El documento declara que la Constitución ecuatoriana y tratados internacionales obligan al Estado a garantizar la no discriminación y los derechos de las mujeres. Resuelve exhortar a las funciones del Estado y gobiernos locales a eliminar la violencia contra mujeres y niñas, especialmente en salud y educación, y convocar a la sociedad a construir políticas de erradicación. También convoca a mujeres, niñas y medios a rechazar la violencia y promover la igualdad y no discriminación.