014, que ocurrió en la madrugada de ese mismo día. Primero justificó que el gasto se retrasó porque el presupuesto 2013 se aprobó “muy tarde, el 21 de diciembre” de 2012, y muchas de las reglas de operación para múltiples programas de gasto no se emitieron hasta el último día de febrero. Y prometió que en 2014, con un presupuesto que se aprobó mes y medio antes de que concluya el año, y con reglas de operación que se emitirán pronto, ahora sí el gasto público se aplicará, y de manera acelerada, desde el primer día del próximo año. Mal año, pues, para la economía y para Luis Videgaray. Y más aún, el secretario termina el 2013 con el enojo manifiesto de la iniciativa privada y de la sociedad en su conjunto por la mayor carga tributaria que deja la miscelánea fiscal. Esta malograda “reforma hacendaria” no le dejará más dinero a las arcas federales ni acabará con la vulnerabilidad de las finanzas públicas, que seguirán tan dependientes de los volátiles ingresos petroleros. El largo brazo de Google Temas ausentes 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 23
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    REFORMAS ENERGÉTICA YPOLÍTICA Historia de una traición JENARO VILLAMIL E l regalo de Navidad se adelantó en la sede del Senado la noche del 26 de noviembre. Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada priista, recibió la “visita especial” de los tres enviados de Los Pinos para destrabar las negociaciones con el PAN en materia de reforma político-electoral. Con un dispositivo especial de seguridad, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, subió desde el sótano 1 del Senado a las oficinas de la Junta de Coordinación Política, presidida por Gamboa, y sostuvo una reunión a puerta cerrada con legisladores del PAN, del PRI y del Partido Verde. A Nuño lo acompañaban Humberto 24 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 Castillejos Cervantes, consejero jurídico de Los Pinos, y Andrés Massieu Fernández, coordinador de Estrategia y Mensaje Gubernamental. Previamente el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, ya había negociado con los senadores de las comisiones dictaminadoras. Mientras los enviados de Los Pinos cabildeaban en privado, en el pleno los senadores aprobaban el paquete de reforma financiera, un dictamen de más de mil 800 páginas que modificó una treintena de ordenamientos, escasamente analizados por los senadores, pero bajo presión de los asesores del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Prácticamente le dieron línea a los legisladores del PRI para que aprobaran sin discusión este complejo paquete proveniente de la Cámara de Diputados. Así el Ejecutivo federal “invadió” y comenzó a presionar directamente a los senadores para que, en vísperas de cumplirse el primer año del Pacto por México, se completara el ciclo de reformas que se comprometieron a aprobar. Ya habían sacado en menos de un año las reformas educativa, de telecomunicaciones y radiodifusión (cuyas leyes reglamentarias ya no estarán listas para el lunes 9 y se pospusieron para marzo o abril de 2014), la fiscal-hacendaria, la de transparencia, la financiera y venía “la joya de la corona”, la energética que necesita librar la aduana de la político-electoral impuesta como condición por el PAN para votar cambios constitucionales en materia petrolera. El senador perredista Alejandro En-
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    P RES IDENC I A P RI M ER A Ñ O En lo que respecta a las reformas energética y política, las negociaciones en el Senado las realizaron sólo el PRI (con un equipo enviado desde Los Pinos) y el PAN. Como ya había adelantado la senadora perredista Dolores Padierna, se trató de un “golpe legislativo”. Ambos partidos cocinaron los pormenores de dichas reformas; en el caso de la primera, con la apertura hacia el sector privado muy al gusto del blanquiazul, que a su vez impuso condiciones en algunos aspectos político-electorales. cinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, una de las cinco que dictamina la reforma política, confirmó que entre los panistas y priistas había 10 temas “encorchetados” que evitaban el avance. El PRI insistía en incorporar el concepto de “determinancia” para aceptar que el rebase de topes de gastos de campaña y el uso de dinero de procedencia ilícita fueran causales de nulidad de la elección. El PAN defendió que la reelección legislativa se iniciara en 2018 y no en 2024 como propuso el PRI. El tema del Instituto Nacional Electoral y la desaparición de los organismos electorales estatales ya había quedado en una opción “mixta” (Proceso 1934). Los panistas, a decir de varios senadores del PRI consultados, encarecieron su voto a la reforma político-electoral a sabiendas de la urgencia de aprobar este paquete y comenzar a dictaminar la energética en los términos también planteados por el blanquiazul: abrir más la posibilidad de la inversión privada a través de otras figuras, como las concesiones. El mismo 26 de noviembre comenzaron los acercamientos entre el priista David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, y los panistas Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle para adelantar un posible predictamen de reforma constitucional en materia petrolera que incluyera la figura de las licencias, similares a las concesiones, que durante los foros de debate propusieron varios ponentes, especialmente Adrián Lajous, exdirector de Pemex. En todo este juego de cabildeos y presiones el PRD comenzó a estar marginado. Su coordinador, Miguel Barbosa, tuvo una repentina dolencia física que lo ausentó esos días. Y la dirigencia nacional, encabezada por Jesús Zambrano, fue olímpicamente hecha a un lado. Astuto, al ser cuestionado por la prensa sobre el cabildeo de los enviados de Los Pinos, Gamboa admitió la presencia de Nuño, Castillejos y Massieu pero aclaró: “Aquí el gobierno no vota, aquí votamos 128 senadores. No hay ninguna presión”. Al pacto lo dieron por finiquitado, días antes de que el 2 de diciembre cumpliera su primer año, los propios enviados de Peña Nieto al Senado para acelerar las negociaciones con el PAN. Predictamen de madrugada La tarde del 27 de noviembre el coordinador de la bancada del PT, Manuel Bartlett, recibió, como otros legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales, un citatorio de Enrique Burgos, senador priista y presidente de dicha comisión, “para la presentación del proyecto de dictamen de las diversas iniciativas de reformas constitucionales en materia político-electoral”. El oficio CPC/ST/369-2013 señalaba en los siguientes términos la convocatoria: “Me permito solicitarle su amable disposición para la eventual convocatoria (sic) a reunión extraordinaria de dichas comisiones unidas esta misma noche a las 21 horas, en las salas 5 y 6 de la planta baja del Senado de la República. “Lo anterior en virtud de que los presidentes de las comisiones dictaminadoras se encuentran trabajando en la construcción de consensos y en la elaboración del documento que habrá de ponerse a su consideración.” Firmaba el secretario técnico de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Morelos Canseco Gómez. Por reglamento del Senado las reuniones de comisiones sólo pueden ser ordinarias o extraordinarias. De acuerdo con el artículo 139, las reuniones ordinaras deben convocarse con 48 horas de anticipación, pero las extraordinarias se convocan “con la anticipación que se requiera, previo acuerdo de la Junta Directiva, a través de comunicación directa a los integrantes de la comisión”. Sin embargo, a las nueve de la noche, en las salas 5 y 6 de la planta baja del Senado no había ningún legislador. La reunión de comisiones se había cancelado. Para sorpresa del petista Bartlett y de los legisladores perredistas, no fue así. A las cuatro de la madrugada del 28 de noviembre las comisiones emitieron un predictamen que dejó al margen todos los temas defendidos por el PRD, especialmente los relacionados con los mecanismos de consulta popular para reglamentar el artículo 35 constitucional, elemento clave para dar legalidad a la consulta que quieren solicitar en relación con la reforma energética. El predictamen, de 231 cuartillas, mantiene aún varios temas “encorchetados”, pero establece dos ejes: la reforma política y la reforma electoral. La primera consiste en la figura del gobierno de coalición, ratificación de nombramientos 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 25
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    P R ESIDE N CIA PRIMER AÑO hechos por el presidente de la República, la creación de una Fiscalía General de la Federación, la reelección legislativa y el cambio de fecha para adelantar la toma de posesión del titular del Ejecutivo federal, entre los principales asuntos. En materia de reforma electoral se habla del “fortalecimiento” del Instituto Federal Electoral y sus atribuciones mediante su transformación en Instituto Nacional Electoral y aumento “en el umbral” para mantener el registro como partido político, entre otros asuntos. El tema de la anulación de la elección por rebase de topes de gasto de campaña aún estaba “encorchetado”. La desaparición de los institutos estatales electorales no se concretó. En las páginas 122 y 123 del predictamen se estableció: “Se retirarán las funciones más controvertidas a los órganos locales que han puesto en duda su imparcialidad” pero se acordó que “no es pertinente” la desaparición de los órganos locales, “sino establecer en la Constitución Política la homologación de algunos aspectos para el cumplimiento de este fin, como son: el procedimiento de nombramiento de los consejeros electorales, su duración y el sistema de garantías para su cabal desempeño”. Para el PRD, especialmente para su dirigente nacional Jesús Zambrano, impulsor de la figura del INE junto con el PAN, se trató de un modelo “descafeinado” de organismo electoral. “Triunfaron los gobernadores”, declaró. La huella de los intereses del PAN quedó manifiesta en la página 110 del predictamen donde se establece que los diputados federales “podrán reelegirse hasta tres periodos más, para sumar 12 años en ejercicio del encargo y los senadores hasta por un periodo adicional, también para sumar 12 años de servicio ininterrumpido en esa calidad”. Los del blanquiazul demandan que esta reforma entre en vigor desde 2018 –con los actuales senadores como posibles candidatos a reelegirse– y no hasta 2024 como demandan el PRI y su coordinador Emilio Gamboa, quien por cierto ha cambiado de una cámara a otra en los últimos 12 años. Ninguno de los mecanismos de participación y consulta ciudadana, considerados por el PRD como sus “cartas ciudadanas”, se incorpora en el predictamen aprobado esa madrugada. La reforma política del Distrito Federal queda en el limbo. Prácticamente ignoraron en la negociación una iniciativa impulsada por varios organismos no gubernamentales, encabezados por el sacerdote Miguel Concha y el exrector de la UNAM Pablo González Casanova, quienes proponen incorporar en los artículos 35 y 36 de la Constitución las figuras del plebiscito y 26 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 el referéndum, además de las consultas populares. También se incorporó un mecanismo nuevo de subrepresentación y sobrerrepresentación en las cámaras que le permitirán a un partido tener un número de diputados por mayoría y por representación proporcional con un margen de ocho puntos porcentuales de su votación. También se incrementó de dos a tres el porcentaje mínimo para que un nuevo partido pueda tener representación y registro definitivo, sin ir en coalición con otros en su primera contienda. Ruptura del PRD La mañana del 28 de noviembre, cuando se conoció la existencia de este predictamen, el PRD convocó a una conferencia de prensa en el Senado para anunciar su salida del Pacto por México, su ruptura de las negociaciones en la reforma políticoelectoral y denunciar un “pacto en lo oscurito” entre el PAN y el PRI para avanzar en la reforma energética sin incorporar el mecanismo de la consulta popular. Horas antes de la conferencia de la cúpula de legisladores y dirigentes del PRD, en entrevista radiofónica con Carmen Aristegui, el senador panista Javier Corral deslizó la versión de que su partido estaba ya negociando con el gobierno federal la incorporación de la figura de licencias en el proyecto de reforma energética, como semanas antes anunciaron The Wall Street Journal y la agencia Bloomberg citando fuentes oficiales. El comunicado, leído por la senadora Dolores Padierna, vicecoordinadora del PRD, denunció que el PRI, el PAN y el Partido Verde preparaban un “golpe legislativo” para “redactar el dictamen de reforma energética sin cubrir los procedimientos parlamentarios, sin incluir al PRD en sus convocatorias, en forma apresurada”. El PRD solicitó que se suspendiera la reunión de las comisiones unidas de reforNuño. Enviado de Los Pinos ma político-electoral, citadas para el mismo 28 de noviembre por la tarde, y no hubiera sesión ordinaria el 29 de noviembre, pues “no está discutida, analizada ni completa esa iniciativa y porque no vamos a legitimar la reforma política porque implica avalar la estrategia para privatizar el petróleo”. “No podemos aceptar una reforma política sin las cartas ciudadanas, en particular con la Ley de Participación Ciudadana para que haya consulta revocatoria”, afirmó Padierna. “Tampoco podemos aceptar que con maniobras legislativas se pretenda convertir al tema energético en un tema fiscal que no esté sujeto a la consulta popular, como se pretende”, abundó. La perredista hacía referencia al condicionamiento que impuso el PRI a la aprobación de una ley reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35 constitucional donde se incorpora la figura de la consulta popular. Los negociadores oficiales querían vincular este tema a la misma prohibición de llevar a consulta los asuntos fiscales. En el paquete hacendario se crea en el título V de la Ley de Hidrocarburos un nuevo régimen fiscal para Pemex que en esencia permite la apertura de contratos privados. Zambrano oficializó en ese momento la salida del PRD del Pacto por México. Acusó al PRI y al PAN de violar lo firmado en el pacto y convocó a un plan de acción conjunta con “otras fuerzas políticas” para frenar la reforma energética. Encinas expuso los puntos de diferencia con el predictamen del PAN y del PRI en materia de reforma político-electoral. “Quieren hacer una restricción para que no se autoricen consultas populares revocatorias sobre reformas ya aprobadas”, dijo. “No vamos a legitimar ni convalidar un condicionamiento del PAN para la reforma energética”, sentenció Encinas, quien también acusó a los panistas de legislar en su propio beneficio al defender la posibilidad de que la reelección inmediata aplique a favor de los actuales senadores del blanquiazul. La salida del PRD del Pacto por México le hizo ganar tiempo a este partido en medio de una acelerada negociación entre PRI y PAN para sacar la reforma políticoelectoral y de la movilización convocada por Andrés Manuel López Obrador para este domingo 1. El PRD prepara otras movilizaciones para el martes 2 mientras la dictaminación y votación final de la reforma político-electoral se prevé que ocurran el lunes 2 y el martes 3, al tiempo que desde el miércoles 4 y el jueves 5 se acelerará el proceso de aprobación de la reforma energética, aun sin el voto de la izquierda. “Va a haber reforma energética. Nunca nos vamos a dejar presionar ni chantajear por nadie”, sentenció Gamboa Patrón tras la salida del PRD.
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    El pacto reventó, pero... Menos deun año después de haber sido suscrito, en vísperas de la concentración de este domingo 1 en el Zócalo capitalino convocada por Andrés Manuel López Obrador para manifestar su repudio a la reforma energética, el Pacto por México quedó reventado con la salida del PRD. Así, los vaticinios en este sentido desde diferentes sectores políticos se están cumpliendo, aun cuando Jesús Ortega Martínez, expresidente nacional perredista, asegura que el pacto no fue una ocurrencia coyuntural, pues durante años su partido discutió al respecto. E insiste: el pacto es de izquierda, por lo que el PRD cometería un error si permite que la reforma energética la hagan solos el PRI y el PAN. ÁLVARO DELGADO E l 21 de noviembre, en vísperas del XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) celebrado en Oaxtepec, Jesús Ortega Martínez no tenía duda: ratificaría su pertenencia al Pacto por México, como ocurrió, para mantener la alianza con el gobierno de Enrique Peña Nieto y el Partido Acción Nacional (PAN). Artífice de ese acuerdo firmado un día después de la toma de posesión de Peña Nieto, el 2 de diciembre de 2012, Ortega se regodeaba: “Todos los días los contrarios al Pacto por México publican esquelas y mandan coronas de flores por su muerte, y todos los días se equivocan”. Pero quien se equivocó fue él: el día 28, cuatro días después del aval del PRD, el Pacto por México comenzó su agonía con el arreglo de Peña Nieto con el PAN para aprobar una reforma política “rabona” y una energética que cede el petróleo 28 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 a particulares nacionales y extranjeros. La marginación del PRD de estas dos reformas la ratificó el propio mandatario, ese mismo día, al renegar del consenso previsto en el Pacto por México: “Somos un país democrático, diverso y plural, en el que todas las voces merecen ser escuchadas, pero como debe ser en democracia, debe privilegiarse aquella voz que tenga mayoría”. Desde Chile, desde donde siguió los acontecimientos –incluido el retiro del PRD de las negociaciones–, Ortega admite que el acuerdo ya está condenado a muerte: “Ateniéndome a la declaración del presidente, el Pacto por México está a punto de ser sacrificado.” Coautor de ese pacto, junto con el priista José Murat, Ortega culpa al presidente del PAN, Gustavo Madero, de anteponer su proyecto de reelección a lo firmado, y a Peña de ceder a presiones extranjeras para aprobar una reforma privatizadora del petróleo. “Le están apuntando a la sien, y todo con el propósito, de unos (los panistas), de resolver sus asuntos internos, y de otros (del gobierno de Peña), de atender presiones extranjeras que un gobierno serio debería soportar.” “No me equivoco en la expresión ‘a punto de ser sacrificado’. ¿Quiénes son los que están con el arma en la sien del pacto? Los que incumplen con el contenido estricto del pacto, los que incumplen su palabra y su firma.” El expresidente del PRD niega que el gobierno de Peña y el PAN hayan “chamaqueado” a su partido. “No, porque sacamos reformas muy importantes. Los chamaqueados serían ellos: Demostrarían su novatez y fragilidad política. Es un error estratégico destruir el pacto”. –Pero logran su objetivo: la reforma energética… –Si eso es así, entonces son pequeños intereses y pequeñas miserias, no los intereses del país. Si lo hacen se verían poco profesionales, sin sentido estratégico. –¿Y eso les importa? –Quién sabe. A lo mejor son reformas
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    Germán Canseco P RESI DENC I A P RI M ER A Ñ O sin ningún efecto económico y de gobernabilidad. Sería un triunfo pírrico. –¿Hasta dónde llegará la “izquierda responsable” ante la aprobación de la reforma energética? –Todo recaerá en el marco de la paz, somos una fuerza madura y sensata. Para defender no se necesita ser violento. La marginación del PRD del Pacto por México se produce poco antes de la concentración en el Zócalo a que convocó Andrés Manuel López Obrador, el domingo 1 de diciembre, justamente para oponerse a la privatización del petróleo. –¿Estas circunstancias le están dando la razón a López Obrador? –No le están dando la razón, porque Andrés Manuel no quiere ningún tipo de reforma, ya no digamos energética, no quiere ningún tipo de reforma de ninguna naturaleza. La visión de Andrés Manuel es: yo o el precipicio. Está equivocado. –Hasta Marcelo Ebrard festina la salida del PRD del pacto... –Marcelo debe ser más sensato. El mismo error que están cometiendo los priistas y los panistas lo está cometiendo Marcelo: ver sólo por su interés personal. La corrupción, a salvo De ratificarse la marginación del PRD y el arreglo bilateral del gobierno priista con el PAN, harían que el Pacto por México no viva ni un año. Negociado aun antes de que Peña fuera declarado presidente electo, este acuerdo padeció siempre el asedio de fuerzas internas perredistas y panistas adversas a sus dirigencias. En abril vivió su primer crisis cuando Madero anunció su retiro de actos del Pacto por México por el descubrimiento de una red de funcionarios del gobierno de Veracruz para favorecer al PRI, lo que luego derivó en un adéndum que condicionó la reforma energética a la política. Pese a las críticas de perredistas y panistas, parecía que todo marchaba bien, pero sorpresivamente el 20 de noviembre el presidente del PRI, César Camacho, afir- mó que el Pacto por México terminaría al aprobarse los 95 compromisos. “El pacto ha demostrado su fortaleza institucional y además tiene una fecha de caducidad: el segundo semestre de 2014”, precisó, una declaración que a Ortega, entrevistado al día siguiente, le parece que fue un error. “Se equivocó. Si a diario hay quienes están poniendo esquelas y el presidente del PRI paga otra, se equivoca. Y en lugar de fortalecer al pacto lo debilita o ayuda a quienes están, día tras día, hora tras hora, tratando de destruirlo.” –¿Fue deliberada esa declaración? –No sé. Se equivocó, cualquiera que haya sido la intención. Al margen de sus intenciones aparece como esquela pagada. Aun así, el expresidente del PRD era optimista: El Congreso Nacional del PRD ratificaría su permanencia en ese acuerdo, como ocurrió, porque ha resultado, según él, útil para México. Sin embargo, aunque en el Legislativo se procesaron varias reformas relevantes, como la educativa, la de telecomunicaciones y la financiera, la agenda contra la corrupción fue marginada, específicamente el “sistema nacional contra la corrupción”. El compromiso 85 prevé: “Se creará un sistema nacional contra la corrupción que, mediante una reforma constitucional, establezca una comisión nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción. Se pondrá especial énfasis en entidades como Pemex y la CFE”. Y el compromiso 86: “Se creará un Consejo Nacional para la Ética Pública con la participación de diversas autoridades del Estado mexicano y miembros de la sociedad civil para dar seguimiento a las acciones concertadas contra la corrupción”. Ortega admite que, aun cuando siguen pendientes estas reformas, sí se aprobaron acciones contra la corrupción, como la autonomía constitucional para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y mayores facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. “La reforma educativa tiene un contenido anticorrupción esencial: ¿Cómo se daban los ascensos en el sistema educativo? Por cuanto dinero le dan al líder sindical. ¿Cómo se daban las plazas? Por corrupción. ¿Un examen de oposición para ingresar al sistema educativo no ataca de manera directa un aspecto de la corrupción?” –Sí, pero no hay decisiones específicas contra la corrupción. –Tienes razón, faltan algunos asuntos por resolver en este tema desde el punto de vista legislativo. 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 29
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    –Entonces no esuna prioridad combatir la corrupción. –Sí es, nomás que un tema, la comisión nacional, tiene su calendario, porque efectivamente se definió qué iba primero y qué iba después. Claro que hay medidas anticorrupción, pero faltan, desde luego. El pacto es de izquierda Octavio Gómez Convencido de que el país es mejor luego de las reformas aprobadas a través del Pacto por México, pese a que en algunos casos pasarán muchos años en verse los resultados, Jesús Ortega revela que el PRD impulsó este acuerdo, porque López Obrador no quiso hacerlo. Luego de las elecciones de 2012, se le planteó al excandidato presidencial proponerle al país un gran acuerdo nacional para impulsar las reformas económicas, políticas y sociales, algo por lo que la izquierda ha luchado. “El Pacto por México no fue una ocurrencia de la coyuntura política resultado de la elección de 2012, sino que se venía discutiendo como acuerdo político nacional en el PRD, se le llamaba así, desde muchos años antes y aun décadas”, dice Ortega. Recuerda el debate que se dio en el III Congreso Nacional del PRD en Oaxtepec, en agosto de 1995, cuando Cárdenas proponía la “salvación nacional” y Porfirio Muñoz Ledo, entonces presidente de ese partido, una “transición pactada”, que finalmente se impuso. Y luego López Obrador, ya como presidente del PRD, pactó con Ernesto Zedillo, el PAN y el PRI la reforma electoral de 1996 que, entre otras cosas, ciudadanizó el Instituto Federal Electoral y permitió elegir al jefe de Gobierno del Distrito Federal. Pasada la elección de 2012, el PRD no debía cometer el mismo error de seis años atrás y perredistas como Ortega y Jesús Zambrano comenzaron a discutir con Manuel Camacho cómo influir en las decisiones del país. “Le dijimos: ‘Lancemos a la nación un manifiesto en el que propongamos al país y a las fuerzas políticas un gran acuerdo por el país, que haga profundas reformas en materia económica y social’.” Con las ideas de varios perredistas, como Cuauhtémoc Cárdenas, y de no perredistas, como Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM, Camacho redactó un documento que se llamó Por un gran acuerdo político nacional por la gobernabilidad democrática, por la estabilidad política y por el bienestar de la ciudadanía. Ya elaborado el documento, acordaron dar el siguiente paso: convocar a una comida a López Obrador, Cárdenas, De la Fuente y Marcelo Ebrard, quien fue el anfitrión en la sede de la fundación que preside, en la colonia Condesa. “El documento era resultado de un esfuerzo de reflexión colectiva de estas personas y se le leyó a Andrés Manuel, cuya respuesta fue no solamente descortés, sino inusitada. Cualquier político dice: Déjenme ver, voy a analizarlo, lo agradezco, voy a verlo. No. Terminó de leer Manuel, se levanta y dice: No estoy en absolutamente nada de acuerdo, en nada”. Ortega dice que se generó estupor y todos le pidieron que escuchara, porque se trataba de reflexionar y discutir. Aunque se sentó a escuchar las razones de cada uno para apoyar el proyecto, López Obrador fue inflexible. Dice Ortega: “Y a final de cuentas Andrés no movió un ápice su posición después de haber escuchado a estas personas y dijo: ‘Muchas gracias, me retiro’. Y se retiró, y nos quedamos ahí con estupor, con sorpresa, porque la propuesta era: ‘Andrés, conviértete en el personaje político más trascendente y más relevante en la próxima etapa, le vas a lanzar al país una propuesta para resolver los grandes problemas nacionales, te vas a convertir en un factor decisivo para resolver los problemas del país; pongamos por delante, no para ver nuestros asuntos, sino para ver los asuntos del país’”. –¿Eso quién se lo dijo en específico? –Casi todos, ese argumento, casi todos, porque todos hablamos. –¿Y él los escuchaba? –Pero refunfuñando, ni siquiera debatiendo, negado totalmente a escuchar siquiera. –¿Le dijeron que se estaba en diálogo con otros partidos? –Es que todavía no se estaba en diálogo. Pero pronto lo estuvo: “Se fue Andrés y dijimos: Vamos a sacarlo nosotros. Vamos a hacer la propuesta nosotros”. –Y Cárdenas, ¿qué dijo? –Igual que todos, vamos a hacer la propuesta nosotros. Es correcta la propuesta desde el punto de vista político. Frente a la realidad del país y a la incertidumbre que tiene la gente, alguien tiene que decirle por dónde y seamos nosotros. –¿Y Ebrard apoyó? –Claro, si fue en su fundación. –¿Y entonces por qué rechaza el Pacto por México? –Por eso te estoy diciendo, fue en su fundación, ahí comimos. –¿Y qué tanto de ese documento se reflejó en los 95 puntos del Pacto por México? –Una parte muy sustancial. –¿Entonces el Pacto por México se nutre de las propuestas de la izquierda? –No quiero decir que de ese documento fue una copia, pero nosotros sí lo teníamos como insumo nuestro, porque habíamos sido coautores de ese documento. Ahí hablábamos, por ejemplo, de los poderes fácticos, de la necesidad de la seguridad social, de lograr la gobernabilidad democrática, de la reforma política electoral. Peña y PAN, sin palabra Ortega, Navarrete y Zambrano. Desconcierto 30 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 De morir el Pacto por México, acusa Ortega, los responsables serán Peña Nieto y el PAN, porque no sólo estarían traicionando
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    Octavio Gómez P RESI DENC I A P RI M ER A Ñ O ROSALÍA VERGARA E l súbito retiro del PRD del Pacto por México es una derrota para Nueva Izquierda (NI), la corriente que representó al perredismo en el consejo rector del acuerdo, señala Marcelo Ebrard. En entrevista con Proceso, quien aspira a presidir ese partido afirma que Los Chuchos –como se conoce a NI– debieron hacerle caso a la militancia, la mayoría de la cual manifestó su desacuerdo con la presencia del PRD en el pacto. Así lo manifestó la base el jueves 21 de noviembre: cientos de delegados abuchearon a Jesús Zambrano –presidente del PRD– cuando estaba por dar su mensaje en el XIV Congreso Nacional Ordinario perredista. Los delegados debieron decidir sobre la permanencia en el pacto, pero el tema no se discutió porque Los Chuchos “hicieron todo lo humanamente posible para evitar que esto se deliberara en el pleno. El argumento fue más en la mesa de línea política, casi no dejaban hablar a nadie y (afirmaban) que el pacto podría dar resultados, la reforma política iba muy avanzada, se podía frenar la reforma energética...”, asegura Ebrard. Y 72 horas después, a regañadientes, Zambrano debió aceptar que el gobierno federal no cejará en sus intenciones de reformar los artículos 27 y 28 constitucionales para permitir la inversión privada en el sector energético. “Todos lo sabíamos desde el sábado –el 23 de noviembre– y dijeron que no. Bueno. Ahí está. Tal y como se los dijimos”, señala Ebrard. Ahora, apunta, tienen conocimiento de que la pretenden aprobar a más tardar el jueves 12, “con la venia de la guadalupana en su día”. La decisión de salir del Pacto por México es una victoria para quienes siempre estuvieron en desacuerdo, insiste. “¡Es ridículo!” que Zambrano recule 72 horas después de haber defendido la presencia del PRD y de asegurar que “80% de los congresistas votaron a favor del resolutivo para continuar en el pacto”, opina Ebrard. El exjefe de gobierno capitalino señala que la decisión debió tomarse antes porque es del cálculo político más elemental saber que la prioridad del gobierno federal es reformar los artículos 27 y 28 constitucionales y permitir los contratos de utilidad compartida en beneficio de petroleras extranjeras. su palabra, sino también traicionarían su firma. “Hay un precepto en el pacto perfectamente definido y es el cumplimiento de la palabra y de lo escrito. Y un segundo punto: nada está resuelto hasta que todo esté resuelto. No hay una parte resuelta si no está resuelto el conjunto. Si ellos llegaran a la conclusión de que no hay necesidad de El fracaso de “Los Chuchos” nos dio la razón: Ebrard “La prioridad del gobierno federal es la reforma energética, no el pacto. Simple y sencillamente la van a sacar con el PAN, y el PRD nunca debió facilitarles el camino”, considera. –¿Esa es una ventaja para quienes quieren reformar al partido? –Nos da la razón política y estratégica –responde. “Era lo que estábamos diciendo que se hiciera. Ahora debemos cambiar la forma de tomar decisiones en el PRD. Ésta es la última llamada. “No hay ninguna deliberación. No importan los argumentos. Los congresistas no tienen libertad de voto en términos reales”, reconoce y reitera que prepara la impugnación al XIV Congreso Nacional Ordinario celebrado en Oaxtepec del 21 al 24 de noviembre pasado. “Estamos preparando el documento de impugnación. Existen los tipos de impugnación ético y político, pero también los de carácter jurídico. Por ejemplo: no había quórum. Al final el congreso no tuvo quórum pero ni de lejos. “Muchas cosas se aprobaron ya muy noche, para tener promedios de asistencia muy bajos. Decía Zambrano el domingo en su conferencia de prensa que 80% de los congresistas decidieron quedarse en el pacto y hoy –28 de noviembre– se sale; 80% de los congresistas decidieron que siempre no. ¿Qué seriedad puede tener eso?” El fracaso de NI en el Pacto por México salpicó no sólo a sus aliados de Alianza Democrática Nacional y Foro Nuevo Sol sino también a Izquierda Democrática Nacional (IDN) encabezada por René Bejarano y Dolores Padierna, pues fue Manuel Oropeza –de esta corriente– quien presentó el resolutivo respectivo en la mesa de línea política el 21 de noviembre. El 24 de noviembre Bejarano explicó que aceptaron permanecer en el pacto siempre y cuando no se apruebe la reforma energética. “Tiene que quedar muy claro lo que dice el resolutivo: ‘Se retirará’. ¿Qué dice y qué planteamos? Retirarnos”, señaló en entrevista con reporteros. –¿Pero ustedes piensan que puede cambiar de opinión el PRI? –preguntó una reportera. –¡Pues no! ¡Por eso pusimos eso! –respondió Bejarano. que el PRD participe de la reforma, como fue convenida, entonces se estaría violentado una parte sustantiva del pacto.” El PRD, afirma, cometería un error si permite que la reforma energética la hagan solos PRI y PAN, “y nosotros sin influir y bloqueando el Senado esperando que se apruebe la reforma más reaccionaria, más conservadora, más de dere- cha para tener argumentos políticos”. El PRD, advierte Ortega, tiene un plan para enfrentar una eventual reforma privatizadora: “Consiste en utilizar el recurso constitucional de la consulta ciudadana, que es vinculatoria a las decisiones del Congreso. Si la gente decide que esa reforma no debe llevarse a la práctica, el Congreso deberá anular ese decreto”. 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 31
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    Octavio Gómez ¿Manifestantes? Ahora serán “terroristas” JESUSACERVANTES U na nueva ley antiterrorista se aprobará esta semana en la Cámara de Diputados con muy altas probabilidades de que violente los derechos humanos, además de que no se ha discutido a cabalidad ni atiende los problemas del país, sino que responde a designios de Estados Unidos. De acuerdo con diputados federales del PRD y del PT, además de especialistas en materia de crimen organizado como Edgardo Buscaglia, se trata de una “vaguedad legislativa” y hasta “torpe”. La reforma plantea cambios a cinco leyes, con el objetivo de ampliar el alcance del delito de “terrorismo”: se incluirían nuevos tipos penales, como “financiamiento al terrorismo” e incluso el “robo de uranio, torio y demás minerales que puedan producir energía nuclear”. La iniciativa no fue confeccionada por la Comisión de Justicia en San Lázaro, que encabeza el priista y líder sindical Ricardo Pacheco Rodríguez, sino que fue elaborada desde la Presidencia de la República y enviada al Congreso por Enrique Peña Nieto el pasado 31 de mayo. Durante los seis meses que siguieron a su presentación, la Comisión de Justicia apenas sesionó dos veces. La primera fue el 20 de noviembre pasado, aunque la reunión se suspendió a petición del perredista y miembro de la mesa directiva Alejandro Carbajal González, pues “no había justificación para incluir el robo del uranio como un acto terrorista”. Para ese día, Proceso ya contaba con el “dictamen” votado “en sentido positivo por mayoría de los presentes”. Es decir: ya todo estaba “planchado”. Bastaban los 13 votos del PRI, los dos del PVEM y uno más de cualquier partido, pues sólo se requieren 16 para que cualquier iniciativa sea avalada en esa comisión. Pasó como se esperaba: el jueves 28, 32 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
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    JU S TIC IA en una votación con poco debate, la mayoría aprobó el dictamen. Sólo el perredista Carbajal González insistió en “encorchetar” el tema del uranio y clarificar la definición de terrorismo. Su demanda no tuvo respuesta. Derechos humanos en riesgo Entrevistado vía telefónica desde Beirut, Líbano, el académico Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto Acción Ciudadana, se dice alarmado: “Por la forma en que está planteado, (el dictamen) viola los derechos humanos”. Asegura que a contrapelo de la tendencia actual en Estados Unidos o la Unión Europea, los legisladores mexicanos pretenden “sacar una ley fuerte y punitiva contra el terrorismo, lo que es un motor para la violación futura de los derechos humanos”. Detalla que incluso la ley antiterrorista de la administración Obama busca prevenir la violación de derechos humanos. Es decir, “para combatir el terrorismo primero tienes que asegurarte de que los derechos no sean violados en los segmentos de la población más vulnerable, porque si son violados, los actos de terrorismo posteriores son más frecuentes y más probables”. En México, asevera Buscaglia, se pone la carreta delante de los caballos; “se hace al revés”. Y resume: “Primero tiene que ser una ley antiterrorista que establezca mecanismos preventivos de protección de derechos humanos –que son de 58 tipos– de la población más vulnerable, como grupos étnicos desfavorecidos. Después, los actos terroristas, que no van a surgir de las poblaciones pobres, pero surgen en un entorno donde grupos criminales se aprovechan de esta situación”. Tanto la ley que se pretende aprobar como la vigente, añade, adolecen de esta falla. Loreta Ortiz Ahif, abogada y diputada del Partido del Trabajo, advierte que su grupo votará en contra debido a que la refor- ma, además de violentar los derechos humanos, “aunque tipifica el terrorismo no delimita claramente quién lo comete”, no define la “intencionalidad” y establece como consecuencia de un acto terrorista “un daño emocional”, cuando en otros países se habla de “daño psicológico”. Los diputados eliminaron la propuesta de que “la manifestación” fuera considerada como un acto terrorista, pero no “los actos”. Esto significa que el daño a la propiedad privada podrá ser catalogado como “terrorismo”. Hasta la fecha, esto sólo aplica cuando se trata de bienes públicos, y en ciertos casos. Ortiz Ahif lo explica: Si en una manifestación se daña un banco o una tienda departamental, el responsable podrá ser acusado de terrorista, el peor delito internacional. “Se debe castigar a quien comete el delito –admite–, pero no como terrorista”. Además, sostiene, no se define la “intencionalidad” a la hora de cometer un acto así. “Debiera decir ‘con la intención de desestabilizar un gobierno’, y aún debe de probarse en razón de la presunción de inocencia, porque si no, otro tipo de delitos en los cuales se destruya un bien caería en el tipo penal de terrorismo”. Otra falla del dictamen, añade la también exdirectora del Departamento Jurídico de la Universidad Iberoamericana, es que el terrorismo no se tipifica como se hace a escala internacional. “Se tiene que delimitar en razón de la seguridad y la certeza jurídica”. con el lavado de dinero, sino con dinero lícito que muchas veces se filtra a través de contribuciones legales, como asociaciones religiosas o contribuciones, a sabiendas o no de que se usará en una asociación ligada a grupos terroristas. Y este patrón en el dinero no está contemplado en la iniciativa”. El también investigador de la Universidad de Columbia alerta sobre la incapacidad de México para operar esas leyes. “México no tiene hoy la capacidad institucional para detectar los flujos de dinero que puedan alimentar actos de terrorismo, ya que no tiene unidades de investigación patrimonial autónomas, sino que tiene una unidad de inteligencia financiera que está bajo el dedo pulgar del Ejecutivo federal. Y en los estados no hay unidades de este tipo”. Advierte: “Esta iniciativa me parece torpe. Por más que denuncie la necesidad de no castigar a los movimientos sociales, a las ‘manifestaciones sociales’ como se dice en el documento, en la realidad se va a seguir haciendo, utilizando esa ley para combatir con una gran discrecionalidad a grupos que le incomoden al gobierno, ya que no existen unidades especializadas que puedan determinar si un grupo es terrorista o no, sobre todo en lo que se refiere a la planificación del acto. “En el ambiente de autoritarismo cada vez más elevado que se vive en México, preocupa que se aprueben esas iniciativas que no plasman criterios precisos sobre cómo, dónde y con qué instrumentos se combate y se previenen los actos de terrorismo. “No se define adecuadamente el acto de terrorismo. Entonces hay un problema grave de concepción en la iniciativa y, segundo, existen enormes vacíos de Estado; no hay Benjamín Flores Los diputados aprobarán esta semana la reforma a las leyes antiterrorismo. Será un regalo a Estados Unidos que no se corresponde con las necesidades mexicanas, pero solventa las de aquel país… Apenas fue debatida y amenaza con atropellar el respeto a los derechos humanos. Destaca un riesgo: el daño a la propiedad privada en una manifestación podrá ser considerado terrorismo. “Es un espasmo de fetichismo jurídico”, sentencia el investigador Edgardo Buscaglia. ¿Y el dinero? Entre los ordenamientos a modificar está la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, donde se adiciona el nuevo tipo penal de “financiamiento del terrorismo”. A Buscaglia dice preocuparle que las actividades terroristas se vinculen con el blanqueo de capitales. “Nueve de cada 10 casos de terrorismo no están vinculados Buscaglia. “Vaguedad legislativa” 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 33
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    Benjamín Flores J USTICIA SanLázaro. Votación apresurada unidades de fiscales especializados que estén impulsando causas penales con cooperación internacional adecuada. Y en el horizonte no veo nada de eso, por lo tanto preocupa esta iniciativa que sólo me lleva al recuerdo de que son espasmos de fetichismo normativista, jurídicos. Y que más bien obedecen a presión internacional que a las necesidades de seguridad mexicana.” Designio del más allá (del Bravo) Especialista en crimen organizado, Buscaglia explica que el gobierno de Estados Unidos “ha tratado de homogeneizar el marco jurídico internacional con sus países vecinos por un tema de seguridad nacional de ellos. “Hay presión para que México adapte una legislación compatible que Estados Unidos considera que es una mejor práctica. Pero eso no quiere decir que sea una mejor práctica para México.” La ley que hoy tiene México es “ineficiente”, admite, pero aclara que el tipo de terrorismo es distinto. A diferencia de la diputada Ortiz Ahif, del PT, Buscaglia sí considera que “mucho del terrorismo que uno ve a lo largo de México está vinculado con la delincuencia organizada”, como la del narcotráfico. “Esto es diferente a lo que le preocupa a Estados Unidos, que es terrorismo de vinculación islámica, de Medio Oriente, que puede llegar a atentar contra su territorio, su gente, cruzando la frontera mexicana o canadiense. A ellos les interesa prevenir un tipo de terrorismo, pero México no tiene las mismas prioridades. Y los actos de terrorismo que veo en México no se previenen ni se combaten en esta iniciativa.” La diputada Loreta Ortiz considera que para ella los ataques del crimen organizado a gasolineras, instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad u otras de seguridad nacional técnicamente no son 34 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 actos de terrorismo, pero teme que con esta ley sean tipificados así y sentenciar a la gente por un delito erróneo. Tanto Buscaglia como la diputada del PT advierten que el gobierno de Estados Unidos cuenta con empresas de cabildeo (o lobbying) que ya han intentado impulsar cambios en el sistema penal mexicano. Como ejemplo, la legisladora recuerda que la dependencia estadunidense USAid la buscó cuando ella estaba al frente de la Dirección Jurídica de la Iberoamericana, en 2006, para apoyar cambios a la legislación mexicana. “Me pidieron el aval, y que sostuviera que (la reforma) no violentaba los derechos humanos. Y nada más alejado de la realidad, porque esos cambios que se hicieron ese año atentan totalmente contra los derechos. “Cuando fue promulgada la ley, estaba en primera fila el director de la USAid en México.” Uranio, nuevo botín Otra de las novedades de la citada ley es la inclusión del delito del robo de uranio, torio o demás sustancias que puedan producir energía o que sean utilizadas para financiar actos terroristas. El dictamen indica: “Se advierte que los planteamientos en las disposiciones jurídicas del proponente se adecuan con la realidad social actual al contemplar el uso de nuevas tecnologías desarrolladas por la ciencia y que en algunas ocasiones han sido utilizadas con fines inadecuados, como en el caso del terrorismo, violentando la naturaleza propia para la cual fueron creados, en este sentido se estima adecuado considerar en la disposición legal aquellos materiales que pueden ser empleados para actos terroristas como materiales nucleares, combustible nuclear, mineral radioactivo o fuentes de radiación”. México tiene en su subsuelo una de las mayores reservas probadas de uranio, sostiene el diputado federal del PRD Alejandro Carbajal González, pero critica: “Si tienen indicios de que se está usando para actividades ilícitas, no nos lo dicen; entonces, tampoco aclaran por qué se incluye”. Buscaglia admite que no hay datos de que ya se esté realizando “el tráfico con material radioactivo”. Añade: “México lo posee en su subsuelo, y dada la penetración de la delincuencia organizada ligada a la minería sólo es cuestión de tiempo para que veamos el primer caso de tráfico de material radioactivo. No es cuestión de si va a ocurrir o no, sino cuándo. De ahí que sea justificada la preocupación norteamericana, aunque no lo vas a evitar generando instrumentos jurídicos que se caracterizan por su vaguedad”. Estados como Chihuahua, Baja California, la zona de Los Loxichas, en Oaxaca y Chiapas, tienen grandes reservas de uranio y a tan sólo 120 metros bajo tierra, refiere Carbajal González. Antonio Gershenson, quien durante años formó parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, SUTIN, sostiene que es “relativo” hablar de grandes reservas de uranio en México. “Es difícil saberlo porque cuando México desatendió y desapareció Uramex, la empresa paraestatal encargada de extraer el uranio para Laguna Verde en los años ochenta, los estudios estaban a medias. También se ha dicho que México tiene millones de reservas de gas probadas y no de petróleo, pero no hay estudios”. De plano, califica la ley en cuestión como “producto de un enfermo mental” y aclara que al obtener uranio se tiene que seguir todo un proceso para que alcance una pureza de 90 grados y poder usarlo para una bomba.
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    Miguel Dimayuga El Ejército, convertido eninmobiliaria Sedena. Millones sin transparencia JORGE CARRASCO ARAIZAGA D urante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Ejército se desviará parcialmente de sus tareas de defensa nacional para hacerle la competencia a la industria de la construcción y disputar los millonarios recursos que destina el Poder Judicial al levantamiento de edificios. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) firmó con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) un convenio de construcción de seis años, que en la práctica le dará a esa fuerza armada millonarios recursos, pero cuyo ejercicio será “estrictamente reservado”. En los próximos dos años y medio –cuando venza el plazo para la entrada en vigor de los juicios orales– el Poder Judicial de la Federación deberá construir 44 nuevos centros de justicia en todo el país y, con el apoyo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, varias de las edificaciones estarán a cargo de la Sedena. 36 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 Con un sustento legal endeble, el Poder Judicial firmó un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional mediante el que los militares se comprometen a construirle nuevos juzgados y tribunales... en secreto. El negocio es enorme además de opaco: el Consejo de la Judicatura Federal gastará en el sexenio alrededor de 7 mil millones de pesos para crear las instalaciones del nuevo sistema penal acusatorio. Dicen que desviar al Ejército de sus funciones para convertirlo en empresa inmobiliaria resulta más barato, pero al menos hasta ahora eso ha sido falso. Bajo el supuesto de que los militares son menos corruptos y ofrecen menores costos, el CJF firmó en abril pasado un Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Sedena para la construcción de instalaciones judiciales. Apenas un mes después de la firma, el CJF le entregó a la Sedena una obra por 813 millones de pesos: la construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en el municipio de San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca. Por la misma obra, la constructora ICA había calculado 650 millones de pesos. Consultada, la empresa evitó comentar sobre el tema. La idea de que la Sedena es la mejor
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    JU S TIC IA opción para el CJF fue del ministro Alfredo Gutiérrez, quien como jefe del Sistema de Administración Tributaria hasta antes de ser propuesto por Peña Nieto como ministro de la Corte, a partir de diciembre del año pasado, le pidió al Ejército que le construyera aduanas en las fronteras del país. Silva Meza llevó la propuesta al CJF y fue avalada por la Comisión de Administración del Consejo. La Comisión está presidida por el exprocurador general de la República durante el gobierno de Vicente Fox, Daniel Cabeza de Vaca. Los otros dos consejeros que la integran son los magistrados César Esquinca Muñoa y Manuel Ernesto Saloma Vera. El “convenio de colaboración interinstitucional… para obras públicas y sus servicios relacionados” fue firmado el 15 de abril de este año por el titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, y el presidente del CJF y de la SCJN, Juan Silva Meza. Ambos decidieron incluir una cláusula de confidencialidad para que nadie que no sea la Sedena o el CJF tenga acceso a la información que se intercambien: “Toda la información impresa, audiovisual en archivo magnético o que pueda almacenarse por algún otro medio técnico y científico que los adelantos de la ciencia lo permitan, que se proporcionen entre sí las partes (la Sedena y el CJF), para el debido cumplimiento del objeto del presente instrumento, se considera estrictamente reservada y se prohíbe su divulgación a terceros, con cualquier carácter, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para cada una de las instituciones”, estipularon. La Sedena dispondrá de los millonarios recursos en una cuenta de su programa de obras fuera de presupuesto. Y aunque el convenio no lo expresa, el CJF queda como responsable cuando se fiscalicen los mismos. El problema es que el Ejército se quedará con todos los comprobantes de los gastos de la obra. La cláusula séptima del convenio dice: “Las facturas y documentación probatoria original de los recursos ejercidos para los efectos legales y fiscales que correspondan quedarán bajo la guarda y custodia de la Sedena”. El convenio no le exige ninguna garantía o fianza a la Sedena, como se prevé en cualquier obra pública. Tampoco precisa si la Defensa Nacional designará a sus elementos para la construcción o si subcontratará a empresas privadas. Mucho menos advierte de sanciones para el caso de incumplimiento en la entrega de obras. Aunque invoca los principios de calidad, eficacia, eficiencia y economía, previstos en el artículo 134 de la Constitución, el convenio pasa por encima de ese ordenamiento, según el cual toda contratación de obra pública se adjudicará a través de licitaciones públicas. Es decir, no prevé la concesión de obras por convenio. Para cada obra, el CJF dará una primera aportación económica a la Sedena, que se limitará a entregar un “documento probatorio del gasto”. Los recursos se entregarán a una cuenta del Banjército, el banco de los militares mexicanos. Además, el organismo encargado de la administración de los más de mil juzgados y tribunales federales deberá entregar los terrenos, licencias y permisos para que el Ejército sólo llegue a construir. La Defensa Nacional tendrá una ventaja más: contará con información estratégica sobre instalaciones del Poder Judicial de la Federación, útil para sus labores de inteligencia. La operación del convenio estará a cargo de la Dirección General de Ingenieros de la Sedena y de la Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura Federal. Los actuales responsables son el ingeniero constructor José Antonio González de la Fuente, quien también es general de brigada, y Sergio Martínez Álvarez. El pasado lunes 25 de noviembre, el magistrado José Nieves Luna Castro, responsable de la Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos del PJF, informó en conferencia de prensa que para la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal se prevé la construcción de 44 Centros de Justicia Penal Federal, con 309 salas de audiencia en todo el país. En esos centros se concentrarán todos los órganos jurisdiccionales de lo que será el sistema penal acusatorio o adversarial: los juzgados de control, los de juicio oral, de ejecución de penas y los tribunales de segunda instancia. También contarán con instalaciones de la justicia penal para adolescentes. La masiva construcción se iniciará en 2014 en Durango, Durango, y La Paz, Baja California Sur, pero el CJF sólo tiene hasta junio de 2016 para concluir todos los Centros de Justicia Penal, de acuerdo con la reforma constitucional de 2008. La estimación de la Unidad de Implementación es que para esa infraestructura se requieren por lo menos siete mil millones de pesos. Cuatro mil de ellos ya fueron autorizados para el próximo 2014. Las constructoras se disputarán esa bolsa, pero gracias al convenio la Sedena ya tiene garantizada una parte. El magistrado Luna Castro confirmó que la Defensa Nacional participará en la construcción de “algunos” centros de justicia, mientras que otros serán por licitación. La participación del Ejército obedece a que implica un gasto menor, según dijo. Por lo pronto, gracias al convenio, el CJF ya le entregó a la Sedena la construcción de la nueva sede del Poder Judicial de la Federación en Oaxaca, a través de un contrato por 813 millones 284 mil 26 pesos con 77 centavos. El 20 de mayo de 2013, el general González de la Fuente, de la Sedena, y Sergio El conve nio. Func iones ine xplicable 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 s 37
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    J USTICIA Eduardo Miranda Martínez,oficial mayor del CJF, firmaron un “contrato específico de colaboración”, luego de que el Poder Judicial de la Federación sorteara la oposición del municipio de San Bartolo Coyotepec, que preside Horacio Sosa, hermano de quien fuera el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa. El CJF compró un inmueble y lo entregó a la Sedena para iniciar la edificación, que paralelamente le permitirá al Ejército tener más información sobre la organización social en el municipio, en particular de los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La justificación legal de la Sedena es que, de acuerdo con la Constitución, entre sus funciones están las de “organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, así como a los servicios civiles que expresamente le señala el Ejecutivo Federal”, además de que tiene “entre sus misiones generales realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”. El CJF asienta que ese contrato específico fue autorizado por su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios en una sesión extraordinaria que tuvo lugar el mismo día en que la Sedena y el Consejo de la Judicatura Federal firmaron la construcción de la obra en Oaxaca. Los primeros recursos, cerca de 285 millones de pesos, saldrán de la partida presupuestal 5901/9041/622-01 del ejercicio 2013 del CJF. La Sedena se comprometió a entregar esa primera parte de la obra en nueve meses. La Sedena y el CJF dicen que el contrato contiene “las mejores condiciones disponibles en precio, calidad y oportunidad”, pues no implica “el cobro de utilidad alguna” para la Defensa Nacional, que hará “la administración directa” de los trabajos. Además de que esa dependencia es una persona moral no contribuyente y, al ser parte de la administración federal, los servicios que presta no causan IVA. En este contrato específico se reiteró la opacidad como norma. La Sedena y el CJF se obligaron a “tratar con todas las reservas del caso” la documentación que se genera entre ambas. Además, cualquier documento relacionado con la obra pública es propiedad del Consejo, por lo que la Sedena no puede divulgarlo por ningún medio sin la autorización del CJF. Para la supervisión de la obra, el Consejo designó al director general de Inmuebles y Mantenimiento, Ricardo Arriola Meza. Construir no es lo suyo Aunque considera que la Sedena le cobrará menos, el propio CJF ha exaltado como uno de sus logros en infraestructura el costo-beneficio de la edificación de la Ciudad Judicial Federal en Zapopan, Jalisco, la más grande en América Latina, con un presupuesto mucho menor al del nuevo edificio del Senado de la República. La Ciudad Judicial tuvo un costo de mil 425 millones de pesos, con 149 mil 727 metros cuadrados de construcción. En un comparativo elaborado por el Consejo, se ve que la obra del Senado tuvo un costo aproximado de dos mil 300 millones de pesos con un área construida de 72 mil 190 metros cuadrados. El CJF adjudicó la obra a la empresa Copachisa, una constructora nacional que materializó el proyecto entre diciembre de 2009 y junio de 2011. A pesar de que el ministro Silva Meza fue quien inauguró el complejo judicial a principios del año pasado, el CJF no ha pagado a la compañía un finiquito de cerca de 20 millones de dólares ni los trabajos extraordinarios que requirió la obra. La empresa se inconformó e inició en diciembre del año pasado una denuncia en contra del contralor del CJF, Fernando Altamirano y Jiménez, y el entonces director general de Inmuebles y Mantenimiento, como probables responsables de violar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Silva Meza. Promotor de sinsentidos 38 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. De acuerdo con la denuncia que la empresa presentó ante el CJF el 20 de diciembre de 2012, el contralor se ha opuesto de forma reiterada a pagar el finiquito “por supuestas observaciones no desahogadas o atendidas” por parte de Copachisa. Pero si hubieran existido esas faltas, argumenta la empresa, deben reclamarse a través de la cobertura de garantía y no mediante la negativa a pagar el finiquito, que ya había sido aceptado por el CJF desde julio de 2011, cuando entregó la obra. En el caso del impago por las obras extraordinarias, el CJF aduce la inexistencia de un contrato específico. Las irregularidades e inconformidades han sido la constante en la construcción de infraestructura en el Consejo de la Judicatura Federal. Apenas en abril pasado resolvió iniciar un procedimiento administrativo en contra de varios funcionarios y exfuncionarios del área de obras por un presunto daño patrimonial de 51 millones de pesos al CJF en la construcción del Palacio Federal de Justicia en Ciudad Netzahualcóyotl, en el Estado de México. La obra, que tuvo un valor de 310 millones de pesos y se realizó entre 2007 y 2008, estuvo a cargo de la empresa constructora Macinter, a la que se le hicieron una veintena de observaciones en sus trabajos que presuntamente fueron ignoradas por los implicados. El 21 de mayo pasado, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF propuso ordenar el “procedimiento disciplinario de oficio” en contra de Mónica María del Rosario Barrera Rivera, secretaria ejecutiva de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales; su antecesor, Marino Castillo Vallejo; Patricia Isabella Pedrero Idaurte, entonces directora general de Auditoría de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, y el exdirector General de Inmuebles y Mantenimiento del CJF, Juan Antonio Montalvo Gochicoa. También se investigará a Rafael González Ramírez, Crescencio León Cruz Sosa, Dagoberto Vélez Pazos y Mario Hinojosa Navarro, empleados de esa dirección. Según el expediente en su contra, “pretendieron ocultar, subsanar y solventar de manera irregular las observaciones detectadas en la construcción del complejo”, entre las que se cuentan hundimiento de los edificios, utilización de materiales más baratos de lo comprometido y la falta de preparación de los inmuebles para resistir la proyectada construcción de un piso adicional a los cinco que fueron levantados. Entre los señalados destaca Marino Castillo Vallejo, actual director General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, quien aspira a regresar al Consejo de la Judicatura Federal y convertirse en uno de sus siete consejeros.
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    Cuando la justicia RicardoRuiz /Procesofoto se tuerce... Israel Arzate. Proceso turbio La reciente liberación de Israel Arzate –a quien trataron de implicar en la matanza de Villas de Salvárcar– saca a la luz un problema de la justicia de Chihuahua: la tortura parece ser la única “técnica de investigación” aplicada por las policías locales y las federales desplegadas para colaborar en la guerra contra el narco. Organizaciones defensoras de los derechos humanos revelan que muchas personas han sido juzgadas y sentenciadas sin que la fiscalía estatal haya acreditado sin lugar a dudas su culpabilidad, basándose en confesiones arrancadas con agresiones físicas y amenazas. Así, las cárceles de Chihuahua podrían estar llenas de inocentes. 40 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 PATRICIA MAYORGA C HIHUAHUA, CHIH.- La orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de liberar a Israel Arzate Meléndez –implicado en la matanza de Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, en 2010– prendió las alarmas en el sistema judicial de Chihuahua: podrían venir otras liberaciones de presuntos delincuentes si se acredita que en sus casos se incurrió en irregularidades procesales. Uno de los problemas recurrentes en el estado tiene que ver con la tortura como principal violación al debido proceso. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), según su presidente, José Luis Armendáriz González, recibió
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    ES TADOS /C HI HU A H U A na antes de llegar a juicio es una práctica continua. La Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobernador han hecho común exhibir a detenidos sin que hayan sido presentados ante un juez. Todos los días emiten comunicados en ese sentido, aunque en varios casos las personas exhibidas han sido absueltas después. El coche-bomba La noche del 11 de agosto de 2011, cinco jóvenes platicaban en una calle de Ciudad Juárez cuando fueron detenidos por policías federales. Un mes antes un coche-bomba había estallado en esa localidad fronteriza y varios agentes federales murieron. En el mismo vuelo en el que enviaron a la Ciudad de México el cadáver de uno de los policías iban los cinco jóvenes detenidos, a quienes trasladaron a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Mientras sus familiares los buscaban en Ciudad Juárez, Noé Fuentes Amaya (de 29 años), Rogelio Amaya Martínez (de 27), Gustavo Martínez Rentería (de 24), Víctor Manuel Martínez Rentería (de 19) y Ricardo Fernández Lomelí (de 28) estaban siendo torturados para declararse culpables de haber hecho estallar el coche-bomba el 15 de julio de ese año. Así lo acreditó la CNDH en su recomendación 75/2012. También los obligaron a aceptar cargos de delincuencia organizada y tráfico de drogas y de armas. Las lesiones que les provocaron los llevaron a recibir atención médica; estuvieron internados un día, según documentó la asociación civil Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, que coadyuva en la defensa del caso. Sin haber recibido sentencia –el Ministerio Público Federal se empeña en alargar el proceso– los cinco jóvenes fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios de máxima seguridad en todo el país pese a que los detuvieron en Ciudad Juárez y su caso está radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal, en Guadalajara. Según señalan la recomendación de la CNDH y Paso del Norte, los familiares y defensores de los cinco jóvenes han sido amenazados. La madre de Víctor y Gustavo Rentería, Antonia Rentería Adriano, fue vigilada en su domicilio y hostigada por teléfono en septiembre de 2011. En su recomendación la CNDH señaló que los agentes de Seguridad Pública Federal violaron los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal de los detenidos por la retención ilegal y la tortura, comprobada con dictámenes médicos y una valoración psiquiátrica. Paso del Norte logró que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se comprometiera a aplicar una evaluación psicológica a dos de los detenidos elegidos al azar. De los resultados dependerá si la PGR se desiste o no de los cargos que les imputan a los cinco jóvenes. Especial 128 quejas al respecto contra efectivos del Ejército entre 2008 y 2012. Y sólo durante 2013 en el mismo sentido se han recibido 19 más contra militares y seis contra la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República. En los primeros años de la guerra contra el narcotráfico en Chihuahua el Ejército y la Policía Federal fueron las instituciones con más quejas por tortura ante la CEDH, organismo que turnó esos casos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Además, la contrarreforma aprobada por el Congreso estatal en 2011 significó un golpe para el sistema penal acusatorio, coinciden en señalar organizaciones no gubernamentales. Con esa contrarreforma, explican a Proceso las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), las garantías del imputado se remiten al ámbito del Ministerio Público, puesto que la flagrancia, de acuerdo con el actual Código de Procedimientos Penales del estado, es “el lapso comprendido entre el momento de la ejecución del delito y el de la detención, el que podrá realizarse en minutos, horas o incluso días, según las circunstancias del caso, siempre y cuando no se hayan suspendido las actividades de investigación policial tendentes a la localización y detención del probable interviniente”. También se induce a la tortura –ahora tipificada sólo como “lesiones”–, pues el Ministerio Público puede introducir al juicio la declaración del imputado rendida ante esa instancia, con el requisito de que ésta se videograbe en presencia del defensor, indican las abogadas. “Esta reforma restauró la tortura y tratos degradantes como una forma sistemática y socialmente aceptada de realizar investigaciones y llevar a juicio a los presuntos responsable de la comisión de delitos. Es obligatorio para los jueces de garantía recibir la prueba de confesión del imputado ante el Ministerio Público”, advierte el Cedehm. Por lo demás, ahora se puede detener a alguien sin orden de aprehensión mediante la figura de “caso urgente”, cuando haya sospecha fundada de que la persona señalada participó en un delito grave. Hay otro fenómeno que viola las garantías de los presuntos delincuentes. El ómbudsman chihuahuense explica a este semanario que las autoridades suelen presentar a los detenidos ante los medios antes que ante el juez, con el afán de mostrar resultados inmediatos. Aunque el principio de presunción de inocencia está vigente y es parte importante del sistema penal acusatorio, la presentación de imputados ante los medios atribuyéndoles responsabilidad ple- El caso del auto-bomba. Confesiones “bajo tortura” 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 41
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    Falso operativo La tardedel 18 de febrero de 2012 la Policía Municipal irrumpió en la casa de los hermanos Juan Antonio, Jesús Iván y Luis Adrián Figueroa Gómez, en Ciudad Juárez. Los detuvieron pese a que no había orden de aprehensión en su contra. Fueron torturados y acusados de extorsión. Permanecieron incomunicados 48 horas mientras sus familiares los buscaban en distintas dependencias policiacas, donde les negaron información. Cuando finalmente los localizaron, los tres hermanos estaban visiblemente golpeados y ya se habían inculpado. Dijeron que los amenazaron con asesinar a su madre si no se declaraban culpables. Pese a ser menor de edad (tenía 14 años) Luis Adrián estuvo retenido 48 horas en la fiscalía. Luego lo enviaron a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores Infractores de Ciudad Juárez. El Ministerio Público omitió presentar ante el juez los testimonios de los padres y tíos de los menores, quienes fueron testigos de los hechos. Luis Adrián quedó libre el 30 de agosto de 2013. El magistrado Miguel Medina Perea acreditó que no había pruebas en su contra, pues la víctima María Teresa Murillo Hernández nunca identificó al adolescente como una de las personas que le cobraba una extorsión semanal de 500 pesos. Cuando Murillo interpuso la denuncia, los agentes municipales le dijeron que aplicarían un operativo para hacer “caer” a los extorsionadores, pero el Ministerio Público nunca acreditó los hechos que presentó. La versión de la parte acusadora es que la policía encubierta advirtió cuando llegaron tres jóvenes al local comercial de Murillo Hernández, el cual tiene grandes ventanales que permiten ver lo que ocurre adentro. Los policías afirman que vieron a un joven dirigirse al local mientras otros dos montaron guardia frente al establecimiento. Cuando el primero salió después de haber cobrado la cuota, aprehendieron a los tres. Los familiares de los jóvenes afirman que en realidad detuvieron a los hermanos en la calle, cerca de su casa, y en el camino aprehendieron a otro joven y a una mujer para implicarlos en el ilícito. Pero Murillo Hernández, quien estaba en su establecimiento, nunca vio el supuesto operativo de la Policía Municipal. Sus empleados tampoco. El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte asumió la defensa de Luis Adrián y luego de 20 meses logró que un magistrado lo declarara inocente, aunque el fallo no se basó en un presunto acto de 42 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 tortura sino en las imprecisiones de la parte acusadora. Salvárcar La FGE está empeñada en que Israel Arzate Meléndez es culpable de la matanza de Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, cometida el 31 de enero de 2010, pero la SCJN ordenó su liberación el pasado 5 de noviembre –además el 27 del mismo mes borró de su expediente todos los cargos– porque se acreditó que fue torturado para obligarlo a declararse culpable. Tras la liberación de Arzate, la FGE ha filtrado a los medios que hay una nueva orden de aprehensión contra él, pero hasta ahora ningún juez ha ordenado su recaptura. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), el cual lleva la defensa de Arzate, señaló que las autoridades de Chihuahua lucran con el dolor de las víctimas porque su estrategia es mediática. Consideran que las autoridades persisten en el encubrimiento de su incapacidad al pretender litigar mediáticamente el caso, lo cual expone a las víctimas a una revictimización innecesaria y manifestaron su voluntad de reunirse con las familias de Villas de Salvárcar para exponer los elementos sólidos de prueba que sustentan la inocencia de Arzate. La principal prueba de la FGE contra él es que una testigo lo reconoció durante un juicio oral realizado a otros cuatro imputados, quienes ya fueron sentenciados. Pero esa testigo tiene lesiones neurológicas permanentes derivadas de disparos que recibió en la cabeza durante la matanza y que le provocan pérdida de memoria, según diagnosticó el médico José Francisco Lucio Mendoza en un dictamen emitido el 4 de septiembre de 2010. El juicio se efectuó el 6 de junio de 2011. “Tenemos la voluntad de acercarnos a las familias de las víctimas para mostrarles las razones por las cuales vemos que es inocente; si quieren informarse, estamos en plena disposición”, dice Simón Hernández, uno de los defensores. La exigencia del Prodh, agrega, siempre será la justicia, y explica que cuando toman un caso lo analizan bien, pues no se trata de defender a toda persona que se acerque, aunque tampoco tienen como fin investigar y suplir las carencias de la fiscalía. “No somos una organización que busque casos. Más bien respondemos a solicitudes expresas de intervención. Es importante señalar que al documentar y analizar las peticiones de intervención somos muy cuidadosos y meticulosos. Por lo mismo estamos convencidos de la inocencia de Israel y llamamos a las autoridades del estado de Chihuahua a respetar la exigencia de las víctimas y cesar en la difusión de información falsa que busca lucrar con su dolor”, señala Andrés Díaz Fernández, coordinador de abogados del Prodh. Por apellido y parentesco Martín Sáenz Martínez, estudiante de 21 años de la Universidad Regional del Norte, en Ciudad Juárez, fue vinculado con la banda de secuestradores Sáenz de la Cruz por apellidarse Sáenz y ser sobrino de integrantes del grupo criminal. Pese a resultar absuelto en un juicio oral, el Ministerio Público tiene la consigna de no dejarlo salir de la cárcel, toda vez que su captura fue exhibida ante los medios como un gran golpe de las autoridades. La FGE apeló la absolución y Martín aún está preso. La madre del joven, Aurora Isela Martínez Rodríguez, perdió casa y trabajo por dedicarse a defender a su hijo. “Tengo que viajar cada ocho días para verlo”, explica. Martín está preso en el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Chihuahua, a más de 400 kilómetros de Ciudad Juárez. Martín vivía en Ciudad Juárez con su madre y tres hermanos. El 5 de julio de 2009 agentes municipales catearon su casa, de donde sustrajeron una cámara de video, dinero y joyas. Más tarde se comunicaron con el joven para que fuera a recuperar la cámara. Ese fue el gancho para detenerlo. Una hermana de Martín estudiaba en la academia de la Policía Estatal. Tres días después de la captura del joven ella fue llevada a la ciudad de Delicias para identificarlo. Sólo entonces supieron dónde se encontraba. Ella fue dada de baja de la corporación. Lo que siguió fue la presentación ante los medios. Lo mostraron como parte de una peligrosa banda y fue procesado por secuestro agravado. El detonante de este operativo fue el secuestro de un empresario de Delicias que se amparó para evitar comparecer y huyó de la ciudad. Por lo tanto, nadie ha identificado a Martín. El joven permanece en el área de alta seguridad del penal desde el 3 de junio de 2009 y hasta la fecha, pese a que fue absuelto el 28 de diciembre de 2012. No obstante el agente del Ministerio Público Noel Orlando Jiménez Holguín apeló la absolución ante un tribunal de Casación, el cual ordenó reponer la sentencia y el juicio. La madre del joven admite que dos tíos de Martín (hermanos de su papá y ambos ya en prisión) están relacionados con la banda Sáenz de la Cruz, pero aclara que sus hijos nunca han tenido relación con su familia paterna.
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    Tlachinollan, Centro deDerechos Humanos de la Montaña ES TADOS / GU ER R E R O SAN MIGUEL EL PROGRESO Rebelión antiminera GLORIA LETICIA DÍAZ E nclavado en la parte alta de La Montaña de Guerrero, el pueblo de San Miguel El Progreso decidió enfrentar al Estado mexicano por entregar concesiones mineras en su territorio. Los habitantes –la comunidad me’phaa del municipio de Malinaltepec– buscaron el respaldo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para entablar una demanda de amparo en contra de las concesiones mineras otorgadas a la empresa Hochschild Mining, de capital inglés pero radicada en Perú. Han documentado que los permisos atentan contra el derecho al territorio indígena. Incluso Nadie les avisó que sus tierras habían sido concesionadas a una minera inglesa. Los indígenas de San Miguel El Progreso, Guerrero, tuvieron que enterarse por los periódicos y luchar por sus propios medios contra la imposición. Temen la tala, la muerte de sus manantiales, el resquebrajamiento de su cultura, la negación de las garantías laborales y el fin de sus derechos sobre el territorio. Decidieron que van a pelear no sólo por su caso, sino por abrogar la ley que ha permitido este fenómeno en aumento. 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 43
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    al Batalla judici fueron másallá: piden al Poder Judicial que se declare inconstitucional la Ley Minera, por no considerar la opinión de los pueblos indígenas en el otorgamiento de los permisos de exploración y explotación de minerales bajo su territorio. Enarbolando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, firmado por México en 1990, los indígenas de San Miguel El Progreso lograron que el 31 de octubre se realizara una audiencia constitucional y que posteriormente el juez primero de Distrito, con sede en Chilpancingo, ordenara evitar cualquier actividad minera hasta que se concluya el proceso judicial. En días pasados, el caso fue turnado al Juzgado Tercero de Distrito Auxiliar en Acapulco. Agapito Cantú Manuel, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel El Progreso, recuerda que fue en 1999 cuando conoció el convenio de la OIT. Entonces él era comisario municipal. “Fui estudiando ese documento con la gente del pueblo y poco a poco entendimos nues- 44 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 tros derechos como indígenas, que cualquier tipo de gobierno tiene que respetar porque firmó el Convenio 169. Hace poco supimos por los periódicos y por internet que nuestro pueblo sería afectado por empresas mineras sin consultarnos, entonces organizamos asambleas para informar a la gente y decir no a las mineras”. Entrevistado por Proceso, Cantú Manuel dice que habitantes de Totomixtlahuaca, comunidad del vecino municipio de San Luis Acatlán, identificaron desde 2010 a geólogos que exploraban la región. La presencia de expertos no era nueva para los indígenas: quince años atrás ya habían tenido noticia de una empresa minera, de la que don Agapito no recuerda el nombre. “Llegaron los ingenieros que estudian la tierra, voltearon piedras y revisaron los ríos, y vieron que sí había recursos minerales; pero para los indígenas no significó fuente de trabajo, porque ellos ya traían a su gente”, dice. Con esos antecedentes y el conocimiento que les dio el Convenio 169 de la OIT, los indígenas de San Miguel formalizaron un pronunciamiento rechazando la exploración y explotación minera en una asamblea general de comuneros realizada el 17 de abril de 2011. Esa toma de postura quedó oficialmente inscrita en el Registro Agrario Nacional (RAN) el 13 de septiembre de 2012. Otras comunidades hicieron lo mismo, pero no todas han logrado que sus decisiones se asienten en el RAN. Según el abogado de Tlachinollan, Santiago Aguirre Espinosa, de las 19 asambleas agrarias a las que ha asistido la organización, 11 están en proceso de calificación y sólo tres han podido inscribirse en el RAN, tanto por formalidades de la Ley Agraria como “por decisiones más bien arbitrarias y ajenas a la calificación legal de las actas de los núcleos agrarios por parte de las autoridades”. El abogado advierte que en Guerrero las autoridades agrarias “actúan más para promover la minería que como defensores de ejidos y comunidades, como dicta su mandato. En más de un momento ha sido personal de la Procuraduría Agraria el que le dice a los indígenas que ellos no tienen derecho a levantar sus actas porque los minerales son propiedad exclusiva de la nación y que la minería va a traer desarrollo”. Pero en San Miguel El Progreso no se creen esa versión. Desconfían de las autoridades porque, explica don Agapito, han abandonado a los pueblos indígenas. Como botón de muestra dice: “El gobierno no nos echa la mano para nada. Ahora con las lluvias por el huracán Manuel tenemos dos meses sin agua en las tuberías porque se taparon y tenemos incomunicadas algunas colonias. Nosotros hemos hecho el trabajo con zapapico y pala para abrir el espacio y que puedan circular las unidades. Me tardé dos días en llegar a Chilpancingo para hacer gestiones para que las máquinas quitaran la tierra de los caminos, pero no nos hacen caso; y sólo una vez nos llevaron despensas, una por familia”. Así que si las autoridades estatales o federales argumentan que la minería es benéfica, los habitantes de San Miguel El Progreso –donde habitan 3 mil 800 personas– toman los datos con reserva y prefieren investigar. “Buscamos en internet. Vimos videos de cómo las mineras cortan los árboles, y la gente dijo que no quería que trabajaran las mineras en nuestro territorio. Nosotros vivimos de la madre tierra y sabemos que nos van a afectar porque de los cerros salen los manantiales que nos dan vida; pero también pensamos en las futuras generaciones y en los pueblos que atraviesan los ríos, porque sabemos que los empresarios mineros van a contaminar el agua y que no ocupan un litro de agua, sino 2 mil y pico de agua por hora, y nosotros ni 200 litros gastamos a veces”, sostiene Cantú Manuel. Además está en juego el factor cultural. Cada 15 de abril y 15 de agosto del año “subimos a los cerros donde nacen los manantiales para pedir lluvia y dar gracias por la primera cosecha. Son nuestros sitios sagrados, adonde subían nuestros antepasados a rezar; si llegan los empresarios mineros los van a destruir”, resume don Agapito. Por solicitudes de información, en las que fueron apoyados por el equipo de Tlachinollan, los indígenas identificaron que hasta 2005 existían 417 concesiones mineras, con una extensión de más de 388 mil hectáreas, y que en la actualidad hay 600 títulos por más de 700 mil hectáreas. Sólo en la región de La Montaña hay 42 yacimientos: el gobierno federal ha entregado 30 concesiones para exploración y explotación por 50 años, en una superficie de más de 200 mil hectáreas. Fue el pasado 23 de junio de este año cuando, a través de un documento de la Secretaría de Economía, los habitantes de San Miguel El Progreso tuvieron la certeza de que su territorio estaba asentado sobre las concesiones de Reducción Norte de Corazón de Tinieblas (título 232560) y Corazón de Tinieblas (236861). Las concesiones para extraer oro y otros metales preciosos otorgadas a la trasnacional Hochschild Mining afectan 43 mil 759 hectáreas y dañan también a las comunidades indígenas de Totomixtlahuaca, Tenamazapa, Tierra Colorada, Tilapa, Pascala del Oro y Acatepec. El grito y la lucha El 15 de julio pasado las autoridades comunitarias y municipales de San Miguel El Progreso presentaron la demanda de amparo en el Primer Juzgado de Distrito en Chilpan-
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    ES TADOS /GU ER R E R O de conservar la inversión extranjera fundamentalmente, a pesar de que en la legislación vigente el empresario minero no paga impuestos en función del metal que extrae, sino de la superficie que ocupa”. Agrega que los alegatos de que la actividad minera desarrolla las zonas indígenas carecen de validez, porque “en todo caso nadie les preguntó a los indígenas qué es lo que quieren hacer”. Puntualiza: “El argumento sobre la falta de consulta es mucho más que un argumento jurídico, refleja el verdadero sentir de la gente, que está indignada porque nadie los consultó sobre si querían mineras”. En las respuestas también se alega que no hay daños en los terrenos indígenas. Eso es cierto, porque el juez les prohibió arrancar las obras. La respuesta asienta que cuando la minera presente su manifiesto de impacto ambiental, los habitantes de San Miguel El Progreso podrán expresar su desacuerdo. El abogado afirma que, con su réplica, las autoridades “están desconociendo los estándares de derecho internacional: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que no tiene que haber daños, y si al dar la concesión no hubo consulta, se afectaron derechos indígenas”. El argumento del gobierno, abunda, ha sido “muy tramposo, en el caso muy conocido de la minera San Javier en San Luis Potosí, por ejemplo, la respuesta del Poder Judicial acerca de algunas acciones fue que la mina ya estaba operando y que ya era un hecho consumado”. Puntualiza que la exigencia de los me’phaa de San Miguel El Progreso es que el Poder Judicial actúe de manera congruente y consistente “con la reforma en materia de derechos humanos, específicamente en el protocolo en materia de derechos indígenas que la SCJN aprobó, que además de reconocer el derecho a la consulta menciona buenas prácticas internacionales”. En este contexto, la organización comunitaria ha funcionado contra el embate de la industria minera en La Montaña de Guerrero. Aguirre Espinosa resalta la conformación del Consejo de Autoridades Agrarias, agrupadas para combatir legalmente las concesiones otorgadas sin consulta ni beneficio. “Hay varias comunidades que están siguiendo los pasos de los me’phaa de San Miguel, informándose, organizando asambleas para rechazar la presencia de mineras y tramitar las actas en el RAN, y eventualmente interponer sus respectivos juicios”, apunta el abogado. En San Miguel El Progreso las autoridades comunitarias toman muy en serio su lucha en tanto llega la resolución del juzgado federal. “Nos estamos informando para que no quieran manipular; hacemos asambleas para preguntar a la comunidad si creen pertinente seguir defendiendo nuestra madre tierra, y la comunidad dice que está al ciento por ciento, que no se van a echar para atrás”, puntualiza Agapito Cantú Manuel. Argumenta: “Nosotros vivimos de la agricultura. No somos como otros pueblos que se van a otros lugares a trabajar. Eso quisiera el gobierno. Que les dejáramos el espacio para que ellos trabajen con los empresarios mineros. Decidimos pelear. Vamos a dar todo porque nadie lo va a hacer por nosotros, los indígenas.” Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña cingo, registrada con el número 1131/2013. Sin ser el primer recurso judicial contra una concesión minera, lo novedoso de éste radica en que entre las 17 autoridades demandadas se encuentra el presidente de la República y el Congreso de la Unión. Se les denuncia porque al aprobar, promulgar, decretar y publicar la Ley Minera “no reconocen ni respetan los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y generan un esquema muy favorable para los concesionarios. Eventualmente el asunto podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque hay un argumento sobre la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley”. Aguirre Espinosa sostiene que el objetivo último de los demandantes es que el Poder Judicial llegue al fondo del asunto, “porque aunque se llegaran a ganar juicios en contra de determinadas concesiones, la Ley Minera sigue vigente y haciendo mucho daño”. Diversas dependencias de la Secretaría de Economía ya respondieron la demanda, en nombre de la Presidencia de la República. En espera de que el juzgado auxiliar emita su fallo, el abogado de los comuneros considera que en estas respuestas “no hay propiamente una argumentación técnica y jurídica que niegue los derechos que la comunidad reclama, sino más bien un argumento de política económica, de decir que los concesionarios mineros necesitan una ley flexible con una duración de las concesiones de 50 años, renovables prácticamente en automático, para adecuarse a sus condiciones de explotación y recuperar la inversión. Casi parece una defensa del empresario minero antes que el interés nacional, que es a lo que obliga la Constitución”. El defensor recuerda el caso de la Ley Televisa, ocurrido en 2006. Se trató de una reforma en telecomunicaciones hecha a la medida de las televisoras, descartada al final por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aguirre Espinosa explica que uno de los argumentos utilizados por la SCJN fue que la reforma permitía que las concesiones duraran 20 años y se renovaran automáticamente. “Tratándose de un plazo tan largo en concesiones de temas que son estratégicos, hacen que el Estado pierda su facultad en la rectoría de la economía que la Constitución le indica, y eso ocurre con la Ley Minera”. Los argumentos esgrimidos por parte de la Presidencia, apunta, revela “cómo para el gobierno es más importante la generación de supuestas condiciones de competitividad de México en el mercado internacional minero, aunque esas condiciones impliquen degradación del ambiente, negación de los derechos laborales, violación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, todo en aras Comunidad me’phaa. Estrategia 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 45
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    OLGA PELLICER Política exterior:la incertidumbre L a actividad gubernamental durante el presente año ha estado dominada por intensas negociaciones para sacar adelante las iniciativas de ley –la mayoría de las cuales han requerido reformas constitucionales– presentadas por el Ejecutivo al Poder Legislativo. En un panorama de luchas muy complejas que intentan preservar los acuerdos interpartidistas decididos en el Pacto por México al inicio del gobierno de Peña Nieto, la política exterior ha ocupado un lugar secundario, casi imperceptible. No es extraño que así sea, pues en los últimos años ha sido vista como poco redituable para la élite del país. Por formación, trayectoria y estilo personal, EPN pertenece a ese perfil. En efecto, para quienes están muy ocupados en decidir quién obtiene que, cuándo y cómo, la política exterior ofrece pocos atractivos tangibles. Lo anterior no significa que no exista una agenda de política exterior: hay una larga lista de encuentros bilaterales, asistencia a cumbres de jefes de Estado o de Gobierno, visitas de Estado; participación en foros multilaterales, universales, regionales y subregionales. Se trata de una agenda que en ocasiones ha sido fijada con años de anticipación. Lograr que se cumpla y que la logística funcione bien es una de las responsabilidades principales de la Secretaría de Relaciones. Es una tarea que requiere profesionalismo, pero que no puede verse como la expresión de un proyecto de política exterior. Los 12 años de gobiernos del PAN dejaron un legado bastante pobre en la ma- 46 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 teria y omisiones muy costosas, como fue, por sólo dar un ejemplo, el descuido de no posicionar a México en las nuevas coordenadas del poder económico y político que se abrieron en Asia. Se esperaba, por lo tanto, que el nuevo gobierno diera un golpe de timón para reencauzar la política exterior de México por avenidas que respondiesen mejor a los cambios ocurridos tanto en la vida interna del país como en la situación internacional. Ahora bien, las novedades dignas de mencionar, en comparación con años anteriores, son pocas: un mejor acercamiento político y económico hacia China, un mayor sustento económico para la cooperación con Centroamérica y un empeño notable en profundizar la Alianza del Pacífico entre Chile, Perú, Colombia y México. Aunque esta última despierta ciertas interrogantes sobre lo lejos que se pueda llegar, el hecho es que los medios internacionales, en especial la prensa especializada en cuestiones económicas, la han convertido en referente obligado para ilustrar las vías a seguir para una integración latinoamericana más fructífera. Sin minimizar el potencial de los ejemplos anteriores, es obvio que no se han abordado los problemas de mayor influencia para la vida nacional, como son, por una parte, las relaciones con Estados Unidos, particularmente en cuestiones de seguridad y problemas fronterizos; por la otra, el ajuste de la política exterior al propósito central del proyecto de gobierno de Enrique Peña Nieto, que es convertir a la mayor explotación de hidrocarburos en el motor fundamental del crecimiento económico. Tomando en cuenta la centralidad del problema de la seguridad interna en estos momentos, la preocupación sobre el destino que tendrá la cooperación con Estados Unidos al respecto es primordial. Sin embargo, aunque ha habido declaraciones aisladas en torno a la manera en que se reorientarán los acuerdos que se habían establecido bajo el paraguas de la Iniciativa Mérida, lo cierto es que no sabemos todavía cuál es el futuro de esa cooperación. Está abierta la interrogante de si la mencionada iniciativa todavía existe y, en caso afirmativo, cuáles son sus recursos, adónde van y cómo se ha reorganizado la actividad de las agencias estadunidenses de cooperación que operan en México. En el caso de la energía, a reserva de que no se conoce aún cuáles serán los términos de la reforma que eventualmente apruebe el Legislativo, ya están sobre la mesa problemas que conciernen a la política exterior. Entre ellos se puede citar la mayor cercanía con los países petroleros considerados modelos útiles para la experiencia mexicana, la revisión del diálogo con el exterior tomando en cuenta nuevas realidades, como son la disminución de importaciones petroleras por parte de Estados Unidos, la búsqueda de nuevos clientes y la pertenencia, o no, a organizaciones de países importadores, como la Agencia Internacional de Energía. Los ejemplos anteriores son muy útiles para ilustrar un problema fundamental para la existencia de un proyecto
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    AN ÁLIS IS NARANJO Remolque de política exterior en México: la indefinición sobre las responsabilidades que corresponden a diversas agencias de la administración pública en lo que toca a las relaciones exteriores. En el caso de la seguridad, esos asuntos los lleva la Secretaría de Gobernación; en el caso de lo energético, las decisiones estarían en manos de la Secretaría de Energía, Pemex o la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En tales circunstancias, la Secretaría de Relaciones Exteriores sólo conduce la agenda y no existe la entidad con el peso político suficiente para fijar líneas de largo plazo que sirvan de guía para una compleja inserción de México en un mundo cambiante. México requiere de una reingeniería de la administración pública que permita una mejor gestión y coordinación de las actividades internacionales del gobierno. Para ello es necesario, al menos, un gabinete de política exterior que no sólo garantice la coordinación, sino que sea foro para un debate sustantivo acerca de los ajustes que reclama una política exterior que incorpore los cambios de prioridades e intereses que han tenido lugar. Sin estructuras administrativas y de gestión que permitan conducir el barco, sin conceptos claros sobre prioridades que deben establecerse y reajustes que deben hacerse a la política exterior, México seguirá navegando sin rumbo. Un año después de haber regresado el PRI al poder, la incertidumbre sigue siendo el sentimiento dominante al preguntarse sobre el proyecto de política exterior. 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 47
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    JESÚS CANTÚ Un añodeplorable D espués de un año de gobierno, Enrique Peña Nieto, más allá de la aprobación de algunas reformas, todavía no puede arrogarse la concreción de sus promesas de campaña. De hecho los datos son negativos: la expectativa de crecimiento del PIB se redujo a menos de una tercera parte (de un pronóstico de 3.9% a 1.2%, aunque algunos analistas ya lo ubican debajo de esta cifra); pese a que las cifras oficiales hablan de una reducción en los homicidios perpetrados por la delincuencia organizada, también muestran el incremento de los secuestros y las extorsiones, así como la expansión de las llamadas autodefensas, que impactan directamente la gobernabilidad; asimismo, la protección de los derechos humanos (de acuerdo con Human Rights Watch) únicamente avanza en la retórica oficial, y según The Economist el éxito de la Presidencia de Peña Nieto depende, casi totalmente, de la reforma energética. Como ha sucedido en los últimos cuatro sexenios, al concluir el primer año de gobierno los presidentes tienen nada o muy poco que presumir, como no sea el desencanto ciudadano ante la abismal brecha entre las expectativas y la realidad. Una brecha que, por las propuestas y acciones gubernamentales, hoy parece imposible de llenar. The Economist, publicación inglesa abiertamente identificada con el neoliberalismo y muy cercana al sector empresarial (y dentro de éste al mundo financiero), al hacer el balance de un año de gobierno en la edición de la semana pasada, dejó muy claro el descontento del sector empresarial por lo que llama “una descuidada e improvisada mezcolanza de alzas impositivas”. También especificó que la propuesta de reforma energética de Peña Nieto, dada a conocer en agosto pasado, fue decepcionante, y que para asegurar su éxito requiere incorporar los contratos de producción compartida y las concesiones (si bien, para no provocar irritación popular, las puede llamar “licencias”) a particulares (sobre todo a las corporaciones petroleras internacionales). Enfáticamente concluyó: “El señor Peña sabe que muchas de sus otras reformas llevarán años, tanto para ser 48 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 implementadas como para detonar el crecimiento. Una reforma energética audaz puede ser el éxito de su Presidencia. Titubear demostraría que el Momento Mexicano fue fugaz”. No hay lugar a dudas, a juicio de The Economist, de que el éxito del gobierno de Peña Nieto depende de que retome la iniciativa panista y modifique algunos términos, sin cambiar para nada el sentido de la misma: total apertura al capital privado, nacional e internacional, en el sector energético mexicano, particularmente en la explotación de hidrocarburos. Pero aun en el caso de que Peña Nieto lograra vencer las resistencias de sus correligionarios para aprobar una reforma energética más audaz y de que ésta detonara el crecimiento de la economía mexicana, tal hecho difícilmente contribuiría a abatir los niveles de inseguridad, ingobernabilidad, desigualdad y pobreza. Hasta hoy la idea de Peña Nieto de apostar todo a la fortaleza de sus dos virtuales vicepresidentes: Miguel Ángel Osorio Chong, en lo político, y Luis Videgaray, en lo económico, es un rotundo fracaso. El primero rinde malas cuentas en prácticamente todas las áreas que le corresponden, pues hasta el Pacto por México se resquebrajó en la víspera del primer aniversario, y el segundo apenas logró escapar de la recesión económica. Además, las acciones emblemáticas (la aprehensión de Elba Esther Gordillo, la implementación de la reforma educativa y la Cruzada contra el Hambre) no logran despegar y consolidarse. La defensa jurídica de la exlideresa magisterial recibe aliento cada vez que gana un amparo; el titular de Educación, Emilio Chuayffet, está prácticamente desaparecido; el INEGI incumple los tiempos del censo de escuelas y profesores, y la CNTE obstaculiza la implementación de la reforma educativa en varias entidades federativas; y, hasta hoy, el programa diseñado por la experredista Rosario Robles únicamente existe en el discurso oficial, pues no cuenta con suficiente presupuesto y sus esfuerzos se canalizaron a atender las emergencias provocadas por los fenómenos naturales de los meses pasados. Dado lo ambicioso del paquete de reformas legislativas y las condiciones de inseguridad e ingobernabilidad que reina- ban cuando Peña Nieto empezó su mandato, un año no parece tiempo suficiente para sacar adelante la tarea; pero lo preocupante es que hay muchos hilos sueltos y demasiados indicadores negativos. Se avanzó en las reformas legislativas, pero las únicas tres (la laboral, lograda antes del inicio de su mandato, la educativa y la fiscal) que ya concluyeron dicho proceso enfrentan cuestionamientos y muestran malos números al inicio de su implementación. En el caso de la laboral, los datos dados a conocer al año de su promulgación revelan que no tuvo el impacto esperado en la generación de nuevas plazas de empleo formal (en 2012 se crearon 832 mil 73 plazas; y en este año, 590 mil 393), y la Coparmex ya pidió reformar la nueva legislación. A su vez, la educativa empezó a sumar atrasos y acuerdos de excepción para su implementación. Y en el caso de la fiscal, es un hecho unánimemente aceptado que no es definitiva. En el resto de las reformas (financiera, de transparencia –estas dos se aprobaron apenas la semana pasada–, telecomunicaciones y de competencia, política y energética), los legisladores todavía no concluyen su labor y los impactos reales de las mismas dependen fuertemente de dicha tarea, pero hasta hoy lo que se conoce o se ha operado no luce muy halagador, como es la conformación de los órganos de gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia, o el procedimiento de designación de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información. Y, como ya se comentó en los párrafos precedentes, en los temas más acuciantes: inseguridad, desempeño económico, empleo, gobernabilidad y combate a la pobreza, entre otros, los números son devastadores. Así, después de un año de gobierno, la Presidencia apuesta a que las expectativas optimistas que provocan, especialmente para el mundo empresarial, los avances legislativos (aunque, como bien señala The Economist, ello depende de que finalmente se apruebe una audaz reforma energética, que aplaque la furia empresarial por la reforma fiscal) compensen el desencanto que causan los datos negativos que arroja la decepcionante realidad.
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    ANÁ L ISIS JOHN M. ACKERMAN El albazo de diciembre L o que más llama la atención sobre el primer año de gestión de Enrique Peña Nieto no es el evidente fracaso del nuevo presidente de la República en su propósito de encaminar a la nación por el sendero de la paz, la democracia y el desarrollo, sino la constante expansión de la movilización social y la conciencia ciudadana a lo largo y ancho del país. Avanza con firmeza la larga marcha de la verdadera transición política, de una alternancia simulada a una auténtica democracia revolucionaria. La sociedad se encuentra hoy mucho mejor posicionada que el pasado 1 de diciembre para detener las estratagemas de la clase política y los poderes fácticos. La cobarde represión del #1DMX, y de las marchas subsecuentes, constituyó un duro golpe en contra de la esperanza ciudadana y jamás debe ser olvidado (mi análisis: http://ow.ly/ rh35Z). Sin embargo, gracias a las contundentes protestas de los maestros, al ejemplo de las autodefensas comunitarias, a las movilizaciones en contra de la privatización petrolera de Andrés Manuel López Obrador y a la constante participación juvenil, el innato espíritu rebelde de la sociedad mexicana hoy goza de cabal salud. El PRIANRD muy difícilmente podrá repetir la historia de la aprobación relámpago de la contra-reforma educativa con un nuevo albazo para la contra-reforma energética. El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, ha señalado que con la contra-reforma energética “se cerrará el ciclo reformador”, para después “pasar al proceso de transformación que requiere el país”. Así, hasta uno de los principales operadores de Peña Nieto reconoce que el gobierno ha fracasado miserablemente durante los últimos 12 meses en “transformar” al país y pide que esperemos resultados hasta el próximo año. Los datos son conocidos por todos. La economía se encuentra en picada, el desempleo y la informalidad se expanden, y el endeudamiento público y privado se dispara. La violencia, los homicidios y las violaciones a los derechos humanos se han institucionalizado, y los secuestros se han vuelto más frecuentes en el territorio nacional. Mien- tras, los políticos siguen con su teatro de negociaciones oscuras, pactos inconfesables y reformas tramposas. Todas las encuestas demuestran un fuerte desgaste en la imagen de Peña Nieto y una creciente desconfianza de los ciudadanos en los políticos (mi análisis: http://ow.ly/rh4ip). La “unidad” de la clase política bajo la tutela del Pacto por México ha dividido y confrontado a la sociedad. La contra-reforma educativa lanzó a los maestros a las calles y ha generado una conflictividad sin precedentes, tanto entre las diversas representaciones y secciones sindicales como entre los mismos padres de familia. La absoluta continuidad en la “estrategia” de combate al narcotráfico entre Calderón y Peña ha fortalecido a la delincuencia organizada y fomentado graves conflictos dentro de las comunidades. Y el cada vez más férreo control sobre los contenidos de los medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos, cada día divide más a la sociedad entre quienes tienen acceso a la información verídica disponible en los medios alternativos y sociales y quienes se quedan atrapados por las mentiras de los medios tradicionales. Esta polarización social, paradójicamente, refleja un desarrollo positivo en la coyuntura política. Hace un año, Calderón, Peña, Slim, Azcárraga, Madero, Beltrones, Ebrard, Mancera y Zambrano caminaban de la mano confiados en su control absoluto sobre la política nacional. El desgaste de #YoSoy132, junto con la cobarde represión policiaca, habían mermado la fuerza de las movilizaciones juveniles, y los políticos alistaban sus largos cuchillos para repartirse el pastel y los huesos de poder. El fast-track a través del cual se aprobó la contra-reforma educativa ratificó la soberbia de los políticos. En tiempo récord y casi sin debate alguno, la iniciativa de Peña Nieto presentada el 10 de diciembre fue aprobada por ambas cámaras en apenas 11 días. Seis semanas después, el 6 de febrero, la mayoría de los congresos estatales ya habían aprobado las reformas a los artículos 3° y 73 constitucionales. Y el 25 de febrero de 2013 se publicó sin mayor contratiempo en el Diario Oficial de la Federación. Pero los políticos no habían ni siquiera deshojado sus margaritas para celebrar su hazaña cuando sobrevino la avalancha de protestas magisteriales que hizo añicos la fantasía neoliberal de nuestro supuesto arribo a la “modernidad” democrática. Tal y como ocurrió con los jóvenes de #YoSoy132 durante la campaña presidencial de 2012, los maestros lograron romper el hechizo del poder omnímodo de los políticos y hacer presente la fuerza de la sociedad. Hoy, el PRIANRD quiere repetir el albazo de diciembre, pero ahora con la contrareforma energética. Una vez concluidas las negociaciones con respecto a la reforma política-electoral, la clase política intentará aprovechar las distracciones de la temporada navideña para imponer una reforma constitucional que condenaría el país al subdesarrollo y a la más absoluta pobreza durante las próximas décadas. Si bien es posible que los senadores y los diputados logren atrincherarse en las oficinas de Exxon-Mobil o Monex para levantar sus dedos en aprobación de los dictámenes correspondientes, será una tarea imposible convencer a la sociedad de las supuestas bondades de la reforma. La aprobación de la reforma constitucional por los congresos locales, la redacción de las leyes secundarias y la eventual asignación de los contratos a los saqueadores enfrentarán aguerridos cuestionamientos ciudadanos a cada paso. Recordemos, por ejemplo, que el mismo López Obrador forjó su presencia política nacional a raíz de la “toma” de pozos petroleros en Tabasco (1996) en defensa de las demandas de los campesinos e indígenas de su estado. Un nuevo albazo inevitablemente generará una respuesta ciudadana aún más contundente que la que tuvo la reforma educativa el año pasado. Fortalecería enormemente la posición del político tabasqueño y, aún más importante, generará cientos de nuevos liderazgos sociales en todo el país, listos para encauzar la creciente indignación popular hacia la derrota histórica del autoritarismo renovado. www.johnackerman.blogspot.com Twitter: @JohnMAckerman 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 49
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    SABINA BERMAN Videgaray yla economía de la ficción E n rueda de prensa el secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray, anunció el plan de este gobierno para la clase media: –Que se baje de clase. Tomó un sorbo de un vaso de agua y explicó: –Es decir, en el contexto presente, en que la economía no crece y por lo tanto tampoco los salarios, haremos que la clase media pague más impuestos, de manera que paulatinamente se vuelva pobre. Misteriosamente, su público, constituido de reporteros clasemedieros, no aplaudió el anuncio ni el razonamiento, pero el secretario, conocido por su gran voluntad de seguir adelante a pesar de reacciones adversas, luego de tomar otro sorbo de agua, se autoelogió: –Es un gran plan social. Si somos disciplinados en nuestra estrategia, al final de este sexenio los clasemedieros se habrán vuelto pobres, con la gran ventaja para ellos de que ya no tendrán que pagar impuestos y podrán gozar de los magníficos programas asistenciales que sus propios impuestos habrán pagado. De nuevo le respondió el silencio de su auditorio de clasemedieros. Y alegremente continuó: –Creemos que las presidencias panistas fragmentaron al país en cinco sectores. Ricos, clase política, clase criminal, clase media y pobres, siendo las últimas dos casi del mismo tamaño entre sí. Bueno, nos parece muy mal un país tan dividido, así que iremos eliminando gradualmente a la clase media. El proyecto económico de convertir a los clasemedieros en pobres se complementará con una estrategia de desmoralización conocida en el priismo como “ninguneo”. –Al mismo tiempo que pagan más impuestos, no les aumentaremos los servicios de seguridad, ni de otra índole, ni ejerceremos controles a los ricos, de manera que la clase media quede atrapada entre los empresarios, la cla- 50 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 se criminal y la clase política, pagando a unos y a otros buena parte de sus ingresos, hasta la gran meta propuesta. Es decir, que se vuelvan pobres. El secretario miró en silencio a su público. Tal vez esperaba por fin el aplauso, así fuera un solo par de manos aplaudiendo, pero nada más sonó un clic: un celular tomando una foto. Entonces entró a la descripción de la faceta histórica del gran plan para la clase media. –Sincerémonos –dijo–. Yo soy un hijo de la clase media rescatado por la clase política, y la conozco como a la palma de mi mano. Es una clase que en México ha crecido hasta ser el 50% de la población y vive muy estresada. Cada clasemediero aspira a dejar de serlo. Quiere subir y teme bajar. Además, proyecta ese deseo y ese miedo al país, cree tener derecho a exigir al Poder que el país sea mejor y le aterra que el país se desbarranque en la barbarie. Ni más ni menos nos exige a los funcionarios un nuevo contrato social que incluya la Justicia y la ausencia de Corrupción, mientras nosotros tenemos otro proyecto. –Bueno –sonrió el secretario–, este gobierno acabará con el estrés de la clase media: lo dicho ya, la bajará de golpe. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto asistió al Teletón para expresar su apoyo a los pobres del país, e incluso su gran afecto por ellos. –Amamos a los pobres –dijo ante las cámaras de televisión, y un audio pregrabado lo ovacionó–. Nos gusta mucho que sean humildes y estén muy necesitados y sean muy agradecidos. Nos fascina cómo sonríen cuando les regalamos cosas sencillas. Una canasta de víveres o una escoba. La grabación lo ovacionó, y con ambas manos indicó que le bajaran el volumen. –Gracias, pueblo de México –dijo–. Decía que nos sentimos confiados con los pobres, porque carecen de la malicia para exigirnos los títulos de libros que tampoco ellos han leído, o el reporte de nuestro patrimonio, que ellos no saben ni qué significa, y tampoco nos gritan en las universidades, porque no van a la universidad, ni mucho menos exigen un cambio de contrato social, porque sus necesidades son más simples. Esos, los igualados, los que exigen, los que nos tratan como sus servidores públicos y no como sus jefes, son otros. Son como 132, según me han informado. Gente que no votó por nosotros y ahora sabrá que, como dijo Cervantes, la venganza se come con dulce. O algo así, que ahora no recuerdo. Una porra grabada respondió al presidente, que alzó la mano en señal de despedida de los pobres. En entrevista breve en el vestíbulo del recinto que albergaba el Teletón, el presidente dijo que él no distinguía entre los pobres: –No, yo los veo a todos iguales. Generalmente ellos están abajo y yo arriba, hablándoles, y ellos suelen responder al unísono, generalmente con vivas y agitando matracas. Fíjese que tienen una gran unidad, una gran identidad de clase, o tal vez es que me llevan a los mismos pobres de una plaza a otra. Acá se rió por tres segundos y retomando la seriedad remató: –Una clase muy alegre, excepto en los desastres naturales.
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    ANÁ L ISIS JAVIER SICILIA Guerra antidrogas: su otro rostro L a guerra contra las drogas, cuyos costos en México son ya altísimos, tiene su otro rostro en las políticas segregacionistas que, a pesar de los triunfos de los derechos civiles de los negros, padecen las poblaciones afroamericanas en Estados Unidos. Para encontrar esa íntima relación entre nuestro sufrimiento y el de esas minorías del país vecino, es necesario leer un libro de la jurista Michelle Alexander, The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness (El nuevo Jim Crow: el encarcelamiento masivo en la era del daltonismo, 2010). Jim Crow –nombre tomado del espectáculo Jump Jim Crow que interpretaba el actor blanco Thomas D. Rice para satirizar las políticas populistas del presidente Andrew Jackson en el siglo XIX– se refiere a las leyes segregacionistas que, promulgadas en 1875 bajo el lema “separados pero iguales”, sólo concluyeron en la década de los sesenta con las luchas por los derechos civiles de los negros. Para Alexander, sin embargo, esas leyes han vuelto a aplicarse bajo el disfraz de la guerra contra las drogas que Richard Nixon decretó en la década de los setenta. Esa guerra, que en México ha cobrado en los últimos siete años más de 80 mil muertos y no menos de 30 mil desaparecidos, en Estados Unidos las ha cobrado en criminalización y encarcelamiento. El hecho, dice Alexander, de que Estados Unidos –un país que cuenta con 5% de la población mundial– tenga 25% de los presos del mundo –en primer lugar, jóvenes negros; en segundo lugar, latinos– revela que la mayoría de ellos carecen ahora de sitio en la economía global y se han convertido en una población “almacenable en cárceles”. Detrás de Barack Obama o de Oprah Winfrey, lo que en realidad hay es la relegación de los negros a una “casta racial” y su control mediante la criminalización y la represión. Los argumentos jurídicos de la guerra contra las drogas han permitido que las poblaciones negras sean sometidas a procesos brutales de persecución y encarcelamientos masivos, como en la época de Jim Crow, y a penas más altas, a causa del consumo de crack, que es más penado que el de la cocaína frecuentada por ricos y blancos. Así, la guerra contra las drogas ha devastado a las comunidades afroamericanas de las ciudades mucho más que las dimensiones reales de las actividades delictivas que se cometen dentro de ellas. En las tres últimas décadas, explica Alexander, las cantidades de negros en las cárceles –que son negocios privados– han aumentado, a causa de las drogas, no sólo en tasas superiores a las de regímenes criticados por el propio Estados Unidos como altamente represivos, sino que representan una cifra hasta 50 veces mayor que la de los blancos en la misma situación. Bajo esta lógica, advierte Alexander, en poco tiempo tres de cuatro jóvenes negros de Washington D.C. pasarán una estancia en la cárcel. Tal condición, que convierte a los negros en un negocio altamente rentable para los propietarios de las cárceles, los transforma también, al salir de ellas, en seres despreciables sobre los que se aplican medidas legalmente discriminatorias que los desposeen de la posibilidad de empleo, vivienda y educación. Cuando uno visita los barrios negros de Estados Unidos, se da cuenta –en su dolor, en sus fracturas sociales, en su deterioro– de esa realidad descrita por Alexander. Se percata igualmente de que la criminalización de la droga y las duras y sistemáticas campañas de los medios contra ella funcionan como un procedimiento de control racial que limita la movilidad ascendente. Para Alexander, la presencia de Obama en la presidencia de Estados Unidos o el éxito de otros afroamericanos no son más que cortinas de humo, excepciones que confirman y, a su vez, velan la realidad del nuevo Jim Crow. El sistema de exclusión ha dejado de necesitar de la hostilidad racial o la intolerancia abierta para existir. La simulación que provoca la indiferencia sirve de manera más efectiva. Las víctimas negras de la guerra contra las drogas son el rostro estadunidense de las víctimas de México. Ambas muestran una lógica terrible y aterradora de la misma guerra: la destrucción de cualquier posibilidad de vida que no sea la del poder del dinero. Al lado de nuestros muertos y nuestros desparecidos –muchos de ellos emigrantes centroamericanos–, de nuestras familias destruidas por los delincuentes y criminalizadas por el Estado, se agolpan en las cárceles estadunidenses miles de afroamericanos criminalizados y satanizados. En los barrios de ambas fronteras, cientos de tejidos sociales rotos y desgarrados. Son los signos de formas nuevas del totalitarismo que nos deshonran tanto a nosotros como a Estados Unidos, formas inéditas de la barbarie que revelan lo más abyecto e insensato que hay en el corazón de esta guerra, que debería unirnos con los negros para enfrentarla. Sus sufrimientos y los nuestros, rostros dolientes de una civilización en crisis, son los mismos. Su solución debe ser también semejante. Pasa irremediablemente por la regulación de la droga, el control de las armas y la reivindicación de los derechos civiles y humanos que esta guerra nos ha ido conculcando. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón. 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 51
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    A N ÁLISIS AXELDIDRIKSSON Letargo del cambio educativo C omo lo que se dice no es lo que se hace, el actual gobierno de Enrique Peña Nieto está haciendo hasta lo imposible, y entre más rápido mejor, para que no cambie nada en el sistema educativo tras la reforma del sector. Lo que rige son las negociaciones entre grupos, los acuerdos económicos, el control político, y hasta allí. La educación, en realidad, no importa. Según el discurso oficial, la reforma educativa avanza a pasos agigantados, pero en las calles y en las plazas los maestros disidentes radicalizan un movimiento que se ha opuesto de forma sistemática a la misma, que sustenta que no se ha alcanzado nada, y que esta reforma educativa, que no lo es, sigue estando en discusión, desde sus principios y acuerdos. Para el gobierno y la SEP, conforme a sus tiempos y a su imaginario burocrático, se ha instalado la Coordinación del Servicio Profesional Docente, ha sido designado su director y se han definido sus funciones, con todo y que parecen duplicar lo que tiene que hacer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). En este instituto, también, ha sido conformada su denominada Conferencia Nacional, fueron designados sus miembros y quedaron establecidas sus funciones. Por allí, todo en orden. Aunque los reclamos y demandas que esgrimieron algunos miembros de la Junta de Gobierno del INEE sobre la materia y alcances de su trabajo, por lo pronto, están guardados en algún lugar secreto, en la penumbra. Del mismo modo, para mantener las cosas como están, y respaldar a sus verdaderos aliados en la reforma laboral que está en marcha en el sistema educativo, el presidente de la República ha establecido un fondo de rescate de las deudas contraídas por el magisterio, desde los tiempos de Elba Esther Gordillo, a costa del erario, por la vía del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi). Con una suma de 5 mil millones de 52 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 pesos, un hoyo negro del grupo delictivo del SNTE lo tiene a resguardo y pone en manos de los “nuevos” dirigentes dinero líquido y recursos de aseguramiento para que por allí, por lo menos, nada pase. Vaya a saber uno qué es lo que se está tratando de esconder con ese fondo, y qué negocitos turbios van a salir a flote en cualquier momento. Pero allí, todo en orden… mientras que la debacle que se vive en la educación, ¿qué importa? En lo que toca al modelo educativo, asimismo, todo bajo control. La administración ya dictó su contenido y organizó lo que los mexicanos deben saber –pero sobre todo para no saber–; un currículum por competencias; becas para pequeños grupos de élite con el fin de formarlos como “emprendedores”; evaluaciones y exámenes como mecanismo de control para estudiantes y, sobre todo, para los profesores (qué novedosa idea la de generalizar una prueba: ¿no ha sido desde siempre una forma de amenaza a cualquier salón de clase?). A esto se suma un mediano control de la comida chatarra en las escuelas y un escenario de enormes negocios para las constructoras y empresas proveedoras de mejoras en la infraestructura escolar, la potabilidad del agua, la distribución de laptops y tabletas, de accesorios para la conectividad y el funcionamiento de los programas de cómputo… un gigantesco mercado educativo para las financiadoras, las empresas de seguros y trasnacionales. ¿Y el papel que debe garantizar el Estado para que la educación sea gratuita, laica, buena para todos, con equidad e igualdad, con una enseñanza sustentada en el conocimiento científico y humanístico?… ¿Qué es eso? Los recursos para que el modelo de “transformación educativa” funcione, desde luego, ya están garantizados, porque lo que se ha provisto en términos de gasto público federal es más o menos igual al de hace décadas, porque este gasto no puede estar sujeto a la resolución de las añejas demandas de garantía de una educación para todos por la vía de la expansión de la matrícula, o de mejora de la calidad de lo que se aprende; o a lo que año con año demandan los rectores o la comunidad científica… sino que debe ser parte de un espacio de dominio, producto de la negociación de los funcionarios en turno con los de abajo, en forma descendente. En las calles y en las plazas, en las escuelas y en las instituciones, ocurre lo contrario: un crecimiento vertiginoso de la cantidad de maestros y estudiantes, de padres de familia, de investigadores, de autoridades educativas y ciudadanos que no están de acuerdo en que lo que se está haciendo vaya a mejorar la educación o las condiciones de su trabajo, o de su vida, porque no ven ningún cambio en los contenidos de lo que se va a aprender y en lo que los profesores van a enseñar. Tampoco, lo que los investigadores descubrirán o lo que puede esperarse de una mejora en la organización de las escuelas y de las voluntades para hacer cambios reales en lo que es la educación que se recibe y la cultura de la cual se goza. Eso no está en lo que se les presenta, ni en las respuestas que se les ofrecen, casi siempre para aletargar el conflicto, dividirlo o tratar de encapsularlo, que es ahora la más frecuente y exitosa fórmula para contener las protestas. Qué equivocación tratar de meter el conocimiento en una cañería, en lugar de romper los tubos de su gayola. ¿Cuál transformación? ¡Puro letargo!
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    Reuters La plaga universalde la esclavitud ANNE MARIE MERGIER P ARÍS.- El pasado 25 de octubre, alertada por la asociación Freedom Charity, la Unidad Especial de Lucha Contra el Tráfico de Seres Humanos de Scotland Yard liberó a tres mujeres –una malasia de 69 años, una irlandesa de 57 y una británica de 30– esclavizadas en Londres durante tres décadas por un hombre oriundo de India y su compañera. Las autoridades no informaron sino hasta un mes después, el pasado 21 de noviembre. Se limitaron a precisar que las mujeres habían sido víctimas de abusos físicos y mentales, padecen ahora trastornos psicológicos y la investigación del caso podría ser larga. La pareja de explotadores está libre pero bajo estricto control judicial. Dos días antes de la liberación de las llamadas “esclavas de Lambeth” (por el distrito londinense donde sufrieron el cautiverio), la justicia británica había condenado a 13 y cinco años de cárcel, respectivamente, a un hombre de 80 años y a su esposa acusados de haber explotado y so- 54 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 metido a violaciones durante una década a una sordomuda paquistaní. Por otra parte, el pasado 15 de marzo un marfileño fue condenado a 18 meses de cárcel en la ciudad francesa de Aviñón por haber esclavizado a una compatriota suya comprada por 4 mil 500 euros en Abiyán. La adolescente trabajó durante casi un año entre 15 y 18 horas diarias sin salario y soportando tratos crueles. Logró escapar y refugiarse en una delegación policiaca. El juicio a su explotador es uno de los cinco por esclavitud moderna llevados a cabo en Francia este año. Sylvie O’Dy, presidenta del Comité Contra la Esclavitud Moderna (CCEM), con sede en París, asegura a la corresponsal que su asociación rescató a 122 esclavas domésticas durante 2012 en Francia. Entre los casos descritos destaca el de una joven marroquí que tenía ocho años cuando su padre viudo aceptó que una conocida suya la llevara a Francia. La mujer se comprometió a escolarizar a la niña y así lo hizo durante un año; luego empezó a “alquilarla” como empleada doméstica a distintas familias. Lucró con ella 10 años. El CCEM la ayudó a fugarse y a demandar judicialmente a sus explotadores. La asociación hizo lo mismo hace unos años con Tina, una adolescente nigeriana esclavizada por su compatriota Godwin Okpara, futbolista del París Saint-Germain, y su esposa. Con el acuerdo de los padres de Tina la pareja adoptó a la niña y la llevó a Francia en 2001. Tina nunca frecuentó la escuela, dormía en el sótano de la casa, se levantaba a las 5:00 de la mañana y trabajaba todo el día, pasando hambre y sufriendo golpes y humillaciones. En 2004 logró escapar. Pero la policía no creyó su relato y la devolvió a sus “amos”. Las represalias fueron terribles: Okpara la violó, lo cual enceló a su esposa, quien le infligió a la muchacha la mutilación sexual. Tina escapó de nuevo en 2005, ahora con el apoyo del CCEM. La pareja fue enjuiciada en 2007. El futbolista fue condenado a 13 años de prisión y su mujer a 15. Según advierte O’Dy, 90% de las personas salvadas por el CCEM son mujeres, y 29%, menores de edad. La detención de la princesa Meshael
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    IN TE RNAC IONA L / DEREC HOS HU M A N O S El caso recientemente descubierto de las “esclavas de Lambeth” –tres mujeres sometidas a toda clase de abusos durante varios años en Londres– conmocionó a Gran Bretaña y le mostró al mundo del siglo XXI que la esclavitud está lejos de pertenecer al pasado. Y el fenómeno es amplio. Según el análisis de una organización australiana, en todo el mundo hay actualmente poco menos de 30 millones de personas –menores de edad, muchas de ellas– forzadas al trabajo doméstico o agrícola, al sexoservicio, a la mendicidad o a formar parte de bandos en guerra. Entre los 162 países incluidos en ese estudio, México ocupa el lugar 107. denses se precipitaron a Kenia, Filipinas y Arabia Saudita para reunir pruebas de la “buena fe” de la princesa y de “los abusos” de su trabajadora doméstica. El pasado 20 de septiembre el juez encargado del caso dejó de darle seguimiento por falta de pruebas de la culpabilidad de Meshael. Nadie se libra Alayban el pasado 10 de julio en California, acusada de trata de seres humanos, creó serias tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Arabia Saudita: la mujer es una de las seis esposas de Abdulrahman bin Nasser bin Abdelaziz al-Saoud, sobrino del soberano saudita Abdalá. La denuncia de una de sus empleadas domésticas, una keniana, desató el escándalo. Contratada en 2012, esa madre de familia de 30 años llego a Riad para trabajar en el palacio de la princesa con la promesa de un salario mensual de mil 600 dólares y dos días de descanso a la semana. La realidad fue distinta: jornadas inacabables sin días de asueto, un salario de 220 dólares al mes y su pasaporte confiscado. En 2012 Meshael se mudó a Estados Unidos y llevó con ella a cinco sirvientas, entre ellas a la keniana obligada a atender a ocho personas que vivían en cuatro lugares distintos. El 9 de julio la mujer huyó y pidió auxilio. Al día siguiente la princesa fue detenida por la policía, pero fue rápidamente liberada tras pagar una fianza de 5 millones de dólares. Sus abogados estaduni- La esclavitud moderna afecta a todos los países. Medir la amplitud del problema es complejo pues los abusos se perpetran de forma oculta. Y aunque la Organización Internacional del Trabajo habla de 21 millones de víctimas de trabajo forzado en el mundo, el Índice de esclavitud global 2013 elaborado por la fundación australiana Walk Free, publicado el pasado 15 de octubre, es mucho más pesimista: sus autores estiman que el número de esclavos en el planeta es de 29.8 millones. Más grave aún: reconocen que esa cifra podría ser inferior a la realidad pues todavía necesitan afinar sus métodos de cálculo. Definen su Índice como un “trabajo en curso”. Walk Free fue creada en 2012 por Andrew Forrest, magnate minero y uno de los hombres más ricos de Australia. Ésta es la primera evaluación global de su tipo. Asesorado por expertos de los cinco continentes, el equipo de investigadores de Walk Free establece dos clasificaciones para los 162 países examinados: una basada en la prevalencia y el riesgo de esclavitud en cada nación; otra, que parte del número absoluto de esclavos en cada país. Para medir el riesgo de esclavitud los especialistas de Walk Free incluyeron en sus cálculos una medida del nivel de tráfico de personas hacia y desde cada país y otra del nivel de matrimonios infantiles o precoces en cada nación. Los organismos internacionales interesados en el problema de la esclavitud moderna no suelen considerar estos factores. Tras comparar las distintas definiciones de la esclavitud, los autores del informe proponen una: “La esclavitud es la posesión y el control de una persona de tal forma que se priva considerablemente a esa persona de su libertad individual, con la intención de explotarla a través de su uso, manejo, beneficio, transferencia o disposición. Por lo general este ejercicio se logrará a través de medios tales como la violencia o las amenazas de violencia, el engaño o la coerción”. También detallan el amplio abanico de los crímenes asociados con la esclavitud: trata de seres humanos para trabajo forzado; prostitución; tráfico de órganos; venta o secuestros de menores de edad para convertirlos en soldados, sicarios, objetos sexuales o mendigos; esclavitud hereditaria; esclavitud por deudas; matrimonios forzados... Tomado muy en serio por las instancias internacionales, el Índice de Walk Free se va imponiendo como una radiografía aleccionadora e inquietante de la esclavitud contemporánea. La primera clasificación –por prevalencia y riesgo de esclavitud– establece que los 10 países más afectados por el problema son Mauritania, Haití, Pakistán, India, Ne1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 55
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    AP photo /Dominic Lipinski Casa-cárcel del distrito de Lambeth El infierno de Brixton L LEONARDO BOIX pal, Moldavia, Benín, Costa de Marfil, Gambia y Gabón. Y en términos absolutos los 10 países con el mayor número de esclavos son India (con entre 13 millones 300 mil y 14 millones 700 mil seres humanos esclavizados), China (de 2 millones 800 mil a 3 millones 100 mil), Pakistán (de 2 millones a 2 millones 200 mil), Nigeria (de 670 mil a 740 mil), Etiopía (de 620 mil a 680 mil), Rusia (de 490 mil a 540 mil), Tailandia (de 450 mil a 500 mil), Congo Democrático (de 440 mil a 490 mil), Birmania (de 360 mil a 400 mil) y Bangladesh (de 330 mil a 360 mil). Estos 10 países albergan 76% del total estimado de 29.8 millones de esclavos en el mundo. Por otra parte, los 10 países con menor prevalencia de esclavitud moderna son Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Norue- 56 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 delitos de inmigración. Aunque ambos quedaron en libertad bajo fianza, en enero deberán comparecer ante la justicia. Tras una investigación policial de un mes se supo que el matrimonio Balakrishnan mantuvo bajo esclavitud a tres mujeres, una británica de 30 años (presuntamente nacida en cautiverio), una irlandesa de 57 y una malasia de 69. Las pesquisas comenzaron el 21 de octubre luego de que una de las cautivas, la irlandesa, contactó por teléfono al grupo Freedom Charity y denunció su caso. Las llamadas se produjeron después de que la mujer viera en televisión un documental en el cual esa ONG británica narraba casos de matrimonios forzados. La policía también revisó el caso de Sian Davies, joven muerta en circunstancias poco claras en 1997. Esta galesa falleció después de haber caído de la ventana de una casa donde vivía una comuna vinculada también con los Balakrishnan. El caso fue televisado ese mismo año en un documental de la cadena ITV. En él aparece brevemente Aravindan Balakrishnan capturado por la cámara. Esa eviden- http://www.thv11.com ONDRES.- El pasado 21 de noviembre Gran Bretaña –que en 1833 abolió la esclavitud en todos sus territorios– supo del caso de tres mujeres esclavizadas durante más de 30 años en una casa del distrito de Lambeth, barrio de Brixton, en el sur de esta capital. Ese día fueron detenidos el indio Aravindan Balakrishnan, de 73 años, y su esposa, la tanzana Chanda, de 67, quienes residen en Inglaterra desde los sesenta. El matrimonio había formado hace más de 30 años un grupo maoísta, el Centro Memorial Mao Zedong, donde conoció a dos de las mujeres a las que después esclavizó. La pareja fue detenida bajo sospecha de trabajos forzados y esclavitud y por cometer En las conversaciones telefónicas, realizadas a escondidas, las tres mujeres dijeron haber sufrido durante años “abusos físicos y mentales” de parte del matrimonio. Revelaron que las forzaban a realizar las tareas domésticas además de cumplir otras labores, siempre recluidas en el sótano. “Vivían todos como un colectivo; dos de las mujeres habían conocido al hombre a través de intereses políticos comunes (el grupo maoísta)”, indicó Scotland Yard en uno de los primeros comunicados sobre el caso. Luego de su liberación –cuando el matrimonio Balakrishnan no estaba en la casa– las tres mujeres fueron llevadas a un refugio provisto por Freedom Charity; allí comenzaron a ser interrogadas por la policía. En las primeras redadas en la vivienda, la policía encontró el acta de nacimiento de la única británica del grupo, quien habría pasado toda su vida en cautiverio y sometida a servidumbre. El periódico Daily Mail, el cual siguió de cerca el caso, informó el pasado 25 de noviembre que esa mujer le escribió más de 200 cartas y poemas a una vecina durante ocho años, advirtiéndole de su situación. Desde la liberación de las tres mujeres, medio centenar de policías han ido casa por casa en los alrededores de la vivienda para determinar por qué ningún vecino sospechó ni vio nada. Sylvie O’Dy. Operación rescate
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    I NTERNAC IONAL / DEREC HOS HU M A N O S cia está siendo estudiada por la autoridad. Según la BBC la malasia sería Siti Aishah Abdul Wahab, aunque las autoridades se negaron a confirmar oficialmente su identidad. Los familiares de esta mujer –desaparecida en Londres en los sesenta luego de haberse asociado con un grupo maoísta– viajaron a esta capital. Zan Azlee, periodista malasio, cuya madre es prima hermana de Siti Aishah, declaró a la BBC que la familia fue alertada luego de que el nombre de la mujer fuera dado a conocer por varios medios. Azlee dijo que en los sesenta “la estudiante brillante” decidió viajar al Reino Unido para inscribirse en una universidad, pero al poco tiempo se vinculó con un grupo izquierdista del cual la familia nunca tuvo conocimiento. Su familia trató de convencerla de que volviera a su casa, pero la comunicación entre ellos “comenzó a apagarse”. El último contacto fue en los ochenta. El caso que conmocionó a la opinión pública británica llevó a la ministra del Interior, Theresa May, a confirmar que el gobierno de coalición encabezado por David Cameron presentará un proyecto de ley para desterrar por completo la esclavitud moderna en el Reino Unido. May incluso subrayó que éste “es un problema creciente en el país” y que hará de ese “delito aborrecible” una prioridad personal”. Según May el caso ha generado “conciencia pública” sobre el tema. “La esclavitud moderna está por todos lados, nos rodea, se esconde a plena luz del día, abastece comercios y supermercados, suple de personas para labores en el campo, en fábricas, bares o burdeles, se esconde detrás de cortinas en una vivienda de una casa común”, dijo. Subrayó que el problema “sería mucho más amplio” e indicó que el número de vícti- mas de esclavitud en el Reino Unido aumentó 25% desde 2012. May detalló además planes para reformar la ley antiesclavitud de Gran Bretaña y nombrar a un comisionado especialmente destinado a controlar la labor de las distintas agencias y grupos que trabajan para erradicar la esclavitud en el país. Por su parte, Andrew Boff, de la alcaldía de Londres, sostuvo que Gran Bretaña tiene ya “demasiados casos de personas traficadas o esclavizadas”, en tanto que el parla- mentario laborista Frank Field indicó que el reciente caso de las tres esclavas de Brixton “podría ser sólo la punta del iceberg”. Aneeta Prem, fundadora de Freedom Charity y quien ha estado trabajando en el caso, expresó que las tres mujeres esclavizadas “han tenido experiencias traumáticas y perturbadoras, las cuales nos han revelado”. “Lo que ahora se necesita es que las tres sean capaces de emprender su rehabilitación sin ser molestadas ni identificadas”, concluyó. ga, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Irlanda e Islandia. Precisan los investigadores de Walk Free: “Islandia, Irlanda y Gran Bretaña empatan en el rango 160 del Índice (el rango uno indica una situación de esclavitud moderna severamente concentrada; el 160 representa la de menor concentración), pero esto no significa que estén libres de esclavitud. “Hay entre 4 mil 200 y 4 mil 600 personas en condiciones de esclavitud sólo en el Reino Unido. Un análisis de la situación en ese país muestra que podría hacer más esfuerzos para combatir el problema.” Relevante también es el análisis regional de prevalencia y riesgo de esclavitud. Europa alberga 1.82% de los 29.8 millones de víctimas, según Walk Free. Los expertos se muestran insatisfechos con sus estimaciones en el caso de Bulgaria y Ru1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 57
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    mania. Se quejande que las estadísticas oficiales de estos dos países son incompletas. Y 3.78% de los esclavos modernos se hallan en América. Canadá y Estados Unidos aparecen como los principales destinos para la trata. Haití es con mucho la nación americana más golpeada por la esclavitud, sobre todo la infantil, que afectaría a 225 mil niños convertidos en restaveks. Concebido originalmente para enviar a los infantes a la ciudad con parientes adinerados para que pudieran recibir educación y disfrutar una vida mejor, el sistema restavek (corrupción del francés “reste avec” o “quedarse con”) se convirtió en los últimos años en una sórdida trata de menores condenados a una servidumbre infrahumana. Según datos de la Unicef es usual que un restavek de 15 años, desnutrido y maltratado, llegue a medir cuatro centímetros menos y a pesar 20 kilos menos que sus compatriotas de la misma edad. El paso a EU México está en el rango 107 del Índice de esclavitud global 2013 y se le señala como zona de tránsito de la trata de centro y sudamericanos hacia Estados Unidos. “Una consecuencia de esa situación es una economía criminal altamente desarrollada que se alimenta de los migrantes económicos a quienes trafica y esclaviza”, precisan los analistas de Walk Free. En Asia está 72.14% del total de esclavos modernos del mundo. “Es una región de contrastes donde coexisten países con prevalencia y riesgo de esclavitud relativamente bajos, como Australia y Nueva Zelanda, y otros que destacan entre los peores a escala internacional, como Pakistán, Tailandia y, sobre todo, India”, enfatizan los autores del informe. La situación en India dista de ser homogénea y es particularmente grave en los estados de Uttar Pradesh y Bihar, caracterizados por sus altos niveles de formas hereditarias de esclavitud, sobre todo en zonas rurales, y por alimentar un intenso tráfico de personas hacia otros estados indios. También existe una gran disparidad jurídica en relación con la esclavitud en Asia: Australia y Nueva Zelanda tienen un sólido cuerpo de leyes al respecto; Filipinas intenta innovar y modernizar su legislación para luchar contra la alienación de las empleadas domésticas, mientras China y Japón siguen con pocas leyes o políticas de lucha contra ese fenómeno. El África Subsahariana es la mayor de las regiones analizadas por el Índice. Alberga 16.36% del total de los esclavos modernos. Los expertos de Walk Free enfatizan la situación en Mauritania: “La transmisión hereditaria de la condición de esclavo es muy arraigada en ese país, 58 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 el cual tiene 3.8 millones de habitantes y un número de esclavos que oscila entre 200 mil y 220 mil. Mauritania enarbola además altos niveles de matrimonio infantil y destaca por sus redes de trata de seres humanos”. Diko Hanoune, secretario general de la Asociación de los Haratins (descendientes de esclavos) de Mauritania radicados en Europa, destaca: “La condición de esclavo se transmite de generación en generación. Los esclavos pueden ser vendidos, alquilados o regalados. Se les prohíbe tener bienes materiales. Peor aún, se les sigue considerando bienes y no personas. (...) La ley prohíbe la esclavitud desde 2007, pero nadie la respeta. En los seis últimos años una sola víctima se atrevió a pedir su aplicación.” Walk Free estima que 3.36% de los esclavos modernos se encuentran en Rusia y Eurasia. Turkmenistán, Uzbekistán y Azerbaiyán muestran altos niveles de riesgo de esclavitud. Según Human Rights Watch cada año el gobierno uzbeko obliga a 1 millón de personas a participar en la cosecha de algodón durante dos meses. Precisan los expertos de Walk Free: la estimación de ese trabajo forzado “se suma a la de 160 mil a 180 mil esclavos modernos permanentes. Eso significa que durante dos meses Uzbekistán se convierte en el país con la segunda prevalencia más alta de esclavitud moderna en el mundo después de Mauritania”. Agregan: “Existen formas complejas de migración laboral entre los países de Europa Central y Oriental y muchas generan alarmantes situaciones de explotación. La gran economía rusa atrae a trabajadores vulnerables, algunos de los cuales acaban siendo esclavizados en la agricultura o la construcción”. Noráfrica y Medio Oriente La última región analizada por Walk Free es la de Medio Oriente y el Norte de África, donde se concentra 3.78% de las víctimas de la esclavitud moderna. El creciente tráfico de migrantes hacia Europa Occidental procedentes del África subsahariana y de Asia aumenta considerablemente el riesgo de esclavitud en esa zona geográfica, advierten los autores del informe. Recalcan: “Esa región tiene el nivel mundial más alto de discriminación contra la mujer. Los cambios que se dan después de la Primavera Árabe ponen en duda la continuidad de políticas de lucha contra la esclavitud iniciadas en una serie de países clave. En los últimos años Egipto, Siria y Marruecos aprobaron leyes adecuadas, pero debido a incesantes conflictos y movilizaciones sociales éstas siguen siendo letra muerta”. Agregan: “Varios países de Medio Oriente recurren cada vez más a mano de obra extranjera. Se calcula que los trabajadores extranjeros representan entre 40 y 90% de la población de Jordania, Arabia Saudita, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait. No todos los migrantes están esclavizados, pero muchos enfrentan situaciones que fomentan la esclavitud”. Qatar está en la mira de la prensa y de las ONG internacionales desde que la FIFA le confió la organización del Mundial de Futbol de 2022. Ese país sale bastante mal parado en una amplia investigación publicada el pasado 25 de septiembre por el diario británico The Guardian con un título elocuente: Qatar’s World Cup Slaves (“Esclavos de la Copa del Mundo de Qatar”). Con base en documentos entregados al periódico por la embajada de Nepal en Doha, The Guardian estableció que entre los pasados 4 de junio y 8 de agosto, 44 albañiles nepaleses fallecieron mientras trabajaban en la construcción de infraestructura para el Mundial. Esos jóvenes estaban sanos al llegar a Qatar, pero al cabo de pocos meses la mayoría sufrió infartos cuando no murió en accidentes laborales. Se calcula que 94% de la mano de obra es extranjera en Qatar. El número de migrantes oscila entre 1 millón 200 mil y 1 millón 400 mil; vienen de Nepal, Filipinas, Pakistán, Indonesia o Bangladesh y la mayoría trabaja en condiciones indignas, denuncian Human Rights Watch, Amnistía Internacional y organizaciones que luchan contra la esclavitud. The Guardian describe las jornadas laborales de los migrantes: a temperaturas de 50 grados, ritmo de trabajo infernal, acceso limitado al agua potable, hospedaje en cuchitriles desprovistos de sanitarios... El pasado 17 de noviembre Amnistía Internacional publicó un informe demoledor sobre la situación de las 80 mil empleadas domésticas en Qatar. Como los demás migrantes, tienen que someterse a un sistema de padrinazgo. Todo extranjero deseoso de trabajar en Qatar debe tener un padrino para entrar al país. Los trabajadores no pueden abrir una cuenta bancaria, moverse de una ciudad a otra, cambiar de empleo o regresar a su patria sin el visto bueno de sus padrinos. Estos casi siempre son los empleadores, quienes además confiscan los pasaportes de los migrantes. Las empleadas domésticas trabajan más de 12 horas diarias los siete días por un salario generalmente inferior al prometido. Muchas sólo se alimentan de las sobras de sus “amos”, viven en condiciones insalubres y no tienen recursos legales para defenderse, pues el trabajo doméstico no está previsto en el derecho laboral qatarí.
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    elmalpensante.com Un capo de culto RAFAELCRODA Para las autoridades colombianas y para el mundo Pablo Escobar era un asesino sin escrúpulos, el jefe de un poderoso cártel que puso en jaque al Estado. Para los habitantes de los barrios más pobres de Medellín, en cambio, el capo fue un benefactor a quien rinden culto y al cual han convertido en un santo, como ocurrió con Jesús Malverde en Sinaloa. A 20 años de la muerte del Patrón, su tumba es ahora un lugar obligado de peregrinación. 60 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 M EDELLÍN, COLOMBIA.- Desde hace 20 años la tumba 032-71 del cementerio Jardines Montesacro de Medellín no ha dejado de tener flores frescas y visitantes. A ella se acercan cada día decenas de curiosos, turistas y personajes del ámbito popular en lentes oscuros, circunspectos, que llevan a cuestas su devoción por el difunto. –Muchos le rezan, tallan la lápida y dicen que hace milagros –afirma la empleada administrativa del cementerio, Silvia Restrepo. El sitio de peregrinación es la tumba del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, quien este lunes 2 cumplirá 20 años de
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    I NTERNAC IONAL /C OLO M B IA –¿No le preocupa la religiosidad distorsionada que Pablo Escobar suscita entre esos jóvenes? –preguntamos al sacerdote. –No me escandalizo –afirma–. Son jóvenes que nunca han tenido una formación en la fe y han buscado su propia religiosidad. Si Pablo Escobar es visto como un santo es porque para ellos es una figura cautivadora con plata y poder y relativizó criterios morales y religiosos. Relativizó el robo, el asesinato, como muchos de ellos lo hacen. El politólogo colombiano Gustavo Duncan, estudioso del narcotráfico, considera que Escobar se ha convertido “en el Malverde paisa (forma popular para referirse a los oriundos del departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín)”. Los bandidos paisas le rinden culto y lo veneran, como los delincuentes del noroeste mexicano con Jesús Malverde. Bandido social la base social que creó en Medellín para hacerse elegir congresista en 1982. El entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, emprendió una cruzada en su contra hasta lograr, en octubre de 1983, que la Cámara de Representantes (diputados) le retirara el fuero para juzgarlo por los homicidios de dos policías, lo que lo obligó a anunciar su retiro de la política. El 30 de abril de 1984 Lara Bonilla fue asesinado por dos sicarios de Escobar en Bogotá en una acción que marcó el principio de una guerra del jefe del Cártel de Medellín contra el Estado colombiano y la cual se prolongó casi una década. El entonces presidente Belisario Betancur respondió ante el homicidio de su ministro de Justicia con la reactivación de un tratado de extradición con Estados Unidos. El capo y sus socios se convirtieron en objetivos de la justicia estadunidense, lo que dio un sentido político a la narcoguerra contra el Estado. “Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”, fue el lema con el que surgió en 1984 el grupo de Los Extraditables, brazo armado del Cártel de Medellín que desató una ofensiva militar y narcoterrorista. Según estimaciones oficiales, ese embate dejó 5 mil 500 víctimas, entre ellas el director del diario El Espectador, Guillermo Cano; el procurador Carlos Mauro Hoyos; el exdirector de la policía antinarcóticos Jaime Ramírez; el comandante de la policía de Medellín, Valdemar Franklin Quintero; el exministro de Justicia Enrique Low Murtra y el candidato presidencial Luis Carlos Galán. Tras la muerte de Galán en agosto 1989, su sucesor como candidato presidencial del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, debía abordar un vuelo de Avianca de Bogotá a Cali; era el 27 de noviembre de ese mismo año. Gaviria no llegó a tiempo Para Duncan, Escobar fue “un bandido social y debe ser comprendido en esos términos. Fue alguien que organizó a los bandidos rasos de las comunas (las barriadas pobres de Medellín), los sacó de robar bancos y carros y los convirtió en delincuentes de primer orden a su servicio”. “Escobar”, explica, “asumió el control de quienes manejan la violencia y lo hizo además con una aspiración de dominación social y control político. A través de los bandidos de barrio repartía plata en las comunidades y ante ellas asumía funciones de autoridad. “Ocupó los vacíos que dejó el Estado, les prometió a esos sectores excluidos que a través del crimen obtendrían lo que nunca han tenido. Y lo cumplió. Por eso era demasiado poderoso. Era una fuerza criminal, social, política y económica.” –¿En ese sentido fue un mafioso innovador? –preguntamos al autor del ensayo Una lectura política de Pablo Escobar. –¡Claro! Fue uno de los tipos más talentosos del siglo XX. Él inventó esa superestructura en Medellín y él decide usar esa fuerza no sólo para someter a los narcotraficantes y hacer funcionar su negocio de exportación de droga, sino inclusive para declararle la guerra al Estado. Además de ser un pionero en la industrialización del negocio de la cocaína, la cual según estudios le generó a Colombia al menos 18 mil millones de dólares en los ochenta –equivalentes a 3.6% del producto Su tumba. Veneración popular nacional de la época–, Escobar usó Reuters muerto. Convertido en un mito y un capo de culto para amplios sectores marginales de su natal Medellín, es visto por éstos como un modelo, como un bandido icónico capaz de hacer que las “vueltas” del bajo mundo –desde el envío de un cargamento de cocaína a México hasta un homicidio por encargo– salgan bien. Hace un mes sus familiares mandaron remodelar la tumba. Se trata de un espacio de cinco metros cuadrados a un costado de la iglesia del cementerio y sobre el cual ahora se tiende una capa de grava blanca de la cual sobresalen dos lajas y un bonsái. Es un diseño austero pero digno del Patrón, a quien acompañan en su última morada sus padres Hermilda y Abel; su hermano menor, Luis Fernando; su tío Juan Manuel Escobar; su nana Teresa Vergara y su guardaespaldas Alfonso de Jesús Agudelo, Limón, quien murió con él en un enfrentamiento con la policía. Antes de la remodelación del mausoleo familiar, al pie de las siete lápidas de mármol verde sólo había pasto. Con frecuencia el jardinero encargado del mantenimiento del lugar encontraba entre la hierba casquillos y municiones. Desde que desapareció el pasto del módulo central, los casquillos son arrojados tras la lápida de Escobar. –Por aquí se encuentra uno de todo. Drogas, mariguana, polvito blanco que le arrojan a su tumba esas gentes (narcotraficantes, delincuentes); muchas balas, estampitas del Santo Niño de Atocha y mensajes de gracias por favores recibidos –dice a Proceso un trabajador del cementerio quien se identifica como Andrés–, pero eso no le gusta a su familia y por eso limpian diario. Un hombre de unos 40 años con lentes Ray-Ban de gota, tenis amarillos y gorra café llega a visitar la tumba. Permanece en silencio frente a la lápida de Escobar 10 minutos, al cabo de los cuales se persigna y se retira. Más tarde llega un grupo de turistas en un pequeño autobús. Todos posan para la foto junto a la sepultura del abatido jefe del Cártel de Medellín. Juan Carlos Velázquez, sacerdote dedicado a trabajar con jóvenes de las pandillas de Medellín, considera que desde la muerte de Escobar la figura del capo ha vivido “un proceso de mitificación el cual lo tiene convertido en una leyenda: es el modelo a seguir para la masa reprimida, olvidada, para los delincuentes de las comunas que no encuentran otra salida y se ven abocados al narcotráfico y al sicariato. “Ellos lo ven como un santo y un personaje que, de la pobreza, llegó a ser uno de los hombre más ricos del mundo (con una fortuna de tres mil millones de dólares, según la revista Forbes)”. 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 61
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    Le achacaron delitosde más RAFAEL CRODA B OGOTÁ.- El narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, quien este lunes 2 de diciembre cumple 20 años de muerto, siempre se quejaba de que las autoridades le atribuían muchos más crímenes y más atroces de los que en realidad cometió. En algunos casos, como los asesinatos de los candidatos presidenciales izquierdistas Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro –ocurridos en marzo y abril de 1990–, las investigaciones judiciales le dieron la razón. Ambos homicidios, que se le achacaron al jefe del Cártel de Medellín en un principio, fueron cometidos en realidad por el clan paramilitar de los hermanos Castaño en complicidad con agentes del Estado. En otro magnicidio que sacudió al país –el del candidato presidencial del Partido Liberal Luis Carlos Galán– las pesquisas judiciales se han encargado de exculparlo en forma parcial. En lo que constituye un giro en la indagatoria de ese crimen, ocurrido el 18 de agosto de 1989, la Fiscalía colombiana reve- y el avión explotó en el aire poco después de despegar. Escobar había hecho colocar una bomba en la aeronave, cuyos 110 ocupantes murieron. Para Fernando Cepeda, exministro de Gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990), Escobar representa “la mayor amenaza que haya enfrentado la gobernabilidad democrática en Colombia. Penetró todas las instituciones del Estado, corrompió todas las instituciones y esto ocurrió porque hubo importantes sectores del país que se relajaron frente al fenómeno del narcotráfico y no sólo lo toleraron, sino que se beneficiaron del mismo”. Memorial La alcaldía de Medellín prepara un memorial de las víctimas de Escobar. Será el primer paso de un proceso que busca la reparación simbólica para los miles de coterráneos del capo que padecieron su violencia. “Queremos que esa reparación contribuya a que los habitantes de la ciudad tomen conciencia real de lo que significó ese periodo negro de nuestra historia. En esa época surgió el sicariato y miles de jóvenes fueron reclutados por Escobar porque no tenían otra manera de hacerse de ingresos. “En lo económico muchos sectores se vieron beneficiados de esta actividad cri- 62 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 ló hace unos días que, además de Escobar, en el complot que condujo a la muerte del dirigente político participaron los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del Cártel de Cali y acérrimos enemigos del líder del Cártel de Medellín, así como los agentes del Estado encargados de la seguridad del aspirante presidencial con más posibilidades de ganar los comicios que se realizarían en mayo de 1990. El senador Juan Manuel Galán, hijo del candidato presidencial asesinado, dice a Proceso que desde la muerte de Escobar “más culpas terminaron endilgándole y es probable que algunas de ellas no sean verdad. A mí me queda absolutamente claro que él fue uno de los asesinos de mi padre, pero no fue el único. No tuvo toda la responsabilidad que se le endilga, como quisieron hacer parecer algunas autoridades”. Alianza criminal Durante 23 de los 24 años que han transcurrido desde el magnicidio de Galán, las minal y en lo cultural hubo un trastocamiento de los valores. Muchas personas de Medellín consideraron que el dinero fácil proveniente de esa actividad ilícita podría ser una fuente de ingresos legítima, y no el trabajo y la educación”, dice el consejero de la alcaldía para la Convivencia y la Reconciliación, Jorge Mejía. Según la investigación de Mejía, la guerra de Escobar produjo en Medellín unos 200 atentados explosivos, más de 500 policías asesinados y 38 mil 400 homicidios entre 1984 y 1993, lo que convirtió a esta urbe –la segunda más importante de Colombia– en la más violenta del mundo. Sólo en 1991 la cifra de homicidios llegó a 6 mil 349, cinco veces más que la de 2012. De acuerdo con Mejía, el jefe del Cártel de Medellín fue “una tragedia para el país y para la ciudad y las consecuencias de sus acciones criminales y corruptoras las estamos sufriendo hoy, cuando tenemos un sector de la población que todavía no distingue claramente las fronteras de lo legal y lo ilegal y al cual le da lo mismo moverse en uno u otro ámbito. Estos sectores son lo que lo han convertido en un mito”. Para Mejía las labores de tipo social que desarrolló Escobar en la ciudad, como la construcción de casas y deportivos, “simplemente eran parte de una estrate- investigaciones se centraron en Escobar, quien tenía móviles claros para asesinar al candidato liberal: él lo había expulsado en febrero de 1982 del Nuevo Liberalismo, su corriente política, y como aspirante a la Presidencia prometía acabar “con el poder oscuro y criminal del narcotráfico”, una frase temeraria en un país cuya clase política e instituciones vivían atemorizadas o cooptadas por los cárteles de la droga. El año anterior, la Fiscalía colombiana decidió crear la Unidad de Análisis y Contexto, cuyo cometido es retomar las investigaciones de mayor impacto público y establecer sus eventuales vínculos. La Unidad encontró similitudes entre los homicidios de Galán, Jaramillo y Pizarro, y determinó que los tres fueron autoría de “una alianza criminal de narcos, paras, políticos, representantes de sectores económicos y algunos agentes del Estado que en la década de los 80 actuaron de manera conjunta para ejecutar una variedad de planes criminales”. El senador Galán explica que la investigación del crimen de su padre sufrió muchísimos gia política clientelista en busca de un respaldo social que le permitiera potenciar sus ambiciones políticas y hacer frente a la persecución de las autoridades”. El barrio Por más que las autoridades de Medellín se han empeñado en cambiar el nombre del barrio, no hay remedio. Sus 16 mil habitantes lo llaman “Pablo Escobar” y ni siquiera en los actos oficiales de titulación de viviendas aceptan omitir la marca de la casa. Se trata de un conjunto de casas de ladrillo apiladas en la pendiente de un cerro en la Comuna 9 de Medellín. Hay largas escaleras en vez de aceras y sólo la calle principal, la 38-B, está pavimentada. No hay cómo perderse para dar con el lugar. Basta seguir cuesta arriba por la 38-B hasta que aparece un anuncio sobre una gran pared en vistosas letras azules: “Bienvenidos al barrio Pablo Escobar. ¡Aquí se respira paz!” El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, Wberney Zabala Miranda, exmilitar lisiado en un combate con la guerrilla, dice que los habitantes de ese asentamiento popular han pagado un precio alto en su empeño por reivindicar la figura y el “buen nombre” de Escobar. “No tenemos escuela, centro de salud, parque ni cancha de juegos”, se queja.
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    I NTERNAC IONAL /C OLO M B IA AP photo tropiezos durante la primera fase debido a que el entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, la oficina de inteligencia del Estado), general Miguel Maza Hace dos años, la Corte Suprema de Justicia condenó a 24 años de prisión al político y excongresista Alberto Santofimio al considerarlo responsable de instigar a Escobar a asesinar a Galán, con quien rivalizaba al interior del Partido Liberal. De acuerdo con la nueva línea de investigación, Santofimio fue un instrumento del Cártel de Cali para involucrar a Escobar en ese magnicidio, en el cual presuntamente participaron, además, Maza Márquez; el exjefe de Protección del DAS, coronel Manuel González, y el capitán Luis Felipe Montilla, quien entonces era comandante de la Policía en Soacha, municipio colindante a Bogotá en el que ocurrió el atentado. Estos tres últimos, que según la Fiscalía facilitaron la comisión del crimen al flexibilizar el esquema de seguridad del candidato, fueron llamados a juicio hace dos semanas. El senador Galán afirma que el principal hallazgo de la nueva investigación es que su padre fue asesinado “en una coautoría del Cártel de Medellín y el Cártel de Cali. Fue un cálculo muy maquiavélico de los hermanos Rodríguez Orejuela (hoy presos en Estados Unidos) para involucrar en ese crimen a su principal enemigo (Escobar) y al mismo tiempo deshacerse de un candidato con muchas posibilidades de llegar a la Presidencia y que iba a dar un duro combate al narcotráfico”. “Lo que se está viendo es que la Policía y el DAS (desparecido hace dos años) estaban cooptados por el Cártel de Cali”, afirma el congresista del cogobernante Partido Liberal. le agradece a través de la persona que hizo posible ese milagro. Hace 29 años, doña Irene Gaviria era pepenadora en el basurero de Moravia, en el centro de la ciudad, cuando Escobar fundó este barrio y le regaló una casa donde vive desde entonces con su esposo, Francisco Flores Berrío. “Todos los días oro por él. Era un hombre muy amable, educado, que quería mucho a los pobres. Debe estar en el reino de los cielos intercediendo por nosotros”, asegura mientras sostiene un viejo retrato del Patrón, quien en 1984 construyó 443 viviendas en este asentamiento. Todas las regaló a pepenadores de Moravia. Ahora son más de 4 mil casas con servicios básicos y “diablitos” en el tendido eléctrico. Iván Hernández, uno de los fundadores del barrio, afirma que “los problemas de Pablo eran con el gobierno, no con la comunidad; ahí es donde hay un malentendido y por eso hemos sido víctimas del abandono estatal”. Escobar se proclamaba nacionalista y de izquierda. Simpatizó con la guerrilla del M-19, desmovilizada en 1990, y mantenía duras posiciones contra “la oligarquía nacional”. En 1991, en el prólogo de un libro sobre la extradición, escribió que la guerra de esos años en Colombia no era entre el Estado y un grupo de delincuentes. “Todo lo contrario”, agregó: “Es la lucha de una clase dirigente vetusta y caduca que quiere, con el pretexto de estar luchando contra el narcotráfico y el terrorismo, erradicar las fuerzas sociales comprometidas con el cambio institucional.” El 19 de junio de 1991 Escobar se entregó a la justicia colombiana horas después de que la Asamblea Nacional Constituyente prohibiera la extradición. Lo recluyeron en “La Catedral” –prisión en un cerro en la zona metropolitana de Medellín–, donde tenía billar, jacuzzi, chef personal, armas, mariguana (su vicio favorito) y una guardia pretoriana con sus sicarios de mayor confianza. Siguió manejando su empresa trasnacional desde las sombras y convirtió el recinto en un centro de tortura y muerte para sus enemigos. El 21 de julio de 1992 él y sus escoltas huyeron de ahí en medio de un errático operativo del gobierno para trasladarlo a un penal militar. Exhausto de la persecución policiaca y del acoso de sus enemigos, Los Pepes (alianza entre paramilitares y el Cártel de Cali), El Patrón fue ubicado mediante seguimiento de sus llamadas telefónicas en una casa del sector Los Olivos de Medellín, donde fue abatido el 2 de diciembre de 1993 junto con Limón, su último sicario y quien hoy yace junto a él en Jardines Montesacro. Márquez, y el de Investigación Criminal de la Policía, general Óscar Peláez Carmona, “desviaron” las pesquisas al orientarlas “hacia una única hipótesis, que era la participación del Cártel de Medellín y de Pablo Escobar”. El asesino material del candidato, Jaime Eduardo Rueda Rocha –un paramilitar que trabajaba para el narcotraficante del Cártel de Medellín Gonzalo Rodríguez Gacha y quien disparó la ametralladora Mini Atlanta 380 utilizada en el magnicidio–, fue capturado un mes después de los hechos, pero el 18 de septiembre de 1990 se fugó de la cárcel bogotana de La Picota con la complicidad del DAS, según testigos. El sicario murió en un enfrentamiento con la policía un año y medio después. A las pocas semanas, su medio hermano, José Éver Rueda Silva, quien también participó en el atentado contra Galán, murió asesinado a balazos en la cárcel Modelo de Bogotá. A juicio El asesinado Luis Carlos Galán. Escobar, culpado El barrio tiene, en cambio, un santuario dedicado al capo, construido con los aportes de la comunidad y en el que sobresale una imagen del Santo Niño de Atocha. Está colocada sobre un pedestal y bajo una media cúpula decorada con la pintura de un jardín y un cielo muy azul. Varias placas alrededor del santo, del cual Escobar era devoto, patentizan la gratitud de más de una decena de fieles por los favores recibidos y por las labores de protección que cumple la efigie. Zabala no considera que el jefe del Cártel de Medellín sea un santo “porque aún no ha sido canonizado, pero de que fue un hombre supremamente bueno, lo fue, y también fue muy católico”. –¿Está consciente de que fue un narcotraficante y un asesino? –Claro –sostiene–, y esto sonará feo decirlo, pero si no fuera porque él abrió las puertas al mercado de drogas, Colombia fuera un país pobre como Haití. Como ser humano quizá cometió errores, pero por todo lo bueno que hizo Diosito le abona eso a favor. –¿No le parece poco edificante convertirlo en una figura casi religiosa? –¿Se imagina lo que es vivir en un basurero y que de un día a otro le den una casa digna gratis, a cambio de nada? Pues eso es un milagro de Dios y pues a Dios se 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 63
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    La dictadora AP photo /JorgeSaenz Un libro de reciente aparición –Doña Lucía. La biografía no autorizada, de Alejandra Matus– muestra que Pinochet, ese “genio de la traición” como lo calificó Orlando Letelier, no era a los ojos de su esposa, Lucía Hiriart, más que un “¡milico de mierda!”. La obra de la periodista chilena revela, cómo la mujer del dictador fue quien lo impulsó a traicionar a Allende, desesperada porque al lado del general no tenía el nivel de vida al cual la habían acostumbrado sus progenitores. FRANCISCO MARÍN V ALPARAÍSO, CHILE.- Lucía Hiriart Rodríguez, viuda del dictador Augusto Pinochet Ugarte (19152006), fue quien convirtió “a su rústico marido en el hombre más poderoso de Chile (...) él, más que sus hijos y ninguna otra obra, es su auténtica creación”. Esa es una de las conclusiones del libro Doña Lucía. La biografía no autorizada (2013, Ediciones B) de la periodista Alejandra Matus, presentado el pasado 8 de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Santiago. Matus es autora de una decena de vo- 64 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 lúmenes, entre ellos El libro negro de la justicia chilena, uno de los trabajos de investigación periodística emblemáticos del periodo posterior a la dictadura pues aborda la manera de operar del Poder Judicial chileno y causó revuelo al prohibirse su circulación un día después de salir a la venta en abril de 1999. Matus subraya, en entrevista con Proceso, el importante papel que jugó Hiriart en la vida de Pinochet y en la historia de Chile, rol que –según su parecer– había sido insuficientemente estudiado. En relación con la influencia que habría tenido esta mujer en convencer a Pinochet de unirse al golpe militar contra el presidente Salvador Allende, la perio- dista señala que “su incidencia consistió en apoyar a su marido en este paso de traición”. En relación con esto, en Doña Lucía se relata que a comienzos de 1974 los chilenos pudieron ver por las pantallas de Televisión Nacional de Chile la versión de Hiriart: “Me costó convencer a Augusto, pero al final lo terminé por convencer. ‘Mira Augusto, yo no sé hasta cuándo los militares van a seguir aguantando a estos rotos (pobres). ¿No te das cuenta de lo que significa el desabastecimiento? ¿No te das cuenta de las colas? ¿Dónde tienes puestos tus pantalones? ¿Me lo puedes decir?’”. Matus apunta en su libro que “al finali-
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    LI B RO S zar el primer semestre del nuevo régimen era imposible contener el protagonismo de la esposa de Pinochet”. Ella construyó su propio núcleo de poder con la creación del voluntariado femenino Cema (Centro de Madres), que reprodujo la estructura jerarquizada del Ejército –donde ella era la mandamás– y llegó a tener 35 mil voluntarias y casi 1 millón de socias. Las voluntarias –sostén de la organización– eran reclutadas en forma casi obligatoria entre las esposas de oficiales de las fuerzas armadas y funcionarios del Estado. La negativa de una a participar en el Cema implicaba truncar la carrera de su marido. Según Matus, la esposa de Pinochet “asumió el papel de celadora de la conducta moral de los integrantes no solamente del ejército, sino de ministros, asesores, alcaldes”. Agrega: “Si ella tomaba conocimiento de que uno de ellos había sido infiel a su mujer, exigía su remoción inmediata sin importar ninguna otra consideración”. –¿Pinochet le hacía caso? –le preguntamos. –Por supuesto. Esta posición de poder la comenzó a forjar apenas iniciado el régimen militar. Según se dice en el libro: “Ella tenía una fuerza y ambición para la que no fueron obstáculo las esposas de los demás comandantes en jefe, resignadas a tener un papel secundario en la vida de sus maridos”. Hiriart se ocupó en aclararles que “por ser la esposa del comandante de la rama más antigua (de las fuerzas armadas) ella siempre entraría primero a las ceremonias públicas y ocuparía el primer lugar”, como se consigna en el libro de Alejandra Matus. Esta imposición ocurría paralelamente a la que realizaba su esposo en relación con los jefes de las otras ramas castrenses. Desconociendo el compromiso de rotación en el mando de la junta militar, Pinochet se hizo declarar (entre 1973 y 1975) presidente de la junta de gobierno, jefe supremo de la nación y presidente de la República de Chile. De esa manera los jefes de las otras ramas de las fuerzas armadas –el general del Aire, Gustavo Leigh, el almirante José Toribio Merino y el director de Carabineros, César Mendoza Durán– pasaron a ser sus subordinados, lo cual no estaba en sus planes originales. Hiriart llegó a conseguir que su marido la colocara –según el protocolo de gobierno– como segunda autoridad de la República, incluso por sobre los jefes castrenses. Ella añoraba que las acciones de voluntariado y caridad la convirtieran en la Eva Perón chilena. Incluso coqueteó con la posibilidad de ser candidata presidencial luego de que su marido abandonara La Moneda en 1990. Ladrona como ella sola, no dudó en utilizar recursos del Estado para construir grandes y lujosas mansiones familiares, en una de las cuales vive su solitario ocaso. Genios de la traición Matus dice a Proceso que para instalarse en posiciones de poder Hiriart traicionó “a círculos de amistades cercanas al gobierno de Allende” y que habían sido muy importantes en el avance de la carrera militar de su marido. Alude al hecho de que Pinochet ordenó matar a autoridades a las cuales –junto con su esposa– había rendido pleitesía. Fue el caso de los exministros de Defensa de Allende, José Tohá –muerto el 15 de septiembre de 1974 en el Hospital Militar de Santiago– y Orlando Letelier –quien tuvo varias carteras–, ultimado en Washington el 21 de septiembre de 1976. El proceder traicionero de Pinochet fue retratado por Orlando Letelier en su alocución ante la Comisión Internacional Inves- El libro incendiario tigadora de los Crímenes de la Junta Militar en Chile, en la Ciudad de México en febrero de 1975. Contó que Pinochet acudió a su oficina la mañana del día 10 de septiembre de 1973. “El general Pinochet hizo alarde de sus condiciones democráticas, de sus sentimientos de admiración y lealtad al presidente Allende y de su decisión de cumplir con su juramento de soldado, de defender hasta las últimas consecuencias la Constitución y la persona del presidente de la república”. Cuando hacía esto, Pinochet ya era parte de la conjura. En su discurso Letelier concluyó respecto de Pinochet: “Muchas veces cuando se ve al general Pinochet haciendo declaraciones, uno tiene serias dudas de su capacidad intelectual. Lo que yo sí puedo decirles es que es un genio de la traición”. Lucía también fue una gran traidora. Y ni siquiera tuvo piedad con su familia, en la cual había militantes de los izquierdistas partidos Radical y Comunista. “Varios familiares”, dice Matus a Proceso, “sufrieron en los días inmediatamente posteriores al golpe la represión de la dictadura y la indiferencia de Lucía frente a esa situación”. Matus expresa que uno de los principales descubrimientos de su investigación fue constatar que el padre de Lucía, el abogado, exsenador y exministro de Interior Osvaldo Hiriart Corvalán, “reprobó privadamente la dictadura”. Y luego del golpe éste “no hablaba a su hija ni a su yerno, salvo situaciones de fuerza mayor, como cuando tuvo que intervenir por algún familiar víctima de la represión”. Según la escritora, es Osvaldo Hiriart –y no Lucía– quien intervino en favor de sus sobrinas Mónica y María Luz Hiriart, y de su hermano Jorge, todos los cuales sufrieron persecución política. Mónica Hiriart –prima hermana de Lucía– fue arrancada de su casa, donde estaba con sus cinco hijos, a finales de 1973. La trasladaron a la Escuela Militar donde comenzó su periodo de reclusión. Como casi todos quienes entonces eran secuestrados por agentes del Estado, sufrió tortura. Su padre, el médico Jorge Hiriart, acudió a su hermano Osvaldo a fin de que éste le pidiera a su hija Lucía la liberación de Mónica. Pero la esposa del dictador se mostró implacable. Según se cuenta en el capítulo 4, una noche –mientras Mónica aún permanecía detenida– Lucía llamó por teléfono a su tío Jorge: 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 65
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    Crueldad que nose olvida FRANCISCO MARÍN V ALPARAÍSO, CHILE.- El manto que ocultaba la realidad de la tortura ha comenzado a descorrerse. En ello ha influido la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) al Estado de Chile por negar el derecho a la justicia a Leopoldo García Lucero. Este hombre, radicado en el Reino Unido desde 1975, fue víctima de torturas continuas entre el 16 de septiembre de 1973 y el 12 de junio de 1975, fecha en la cual pudo salir de Chile gracias a un decreto del Ministerio del Interior. La Coidh no castigó el delito de tortura en sí, sino el hecho de que Chile no hiciera una investigación de oficio pese a conocer desde 1994 lo ocurrido a García Lucero. Éste envió el 23 de diciembre de 1993 una carta al estatal Programa de Reconocimiento al Exonerado Político en Chile, en la cual narraba lo sufrido. La institución estatal acusó recibo del documento un año después. Aunque en octubre de 2011 la Corte de Apelaciones de Santiago acogió una denuncia de García Lucero y ordenó que se iniciara una investigar judicial por su caso, el tiempo transcurrido entre que fue informado de los hechos y el comienzo del juicio –16 años, 10 meses y siete días– fue considerado demasiado largo por la Coidh. “Debido a la excesiva demora en iniciar la investigación de las torturas, Chile es internacionalmente responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial”, señala el fallo condenatorio. El tribunal internacional ordenó a Chile continuar y concluir la investigación “dentro de un plazo razonable” y pagar la cantidad fijada por daño inmaterial (cerca de 20 mil libras esterlinas). Este fallo condenatorio en el caso García Lucero ocurre en un momento de despertar de la memoria colectiva respecto del drama de la tortura. Este fenómeno se desplegó con fuerza por la conmemoración de los 40 años del golpe militar. Numerosos programas de televisión abordaron el tema. Víctimas de la tortura entregaron minuciosos detalles de lo sufrido. El país entero se enfrentó a una realidad que se había tratado de mantener oculta. Dos semanas antes del 11 de septiembre de 2013 se presentó en el puerto de San Antonio (a 100 kilómetros de la capital chilena) el libro El despertar de los cuervos (Ceibo) del periodista Javier Rebolledo. El auditorio del nuevo centro cultural de esta ciudad –con capacidad para 500 personas– se llenó y cientos quedaron afuera. El hecho causó conmoción, quizás porque –a pesar de haber sido una de las ciudades más afectadas por la represión política– sus habitantes nunca se han podido liberar del todo del yugo que significó haber sido sometidos por el entonces coronel Manuel Contreras. Éste era comandante del Regimiento de Ingenieros Tejas Verdes, el laboratorio que dio forma a la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), de la que fue creador y director. Según se señala en el libro, Tejas Verdes fue “el nido de la Dina”. Allí se capacitaron en métodos de tortura cientos de uniformados que pasaron a integrar las filas de la Dirección Nacional de Inteligencia. Cosme Caracciolo, líder histórico de los pescadores artesanales chilenos, entregó a Proceso el testimonio del horror vivido por él en dicho centro de detención: “Tejas Verdes representa para mí una de las cuestiones más tristes, más turbias y más oscuras que se pueda recordar de la dictadura. Fíjate que cualquier persona que pasaba por el puente Las Rocas, hacia San Antonio o hacia Las Rocas de Santo Domingo, podía ver el campo de concentración, podía ver las torretas con las ametralladoras. Era igual que las imágenes que guardábamos de las terribles películas de los campos de concentración nazi. Eso era lo que la gente veía, y yo creo que eso se hizo para infundir terror en la población.” Caracciolo señala que fue detenido el 10 de marzo de 1975 en una redada contra militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario: “Estaba en mi casa, ese día habíamos estado trabajando en la mar con mi padre y con otro par de compañeros pescadores (...) cuando desperté me di cuenta que los militares es- “–Este es el resultado de la educación que le diste a tus hijas –le reprochó la ahora primera dama. “–Ten más respeto. No te olvides que yo todavía continúo siendo tu tío –le respondió él.” Mónica Hiriart –entonces de 37 años– sólo fue liberada en enero de 1974 “bajo la condición que se fuera de Chile en 10 días”. En Buenos Aires la acogió Victoria Bedanoff Hiriart, también prima de Lucía, una de las primeras psicólogas en tratar a prisioneros –en especial militantes del MIR– víctimas de prisión y tortura. abogado masón francés Dominique Garat Hiriart, quien en abril de 1789 fue elegido diputado en los Estados Generales y llegó a ser secretario de la Asamblea Nacional Constituyente entre 1790 y 1791. Entre sus familiares radicados en Chile destaca su abuelo Luciano Hiriart Azócar, quien combatió en la guerra del Pacífico (1879-1883) que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia. En 1905 fue alcalde de Talca, importante ciudad del centro sur de Chile. Su tío –hermano de su padre–, el abogado Luciano Hiriart, fue intendente de la provincia de Antofagasta entre 1921 y 1923. La madre de Lucía Hiriart, Lucía Rodríguez Auda, era hija del rico abogado Eduardo Rodríguez Ramírez: “(Ella) llamaba la atención en su época porque fumaba, conducía y usaba pantalones”. De familia católica, “descendía del hermano de un obispo de Santiago, José Antonio Rodríguez Zorrilla, militante de la causa re- alista que se opuso fervientemente a la independencia de Chile”. Este contexto familiar contribuyó a que la futura esposa de Pinochet desarrollara desde muy niña un alto concepto de sí misma. Según se narra en el libro de Matus, siendo una preadolescente y mientras se encontraba en casa de familiares avecindados en Quillota –150 kilómetros al nororiente de Santiago–, “aquella chiquilla se paraba en medio de las calles, levantando el brazo para que los pocos vehículos que circulaban entonces se detuvieran cuando decía: ‘Paren. Yo soy la hija del senador Hiriart’”. Por todo lo anterior y considerando que Augusto Pinochet provenía de una familia poco influyente, costó mucho que los Hiriart Rodríguez lo aceptaran. En su fuero interno, su propia esposa lo despreciaba. Según revela Matus, Lucía “maltrataba “¡Milico de mierda!” Mucha de la soberbia de Lucía encuentra su raíz en su procedencia familiar. No sólo su padre había ocupado destacadas posiciones en el Estado y la sociedad chilenos. Entre sus antecesores se cuenta el 66 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 La memoria pertinaz
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    LI B RO S taban dentro del dormitorio y me habían puesto en la cabeza el cañón de la ametralladora (...) había uno que me pegaba con el cañón en la cabeza, y yo miro al lado y veo a mi esposa, la Tere, que estaba sentada en la cama, estaba llorando con la guagua (su hijo Luciano) en brazos y yo les pedía a los militares, que venían con gorro pasamontaña (...), que si me iban a hacer algo, me sacaran de ahí. “Me sacaron del dormitorio, mi mujer quedó llorando en la casa, en el patio me golpearon, me amarraron y me vendaron (...) Cuando me llevaron a la camioneta sentí el llanto de mi hermana Belinda... ella estaba en la cabina de la camioneta y me pedía perdón... ahí me di cuenta, por sus gritos (...), que la habían sacado de la casa para que dijera dónde vivía yo.” Al llegar al lugar de reclusión y después de tenerlo un par de horas en el piso lo llevaron a interrogatorio. “Lo único que pedía era que liberaran a mi hermana. (Ella) había tenido un parto hacía muy poco... entonces yo lo único que quería era que la liberaran”. Como a los tres días uno de los guardias le informó que la habían soltado. Poco después ella se fue a Suiza, donde aún está radicada. Cosme continúa: “Esa noche me llevaron a sesión de interrogatorio, es decir de tortura (...) Me metieron a una sala con la ropa que estaba no más y me tiraron sobre una camilla o cama. Me pusieron unos pernos metálicos en los lóbulos de los oídos y, bueno, ahí (comenzó) una sesión de electricidad. Llegaba el momento en que era tan fuerte la electricidad que uno empezaba como a convulsionarse... y ahí te paraban la electricidad y volvían a preguntarte huevadas, tonteras, estupideces (...) “Para mí eran cuentos, invenciones, entonces no podía tener respuestas a esas cuestiones... creo que me desmayé después, porque sentí cómo me llevaban en el aire y me tiraron entre medio de los compañeros que estaban en el piso. “Toda esa noche estuvieron sacando compañeros y los sometían a lo mismo que me habían sometido a mí (...) no podías dormir... no sabías si la luz estaba encendida o apagada. No sabías si estaban los guardias adentro... de repente escuchabas: ‘Aquí viene un huevón, aquí traemos uno’ y lo tiraban al piso (...) yo intenté conversar con los compañeros que llegaban para darles un poco de fuerza (...) y nos agarraban a puntapiés y culatazos a los que tratábamos de conversar con los que venían llegando. Esa fue la primera noche, fue una noche horrible, y esto continuó así, sin parar.” Caracciolo expresa que a pesar de lo horrible de las torturas, lo peor fueron las humillaciones. Durante los primeros cinco o seis días de reclusión, cuenta, no recibió alimento alguno. Transcurrido ese tiempo le soltaron las manos a él y a otros cuatro detenidos y los invitaron a comer. “Era sólo una fuente para cuatro prisioneros. Yo, instintivamente, traté de apropiarme de la fuente, y para hacerlo atiné a golpear a mis compañeros”. Dice que luego de unos segundos recapacitó, lloró y dejó de comer. Esa experiencia la recuerda como la peor de toda su vida. “Nos rebajaron a la categoría de seres irracionales, porque podría haber sido un hermano al que le pegaba por un poco de comida”, manifiesta. Caracciolo estuvo detenido casi tres meses, durante los cuales fue torturado casi todos los días. Al ser liberado les pidieron a él y a otros prisioneros que contaran que habían sido tratados bien. Pese a los tormentos vividos, Caracciolo –ahora de 60 años– inició una lucha clandestina contra la dictadura. Todavía es uno los dirigentes sociales más influyentes del país. García Lucero. Justicia a destiempo verbalmente” a Pinochet, “sobre todo en la primera etapa de su matrimonio –verificado en Santiago el 30 de enero de 1943–, porque estaba muy amargada y sentía que él no estaba a altura de las aspiraciones o fantasías de lo que debía haber sido su marido”. “‘¡Milico de mierda!’, comenzó a gritarle a su marido cada vez que discutían. Y cuando empezaba los insultos manaban de su garganta como una cascada imparable. ‘Destinación de mierda que te tocó, ¡inútil! ‘Yo no fui criada para esto, poca cosa’. ‘¿Cómo fue que se me ocurrió casarme con un milico’. ‘Nunca vamos a salir de este hoyo’. ‘Qué distinto eres a mi padre’.” Esta impactante cita –contenida en Doña Lucía– fue narrada a Matus por la periodista Patricia Lutz, quien departió mucho con sus entonces vecinos Pinochet-Hiriart cuando su padre, el entonces mayor Augusto Lutz, era subcomandante del regimiento Esmeralda de Antofagasta y Pinochet era jefe de Inteligencia y Operaciones del Cuartel General de la Región Militar Norte, con sede en dicha ciudad. Lutz moriría en noviembre de 1974 en extrañas circunstancias, pocos días después de haber tenido una fuerte discusión con Pinochet. El esposo de Lucía fue destinado a Antofagasta a finales de 1959 luego de una estadía de tres años en Ecuador, donde asesoró la formación de la Academia de Guerra de dicho país. “Tacaño por formación”, se señala en el citado libro citando a Patricia Lutz, “Pinochet arrendó en Antofagasta una casa ‘que estaba por demolerse’”. En dicho hogar “Lucía tenía que mudar y alimentar a Jacqueline, sin perder de vista a Marco Antonio, quien ya cumplía dos años y caminaba poniéndose en riesgo a cada paso. Los mayores, entonces de 16 (Lucía), 14 (Augusto) y 7 (María Verónica), en la práctica debían valerse por sí mismos”. Patricia Lutz recordó que por entonces “la casa estaba siempre sucia y en la tina de baño se acumulaban los pañales de género sin lavar, en remojo, inundando la casa con un olor nauseabundo al que Lucía se había vuelto inmune”. En enero de 1961, cuando Pinochet fue nombrado comandante del Regimiento Esmeralda, con todos los privilegios que ello supuso, el ánimo de su esposa mejoró. “El cambio le sentó bien y comenzó a revivir”, señala Matus en su libro. Desde entonces la esposa de Pinochet tuvo una vida lujosa. Sin embargo Matus estima que Lucía Hiriart ha tenido –tras la muerte de su marido el 10 de diciembre de 2006– “una condena que no tuvo Pinochet: vivir para ver cómo los que antiguamente los apoyaron” ahora les hacen el vacío. 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 67
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    Cultura en elDF: Benjamín Flores un año Zócalo cercado. FIL pospuesta 68 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
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    David Deolarte LA CAPITA L PATRICIA CARMONA HERNÁNDEZ * E Benjamín Flores n menos de un año, la Secretaría de Cultura del Distrito Federal (Secult) se ha metido en una espiral de polémicas que le ha valido duras críticas por parte de creadores, académicos y autoridades. La titular de la Secult, Lucía García Noriega y Nieto, entró en funciones el 5 de diciembre de 2012. Antes incluso de rendir su informe anual de labores, ya había sido citada a comparecer en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Entre los desaciertos de su gestión están  los  daños al  monumento de El Caballito, en la plaza Manuel Tolsá; el aplazamiento de la Feria Internacional del Libro del Zócalo; la cancelación del Teatro en Plazas Públicas y al menos otros cinco programas; la ausencia de participación en eventos internacionales; alrededor de 300 despidos en la secretaría;  la merma en la inversión cinematográfica y el regreso de la Sala del Cabildo a la administración del Gobierno del Distrito Federal, que anteriormente estaba en manos de la Secult por tratarse de un inmueble virreinal a conservar. También ha recibido reclamos por parte del grupo que promueve el Faro de Aragón. Este centro cultural ocuparía el predio del excine Corregidora, según prometió García Noriega y Nieto. Sin embargo, el ofrecimiento no se ha cumplido. El Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal la ha increpado por la interrupción de pagos, así como las Orquestas Sinfónica, Juvenil y Típica de la Ciudad de México por las condiciones laborales y el trato que han recibido de parte de la secretaria. Problemas de origen Hasta el 31 de enero de 2002, en el Distrito Federal operaba el Instituto de Cultura de la Ciudad de México. Sus actividades se relacionaban, muchas veces, más con el entretenimiento y el espectáculo que con la creación y el fomento cultural. Así, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se publicó el decreto que ordenaba la sustitución del instituto por la Secretaría de Cultura. Sin embargo, la Secult no termina de cuajar a 11 años de su creación: es la única secretaría que tiene una estructura dividida en coordinaciones en vez de subsecretarías. Además, pasadas administraciones Pifias culturales realizaron cambios que, por un lado, enviaron el presupuesto cultural a las delegaciones para que ellas lo ejercieran. El problema es que ese dinero no se etiqueta, por lo que no siempre se emplea en el rubro de cultura. “Se ha llegado a utilizar incluso para parques y jardines.  Depende de la sensibilidad en las delegaciones si se realiza o no una actividad cultural”, comenta Paloma Sáenz Tejero, de Brigada para Leer en Libertad. Por el otro lado, provocaron la pérdida de puestos de trabajo, lo que sin embargo no solucionó el problema laboral y presupuestal. La gran cantidad de trabajadores por honorarios ha dificultado la gestión de la dependencia.  Sáenz Tejero explica: “Yo calculo que 80% son gente 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 69
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    revoluciontrespuntocero.com congruentes con lasnecesidades de los espacios culturales, y finalmente que la secretaría sea equiparable en su estructura con las demás, y este último rubro va ligado a la voluntad política del Gobierno del Distrito Federal». Secretaría en pausa El Festival Internacional Titerías dejó de operar este año, y programas convocados por la propia Secult se cancelaron, como  Adolescentes en Conflicto con la Ley, Arte Urbano PeatoGarcía Noriega. Críticas y repudio nal, Caligrafías Urbanas, Círculos Culturales Infande  honorarios  y entonces  nos acabamos tiles, Talleres de Iniciación Artística y Tagastando todo el  dinero de  operación, y ller Teórico Práctico para la Realización tenemos  una  secretaría con muchísima de Documentales Participativos. Las orgente y casi sin dinero para operar”. ganizaciones y los espacios que se habían El pasado miércoles 27, la propia Gar- presentado a la convocatoria recibieron cía Noriega y Nieto admitió: “Tenemos un oficio en el que se les informaba que una nómina de más de 350 millones para no habría fondos para operar los proyecmantener 22 espacios, y para operar ten- tos. No se cabildeó presupuesto para su go muy poco”. realización. La administración actual intentó reEl Programa de Equidad de Género, en ducir los pagos por honorarios, pero la tanto, sí tiene fondos asignados, pero a ficonsecuencia fue la cancelación o sus- nales del tercer trimestre aún no había pensión arbitraria de varios programas, llevado a cabo ninguna acción. La Secult incluso algunos que representaban ingre- afirma que están planeando actividades sos para la dependencia, como el de las vi- para el cuarto trimestre. sitas en tranvía por el centro. Se cerraron Paralelamente, varios de los progrados librerías del Pórtico y se cancelaron mas que todavía están en marcha funlas ceremonias cívicas que Secult realiza- cionan con personal reducido, como el de ba para diversas dependencias. Fomento a la Cultura y Trabajo Cultural “No hay una valoración de los despidos Comunitario, que cuenta con  solamente de las personas que estaban por honora- 20% de sus plazas cubiertas. rios… ¡Si los programas que estaban opeHasta ahora, los espacios funcionan rando estaban  funcionando! Se hizo el con recursos federales.  Esto ha tenido despido por áreas”, dice Sáenz Tejero. En consecuencias graves para los museos catotal ha habido alrededor de 300 despi- pitalinos: ya se redujo el número de expodos –sobre todo aquellos que trabajan por siciones y actividades respecto de 2012. honorarios–, por lo que varios museos Con cifras hasta el 31 de julio de 2013 –las perdieron personal que, al no estar sindi- más recientes– se ve que el Museo de la calizado, tenía más flexibilidad en sus ho- Ciudad tuvo alrededor de 203 actividades rarios. Un ejemplo es el programa Noches al mes, mientras que el año pasado prode Museos. medió 335. El Museo Panteón de San FerLa secretaría necesita una reestructu- nando pasó de 32 mensuales a sólo 21. En ración de fondo, asegura Sáenz Tejero, que el Teatro de la Ciudad la baja fue de 45 a muestre a la cultura como un pivote para 27, y en el Museo de los Ferrocarrileros, de el cambio social. “Es necesario que se res- 22 a 16. caten los programas que han probado ser En el Programa de Fomento a la Lecefectivos, que en lo que respecta al pre- tura también se puede ver el impacto: de supuesto de cultura que manejan las de- casi un millón y medio de beneficiarios en legaciones se devuelva a la secretaría o 2012 (125 mil al mes), a julio de 2013 sólo bien se etiquete para su uso en este rubro; se contaban alrededor de 180 mil beneficambiar las condiciones de los trabajado- ciarios (25 mil 714 mensuales). res sindicalizados, de manera que sean La Asamblea Legislativa también 70 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 mostró preocupación por la planeación en la Secult. La dependencia no ha cumplido con su obligación de redactar el Programa de Fomento Cultural del Distrito Federal: el plan de trabajo que debe guiar  la política cultural. Asimismo, el Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural, órgano que vincula a las autoridades culturales con la sociedad, según lo descrito en la Ley de Fomento Cultural para el Distrito Federal, no se ha reunido desde su instalación, realizada en el Lunario. En su comparecencia en la ALDF, García Noriega y Nieto admitió la falta. Dijo que no ha convocado a más reuniones para “no quitarles el tiempo a las gentes sin tener nada que proponer”. Qué es prioridad El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, durante su campaña dijo que la cultura sería prioritaria en su administración. Sin embargo, el presupuesto evidencia que la Secretaría de Cultura no representa un eje. “En sus inicios (de la Secult), en la época del maestro Alejandro Aura, el presupuesto era de mil y pico de millones de pesos”, dijo García Noriega y Nieto. Y sólo en los últimos cinco años, los recursos han pasado de 680 millones hasta los 500. “Para operar tengo muy poco”, justificó. En contraparte, el  diputado  José Fernando  Mercado  Guaida,  presidente de la Comisión de Cultura, afirmó que no se hizo ningún cambio en el presupuesto solicitado por el gobierno. “Al proyecto presupuestal que nos presentaron no le quitamos una coma. Entonces si hace falta dinero, ¿qué cree? O el jefe de Gobierno y la Secretaría de Finanzas no lo saben o las necesidades que usted les plantea (...) no les importan”. Incluso, la Comisión solicitó un aumento al presupuesto que fue declinado por el Ejecutivo. El resultado de esta política es patente: Ocho de cada 10 personas no han visitado un recinto cultural en el último año y 82.1% de la población de la Ciudad de México no realiza actividades artística ni culturales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales 2010.  Durante la comparecencia, Mercado  Guaida resumió:  “Nos preocupa porque entonces la visión que usted pueda tener sobre la política cultural y el rumbo de la cultura en esta ciudad no es la misma que la del jefe de Gobierno”. * Periodista freelance
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    INV ENTARIO Albert Camusy la C uenta María Casares en sus memorias, Residente privilegiada, que se unió a Albert Camus (1913-1960) la noche del 6 de junio de 1944, o sea el Día D en que los aliados desembarcaron en Francia y se inició el último acto del nazifascismo. María Casares, que llegará a ser la gran actriz del teatro y del cine franceses, era una exiliada española, hija de Santiago Casares Quirogas, jefe de Gobierno bajo la presidencia de Manuel Azaña. Por su parte, Camus era un pied noir, en términos mexicanos (aunque no hispanoamericanos) un criollo. A los 30 años ya se había convertido en el autor de El extranjero, Bodas, El mito de Sísifo, El revés y el derecho, Calígula y El malentendido. Sería el narrador, ensayista y dramaturgo más joven que recibió a los 44 años el Premio Nobel 1957, si no fuera por Rudyard Kipling (1865-1936), quien en 1907 lo obtuvo a los 42 años. La excepción y la regla La relación entre la actriz y el escritor se prolongó hasta la muerte, en verdad absurda, de Camus el 4 de enero de 1960, en el fin de una época y el comienzo de otra, los sesenta. Fue un accidente sin razón de ser pues ocurrió en una recta de la Borgoña. Entre los despojos de la catástrofe se encontraron el boleto de regreso a París en tren y el manuscrito de una novela inconclusa, en realidad una autobiografía de infancia y adolescencia, que su hija Catherine Camus no publicó hasta 1994. La gran traductora Aurora Bernárdez hizo posible que saliera en español en diciembre de aquel mismo año y en Tusquets Editores. En general no se le hace ningún bien a un es- 72 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
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    critor publicando loque no dejó terminado. Si se recuerda que la estupidez de algunos enemigos objetó a Camus el hecho de escribir demasiado bien, veremos a El primer hombre como un borrador, una primera versión que se transformaría varias veces antes de que su autor lo diera por terminado. Siempre hay excepciones y este libro es una de ellas. Funciona como memorias de ultratumba, indispensables para entender a Camus y su actitud ante la guerra de Argelia que tantos reproches despertó en su momento. Enseñanzas de la miseria Como novela cumple con la exigencia de Solyenitzin: ser nuestra única manera de vivir las experiencias que nunca hemos tenido. Para enterarnos de qué se siente nacer pied noir y más que pobre en la Argelia del siglo pasado, El primer hombre es insustituible. Ninguna obra histórica ni sociológica puede darnos la visión desde dentro que proporciona Camus. Son páginas esperanzadoras en el sentido de mostrarnos que nadie nace condenado y casi siempre es posible hallar una oportunidad. Un niño huérfano, hijo de una sirvienta y crecido en la miseria, logra convertirse en uno de los grandes escritores franceses. Elementos para una explicación se encuentran en el hecho de que, así como la Nueva España era teóricamente un reino y en realidad una colonia, Argelia en el papel era un departamento, en el sentido que damos a los estados de una república, y por tanto tenía el mismo sistema educativo que se aplicaba en París o en Marsella. Quiso la fortuna de Camus que encontrara dos excelentes profesores: Louis Germain en primaria y Jean Grenier en el liceo. Su agradecimiento llegó al grado de dedicarle a Grenier su discurso del Nobel. Desde luego ningún estudio psicoanalítico ni la mejor crítica literaria pueden dilucidar el misterio del talento: ¿por qué Camus alcanza una altura a la que no llegaron tantos hijos de la gran burguesía, educados en las mejores universidades y con profesores particulares, bibliotecas privadas, viajes y tiempo libre para leer y escribir? A ti, que no leerás este libro Camus fue hijo de Lucien Camus, un francoalsaciano que trabajaba en un viñedo argelino. Por ser pobre fue movili- zado en calidad de zuavo para combatir a los marroquíes. En 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, se le envió a Francia, un país, su país, al que conoció poco antes de morir a los 29 años, en la batalla del Marne. Su madre, Catalina Sintes, provenía de Mahón, en la isla de Menorca. Muchas personas afirman que en esa ciudad de las Baleares se inventaron la mayonesa (originalmente “mahonesa”), propagada a toda Europa por el cardenal Richelieu, y la mezclilla. (En Puerto Rico los yins se llaman “mahones”). Viuda con dos hijos pequeños, Catalina tuvo que refugiarse en casa de su madre y trabajar como sirvienta. La dedicatoria de El primer hombre es conmovedora: “A ti, que nunca podrás leer este libro”. La viuda de Camus no tuvo oportunidad de ir a la escuela. Aunque un accidente la había dejado casi sorda, pudo enseñar castellano y catalán a su hijo menor, quien llegó a hablarlos a la perfección. Fue una mujer de gran inteligencia que adoró a Albert, que también la veneraba, y le infundió sin ostentación la mayor seguridad en sí mismo y en sus capacidades. Hijos de la historia Quien lea estas memorias apenas noveladas y alguna de las muchas biografías que existen sobre Camus quizá piense, en una mezcla de Job con Walter Benjamin, que todos los seres humanos somos apenas hojas que ha arrastrado el viento de la tempestad al que llamamos Historia. En tan breve espacio es imposible hablar de las etapas griega, cartaginesa y romana de Argelia. En cambio no es posible callar que los moriscos expulsados de su España natal por el triunfo de los Reyes Católicos se refugian en Argel y desde allí hacen la guerra de guerrillas marítima. Grandes piratas, como Barba Roja, impiden que el Mediterráneo se convierta en el Mare Nostrum español. Carlos V, vencedor en los campos de Europa, fracasa ante los muros de Argel. En esa expedición va Hernán Cortés, el otrora poderoso conquistador de México. Francia se apodera en 1830 de Argelia y decide explotarla mediante colonos, europeos pobres a quienes les ofrecen la posibilidad de enriquecerse con mayor facilidad que en América. Hay una resistencia inquebrantable de los árabes y contra ellos inician sus carreras los mariscales de México, Bazaine y Forey. Tal vez sin Juárez y los chinacos México hubiera sido la Argelia americana. El ejército francés se desgasta aquí y pierde la guerra franco-prusiana. Alsacia y Lorena pasan a poder de Alemania. De entre los alsacianos que desean seguir siendo franceses sale la familia Camus. Les dan las tierras que eran de los comuneros asesinados en 1871. Catalina Sintes es hija de una de las familias catalanas que encuentran su última esperanza en territorio argelino. Por último, pero no finalmente, la guerra de España y la Segunda Guerra Mundial permiten el encuentro en París de Albert Camus y María Casares. Seres sin huella, tumbas sin nombre El niño Albert crece en un barrio de miseria y en apartamento paupérrimo, dominado por la abuela, en donde se hacinan cinco miembros de la familia. El edificio huele muy mal porque las únicas letrinas se encuentran en el rellano y no pasan de ser hoyos en el piso. Todo está aplastado por el inmenso omnipresente calor. No hay luz eléctrica sino lámparas de petróleo. Catalina limpia de rodillas los suelos ajenos y se ayuda lavando ropa. A cambio de la indigencia menesterosa y cruel en que viven, el niño Albert tiene dos tesoros, el mar y el sol, y le encanta la escuela. Pronto destaca por su inteligencia, su destreza para redactar y su habilidad para los deportes, sobre todo el futbol, que le fascina. Durante un siglo multitudes enteras habían llegado a Argelia para labrar la tierra en que finalmente se iban a abrir sus tumbas. Todas aquellas generaciones habían desaparecido sin dejar huella, y así sus hijos y sus nietos. Para Albert el gran misterio es la miseria que hace seres sin nombre y sin pasado y los devuelve al inmenso tropel de los muertos anónimos que han construido el mundo. En esa tierra cada uno era el primer hombre. Él mismo se había criado solo, creció solo, en la pobreza, sin ayuda y sin auxilio, en una orilla feliz y bajo la luz de las primeras mañanas del mundo para abordar después, solo, sin memoria y sin fe, el orbe de los hombres de su tiempo y su espantosa y exaltante historia. (JEP) 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 73
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    Benjamín Flores Lara. Inercias Conaculta, losmismos vicios JUDITH AMADOR TELLO Investigadores con sólida obra en el terreno de las políticas culturales evalúan el primer año de gobierno. Y aunque ven intenciones de ajustarse a los tiempos actuales, no advierten sustancia en la manera de hacerlo. Se imponen las prácticas caducas, se recurre a los “etiquetados” como medida transitoria, la educación artística está olvidada, el plan de gobierno no se ha presentado… 74 74 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 A un cuarto de siglo de creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), por decreto presidencial de Carlos Salinas de Gortari, los investigadores Tomás Ejea, Carlos Lara y Héctor Castillo Berthier hacen una evaluación del primer año de acciones en política cultural del gobierno priista, luego de su regreso al gobierno y del retorno también –casi en su conjunto– del equipo de cultura encabezado por Rafael Tovar y de Teresa. Las conclusiones son demoledoras. No sólo esperaban más de estos funcionarios que, se supone, dicen, tienen la experiencia de ocho años anteriores al arribo del PAN (los últimos del gobierno de Salinas y los seis de Ernesto Zedillo); no perciben cambios sustanciales y aunque se han anunciado algunas propuestas y programas no se ha explicado cómo los llevarán a cabo. La puntilla la dio la controversia sobre el presupuesto para 2014, que obligó a los titulares de las instituciones vinculadas al cine (ver sección adjunta), al propio Tovar y de Teresa y al subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Fernando Galindo Favela, a intentar públicamente convencer que no hay recorte, sin lograr explicar cabalmente de dónde saldrán los recursos para igualar el monto de 2013. A los especialistas les sorprende también que a casi un mes de terminar este año, y prácticamente cumplido el primero de gestión de Tovar como presidente del Conaculta, no se haya dado a conocer el Programa Especial de Cultura y Arte. En el área de Comunicación Social del Consejo anticiparon que está por presentarse, aunque debe publicarse primero el de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Viejos tiempos Doctor en sociología política, crítico y director de teatro e investigador de la Universidad Autónoma Me-
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    C U LTU R A tropolitana-Azcapotzalco, donde publicó el libro Poder y creación artística. Un análisis del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), Ejea destaca que el regreso de Tovar y de Teresa “no marca una nueva forma de ejercer la política cultural”, respecto de los últimos años. Hay más continuidades que novedades, pues “la administración priista no acabó de irse; no es un regreso del PRI, nunca se fue en términos absolutos”. Detalla en tres signos: “En primera, las estructuras de gobierno, el Conaculta, el Fonca, los programas, son los mismos desde 1988; en segundo lugar, continúan los mismos métodos: Negociaciones de presupuesto de última hora, resultados y metas sin claridad, utilización opaca de los recursos; y en tercero, las personas son prácticamente las mismas. Salvo la cabeza de sector (SEP), el presidente del Conaculta y los funcionarios fueron formados y experimentados en administraciones priístas.” Acerca del trabajo hecho en 2012, Ejea destaca que los puntos tradicionales de la política cultural, los necesariamente obligatorios (como protección del patrimonio, difusión de la cultura y apoyo a la creación) se mantienen y se lanzan temas nuevos. Uno de ellos es el concerniente a atacar la inseguridad y utilizar a la cultura como una herramienta para reestablecer el tejido y la cohesión social. Otro es la llamada Agenda Digital, relacionada con el uso de nuevas tecnologías: El tercero es la participación de nuevos actores colectivos, entre ellos las redes sociales, una sociedad civil más activa, instancias de los estados de la república y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados que ahora determina a qué proyectos se destina parte del presupuesto cultural a través de los llamados “etiquetados”. El investigador considera que “existen los propósitos de echar a andar una política cultural más acorde con los tiempos contemporáneos, sin embargo no están claros los cómos”. Menciona a guisa de ejemplo la Estrategia Digital Nacional lanzada la semana anterior por Enrique Peña Nieto, que tiene su correspondencia con la Agenda Digital del Conaculta pero no está claro cómo se desarrollará. Peor aún, considera que la herramienta principal de acción del gobierno, “que nos refiere a los cómos”, es el presupuesto: “Y ahora hemos vivido una definición del presupuesto en cultura no sólo tan compleja, opaca y poco sistemática como en otros años, estamos viendo incluso un retroceso en las partidas presupuestales a tal grado que ha sido necesario que los propios funcionarios del subsector cultura, que han tenido recortes en sus instan- cias, salgan a dar la cara y a decir que no problemas, uno de ellos que “está pensaes así. Sin embargo reina otra vez la opa- da acorde con los intereses de los grandes cidad, pues no está claro cómo no se van a conglomerados televisivos y de comunihacer esos recortes… Finalmente no va a caciones”; además, “el sector cultural no cambiar el presupuesto.” es consultado al respecto, cuando estas Le parece poco halagador el regreso de formas de comunicación están incluidas viejas prácticas como las negociaciones en las industrias culturales, por lo cual depersonales entre las instancias adminis- bería haber un proyecto compartido”. trativas de la SHCP y el Conaculta para reSin embargo “son tan fuertes los interecuperar partidas, lo considera como una ses políticos y económicos de esos sectores, práctica clientelar y discrecional. que arrastran a todos los demás. Y eso que Lamenta que mientras se anunció “con estamos hablando de un proyecto de digifanfarrias” un incremento para el sector talización fundamental para el desarrollo educativo, con el cual se recupera la infla- económico y social del país. Es una lástima ción y aumenta en términos reales, para que un gran proyecto nacional responda, el subsector cultural haya sido de apenas me atrevo a decir, a poderes de facto”. 3.4% más respecto del 2013, pues apenas se recupera la inflación. Es en su opinión Un insulto una suerte de discriminación que “habla muy negativamente de las intenciones de Carlos Lara también hace su valoración del primer año de la nueva administrala política cultural de este régimen”. Dadas las explicaciones de los fun- ción en el Conaculta en el contexto de los cionarios acerca de que habrá recursos 25 años para señalar que desde entonces del Fonca y del programa de Agenda Di- se arrastran “inercias buenas y malas”. gital, y luego de recursos de proyectos Entre las segundas menciona el subejerde transversalidad de la propia presi- cicio y el estancamiento del presupuesto. Doctorante en Derecho de la Cultudencia del Conaculta y de la Secretaría ra de la Universidad Carlos III de Madrid Técnica, abunda: “Me parece que se refrenda mi idea de y coordinador con Eduardo Cruz Vázquez que están las propuestas de qué hacer, en del libro 1988-2012 Cultura y transición, este caso resarcir el recorte presupuestal, coincide con Ejea en que hay nuevas propero no los cómos… Van a ser parches y ver puestas pero no se ha expuesto el cómo se de dónde rescatan recursos, de otras parti- cumplirá con los objetivos. En su opinión ha habido acciones reledas, otras asignaciones, no lo dudo, Conaculta tiene una serie de partidas que no están vantes como el diagnóstico a los museos comunitarios, el seguimiento a los proyectos claras. Seguramente, agrega, saldrán los re- de digitalización iniciados en la adminiscursos y al final se subsane el presupues- tración pasada, el mejoramiento de centros to, “pero esa no es la discusión, sino la falta históricos e infraestructura cultural, “que de claridad, la discriminación al subsector también es una política del sexenio antecultural en el Proyecto de Presupuesto de rior”, el registro de nuevos sitios arqueolóEgresos de la Federación y que al no estar gicos y acciones en el extranjero como la contempladas esas partidas de manera clara y eficiente se preste a una serie de negociaciones que tienen el problema de presentarse en un ámbito no público, sino en lo oscurito.” El otro instrumento de la acción gubernamental, sigue, es la planeación y un programa de trabajo explícito y funcional, pues “en cualquier ámbito no sólo el cultural, una política pública debe ser clara y confiable”, pero aún se está en espera del plan sectorial. Supone que con las conmemoraciones por el 25 aniversario del Conaculta se dé a conocer aunque no es optimista respecto a sus contenidos por los elementos que ha descrito. Considera como una “excelente iniciativa” la digitalización de la cultura, pero lamenta que esté subordinada al proyecto de digitalización Castillo Berthier. Educación desligada nacional, pues éste tiene muchos 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 75
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    restitución de unrepresentante permanente ante la UNESCO, que se vio en algunos medios como resultado de un acuerdo con su directora Irina Bokova y no como parte de una línea de política cultural al exterior. Otras acciones se han magnificado, cita el apoyo a las empresas culturales o industrias creativas en donde los medios de comunicación anunciaron un apoyo de 120 millones de pesos por parte del Conaculta, cuando en realidad se trata de JUDITH AMADOR TELLO C 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 orden al rubro “etiquetados”, siguen siendo “una medida transitoria y no un modelo estructural, ése es el problema. Hace falta la propuesta del ejecutivo para, junto con el legislativo, acabar con las coyunturas”. Como a otros críticos, no le convencen los argumentos dados por los funcionarios en el sentido de que no habrá recortes de proyectos transversales, pues de otras instancias como el Fonca podrán obtenerse recursos: Rafael Tovar: Los cómos on el antecedente de haber dirigido el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) de 1992 a 2000, Rafael Tovar y de Teresa asumió de nuevo su presidencia el 7 de diciembre de 2012. Diríase que con el beneplácito de una buena parte de la comunidad cultural, que vio en su retorno la posibilidad de recomponer el rumbo de un proyecto en el cual el desempeño de las administraciones panistas fue reprobado. En su despacho alterno de Paseo de la Reforma, en el limitado tiempo que su apretada agenda le permite, hace el recuento de su primer año en una breve conversación con Proceso. Repite lo dicho en la entrevista con este semanario en los primeros días de su gestión: Los programas esenciales de la política cultural se mantienen: protección del patrimonio, estímulo a la creatividad, educación artística, culturas populares, fomento al libro, cultura y medios audiovisuales, y proyección internacional de la cultura. En aquel momento el diplomático anunció también nuevas líneas: Una agenda digital; la llamada transversalidad, que no es sino el trabajo conjunto con otras instancias de gobierno; apoyo a las industrias culturales; y la participación del Consejo en el programa de prevención del delito creado por el gobierno de la nueva era priísta, encabezado por Enrique Peña Nieto. Tales son, reitera ahora, los objetivos de su proyecto. Y “los cómos surgen con las nuevas herramientas tecnológicas que nos abren la posibilidad para ampliar la función, y los porqués son las nuevas realidades”. Confía en que con la definición de la agenda digital cultural, “México pasará de ser un país meramente audiovisual o impreso a uno donde la relación de la gente con la cultura será en buena parte por la vía digital”. Las formas de trabajo se modificarán también y se tendrá “la posibilidad de llegar a muchas más personas” con lo cual, asegura, se cumplirá “de un modo más preciso con aquella consigna de tanto tiempo atrás de los bienes y servicios culturales para todos los mexicanos, ojalá pudiéramos decir para todos, pero creo que para una gran mayoría”. 76 recursos de la banca comercial “con un 12% de intereses, lo cual no es atractivo”. En este mismo rubro ve un “nulo avance” en materia de transversalidad debido a la desarticulación de instancias como la Secretaría de Desarrollo Social, la de Hacienda, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, que deberían trabajar en forma coordinada. Lamenta también el asunto del presupuesto pues si bien, en su opinión, se pone La investigadora Alma Rosa Alva de la Selva reveló a este semanario que 72 millones de personas en México no tienen acceso a internet, y el 36% restante no lo utiliza para generar información o conocimientos sino como red social o correo electrónico. Se le comenta a Tovar que uno de sus retos entonces es la brecha digital, pues incluso en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas no hay conectividad total hasta la fecha. Según él, se ha avanzado durante este año y en este momento 40% del país ya está conectado. Y tras el anuncio, hace unos días, de la Estrategia Digital Nacional por parte de Peña Nieto se logrará una mayor conectividad que obligará al Conaculta a “sintonizarnos, porque el contacto de las nuevas generaciones con la cultura será por la vía digital”. Debido al apremio entrega en un documento la lista de lo que considera sus acciones más relevantes, en las que se plasman cifras: 106 millones de pesos (mdp) a 77 proyectos de 27 entidades y cuatro asociaciones civiles, dentro del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados; 395 mdp para mil 850 estímulos a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca); y 120 mdp para industrias culturales, por citar sólo tres ejemplos. En la entrevista habla de algunas otras inscritas dentro en los nuevos programas de su proyecto que son Dimensión social de la cultura, Animación cultural y Proyección internacional de la cultura. Hace un pequeño recuento de los 25 años de creación del Conaculta, cuyo fin fue “agrupar a todas las instituciones del Estado y aprovechar a plenitud el presupuesto federal” y afirma que en este 2013 su trabajo fue volver a integrar y dar programas comunes a estas instancias como los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes (INBA), respetando la vocación de cada una de las áreas. Y en contraste con lo que opinan los investigadores entrevistados en estas páginas, se jacta no sólo de estar fortaleciendo la institución, sino aprovechando los recursos y la in- fraestructura, con el trabajo de “espléndidos funcionarios” que tienen “un enorme deseo de vincularse y disfrutar de la tarea cultural”. Dudas… Apenas transcurría el tercer mes de su administración, cuando Tovar dio a conocer que parte del presupuesto del 2013 había quedado comprometido en las obras que dejó inconclusas su antecesora Consuelo Sáizar (Estudios Churubusco, Cineteca Nacional y Biblioteca de México “José Vasconcelos”, rebautizada como La Ciudad de los Libros). ¿Qué tan limitado estuvo en el ejercicio de los recursos por esos pendientes?, se le pregunta. Explica que las obras quedaron en promedio en un 65% de avance y se hizo “un gran esfuerzo” para continuarlas. Agrega que se invirtió dinero público y debe por tanto aprovecharse al máximo. Ahora trabajan en crearles un programa definido para saber qué se hará en esos espacios. Por ejemplo, en el caso de la Cineteca “no basta con hacer más salas, hay que saber para qué van a servir, a qué tipo de público va a convocar, qué cultura cinematográfica va a desarrollar”. –¿No estaba definido en el proyecto original?, ¿se empezó sin tenerlo claro? –Probablemente habrá estado, pero como nosotros recibimos las obras sin terminar no estaban llevando a cabo esas funciones. Con la obra ya terminada tendremos que desarrollar el programa de trabajo, igual que las planillas laborales y modelos de autogestión. Aquí no se trata nada más de incorporar una infraestructura a la administración y con esto se resuelve, ¡no!, debe de servir para el propósito que fue concebida. Resume que esas obras implicaron no sólo recursos sino trabajo. Creyó que se terminarían este año pero en algunos casos han tenido que replantear aspectos del proyecto original. Apenas iniciarán con la restauración del Centro de la Imagen. Terminado a prisas y con los vecinos en contra, Sáizar inauguró solamente el Centro Cultural Elena Garro. Su costo planea-
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    C U LTU R A “Sí, están metidos en el qué, no en el cómo. Para mí esto es equivalente a un insulto. Preguntabas si podemos hablar de un nuevo Conaculta, yo te diría ¡no! De cara a los 25 años sigue arrastrando esas inercias. Y lo veo como insulto porque si algo presumió este gobierno, igual en el tema económico, fue la experiencia. Eran los diseñadores del sistema político-administrativo y vemos que están llegando a reaprender, a acoplarse, están desencanchados. “De este equipo esperaría más que explicaciones vagas. Esperaría que toda esa experiencia se hubiese reflejado en un mejor presupuesto, en un mejor trato al subsector cultura, en materia de derechos de autor, en incentivar y ampliar los beneficios del 226, ahora 183, por lo menos plantear las primeras líneas de la política fiscal para la cultura.” El último punto que considera “la gran ausencia” es el programa sectorial. son la tecnología Y más dudas… Con un “me voy de volada”, Tovar sale de su oficina. Deja en su lugar a Saúl Juárez, titular de la Secretaría Cultural y Artística del Conaculta, para ahondar en algunos temas. Según Tovar una de las nuevas realidades que marcan su regreso es el papel de la Comisión de Cultural de la Cámara de Diputados que “maneja la tercera o cuarta parte de la dotación presupuestal que se da al conjunto de las instituciones culturales”. Al negar en días recientes que el presupuesto para 2014 (13 mil 746.4 millones de pesos) sea menor al de 2013 (16 mil 533.6 millones) Tovar y Fernando Galindo Favela, subsecretario de Egresos de Hacienda y Crédito Público, desglosaron que a lo aprobado por los diputados se añaden 4 mil 601.3 millones etiquetados, para un total de 18 mil 347.7 millones. Pero el presupuesto para algunas instituciones sí presenta recortes y los etiquetados son recursos para proyectos muy específicos, ya sea de entidades, municipios o sociedad civil. Se le pide al también poeta y narrador explicar por qué insisten en que no hay merma. Indica que en proyectos de transversalidad habrá recursos: “Puedo decir tajantemente que no hay un recorte, vamos a trabajar con un recurso suficiente y conforme va avanzando el año se irán haciendo los ajustes.” –Los etiquetados no son proyectos del Conaculta. –Son proyectos culturales que sin duda inciden en el acontecer cultural del país, muchos de esos presupuestos tienen que ver con las entidades federativas y van tanto a la parte de la sociedad civil como a instituciones tanto estatales y municipales. Hay quienes preguntan por qué dar recursos a proyectos como los de las orquestas Esperanza Azteca, y si acaso TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego necesita recursos del erario: “Lo que nos interesa es que los presupuestos que se apliquen a cultura, independientemente del estado o la asociación civil que los reciba, tengan resultados palpables y colaboren en este gran mosaico que es el desarrollo cultural del país.” Lo cierto es que en muchos casos no se conoce el resultado. El periodista Eduardo Cruz Vázquez explicó recientemente en su artículo “Cultura: la danza de los etiquetados”, que al solicitar información a través del IFAI encontró que de 2010 a octubre de 2013 se han entregado 10 mil millones de pesos a 2 mil 387 proyectos, de los cuales sólo 654 se hicieron efectivos. Para 2014 los recursos vía etiquetados para las entidades se otorgarán por Hacienda, a través del Ramo 33, y el Conaculta sólo repartirá a las asociaciones civiles. A decir de Cruz Vázquez faltan todavía explicaciones para saber puntualmente lo que está pasando en ese ámbito. Los cuestionamientos al presupuesto, se le explica a Juárez, se dan no sólo porque hay obras pendientes sino incluso proyectos como el Premio Carlos Fuentes, por eso se ha insistido en saber con puntualidad si se tendrán los recursos y de dónde saldrán: “En el ejercicio de planeación administrativa y presupuestal que tenemos, están contemplados los presupuestos relativos a lo que falta de las obras… Estamos muy tranquilos, muy seguros de que se va a cumplir a cabalidad.” Germán Canseco do para 30 millones de pesos rebasó los 120 millones. Funcionarios del Consejo revelaron extraoficialmente que incluso el Fonca funcionó en aquella época como una especie de caja chica para financiar los grandes proyectos. –¿Qué ha encontrado usted?, ¿hubo derroche? –De eso no quiero opinar porque no tengo los elementos. Eso es tarea de las instancias que supervisan la acción de las instituciones gubernamentales y que han dicho o irán diciendo los resultados. Para mí lo importante es aprovechar plenamente la infraestructura e incorporar esas obras para que el trabajo cultural de México crezca. A diferencia de sus antecesores como Sergio Vela, con quien hubo varias dimisiones en las primeras semanas de su gestión, Tovar ha mantenido casi íntegro su equipo, pues es básicamente el mismo con el cual trabajó hace ya más de doce años. No obstante, en julio pasado, causó estupor la intempestiva salida del etnólogo Sergio Raúl Arroyo de la dirección del INAH y su reemplazo por María Teresa Franco, antigua colaboradora de Tovar. Pero justo cuando se le preguntan al funcionario los motivos reales de esa baja (se ha especulado que obedeció a la negación del permiso al Museo del Cacao en Chichén Itzá y al teleférico de Puebla) se pone de pie. El tiempo de la entrevista ha terminado, y repite apresuradamente que ambos son sus amigos. Entonces, ¿cuáles fueron las razones?, se le insiste. Alza los hombros y abre los brazos, sólo para remarcar su silencio. Tercia entonces Miguel Ángel Pineda, director de Comunicación Social, para decir que “son cambios administrativos”. –Esa no es una explicación. Rememora que el gobierno de Vicente Fox lo anunció ocho meses después de su llegada (agosto de 2001) y Felipe Calderón al año siguiente de su toma de posesión, en la segunda semana de diciembre. Y contrasta que el actual gobierno hizo más foros de consulta que los anteriores, y su equipo de transición logró reunirse con la Cámara de Diputados, así que documentos y propuestas no le han faltado. Tovar. Agenda digital 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 77
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    “No puedo admitirque vayamos a terminar el año sin ese programa… Espero que el próximo año se pueda hacer un análisis más estructurado, que nos permitan ver en qué se están invirtiendo los etiquetados y qué impacto están generando. Mientras no se diseñe un esquema de gestión por indicadores y de administración por objetivos, no tendremos manera de evaluar y tamizar lo que se está haciendo en términos de impacto cultural, no de cobertura nada más, porque ahí la tecnología puede engañar, este no es un tema de cobertura sino de impacto: Que cam- 78 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 biemos realmente la manera de vivir en las comunidades.” Ignorancia Fundador del Circo Volador, el doctor en sociología Héctor Castillo Berthier, estudioso del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, habla a su vez de los vacíos en la política cultural. El principal es la educación artística: “Es una de las áreas más desatendidas, más olvidadas. Hablo de las primarias, las secundarias, las preparatorias y sobre todo de las nuevas formas de incorporación de nuevas ofertas, nuevas demandas culturales, nuevas estrategias, de los colectivos, el arte alternativo, del paso del vandalismo del graffiti al arte urbano.” Evoca que el periodista y escritor Carlos Monsiváis decía que la cultura era una labor secundaria del Estado “y sigue siendo así, hay un vacío gigantesco”. Le llama la atención que en el Programa Nacional de Prevención del Delito, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación y otros funcionarios, aseguren que se está impactando a través de programas sociales y se diga la frase: “Niño que toca un instrumento musical no toca un arma”. Pues que realmente lo apliquen, pide, en lugar de que el Conaculta siga en sus líos burocráticos y de presupuestos. Interpreta la discusión sobre el presupuesto como un síntoma del papel secundario que se da a la cultura, del gran vacío en la educación artística y la desatención a los proyectos individuales de muchos jóvenes que, como los graffiteros, “tratan de encontrar una forma de asimilación, de aislarse de los problemas e incluso de encontrar actividades productivas, de empleo y de educación, a través del arte”, pero son marginados de las políticas culturales. Se trata, enfatiza, de revalorar este tipo de expresiones que no tienen divulgación, entender que la educación artística debe iniciar en edades tempranas y ser constante, “sigue siendo inexistente, como un tallercito que de repente se da en algunas escuelas y en otras no y no pasa nada”. Reprueba que el Conaculta entienda a la cultura más como expresión de las bellas artes. Habría que darle un giro, “hacer algo como lo que Paul Willis llamó la cultura común, que son todos los hábitos de nuestra vida, desde cuánta agua usas, cómo te alimentas, cómo saludas al vecino. Hay muchas formas de empezar a trabajar en nuestra cultura, nuestra educación. Ahí hay una veta gigantesca y tenemos el bono demográfico de un montón de jóvenes que no estamos sabiendo aprovechar”. Una expresión del mal manejo, menciona, es cómo el gobierno para combatir la obesidad pone impuesto a los refrescos en lugar de impulsar un programa de acondicionamiento físico popular. “Los problemas estructurales persisten: La alta deserción escolar de adolescentes entre los 15 y 17 años, no terminar las carreras universitarias, crecimiento de la informalidad, en fin, son problemas que a través de la cultura podrían tener una respuesta y desgraciadamente quizá tengamos buenos administradores pero poco sensibles y, sobre todo, poco conocedores de lo que está pasando realmente en el fondo del México profundo.”
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    C U LTU R A Obra de Reyes Arte El SNC: centralista, endogámico y caduco BLANCA GONZÁLEZ ROSAS A jeno a la diversidad creativa, comercial y regional que define a las prácticas artísticas mexicanas, el Sistema Nacional de Creadores (SNC) es un programa caduco que necesita reestructurarse. Repetitivo en las firmas que apoya, confuso en los procedimientos de continuidad o renovación, y opaco en la asignación de los miembros de los comités de selección, el SNC subvencionará el año entrante con 29 mil 142 pesos mensuales a 566 creadores nacionales, y con 38 mil 856 pesos mensuales a 71 creadores eméritos. Erogaciones correspondientes a 15 y 20 salarios mínimos que, constituidas con dinero público, no cuentan con evaluaciones que comprueben el beneficio social que producen. Creado en 1993 bajo el régimen priista del presidente Carlos Salinas de Gortari y adscrito desde entonces al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), el SNC se ha mantenido indiferente a los cambios que ha producido el predominio del mercado en la construcción del sistema artístico. Sin renovar sus objetivos ni diferenciar disciplinas, en 2010, bajo la gestión panista de Consuelo Sáizar como presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el SNC se dividió en tres categorías que, con base en diferentes rangos de edad, otorgaban mensualmente y durante tres años 11mil 945 pesos, 17 mil 64 pesos y 25 mil 596 pesos a los creadores. En esta última edición correspondiente al período 2013-2016, Rafael Tovar y de Teresa –actual presidente del Conaculta-, además de otorgar 147 becas nuevas, homologó todas las categorías en 29 mil 142 pesos mensuales. En lo que corresponde a las artes visuales –escultura, fotografía, gráfica, narrativa gráfica, pintura y medios alternativos–, hay varios aspectos que deben tomarse en consideración para una inmediata reestructura. El primero se relaciona con el mercado y cotizaciones de algunas firmas. Promovidos por relevantes galerías internacionales, con presencias constantes en las principales ferias y altos precios en sus obras, Pedro Reyes, Carlos Amorales, Pablo Vargas Lugo, Gabriel de la Mora y Da- niel Lezama, entre otros –beneficiados entre 2010 y 2013–, no merecen ser becados por los ciudadanos. Otro aspecto que debe analizarse es la pertinencia de otorgar becas a funcionarios académicos, como el artista Saúl Villa quien, aun cuando actualmente se desempeña como director de Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán –perteneciente al gobierno estatal–, recibió de nuevo la beca este año. Y por último, dos de las características y procedimientos más negativos del SNCA: su preferencia por creadores deefeños y su descarada endogamia. Integrado por numerosas firmas que se repiten en varias ediciones –Ilán Liberman, Perla Krauze, Gabriela Gutiérrez, Claudia Gallegos, Alfonso Mena, Emilio Said, entre otros–, el SNCA, en el rubro de las artes visuales, evidencia que la gestión de Rafael Tovar y de Teresa se centra en la manipulación del discurso y la profusión de eventos. A casi un año de haber asumido la dirección del subsector cultura y, por lo pronto, hasta el 25 de noviembre de 2013, el servidor público todavía no ha presentado el Programa Nacional de Cultura 2013-2018. trabajo del director-concertador Iván López Reynoso (Guanajuato, 1990), a quien ya habíamos visto hace un año dirigiendo La Bohéme politécnica, y nos sorprendió muy gratamente, sin duda el más talentoso joven director mexicano. La acción se trasladó al México precolombino (1450). Durante el preludio al acto I Aída y otros estudiantes del Poli suben a un camión que los llevará a Teotihuacán a realizar unas prácticas escolares; en el camión Aída se duerme escuchando en sus audífonos la ópera que lleva su nombre. Lo que ocurre en los siguientes cuatro actos es el sueño de la joven estudiante politécnica. Inteligentemente resuelto el asunto escénico por Cesar Piña, no se cambia ni una palabra ni una nota de la Aída original, pero aquí no son egipcios contra etíopes, sino mexicas contra tlaxcaltecas, y Aída es la princesa tlaxcalteca esclava de los mexicas, el rey Moctezuma Ilhuicamina es el padre de Amneris y así por el estilo; penachos, sonajas de semillas, caballeros águila, caballeros jaguar, y todo tipo de utilería prehispánica. El Música “Aída politécnica” MAURICIO RÁBAGO PALAFOX L a ópera Aída (1871) de Giuseppe Verdi (18131901) se presentó en el auditorio Alejo Peralta del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Hoy día es una de las óperas más queridas y representadas; su parte más reconocible, la Marcha Triunfal, ha sido utilizada para cualquier variedad de ceremonias de toda índole. Lo primero que hay que destacar de la Aída politécnica es el De El Cairo a Teotihuacán 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 79
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    Christa Cowrie resultado finalfue de lo más disfrutable. En el supertitulaje podíamos observar el texto traducido al castellano y al náhuatl por Francisco Méndez Padilla y Natalio Hernández. El tenor José Manuel Chú, de Navolato, Sinaloa, debutó en el personaje de Radamés: guerrero águila. Su voz nos recuerda la de Carlo Bergonzi, no esperábamos que lo hiciera tan bien tratándose de uno de los papeles verdianos más difíciles para el tenor. Otra debutante fue Fabiola Venegas, la Aída esclava tlaxcalteca, también un personaje muy difícil que Fabiola cantó con aparente facilidad, segura en su voz y con muy agradable timbre. Charles Oppenheim interpretó muy correctamente al rey Moctezuma Ilhuicamina. Tuvo el elenco tres experimentados veteranos: Belem Rodríguez, mezzosoprano, hoy día la más solvente Amneris mexicana que, además de cantar de maravilla, por su juventud y su porte nos ofrece una Amneris de lujo. Rosendo Flores, el Ramfis: sumo sacerdote Teotecuhtli, uno de los más solventes bajos mexicanos cuya actuación además estuvo llena de verdad escénica. Y Ricardo López, Amonasro: Tlatoani del cuarto señorío de Tlaxcala, un barítono con una voz impresionantemente bella y que canta magníficamente. La orquesta fue la del IPN así como el coro Alpha Nova, la Compañía de Danza Folclórica y la Compañía de Danza Contemporánea. El vestuario, de lo más llamativo, sobre todo el de los guerreros. Teatro “La promesa” ESTELA LEÑERO FRANCO T res adolescentes viven el Cerco de Leningrado y establecen una profunda amistad. Con la promesa de mantenerse unidos, enfrentan la guerra, el frío, el hambre y la reconstrucción. La obra de teatro La promesa abarca tres etapas Leningrado y San Petersburgo de la vida de estos jóvenes y la vida de su país acosado hasta la muerte por los nazis. Leningrado, ahora San Petersburgo, donde la directora Luly Rede inició su carrera teatral, vive en 1942 un bloqueo de 812 días por el que más de un millón de personas mueren de hambre y frío. Bajo esas condiciones es como se conocen Lika (Yadira Orozco), Marat (Daniel Bretón) y Leo (Jorge Luis Chávez), cuyo espíritu de sobrevivencia es lo que estrecha e intensifica su relación. El autor ruso Alexei Arbusov (1908-1986) crea tres per- sonajes delineados desde su interior. No son estereotipos, sino personas identificables en su unicidad y que al mismo tiempo se transforman con los años. Cuando se conocen y comparten todo tipo de carencias, los dos jóvenes enamorados de Lika, y ella misma, tienen un dejo de inocencia que conmueve. Marat, de carácter reservado, es incapaz de exponer y comprometerse con el amor que siente por Lika, y ésta siempre espera esa expresión dejándose llevar por sus circunstancias. El amigo que llega herido al refugio manifies- “La divina proporción”, Franco María Ricci y Massimo Listri en México NIZA RIVERA E l 28 de noviembre se inauguró en el Museo Nacional de San Carlos la exposición La divina proporción, con la presencia de dos destacados personajes italianos: el editor y diseñador Franco Maria Ricci y el fotógrafo Massimo Listri. Del extenso trabajo del primero se aprecian más de 100 láminas, grabados, libros de sus ediciones de arte FMR y KOS, además de tres obras de Hermegildo Bustos –a través de la cual Ricci conoció la cultura mexicana–, que en conjunto permiten entender al editor de arte a nivel internacional. Por su parte, se enseñan más de 30 fotografías de Listri, tomas de interiores de importantes recintos europeos que se presentan en conjunto por vez primera. Durante la conferencia de prensa previa a 80 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 la apertura y al recorrido por la muestra, Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), definió así las dimensiones de Ricci: “Esta es una exposición y homenaje a Ricci, una figura asociada al rediseño y modo de hacer un libro, como una referencia obligada en el mundo editorial. Ricci es el relanzador de Tamara de Lempicka hace 30 años y amigo de Jorge Luis Borges. Y el equivalente de lo que representa el concepto de diseño de un Farina para los coches… para el diseño de libros es Ricci.” En el acto, al que asistieron Ricci y Listri, también estuvieron María Cristina García Cepeda, titular del Instituto Nacional de Bellas Artes; Carmen Gaytán, directora del museo; y Giorgio Antei, curador de la muestra. Ricci aprovechó para rendir homenaje a su vez a Guillermo Tovar de Teresa, el cronista de la Ciudad de México fallecido el pasado 10 de noviembre a la edad de 57 años. Dijo que para él, Tovar “era México”, pues a través de él y su amistad conoció al país en magnas proporciones (obras que fueron traducidas por la esposa de Ricci, Laura Casalis). Explicó a Proceso: “Conocimos a México a través de Guillermo Tovar de Teresa, conocimos ciudades coloniales, iglesias, bibliotecas y monumentos de arte mexicano, con él y amigos historiadores se trabajaron textos para FMR, como la de Máscaras aztecas, siempre cosas un poco inéditas, porque esa era la clave de la investigación. FMR llevó a Italia muchos temas mexicanos, y ese fue uno de los méritos de Guillermo en la cultura mexicana. Fue con él y Carmen Gaytán con quienes intercambiamos
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    C U LTU R A guerra, hace resaltar las relaciones y las problemáticas que viven los personajes desde su visión de individuos y también de grupo. Los actores, Yadira Orozco, Daniel Bretón y Jorge Luis Chávez, los interpretan con gran veracidad. Su calidad actoral permite el involucramiento del público en sus vidas y la generación de emociones. Sobresale el trabajo que el equipo llevó a cabo para imprimir el paso del tiempo en los personajes: los adolescentes de la primera etapa poco tienen que ver con la época del desarrollo social e industrial que vive Leningrado en 1959. Para subrayar el contexto en el que estos personajes se encuentran, la directora se valió de una videoproyección realizada por Luisa María Martínez, en la que se pueden ver en blanco y negro imágenes de cada periodo. Así, el cambio exterior está dado por este recurso, pero el interior y el más importante en esta dramaturgia es construido por la transformación brillante de los personajes. La promesa, que se presen- mensajes para hacer la muestra aquí.” Mientras que Xavier Guzmán, subdirector general de Patrimonio Artístico del INBA, ahondó en el sentido y peso de México en la obra de Franco Maria Ricci: “Esa conexión de Ricci surgió de su relación con Italo Calvino, pues es éste quien le escribe y le dice que acaba de encontrar a un artista sensacional, que era Hermenegildo Bustos. Ricci lo conoce por su obra y eso detona después el libro Palacio de Bellas Artes (1993) porque se involucra con la cultura mexicana a partir de conocer su obra. Y posteriormente le da su peso e importancia a la cultura mexicana en la cultura universal. Si hojeas FMR es de destacar la importancia que le da Ricci. “Después de ese libro del palacio editó el Repertorio de artistas en México (1995-1997), que coordinó Guillermo Tovar en tres tomos, en donde Octavio Paz hizo el prólogo, y colaboramos Teresa del Conde, Gabriel Breñer, Fernando García Correa y yo, una especie de diccionario-enciclopedia de artistas y el arte mexicano. A partir de ahí la relación de Ricci con México es palpable.” Ambas ediciones tienen el característico fon- ta los miércoles en el Teatro la Capilla, es una obra de teatro emotiva que nos deja ver las consecuencias de un país que ha vivido la guerra, desde el punto de vista íntimo de tres personajes entrañables. Cine “Todo mundo tiene alguien menos yo” JAVIER BETANCOURT A lejandra (Andrea Portal) es una treintañera, intelectual y deliberadamente sofisticada, tan pedante que a duras penas parece soportarse a sí misma; María (Naian Daeva) vive en Coyoacán, está por terminar la prepa y, como tantos jóvenes de su entorno, anda pegada al celular, le gustan las fiestas, el alcohol y las drogas. El romance entre ellas es intenso, la primera se obsesiona y a la Atracción/repulsión segunda le cuesta respirar bajo la tiranía de la amante. Si se acepta que los personajes y el contexto en que se mueven sólo existen en esta película, Todo el mundo tiene alguien menos yo (México, 2012), primer largometraje de Raúl Fuentes, resulta un deleitable estudio de caracteres filmado en negro y blanco. La fotografía de Jerónimo do negro empleado en las que usó Ricci para las Antei, en coedición del Conaculta y Ricci. revistas FMR y KOS, que pueden observarse en Del recinto de Puente de Alvarado 50, la segunda parte de la exposición, así como de un colonia Tabacalera, la exhibición se moverá gabinete del siglo XIX y un breve pero importanel próximo año al Centro Cultural Santo Dote apartado que incluye textos donde se reconoce mingo de Oaxaca y al Museo Regional de al célebre tipógrafo italiano Giambattista Bodoni Guadalajara. (1740-1813), quien fue una fuerte influencia en el trabajo de Ricci. Durante el recorrido, encabezados por Giorgio Antei, se explicó el título de La divina proporción: “De una u otra forma las creaciones de Ricci y Listri se rigen sobre los mismos criterios de trabajo: equilibrio, elegancia y belleza.” A su vez, Carmen Gaytán explicó a Proceso que los trabajos para realizar la exposición se iniciaron desde principios de año y que el propio Guillermo Tovar de Teresa intervino para que viniera el editor. Acompaña a la muestra la edición del libro La divina proporción en la obra de Franco Maria El arte de los libros de arte Ricci y Massimo Listri, de Giorgio Miguel Dimayuga ta y mantiene en pie sus sentimientos hacia Lika, pero es capaz de hacer cualquier cosa por la amistad, lo cual llena a la obra de diversos valores, como la bondad, el compromiso y el amor al otro. Arbusov está interesado en resaltar valores humanos en medio de una sociedad en guerra y terrible. Más que un manifiesto político o social, muestra la dinámica de los sentimientos y las creencias con los que las personas se comprometen. En el texto dramático de Arbusov la mayor fuerza e interés está dado principalmente en los dos primeros tiempos que aborda la obra: el cerco y la reconstrucción, ya que la tercera etapa pareciera ser útil dramáticamente sólo para mostrar la última decisión de uno de los amigos. Como metáfora de aquella promesa, el montaje de esta obra, bajo la dirección de Luly Redem, se desarrolla en un espacio único que permanece en las tres épocas. La directora, con un mínimo de elementos pero suficientes para crear la atmósfera íntima de la pos- 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 81
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    Rodríguez compone ununiverso cerrado, una intimidad constante, supuestamente desde el punto de vista de la rigidez de Alejandra; pero el halo de cine de arte de los sesenta, la fluidez del ritmo, va directo a la sensibilidad del espectador e impone una distancia hacia el mundo interior de la obsesiva y dominante enamorada. La cámara y sus desplazamientos, por ejemplo, como ocurre a la salida de la fiesta donde se descubren jóvenes vomitando, ligues, encuentros amorosos, despedidas, comentan cosas que Alejandra no ve ni quiere ver. Raúl Fuentes eligió para su protagonista la profesión perfecta, editora de libros; puntillosa e inflexible, Alejandra analiza todo de manera lógica y eficaz; lo peor para ella misma es que tiene razón; enemiga implacable del lugar común, tiene una respuesta para todo. Así, frente a una pintura, escupe que no todo lo blanco es minimalista, si no el papel de baño sería minimalista. El comentario podría implicar un ingenio estupendo, el problema de esta mujer es que carece por completo del mínimo sentido de humor. Muchas de las críticas contra Todo mundo tiene alguien menos yo pierden de vista que el problema de la relación entre Alejandra y María no estriba en la diferencia de edades, sino en el choque de temperamentos. La chica, abierta a aprender y conocer, con vocación de pintora, sería la discípula ideal para una maestra de tiempo completo obcecada, aparentemente, en formar a alguien como ella; pero Alejandra tiene veta de artista , vive abierta a lo que ocurre a su alrededor. Acierto notable de esta cinta es la química entre estas dos mujeres que se desean, disfrutan el encuentro amoroso y a la vez se repelen mutuamente. Cuando se habla de química entre personajes no debería olvidarse que la repulsión es parte de las mismas leyes. Se anuncia que Raúl Fuentes prepara una cinta de vampiras lesbianas; el chisme viene 82 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 a cuento porque la expectativa revela, a la manera de una prolepsis (salto a futuro en un relato), la vocación vampírica de Alejandra. Como ocurre con Lili Taylor, la filósofa convertida en vampiro en la cinta de Abel Ferrara La adicción, su apetito busca más la posesión de un alma que de un cuerpo. Televisión Wikileaks informa FLORENCE TOUSSAINT L os nuevos medios han mostrado su doble virtualidad: De una parte internet y las redes sociales, surgidas a partir de esta tecnología, acortan el tiempo, disminuyen el espacio, cruzan fronteras para volverse planetarios, comunican a millones entre sí punto a punto, encuentran la manera de saltar por encima de las limitaciones impuestas a la comunicación personal por los grandes consorcios. Por otra parte muestran su filón vulnerable, se pueden intervenir (hackear), son excelentes vías para entrometerse con el fin de controlar a los opositores agrupados en redes, o bien a políticos y diplomáticos. También sirven a fines mercantiles mediante otro tipo de espionaje: el seguimiento de la navegación de los usuarios para luego proporcionar datos de los consumidores, sus gustos, poder adquisitivo, hábitos de compra a las empresas. Los ciudadanos eligen –cuando tienen el saber para hacerlo– entre apoyar o resistir. Wikileaks ha optado por lo segundo. Utiliza la herramienta para entrar en computadoras que almacenan mensajes secretos sobre prácticas ilícitas de los gobiernos o simplemente correos que muestran el talante antidemocrático, autoritario, discriminador y racista de los poderosos. Debido a ello el fundador de la compañía está retenido hace año y medio en la embajada de Ecuador en Inglaterra. Sin embargo, también gracias a internet, puede entrar y salir cuantas veces quiera de su encierro, así sea de manera virtual. El 23 de noviembre, mediante teleconferencia, Julian Assange volvió a mencionar las maniobras de Estados Unidos y sus aliados para seguir dominando a naciones más débiles. Según dijo, se trata de una ocupación militar con diversas variantes, una de ellas infectar 50 mil redes de computadoras en el orbe, con lo cual deja fuera de combate a millones de usuarios que pierden sus archivos, sus contactos, sus agendas. En la medida en que cada vez más internet está sustituyendo los archivos en papel, las actividades manuales y de la memoria humana, quedarse sin el instrumento provoca innumerables contratiempos, algunos irresolubles. Pese a los malos manejos de gobiernos y consorcios, el consumo de internet y de tele- comunicaciones continúa ascendiendo en México. El recién creado Ifetel anunció que este rubro creció 6.8% en el tercer trimestre de 2013 en comparación con el mismo lapso de 2012. En términos generales indica un incremento que excede cinco veces el aumento del producto interno bruto nacional. Con el fin de no perder sus clientes y atenuar su desprestigio, los grandes consorcios de la red han dicho que redoblan esfuerzos para tratar de velar por la seguridad de los datos de sus suscriptores y usuarios. Por ejemplo, twitter impide el uso de claves robadas o hackeadas para reforzar la seguridad en el tráfico de información. Yahoo, por su parte, continuamente pide a sus usuarios que cambien contraseña para evitar que sean intervenidos los correos electrónicos. Sin embargo, debido a la vulnerabilidad intrínseca a esta tecnología, no habrá muro que los conocedores de la estructura de la red sean incapaces de franquear.
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    ES P ECTÁCU L O S C IN E La comunidad cinematográfica reaccionó airadamente ante el anuncio del presupuesto asignado al Imcine para el próximo año, que implicaba en varios casos una disminución respecto al de 2013. Pronto las autoridades de Conaculta lo negaron. Incluso podría haber un aumento, a decir del director de instituto, Jorge Sánchez. Pero el presidente de la Sociedad Mexicana de Directores y Realizadores de Obras Audiovisuales, Víctor Ugalde, considera que se trata de un ajuste forzado: “Sumaron etiquetados de diversos ramos que no necesariamente son para producir y difundir arte”. Miguel Dimayuga El estira y afloja del presupuesto COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE A unque el director del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), Jorge Sánchez, informa a Proceso que todavía no se ha publicado el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2014 en el Diario Oficial, dio por buena la noticia de que las instancias del cine nacional “no sufrirán recortes” y tendrán una cantidad similar a la ejercida en 2013”. El 27 de noviembre ante la prensa, con bombos y platillos, divulgó –junto con los titulares de la Cineteca Nacional, los Estudios Churubusco, el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), Alejandro Pelayo, Carlos García Agraz y Henner Ho- fmann respectivamente– que “no habrá disminución del presupuesto al subsector cinematográfico”. Exaltó que “habrá recursos acorde a los programas específicos que cada institución desarrollará”, y repite, muy seguro, en entrevista con Proceso, que “no habrá rebaja del presupuesto”. Sin embargo, admite que la información no está publicada en el Decreto en el Diario Oficial: “Aún no se conoce con exactitud el desglose del presupuesto al subsector por ramos administrativos, ni a nivel de organismos y entidades.” Y subraya: “Estamos en espera de conocerlos a detalle.” Pero piensa que el Imcine no tendrá 30 millones de pesos menos para 2014, como la Cámara de Diputados lo dio a conocer el 14 de noviembre, al aprobar el PEF. “En 2013, tuvimos 374 millones 575, 584, en 2014 estaban hablando de que serían 343 millones 680, en 2002 eran 30 millones 895 mil 382 menos, que sería una disminución del 8%. Eso no va a ocurrir. Trabajaremos con el mismo presupuesto que pudimos ejercer este año, por lo que no hay riesgo de afectar programas encaminados a fomentar la creación, producción y promoción cinematográficas”, detalla. Apenas se dió a conocer el PEF, las críticas al recorte al ramo cultural surgieron al por mayor. La comunidad cinematográ- 1935 // 1 DE DICIEMBRE DE 2013 1928 13 DE OCTUBRE 83
  • 84.
    el presupuesto original,el Imcine cuenta con mil 43 millones de pesos para incentivar la producción del cine mexicano a través de sus diversos mecanismos de apoyo (Foprocine, Fidecine, Eficine)”, por lo cual, afirma, “es superior a los 954 millones de pesos del presupuesto original del presente año”. Y agrega, categórico: “Además, el gobierno federal implementará políticas públicas transversales, a través de las cuales se estarán apoyando acciones de fomento a la cultura. Principalmente a través de las iniciativas digitales y a las actividades relacionadas con el Fonca.” Por eso, Sánchez no se preocupa si al final las cifras no se reflejan en el PEF, “porque tenemos un acuerdo muy claro que Conaculta asumirá”. Concluye que “el análisis de reducción de recursos en el subsector es anticipado, y no se considera, por ejemplo, el anuncio de la asignación definitiva y tampoco los nuevos mecanismos de apoyo a proyectos como son los programas transversales”. Víctor Ugalde, presidente de la Sociedad Mexicana de Directores y Realizadores de Obras Audiovisuales, dilucida que Tovar y Galindo Favela “juntaron en su exposición diversos ramos con el presupuesto original para llegar a su tan ansiada cifra de 18 mil 347 millones para la cultura. Desgraciadamente sumaron etiquetados de diversos ramos que no necesariamente son para producir y difundir arte, sino que se refieren a infraestructura y prevención del delito (ramos 23 y 11)”. Acerca de que no habrá recortes para el rubro de cine, Ugalde resuelve: “Es bueno que existan las promesas de recuperar los recortes propuestos para el 2014 en el área cinematográfica; sin embargo, por experiencias anteriores nos quedan grandes dudas sobre la veracidad y cumplimiento de sus palabras. Quedándonos así más preguntas que respuestas: ¿Cuándo se presentará la reforma de modificación de presupuesto para recuperar los millones recortados?, ¿habrá ajuste inflacionario? En caso de que no se haga, ¿de dónde saldrán las partidas que ofreció Conaculta?, ¿este año existirá el reUgalde. Dudas corte habitual que manda la SecreRefugio Ruiz /Procesofoto fica no se quedó atrás porque la situación era crítica: El CCC, de 75.6 millones de pesos que tuvo en 2013, pasaba a 42.9; los Estudios Churubusco, de 128.4 a 79.3, y la Cineteca Nacional recibía un incremento leve de 47.4 a 47.8. Así, el 25 de noviembre los alumnos del CCC enviaron una carta a la prensa en protesta. Antes, el 19 de noviembre, en conferencia de prensa ofrecida por el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Rafael Tovar, y Fernando Galindo Favela, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, informaron que los “etiquetados” salvan el presupuesto cultural para 2014”, pero ninguno explicó con cuánto trabajará el Imcine. Por ello Proceso solicitó a Sánchez aclarar el total que se le otorgará a la institución a su cargo. De acuerdo con su explicación, incluyendo esos “etiquetados”, “conforme a las cifras que se han dado a conocer hasta el momento, en 84 1935 1 DE DICIEMBRE DE 2013 1928 / 13 DE OCTUBRE DE 2013 taría de Hacienda a todas las dependencias donde se recorta el presupuesto aprobado por el poder legislativo y con ello incumple el mandato del legislativo?, ¿a dónde se va ese dinero y el de los etiquetados no cumplidos?, ¿cuándo recuperaremos los 149.4 millones de pesos que le recortaron al Imcine de 2012 al 2013?” Balance anual Tanto el director de Imcine como los titulares de la Cineteca Nacional, de los Estudios Churubusco, y del Centro de Capacitación Cinematográfica, hicieron para Proceso la evaluación del primer año de gobierno. Sánchez resalta el momento “privilegiado” del cine mexicano: “Somos un cine nacional sumamente exitoso. A este mes de noviembre se han producido 85 películas con el apoyo del Estado, sea a través de Foprocine, Fidecine y Eficine, dos más que en 2012. El 80% de los títulos del cine nacional están apoyados por el Estado. Esto representa el nivel de apoyo a la producción más alto en los 30 años de la historia del Imcine.” Según el encargado de Imcine, “en este 2013 se prevén 30 millones de asistentes que hayan visto una película mexicana. 90 películas fueron estrenadas en las salas, de las cuales 68 fueron apoyadas por el Estado”. –¿Entonces no es verdad que la reducción de presupuesto en 2013 al Imcine se reflejó en recortes de personal, reducción en el monto de los apoyos de los dos fideicomisos a la producción, apoyo a talleres de guión y hubo menos filmes apoyados este año por Imcine? –A mi llegada al instituto, realizamos un análisis organizacional sobre los procesos, objetivos y metas de cada área, identificando duplicidades en algunas funciones y la necesidad de hacer más eficientes los procesos del instituto. Con las modificaciones estructurales, en 2013, se realizó un redimensionamiento de la entidad, por lo que se sustituyó personal. En ese sentido, si consideramos la plantilla al cierre de 2012, la disminución fue de 29 personas, lo cual no afecta las metas y objetivos institucionales. Cineteca Nacional Alejandro Pelayo, quien ocupó la dirección de la Cineteca Nacional de 1997 a 1999, volvió a este puesto el pasado 4 de noviembre, y asume, en conversación con esta revista, que no está concluido el inmueble:
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    ES P ECTÁCU L O S C IN E “Falta como 20% para terminar todo, pero estamos procurando que se concluya una parte de éste dentro del 2013, con recursos fiscales de este año. Serían las salas, donde sólo es una cuestión del sistema eléctrico, una bodega de Imcine y otra de la Cineteca, y los acervos, en este último es todo este trabajo de preservación y restauración. Pero no se va a terminar toda la obra. La otra parte se realizará en 2014. Al final de este año los constructores deben entregar. Para la siguiente fase no sabemos si se trabajará con el mismo constructor o se efectuará una licitación. “El año que viene sería darle otra presentación a la fachada, es espantoso entrar por el estacionamiento; las oficinas no tienen cubículos, hay que terminar el Museo del Cine, éste es lo más atrasado de todo. Y hay que poner todos los señalamientos. Educal va a apurarse también para terminar la librería.” Para él, lo importante es que las salas están funcionando: “Las proyecciones son muy buenas. Veo que nuestra calidad es muy competitiva. En el acervo los equipos son buenos, se hicieron buenas adquisiciones de equipo tecnológico.” Informa que lo que se laborará en 2014, va a necesitar un nuevo presupuesto, “que debe estudiarse para evitar caer en esos asuntos de que se calculaba un presupuesto y no alcanzaba”, pero no se incluye en el PEF, “no alcanzaría”, admite. “Es un nuevo presupuesto que debe contar con la autorización de todas las instancias, empezando con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con Conaculta. Lo esencial en este nuevo proceso de terminación es que haya un plan y un presupuesto bien definidos. Para ello, se hará el diagnóstico con ingenieros y arquitectos.” No sabe cuánto dinero ya se ha gastado en la construcción, “porque no he tenido la oportunidad de ver los presupuestos exactos y tampoco sé cuánto se va a necesitar para terminar”. –¿No se dejó dinero? –No. Todo se terminó. Quizá hubo imprevistos que no se contemplaron. Está satisfecho porque, dice, ha habido una gran respuesta del público a la nueva Cineteca Nacional: “Es impresionante la cifras de asistencia, por eso no va a ver cambios radicales de programación y de difusión porque están funcionando bien. Y con todas las salas funcionando, va a ser de un gran impacto.” También desea darle vida al espacio de patios, en términos de organizar actividades artísticas y culturales, y se continuará con la parte de cine al aire libre. También en breve, cuenta, funcionará la videoteca. La biblioteca la encuentra bien, “se trabajó en el centro de documentación”. A decir de la Dirección de Programación y Difusión de la Cineteca Nacional, en lo que va del año ha habido alrededor de 653 mil asistentes. Estudios Churubusco El realizador Carlos García Agraz es director de los Estudios Churubusco desde el 29 de agosto pasado, y, según él, cuando llegó, ya estaba avanzada la construcción en un 87%: “Estamos cerca de terminar, yo espero que sea en febrero del 2014.” –¿Ha sido difícil terminarla? –Sí, ha sido complejo, sobre todo porque es una obra que no conocía, los dineros ya eran muy pocos, estaban fluyendo muy raquíticamente, entonces por medio de ciertos recursos propios de los Estudios y un dinero que se pudo rescatar de Conaculta para obra pública, pues ya con eso, 50 millones, pudimos garantizar el final de la obra. Faltan 20 millones de pesos para ese final, que se conseguirán a partir de recursos propios. A los Estudios en ese sentido le ha ido bien. Tiene entradas por coproducciones. El año que entra tendremos lo obtenido con la película No se aceptan devoluciones, de Eugenio Derbez, porque los Churubusco es parte de la coproducción. Entonces, tendremos recursos propios para seguir reforzando la infraestructura y apoyar a otras coproducciones que lo requieran. El propósito es prestigiar los estudios: “Hay que incitar a que la gente regrese a los Churubusco, están los recursos, los equipos y las plataformas. Los Estudios Churubusco deben volver a ser el centro del cine nacional.” –¿Qué pasó que dejó de ser un pilar del cine mexicano? –Hubo esto, que mí me gusta, de la democratización del cine. Es decir, ya no se necesitan estas grandes infraestructuras, como los Churubusco, para filmar cintas. En mi época uno tenía que acudir a los Estudios porque ahí estaba el equipo, los foros, las moviolas, estaba todo lo que se necesitaba para rodar. Ahora, los Estudios deben ponerse también en precios y en servicios a la par que todas las empresas que existen. Además, a la gente le conviene, muchas personas se han acercado a decir que quieren que en su película aparezca el logo de los Estudios. Entonces, estamos abiertos a las coproducciones, que vengan todos los productores a coproducir en postproducción. Señala que en cuanto a tecnología, los Estudios siguen teniendo la mejor consola de regrabación de América Latina, que es la THX. –Existe una preocupación de que se privaticen los Estudios por el hecho de que las televisoras ocupaban aquí los espacios, ¿qué dice al respecto? –De repente se privilegió en los Estudios la entrada de recursos, lo cual me parece bien, porque a final de cuentas si no hay recursos no sobrevive, y las televisoras empezaran a copar todo, entonces hemos estado negociando. Es decir, no tengamos a tres televisoras juntas, vámonos turnándolas, pues sigue siendo una buena entrada de dinero. Argos tiene un foro rentado anualmente, TV Azteca ya se fue afortunadamente y Televisa va y viene. Finaliza comentando que la obra de los Estudios se encuentra en un 92% de avance. “El compromiso formal es entregar el edificio terminado en el primer trimestre de 2014. Estamos en recubrimientos y aires acondicionados, ya estamos muy cerca del final.” CCC Henner Hofmann confiesa que estaba muy preocupado al saber que le iban a quitar presupuesto para 2014 a la escuela que dirige, el CCC, prácticamente al menos 47% respecto al de 2013: “Era mucho. Nos iba a pegar durísimo en todos los ejercicios, básicamente en todo lo que es filmar. Se complicaría mucho. Tendríamos que reducir proyectos. Pero nunca perdí las esperanzas.” –¿Por qué cree que los legisladores hayan propuesto eso? –Creo que la cultura de repente no tiene un valor real en economías como la nuestra. Hay una anécdota de Winston Churchill, que cuando era presidente del Reino Unido se le presentó la necesidad de entrar en guerra con Alemania, entonces su ministro de economía decide que el dinero para financiar esa guerra sea el de la cultura, y Churchuill contesta: “Entonces no tiene ningún sentido entrar a la guerra, si vamos a cancelar la cultura”. Lanza un mensaje: “La cultura sensibiliza el corazón de las gentes y es importante que en estos momentos de crisis se apoye.” 1935 // 1 DE DICIEMBRE DE 2013 1928 13 DE OCTUBRE 85
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    Pedro Sánchez /Notimex Lasúltimas corridas, tocadas por la mediocridad LEONARDO PÁEZ C on esto de la transparencia digitalizada como fuente de conocimiento y prosperidad tampoco los taurinos saben si van o vienen, no obstante una tradición de 487 años en nuestro país y que de cuatro décadas para acá la fiesta brava acusa los efectos de un neoliberalismo taurino al que le resultó más práctico autorregularse que observar el reglamento, aprovechando la negligencia de las autoridades –escoja partido político– para cumplir y hacer cumplir la normativa de una expresión con fuerte contenido cultural, identitario, económico y político. A este mal disimulado secuestro de otra práctica política y culturalmente incorrecta, según los dictados del pensamiento único emitidos desde los centros de poder, se añade un concepto de negocio y un ejercicio empresarial opaco por parte de algunos de los mexicanos más ricos del mundo, ejercicio que no tardó en comprobar que, si no más barato, por lo menos resultaba más cómodo impor- 86 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 Apenas van seis festejos de la temporada 2013-14 en la Plaza México y el panorama pinta mal. Los empresarios, ganaderos y promotores parecen interesarse más en importar figuras que en producirlas en el país, de ahí que, en estos tiempos de neoliberalismo taurino, las corridas resulten tediosas y carentes de lucimiento artístico por parte de los matadores debido a la mansedumbre de las reses. tar figuras de los ruedos que producirlas en el país. Los efectos de esta sudamericanización taurina no se hicieron esperar y la dependencia de México con respecto a España ha aumentado también en este ámbito, hasta reducir el interés del público a dos o tres apellidos, con el consiguiente desposicionamiento de los toros entre opciones de espectáculo. Pero el problema rebasa la poca u ocasional afluencia de espectadores a los cosos para permear a todo el sistema tau- rino, erosionando los criterios de empresarios, ganaderos, toreros, autoridades, medios y asistentes, hasta convertir la añeja y otrora apasionante práctica en función predecible y vistosa, en el mejor de los casos, o en costoso tedio sin proporción entre lo que se cobra y lo que se recibe, en el peor. La ausencia de revistas especializadas y de libros sobre el tema reduce las posibilidades de información y formación del público a unas cuantas secciones de periódicos, amables emisiones televisivas,
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    algunos programas deradio y portales en Internet, lo que da como resultado un espectador acrítico y unos actores abusivos, habida cuenta de que nadie quiere torear bravura con edad y ningún ganadero se anima a criarla porque ningún empresario la paga, al tiempo que las autoridades de la Delegación Benito Juárez aprueban por sistema lo que adquiere la empresa, mientras que los públicos, a decir de un ganadero, “ya no distinguen entre un toro de lidia y una burra preñada”. Con todo, en los primeros seis festejos de la temporada 2013-14 celebrados en la Plaza México, los asistentes protestaron ruidosamente la pobre presencia de algunas de las reses, obligando al juez en turno a devolver lo que el nulo respaldo delegacional días antes le hizo aprobar. Algo que no protesta el público e incluso agradece es el toro de regalo, recurso ventajista convertido en auténtica calamidad que hace de las corridas desalmadas funciones de casi cuatro horas, con escasos resultados artísticos pues la mansedumbre prevalece en la mayoría de las reses lidiadas. En descargo de varios de nuestros toreros la tradicional falta de apoderados en México y la pobre coordinación entre el duopolio, lo que se traduce en escaso rodaje, habida cuenta de que no se foguean toreando sino haciendo antesala en las oficinas de las empresas. Los coletas modestos, pues tragan con ganado más hecho, en tanto que las figuras importadas se atragantan de comodidad con las reses anovilladas que exigen –embistan o no–, en la capital y en los estados, con la anuencia del aparato taurino, incluidos los adinerados promotores que pagan sin mandar, complacidos con su colonizado concepto: el toro joven y manso, para que los importados toreen bonito. Sosería y temperamentos En la cuarta corrida del serial –primera sólo con diestros mexicanos– hicieron el paseíllo Arturo Macías (31 años, ocho de alternativa, 44 corridas este año y primero en el escalafón), Fermín Rivera (25, ocho y 32 tardes) y Juan Pablo Sánchez (21 años, tres de matador, 27 festejos en México y uno en España) ante un encierro de Marrón que, para variar, resultó manso de solemnidad, con el puyazo de trámite y deslucidos en el último tercio. Pero la primera sorpresa fue que no obstante la exitosa trayectoria de los alternantes la combinación no llevó gente a la plaza. Macías, que en este escenario ha salido a hombros en siete ocasiones, carismático, animoso y bullidor, sin ocultar en su tauromaquia y forma de estoquear asomos de neocavacismo y con repetidos triunfos en provincia, ejecutando gaoneras de mano alta como casi todos los toreros actuales, parece apuntar hacia un toreo acelerado y efectista. Obsequió o le obsequiaron un toro de Marrón, manso y pasador, con el que logró salir al tercio. De elevada estatura, con un toreo muy serio y sólidas bases, Fermín Rivera, sobrino de Curro y nieto del maestro potosino, aún no logra superar un ensimismamiento que le impide conectar mejor con el público, fue ovacionado en su primero y nada pudo hacer con la sosería de su segundo, no obstante su trasteo machacón, “rogándole” algunas embestidas. Y Juan Pablo Sánchez, poseedor de un temple privilegiado, al que algunos le objetan que arquee el brazo en los muletazos cuando precisamente lo hace para darles dimensión y hondura, se vio parco en las series con la diestra a su primero, el de más movilidad, perdiendo con la espada una posible oreja. Atenido a su temple, le falta dar el do de pecho y sorprendido tuvo que pechar con un manso de regalo, ahora de Campo Real. Aprovechando el puente del 18 de noviembre, la empresa anunció a dos toreros nacionales con poco rodaje y al rejoneador español Leonardo Hernández (26 años, 7 de matador, 23 corridas en su país y 14 en México) para cubrir el quinto festejo de la temporada, pero como no se trataba de figuras los de a pie se las vieron con un interesante y problemático encierro de Marco Garfias, para toreros más puestos, en tanto que el de a caballo tuvo uno alegre y claro de Fernando de la Mora, al que medio mató con un megarejón de la rosa y del que recibió dos orejas pueblerinas, y otro de Marrón que empezó dando juego y acabó parado. La plaza se vio semivacía. En la sólida tradición mexicana de toreros mal administrados no obstante sus cualidades, Alfredo Gutiérrez (35 años, 15 de alternativa y 10 corridas este año en poblaciones modestas) corroboró con su primero su buen toreo de capa, y tardó en tomarle la distancia a su segundo, pero en cuanto lo sometió pudo estructurar en los medios una faena derechista, imponiendo no sin esfuerzo su toreo. Como dejara una estocada en lo alto, el escaso público solicitó agradecido la oreja, no sólo por la empeñosa faena sino por la transmisión del toro y los problemas que planteó. En la misma línea antiadministrativa de su alternante, Ignacio Garibay (38, 14 y siete tardes este año) recibió a su primero, armonioso de hechuras y sin exceso de kilos, con cuatro templadas verónicas, sentidas y hondas, reunido con el toro, que no empujó en el caballo. Una rareza en estos tiempos de estrategias digitales, no de dedazos. Desde el principio Garibay le tomó la distancia y consiguió sucesivas tandas con la diestra por encima del áspero estilo del astado, en un trasteo serio y decidido, adelantando la muleta en el cite y tirando del toro. Dejó media estocada al encuentro y lo que debió ser una vuelta quedó en salida al tercio. Su segundo no permitió nada. Había interés por ver al tlaxcalteca Sergio Flores (22, 14 meses de alternativa y 17 corridas, tres en España, dos en Francia y 12 en México), quien luego de sus triunfos y cornadas en ruedos europeos por fin se presentaba a confirmar su doctorado en la Plaza México. El padrino fue Eulalio López Zotoluco (44 años, 27 y 30); el testigo, el extremeño Miguel Ángel Perera (31, 9 y 44 tardes), y los toros de la ganadería de Xajay. Nueva sorpresa: apenas un cuarto de entrada en los tendidos, para corroborar el efecto negativo de las políticas seguidas por los dueños del negocio taurino tras haber reducido el interés por la fiesta de toros a dos o tres nombres. Si la bravura ya no se prueba en la suerte de varas para que los toros intenten llegar al último tercio con recorrido, el problema se agrava cuando no embisten al caballo ni a la muleta. Los de Xajay fueron apenas por un puyazo de trámite y acabaron defendiéndose, salvo dos, pero permitieron medir la actitud y aptitud de los toreros. Sergio Flores es revelación acá, mientras en Europa, desde novillero, ha desplegado cualidades, pundonor y torería a costa de varias cornadas. Con el lote más complicado reiteró su decisión de hacerse figura y la tarde se iluminó cuando concluyó una serie de naturales con un afarolado y el forzado de pecho. Zotoluco, con su primero, consiguió un trasteo con oficio pero a distancia, exhibiendo en ambos su limitada estética, en tanto que Miguel Ángel Perera se encontró con la suave embestida del menos malo, al que toreó de capa con sabor y aprovechó en tandas por el derecho, si bien ahogando la embestida sin necesidad al final de la faena. Dejó tres cuartos de acero y el juez Jesús Morales expedito soltó la oreja. Picadores, ¿para qué? 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 87
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    Los tres “ejes” incumplidos deJesús Mena El director de la Conade, Jesús Mena Campos, convocó a los reporteros en marzo pasado para hablar de los tres ejes en los que, dijo, descansará su programa deportivo sexenal. Pero lejos de presentar el documento respectivo a los legisladores federales para su análisis y aprobación, el funcionario se ha dedicado a denostar a su predecesor Bernardo de la Garza y, peor aún, ya transfirió los montos para las 529 obras asignadas a otros tantos municipios este 2013, sin supervisar cómo serán utilizados. RAÚL OCHOA Y BEATRIZ PEREYRA A un año de haber sido nombrado director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Jesús Mena Campos aún no presenta su Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2012-2018, además de que las acciones emprendidas en torno a los tres ejes en los que supuestamente descansa ese proyecto –anunciados ante los medios informativos– evidencian su ineficaz gestión. Hace casi nueve meses, Mena enumeró las iniciativas más importantes de su administración: 1) la activación física de la población para combatir el sobrepeso y la obesidad; 2) la reestructuración del Programa Deporte para superar la desastrosa situación de la actual infraestructura deportiva, y 3) la profesionalización de las federaciones deportivas, así como la transformación del fideicomiso Compromiso Integral de México con sus Atletas (CIMA), el sistema de becas relegado desde hace 12 años por la iniciativa privada y cuyo patrocinador único es el gobierno federal. 88 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 Cuando asumió la dirección de la Conade, Mena se encontró con el caos que heredó Bernardo de la Garza. Incluso informó a la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados que entre 2009 y 2012 su predecesor repartió más de 4 mil 500 millones de pesos a distintos municipios para la ejecución de mil 89 obras de infraestructura deportiva. El 82% de éstas, dijo, mostraban irregularidades: los recursos federales se entregaron sin el expediente técnico correspondiente; la comisión no le dio seguimiento a ese presupuesto ni supervisó las obras; algunas de ellas no se realizaron o bien el dinero fue utilizado para otros fines, y, aun cuando las alcaldías tenían adeudos de ejercicios fiscales anteriores, siguieron recibiendo dinero público (Proceso 1879 y 1898). El año más escandaloso fue 2012, según las cifras exhibidas por Mena. En ese periodo De la Garza transfirió recursos superiores a 2 mil 600 millones de pesos a 626 obras, de las cuales sólo cinco tenían expedientes cerrados al concluir el año. Ante esa situación, el directivo de la Conade organizó una conferencia de prensa el 14 de marzo pasado en la cual anun- ció que el organismo levantaría un censo para conocer el número de instalaciones deportivas en el país y las condiciones en que se encuentran. Mena anunció la creación de un software para almacenar los datos recabados y determinar qué necesitaba remodelaciones, mantenimiento o apoyo para su manejo y operación eficiente. “Esa información –dijo en su conferencia de prensa– se le entregará a la Cámara de Diputados para que (juntos) diseñemos un Programa Nacional de Infraestructura para que el dinero que los legisladores están autorizando cada año (en promedio 3 mil millones de pesos) se aplique bien. “Además, 3% de los montos que se entreguen a cada municipio será destinado para realizar una supervisión federal de las obras. Alguien distinto a los municipios hará esa supervisión.” Anuncios y bloqueos El ambicioso proyecto de Jesús Mena también incluía subir a la página de internet de la Conade los proyectos ejecutivos de las obras e integrar un catálogo para que
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    Eduardo Miranda D EPORT E S Mena. Puro discurso cualquier persona pudiera conocer el costo real de cada obra. El propósito era evitar los sobreprecios y que los ayuntamientos pagaran diferentes montos por obras similares. Mena también prometió que cada espacio deportivo contaría con un manual de operación –disponible en su propio sitio web–, de manera tal que, antes de construirlos, los alcaldes tendrían la información precisa de cuánto se invertiría en el equipamiento de esas instalaciones, así como en su mantenimiento y operación. Eso evitaría, según el funcionario, que se convirtieran en elefantes blancos. Las reglas de operación del Programa Deporte 2013, presumió, serían “muy diferentes” a las de 2012; con esos candados, puntualizó, el ejercicio de más de 3 mil millones de pesos sería completamente transparente. Sin embargo, los objetivos del director de la Conade se convirtieron en una lista de buenos deseos. Hoy, en la página de internet del organismo no hay una sola línea que aluda a los compromisos citados. La acción más contundente en su primer año de administración es la firma de un convenio con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) el 25 de septiembre último para que este órgano realice el censo de infraestructura. Ese mismo día, Mena anunció la integración de un Comité Técnico –del cual forman parte el Inegi; la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado–, cuyo propósito es realizar otro censo para conocer “los hábitos deportivos y alimenticios” de los mexicanos. Sin embargo, hasta ahora no se ha fijado la fecha para el levantamiento del censo. De acuerdo con información proporcionada a Proceso por el Inegi, apenas se está diseñando la metodología y las estimaciones para determinar cuántas personas serán encuestadas. La Subdirección General del Deporte de la Conade, encabezada por Juan Manuel Garduño, depositó 100% de las partidas presupuestales destinadas a los municipios. En otras palabras, la comisión no dispuso de 3% de los recursos para la supervisión adecuada de las obras a fin de darle seguimiento al uso de los recursos federales, según lo establecen las propias reglas de operación diseñadas por el organismo para evitar actos de corrupción. Peor aún: la Conade instruyó a los alcaldes a utilizar ese 3% para que ellos contrataran la supervisión directamente; es decir, se supervisarán a sí mismos. De acuerdo con el punto 4.3.1 de las reglas de operación, “los beneficiarios de infraestructura deportiva y su equipamiento deberán destinar 3% de la totalidad de los recursos federales autorizados y los convenidos con los estados y/o municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, sector privado, las entidades y/o dependencias de la administración pública, así como asociaciones deportivas nacionales y entidades deportivas, para efectuar la supervisión federal directa de las obras, por lo que deberá dar todas las facilidades a la Conade o a quien ésta designe para tal propósito. La Conade podrá realizar las gestiones que correspondan para que dicha supervisión sea contratada con especialistas externos, definidos por la propia Conade, ajenos a los ejecutores de las obras públicas realizadas con el recurso federal”. 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 89
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    Asimismo, pretendió reetiquetarlos fondos para que la Conade dispusiera del presupuesto del Programa Deporte. La solicitud fue denegada pues se trata de un programa social sujeto a las reglas de operación. “Hay subejercicios y se especula que entonces vienen las reasignaciones (de los recursos federales) que ellos (los funcionarios de la Conade) determinan y luego se puedan gastar como quieran. Es una sospecha”, comenta a Proceso el diputado panista Jorge Rosiñol. El hecho de que hasta septiembre se haya iniciado el procedimiento para la revisión de expedientes y transferencia del dinero significa que en 60 días la Subdirección de Infraestructura analizó la elegibilidad de cada proyecto: la situación jurídica de disponibilidad de los predios, los proyectos ejecutivos, los programas de trabajo y los flujos financieros, entre otros factores. Proceso solicitó una entrevista con el subdirector general del Deporte, Juan Manuel Garduño, quien, según las reglas de operación, es el “responsable de la transferencia de los recursos a partir de la primera asignación y hasta la comprobación total”. Mena no le permitió atender la petición. El origen De acuerdo con las fracciones del PRI, PAN, PRD y PVEM en la Cámara de Diputados, el presupuesto 2013 del Programa Deporte se asignó con base en una negociación política, sin considerar un marco programático, presupuestal y normativo de los indicadores de las necesidades de infraestructura deportiva en los municipios. http://www.ikkosports.com.mx La Ley de Obra Pública, así como la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público indican que la comisión debió haber ministrado los recursos federales según el avance de las obras o la compra de equipamiento deportivo. Ese era el propósito al introducir los cambios a las Reglas de Operación 2013, pero no se cumplió. En cada convenio que la Conade firmó con los ayuntamientos transfirió 100% de los recursos en una sola exhibición y sin revisar los expedientes técnicos, presupuestos y programas de trabajo. Era imposible que los revisara, pues carece del personal técnico operativo suficiente para hacerlo. En la Subdirección General del Deporte y en la de Infraestructura –al frente de la cual está Jesús Antonio Torres– trabaja el mismo personal que en la administración anterior. Tampoco podía cerrar de manera simultánea los 621 expedientes de las obras de 2012, los 214 de 2011, los 30 de 2010 y los 27 de 2009. Sólo tiene tiempo para revisar los 529 proyectos de este año. Y como las reglas de operación establecen que aunque el dinero sea transferido a estados y municipios, los recursos deben apegarse a la normatividad federal. Información proporcionada por la Comisión de la Cámara de Diputados en la materia indica que hasta septiembre pasado la Subdirección General del Deporte inició la recepción de solicitudes para transferir los 3 mil millones de pesos entregados a los ayuntamientos. ¿La razón? De marzo a agosto Jesús Mena gestionó en la Secretaría de Hacienda que en lugar de 3% se autorizara 5% de los recursos para supervisión. Garduño. Un operador singular 90 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 En septiembre de 2012, los legisladores de la Comisión del Deporte seleccionaron los municipios y convocaron a los alcaldes beneficiados para presentar los proyectos de infraestructura deportiva, así como los montos de inversión. Asimismo, esa comisión envió a la de Presupuesto el monto asignado a cada uno de los 529 municipios seleccionados para el Programa Deporte. La información se integró al proyecto de Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 que se autorizó ese mes. En julio pasado, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Partido Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión del Deporte, presentó una propuesta de reasignación de recursos a los integrantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) para darle un mejor destino al Fondo de Infraestructura Deportiva Municipal. Advirtió que cada año se asigna un presupuesto multimillonario a este rubro que, dijo, la Conade no maneja, lo que deriva en la falta de comprobación de parte de los ayuntamientos y el nulo seguimiento que la dependencia da a los recursos federales. El legislador propuso que 30% del presupuesto asignado cada año a la construcción de infraestructura deportiva sea etiquetado para la operación y mantenimiento de las instalaciones que ya existen. Nadie lo respaldó. En entrevista con Proceso, Villanueva critica a la Comisión del Deporte por validar un acuerdo de la Comisión de Presupuesto en que la asignación de los recursos del ejercicio 2013 la hicieron los coordinadores parlamentarios con fines políticos y no con base en la viabilidad de los proyectos de infraestructura. De los recursos etiquetados en 2013 para ese rubro –3 mil 140 millones de pesos–, el PRI asignó a alcaldes de su partido mil 452 millones de pesos. El destino de otros 755 millones lo definió el PRD. El PAN designó 731 millones de pesos para los municipios donde gobierna, mientras que el PVEM distribuyó 202 millones. “Son cuotas por partido y la estrategia deportiva nacional les vale un cacahuate”, acusa Villanueva. Los proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos de cada año, dice, no necesariamente son aquellos que fueron aprobados en la Cámara de Diputados. Agrega que los alcaldes suelen modificar los planes originales y desvían el dinero para construir instalaciones que no son deportivas, pagan aguinaldos con esos recursos o simplemente no los ejercen, pero tampoco los reintegran a la federación. El diputado asegura que la Conade ya transfirió 90% de los recursos a los municipios y estados beneficiados con las 529 obras autorizadas para este 2013.
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    DEP O RTE S Contra la obesidad, México todavía Benjamín Flores no se mueve La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ofreció un ambicioso programa para abatir los ya alarmantes índices de obesidad en el país. Se trata de medir y pesar a 3 millones de mexicanos para luego ponerlos a hacer ejercicio. Pero su plan tiene puntos flacos, entre ellos que el sustento científico para aplicarlo fue “importado”, sin adecuaciones, de un esquema aplicado en el Estado de México. RAÚL OCHOA Y BEATRIZ PEREYRA J esús Mena será incapaz de cumplir el compromiso de “Mover a México”, el primero de los tres ejes de su Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2012-2018. El pasado marzo, al cumplir 100 días al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Mena anunció que en coordinación con la iniciativa privada echaría a andar un programa de mediciones en las escuelas a fin de diagnosticar las capacidades de niños y jóvenes, y a partir de esa información establecer una política para combatir los índices de sobrepeso y obesidad. Seis meses le tomó hacer público que el 14 de octubre arrancaría en fase piloto el programa Ponte al 100, con el cual se evaluará a 3 millones de personas de entre ocho y 60 años en 4 mil 200 centros a instalarse en todo el país. El primer tropezón llegó cuando la intención de llevar el programa a las escuelas fue frenado por la SEP, pues Mena pretendió aplicarlo sin consultar a la cabeza de sector (Proceso 1923). De acuerdo con los resultados, a las personas evaluadas se les entregará un plan nutricional personalizado y se les sugerirá la actividad física a realizar durante tres 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 91
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    Benjamín Flores La presentacióndel programa meses. Al cabo de ese periodo serán medidos de nuevo para verificar su estado físico y la pérdida de grasa corporal. La fase piloto de Ponte al 100 concluirá el martes 31. En conferencia de prensa el pasado 18 de septiembre, Mena aclaró que este programa se basa en uno similar aplicado a partir de febrero de 2012, también en fase piloto, en las primarias del Estado de México cuando él fue director del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte. Aseguró que el programa estaba validado por el grupo de investigadores del doctor Arnulfo L’Gamiz Matuk, coordinador del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac, y que el manual de capacitadores tiene el aval del doctor Rigo Lemini, a quien describió como un prestigiado psicólogo de la UNAM y de la Anáhuac. “No existe duda de la seriedad científica y operativa”, dijo Mena. “Este es el cumplimiento del primero de los tres ejes. Al presentar este programa la Conade hace más eficientes los servicios de activación física para poder tener control del efecto del programa con el que vamos a mover a México”, insistió. L’Gamiz confirma que avaló la aplicación del programa, pero sólo el piloto del Estado de México con niños, no el que Mena presentó el 18 de septiembre. En entrevista con Proceso el médico asegura que hace unos cinco meses Juan José Palacios y Mario Ramírez Barajas, amigos de Mena y operadores reales del programa Ponte al 100, se presentaron en su oficina para pedirle que analizara los resultados del modelo aplicado en el Estado de México. “Yo realicé un análisis estadístico inferencial y resultó que sí son válidos. Si en todas las escuelas ponen a hacer ejercicio a los niños, eso va a funcionar mejor que ponerle impuestos al refresco y a la comida chatarra”, asegura. –Pero no se está aplicando en escuelas sino a toda la población por conducto de los institutos del deporte de los estados. –¡No me digas! Yo estaba emocionado porque si se aplica en las escuelas podría- 92 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 mos garantizar que todos los chiquitines van a hacer ejercicio. En escuelas es más fácil porque como van todos los días se les puede dar seguimiento. “Si se va a aplicar a quienes no sean niños y adolescentes, eso cambia muchísimo. A ellos sí se les podría educar para que en el futuro hagan ejercicio. No puedes comparar una persona de 25 o 40 años o un anciano con un niño. Esos estudios se tienen que hacer para cada uno de los casos. A una persona gorda no la puedes poner a correr, no va a bajar de peso y se puede infartar. Las valoraciones tendrían que depender de a quiénes se les van a realizar. Deberían replantear el proyecto. A lo mejor ya lo cambiaron. A nosotros ya no nos han invitado a hacer otro análisis.” –El programa arrancó el 14 de octubre y terminará el 31 de diciembre, ¿es posible en 70 días medir a 3 millones de personas? –¡Está cañón! Cada medición por paciente por lo menos toma 20 minutos. Tienen que ser personas capacitadas. Un profesor de educación física fácilmente lo podría hacer... si es que tienen tantos profesores. –La Conade capacitó a los responsables del área de cultura física y al médico de cada instituto del deporte. Ellos capacitarán a quienes realizarán las mediciones y, dijo Mena, sólo necesitan saber leer y escribir para hacerlo. –Ahí va a haber alguna falla. No es lo mismo, no pueden tener el mismo criterio que un profesor de educación física. Van a tener que reconsiderarlo. Lo más recomendable es que sea personal formado en educación física o salud quien realice las mediciones. Por eso le digo que en las escuelas era muy práctico, pero a gente de afuera está cañón medirla. –Su nombre fue mencionado como responsable de darle sustento científico a este programa. ¿Le preocupa? –Yo avalé el previo, en escuelas con niños y jóvenes. Esto que se está haciendo yo no lo he avalado. Cuando me traen algo casi siempre lo rechazo. En cualquier universidad el prestigio cuenta mucho. Imagínate que digas una cosa falsa. Les voy a llamar y les voy a preguntar por qué se están ador- nando conmigo. Yo avalé lo del Estado de México y hace tiempo acabó. También les habíamos hecho sugerencias para mejorar el programa, no sé si las hicieron o no. “Nos tendrían que consultar para el análisis de los resultados. Tendría que ver el formulario, la estrategia y ver si lo avalo o no. Si ya están recolectando información puede que esté mal. Me parece excelente que la gente haga ejercicio, eso ayudaría mucho al país, pero hay que medirlo bien para realmente conseguir resultados. Una vez que midan hay que ver cómo van a hacer el seguimiento, vale la pena preguntarlo. Ya tienen el diagnóstico, ¿qué van a hacer después?” Operadores La aplicación del Ponte al 100 en fase piloto costará 180 millones de pesos. Por parte de la iniciativa privada sólo participa la Fundación Coca-Cola, responsable de donar las básculas para medir el índice de masa corporal. En la presentación del Ponte al 100 estuvo el secretario de Educación del Estado de México, Raymundo Martínez, quien aseguró que 95% de los niños y jóvenes de 105 escuelas mexiquenses disminuyeron sus índices de sobrepeso y obesidad. “El punto clave es hacerlo en la infancia. Cuando los niños están en primaria y secundaria, donde se consolida el estilo de vida que van a tener”, advirtió. Ese día Mena afirmó que los 4 mil 200 puntos de medición quedarían instalados a más tardar el 14 de octubre y que las direcciones estarían disponibles en la página de internet de la Conade. Hasta hoy esa información no aparece en su sitio web. Juan José Palacios es quien impartió la capacitación a los representantes de los institutos del deporte, pero niega estar operando el programa para el gobierno federal. Le aclara a este semanario que sólo es asesor de Juan Manuel Herrera, director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte de la Conade. “Asistí como representante del Estado de México para darles toda mi experiencia. Trabajo para la Secretaría de Educación Pública del Estado de México, donde comenzó el programa. La Conade decidió hacer un esfuerzo y lo está piloteando (sic) para ver cómo resulta en todo el país”, explica Palacios, profesor de educación física retirado. Le está regalando su tiempo y trabajo a la Conade, sostiene, pues el organismo no le paga por las asesorías. Refiere que él le “regaló” el programa Ponte al 100 a Jesús Mena, quien, cuando dirigía el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, autorizó las evaluaciones de la capacidad funcional –en aquel entonces bajo supervisión de Jorge Vital quien dijo que Palacios le “pirateó” el proyecto (Proceso 1909)– y de ahí se tomó para aplicarlo a escala nacional. “La idea de mi fundación (Movimiento es Salud) es dotar a todas las escuelas
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    AP photo /MarcioJosé Sánchez DEP O RT E S de los instrumentos de medición. Para ello nos abocamos a conseguir recursos de la iniciativa privada. Los profesores no podrán evaluar si no hay equipo, el cual es caro (alrededor de 30 mil pesos para las escuelas públicas y 36 mil para los municipios). Mis honorarios son producto de las asesorías que realizo para la Secretaría de Educación Pública del Estado de México. ¿De qué vivo? De los patrocinios”, revela Palacios, quien no nombró a una sola de las empresas que supuestamente lo apoyan. Los ejes rotos Mena tampoco ha avanzado en el segundo eje de su programa de cultura física: el llamado Transformación del Deporte. Prometió actualizar del Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento-Compromiso Integral de México con sus Atletas y no ha conseguido ni un patrocinador. Marcó como prioritarios tres deportes: clavados, tiro con arco y taekwondo. La arquera y medallista olímpica Aída Román declaró a los medios que sigue “mendigando” un entrenador, pues desde hace más de ocho meses la coreana Song I Woo se fue de México y la Conade no ha resuelto quién trabajará con ella. Mena tampoco ha atendido a la taekwondoista María Espinoza, quien otra vez entrena sola con el cubano Pedro Gato debido a la presión que sobre la doble medallista olímpica ha ejercido el presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, Juan Manuel López. Éste, en un afán de sabotear su carrera, incluso ha desafiliado a las taekwondoistas que aceptaron ayudarla en sus entrenamientos. En promocionales de radio y televisión la Conade ha presumido las más de 900 medallas que los atletas mexicanos han Aída Román. En busca de entrenador obtenido durante el primer año de la gestión de Mena. Pero el organismo no informa que ese número de preseas es casi idéntico al ganado durante el último año de la administración de Bernardo de la Garza, con la salvedad de que en el nuevo recuento incluyen las cosechadas en categorías infantiles y juveniles de raquetbol, competencias parapanamericanas y de triatlón juvenil. La Subdirección General de Calidad para el Deporte, que encabeza Othón Díaz, no ha anunciado ni una nueva acción diferente a las realizadas con De la Garza para ganar más medallas olímpicas. Sólo se le ha dado continuidad al plan de trabajo del sexenio anterior. Pero hace tres semanas Díaz despidió al director de Alto Rendimiento, Vladimir Ortiz, creador de los programas con los cuales México obtuvo 133 medallas (42 de oro) panamericanas en Guadalajara 2011 y seis olímpicas en Londres 2012. Las dos acciones más importantes de esa subdirección son administrativas: la creación de manuales de procedimiento y la profesionalización de las federaciones deportivas, cuyo manejo de los millonarios recursos públicos sigue sin transparentarse, con lo cual Mena tampoco cumplió la promesa de “transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción” en el segundo eje de su plan. En cuanto a profesionalización, se rediseñó el organigrama de las federaciones y se definieron los perfiles de quienes deben encabezarlas. Pero todo sigue igual: no se reclutó personal y nadie cambió su plantilla para cubrir las exigencias de la Conade. Sólo ha servido para reciclar a los mismos empleados, quienes ahora devengan mejores salarios desde otras oficinas. Para la profesionalización la Conade estableció un perfil de puestos, pidió que los aspirantes estén capacitados para desempeñar el cargo, que se definan las funciones de vinculación con esta dependencia, los institutos del deporte y las asociaciones deportivas estatales. La Conade no escatimó recursos y pagó cerca de 550 mil pesos por un curso de 32 horas que impartió personal de la UNAM a los integrantes de las federaciones deportivas. El resultado no pudo ser peor: apenas ocho presidentes de federaciones tomaron la capacitación completa. Para cumplir con el requisito, el resto de los titulares mandaron a vicepresidentes, gerentes o secretarias, de modo que la información sobre gestión y control de calidad y sistemas de competencia y administración del deporte no la recibió quien necesitaba capacitarse. 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 93
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    Acerca de El casoNeruda sigue abierto De Mario Casasús Señor director: E l reportero Francisco Marín cometió un par de errores en la nota El caso Neruda sigue abierto (Proceso 1934). No corroboró la información al entrevistar a Luis Ravanal. El forense chileno aseguró: “se asume la identidad de un resto cadavérico sin haberlo identificado genéticamente. En este caso, por algún motivo altamente irracional, aún no se ha hecho el examen de ADN de Neruda”. Las pruebas de ADN sí se realizaron. Los sobrinos de Neruda aportaron las muestras. La identificación del ADN es un protocolo, no se trata de un elemento para probar la conspiración en el presunto asesinato ordenado por Pinochet. Las exhumaciones de Neruda fueron vigiladas por la familia –en 1973 por la viuda Matilde Urrutia, y en 1992 por el sobrino Rodolfo Reyes–; además contamos con los registros fotográficos del cadáver del poeta (1992). En la última exhumación los científicos detectaron: el medicamento dipirona, la metástasis ósea y un tratamiento estrogénico. Sería absurdo pensar que la dictadura de Pinochet consiguió un cadáver idéntico a Neruda, con metástasis ósea, proveniente de un paciente con tratamiento estrogénico, al que le inyectaron dipirona. El reportero Francisco Marín imagina una conspiración actual dentro de la presunta conspiración de 1973: “Las especulaciones continúan y todo indica que las autoridades de Chile están urgidas por desembarazarse del asunto” (sic). El corresponsal de Proceso omitió publicar algunos datos: El juez Mario Carroza aceptó la propuesta de los abogados querellantes de enviar contramuestras a otros laboratorios de Europa, por definirse entre Suecia, Suiza y Austria; el juez aceptó la participación de dos peritos propuestos por el abogado querellante Eduardo Contreras (fueron testigos durante la necropsia de Neruda y en la discusión con los científicos de Chile, España y Estados Unidos). El forense Luis Ravanal perdió credibilidad después del veredicto del juez Mario Carroza en el caso Salvador Allende, al quedar descartada la teoría del magnicidio. A pesar de la queja de Marín, era predecible que Ravanal no estaría convocado para participar en la exhumación de Neruda. Marín y Ravanal escribieron un libro sobre el “asesinato” de Allende (“Yo no me rendiré”, 2013). La persistente asesoría de Ravanal en los reportajes de Marín podría generar un conflicto de intereses. Proceso debería diversificar sus fuentes; de lo contrario, publicarán la visión unilateral de Ravanal. El peor de los paradigmas defendido por el forense consiste en negar la existencia de la metástasis cancerosa: “forzadamente se busca confirmar que las lesiones de hueso evidenciadas en los exámenes histopatológicos de Neruda son concordantes con metástasis” (Proceso 1908). Finalmente, estoy de acuerdo con Ravanal en un punto: Neruda no padecía caquexia: “Si uno revisa las imágenes del cadáver de Neruda, se constata que está absolutamente lejos de ser 94 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 concordante con una persona con caquexia. Allí se ve una persona con sobrepeso” (Proceso 1934). Sin embargo, el autor del reportaje eliminó el crédito de mi hallazgo, pues fui el primer periodista que presentó las fotografías del cadáver de Neruda como prueba gráfica. Todavía conservo la edición impresa de la revista The Clinic (12/07/2007). No tenemos la certeza sobre la causa de muerte de Neruda, pero Ravanal y Marín mienten al construir una historia basada en “tumores benignos” (adenoma), porque según el reportero: “Neruda estaba muy vital” (Proceso 1914), y según el forense: “se asume la identidad de un resto cadavérico sin haberlo identificado genéticamente” (sic). La conspiración dentro de la conspiración, la exageración y la falsificación, al parecer es la metodología aplicada en los casos Neruda y Allende. Atentamente Mario Casasús Periodista del Clarín de Chile Respuesta del reportero Señor director: E n relación con la carta enviada por el periodista Mario Casasús, debo señalar: 1.- En el informe pericial elaborado por la comisión especial abocada al estudio de los restos de Pablo Neruda, el cual se presentó el pasado 8 de noviembre con carácter de “definitivo”, no figura el examen de ADN (a pesar de que a los familiares se les tomaron las muestras). Esto se puede verificar al revisar en forma íntegra dicho informe: http://www.poderjudicial.cl/modulos/Home/Noticias/PRE_txtnews. php?cod=5979&opc_menu=&opc_item= Es correcto lo señalado por el doctor Luis Ravanal en el sentido de que se debió asegurar la identificación de los restos y luego avanzar en los exámenes más complejos. Este proceder forma parte del lex artis médico forense, y en esta indagatoria debió haberse respetado. 2.- No imagino conspiración alguna. Sólo me he limitado a exponer antecedentes concretos y comprobables. 3.- No señalé en mi nota que el juez Carroza haya cerrado la posibilidad de realizar otros exámenes. Textualmente expresé que este magistrado sostuvo que “el caso no se cerraba aún, y (que) para poder descartar definitivamente la tesis del asesinato ‘era necesario tener todos los antecedentes y en este momento no sabemos si los tenemos todos’”. No considero que haya incurrido en omisión por no mencionar diligencias que no se han hecho y que ni siquiera han sido ordenadas. 4.- Se me imputa no registrar que el Partido Comunista (PC) pudo incluir a dos de sus peritos en los análisis forenses de los restos, inclusión que es un derecho de las partes. Sin embargo, estimé que lo noticioso es que se haya excluido a los peritos propuestos por la familia de Neruda, máxime si se considera el nutrido currículum que tenían los profesionales propuestos. Éstos eran médicos legistas, profesión más indicada para el análisis forense de restos humanos. Dada la citada e inexplicada exclusión, los querellantes se quedaron sin ningún profesional de esta especialidad. 5.- No es efectivo que el doctor Luis Ravanal haya perdido prestigio tras el veredicto del ministro Carroza en el caso Allende (en el cual se señala que éste se suicidó), como tampoco el que la justicia chilena haya descartado el magnicidio. Este caso está abierto y en manos de la Corte Suprema, la que pronto debe pronunciarse respecto de un recurso de casación presentado por los querellantes. Por lo mismo, no cabe adjudicar pronunciamientos definitivos de la justicia en esta materia. Como señalamos en el libro Allende. “Yo no me rendiré”. La investigación histórica y forense que descarta el suicidio, los peritos que participaron en la exhumación de los restos del expresidente socialista (2011) omitieron pronunciarse sobre el principal punto de discordia en esta causa: el origen del orificio de salida de bala existente en la parte posterior del cráneo de Allende, descrito en la autopsia de 1973. Ravanal y otros expertos forenses –incluido el perito del SML, Germán Tapia Coppa– han afirmado que este orificio necesariamente tiene un origen distinto al impacto que provocó estallido de cráneo. En dicho libro –que como apunta Casasús coescribimos con el perito Ravanal– dimos a conocer un informe químico forense desarrollado –en mayo de 2001– por el perito de la Policía de Investigaciones Leonel Liberona Tobar. Allí se indica que en la frente de Allende fueron hallados residuos de pólvora “concordantes con un disparo hecho a corta distancia”. Tal herida es coherente con el disparo descrito en 1973 en la parte posterior del cráneo. Aunque Ravanal es una de las fuentes importantes en nuestros reportes del caso Neruda, hemos utilizado cientos de otras fuentes, entre las que destacan: el expediente de la causa; los informes médico-forenses; las entrevistas al chofer de Neruda, Manuel Araya; al otrora embajador de México en Chile, Gonzalo Martínez Corbalá; al médico radiólogo que atendió a Neruda en
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    PALABRA DE LECTO R 1973, Guillermo Merino, y a representantes de la Fundación Neruda y de los querellantes. Es incorrecta la apreciación de que Ravanal se encierra en el “paradigma” que niega que Neruda haya tenido metástasis. Él sólo ha subrayado en este punto que los exámenes hasta ahora realizados no son lo suficientemente rigurosos como para establecer que Neruda haya padecido dicho mal. En el reportaje Caso Neruda: informes defectuosos denunciamos que los dos peritos que emitieron en mayo un informe que aseguraba que Neruda tenía cáncer generalizado en los huesos no formaban parte de la comisión especial del caso Neruda. Uno de ellos –el radiólogo clínico Jorge Díaz– ni siquiera contaba con especialidad forense. Dichos peritos no hicieron un diagnóstico diferencial que explique por qué sostienen que las lesiones verificadas en los huesos de Neruda corresponden a metástasis, y no, por ejemplo, al efecto del paso del tiempo. Incluso advertimos que no se refirieron al hecho de que Neruda había sido sometido a sesiones de radioterapia, lo que es una grave irregularidad puesto que tal antecedente figura en el expediente médico de la causa, y es sabido que este tipo de tratamientos ocasiona lesiones en los huesos. Se equivoca Casasús al pretender atribuir posiciones predefinidas en torno a ésta y otras materias y al evitar abordar el fondo de los asuntos tratados, como por ejemplo la pertinencia técnica de los exámenes que determinaron que Neruda tenía metástasis. 6.- No es cierto que Casasús haya sido “el primer periodista que presentó las fotografías del cadáver de Neruda como prueba gráfica”. En septiembre de 1973 el Journal do Brasil difundió las fotos de Evandro Teixeira, quien retrató a Neruda horas después de muerto. En 2004 este fotógrafo publicó en Brasil el libro Vou viver. Tributo ao poeta Pablo Neruda. Son decenas o quizás centenares los medios que han reproducido dichas imágenes. En el reportaje Caso Neruda: Informes defectuosos (Proceso 1908), donde tratamos este tema, dimos los créditos a quien correspondía: el fotógrafo Teixeira, quien se mantiene con vida en su país natal. Desconozco la publicación a la que se refiere Casasús. 7.- Finalmente, quiero señalar que en el reportaje El caso Neruda sigue abierto lo que hicimos fue demostrar que era falso lo propagado por la prensa chilena y extranjera –a partir de los informes periciales forenses dados a conocer el 8 de noviembre– en el sentido de que Neruda murió de cáncer y de que se descartaba el asesinato. Revelamos que no se estableció la causal de muerte y que los informes que asentaban que Neruda tenía cáncer avanzado al morir no fueron objeto de un control de calidad. Al mismo tiempo, dimos cuenta de que se dejó a un lado un aspecto básico al que estaban llamados los peritos del caso Neruda: analizar la veracidad del certificado de defunción elaborado el 24 de septiembre de 1973 por el médico urólogo Roberto Vargas Salazar, en el cual se afirmaba que el poeta murió de “caquexia por cáncer metastizado de próstata”. Creo que al hacer esto hemos contribuido en forma rigurosa a la ampliación del conocimiento de la verdad sobre esta importante materia. Es motivo de satisfacción el que nada de lo expuesto haya sido rebatido. Atentamente Francisco Marín Opina que la reforma educativa debe admitir más aportaciones Señor director: S olicito a usted publicar en la sección Palabra de Lector la siguiente opinión. Como doctor en derecho constitucional, criminólogo y profesor de carrera, estoy convencido de que todos debemos aportar nuestros mejores oficios y opiniones para impulsar una adecuada reforma educativa. En tal tesitura, me permito comentar que leí con atención el reportaje titulado Nos empujan al estallido, de Santiago Igartúa (Proceso 1902, del 14 de abril), quien con una excepcional maestría periodística establece puntualmente las precisiones argumentativas de los dirigentes de la CNTE. Sin lugar a dudas que es importante comprender la justeza de los profesores, como también lo es el ponderar las opiniones que consolidan la viabilidad de la reforma a los artículos 30 y 73 constitucionales. Como académico aprecio la trascendencia del artículo 5° transitorio de la reforma educativa constitucional, y por ello manifiesto a los diputados de todos los estados del país y del Distrito Federal que es menester el que apliquen todo su conocimiento y se percaten de que en ese 5° transitorio tienen todos los elementos para materializar las facultades concurrentes conferidas a cada entidad federativa por los artículos 13, 14, 15 y 16 de la vigente Ley General de Educación, así como el que brinden a los dirigente sindicales muestras concretas de que la reforma educativa tiene mayores beneficios que perjuicios. Por último, expreso a los gobernadores de Chiapas, Veracruz, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, al igual que al jefe de Gobierno de Distrito Federal, que es fundamental que en la Conago accionen una comisión especial para el seguimiento de la implementación de la reforma educativa en el sur-sureste, por cuanto las particularidades regionales exigen poner una atención especial a la dinámica sindical en sus estados. Atentamente Ansberto Arafat Nájera Pérez Teléfono: 961-21-53-033 Lamenta que no se exhiba a Israel en el contexto de la FIL necen impunes; las de Israel incluyen despojo, expulsión, opresión, bloqueo, tiranía de la incertidumbre, saqueo de tierras y recursos vitales, presión psicológica, vigilancia, control continuo del pueblo palestino. Aunado al interminable y fútil proceso de paz, la impunidad israelí se debe a la excepcionalidad por la que cabildea el Estado de Israel a lo largo y ancho del mundo. Para hacer otra analogía entre México e Israel, se pueden mencionar dos incidentes ocurridos recientemente, dignos de cualquier estado de apartheid: la expulsión de una joven indígena estudiante de doctorado de una panadería francesa en San Cristóbal, Chiapas –por confundirla con una vendedora ambulante–, y el haber impedido que siete indígenas oaxaqueños abordaran un vuelo nacional en Aeroméxico. Tomando estos paralelismos en cuenta, tiene mucha lógica que el gobierno mexicano agasaje a Israel como invitado especial de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. Y si consideramos que Shimon Peres encabeza una legión de representantes de corporaciones israelíes (80) para un encuentro de negocios Israel-México, la feria se revela descaradamente como parte de un engranaje diplomático dirigido a reafirmar lazos entre ambos países. La visita de la delegación de empresarios israelíes incluyó una audiencia con Enrique Peña Nieto y Carlos Slim, para presentar posibilidades de cooperación en los campos de la seguridad, tecnología militar (drones), internet, comunicación, sistemas bancarios, agua y energía. Con esta visita –amén de concretar lazos de negocios–, Israel busca darse a conocer como un país de tecnología, de emprendimiento, y mostrarse más allá del conflicto de Oriente Medio. En este contexto, queda claro que el enfoque cultural juega un papel importante. Pero al contrario de lo que ocurre en otras partes del mundo, las protestas contra la presencia de Israel en la FIL –para denunciar du destrucción paulatina de los palestinos, sus políticas expansionistas y coloniales– han pasado casi desapercibidas. La gran mayoría de los letrados mexicanos, siguiendo la línea oficial, optaron A LOS LECTORES 1. Toda carta dirigida al semanario Proceso deberá contener nombre y firma de su autor, una identificación fotocopiada o escaneada (de preferencia credencial de elector, por ambos lados), dirección y, en su caso, teléfono o correo electrónico. Si el remitente sólo desea publicar su nombre, lo indicará; de lo contrario, el resto de sus datos también podrían ser difundidos. Señor director:  E l conflicto israelí-palestino constituye a principios del siglo XXI el paradigma de la “politización del perdón”, de la “humanización” de conflictos étnicos, de la instrumentalización de la cultura para “resolver” confrontaciones, pacificar la violencia, restituir el tejido social, etcétera, mientras Gaza y Cisjordania son laboratorios de tecnologías de guerra, de urbicidio sistemático, de control de protestas y de seguridad, las cuales Israel exporta al resto del mundo –incluyendo a México. México e Israel tienen en común un récord de violaciones de derechos humanos que perma- 2. Ninguna carta tendrá una extensión mayor de dos cuartillas, es decir, no más de 56 líneas de 65 caracteres cada una. 3. La correspondencia no incluirá documentos probatorios de lo denunciado; se publicará conforme a su turno de llegada, y podrá ser enviada por correo, entregada personalmente, transmitida por fax (56-3620-55) o dirigida a sloya@proceso.com.mx. 4. La sección Palabra de Lector cierra los miércoles de cada semana. 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 95
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    PALABRA DE LECTO R por ignorar el conflicto de Medio Oriente que mantiene Israel y sacar provecho de los encuentros, enlaces, contratos, pláticas y demás atractivos que ofrece la FIL. La “cultura” se ha convertido en un conjunto de discursos que terminan siempre del lado del poder y el capital; desde este campo, presionar para que “se haga lo correcto” y “se diga la verdad” evidencia que el sistema está roto, que los procesos políticos no están en manos de la gente, sino en las de unos cuantos. Y aunque por lo menos unos cuantos pensadores mexicanos emitieron un comunicado que no ha tenido mayor trascendencia, los representantes de la clase política y financiera de Israel y México ya no sienten la necesidad de justificar lo que hacen para generar ganancias. En consecuencia, la cultura es el apéndice de una cumbre de empresarios que representan intereses de la oligarquía con trascendencia global. ¿Dónde está el llamado a boicot? Atentamente Irmgard Emmelhainz hemos tenido que recurrir a demandas laborales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, las cuales son entorpecidas intencionalmente, extraviando los expedientes o postergando las fechas de las audiencias pendientes, entre otras cosas. Al parecer hay un acuerdo entre el abogado general de la UNAM y el presidente en turno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 14 bis para que nuestros asuntos se dilaten todo lo que sea posible, e inclusive para que no se solucionen. Hemos perdido derechos y padecido desde hace varios años el hostigamiento y persecución de la Dirección de la Facultad de Ciencias, la cual inventa reglas que sólo nos aplican a nosotros y que nada tienen que ver con el mejoramiento académico. Todo esto por el hecho de pensar diferente, exigir que se respeten nuestros derechos y no pertenecer al grupo “político” de su titular. Doctor Plascencia: Le solicitamos nos conceda una audiencia para exponer directamente nuestros casos y para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueda estudiarlos y emitir una recomendación a la UNAM. Piden a la CNDH atender quejas sobre “atropellos” en la UNAM Atentamente Maestra en ciencias Sabina Ruiz Chavarría, doctor Pablo de la Mora y Palomar Askinasy, físico Bernardo Salas Mar y doctor Gerardo Ruiz Chavarría (responsable de la publicación). Facultad de Ciencias-Departamento de Física Universidad Nacional Autónoma de México Teléfono: 5622-4966 / Celular: 5542192863 Señor director: L e agradeceremos publicar esta carta, dirigida al doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Aunque se diga lo contrario, los derechos humanos, laborales y académicos son violados en la UNAM. En nuestro caso se han violado diversos derechos, lo que hemos reportado a autoridades como el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias, la Rectoría y el licenciado Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM, quien supuestamente debe velar por que la legislación universitaria se cumpla, lo cual no ha sucedido para nosotros. No se nos ve ni se nos oye; simplemente se nos ignora dando argumentos sin valor alguno. La respuesta a nuestras peticiones por parte de las autoridades y funcionarios citados ha consistido en darle el poder de resolución a la persona que ha violado nuestros derechos, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, directora de la Facultad de Ciencias, dejándonos así en estado de indefensión y sin que nuestros problemas se resuelvan; en otras ocasiones, se nos canaliza a la Defensoría de los Derechos Universitarios, que invariablemente apoya a la autoridad o se declara incompetente para resolver. Por lo anterior, la reciente recomendación 45/2013 de la CNDH dirigida a la UNAM, referente al acoso de una estudiante de 16 años, constituye sólo la punta del iceberg de las irregularidades y atropellos que se cometen al interior de nuestra máxima casa de estudios, que son del conocimiento de las autoridades y que no son atendidos debidamente hasta que el problema traspasa las fronteras de la universidad. El hecho es que nuestra situación ha empeorado a lo largo del tiempo, y después de agotar todas las instancias internas de la UNAM 96 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 Describe anomalías del Infonavit, y pregunta quién es su propietario cita con el director para ver si él me escuchaba, y me contestó: “Hágalo, el director es otra cosa”. Luego, al recibir la noticia de que ya se había resuelto el problema, empecé a depositar la cantidad indicada. Pero a la postre observé que en mi estado de cuenta no se había cumplido el convenio, ya que la cantidad depositada por dos meses seguía siendo aplicada al capital. Me enviaron entonces con un asesor, quien sólo me indicó que tenía una prórroga total, que ya no se podía hacer nada y que mejor me esperara a pagar hasta el vencimiento de la prórroga. (Cabe hacer notar que, a través del correo, estuve enviando quejas y aclaraciones al Infonavit, y que tengo en mi poder los números de queja.) Tuve que quedarme con el coraje y con los intereses. Me imagino que esta es la estrategia para que los despachos (en complicidad con los empleados) se apropien de los bienes, cuando ya se acumularon los intereses y el acreditado no puede pagar. Por si fuera poco, tengo un saldo a favor que, por errores en mis primeros empleos, se aplicaron a otra cuenta, pero tampoco nadie ha podido resolver este asunto. Aunque muchas veces he llamado a Infonatel, tengo la impresión de que no están preparados para informar y tomar decisiones. Y si aunado a esto, tampoco resuelven en las oficinas ni en el portal de quejas, ¿a quién acudir? ¿No se supone que el Infonavit fue creado para los trabajadores? ¿Tendrían empleo las personas que laboran en el instituto si no fuera por nosotros? ¿Quiénes son los propietarios del Infonavit y qué intereses se manejan? (Carta resumida.) Atentamente Isidoro Héctor Martínez Pineda Celular: 044-55-11-50-62-60 Señor director: E n febrero de 2013 me quedé sin empleo, por lo que mi primera preocupación fue el crédito obtenido con el Infonavit (número 0907088668). Consulté los beneficios que ofrece en caso de desempleo y muchas veces me presenté en las oficinas de avenida Presidente Juárez en Tlalnepantla, Estado de México, para solicitar la prórroga parcial del 50-50. Se me contestaba que debía esperar tres meses y que mi caso tendría que conducirlo un despacho jurídico. (Me pregunto qué intereses tiene el personal del Infonavit con los despachos.) Acudí durante varios meses y la respuesta era la misma, o me indicaban: “Llame a Infonatel”, donde también se echaban la bolita respondiendo: “Acuda al área de Cobranza”, y: “Todavía no le han asignado un despacho”. Cuando en otra de sus oficinas me informaron que ya se me había asignado un despacho, fui citado frente a las oficinas del Infonavit Tlalnepantla, en donde estaban sus representantes. Pero al llegar, la persona que me recibió dijo que no tenía en ese momento mis datos, por lo que no me podía atender. De inmediato me trasladé a Cobranzas. Uno de sus empleados me condujo a otra área, no sin antes indicarme, molesto, que “el Infonavit no tenía la obligación de hacer estos convenios”. Le respondí que iba a solicitar una Ruega a Mancera no suspender el servicio de un centro de salud Señor director: L e ruego publicar la siguiente carta, dirigida a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal. Doctor Mancera: Por medio de la presente hago de su conocimiento que el Centro de Salud Soledad Orozco de Ávila, de la delegación Cuauhtémoc, pretende suspender el servicio de salud mental, sin percatarse de que muchos pacientes que allí somos atendidos necesitamos esa ayuda psicológica y psiquiátrica. La razón: que un gran número de nosotros carecemos de recursos para pagar a un especialista particular, el cual cobra por cada consulta no menos de 500 pesos. Por lo anterior, doctor Mancera, le solicitamos su intervención para que dicho servicio no sea suspendido. En nombre de los pacientes que requerimos apoyo, le agradezco su atención. Atentamente María Concepción Barrera López
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