Desde el año 2006 España dispone de un nuevo marco estratégico para el trabajo de cooperación con Pueblos Indígenas (PPII). En la Estrategia de Cooperación Española con los Pueblos Indígenas (ECEPI) se introduce un mandato claro para que todas las políticas, programas y proyectos de cooperación española adopten el “enfoque de derechos” propuesto por Naciones Unidas, así como una clara apuesta por el apoyo a procesos de transformación que contribuyan tanto al reconocimiento como al ejercicio de los de Derechos Humanos de los PPII. Pese a que España ha ratificado el “Convenio 169 de la OIT” y adoptado la “Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los PPII”, quedando ambos documentos ampliamente recogidos tanto en el “espíritu” como en la “letra” de la ECEPI, existe importantes dudas sobre la efectividad de estos esfuerzos para transformar realmente la política de cooperación con los PPII más allá de lo que pareciera ser una mera declaración de buenas intenciones.
Este documento trata sobre el derecho financiero. Explica que el derecho financiero regula la actividad financiera del estado y los entes públicos, incluyendo la obtención, gestión y gasto de recursos. También se relaciona con otras ramas como derecho constitucional, derecho civil, derecho administrativo e internacional. Aunque no tiene autonomía científica, estudia normas relacionadas a ingresos, gastos y actividad financiera estatal.
Este documento presenta el diseño de investigación de una monografía sobre el análisis comparativo de la Ley del Notariado de 1858 y sus modificaciones hasta la actualidad en Bolivia. Contiene la introducción del tema, los objetivos, la metodología y el marco teórico. Se analizará la legislación boliviana relacionada a la Ley del Notariado, así como las leyes de otros países. El método será comparativo, histórico y analítico.
Derechos de las personas con discapacidad.José María
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el marco de derechos humanos que trata de subvertir la situación de exclusión y discriminación de las personas con discapacidad frente a las múltiples barreras que vulneran sus derechos.
La responsabilidad social corporativa dimensión normativaSALONVIRTUAL
Este documento analiza el proceso de normativización de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y sus implicaciones para las empresas españolas. Explora si existe una creciente presión regulatoria de la RSC a nivel europeo y español, y qué consecuencias económicas podría tener esto para las empresas. Revisa los principales estándares y regulaciones internacionales sobre RSC, como los Pactos de las Naciones Unidas, el Pacto Mundial, las directrices de la OCDE y la normativa de la Unión Europea. También examina el marco
Respecto de su política social, la Unión Europea debe mejorar y ampliar los derechos en materia de igualdad de oportunidades y de lucha contra la marginación social.
Los derechos indígenas en la nueva constituciónMarco Gregorio
La Constitución de 1998 de Ecuador supuso un avance en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas al reconocer su diversidad étnica y otorgarles derechos culturales y territoriales colectivos. Aunque no satisfizo todas sus demandas, se convirtió en un referente internacional. La nueva Constitución debería reconocer a los pueblos indígenas como sujetos políticos del Estado, respetar sus modelos económicos sustentables y derechos territoriales, e incorporar los contenidos de la Decl
Este documento trata sobre el derecho financiero. Explica que el derecho financiero regula la actividad financiera del estado y los entes públicos, incluyendo la obtención, gestión y gasto de recursos. También se relaciona con otras ramas como derecho constitucional, derecho civil, derecho administrativo e internacional. Aunque no tiene autonomía científica, estudia normas relacionadas a ingresos, gastos y actividad financiera estatal.
Este documento presenta el diseño de investigación de una monografía sobre el análisis comparativo de la Ley del Notariado de 1858 y sus modificaciones hasta la actualidad en Bolivia. Contiene la introducción del tema, los objetivos, la metodología y el marco teórico. Se analizará la legislación boliviana relacionada a la Ley del Notariado, así como las leyes de otros países. El método será comparativo, histórico y analítico.
Derechos de las personas con discapacidad.José María
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el marco de derechos humanos que trata de subvertir la situación de exclusión y discriminación de las personas con discapacidad frente a las múltiples barreras que vulneran sus derechos.
La responsabilidad social corporativa dimensión normativaSALONVIRTUAL
Este documento analiza el proceso de normativización de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y sus implicaciones para las empresas españolas. Explora si existe una creciente presión regulatoria de la RSC a nivel europeo y español, y qué consecuencias económicas podría tener esto para las empresas. Revisa los principales estándares y regulaciones internacionales sobre RSC, como los Pactos de las Naciones Unidas, el Pacto Mundial, las directrices de la OCDE y la normativa de la Unión Europea. También examina el marco
Respecto de su política social, la Unión Europea debe mejorar y ampliar los derechos en materia de igualdad de oportunidades y de lucha contra la marginación social.
Los derechos indígenas en la nueva constituciónMarco Gregorio
La Constitución de 1998 de Ecuador supuso un avance en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas al reconocer su diversidad étnica y otorgarles derechos culturales y territoriales colectivos. Aunque no satisfizo todas sus demandas, se convirtió en un referente internacional. La nueva Constitución debería reconocer a los pueblos indígenas como sujetos políticos del Estado, respetar sus modelos económicos sustentables y derechos territoriales, e incorporar los contenidos de la Decl
El Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Trans...Crónicas del despojo
Este documento analiza la arquitectura de la impunidad que protege las prácticas de las grandes corporaciones transnacionales frente a los derechos humanos y del medio ambiente. Por un lado, se sustenta en el capitalismo y el patriarcado que ponen la acumulación de capital por encima de los derechos de las personas y la naturaleza. Por otro lado, se basa en una red de tratados y acuerdos que otorgan mayores derechos a las empresas que a los Estados y los pueblos. Frente a esto, el Tratado de los Pue
Los principios y derechos fundamentales en el trabajojafatru
Este documento discute los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Explica que estos derechos surgen de la necesidad de establecer reglas y normas para organizar las relaciones en toda sociedad. También describe cómo los derechos fundamentales evolucionaron de conceptos de derecho natural a ser incorporados en el derecho positivo de los estados modernos, con el objetivo de promover la justicia social. Finalmente, analiza la Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su importancia para promover el trabajo decente.
Pueblos indígenas, tratado sobre empresas transnacionales y DDHHCrónicas del despojo
Un debate ineludible es la cuestión que relaciona los impactos negativos de actividades de las empresas y los derechos humanos. Los pueblos indígenas son uno de los grupos más afectados por actividades empresariales realizadas en sus territorios. Las denuncias sobre estas situaciones evidencian fallos de los Estados en su obligación de proteger a los pueblos indígenas contra violaciones a sus derechos. En este contexto el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidió retomar el debate para regular los impactos de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos.
Este documento presenta la Declaración de La Haya sobre la promoción del cumplimiento de la normativa en los lugares de trabajo por los Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares. Reconoce la importancia de promover el cumplimiento de las normas laborales internacionales y los principios y derechos fundamentales del trabajo. Insta a los CES-IS a desempeñar un papel más activo en este tema, incluso mediante la cooperación con sindicatos, empresas y organismos de inspección laboral. También pide a la
Este documento presenta las directrices de la Unión Europea para negociar un acuerdo de colaboración sobre comercio e inversión con Estados Unidos. Se propone un acuerdo ambicioso que vaya más allá de los compromisos actuales de la OMC, liberalizando el comercio de bienes, servicios y normas comerciales entre los dos bloques. El acuerdo también busca establecer normas globales y abrir más los mercados para crear oportunidades económicas y empleos. No obstante, el documento plantea dudas
Este documento resume la política de inmigración de la Unión Europea desde 2005 hasta la actualidad. Enfatiza que la UE busca una inmigración muy controlada y legal en lugar de dejar las puertas abiertas. Describe los principales cambios introducidos por el Tratado de Lisboa de 2007, incluida la creación de una política común de inmigración y asilo. Finalmente, analiza documentos clave de la Comisión Europea sobre una estrategia coordinada e integrada de inmigración basada en la prosperidad, la solidaridad
La no discriminación se articula como un principio básico de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.
Dentro del marco de Naciones Unidas hay que destacar también dos importantes instrumentos jurídicos adoptados en 1966, el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 26 configura la no discriminación como un derecho de carácter autónomo y general.
II Plan Nacional de Derechos Humanos. 2023-2027..pdfJosé María
Se deben promover las acciones públicas necesarias para garantizar a todas las personas, de manera efectiva, el disfrute de los derechos fundamentales que recoge la Constitución en el Capítulo II
del Título I y, también, los derechos económicos y sociales que aparecen recogidos como principios rectores de la política social y económica, convirtiéndolos en derechos subjetivos mediante el refuerzo,
desarrollo e impulso de acciones legislativas, teniendo
siempre en cuenta los procesos de diálogo social.
Este documento presenta el marco conceptual para analizar la relación entre el puerto de Buenaventura, los tratados de libre comercio y la situación social de la población local. Explica que Colombia es un Estado social de derecho obligado a proteger a la población y promover su bienestar general a través de políticas públicas. Analiza experiencias de movimientos sociales urbanos en América Latina y la noción de desarrollo propuesta por Amartya Sen, que enfatiza las libertades y capacidades humanas más allá del crecimiento econó
El documento resume un debate sobre políticas de inmigración en Cataluña. Aborda temas como la integración de inmigrantes, los derechos de los inmigrantes, la percepción social de la inmigración, y los nuevos retos planteados por los cambios económicos y sociales. Se discuten informes sobre la situación laboral de los inmigrantes y sobre migración a nivel mundial. El debate concluye que se necesitan políticas que promuevan la igualdad de oportunidades e integración para todos los grupos.
Este documento analiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación como un derecho social. En primer lugar, discute las consideraciones generales sobre los derechos sociales y argumenta que no hay diferencias sustanciales entre los derechos sociales y los derechos civiles y políticos. Luego, examina cómo la Constitución chilena conceptualiza este derecho como un derecho social, lo que implica deberes para el Estado para garantizarlo. Finalmente, analiza las implicancias de considerar este derecho como un derecho social.
El juez como garante de la proteccion de los ddhh_IAFJSRMauri Rojas
Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez
“Enseñanza Jurídica que transforma vidas”.
Somos una institución de Educación de Adultos, que germino legalmente el 17 de Julio del Año 2014, siendo registrada en el Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones Interiores y Justicia, Servicio Autónomo de Registros y Notarias y ante los órganos educativos del Estado Venezolano, entre los que destacan el INCES y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, dedicada a la formación continua de profesionales en el derecho, preparándolos para entender, comprender y desarrollar exitosamente su ejercicio jurídico.
Estamos ubicados en la Ciudad de Maracay Estado Aragua – Venezuela. www.iafjsr.com.ve
La Recepción De La Convención De La Onu En El Ordenamiento Jurídico Español. ...Ricardo Castañeda
Este documento analiza la recepción de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ordenamiento jurídico español. Señala que aunque España ya reconoce muchos de los derechos establecidos, hace falta ajustar algunas leyes y políticas para asegurar la igualdad de oportunidades y no discriminación de acuerdo a la nueva perspectiva de discapacidad como resultado de la interacción entre las limitaciones de una persona y las barreras en la sociedad. También propone modificaciones normativas
II Plan Nacional de Derechos Humanos. 2023-2027. Grupos vulrables y específic...José María
La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
El principio de igualdad de trato y no discriminación es uno de los valores más importantes reconocidos por la comunidad internacional y constituye el núcleo de los derechos humanos. La discriminación restringe, impide, menoscaba y anula el reconocimiento y ejercicio de estos derechos.
La noción de servicio de interés general: un derecho jurídico de base por Jav...Edgar Vásquez Cruz
El documento analiza la noción de "Servicio de Interés General" en el derecho comunitario europeo y cómo esta noción podría servir como base para la construcción de un derecho global. La noción de "Servicio de Interés General" se fundamenta en la combinación de los conceptos de "Servicio Económico de Interés General" y "servicio universal" y abandona las clasificaciones rígidas del derecho público, constituyendo así una noción amplia y dinámica que podría reemplazar la idea clásica de "servicio público" y
Este documento discute la protección de bienes jurídicos colectivos en el derecho penal peruano. Explica que la Constitución de 1979 adoptó un régimen de economía mixta que reconoció libertades económicas bajo el interés social. Esto llevó a la protección de nuevos bienes jurídicos colectivos y principios penales como la taxatividad. El Código Penal de 1991 tipificó delitos económicos para proteger el orden económico constitucional, incluyendo delitos financieros. El documento analiza la
Este documento presenta el marco conceptual para un análisis del puerto y la ciudad de Buenaventura desde perspectivas económica y social. Explica que Colombia es un estado social de derecho obligado a proponer políticas públicas para el bienestar general de acuerdo a la Constitución. Analizará el rol de las mujeres en programas del gobierno distrital para grupos vulnerables en Buenaventura.
Este documento presenta el marco conceptual para analizar la relación entre el puerto de Buenaventura y la situación de la población local. Explica que se analizará cómo el impacto económico del puerto afecta las condiciones de vida de los residentes, quienes enfrentan pobreza y violencia. También resume las perspectivas de Amartya Sen sobre el desarrollo humano y la participación comunitaria como un medio para interpretar y proponer cambios a las políticas gubernamentales. El objetivo es ir más allá de una particip
EL DERECHO COLABORATIVO. INNOVACIÓN SOCIAL BASADA EN LA RESOLUCIÓN ALTERNATIV...Aritza López de Guereno
Resulta poco habitual, la incorporación de principios y acciones de marketing, dentro de la gestión profesional de los despachos de abogados/as, y menos aún, por parte de los autónomos y los pequeños bufetes, que suponen más del 95% de la oferta actual de servicios legales en España, medido en términos de organizaciones (o profesionales) independientes. En este trabajo, abordamos varios retos profesionales de marketing (la segmentación y el diseño de nuevos servicios), aplicados a una de las corrientes que tratan de innovar en el sector de la abogacía: el derecho colaborativo.
En el País Vasco, la Asociación de Derecho Colaborativo (ADCE) es la organización que, desde 2013, está tratando de impulsar la creación de nuevos servicios basados en la práctica colaborativa del derecho (PCD). Siguiendo la evolución global de esta nueva metodología o praxis legal, su desarrollo como negocio se ha producido principalmente, en el ámbito de los conflictos familiares, a través de los denominados “servicios de divorcio colaborativo”. En este trabajo, trataremos de descubrir nuevos segmentos de interés y valor potencial comercial, para el diseño de nuevos servicios legales, de tipo colaborativo.
Se realiza una breve exposición de la crisis, sus causas y su impacto en términos de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Corredor Seco Guatemalteco. Se exponen además tres ejemplos concretos de transferencia y/o gestión del conocimiento apoyados por AECID-FAO en el marco de esa crisis. En concreto:
1- Sistema de alerta temprana que se apoyó con el proyecto regional FAO-AECID “Fortalecimiento en la Región Mesoamericana de la Resiliencia de la Agricultura Familiar, a través de la Prevención y Respuesta Efectiva Frente a Enfermedades Fito y Zoo-Sanitarias”.
2- Seminario de manejo agroecológico de la roya del Café. Proyecto FAO TCP/SLM/3403 y también se apoyó con el proyecto regional FAO-AECID mencionado más arriba.
3- Sistematización de la Segunda Cumbre Mundial de la Roya (financiada por Arauclima) que se celebró en Guatemala en Junio del 2017.
El Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Trans...Crónicas del despojo
Este documento analiza la arquitectura de la impunidad que protege las prácticas de las grandes corporaciones transnacionales frente a los derechos humanos y del medio ambiente. Por un lado, se sustenta en el capitalismo y el patriarcado que ponen la acumulación de capital por encima de los derechos de las personas y la naturaleza. Por otro lado, se basa en una red de tratados y acuerdos que otorgan mayores derechos a las empresas que a los Estados y los pueblos. Frente a esto, el Tratado de los Pue
Los principios y derechos fundamentales en el trabajojafatru
Este documento discute los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Explica que estos derechos surgen de la necesidad de establecer reglas y normas para organizar las relaciones en toda sociedad. También describe cómo los derechos fundamentales evolucionaron de conceptos de derecho natural a ser incorporados en el derecho positivo de los estados modernos, con el objetivo de promover la justicia social. Finalmente, analiza la Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su importancia para promover el trabajo decente.
Pueblos indígenas, tratado sobre empresas transnacionales y DDHHCrónicas del despojo
Un debate ineludible es la cuestión que relaciona los impactos negativos de actividades de las empresas y los derechos humanos. Los pueblos indígenas son uno de los grupos más afectados por actividades empresariales realizadas en sus territorios. Las denuncias sobre estas situaciones evidencian fallos de los Estados en su obligación de proteger a los pueblos indígenas contra violaciones a sus derechos. En este contexto el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidió retomar el debate para regular los impactos de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos.
Este documento presenta la Declaración de La Haya sobre la promoción del cumplimiento de la normativa en los lugares de trabajo por los Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares. Reconoce la importancia de promover el cumplimiento de las normas laborales internacionales y los principios y derechos fundamentales del trabajo. Insta a los CES-IS a desempeñar un papel más activo en este tema, incluso mediante la cooperación con sindicatos, empresas y organismos de inspección laboral. También pide a la
Este documento presenta las directrices de la Unión Europea para negociar un acuerdo de colaboración sobre comercio e inversión con Estados Unidos. Se propone un acuerdo ambicioso que vaya más allá de los compromisos actuales de la OMC, liberalizando el comercio de bienes, servicios y normas comerciales entre los dos bloques. El acuerdo también busca establecer normas globales y abrir más los mercados para crear oportunidades económicas y empleos. No obstante, el documento plantea dudas
Este documento resume la política de inmigración de la Unión Europea desde 2005 hasta la actualidad. Enfatiza que la UE busca una inmigración muy controlada y legal en lugar de dejar las puertas abiertas. Describe los principales cambios introducidos por el Tratado de Lisboa de 2007, incluida la creación de una política común de inmigración y asilo. Finalmente, analiza documentos clave de la Comisión Europea sobre una estrategia coordinada e integrada de inmigración basada en la prosperidad, la solidaridad
La no discriminación se articula como un principio básico de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.
Dentro del marco de Naciones Unidas hay que destacar también dos importantes instrumentos jurídicos adoptados en 1966, el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 26 configura la no discriminación como un derecho de carácter autónomo y general.
II Plan Nacional de Derechos Humanos. 2023-2027..pdfJosé María
Se deben promover las acciones públicas necesarias para garantizar a todas las personas, de manera efectiva, el disfrute de los derechos fundamentales que recoge la Constitución en el Capítulo II
del Título I y, también, los derechos económicos y sociales que aparecen recogidos como principios rectores de la política social y económica, convirtiéndolos en derechos subjetivos mediante el refuerzo,
desarrollo e impulso de acciones legislativas, teniendo
siempre en cuenta los procesos de diálogo social.
Este documento presenta el marco conceptual para analizar la relación entre el puerto de Buenaventura, los tratados de libre comercio y la situación social de la población local. Explica que Colombia es un Estado social de derecho obligado a proteger a la población y promover su bienestar general a través de políticas públicas. Analiza experiencias de movimientos sociales urbanos en América Latina y la noción de desarrollo propuesta por Amartya Sen, que enfatiza las libertades y capacidades humanas más allá del crecimiento econó
El documento resume un debate sobre políticas de inmigración en Cataluña. Aborda temas como la integración de inmigrantes, los derechos de los inmigrantes, la percepción social de la inmigración, y los nuevos retos planteados por los cambios económicos y sociales. Se discuten informes sobre la situación laboral de los inmigrantes y sobre migración a nivel mundial. El debate concluye que se necesitan políticas que promuevan la igualdad de oportunidades e integración para todos los grupos.
Este documento analiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación como un derecho social. En primer lugar, discute las consideraciones generales sobre los derechos sociales y argumenta que no hay diferencias sustanciales entre los derechos sociales y los derechos civiles y políticos. Luego, examina cómo la Constitución chilena conceptualiza este derecho como un derecho social, lo que implica deberes para el Estado para garantizarlo. Finalmente, analiza las implicancias de considerar este derecho como un derecho social.
El juez como garante de la proteccion de los ddhh_IAFJSRMauri Rojas
Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez
“Enseñanza Jurídica que transforma vidas”.
Somos una institución de Educación de Adultos, que germino legalmente el 17 de Julio del Año 2014, siendo registrada en el Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones Interiores y Justicia, Servicio Autónomo de Registros y Notarias y ante los órganos educativos del Estado Venezolano, entre los que destacan el INCES y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, dedicada a la formación continua de profesionales en el derecho, preparándolos para entender, comprender y desarrollar exitosamente su ejercicio jurídico.
Estamos ubicados en la Ciudad de Maracay Estado Aragua – Venezuela. www.iafjsr.com.ve
La Recepción De La Convención De La Onu En El Ordenamiento Jurídico Español. ...Ricardo Castañeda
Este documento analiza la recepción de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ordenamiento jurídico español. Señala que aunque España ya reconoce muchos de los derechos establecidos, hace falta ajustar algunas leyes y políticas para asegurar la igualdad de oportunidades y no discriminación de acuerdo a la nueva perspectiva de discapacidad como resultado de la interacción entre las limitaciones de una persona y las barreras en la sociedad. También propone modificaciones normativas
II Plan Nacional de Derechos Humanos. 2023-2027. Grupos vulrables y específic...José María
La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
El principio de igualdad de trato y no discriminación es uno de los valores más importantes reconocidos por la comunidad internacional y constituye el núcleo de los derechos humanos. La discriminación restringe, impide, menoscaba y anula el reconocimiento y ejercicio de estos derechos.
La noción de servicio de interés general: un derecho jurídico de base por Jav...Edgar Vásquez Cruz
El documento analiza la noción de "Servicio de Interés General" en el derecho comunitario europeo y cómo esta noción podría servir como base para la construcción de un derecho global. La noción de "Servicio de Interés General" se fundamenta en la combinación de los conceptos de "Servicio Económico de Interés General" y "servicio universal" y abandona las clasificaciones rígidas del derecho público, constituyendo así una noción amplia y dinámica que podría reemplazar la idea clásica de "servicio público" y
Este documento discute la protección de bienes jurídicos colectivos en el derecho penal peruano. Explica que la Constitución de 1979 adoptó un régimen de economía mixta que reconoció libertades económicas bajo el interés social. Esto llevó a la protección de nuevos bienes jurídicos colectivos y principios penales como la taxatividad. El Código Penal de 1991 tipificó delitos económicos para proteger el orden económico constitucional, incluyendo delitos financieros. El documento analiza la
Este documento presenta el marco conceptual para un análisis del puerto y la ciudad de Buenaventura desde perspectivas económica y social. Explica que Colombia es un estado social de derecho obligado a proponer políticas públicas para el bienestar general de acuerdo a la Constitución. Analizará el rol de las mujeres en programas del gobierno distrital para grupos vulnerables en Buenaventura.
Este documento presenta el marco conceptual para analizar la relación entre el puerto de Buenaventura y la situación de la población local. Explica que se analizará cómo el impacto económico del puerto afecta las condiciones de vida de los residentes, quienes enfrentan pobreza y violencia. También resume las perspectivas de Amartya Sen sobre el desarrollo humano y la participación comunitaria como un medio para interpretar y proponer cambios a las políticas gubernamentales. El objetivo es ir más allá de una particip
EL DERECHO COLABORATIVO. INNOVACIÓN SOCIAL BASADA EN LA RESOLUCIÓN ALTERNATIV...Aritza López de Guereno
Resulta poco habitual, la incorporación de principios y acciones de marketing, dentro de la gestión profesional de los despachos de abogados/as, y menos aún, por parte de los autónomos y los pequeños bufetes, que suponen más del 95% de la oferta actual de servicios legales en España, medido en términos de organizaciones (o profesionales) independientes. En este trabajo, abordamos varios retos profesionales de marketing (la segmentación y el diseño de nuevos servicios), aplicados a una de las corrientes que tratan de innovar en el sector de la abogacía: el derecho colaborativo.
En el País Vasco, la Asociación de Derecho Colaborativo (ADCE) es la organización que, desde 2013, está tratando de impulsar la creación de nuevos servicios basados en la práctica colaborativa del derecho (PCD). Siguiendo la evolución global de esta nueva metodología o praxis legal, su desarrollo como negocio se ha producido principalmente, en el ámbito de los conflictos familiares, a través de los denominados “servicios de divorcio colaborativo”. En este trabajo, trataremos de descubrir nuevos segmentos de interés y valor potencial comercial, para el diseño de nuevos servicios legales, de tipo colaborativo.
Se realiza una breve exposición de la crisis, sus causas y su impacto en términos de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Corredor Seco Guatemalteco. Se exponen además tres ejemplos concretos de transferencia y/o gestión del conocimiento apoyados por AECID-FAO en el marco de esa crisis. En concreto:
1- Sistema de alerta temprana que se apoyó con el proyecto regional FAO-AECID “Fortalecimiento en la Región Mesoamericana de la Resiliencia de la Agricultura Familiar, a través de la Prevención y Respuesta Efectiva Frente a Enfermedades Fito y Zoo-Sanitarias”.
2- Seminario de manejo agroecológico de la roya del Café. Proyecto FAO TCP/SLM/3403 y también se apoyó con el proyecto regional FAO-AECID mencionado más arriba.
3- Sistematización de la Segunda Cumbre Mundial de la Roya (financiada por Arauclima) que se celebró en Guatemala en Junio del 2017.
Fondo de Cooperación en Agua y Saneamiento de la Cooperación Española en Guatemala. 800.000 guatemaltecos accederán a agua potable y saneamiento con apoyo de la Cooperación Española.
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE LA AOD ESPAÑOLA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS. Presentación elaborada para el Encuentro Sub-Regional de Lucha Contra el Hambre PESA-FAO. Guatemala. Mayo 2005
La estrategia de cooperación española en el occidente de Honduras tiene como objetivo coordinar la inversión de la ayuda oficial al desarrollo española en la región más pobre de Honduras para mejorar su eficacia en la lucha contra la pobreza. Define orientaciones estratégicas y criterios de concentración geográfica y sectorial para las actuaciones de desarrollo en la zona, alineadas con los objetivos de reducción de pobreza de Honduras y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El diagnóstico
La Estrategia de la Cooperación Española para el Occidente de Honduras (ECEO). La iniciativa de elaborar la ECEO surgió como una propuesta para dar respuesta a la necesidad de articular y ordenar las numerosas intervenciones de los diversos actores de la AOD española en el Occidente del país. La ECEO definió unas orientaciones estratégicas de las actuaciones en la zona, así como unos criterios para la concentración geográfica y sectorial de dichas actuaciones.
Sectores de actuación de la cooperación española en el occidente de Honduras. A principios de 2003, se comenzaron a dar lo primeros pasos concretos para estructurar la estrategia de la cooperación española en el Occidente de Honduras. En marzo de ese año, se constituye la denominada “Mesa de Occidente”, grupo de trabajo integrado por personal técnico de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la AECI en Honduras con el objetivo de establecer las líneas prioritarias de actuación de la Cooperación Española en el Occidente de Honduras. Evidentemente, la suma de líneas prioritarias no constituía todavía una estrategia para toda la AOD española, pero permitió contar con una base de discusión preliminar en la que integrar a los diferentes actores involucrados en la elaboración de la misma. Se presentan aquí las líneas prioritarias que fueron la base para la posterior estrategia de la AOD española en el Occidente de Honduras.
A iniciativa del Instituto Hondureño del Café, con especial referencia a su catador en jefe, Carlos Pineda, y con el apoyo técnico y finaciero de la Cooperación Española en Honduras, se puso en marcha en el año 2004 la primera escuela de catadores de Honduras, proyecto de trascendental importancia para la mejora de la calidad del café Hondureño.
La primera Escuela de Promotores Locales del Sector Cafetalero de Honduras, nació a iniciativa de la Cooperación Española en Honduras, con el apoyo de TROCAIRE y la participación decidida de las distintas instituciones cafetaleras nacionales. El objetivo básico de dicha escuela fue el de formar promotores (as) sociales que facilitaran en el corto y medio plazo la implementación de la Política Cafetalera Nacional en los municipios cafetaleros hondureños, con especial referencia a la conformación de comités municipales del café, que impulsaran, normaran y regularan la actividad cafetalera en el ámbito local.
El Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) con el apoyo técnico y financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y de la Agencia Católica Irlandesa de Cooperación (TROCAIRE) decidieron poner en marcha un ambicioso Programa de Apoyo a Cooperativas orientado al trabajo directo con cooperativas de base, buscando su fortalecimiento como empresas y su integración en entidades comercializadoras regionales.
El programa reconocía la importancia del cooperativismo como modelo organizativo que permite a los pequeños productores competir en el complicado mercado nacional e internacional del café, movidos por los principios de solidaridad y cooperación mutua.
El programa benefició a más de 1000 pequeños y medianos productores organizados en 19 cooperativas. Las mismas fueron seleccionadas por su potencial para producir cafés de calidad, así como por estar organizadas o con voluntad de integrarse en estructuras regionales. Además eran cooperativas dispuestas a establecer mecanismos de capitalización interna con los fondos que recibieran.
Se adjunta la presentación del programa en su primera fase.
Se presenta la estrategia de la Cooperación Española para el apoyo a Denominaciones de Origen Protegidas para los mejores cafés de Honduras, en el marco del Programa de Apoyo al sector cafetalero Hondureño.
El documento propone un programa para ayudar a la industria del café en Honduras, que enfrenta una grave crisis de bajos precios. El programa busca mejorar la calidad y competitividad del café hondureño a través de acciones como aumentar el valor agregado, obtener certificaciones de calidad, diversificar cultivos, fortalecer organizaciones de productores y desarrollar políticas públicas para el sector. El objetivo final es reducir la pobreza al apoyar a los más de 112,000 pequeños productores de café en Honduras.
El Programa Café de la Cooperación Española en Honduras fue formulado para afrontar la grave situación generada por la crisis cafetalera mundial de principios de siglo XXI, con acciones que fueran mucho más allá de la mera respuesta de emergencia a los nocivos efectos económicos y sociales que provocaba el desplome de los precios. Para ello se estableció una estrategia que buscaba mejorar la competitividad de la caficultura hondureña, paliando en lo posible los efectos sociales negativos de la caída de los precios. Se presenta el contenido de dicho programa así como los resultados alcanzados a Septiembre del 2006.
En mi condición de Gerente del Departamento de Comunicaciones y Relaciones, de la Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras, coordiné la elaboración de un documento de análisis de los impactos de la crisis en los productores afiliados a La Central, planteando también la tesis sobre la oportunidad que ofrecía la crisis cafetalera para los pequeños y medianos productores organizados en cooperativas e integrados en La Central. Se presente aquí la versión en power point.
En mi condición de Gerente del Departamento de Comunicaciones y Relaciones, de la Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras, coordiné la elaboración de un documento de análisis de los impactos de la crisis en los productores afiliados a La Central, planteando también la tesis sobre la oportunidad que ofrecía la crisis cafetalera para los pequeños y medianos productores organizados en cooperativas e integrados en La Central. Se presente aquí la versión ejecutiva.
En esta presentación, elaborada para la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en su Oficina Técnica de Cooperación en Honduras (OTC- Honduras), se procura definir la naturaleza y la magnitud de la crisis y establecer líneas de trabajo que puedan superar sus efectos desde una perspectiva de competitividad para el sector, especialmente en lo que respecta a los pequeños y medianos productores, que son los que más sufren los efectos de la crisis.
El documento de trabajo, elaborado para la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en su Oficina Técnica de Cooperación en Honduras (OTC- Honduras), procura definir la naturaleza y la magnitud de la crisis y establecer líneas de trabajo que puedan superar sus efectos desde una perspectiva de competitividad para el sector, especialmente en lo que respecta a los pequeños y medianos productores, que son los que más sufren los efectos de la crisis.
Venezuela es probablemente el país del Hemisferio en que hay una mayor discusión entorno a la vigencia efectiva de la Democracia Moderna. Aunque a primera vista existen elecciones periódicas, sujeción de las autoridades a la Constitución de la República, vigencia del respeto a la voluntad de las mayorías, pluralismo político y social así como la posibilidad de que accedan al poder los partidos de oposición, un análisis más detallado nos presenta numerosos indicios de lo se pudiera interpretar como el “creciente cerco” del “oficialismo Chavista” a los pilares básicos del Sistema Democrático Liberal. Un buen ejemplo de esta ofensiva gira entorno al principio de competencia como analizamos a continuación.
Este documento resume la evolución histórica de la democracia en Venezuela desde la Colonia hasta 1978. Describe los períodos de la Formación del Estado Nacional (1810-1910), caracterizado por gobiernos oligárquicos y caudillistas, y Expansiones y Contracciones (1920-1978), que incluyó la dictadura de Gómez y el espejismo democrático de 1947-1948. Aunque sigue la clasificación de Gómez Buendía, señala diferencias como una menor desigualdad en la Colonia y un prolongado período de estabil
Tradicionalmente los medios de comunicación han sido, en el escenario democrático, un último recurso de los ciudadanos contra los abusos de poder; de este modo se los llegó a calificar como “el cuarto poder”, que prevenía y denunciaba los abusos de los tres poderes tradicionales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial (Ramonet, 2003). Tan importante fue y es el trabajo de los medios en señalar las fallas del sistema democrático que la libertad de prensa alcanzó una condición “quasi-sagrada” e incuestionable que acabó consolidando el mito de que “la libertad de los medios de comunicación es siempre garantía de la libertad colectiva de expresión, base de la democracia”.
Con los fenómenos de la globalización y mundialización, asistimos a la concentración de los medios de comunicación tradicionales en grandes “grupos mediáticos” que integran tareas, un tiempo autónomas, como son las de la cultura de masas, la comunicación y la información (Ramonet, 2003). Estos grandes grupos tienden a confundir su propia libertad de expresión con el derecho de los ciudadanos a recibir una información rigurosa y veraz, en la que la difusión consciente de informaciones falsas o difamaciones, sea severamente sancionada. Pareciera como si los medios ya no se conformaran con ser un “cuarto poder”, sino que cada vez más buscan ser un “poder efectivo” que incida en el desarrollo de los acontecimientos políticos en escala nacional e internacional. En América Latina se observan numerosos ejemplos de esta nueva realidad, especialmente cuando los procesos de cambio politico que se viven en la Región, derivan en Golpes de Estado como el ocurrido en Venezuela en el 2002 o el más reciente de Honduras. En las dos situaciones los procesos de cambio constitucional (concluido, o sometido a consulta previa), estuvieron en el centro de la crisis y mostraron de manera “descarnada” el abandono del papel “imparcial” de los medios informativos en apoyo a la justificación del golpismo. Si bien se considera el ejemplo de Venezuela, centraré mi análisis en el caso Hondureño, pues precisamente éste abre la posibilidad de legitimar la ruptura del orden constitucional con argumentos “pseudo-legales”, generando un peligroso precedente que pudiera hacer retroceder los logros alcanzado con la Tercera Ola Democrática en América Latina.
José Luis Jiménez Rodríguez
Junio 2024.
“La pedagogía es la metodología de la educación. Constituye una problemática de medios y fines, y en esa problemática estudia las situaciones educativas, las selecciona y luego organiza y asegura su explotación situacional”. Louis Not. 1993.
La Unidad Eudista de Espiritualidad se complace en poner a su disposición el siguiente Triduo Eudista, que tiene como propósito ofrecer tres breves meditaciones sobre Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. En cada día encuentran una oración inicial, una meditación y una oración final.
Reflexiones entorno a la estrategia de cooperación española con los pueblos indígenas 310510
1. REFLEXIONES ENTORNO A LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN
ESPAÑOLA CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS (ECEPI)
INTRODUCCION
Desde el año 2006 España dispone de un nuevo marco estratégico para el
trabajo de cooperación con Pueblos Indígenas (PPII). En la Estrategia de
Cooperación Española con los Pueblos Indígenas (ECEPI) se introduce un
mandato claro para que todas las políticas, programas y proyectos de
cooperación española adopten el “enfoque de derechos” propuesto por
Naciones Unidas, así como una clara apuesta por el apoyo a procesos de
transformación que contribuyan tanto al reconocimiento como al ejercicio de los
de Derechos Humanos de los PPII. Pese a que España ha ratificado el
“Convenio 169 de la OIT” y adoptado la “Declaración de Naciones Unidas
sobre los Derechos de los PPII”, quedando ambos documentos ampliamente
recogidos tanto en el “espíritu” como en la “letra” de la ECEPI, existe
importantes dudas sobre la efectividad de estos esfuerzos para transformar
realmente la política de cooperación con los PPII más allá de lo que pareciera
ser una mera declaración de buenas intenciones.
LA ESTRATEGIA Y SU VINCULACIÓN CON EL CONVENIO 169 Y LA
DECLARACION DE NACIONES UNIDAS.
La ECEPI es la herramienta más importante adoptada por la Cooperación
Española para el trabajo con PPII. Orienta la actuación de todos aquellos
actores de la cooperación internacional española, sea públicos o privados, que
desarrollan actividades de cooperación de cualquier índole con PPII. El objetivo
fundamental que busca alcanzar la ECEPI es el de contribuir al reconocimiento
y ejercicio efectivo del derecho de los PPII a articular sus propios procesos de
desarrollo social, económico, político y cultural (ECEPI: 18). Para ello establece
una serie de principios básicos que deberán de respetar los distintos actores de
la cooperación española a la hora de cooperar en materia de PPII, a saber: el
principio de auto-identificación como criterio principal para determinar quiénes
son Pueblos o individuos indígenas, el reconocimiento de la vinculación que
existe entre la identidad, la cultura y la cosmovisión de los PPII y el control
efectivo de sus tierras y territorios, el derecho al auto-desarrollo, entendido
como la elaboración, aplicación y proyección de sus propios modelos y
concepciones de desarrollo, definidos desde sus respectivas identidades
diferenciadas, en orden a satisfacer adecuadamente sus necesidades
individuales y colectivas; el derecho al consentimiento libre, previo e informado,
incluido el derecho a rechazar propuestas de proyectos y actividades de
cooperación para el desarrollo o de otra índole; la aplicación de un enfoque
basado en procesos y en el reconocimiento de derechos (ECEPI: 18).
La trascendencia de la ECEPI no se puede entender separada de dos
circunstancias de gran importancia en el reconocimiento, por parte de España,
de los derechos humanos, individuales y colectivos, de los PPII. Nos referimos,
en primer lugar, a la ratificación española del Convenio 169 de la OIT, realizada
en febrero del 2007. Aunque el Convenio se ratifica con posterioridad a la
elaboración de la ECEPI, no cabe duda de que ésta recoge la mayor parte de
2. los principios y derechos consagrados en el Convenio; pero más allá de éste
hecho, la ratificación tiene importantes implicaciones jurídicas que España
debe comenzar a aplicar no sólo en relación a las políticas públicas de
cooperación internacional para el desarrollo. Tras su ratificación y debido a que
el Convenio tiene el rango de un tratado internacional, éste pasa a convertirse
en derecho nacional que debe ser respetado garantizado y promovido por
todas las instituciones públicas nacionales y no sólo por aquellas dedicadas
exclusivamente al mundo de la Cooperación Internacional, como pudiera
haberse interpretado en un primer momento (Berraondo 2009: 131). Además,
siendo derecho nacional, obliga también a los actores privados españoles,
especialmente las empresas y ONGs, muchas de las cuáles realizan
importantes actuaciones en territorios indígenas. Lo anterior significa que
cobran rango de ley para el ordenamiento jurídico español, los derechos en
favor de los PPII reconocidos en el Convenio como por ejemplo: el derecho al
autogobierno y la autonomía, los derechos a la tierra y el territorio, la propiedad
intelectual, el reconocimiento de las formas tradicionales de organización, etc.
(Berraondo 2009: 132). Se sobreentiende entonces que dichos derechos
pudieran ser reclamados por los PPII, u otros interesados, ante los tribunales
españoles en función del principio de extraterritorialidad.
El segundo elemento de importancia para la ECEPI es la adopción por parte de
España de la “Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas” que fue aprobada en Septiembre del 2007. Si bien la
adopción de la declaración es posterior a la aprobación de la ECEPI, ésta
última se enmarca plenamente en la filosofía y principios de la Declaración y la
considera, en su versión de “Proyecto de Declaración”, como parte del “marco
normativo internacional prioritario” a ser considerado en la materia (ECEPI: 65).
Aunque la Declaración no tiene la misma fuerza jurídica vinculante que el
Convenio 169 para los Estados que la han adoptado, al no tener el rango de
tratado internacional, si constituye un documento de referencia fundamental
para la protección de los derechos de los pueblos indígenas pues complementa
y amplía los derechos ya reconocidos en el Convenio 169, por ejemplo
haciendo mención expresa, entre otros, al derecho a la “libre
determinación” (Artículo 3 de la Declaración).
REFLEXIONES ENTORNO A LA EFECTIVIDAD DE LA ECEPI.
De lo analizado hasta aquí, es evidente que la ECEPI se enmarca en los
esfuerzos que los países occidentales han realizado por incorporar en sus
estrategias de desarrollo el enfoque de la cooperación al desarrollo basado en
derechos, abandonando planteamientos paternalistas que habían sido la
referencia en la cooperación a favor de los PPII en épocas anteriores (De la
Fuente: 2008: 32). En este sentido la importancia del enfoque de derechos
estriba en que implica “el reconocimiento del nuevo sujeto indígena como actor
colectivo responsable de su propio desarrollo” lo que lleva aparejado que la
cooperación internacional, en este caso la Española, se compromete con dos
prioridades: “a) Respetar el principio del consenso previo, libre e informado,
de los pueblos indígenas y sus organizaciones en la planificación y
ejecución de proyectos que afecten a sus intereses. Y, b)
Ajustar las
3. estrategias de cooperación no ya únicamente a la negociación con los
gobiernos de los países, sino también y en la medida de lo posible en primer
lugar, con los intereses y prioridades planteadas por las organizaciones
indígenas en los Foros Internacionales, o en las consultas ad hoc planteadas
para redefinir las políticas de cooperación al desarrollo de los pueblos
indígenas”. (De la Fuente 2008: 32).
Evidentemente si consideramos que el enfoque de derechos consiste en
“corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto de poder que
obstaculizan el progreso en materia de desarrollo” (NN.UU 2006), esto nos
remite al tema del “poder”, pues se trata de revertir ese injusto reparto que ha
caracterizado la histórica exclusión de los PPII y esto sólo se logrará
entregando las herramientas a los PPII para que puedan “conquistar” o
“ejercer” el “poder” de manera efectiva y real.
Aunque todavía es pronto para evaluar el grado de efectividad de la ECEPI
como herramienta para transformar la política de Cooperación Española con
los PPII, es claro que el principal problema en relación a este tema estriba en
que la aplicación del enfoque de derechos propuesto por la ECEPI se plantea
en el marco político-soberano de terceros países, cuyos Estados han
contribuido y contribuyen todavía a la exclusión de los PPII. Se trata entonces
de un asunto que nos remite al delicado tema de la “soberanía” nacional,
especialmente en el caso de aquellos países que, contando con importantes
poblaciones indígenas, no tienen un suficiente reconocimiento “efectivo” de los
derechos de los PPII.
Un indicador objetivo de las dificultades que pueden encontrarse en la
aplicación de la ECEPI, más allá de su mero valor retórico en la línea de las
grandes declaraciones de principios, es la efectiva inclusión de los principios de
la ECEPI tanto en las Comisiones Mixtas de Cooperación que celebra España
con terceros países, así como en los documentos estratégicos que orientan la
Cooperación Española en esos países, es decir, los antiguos “Documento de
Estrategia País” (DEPs) y los “Planes de Actuación Especial” (PAEs) ahora
denominados “Marcos de Asociación” en el nuevo Plan Director de la
Cooperación Española 2009-2012. Siguiendo las conclusiones establecidas por
De La Fuente entorno a este tema (De La Fuente 2008: 36), se podría resumir
que existirán mayores oportunidades de incluir el enfoque de derechos en los
Marcos de Asociación y Comisiones Mixtas celebrados con aquellos países que
más hayan avanzado en el reconocimiento efectivo de los derechos
individuales y colectivos de sus PPII. Aún sin negar la importancia de la anterior
conclusión y sin olvidar que la Cooperación Internacional debe “alinearse con
las políticas nacionales”, es importante a su vez tener en cuenta que, al menos
en América Latina la práctica totalidad de los países con poblaciones indígenas
han ratificado el Convenio 169. La ratificación de Convenio, como ya vimos en
este ensayo, lo convierte en ley de obligado cumplimiento en el ámbito
nacional. Si como hemos dicho la ECEPI basa su apuesta por el enfoque de
derechos en lo establecido en el Convenio y éste es de obligado cumplimiento
para los países latinoamericanos, entonces es probable que la deficiente o nula
inclusión de la ECEPI en los mencionados documentos no se deba sólo a la
resistencia que presentan los países a recibir cooperación en este tema, en los
4. términos propuestos por la ECEPI, sino también a otros motivos que debieran
al menos ser considerados en futuros análisis. De entre los motivos
complementarios se pudieran señalar al menos dos, en primer lugar la notable
falta de capacitación técnica y el desconocimiento de la problemática indígena,
por parte de aquellos que formulan y negocian estos documentos y en segundo
lugar el mayor o menor peso que tiene en la negociación política en materia de
cooperación el resto de intereses de la política exterior española en el país que
recibe la ayuda. Es decir, que si el tema de los PPII es políticamente sensible,
como suele ocurrir, para el país receptor, y este es un país de importancia para
España en otros capítulos de la política exterior, como pudieran ser el
económico, o el político, será más difícil que los negociadores españoles se
aventuren a impulsar un tema que, aunque sea de obligado cumplimiento por la
ratificación del Convenio 169 en la mayoría de los países de América Latina, al
final pudiera perjudicar las buenas relaciones bilaterales.
FUENTES CONSULTADAS.
BERRAONDO LÓPEZ, Mikel (2009). La Ratificación del Convenio No 169 por
España: Reflexiones entorno a sus implicaciones. Programa Indígena. Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
DE LA FUENTE, Rosa (2008?). “Cooperación al Desarrollo y Pueblos
Indígenas”. Módulo de Pueblos Indígenas en América Latina. Tema 2, Eje 2.
Master Estudios Contemporáneos en América Latina. 2009-2010.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (2007).
“Estrategia de la Cooperación Española con Pueblos Indígenas”.
NACIONES UNIDAS (2006). "Preguntas Frecuentes sobre el Enfoque de
Derechos Humanos en la Cooperación para el Desarrollo”.
NACIONES UNIDAS (2007). “Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas”.