El gobierno ha aprobado una ley para garantizar el poder adquisitivo y la sostenibilidad del sistema público de pensiones, en respuesta a compromisos con la UE y tras negociaciones con patronales y sindicatos. La reforma establece un mecanismo de revalorización de pensiones según la inflación, pero no aborda adecuadamente el déficit estructural del sistema, que se verá agravado por las jubilaciones masivas de los 'baby boomers'. A pesar de las medidas anunciadas, se teme que la carga financiera recaiga en impuestos, sin resolver los problemas subyacentes del sistema de pensiones.

1. REFORMA DE PENSIONES: ¿QUÉ REFORMA?
Manfred Nolte
El pasado martes, 24 de agosto, el Gobierno ha aprobado el ‘Proyectode Ley de
garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzode
la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones’. La
propuesta proviene del acuerdo alcanzado meses atrás por Gobierno, Patronal y
Sindicatos, acuerdo al que se llegó por razones múltiples, no siendo la menor la
de los compromisos contraídos por España con Bruselas en el contexto de las
ingentes ayudas procedentes del plan NextGenerationEU.
Según recoge la nota de Prensa del Ministerio de Inclusión, Seguridad social y
migraciones, el nuevomecanismo de revalorización de las pensiones prevé que el
1 de enero de cada año éstas se incrementen de acuerdo con la inflación media
anual registrada en el ejercicio anterior. En el caso de que se produzca un año de
IPC negativo, la cuantía de las pensiones no mermará.
La nueva norma que pasa a las Cortes españolas incorpora asimismo cuatro vías
conducentes a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de
jubilación: se refieren a la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria
como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la
jubilación activa y la jubilación forzosa.
Respeto a la mejora de los ingresos del sistema, el textocontempla con carácter
anual una transferencia del Estado a los presupuestos de la Seguridad Social con
el objetivo de culminar la separación de fuentes previstas en la recomendación
primera del Pacto de Toledo de 2020.
El factor de sostenibilidad aprobado en 2011 y que en todo caso entraría en vigor
en 2023, se renegociará antes de final de año por otro índice de equidad
intergeneracional que entrará en vigor en 2027, un referente difuso que servirá
para revisar el sistema en función del PIB, la tendencia de la emigración, la
población ocupada, la pensionista y el gasto global.
Todo lo anterior no representa sino un indisimulado parche añadido al ya
parcheado globo electoral. O eso, o una deriva directa hacia la financiación de los
déficits de la seguridad social por vía presupuestaria, un salto mental cuántico
que ningún contribuyente en su sano juicio puede entender. La bolsa de los
fondos que responde de un sistema de prestación definida tiene que
autofinanciarse y corregir sus fallos desde los mecanismos y ajustes de su propio
sistema. De otra manera ¿donde se trazaría el límite de temas sociales
susceptibles de cubrirse con cargo al presupuesto de la nación?
Las cifras seacumulan. Si las cosas no cambian, los déficits de las pensiones están
llamados a ser pagados con impuestos. Además de la reasignación a presupuesto
público en curso de partidas de las pensiones, tarde o temprano se consolidarán
presupuestariamente los préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad
Social, que en junio pasado han repuntado hasta un récord de 91.855 millones de
euros, según datos del Banco de España. La medida no resuelve el problema de

2. nuestrosistema de pensiones, solo lo cambia contablemente de lugar trasladando
el ajuste al campo impositivo.
La triste realidad es que, como consecuencia de algunos importantes factores
estructurales, el sistema contributivo de pensiones registra un serio déficit
financiero: los ingresos contributivos no son suficientes para cubrir los gastos
contributivos del sistema. El Banco de España y AIReF cifran el déficit estructural
actual de las Administraciones en unos 4,5 puntos de PIB.
Aun queda otro escollo. Se tratade las consecuencias producidas por la jubilación
de los ‘baby boomers’ -los nacidos entre 1958 y 1977, casi 14 millones-, años en
los que nacieron en España entre 650.000 y 700.000 niños. En los ejercicios
anteriores a la crisis Covid de 2020 llegaban al mundo aproximadamente
370.000 almas. Estos gigantescos colectivos empiezan a jubilarse en 2023 y
2024, lo que implica que el ritmo de crecimiento del número de pensiones va a
aumentar de forma significativa. El déficit estructural de las pensiones sumará
hasta 4 puntos de PIB a los 4,5 actuales por las jubilaciones de los baby
boomers entre finales de 2020 y 2050.
En el contexto analizado, las reformas que ahora acomete el ejecutivode Sánchez
miran en dirección distinta a donde se sitúan los auténticos problemas,
probablemente agravándolos.