La Corte Constitucional falla que:
1) La acción de tutela puede interponerse contra actos de la rama legislativa que vulneren derechos fundamentales.
2) Las personas jurídicas como partidos y movimientos políticos pueden ejercer la acción de tutela.
3) Para que una persona natural actúe en representación de una persona jurídica en una acción de tutela, debe acreditar su personería y representación legal.
Este documento resume los principales aspectos de la acción de amparo constitucional en Venezuela. Explica que es una acción restablecedora dirigida contra normas, decisiones judiciales, actos administrativos u omisiones que violen derechos constitucionales. Detalla las competencias de los tribunales en primera y segunda instancia para conocer los amparos, así como los tipos de amparos como el sobrevenido o el contra normas autoaplicativas.
1. El documento trata sobre la regulación de los conflictos laborales en Guatemala. Describe las leyes que declaran servicios públicos esenciales y establecen que los trabajadores de dichos servicios no pueden realizar huelgas que los suspendan. También establece que se requiere autorización judicial para despedir trabajadores cuando se presenta una demanda colectiva.
Este documento resume el régimen jurídico de la extensión de jurisprudencia en Colombia tanto en vía administrativa como judicial. Explica que este mecanismo permite el reconocimiento de derechos por parte de las autoridades sin necesidad de acudir a un proceso judicial, siempre que se cumplan ciertos requisitos como acreditar la misma situación fáctica y jurídica de una sentencia de unificación del Consejo de Estado. Asimismo, detalla los procedimientos aplicables en cada una de las fases y los aspectos relevantes sobre su aplicación en la
Este documento presenta una introducción a las sentencias del Tribunal Constitucional peruano en materia laboral, incluyendo los casos Telefónica, Llanos Huasco, Baylón Flores y Cooperativa Santa Rosa de Lima. También describe características del proceso de amparo laboral como urgente, extraordinario y residual, así como los derechos protegidos y causales de improcedencia. Finalmente, discute la forma de tutela y el carácter residual del amparo.
Medios de control versión final 8_feb11 [modo de compatibilidad]Andesco
Este documento presenta un resumen de 14 medios de control de la actividad administrativa previstos en el Consejo de Estado de Colombia. Describe de forma concisa cada uno de estos medios de control, incluyendo quién puede interponerlos, los plazos de caducidad y las causales que los sustentan. El documento provee una explicación clara y concisa de los mecanismos legales disponibles para garantizar el control de la administración pública en Colombia.
El documento presenta una demanda de nulidad contra la frase "mayores de 18 años" del Artículo 1 del Decreto 299 de 2009 ante el Consejo de Estado. El demandante alega que esta frase viola los derechos a la igualdad y a la educación de los menores establecidos en la Constitución. Solicita que se le reconozca personería para actuar en el proceso.
Este documento define el concepto y procedimiento de oposición a una concesión minera según la ley minera peruana. Una oposición puede ser presentada por cualquier persona que considere que sus derechos se ven afectados por una solicitud de concesión minera. El documento explica los pasos del proceso de oposición, incluyendo el traslado al peticionario, el período de pruebas, y la resolución final. También cubre los requisitos para presentar una oposición válida y casos comunes y sus posibles resoluciones
FORMATO DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA EL PAGO DEL COMUNAdria Flores Soto
El documento es una solicitud de amparo indirecto presentada ante un juzgado de distrito en el estado de Sonora, México. Se solicita la suspensión provisional y definitiva de la aplicación de un impuesto estatal denominado Contribución al Fortalecimiento Municipal, así como que no se apliquen recargos o multas por no pagarlo. Se argumenta que es inminente que el Estado inicie procedimientos de cobro coercitivos si no se suspende el impuesto, lo que ocasionaría un daño patrimonial difícil de reparar. También se citan
Este documento resume los principales aspectos de la acción de amparo constitucional en Venezuela. Explica que es una acción restablecedora dirigida contra normas, decisiones judiciales, actos administrativos u omisiones que violen derechos constitucionales. Detalla las competencias de los tribunales en primera y segunda instancia para conocer los amparos, así como los tipos de amparos como el sobrevenido o el contra normas autoaplicativas.
1. El documento trata sobre la regulación de los conflictos laborales en Guatemala. Describe las leyes que declaran servicios públicos esenciales y establecen que los trabajadores de dichos servicios no pueden realizar huelgas que los suspendan. También establece que se requiere autorización judicial para despedir trabajadores cuando se presenta una demanda colectiva.
Este documento resume el régimen jurídico de la extensión de jurisprudencia en Colombia tanto en vía administrativa como judicial. Explica que este mecanismo permite el reconocimiento de derechos por parte de las autoridades sin necesidad de acudir a un proceso judicial, siempre que se cumplan ciertos requisitos como acreditar la misma situación fáctica y jurídica de una sentencia de unificación del Consejo de Estado. Asimismo, detalla los procedimientos aplicables en cada una de las fases y los aspectos relevantes sobre su aplicación en la
Este documento presenta una introducción a las sentencias del Tribunal Constitucional peruano en materia laboral, incluyendo los casos Telefónica, Llanos Huasco, Baylón Flores y Cooperativa Santa Rosa de Lima. También describe características del proceso de amparo laboral como urgente, extraordinario y residual, así como los derechos protegidos y causales de improcedencia. Finalmente, discute la forma de tutela y el carácter residual del amparo.
Medios de control versión final 8_feb11 [modo de compatibilidad]Andesco
Este documento presenta un resumen de 14 medios de control de la actividad administrativa previstos en el Consejo de Estado de Colombia. Describe de forma concisa cada uno de estos medios de control, incluyendo quién puede interponerlos, los plazos de caducidad y las causales que los sustentan. El documento provee una explicación clara y concisa de los mecanismos legales disponibles para garantizar el control de la administración pública en Colombia.
El documento presenta una demanda de nulidad contra la frase "mayores de 18 años" del Artículo 1 del Decreto 299 de 2009 ante el Consejo de Estado. El demandante alega que esta frase viola los derechos a la igualdad y a la educación de los menores establecidos en la Constitución. Solicita que se le reconozca personería para actuar en el proceso.
Este documento define el concepto y procedimiento de oposición a una concesión minera según la ley minera peruana. Una oposición puede ser presentada por cualquier persona que considere que sus derechos se ven afectados por una solicitud de concesión minera. El documento explica los pasos del proceso de oposición, incluyendo el traslado al peticionario, el período de pruebas, y la resolución final. También cubre los requisitos para presentar una oposición válida y casos comunes y sus posibles resoluciones
FORMATO DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA EL PAGO DEL COMUNAdria Flores Soto
El documento es una solicitud de amparo indirecto presentada ante un juzgado de distrito en el estado de Sonora, México. Se solicita la suspensión provisional y definitiva de la aplicación de un impuesto estatal denominado Contribución al Fortalecimiento Municipal, así como que no se apliquen recargos o multas por no pagarlo. Se argumenta que es inminente que el Estado inicie procedimientos de cobro coercitivos si no se suspende el impuesto, lo que ocasionaría un daño patrimonial difícil de reparar. También se citan
Analicia paredes demanda contra la república y demanda contra el estadoJosé Salcedo
El documento describe el procedimiento para demandas contra el Estado en Venezuela. Se inicia con una demanda ante el tribunal competente, el cual decidirá sobre su admisibilidad. Luego hay un proceso probatorio y de informes, tras lo cual la sentencia debe emitirse dentro de 60 días. La sentencia puede apelarse ante un tribunal superior, repitiendo los pasos probatorios e informes antes de emitir una sentencia definitiva. Se establecen también los requisitos para que exista responsabilidad por parte del Estado.
El documento describe el procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República. Este procedimiento incluye la presentación de un escrito al órgano correspondiente exponiendo las pretensiones, la formación de un expediente por el órgano, la remisión del expediente a la Procuraduría General de la República y la notificación de la decisión al interesado. El incumplimiento de este procedimiento hace que la demanda sea inadmisible.
El documento presenta una oposición a las medidas cautelares dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en un caso relacionado con el partido político PODEMOS. Argumenta que las medidas son excesivas e improcedentes porque no se cumplieron los requisitos de presunción de buen derecho, peligro en la mora y ponderación de intereses. Específicamente, señala que las medidas afectan los derechos de la dirigencia y militancia de PODEMOS y no guardan relación con la pretensión principal del caso. S
Demanda contra la República y Demanda contra el Estado daniel Ramirez
Este documento contiene información sobre el procedimiento de demandas contra el estado en Venezuela. Explica que una demanda contra la República debe ser por menos de 10,000 unidades tributarias y ser juzgada por la Corte Primaria. Si es por más de 10,000 pero menos de 70,000 unidades tributarias, será juzgada por la Corte de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia. También describe los pasos del procedimiento en segunda instancia para demandas contra el estado.
Este documento resume los derechos de petición y habeas corpus según la Constitución colombiana. Explica que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener una respuesta pronta. Detalla los pasos para presentar una petición y los plazos que tienen las autoridades para responder. También explica que el habeas corpus protege la libertad personal cuando alguien es detenido ilegalmente o su detención se prolonga ilegalmente, y que cualquier persona puede invocar este derecho ante una autoridad judicial.
accion de nulidad y restablecimiento dederechoDavid Monroy
Este documento discute tres temas principales: 1) La jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer apelaciones en procesos de nulidad y restablecimiento de derechos contra actos de adjudicación de contratos. 2) Los requisitos para la validez de contratos estatales, incluyendo la capacidad legal de las partes. 3) La diferencia entre falta de capacidad para presentar una propuesta y limitaciones a la representación legal.
12 medios de-control en el Código Contencioso AdministrativoAndesco
Este documento presenta un resumen de los principales medios de control de la actividad administrativa previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de Colombia. Describe 12 medios de control como la nulidad por inconstitucionalidad, el control inmediato de legalidad, la nulidad, la nulidad y restablecimiento del derecho, la reparación directa, las controversias contractuales, la repetición, la protección de derechos e intereses colectivos, y la reparación del daño causado a un grupo.
El documento describe los procedimientos del proceso contencioso administrativo en Venezuela. Explica que este proceso busca resolver conflictos de derecho administrativo mediante una acción de nulidad. También describe las etapas del proceso, incluyendo la presentación de la demanda, las notificaciones, la audiencia y la sentencia final. Además, explica que la Constitución venezolana establece que el Tribunal Supremo de Justicia es competente para anular actos administrativos contrarios a derecho.
Revision de medidas caso mop 19 de marzo de 2014Óscar Luna
1) El documento es una solicitud para una audiencia de revisión de medidas cautelares para el Licenciado Jorge Isidoro Nieto Méndez. 2) Se argumenta que han surgido nuevos elementos que demuestran que ya no existen los motivos para la detención provisional. 3) Entre la nueva evidencia se encuentran declaraciones de testigos del arbitraje que indican que el proceso se desarrolló con normalidad y no hubo un acuerdo previo como alega la fiscalía.
1. El juez ordena la actuación inmediata de una sentencia anterior que declaró con lugar un proceso de amparo. Dicha sentencia había ordenado la suspensión de la extradición de Armando Pino Ponce y el cese de la afectación al derecho de defensa de Rosita Pino Ponce.
2. El juez determina que la actuación inmediata es necesaria para garantizar la tutela efectiva de los derechos constitucionales y el derecho a un recurso efectivo, conforme a la Constitución y tratados internacionales.
3. En
La Corte Suprema falla que no tiene jurisdicción originaria para conocer el recurso de hábeas corpus interpuesto contra el mandamiento de prisión dictado por la Cámara de Diputados, ya que el detenido no es un funcionario extranjero ni el arresto fue ordenado por un tribunal inferior. Además, reconocer facultades judiciales a la Cámara sería contrario a la separación de poderes. Sin embargo, dos jueces disienten indicando que la ley habilita a la Corte a entender estos recursos directamente.
Este documento presenta el resumen de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina sobre una demanda de amparo presentada por dos diputados nacionales para impugnar el proceso legislativo que condujo a la sanción de una ley que autorizó la convocatoria a una convención constituyente. La Corte Suprema declaró improcedente el recurso extraordinario presentado por los diputados al considerar que no tenían legitimación activa para iniciar el caso, ya que no demostraban un interés concreto en un derecho propio.
Este documento discute cómo la Sala Constitucional de Venezuela ha asumido el rol de "legislador positivo" al reformar leyes sin iniciativa legislativa. Específicamente, la Sala reformó un artículo de la Ley de Impuesto sobre la Renta aunque no fue uno de los impugnados en el caso. La Asamblea Nacional rechazó esta acción por considerarla una usurpación de sus funciones legislativas y dispuso una investigación de la Sala Constitucional.
(4) procedimiento comun nulidad, interpretacion y controversias administrativasCarla Niño Alvarado
Este documento presenta el procedimiento común para demandas de nulidad, interpretación de normas legales y resolución de controversias administrativas según la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Venezuela. Describe las etapas del proceso, incluyendo la recepción de la demanda, notificaciones a partes interesadas, audiencia de juicio, presentación de pruebas, informes y sentencia final dentro de plazos establecidos.
Este documento describe los presupuestos procesales y materiales que deben cumplirse para que un proceso contencioso administrativo sea válido. Explica que los presupuestos procesales incluyen requisitos relacionados con la acción, la admisión de la demanda y el procedimiento. También señala que los presupuestos materiales de la sentencia son que las partes tengan legitimación, interés y una pretensión clara, y que no existan impedimentos como cosa juzgada.
El documento presenta una revisión de los antecedentes históricos del amparo en el Perú desde el siglo XIX hasta la actualidad. Comienza explicando cómo el hábeas corpus se estableció como un derecho constitucional en 1897 y luego se fueron ampliando otras garantías. A lo largo de los siglos XX y XXI se emitieron diversas leyes y decretos que modificaron el marco legal del amparo. Finalmente, en 2004 se creó el Tribunal Constitucional Peruano, que pasó a ser la máxima autoridad en materia de amparo y garant
Módulo III: Los procesos o procedimientos constitucionales de la Jurisdicción Constitucional Orgánica.
La revisión constitucional contra sentencias de amparo.
El documento describe la pérdida de investidura como una sanción disciplinaria para los congresistas que trasgreden el código de conducta. Explica que puede ser solicitada por cualquier ciudadano o la mesa directiva del congreso, y que el Consejo de Estado es el encargado de decretarla. Finalmente, detalla las causales y el proceso para declarar la pérdida de investidura de acuerdo a la Constitución y la ley.
La Web 2.0 permite la organización y flujo de información a través de aplicaciones que facilitan el compartir conocimiento, expresión creativa y participación colectiva en la construcción de contenido, lo que puede potenciar habilidades estudiantiles y diversificar herramientas educativas pero también plantea desventajas como métodos tradicionales, copia de contenido y mal uso de las herramientas.
El documento resume el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús. Juan testificó que Jesús era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan invitó a sus discípulos a seguir a Jesús y les presentó a su hermano Simón, quien luego sería conocido como Pedro. El documento también describe cómo Jesús vino al mundo para salvar a la humanidad y darles la vida eterna.
Analicia paredes demanda contra la república y demanda contra el estadoJosé Salcedo
El documento describe el procedimiento para demandas contra el Estado en Venezuela. Se inicia con una demanda ante el tribunal competente, el cual decidirá sobre su admisibilidad. Luego hay un proceso probatorio y de informes, tras lo cual la sentencia debe emitirse dentro de 60 días. La sentencia puede apelarse ante un tribunal superior, repitiendo los pasos probatorios e informes antes de emitir una sentencia definitiva. Se establecen también los requisitos para que exista responsabilidad por parte del Estado.
El documento describe el procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República. Este procedimiento incluye la presentación de un escrito al órgano correspondiente exponiendo las pretensiones, la formación de un expediente por el órgano, la remisión del expediente a la Procuraduría General de la República y la notificación de la decisión al interesado. El incumplimiento de este procedimiento hace que la demanda sea inadmisible.
El documento presenta una oposición a las medidas cautelares dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en un caso relacionado con el partido político PODEMOS. Argumenta que las medidas son excesivas e improcedentes porque no se cumplieron los requisitos de presunción de buen derecho, peligro en la mora y ponderación de intereses. Específicamente, señala que las medidas afectan los derechos de la dirigencia y militancia de PODEMOS y no guardan relación con la pretensión principal del caso. S
Demanda contra la República y Demanda contra el Estado daniel Ramirez
Este documento contiene información sobre el procedimiento de demandas contra el estado en Venezuela. Explica que una demanda contra la República debe ser por menos de 10,000 unidades tributarias y ser juzgada por la Corte Primaria. Si es por más de 10,000 pero menos de 70,000 unidades tributarias, será juzgada por la Corte de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia. También describe los pasos del procedimiento en segunda instancia para demandas contra el estado.
Este documento resume los derechos de petición y habeas corpus según la Constitución colombiana. Explica que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener una respuesta pronta. Detalla los pasos para presentar una petición y los plazos que tienen las autoridades para responder. También explica que el habeas corpus protege la libertad personal cuando alguien es detenido ilegalmente o su detención se prolonga ilegalmente, y que cualquier persona puede invocar este derecho ante una autoridad judicial.
accion de nulidad y restablecimiento dederechoDavid Monroy
Este documento discute tres temas principales: 1) La jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer apelaciones en procesos de nulidad y restablecimiento de derechos contra actos de adjudicación de contratos. 2) Los requisitos para la validez de contratos estatales, incluyendo la capacidad legal de las partes. 3) La diferencia entre falta de capacidad para presentar una propuesta y limitaciones a la representación legal.
12 medios de-control en el Código Contencioso AdministrativoAndesco
Este documento presenta un resumen de los principales medios de control de la actividad administrativa previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de Colombia. Describe 12 medios de control como la nulidad por inconstitucionalidad, el control inmediato de legalidad, la nulidad, la nulidad y restablecimiento del derecho, la reparación directa, las controversias contractuales, la repetición, la protección de derechos e intereses colectivos, y la reparación del daño causado a un grupo.
El documento describe los procedimientos del proceso contencioso administrativo en Venezuela. Explica que este proceso busca resolver conflictos de derecho administrativo mediante una acción de nulidad. También describe las etapas del proceso, incluyendo la presentación de la demanda, las notificaciones, la audiencia y la sentencia final. Además, explica que la Constitución venezolana establece que el Tribunal Supremo de Justicia es competente para anular actos administrativos contrarios a derecho.
Revision de medidas caso mop 19 de marzo de 2014Óscar Luna
1) El documento es una solicitud para una audiencia de revisión de medidas cautelares para el Licenciado Jorge Isidoro Nieto Méndez. 2) Se argumenta que han surgido nuevos elementos que demuestran que ya no existen los motivos para la detención provisional. 3) Entre la nueva evidencia se encuentran declaraciones de testigos del arbitraje que indican que el proceso se desarrolló con normalidad y no hubo un acuerdo previo como alega la fiscalía.
1. El juez ordena la actuación inmediata de una sentencia anterior que declaró con lugar un proceso de amparo. Dicha sentencia había ordenado la suspensión de la extradición de Armando Pino Ponce y el cese de la afectación al derecho de defensa de Rosita Pino Ponce.
2. El juez determina que la actuación inmediata es necesaria para garantizar la tutela efectiva de los derechos constitucionales y el derecho a un recurso efectivo, conforme a la Constitución y tratados internacionales.
3. En
La Corte Suprema falla que no tiene jurisdicción originaria para conocer el recurso de hábeas corpus interpuesto contra el mandamiento de prisión dictado por la Cámara de Diputados, ya que el detenido no es un funcionario extranjero ni el arresto fue ordenado por un tribunal inferior. Además, reconocer facultades judiciales a la Cámara sería contrario a la separación de poderes. Sin embargo, dos jueces disienten indicando que la ley habilita a la Corte a entender estos recursos directamente.
Este documento presenta el resumen de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina sobre una demanda de amparo presentada por dos diputados nacionales para impugnar el proceso legislativo que condujo a la sanción de una ley que autorizó la convocatoria a una convención constituyente. La Corte Suprema declaró improcedente el recurso extraordinario presentado por los diputados al considerar que no tenían legitimación activa para iniciar el caso, ya que no demostraban un interés concreto en un derecho propio.
Este documento discute cómo la Sala Constitucional de Venezuela ha asumido el rol de "legislador positivo" al reformar leyes sin iniciativa legislativa. Específicamente, la Sala reformó un artículo de la Ley de Impuesto sobre la Renta aunque no fue uno de los impugnados en el caso. La Asamblea Nacional rechazó esta acción por considerarla una usurpación de sus funciones legislativas y dispuso una investigación de la Sala Constitucional.
(4) procedimiento comun nulidad, interpretacion y controversias administrativasCarla Niño Alvarado
Este documento presenta el procedimiento común para demandas de nulidad, interpretación de normas legales y resolución de controversias administrativas según la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Venezuela. Describe las etapas del proceso, incluyendo la recepción de la demanda, notificaciones a partes interesadas, audiencia de juicio, presentación de pruebas, informes y sentencia final dentro de plazos establecidos.
Este documento describe los presupuestos procesales y materiales que deben cumplirse para que un proceso contencioso administrativo sea válido. Explica que los presupuestos procesales incluyen requisitos relacionados con la acción, la admisión de la demanda y el procedimiento. También señala que los presupuestos materiales de la sentencia son que las partes tengan legitimación, interés y una pretensión clara, y que no existan impedimentos como cosa juzgada.
El documento presenta una revisión de los antecedentes históricos del amparo en el Perú desde el siglo XIX hasta la actualidad. Comienza explicando cómo el hábeas corpus se estableció como un derecho constitucional en 1897 y luego se fueron ampliando otras garantías. A lo largo de los siglos XX y XXI se emitieron diversas leyes y decretos que modificaron el marco legal del amparo. Finalmente, en 2004 se creó el Tribunal Constitucional Peruano, que pasó a ser la máxima autoridad en materia de amparo y garant
Módulo III: Los procesos o procedimientos constitucionales de la Jurisdicción Constitucional Orgánica.
La revisión constitucional contra sentencias de amparo.
El documento describe la pérdida de investidura como una sanción disciplinaria para los congresistas que trasgreden el código de conducta. Explica que puede ser solicitada por cualquier ciudadano o la mesa directiva del congreso, y que el Consejo de Estado es el encargado de decretarla. Finalmente, detalla las causales y el proceso para declarar la pérdida de investidura de acuerdo a la Constitución y la ley.
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Este documento proporciona información sobre los requisitos del sistema, la instalación y desinstalación de Photoshop Creative Suite 4. Detalla los requisitos mínimos de hardware y software para Windows y Mac, así como los pasos para instalar y desinstalar el software de forma segura. También incluye consejos sobre la resolución de problemas comunes.
La profecía de Zacarías buscaba animar al pueblo a completar la reconstrucción del templo, asegurándoles que a pesar de las dificultades y enemigos, Dios cumpliría su promesa con la ayuda de su Espíritu, no de fuerzas humanas. El candelabro de oro representaba la presencia de Dios a través de su Espíritu, y los dos olivos a Zorobabel y Josué liderando el trabajo con dicho Espíritu, devolviendo la alegría a la obra.
Peter Parker es un estudiante que fue abandonado por sus padres cuando era niño. Al descubrir un misterioso maletín que perteneció a su padre, comienza a buscar respuestas sobre la desaparición de sus padres.
Los superhéroes Iron Man, Hulk, Thor, Capitán América, Hawkeye y Black Widow se unen bajo la dirección de Nick Fury para salvar al mundo de un enemigo inesperado que amenaza la seguridad global.
El Capitán Escudo es un súper héroe ecu
Le premier magazine gratuit, collaboratif et électronique des blogs culinaires. Au sommaire : Fruits & légumes qui font et feront le buzz : Figue, Oignon, Pomme, Brocoli, Amande, Poireau - Rencontre avec... Sonia Ezgulian - Vite fait, bien fait ! Au quotidien - Le temps d'un week-end - Yummy Hours Avec Gourméditerranée - British Corner Par Pascale Weeks - Sans gluten & sans lactose - Regard sur… par Atabula - Zoom sur... Recettes à la crème de marrons - Histoire d’épices, Le safran - Yummy Day Givré
In order to enable a space of co-operation between distributed organisation in an agile manner read only Linked Data is not enough. One also needs:
to write data to remote systems in a RESTful manner
to allow an actor to bind himself to a remote action
global identification - so that an actor can know who said what and what action he commited himself to
distributed access control
...
Henry Story will show how the LDP Protocol (in last call) enables one to build this, how it ties into WebID and Web Access Control, and how it differentiates itself and complements technologies such as SPARQL.
Presentación realizada en el encuentro de stakeholders que se llevó a cabo durante la V ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Trans Pacífico de Libre Comercio. TPP. Febrero 2011.
El documento presenta un proyecto de construcción de un robot limpiador realizado por un grupo de estudiantes. Los objetivos generales son construir un robot, aprender sobre robótica y concientizar sobre sus beneficios. El robot funcionará con cepillos que se mueven al vibrar, ayudando a limpiar y reducir contaminación. El documento incluye la justificación, reseña histórica, marco teórico, diseño, despiece y procedimientos para la construcción.
Nuevo documento de microsoft office word danny ville[1]jpvg
Este documento presenta un resumen de la vida de Danny Villegas. Nació en Medellín, Colombia en 1996 y vivió allí sus primeros 4 años antes de mudarse con sus padres a Marinilla. Actualmente cursa el noveno grado y planea estudiar arquitectura en el futuro para seguir los pasos de su padre y ser alguien en la vida. Su padre trabajó duro para convertirse en arquitecto a los 34 años, mientras que su madre es profesora de inglés particular y se dedica a su familia.
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Este documento presenta un resumen de la vida de Danny Villegas. Nació en Medellín, Colombia en 1996 y vivió allí sus primeros 4 años antes de mudarse con sus padres a Marinilla. Actualmente está en noveno grado y planea estudiar arquitectura en el futuro para seguir los pasos de su padre y ser alguien en la vida.
Sentencia del tribunal constitucional manuel lajoManuel Lajo
Este documento presenta la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú en respuesta a una acción de inconstitucionalidad presentada por 65 congresistas contra un inciso del Reglamento del Congreso. El Tribunal determina que el inciso impugnado se refiere al procedimiento de antejuicio político regulado en la Constitución y no vulnera la inmunidad parlamentaria. Explica la diferencia entre antejuicio político e inmunidad parlamentaria y concluye que ambos procedimientos tienen el objetivo de evitar que funcionarios sean procesados penalmente sin el consent
La sentencia analiza un recurso de nulidad interpuesto contra una resolución que permite el uso de armas de fuego por parte de fuerzas militares para controlar manifestaciones. La sala política administrativa del tribunal supremo declara el amparo cautelar como improcedente, considerando que la resolución impugnada no viola el derecho a la manifestación pacífica. Sin embargo, la autora discrepa con esta decisión porque la resolución no diferencia entre protestas pacíficas y no pacíficas.
Inicia demanda declarativa de inconstitucionalidad y nulidadPaula María Bertol
El documento presenta una demanda de inconstitucionalidad y nulidad contra el proceso de sanción de una ley de servicios de comunicación audiovisual. Solicita como medida cautelar suspender los efectos de la ley cuestionada. Alega irregularidades en el procedimiento legislativo que violaron el reglamento de la Cámara de Diputados y la Constitución. Pide que se declare la nulidad del trámite o la inconstitucionalidad del procedimiento.
Inicia demanda declarativa de inconstitucionalidad y nulidadPaula María Bertol
El documento presenta una demanda de inconstitucionalidad y nulidad contra el proceso de sanción de una ley de servicios de comunicación audiovisual. Solicita como medida cautelar suspender los efectos de la ley cuestionada. Alega irregularidades en el procedimiento legislativo que violaron el reglamento de la Cámara de Diputados y la Constitución. Pide que se declare la nulidad del trámite o la inconstitucionalidad del procedimiento.
L@s ciudadan@s tenemos derecho de estar informados sobre el programa de gobierno electo para el periodo 2012-2016 y de esta manera poder elegir lo mejor para nuestra ciudad y nosotr@s mism@s como habitantes de Bogotá. Conoce esta iniciativa de "Tutelatón por la democracia" y participa!
L@s ciudadan@s tenemos derecho de estar informados sobre el programa de gobierno electo para el periodo 2012-2016 y de esta manera poder elegir lo mejor para nuestra ciudad y nosotr@s mism@s como habitantes de Bogotá. Conoce esta iniciativa de "Tutelatón por la democracia" y participa!
Análisis de sentencia de la sala constitucional....Limardocarlos
Este documento presenta un análisis de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela relacionada con un conflicto de competencia entre dos juzgados. El documento también discute conceptos legales como la acción de amparo, las competencias de los juzgados contencioso administrativos y la interpretación de normas constitucionales. Finalmente, incluye referencias bibliográficas relacionadas con temas de derecho administrativo y constitucional venezolano.
ENJ-400 Tribunales Laborales Y El Control De La ConstitucionalidadENJ
El documento describe el control de constitucionalidad en la República Dominicana. Explica que los tribunales laborales pueden controlar la constitucionalidad de las leyes de manera incidental (control difuso) y que la Suprema Corte de Justicia puede controlarla de manera directa (control concentrado). También enumera varios artículos del Código de Trabajo que han sido sometidos al control de constitucionalidad, declarando la inconstitucionalidad de algunos.
El documento describe las diferentes formas de control constitucional en México, incluyendo: (1) el juicio político, (2) el procedimiento investigador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (3) el juicio de amparo, (4) el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, (5) el juicio de revisión constitucional electoral, (6) las comisiones de derechos humanos, y (7) la acción abstracta de inconstitucionalidad. Todos estos mecanismos sirven
El documento describe la naturaleza jurídica y las características del amparo constitucional en la legislación venezolana. El amparo es una acción judicial que protege los derechos y garantías constitucionales de las personas contra violaciones por parte de autoridades o particulares. El procedimiento de amparo es sumario, breve, gratuito y no requiere formalidades. Puede interponerse contra normas, decisiones, actuaciones u omisiones que violen derechos constitucionales.
Fallo rizzo servini de cubria declara inconstitucional la reforma del consejo...juliana be
El documento presenta una acción de amparo contra la Ley 26.855 que modificó el mecanismo de elección de representantes de abogados en el Consejo de la Magistratura. La lista 3 "Gente de Derecho" solicita una medida cautelar para suspender la elección alegando que la ley los proscribe y viola sus derechos constitucionales. El Estado contesta la demanda alegando falta de legitimación de los actores y que la ley no infringe la Constitución.
Este documento describe los diferentes medios de control de legalidad y constitucionalidad en Colombia, incluyendo la nulidad por inconstitucionalidad, el control inmediato de legalidad, y las acciones de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, y nulidad electoral. Explica las causales y procedimientos de cada uno de estos medios de control jurisdiccional de los actos administrativos.
La Corte Constitucional ha garantizado el debido proceso consagrado en el artículo 29 constitucional mediante varias sentencias. En algunas sentencias, como la T-393/94 y T-458/94, la Corte confirmó que en procesos disciplinarios y de posesión se debe garantizar el derecho a presentar pruebas para no vulnerar el debido proceso. En otras sentencias, como la C-540/97, T-224/02 y T-996/03, la Corte determinó que en procesos fiscales, administrativos y laborales se debe permitir la et
1) La Alianza Cambiemos solicita una acción declarativa de certeza para que se interprete la normativa electoral que prohíbe la promoción de candidatos a través de la publicidad de actos de gobierno en los 15 días previos a las elecciones, y en particular se prohíba la imagen de candidatos en la cadena nacional. 2) También solicitan una medida cautelar que prohíba la imagen de candidatos en la cadena nacional hasta que se resuelva el fondo del asunto. 3) Alegan legitimación para la acción en tanto defienden derech
El Consejo de Estado dictaminó que el Senador Habib Merheg Marún no incurrió en pérdida de investidura al participar en la elección del Procurador General, a pesar de tener una investigación en su contra en la Procuraduría. Si bien el Senador no se declaró impedido, el Consejo estimó que un proceso disciplinario en curso no genera un conflicto de intereses directo, particular y actual, y no afecta la imparcialidad requerida para cumplir con sus funciones. Por lo tanto, no se configuró la causal de pé
Este documento describe la naturaleza y objeto del juicio de amparo indirecto en México. Explica que el amparo protege tanto la Constitución como la legislación ordinaria y tiene como objetivo preservar las garantías individuales de los gobernados. También detalla los requisitos para presentar una demanda de amparo indirecto, incluida la identificación de la autoridad responsable, los actos impugnados y los conceptos de violación alegados. Además, señala que la demanda debe ser interpretada en su totalidad para determinar correctamente la intenc
Uruguay tiene una larga tradición de democracia directa que combina los poderes representativos con institutos como el referéndum y la iniciativa popular. La constitución uruguaya desde 1934 establece que la soberanía nacional se expresa de forma directa a través de estos mecanismos e indirectamente a través de los representantes. El referéndum permite aprobar o derogar leyes, mientras que la iniciativa popular propone nuevas normas. Uruguay ha ido ampliando estos institutos a lo largo de su historia para profundizar
El documento explica el concepto y los requisitos de la acción de amparo constitucional en Venezuela. La acción de amparo es un mecanismo jurisdiccional extraordinario destinado a restablecer los derechos y garantías constitucionales vulnerados o amenazados de forma rápida y eficaz. Procede contra actos u omisiones de autoridades públicas o particulares que violen derechos fundamentales. Los requisitos incluyen que exista un acto lesivo actual o inminente de derechos reconocidos en la constitución o leyes.
Este documento resume la legislación y el procedimiento de la acción de cumplimiento en Perú. La acción de cumplimiento es una garantía constitucional que permite exigir a las autoridades que cumplan con la ley cuando se niegan a hacerlo. El documento describe quiénes pueden interponer la acción, contra quién va dirigida, los tribunales competentes y los pasos del proceso, el cual debe completarse en un plazo breve.
ENJ - 400 Régimen Procesal Común de la Acción de AmparoENJ
Este documento presenta un resumen de la historia y doctrina del amparo en varios países. Brevemente describe el origen del amparo en España y México en los siglos XVIII y XIX, y cómo se incorporó a constituciones como protección de derechos fundamentales. Luego resume algunos aspectos procesales clave del amparo como su naturaleza, actos impugnables, competencia jurisdiccional y procedimiento.
Maruchenga Trespalacios ha trabajado en la misma empresa desde 1990. Ha tenido varios aumentos de salario a lo largo de los años. Se casó en 1997 y tuvo hijos prematuros en 2005, incluyendo un hijo con síndrome de Down. Falleció en 2012 después de dar a luz a otra hija.
Este documento presenta la información sobre un curso de Administración de Talento Humano en una universidad. El curso dura tres horas semanales durante un semestre y otorga 144 créditos. El curso cubre temas como comunicación organizacional, seguridad social, salud ocupacional, perfiles de puestos y compensación. El objetivo es que los estudiantes comprendan los conceptos y procesos clave del área de talento humano y cómo estos afectan a las personas y las organizaciones.
El documento presenta a Elena del Pilar Meléndez Tapias y sus credenciales. Explica que ella se especializa en el análisis de puestos de trabajo y la elaboración de perfiles laborales, identificando las tareas, responsabilidades y habilidades requeridas de cada puesto a través de métodos como cuestionarios y entrevistas.
Este es.... gestion de competencias y desempeñoElena Tapias
Este documento presenta información sobre la gestión por competencias en las empresas. Describe que las empresas exitosas crean una visión compartida, atraen a los mejores empleados identificando con precisión las competencias necesarias para cada puesto, y ofrecen planes de carrera y compensaciones vinculadas al desempeño. También explica que la gestión por competencias incluye procesos como la selección, planes de carrera, compensaciones y desempeño, alineados a las competencias requeridas.
Este documento resume la información laboral y personal de una persona llamada Maruchenga. Incluye detalles como su fecha de nacimiento, inicio de labores, afiliaciones a fondos de pensiones e ISS, historial de salarios anuales, matrimonio, incapacidades, nacimiento de hijos, y accidentes de trabajo.
Este documento presenta una serie de 17 preguntas sobre el tema de Uti Possidetis Juris para un taller semestral de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Las preguntas cubren temas como el Congreso de Angostura, los tratados públicos internacionales, las Provincias Unidas de Centro América, casos fronterizos entre países como Burkina Faso-Malí y El Salvador-Honduras, la doctrina de Uti Possidetis Juris, las islas de Colombia en el Caribe y el conflicto entre Colombia y Nicaragua.
La Unión Europea ha acordado un paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Las sanciones incluyen restricciones a las transacciones con bancos rusos clave y la prohibición de la venta de aviones y equipos a Rusia. Los líderes de la UE esperan que las sanciones aumenten la presión económica sobre Rusia y la disuadan de continuar su agresión contra Ucrania.
Los tratados internacionales requieren varios pasos: la celebración de los tratados para negociar los términos, la fijación del texto del tratado para establecer el acuerdo por escrito, la prestación del consentimiento para que las partes acuerden obligarse legalmente al tratado, y la prueba del consentimiento para demostrar que las partes estuvieron de acuerdo.
Los tratados deben interpretarse de buena fe de acuerdo con el sentido ordinario de sus términos en su contexto y a la luz de su objeto y fin. La interpretación debe considerar la interpretación auténtica del tratado, los trabajos preparatorios y buscar un efecto útil.
Los principios fundamentales de los tratados internacionales incluyen la norma de que los acuerdos deben ser cumplidos, la imposibilidad física o moral de cumplir con un tratado puede justificar su incumplimiento, los cambios fundamentales en las circunstancias pueden invalidar un tratado, y un tratado no es vinculante para terceros ajenos al acuerdo.
El documento describe el proceso de celebración de tratados internacionales, incluyendo la negociación, firma, ratificación y canje de instrumentos de ratificación. También discute los acuerdos en forma simplificada que entran en vigor con solo la firma sin necesidad de ratificación, y la aplicación provisional de tratados antes de su ratificación formal.
Antes de 1969, el régimen de los tratados se regía principalmente por el derecho consuetudinario y la doctrina. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 codificó este derecho y entró en vigor en 1980, siendo ratificada por 44 estados incluyendo Colombia. Posteriormente, la Segunda Convención de Viena de 1986 complementó la primera al referirse a tratados entre estados y organizaciones internacionales. Finalmente, la Convención de 1978 sobre el derecho de los tratados celebrados entre estados y organizaciones intern
El documento define una reserva como una declaración unilateral de un Estado para excluir o modificar partes de un tratado en su aplicación doméstica. Existen dos teorías sobre la validez de reservas en tratados multilaterales: la integridad del tratado requiere consentimiento unánime, mientras que la divisibilidad permite reservas sin consentimiento unánime. La Convención de Viena de 1969 estableció normas sobre la formulación y efectos de reservas, incluyendo que son válidas a menos que estén prohibidas explícita o implícitamente y
Este documento resume las reglas comunes sobre la nulidad, terminación y suspensión de los tratados internacionales según la Convención de Viena. Explica que un tratado puede ser nulo si falta consentimiento válido o hay vicios en el consentimiento como error, dolo o coacción. La nulidad puede ser relativa o absoluta dependiendo de la gravedad del vicio. También puede ser nulo si contradice normas imperativas del derecho internacional como la prohibición del uso de la fuerza o la esclavitud.
Régimen de terminación de los tratados y suspensión de su aplicaciónElena Tapias
Este documento describe los diferentes modos en que los efectos de un tratado internacional pueden terminar o suspenderse, como la terminación por consentimiento de las partes, la denuncia unilateral, la suspensión temporal, o la terminación debido a la violación o imposibilidad de cumplimiento. También cubre el concepto de cambio fundamental de circunstancias y los requisitos para invocar esta cláusula, así como los procedimientos de registro y publicidad de los tratados establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.
El artículo 69 de la Convención de Viena establece las consecuencias de la nulidad de un tratado. Indica que las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza jurídica y que, si se han ejecutado actos basados en dicho tratado, las partes deben restablecer la situación previa en la medida de lo posible, excepto los actos ejecutados de buena fe antes de alegar la nulidad. También especifica que el párrafo anterior no se aplica a la parte responsable de dolo, corrup
El documento describe los principios fundamentales de las relaciones exteriores de Colombia según la Constitución de 1991, incluyendo el respeto de la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos, y los principios de derecho internacional. También cubre temas como la doble nacionalidad, la prohibición de extradición de colombianos, y el régimen de tratados públicos internacionales según la Constitución colombiana.
Procedimiento y consecuencias jurídicasElena Tapias
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece un procedimiento en dos etapas para abordar las reclamaciones de nulidad, terminación o suspensión de un tratado. Primero, la parte que alega una causal debe notificar por escrito a las otras partes, indicando las razones. Si surge un desacuerdo, deben buscar una solución mediante negociación u otros medios. Después de doce meses, si no hay solución, la controversia puede someterse a la Corte Internacional de Justicia o a un pro
Observancia y cumplimiento de los tratadosElena Tapias
El documento discute la importancia del principio de "pacta sunt servanda" o cumplimiento de los tratados en el derecho internacional. Explica que de acuerdo con la Convención de Viena, los tratados obligan a las partes y deben cumplirse de buena fe. Además, ningún estado puede invocar su derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado. Una vez que un tratado entra en vigor, su cumplimiento es obligatorio para los estados parte y sólo puede terminarse de acuerdo con las normas establecidas
El documento define un tratado como un acuerdo internacional escrito entre estados que está regido por el derecho internacional público, ya sea en un solo documento o en dos o más documentos relacionados, independientemente de su denominación particular. Los tratados son acuerdos entre sujetos de derecho internacional que existen por escrito y tienen como objetivo producir efectos legales de acuerdo con el derecho internacional.
1. Sentencia No. T-430/92
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS DE LA RAMA
LEGISLATIVA
La acción de tutela es reconocida por la Constitución a favor de todas las
personas cuando quiera que sus derechos fundamentales resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, sin
distinguir entre ellas, de tal forma que, en principio, es posible intentarla contra
actos emanados de servidores pertenecientes a cualquier rama u órgano del
poder público y aún de las corporaciones públicas. Asiste la razón al accionante
cuando afirma que también los actos producidos por la rama legislativa son
susceptibles de esta acción.
ACCION DE TUTELA-Titularidad/PERSONA
JURIDICA/REPRESENTACION LEGAL
El artículo 86 de la CP, no está excluyendo a las personas jurídicas para intentar
la acción de tutela, pues el precepto no introduce distinción alguna y, por el
contrario, las supone cobijadas por el enunciado derecho cuando de modo
genérico contempla la posibilidad de solicitar el amparo por conducto de otro,
sin que nada obste dentro del sistema jurídico colombiano para que una de las
especiales de ese género esté conformada precisamente por las personas
jurídicas. Sin embargo, para el ejercicio de la acción de tutela, cuando una
persona natural actúe a nombre de una jurídica es necesario acreditar la
personería correspondiente y su representación.
ACCION DE TUTELA-Improcedencia/JURISDICCION
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA/PERJUICIO IRREMEDIABLE
En el asunto que motiva esta sentencia, el peticionario podría haber acudido al
medio de defensa judicial previsto en el C.C.A., con el objeto de obtener que en
el curso del respectivo proceso se ventilara la cuestión relativa a la participación
de las minorías políticas en las mesas directivas de las cámaras y se definiera la
controversia por él planteada en torno a la posible violación de los derechos
correspondientes a esas minorías.
No es el caso de un perjuicio irremediable que pudiera ser evitado mediante la
tutela como mecanismo preventivo, toda vez que la nulidad de la elección de la
mesa directiva del Senado, en el evento de prosperar, llevaría necesariamente a
replantear el tema de las minorías como lo quiere el demandante, y por tanto, la
solución que aportaría un fallo favorable a sus pretensiones no consistiría en
una indemnización de perjuicios.
-Sala Tercera de Revisión-
2. Ref.: Expediente T-945
Acción de Tutela ANATOLIO QUIRA GUAUÑA
contra SENADO DE LA REPUBLICA
Magistrados:
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
-Ponente-
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
FABIO MORON DIAZ
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., mediante Acta de Junio
veinticuatro (24) de mil novecientos noventa y dos (1992).
Se revisan las sentencias proferidas por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Laboral, y por la Sala Plena de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, los días veintisiete (27) de enero y
diecinueve (19) de febrero del presente año, respectivamente.
I. ANTECEDENTES
ANATOLIO QUIRA GUAUÑA, Senador de la República, quien dice actuar
en representación del movimiento político denominado Alianza Social
Indígena, instauró la acción de tutela contra la decisión del Senado de la
República por medio de la cual eligió su mesa directiva el 1o. de diciembre de
mil novecientos noventa y uno (1991), según consta en Acta No. 01 de la sesión
plenaria de esa corporación, correspondiente a la misma fecha (Anales del
Congreso, Edición del 4 de diciembre de 1991, año XXXIV, No.20).
Consideró el actor que con el mencionado acto fue desconocido el derecho de
las minorías políticas de oposición para participar en las mesas directivas de los
cuerpos colegiados, ya que "el Partido Liberal y el Conservador se apoderaron
de la Presidencia y de las vicepresidencias de la corporación".
En su criterio, si el derecho de las minorías a participar de las mesas directivas
de las corporaciones públicas hace parte del artículo único del Capítulo de la
Carta titulado "Del estatuto de la oposición", es porque el concepto de minorías
que se debe tener en cuenta para elegir la mesa directiva del Senado no es el
meramente numérico, como de hecho se interpretó el artículo 83 de la
Constitución derogada y como fue aplicado el 1o. de diciembre mediante el acto
objeto de la acción.
Expresó en su escrito que, a fin de institucionalizar la oposición política, la
Asamblea Nacional Constituyente determinó liberar a las minorías de oposición
de los vaivenes de los acuerdos políticos entre los partidos mayoritarios, que
hacían nugatorio el derecho consignado en el mencionado artículo 83. Este
propósito, dijo el demandante, se concretó en la consagración de un derecho, en
3. cabeza de las minorías que no participan del Gobierno, a tener asiento en las
mesas directivas de las corporaciones públicas.
Para el peticionario la acción de tutela procede contra acciones u omisiones de
los jueces, los órganos de control o la Rama Legislativa, con excepción de las
leyes, excluídas expresamente por el artículo 6o del Decreto 2591 de 1991.
Siendo las elecciones internas actos del Congreso que generan situaciones
individuales y, por tanto, susceptibles de violar derechos constitucionales, es
posible interponer contra ellas la acción consagrada en el artículo 86 de la
Constitución.
El actor dijo actuar como representante de la Alianza Social Indígena y sustentó
así la pertinencia de la acción a nombre de personas jurídicas: los partidos y
movimientos políticos, así como las organizaciones sociales que intervengan en
elecciones, tienen derecho a ejercer la acción de tutela, pues el artículo 86 de la
Constitución se refiere a "toda persona", y aquellos son personas jurídicas. Y
también las personas jurídicas tienen derechos fundamentales. Incluso se puede
ver que dentro del catálogo expreso de derechos fundamentales que trae el
Capítulo I del Título II de la Carta se encuentran casos en los cuales un derecho
fundamental está en cabeza de una persona jurídica, como el artículo 19 que se
refiere a iglesias o el artículo 39 a los sindicatos y asociaciones obreras o
patronales. Si la acción de tutela recae primeramente sobre los derechos de ese
capítulo, debe aceptarse que las iglesias y los sindicatos tienen aquella acción
como medio de defensa de sus derechos.
De la misma manera, dice el peticionario, agrupaciones políticas minoritarias
tienen derechos fundamentales, en este caso el consagrado en el artículo 112 de
la Carta, que de no ser respetado las deja sin garantías y a su inferioridad
numérica se agrega el ostracismo.
II. LAS DECISIONES JUDICIALES MATERIA DE REVISION
Mediante fallo del veintisiete (27) de enero de mil novecientos noventa y dos
(1992), la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de
Bogotá resolvió declarar improcedente la acción de tutela instaurada. Afirmó el
Tribunal que, según el artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela
no cabe cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial y que, en el
caso de autos, por tratarse de un acto electoral ese medio es la acción pública
electoral, consagrada en el artículo 227 del Código Contencioso
Administrativo.
"Por demás, -señaló la providencia- no se utilizó (la tutela) como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable". La magistrada Auristela Daza
Fernández, quien salvó el voto, estimó que el acto contra el cual se ejerció la
acción de tutela transgredió indiscutiblemente los artículos 13, 40 y 112 de la
Constitución Política.
En su sentir, el ejercicio del derecho a la oposición sólo se cumple cabalmente
cuando en las mesas directivas del cuerpo colegiado de que se trate, tengan
4. miembros de los partidos y movimientos minoritarios, atendiendo a su
representación en ellos, de manera que la sola circunstancia de que se excluya a
uno de dicha participación implica violación del derecho consagrado por el
inciso segundo del artículo 112.
A su juicio, cabía la tutela como mecanismo transitorio, pues la Mesa
Directiva del Senado está actuando efectivamente desde el día 1o. de diciembre
de 1991, con lo cual se ha causado perjuicio irremediable al derecho de que se
trata.
Impugnada la decisión del Tribunal, correspondió resolver sobre ella a la Corte
Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-, Corporación ésta que confirmó
el fallo por considerar que, en tratándose de actos emanados de cuerpos
electorales, cualquier persona se encuentra habilitada para demandar la elección
ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el objeto de que
decida sobre la legalidad o ilegalidad de la misma. El perjuicio en estos casos,
dijo la Corte Suprema, no puede reputarse como irremediable, pues en materia
Contencioso Administrativa la ley contempla mecanismos capaces de impedir
que actos ilegales se prorroguen indefinidamente (Ley 96 de 1986, artículo 66,
sobre Suspensión Provisional).
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Es esta Corte la competente para revisar las sentencias mencionadas, dentro del
ámbito de la jurisdicción constitucional y muy particularmente a partir de los
artículos 86 y 241, numeral 9, de la Carta Política, 31, 32 y 33 del Decreto 2591
de 1991.
2. Tutela contra actos de la Rama Legislativa
La acción de tutela es reconocida por la Constitución a favor de todas las
personas cuando quiera que sus derechos fundamentales resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, sin
distinguir entre ellas, de tal forma que, en principio, es posible intentarla contra
actos emanados de servidores pertenecientes a cualquier rama u órgano del
poder público y aún de las corporaciones públicas (artículo 123 de la
Constitución).
Así, pues, considera la Corte que asiste la razón al accionante cuando afirma
que también los actos producidos por la Rama Legislativa son susceptibles de
esta acción. Tanto las cámaras como las comisiones permanentes que dentro de
ellas se conforman de acuerdo con lo previsto por el artículo 142 de la
Constitución y sus mesas directivas tienen aptitud efectiva para proferir actos o
incurrir en omisiones por cuyo medio se vulnere o amenace vulnerar un derecho
fundamental, siendo lógico entonces que éste sea protegido por la vía de la
acción de tutela, de manera definitiva o al menos transitoria en orden a evitar un
perjuicio irremediable.
5. Desde luego, como también lo apunta el actor, están excluídas las leyes que
expida el Congreso, pero también lo están -digámoslo de una vez- los actos
legislativos reformatorios de la Constitución (artículos 374 y 375 Constitución
Política), ya que respecto de aquellas y de éstos, la propia Carta ha previsto la
acción de inexequibilidad para atacarlos por los motivos allí mismo indicados,
si vulneran sus preceptos (artículo 241, numerales 1, 2, 4 y 10 Constitución
Política).
Debe recordarse, además, que el artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991 declara
expresamente que la acción de tutela no procede cuando se trate de actos de
carácter general, impersonal y abstracto.
3. Acción de tutela incoada por personas jurídicas
Como lo expresa el Preámbulo de la Carta, una de las motivaciones del
constituyente al expedirla consistió en la necesidad de garantizar un orden
político, económico y social justo.
En perfecta concordancia con ese propósito, el artículo 1o. de la Constitución
define a Colombia como Estado Social de Derecho, al paso que el 2o. le señala
a ese Estado, como dos de sus fines esenciales, el de asegurar la efectividad de
los principios, derechos y deberes y el de facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación. El artículo 4o. subraya el carácter supralegal de la
Constitución, y su prevalencia en todo caso de conflicto con normas de nivel
jerárquico inferior. La acción de tutela no puede entenderse como una figura
ajena al sistema jurídico fundado en la Constitución y, por el contrario, debe
ser concebida con criterio teleológico, es decir, como instrumento al servicio de
los fines que persiguen la organización política y el ordenamiento fundamental,
uno de los cuales radica en la eficacia de las normas superiores que reconocen
los derechos esenciales de la persona (artículo 5o.).
Desde luego, la persona humana es sociable por su misma naturaleza y no es
posible una verdadera protección de ella desechando ese carácter ni
prescindiendo de su innegable inserción dentro del contexto colectivo en cuyo
medio se desenvuelve.
Cuando el artículo 86 de la Constitución establece que "toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar (...) por sí misma o por quién actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública", no está excluyendo a las
personas jurídicas, pues el precepto no introduce distinción alguna y, por el
contrario, las supone cobijadas por el enunciado derecho cuando de modo
genérico contempla la posibilidad de solicitar el amparo por conducto de otro,
sin que nada obste dentro del sistema jurídico colombiano para que una de las
especies de ese género esté conformada precisamente por las personas jurídicas.
6. Observa la Corte, sin embargo, que para el ejercicio de la acción de tutela,
cuando una persona natural actúe a nombre de una jurídica es necesario
acreditar la personería correspondiente y su representación; si bien, como lo
dice el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, los poderes se presumirán
auténticos, deben presentarse.
En el caso que se examina, no obra en el expediente ningún elemento de juicio a
ese respecto.
4. Improcedencia de la acción de tutela en este caso
Como lo ha venido sosteniendo esta Corporación, el artículo 86 de la Carta
Política, desarrollado por el 6o. del Decreto 2591 de 1991, excluye la acción de
tutela cuando el afectado tenga a su disposición otros medios de defensa judicial
que le permitan hacer efectivo el derecho que se le conculca o amenaza, a
menos que la acción se intente como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.1
En el caso sub-judice, el Código Contencioso Administrativo adoptado
mediante Decreto No.01 de 1984, confía al Consejo de Estado la competencia
para resolver sobre las acciones que se intenten contra las elecciones o
nombramientos efectuados por el Senado de la República y la Cámara de
Representantes.
El artículo 128, numeral 4o., de dicho Código señala:
"Artículo 128.- Subrogado. D. E. 597/88, art.2o. El Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos
privativamente y en única instancia:
(...)
4. De la nulidad de las elecciones de Presidente de la República, designado a la
Presidencia, senadores y representantes a la Cámara, así como de los que se
susciten con motivo de las elecciones o nombramientos hechos por el congreso,
las cámaras, la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno o por cualquiera
autoridad, funcionario, corporación o entidad descentralizada del orden
nacional" (Subraya la Corte).
Por su parte el artículo 136 del mismo estatuto, subrogado por la Ley 14 de
1988, artículo 7o., establece que la acción electoral caducará en 20 días
contados a partir del día siguiente a aquel en el cual se notifique legalmente el
acto que declara la elección de cuya nulidad se trata.
Así, pues, en el asunto que motiva esta sentencia, el peticionario podría haber
acudido al medio de defensa judicial en referencia, con el objeto de obtener que
en el curso del respectivo proceso se ventilara la cuestión relativa a la
1 Ver sentencias Nos. 1, 3, 7, 12, 405 y 410 de esta misma Sala
7. participación de las minorías políticas en las mesas directivas de las cámaras y
se definiera la controversia por él planteada en torno a la posible violación de
los derechos correspondientes a esas minorías.
No es el caso de un perjuicio irremediable que pudiera ser evitado mediante la
tutela como mecanismo preventivo, toda vez que la nulidad de la elección de la
mesa directiva del Senado, en el evento de prosperar, llevaría necesariamente a
replantear el tema de las minorías como lo quiere el demandante, y por tanto, la
solución que aportaría un fallo favorable a sus pretensiones no consistiría en
una indemnización de perjuicios, lo cual significa que no se configura el
presupuesto contemplado en el artículo 6o., numeral 1o., del Decreto 2591 de
1991.
Téngase presente, además, lo ya subrayado por la Corte Suprema de Justicia en
el fallo que se revisa, en relación con la posibilidad legal de impedir que actos
contrarios al ordenamiento jurídico se prorroguen indefinidamente (Ley 96 de
1986, artículo 66): "En los procesos electorales procede la suspensión
provisional".
De lo anterior se deduce con entera claridad que, no obstante ser de la mayor
importancia los derechos alegados por el accionante, no era la acción de tutela
el mecanismo constitucional adecuado para su protección, motivo suficiente a
juicio de la Corte para confirmar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia
objeto de revisión, a su vez confirmatoria del fallo pronunciado por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá.
IV. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia,
actuando en Sala de Revisión, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- CONFIRMASE la sentencia proferida por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, de fecha 19 de febrero de 1992, por medio
de la cual se confirmó el fallo del 27 de enero del mismo año, emanado del
Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, Sala Laboral, que declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por ANATOLIO QUIRA
GUAUÑA, quien dice actuar a nombre de la ALIANZA SOCIAL
INDIGENA.
SEGUNDO.- Líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
COPIESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE EN LA GACETA DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL Y CUMPLASE.
8. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
Presidente de la Sala
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ
Magistrado Magistrado
El Magistrado MARTINEZ CABALLERO
se encontraba en la fecha en uso
de permiso concedido por el Presidente
de la Corporación.
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General