El documento trata sobre el silencio administrativo. Explica que el silencio administrativo positivo se produce cuando, transcurrido el plazo de 3 meses sin notificación por parte de la administración, se entenderá estimada la petición del interesado. También aclara que el silencio administrativo solo se aplica en procedimientos a solicitud de interesado, no de oficio. Por último, establece que el plazo para recurrir una resolución expresa es de dos meses, mientras que para recurrir una denegación presunta por silencio es de seis meses

1. Sede Electronica
En el presente procedimiento sancionador se ha producido
https://ucm.academia.edu/DerechosYDeberes la caducidad del mismo en razon del art. El silencio
administrativo negativo es una ficcion legal y como el particular debe conocer el valor del silencio y
el momento en que se genera la desestimacion presunta, no es razonable una interpretacion que
prime la inactividad de la Administracion puesto que esta estaria en mejor situacion que si hubiera
resuelto y hubiese efectuado una incorrecta notificacion (cf.
Concluye que el mismo precepto condiciona el sentido de la resolucion expresa, al disponer que
“en los casos de estimacion por silencio administrativo, la resolucion expresa siguiente a la
produccion del acto solo podra dictarse de ser confirmatoria del mismo”. QUINTO.- Por
providencia de esta Sala, se procedio a aceptar a tramite el citado recurso, y habiendose impugnado,
pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presento escrito en el sentido de querer la
procedencia del recurso. Con relacion a los fundamentos, ambas Salas razonan sobre si debe
entendese estimada por silencio administrativo positivo la peticion, cuando el FOGASA dicta
resolucion transcurrido el plazo de 3 meses.
El silencio positivo estimatorio de la intencion interpuesta por el interesado se da cuando tras
transcurrido el plazo para solucionar (3 meses) sino hay notificacion por parte de la administracion,
se entendera estimada por silencio positivo, excepto los supuestos en los que normas con rango de
ley normativa comunitaria establezcan lo opuesto.
El silencio administrativo es, ante todo, una herramienta tecnica para solucionar inconvenientes que
plantea la no actuacion explicita y formal por parte de la administracion en el plazo de tiempo
legalmente previsto. Hay que resaltar tambien que el silencio administrativo solo actua en los
procedimientos a solicitud de interesado, no en los de oficio, esto es, en el momento en que una
persona pide algo expresamente a la Administracion. Tecnicamente hay silencio administrativo
cuando la administracion no dicta y avisa la resolucion ultimatoria en el plazo establecido.
El plazo para interponer un recurso contencioso-administrativo es diferente segun que se recurra la
resolucion expresa del recurso de alzada la denegacion presunta del mismo; en el primer supuesto
mencionado, el plazo va a ser de un par de meses, a contar desde el dia siguiente a la notificacion de
la resolucion ; en el segundo supuesto, el plazo va a ser de seis meses, a contar desde el dia
siguiente a aquel en que se genere la denegacion presunta del recurso de alzada.
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Del mismo modo no llego a comprender por que razon se ha estado concediendo la renta basica de
insercion a los autonomos, de forma correcta, conforme a la dicho aqui Ley del dos mil trece y su
reglamento de desarrollo y desde la publicacion de la Ley de 2014 se pasan a rechazar acudiendo a
una valoracion de los recursos que nada debe ver con la normativa de renta basica extremena.
Llegados a este punto, no esta demas dedicar unas lineas a denunciar la inapropiada aplicacion de la
norma que se hace en estos casos, a traves de la traslacion de los efectos positivos del silencio
administrativo en los procedimientos” iniciados a instancia de parte, a las simples solicitudes
solicitudes, que tienen un tratamiento diferente, como ha declarado, entre otras, la Sentencia del

2. Tribunal Supremo, de 28 febrero dos mil siete, (RJ veinte setenta y cuatro mil ochocientos cuarenta
y seis).
Este recurso recibe el nombre de Alzada, regulado por la Ley 30/1992 de Regimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun (LRJPAC), siendo el acto por el
que se incide en las alegaciones no tenidas en cuenta en la primera decision, tal como refuta los
fundamentos esgrimidos en la resolucion. Es esencial senalar que la alzada se refiere
necesariamente a una resolucion administrativa, con lo que la Administracion ya ha adoptado una
postura sobre el caso. Por ultimo, la resolucion de alzada se toma por un letrado de la Oficina y se
compone de considerandos que dan respuesta a las alegaciones del recurrente.