Escándalo en la diputación: El juez investiga los 33 millones en campos de césped artificial, el plan catastral y el "call center"

1. Escándalo en la diputación
El juez investiga los 33 millones en campos de césped
artificial, el plan catastral y el "call center"
La denuncia de la Fiscalía al juzgado plantea una causa general por presunta corrupción en la diputación que incluye el plan
estrella de Rus: mas de 100 instalaciones deportivas que permitieron hacer negocio a un empresario amigo
18.04.2015 | 03:11
FRANCESC ARABÍ | VALENCIA La lupa de la Fiscalía
Anticorrupción en su investigación de las presuntas comisiones
cobradas por el exgerente de Imelsa Marcos Benavent,
camufladas como facturas de servicios de su empresa pantalla
Berceo Mantenimientos, apunta mucho más allá de la empresa
pública provincial. La denuncia elevada en marzo al juzgado y
ahora bajo secreto de sumario es, de hecho, una causa general
por corrupción que abarca contratos en varios departamentos de
la diputación. La principal área inversora, Carreteras, está
siendo revisada a fondo, como ayer contó Levante-EMV.
Tampoco se ha librado el que fue el plan estrella de Alfonso Rus cuando llegó al Palau de la Batlia: césped artificial
para todos los municipios en sus campos de fútbol. El plan de Rus, que empezó a ejecutarse durante su primera
legislatura de presidente provincial (2007-2011) incluyó 214 proyectos deportivos, de los que se materializaron un
centenar. Los contratos de obras en cinco lotes por más de 31 millones fueron adjudicados por la diputación y ahora
están siendo fiscalizados también por el juez, según informaron fuentes conocedoras de la investigación. Entre los
empresarios supuestamente beneficiados como proveedor de las constructoras adjudicatarias estaría Vicente
Cuquerella, amigo de Rus.
La mayoría de los proyectos correspondían a campos de fútbol „también se incluía fútbol 7„, pero los alcaldes también
podían incluir piscinas y pistas de pádel. Rus confeccionó la lista de deseos a partir de sendas reuniones con los
munícipes celebradas en la propia diputación y en la Beneficiencia. Los contratos de obras se concedían por lotes de
varios proyectos, por lo que la participación en las licitaciones se restringía a grandes constructoras. Ante las críticas
del PSPV, se redujo el volumen de los contratos para dar opción a empresas de menor tamaño.
El primero de los lotes comprendía nada menos que 33 obras en 21 municipios. Más de un tercio de los proyectos
ejecutados en ese primer paquete estaban radicados en municipios de diputados del gobierno provincial. Entre otros,
la Xàtiva de Rus, o Genovés, cuyo alcalde es Emilio Llopis, jefe de gabinete del presidente provincial. La adjudicataria
era la propia diputación, aunque la gestión de los procedimientos corría a cargo de Imelsa a través de encomienda. La
diputación pagaba el 50% de la obra y el municipio la otra mitad, salvo las localidades de menos de 5.000 habitantes,
que sólo apoquinaban con el 40% del coste total.
El precio de la obra oscilaba entre los 430.464 euros de vestir de hierba artificial el campo de fútbol a los 183.881 si se
trataba de un terreno de juego para fútbol 7. El precio estándard de las piscinas era de 350.000 euros, mientras que
en el caso de las pistas de pádel ascendía a 30.172 euros.
La investigación judicial comprende también un contrato de mantenimiento catastral con la firma Estudis i Serveis
Catastrals (ESC). La adjudicación por 846.800 euros la firmó Antonio Mas, un jefe técnico que había trabajado en esa
empresa un año antes, como reveló Levante-EMV en agosto de 2012. La llegada de Antonio Mas a la empresa
pública Imelsa coincidió con la adjudicación de varios contratos a la sociedad que dejó. Mas entraba a formar parte de
Imelsa en enero de 2009 y ese año ESC conseguió cuatro contratos por valor de más de 210.000 euros.
Tampoco ha escapado a la investigación en el juzgado la contratación del servicio de atención telefónica «Diputació
directe», coordinado por empleados provinciales, pero que se presta a través de un servicio de externo de «Call
center».
El juez investiga los 33 millones en campos de césped artificial,
el plan catastral y el "call center"