Transicion a la Democracia en Chile

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN
INSTITUTO DE HISTORIA

TRANSICIÓN CHILENA A LA DEMOCRACIA

EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE TRANSICIÓN CHILENA A LA
DEMOCRACIA: UN PROCESO DE CONSENSOS Y PACTOS

TRABAJO DE TITULACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE
PROFESOR DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

PROFESOR GUÍA: SR. BALDOMERO ESTRADA TURRA
ALUMNO: ADRIÁN VILLEGAS DIANTA

2003

TRANSICIÓN CHILENA A LA DEMOCRACIA

EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE TRANSICIÓN CHILENA A LA
DEMOCRACIA: UN PROCESO DE CONSENSOS Y PACTOS

TRABAJO DE TITULACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE
PROFESOR DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

PROFESOR GUÍA: SR. BALDOMERO ESTRADA TURRA
ALUMNO: ADRIÁN VILLEGAS DIANTA

2003

AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIAS

DEDICATORIA

Este trabajo de titulación esta dedicado especialmente a mi familia por su constante
apoyo, cariño y comprensión durante estos años de estudio. En primer lugar a mis
“madres”, la señora Adriana Robledo Carrasco y Roxana Dianta Olmedo. También
quisiera dedicar este trabajo a mi padre, el señor Arturo Villegas Robledo y a mis
hermanos, Consuelo, Andrés, Carmen y María Paz. A Patricia Huencho, a mi tío Juan Luis
Villegas y familia, por ser un pilar fundamental en mi vida. A todos les dedico este trabajo
de titulación, por ser las personas que día a día me entregan la fuerza para seguir
adelante.

i


AGRADECIMIENTOS

Quiero dar las gracias a mis “madres”, la señora Adriana Robledo y Roxana
Dianta, a mi padre, el señor Arturo Villegas y a mis hermanos, Consuelo, Andrés, Carmen
y María Paz. A Patricia Huencho, a mi tío Juan Luis Villegas y familia, por ser las
personas que me han ayudado a realizar este trabajo, brindándome todo el apoyo y amor
necesario, así como también la fuerza para llevarlo a buen término.

También quiero agradecer a mi profesor guía, el señor Baldomero Estrada, quien
me guío sabiamente por los intrincados caminos de la transición chilena a la democracia,
resaltando el valor de la contemplación de las distintas visiones que existen sobre el tema y
entregándome las herramientas necesarias para ello.

También quisiera agradecer a los profesores del área de didáctica del Instituto de
Historia, el señor Nelson Vásquez, Ricardo Iglesias y especialmente al profesor Mauricio
Molina, quien a través de distintas reuniones, me permitió realizar un material didáctico
de acorde con el tema abordado, aportando valiosas idea y sugerencias.

Por su parte quisiera agradecer a todos mis compañeros de promoción, que han
logrado que este año, a pesar de todo el trabajo, sea muy especial. A Cristián Araya,
Gustavo Ruz, Mauricio Martínez, Cristóbal Guerra, Cristián Vallejos, Ángela Silva, Ana
Henríquez y Patricio Quezada, por su constante preocupación y aportes a este trabajo. A
mis compañeros y compañeras de pedagogía, Nolvia, Loreto, Francisca, Carina, Mireya,
Pablo, Gabriela, Constanza, Gonzalo, Liliana y Yáskara; como también a mis compañeros
y compañeras de licenciatura, Rodrigo, Andrés, Mauricio, Claudia, Carolina, Ana María,
Francisco, y a tantos otros que me han acompañado durante este largo tiempo; a todos
ellos vayan mis más sinceros agradecimientos.

ii


Agradezco a mis tíos y primos de San Antonio y Santiago por estar constantemente
preocupados de mi trabajo. En este sentido quisiera agradecer también a Jaime, Ernesto
y Víctor, por ser tres grandes amigos que me estuvieron siempre apoyando en todo lo
necesario durante todos estos años. También mis agradecimientos son para Luis, Carlos,
Mauricio, Gonzalo, Pérez, José Luis y tantos otros, en San Antonio, amigos de infancia
que desde un comienzo estuvieron conmigo alentándome en los momentos difíciles.

También agradezco a todos los profesores y funcionarios del Instituto de Historia,
especialmente a “Biblioteca”, por facilitarme el material necesario para este trabajo.

A todas estas personas (y a todos los que por uno u otro motivo se
quedan en el tintero, ya que a estas alturas la memoria se a hecho
frágil, pero que igualmente guardo en mis recuerdos) vayan mis más
sinceros agradecimientos. Por todo ... muchas gracias.

iii


“Para todos los jóvenes chilenos que un
día se convirtieron en hombres al luchar
por la democracia en nuestro país”
... vaya esta sencilla dedicatoria

Adrián Villegas Dianta
24 – X - 2003

iv

INTRODUCCIÓN

PREFACIO

El complejo proceso de transición a la democracia en Chile, tiene varios planos en
los cuales se desarrolla, como el político, económico, jurídico, social, etc.... A su vez es el
fruto de numerosos acercamientos, consensos y pactos, que ya se daban desde los primeros
años del Régimen Militar.

Por su parte, el tema de la transición, ha generado un amplio debate, ya que constituye una
de las más importantes temáticas a la hora de analizar la historia reciente de nuestro país.
También constituye un tema de difícil estudio, producto de la variedad de interpretaciones
sobre el proceso, pasando desde la discusión de su fecha de inicio y término, hasta el
alcance de su desarrollo y repercusiones en la vida política y social de nuestro país,
producto del acercamiento y establecimientos de ciertos consensos y pactos para llevarla a
cabo.

El presente trabajo realizará ser una revisión de los principales consensos y pactos llevados
a cabo durante el Régimen Militar, y más tarde, durante el retorno a la democracia en el
país, desde la perspectiva de análisis del método histórico, en lo que definiremos como una
etapa pre – transicional y de transición a la democracia (de 1980 a 1990 y de 1990 a 2003
respectivamente)

A la vez, el siguiente trabajo se compone de tres capítulos. En el tomo I hay dos (revisión y
discusión historiográfica en el primer capítulo y el análisis de la evolución histórica del
proceso de transición y sus problemáticas en el segundo) los cuales son la base para un
tercer capítulo (en el segundo tomo) que consiste en una serie de materiales didácticos
sobre los temas que aquí se tratan insertados en un proyecto educativo.

Este trabajo dará a conocer desde las diferentes perspectivas políticas, una fecha de inicio y
término para el proceso de transición a la democracia en Chile, sus características y la

1

INTRODUCCIÓN

evolución histórica del proceso de transición. En este sentido para los analistas de derecha,
su visión plantea que la transición comienza con el proceso del plebiscito de la Constitución
de 1980 y termina con el cambio de régimen en 1990, a diferencia de la visión de centro e
izquierda, que sitúan a este hito como tan sólo el comienzo del proceso de transición. . Por
su parte se buscará una fecha para su finalización, que desde la perspectiva de centro
podría ser el fin del gobierno de Patricio Aylwin o Eduardo Frei según el autor, en cambio
la posición de la izquierda, señala que este proceso de transición a la democracia en Chile
aún no ha concluido. Es decir, básicamente se analizaran las tendencias más relevantes que
nos permitan conocer los argumentos esgrimidos de cada una de ellas para que justifican
sus respectivas visiones sobre los temas e interrogantes aquí planteadas. Cabe destacar que
todo el primer análisis consistente en establecer los límites cronológicos del período de
transición, será realizará teniendo en cuanta los diferentes procesos de acercamientos,
consenso y pactos de los diferentes actores de la sociedad, los que a su vez han ido también
dando forma al desarrollo y evolución de esta.

Un segundo tipo de análisis consistirá en señalar cuales han sido los principales problemas
que ha tenido que afrontar el proceso de transición considerando su evolución y resultados,
además de señalar como estos han afectado y no han permitido el cierre del proceso.

Finalmente sólo queda señalar al lector, que en el presente trabajo se entregan una serie de
claves para entender el tema estudiado (que cronológicamente abarca de 1980 al 2003),
desde las tres principales tendencias políticas que lo han tratado: la izquierda, el centro y la
derecha, para lo cual se ha usado el máximo de rigor e imparcialidad posibles y en donde
confluyen las interpretaciones de diferentes autores estudiados para fundamentar y refutar
nuestra propuesta: el que la transición se ha ido dando a raíz de un acercamiento concreto
entre las fuerzas de la oposición (fundamentalmente entre el Partido Socialista renovado y
la Democracia Cristiana) las cuales posteriormente pactaron un proceso de transición
estable con el régimen saliente a costa de varias concesiones que aquí se estudian. Estas
fuerzas en la actualidad han pretendido dar por concluido el proceso, situación que se
analizará desde la perspectiva de que una serie de temas pendientes no permiten cerrar este
proceso.

2

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La transición chilena a la democracia tiene su origen en el cambio de sistema
político, que es el que configura los cambios económicos, sociales y de casi cualquier
índole que se produzcan dentro del país. Este cambio de sistema en el caso chileno es desde
un Régimen Militar de carácter autoritario a uno democrático, pero con una constitución
promulgada en el sistema anterior al retorno de la democracia, por lo cual el nuevo sistema
se ve obligado a transitar bajo las reglas impuestas por el anterior sistema antes de su
llegada, hasta que los cambios al marco constitucional sean viables.

Anterior al Régimen Militar de corte autoritario, encabezado por Augusto Pinochet, existía,
hasta 1973, un sistema democrático en el país, el cual sucumbió debido a la debilitación de
las propias prácticas democráticas como producto de las graves tensiones políticas
provenientes de un polarización ideológica que con el pasar de los años debilitó las
instituciones políticas hasta ese momento democráticas, crisis que se agrava aún más por
las graves dificultades sociales y económicas que hacia el año de 1973 atravesaba el
gobierno del Presidente Salvador Allende, quien había asumido en 1970 en un clima ya de
gran politización, polarización y graves tensiones entre los diferentes sectores de la
sociedad chilena, sin duda muy influenciada por la situación, de carácter bastante similar,
que se daba en el resto del mundo desde los años ’60.

Dentro de este contexto, las Fuerzas Armadas y de Orden, alentadas por algunos grupos
civiles y el apoyo económico de los Estados Unidos, dan un golpe de estado, el cual se
traduce en el fin del régimen de transición hacia el socialismo propuesto por el gobierno de
Allende y asumido democráticamente por el país, y se instaura un Régimen Militar “sin
legitimidad constitucional, que se instala en el poder de manera informal, con el apoyo de
algunas franjas civiles y con el propósito de practicar una política orientada a resolver los
grandes problemas públicos, transformando instituciones, creando nuevas leyes,

3

INTRODUCCIÓN

modificando la burocracia y fomentando nuevos valores”1, situación la cual, dio un gran
giro a la historia del país.

Estos cambios enunciados anteriormente van por el lado de la economía, donde debido a la
asesoría de un grupo de jóvenes economistas denominados los “Chicago boys”, se
implementa en Chile, un sistema económico neoliberal, el cual se caracteriza por una fuerte
presencia de capital y participación de los privados en la economía nacional, con lo cual el
estado ya no es benefactor, sino sólo un administrador de los recursos del país, situación,
que como se verá en la década de los ’80 provocará un gran costo social, que era que nazca
una movilización social poderosa, que no se había visto en Chile desde tiempos de Allende,
pero que debido a la represión del Régimen Militar y a que no lograba resultados concretos
irá decayendo poco a poco.

Otro cambio importantísimo y que está dentro de nuestro estudio es el que se da en el
campo de la constitucionalidad. Es cambio empieza a gestarse luego del golpe militar, el
cual necesitaba legitimarse ante el país y cambiar el orden existente, por lo cual empieza a
elaborar una nueva Constitución, trabajo durante el cual se apreciará que no estaba
dispuesto a escuchar a la oposición y que por medio de un plebiscito que no cumplía con
las mínimas seguridades y elementos básicos del proceso democrático, fue aprobada y en el
año de 1981 promulgada. Este es el punto de inicio de nuestro trabajo, ya que constituye el
punto de inicio del proceso de transición para una de las visiones en estudio (la derecha)
además de que muestra una serie de acercamientos y consensos entre los distintos grupos de
las fuerzas que ahora eran de la oposición, fundamentalmente entre el Partido Demócrata
Cristiano y el Partido Socialista, primer acercamiento de una relación que se estrecharía con
los años.

Posteriormente nuestro trabajo prosigue con el análisis de los años de protestas civil 1983 –
1984 producto de una grave crisis económica, lo suficientemente poderosa para hacer que
la gente saliera de sus casas a manifestar su descontento a pesar de la represión. Estos años

1
CAÑAS KIRBY, ENRIQUE. “Proceso Político en Chile: 1973 – 1990”, Editorial Andrés Bello, Santiago –
Chile, 1997, pág. 9.

4

INTRODUCCIÓN

marcan el inicio de un proceso de consensos entre la oposición al gobierno militar, en
donde la estrategia que se llevaba a cabo para derrocarlo ha sido denominada por Enrique
Cañas Kirby, como “modelo de transición vía ruptura”, partiendo de la base que este
período es de una lucha constante de las fuerzas opositoras por lograr el retorno a la
democracia por medio de derrocar al Régimen Militar por la vía de la presión social. Esta
misma tesis, se volvió en contra de la oposición, cuando el Régimen Militar, para justificar
que no estaba dispuestos al diálogo empezó a reprimir duramente estas protestas bajo el
argumento de que eran organizadas por la oposición que intentaba aprovecharse
políticamente de la coyuntura económica, argumento que a a su vez sirvió para exiliar o
hacer desaparecer a algunos dirigentes y organizadores de estas con la finalidad de
descabezar estos movimientos.

De esta manera se gesta el “Manifiesto Democrático” en 1983, que era un primer acuerdo
político entre la oposición, y cuyo antecedente directo era el PRODEN, o “Proyecto de
Desarrollo Para un Consenso Nacional”, instancia creada por militantes de la Democracia
Cristiana, pero que decía desprenderse de las líneas partidarias en 1982, que sirve de base
para este “Manifiesto Democrático”, en el cual las distintas fuerzas de la oposición definen
ciertas características para terminar con el Régimen Militar y retornar a la democracia. Pero
a su vez los gestores de este “Manifiesto Democrático” de 1983 rápidamente pasa a ser la
base para el pronunciamiento de la Iglesia en la materia y de las fuerzas de derecha
democrática, las cuales señalaban de que ya era hora de que Augusto Pinochet diera paso a
una autoridad civil, con lo cual se crea la “Alianza Democrática”, instancia opositora
mucho más amplia que el PRODEN y que se caracterizaba por la presencia de la derecha
democrática, primer indicio claro de que no todas las fuerzas de esta posición política
estaban alineadas totalmente con el Régimen Militar.

La “Alianza Democrática” de esta manera se convirtió en la instancia oficial de la
oposición, y que fue el interlocutor en el proceso de acercamiento con el gobierno por
medio del Ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, etapa crucial, que se estudiada en este
trabajo, ya que demuestra hasta donde cada una de estas fuerzas estaba dispuestas a ceder y
a la vez lo que estaba dispuestas a hacer para imponer su opción. Este proceso de apertura

5

INTRODUCCIÓN

del Régimen Militar se debe en parte a buscar una manera por la cual la oposición
terminara con las protestas sociales, razón por la cual el diálogo falló en 1983 y se mantuvo
sin grandes cambios en 1984. Pero la decisión de la oposición y las fuerzas que día a día
sumaron, hicieron darse cuenta a Jarpa de hasta donde podía llegar el poder de la oposición
y de la movilización, que si bien había bajado notablemente en intensidad, estaba todavía
latente, esperando que alguna instancia, tomara su cause y llamara a su presencia. Bajo este
contexto nace el “Acuerdo Nacional Para la Transición a la Plena Democracia” en 1985.

Este nuevo documento que se anuncia en el párrafo anterior, según sus integrantes está
definido no como “una alianza política de partidos, sino un marco general de
convivencia”2, por medio de la cual se reclamaba el retorno a la democracia. La
importancia de este nuevo documento era el amplio espectro de fuerzas políticas que
reunía, incluyendo a una facción de la derecha democrática y de la izquierda renuente a
pactar y establecer consenso (aunque se excluye a las posiciones extremistas tanto de
izquierda como de derecha, es decir, al Partido Comunista y a la Unión Demócrata
Independiente, respectivamente). Este fue un acuerdo logrado a través de un gran consenso
social y en donde la Iglesia jugó el rol de acercar las posiciones entre la oposición además
de hacer patente con sus declaraciones al documento y el consenso social reinante al país al
gobierno de Augusto Pinochet, quien descartó este documento y sus posturas, señalándole
al Cardenal Juan Francisco fresno, quien se dirigió a él en vísperas de la navidad de 1985
con la petición de que reconsiderara su posición de rechazo total frente al documento, que
diera vuelta la página, ya que no aceptaría presiones de la oposición para que dejase el
gobierno.

De esta manera se ponía fin a una etapa en donde se habían unificado los consensos y los
pasos a seguir para retornar a la democracia, pero que el gobierno se encargó de rechazar de
plano. De esta manera “La evolución política siguió, a su vez, una ruta muy diferente de la
que cabía esperar en 1983. Pese a la creciente unidad, organización y fuerza política de la
oposición, el Gobierno militar permaneció en el poder. Hubo una apertura política gradual,

2
ORTEGA FREI, EUGENIO. “Historia de Una Alianza”, Ediciones ChileAmérica – CESOC, Centro de
Estudios del Desarrollo CED, Chile, 1992, pág. 261.

6

INTRODUCCIÓN

en la que el Gobierno permitió una creciente actividad. El cronograma de la Constitución
de 1980 se cumplió estrictamente y el general Pinochet se retiró pacíficamente en marzo de
1990, después de perder el plebiscito de 1988”3. Si, a pesar de que la oposición, pensaba
que durante 1986, la presión social se haría más grandes y los grupos que compondrían la
oposición más extensos, lo cierto es que en ese año, el “año decisivo”, luego del fallido
atentado a Pinochet y de una mejoría en la situación macroeconómica del país, tanto la
presión social, como la estrategia opositora se desplomaron de golpe, ya que luego del
atentado el Régimen Militar estableció una política igual de represiva que durante los
primeros años que siguieron al golpe militar, por lo cual la oposición encabezada por los
partidos políticos se vio fuertemente restringida.

Es por este motivo, que la nueva intento opositora, iría desde el plano civil, ya que los
partidos políticos estaban todavía analizando alguna nueva estrategia, debido al rechazo de
los intentos de democratización llevados entre 1982 y 1985. Esta ves sería el turno de la
“Asamblea de la Civilidad”, organización creada bajo los mismos principios que la Alianza
Democrática, pero que estaba encabezada por distintos dirigentes sociales, profesionales y
estudiantiles, los que también proponían la movilización en contra del Régimen Militar
para derrocarlo, intento el cual fue rápidamente sofocado, primer por que el grado de
movilización social, debido tanto a la represión como a la desilusión de lo fallido de los
intentos anteriores, provocó que esta fuera muy baja en convocatoria, además de que el
régimen descabezó rápidamente su organización deteniendo a varios de sus dirigentes, con
lo cual esta instancia fracasó.

Por su parte el sistema económico se iba fortaleciendo poco a poco, lo que obligó a las
fuerzas opositoras a una ardua discusión sobre si seguir intentando por otros medios de
carácter vía ruptura o juntar todas las fuerzas y esperar hasta el plebiscito en el año 1988
que podría marcar la salida de Pinochet del poder. Finalmente se optó por la segunda
instancia, en donde nuevamente la oposición trabajó unida creando desde 1987 varios
comités de elecciones libres y llamando a la gente a inscribirse en los registros electorales,

3
FONTAINE, JUAN ANDRÉS. “Transición Económica y Política en Chile”. En “Estudios Públicos” Nº
50, Chile, 1993, pág. 270.

7

INTRODUCCIÓN

luego de una amplia discusión entre las fuerzas de la oposición moderadas y las
extremistas, las que señalaban de que no se podía participar en el plebiscito ya que esto
sería legitimar al Régimen Militar, discusión en donde finalmente se impuso la tesis de
participar en el plebiscito de 1988 y con ello derrocar a Pinochet en su propia
institucionalidad por lo cual no podría desconocer el triunfo de la oposición en caso de
resultar vencedores.

De esta manera, y luego del triunfo de la oposición en el plebiscito de 1988, viene una serie
de reformas a la Constitución de 1980, pactadas y según los límites que permitiera el
Régimen Militar, para posteriormente enfrentar las elecciones presidenciales y
parlamentarias, en donde la oposición agrupada en torno a la Concertación de Partidos por
la Democracia (cuyo antecedente fue el consenso logrado por estas fuerzas al participar en
el plebiscito de 1988 agrupándose en la Concertación de Partidos por el NO) ganó
ampliamente estas elecciones.

Es así como se inicia el proceso de retorno a las autoridades civiles y a un sistema
democrático. Podemos señalar que este proceso comienza en 11 de Marzo de 1990, lo que
es respaldado tanto por la visión de centro como de izquierda, con el cambio de mando
efectivo desde un Régimen Militar encabezado por el presidente y Comandante en Jefe del
Ejército, Augusto Pinochet y el presidente electo en 1989, Patricio Aylwin Azocar. La
transición entendiéndola como un proceso global que comprende los aspectos enunciados
en las líneas anteriores, no ha terminado para la perspectiva de izquierda (para la posición
de centro terminó con la finalización del gobierno de Aylwin o de Eduardo Frei según el
autor), lo que pasó en realidad es que la transición se ha entendido como el proceso de
traspaso desde un régimen autoritario a uno democrático en el aspecto político, y en donde
en el resto de los aspectos, como el social o jurídico se ha apuntado a regularizar y
estabilizar instituciones democráticas y a convivir con los denominados “enclaves
autoritarios”, concepto acuñado por Manuel Antonio Garretón, para designar a “aquellos
elementos que pertenecen por definición a dicho régimen (Régimen Militar) y que perduran
en el régimen democrático que le sucede, impidiendo que éste se transforme en democracia
política completa. Se trata de alteraciones a la vida democrática o a la expresión de la

8

INTRODUCCIÓN

soberanía popular que son heredadas del régimen anterior y que continúan existiendo pese a
haber terminado el grueso de la transición. En otras palabras, son problemas o tareas
pendientes de la transición que deben ser enfrentados bajo el régimen post – autoritario y
que limitan el carácter plenamente democrático de éste”4.

Así finalmente luego de dieciséis años de un Régimen Autoritario, Chile inicia un
interesante pero a la vez difícil y complejo proceso de transición a la democracia, “una de
las más fascinantes y peculiares dinámicas de transición a la democracia que se conozcan
en el mundo moderno”5, y que este trabajo intentará abordar desde la perspectiva de la
creación de los consenso. Tesis principal, que se desarrollará por medio del análisis
histórico del proceso, en donde estos consensos que a la vez en muchas ocasiones se han
concretizado en pactos han ido construyendo y dando forma al proceso de transición
pactada, bajo las reglas de la Constitución de 1980 y en medida que los diferentes actores
políticos lo permitan. De esta manera se destacará que la transición a la democracia en
Chile ha tenido un desarrollo profundamente pactado desde la discusión de cómo terminar
con el Régimen Militar a principios de la década de 1980 (lo que denominamos pre-
transición, ya que no puede haber transición sin un cambio de régimen y sistema político
primeramente) hasta el origen de esta cuando ya una vez que Aylwin asume el poder debe
pactar una serie de elementos con los Fuerzas Armadas y de Orden con el fin de mantener
la débil estructura del incipiente nuevo sistema democrático en el país. Estos pactos son en
algunos casos implícitos u en otros explícitos, y se dan fundamentalmente a raíz de ciertas
presiones que realizan las Fuerzas Militares y de Orden como por ejemplo en el caso del
“Ejercicio de Enlace” o en el episodio denominado como el “Boinazo” en el cual estuvo en
juego la continuidad del sistema democrático recién repuesto en virtud que los militares
encabezados por Augusto Pinochet reclamaban la solución inmediata de una serie de
conflictos que decían que eran provocados por las nuevas autoridades civiles como una
especie de venganza por lo acontecido hasta tan sólo unos pocos años. De la misma forma

4
CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS. “Encuentro Académico Sobre
Reconciliación y Democracia”, Editado por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas,
Septiembre de 1995, Santiago, Chile, pág. 92 – 93. Artículo de Manuel Antonio Garretón Merino (pág. 87 a
98).
5
Op. Cit., CAÑAS KIRBY, ENRIQUE, pág. 13.

9

INTRODUCCIÓN

ocurre con los pactos entre la Concertación, la derecha y entre ambos grupos, proceso que
también será analizado.

Esta tesis principal se complementará con el análisis de las diferentes problemáticas que ha
tenido el proceso transicional en Chile luego de 1990. de esta manera por un lado, el
segundo capítulo de este trabajo que se encargará de desarrollar esta dos tesis, a partir desde
el proceso de redacción y promulgación de la Constitución de 1980 (teniendo como
antecedente el proceso transicional señalado desde el discurso del Cerro Chacarillas en
Julio de 1977) hasta la actualidad en donde se verán los consensos establecidos tanto por el
gobierno como por la oposición para llevar a cabo el proceso de transición a la democracia
en el país desde 1990. Desde ese momento se verán las diferentes problemáticas de este
proceso para intentar dilucidar cual ha sido el desarrollo en cuanto a logros de la transición
y con ello intentar esbozar una repuesta sobre la conclusión o no de este proceso.

Finalmente debemos señalar que todo este trabajo tiene un soporte didáctico anexado, en el
cual se tratan todas estas problemáticas y en donde se busca que el alumno tenga una visión
general de este proceso, pero a la vez un conocimiento de ciertos hechos específicos que le
han ido dando forma. Este material didáctico consiste principalmente en un proyecto que
replantea el programa propuesto por el Ministerio de Educación luego de la reforma
educacional, en donde se aborda el régimen Militar y el retorno a la democracia, como una
sola unidad. Este proyecto modifica esta situación y propone su estudio a partir de la
llegada de la Unidad popular al poder, observando todo el desarrollo de su período que se
terminó con el golpe militar, el cual inicia la era de un régimen fuertemente autoritario,
para luego dar paso al proceso de transición ala democracia, básicamente con las mismas
temáticas planteadas a lo largo de este trabajo.

Este proyecto educativo, se sustenta en el uso de las fuentes como medio de comprensión
imparcial del proceso de aprendizaje del alumno, para lo cual se anexa junto con las guías
de estudio, un CD, el cual recopila una gran variedad de documentos, discursos (transcritos
y en audio) y videos sobre los principales procesos e hitos que se han llevado a cabo
durante los últimos 33 años de la historia de Chile, y que a su vez la han ideo perfilando

10

INTRODUCCIÓN

como un interesante proceso para comprender los acontecimientos y relaciones que existen
en la sociedad actual.

A continuación daremos paso a una pequeña introducción en cuanto a los principales
conceptos utilizados a lo largo del trabajo (los cuales se complementan con una serie de
fichas conceptuales presentes en el material didáctico), en cuanto a la metodología ocupada
par su desarrollo, para luego desarrollar el capítulo uno consistente en la revisión y
discusión historiográfica y luego dar paso al capítulo dos explicado ya en los párrafos
anteriores.

11

INTRODUCCIÓN

ALGUNOS ALCANCES CONCEPTUALES DEL PROCESO DE TRANSICIÓN A
LA DEMOCRACIA EN CHILE

Para comprender nuestra visión sobre el proceso de transición a la democracia,
primeramente es necesario entregar las precisiones de ciertos elementos y bases
conceptuales que se utilizarán a lo largo de este trabajo, para de esta manera, establecer y
comprender de manera más efectiva las significaciones que deberán entregar los elementos
con los cuales se trabaja.

1.- DEMOCRACIA

La democracia es sin duda uno de los elementos que más se necesita puntualizar a la
hora de explicar un proceso de transición democrático. Al igual como señala Enrique Cañas
Kirby, “Para evitar equívocos, es conveniente partir señalando que nuestra comprensión de
la democracia es de la democracia política, que puede coexistir con diversos grados de
desarrollo en los planos económico, social y cultural”6. De esta manera y para explicar el
proceso de transición a la democracia en Chile, debemos señalar que el concepto de
democracia que aquí se pretende señalar, no se limita en ningún caso a las tipas
concepciones que se tienen de esta, sino más bien como se señala a continuación: “En la
democracia todos los ciudadanos adultos tienen derecho a voto, los funcionarios políticos
son elegidos en elecciones abiertas, libres, secretas y competitivas; existe considerable
libertad y reconocimiento de los derechos individuales para que los ciudadanos puedan
afiliarse u organizarse en partidos políticos y grupos de interese, y actuar en forma
individual o colectiva para influenciar las políticas del Gobierno. Este último, actuando con

6
Ibidem, pág. 13.

12

INTRODUCCIÓN

mecanismos de representación y con apego a la ley, es responsable ante los gobernados
(accountability); todo lo anterior, en el marco de un sistema político regulado por una
Constitución sustentada en un amplio consenso, y en el cual los militares se encuentran
bajo el control de los civiles”7.

De esta manera entendemos a la democracia como un sistema en el cual no solamente su
concepción se limita a entenderla como la participación ciudadana, sino a todo el proceso
que se relaciona con ello, partiendo desde que el sistema imperante si es democrático debe
crear y asegurar las condiciones para un buen desarrollo de las elecciones, hasta el respeto
de este sistema de gobierno por la decisión tomad por la mayoría. De esta manera como
señala Enrique Cañas Kirby, tenemos que “Una definición de esta naturaleza permite
comprender el concepto de democracia en una perspectiva mucho más dinámica y compleja
que cuando se lo reduce a la sola presencia de elecciones, o a concepciones demasiado
generales y equívocas que asocian la validez de la democracia con aspectos sociales y
económicos. Tiene además la ventaja de permitir buscar correlaciones positivas o negativas
entre la democracia política, a la cual se le otorga un valor en cuanto tal, y los demás planos
de la vida social”8.

De esta manera tenemos que el principal rasgo de la democracia es la participación política
de la sociedad, expresada de forma libre, que en el caso de nuestro país se da por la vía de
la representación, en donde “los ciudadanos no necesitan prepararse para ser ellos mismos
titulares de los cargos públicos, no se trata de establecer una política directa, que no es
posible en una sociedad de masas, como la actual. Una adecuada preparación se exige a
quienes aspiran a ocupar esos cargos de representación, es decir, partidos políticos”9. De
esta manera en democracia se puede elegir a las personas o grupos, eminentemente
políticos que nos representen en el gobierno, a diferencia como suele pasar en un sistema
con un régimen militar como se verá a continuación.

7
Ibidem, pág. 13 - 14.
8
Idem, pág. 14.
9
HUNNEUS, CARLOS. “Los Chilenos y la Política. Cambio y Continuidad en el Autoritarismo”, Editorial
Fundación Konrad, Adenauer RFA, Santiago - Chile, 1987, pág. 44.

13

INTRODUCCIÓN

2.- RÉGIMEN MILITAR: ¿AUTORITARIO O TOTALITARIO?

Etimológicamente el concepto autoritario, proviene de la raíz latina “augere”, que
significa “hacer crecer” o “aumentar”. El término llega hasta nosotros por tradición romana,
ya que para estos, el concepto se aplicaba a personas que tenían autoridad, ya que estos a
través de su autoridad podían complementar aumentativamente las tradiciones del pasado.
Hay otra vertiente etimológica que señala que la palabra en latín significaría “creador” u
“originador” y provendría de la raíz “auctoritas”, que significaría el poder del creador para
ordenar o tomar decisiones. Por esta diferencia de criterios, escogeremos la primera línea,
ya que parece más precisa para el análisis que aquí se pretende.

Hoy en día el concepto es mucho más amplio y polémico que en sus orígenes. Esto por
ejemplo, se ve según Enrique Cañas, en que “Una de las fuentes de la polemicidad
pareciera estar en la deformación de la palabra “autoridad”, cuyo significado positivo en
cuanto sinónimo de poder legítimo es sustituido por uno negativo, en donde “autoritarismo”
sería sinónimo de poder coactivo, abuso de la autoridad e intolerancia frente a las
contradicciones”10.

De esta manera la primera fuente de polemicidad quiere destacar que la tradicional
acepción del término “autoridad”, que sería, el término que se asigna a quien detenta el
poder de manera legítima y que es quien toma las decisiones dentro de la comunidad, pero
que a raíz del quiebre de los regímenes democráticos en América Latina durante las
décadas de 1960 a 1970, el término habría tomado una connotación totalmente negativa,
pasando a significar todas las acciones de intolerancia y abusos de poder de parte de los
gobiernos militares, por lo cual el término pasó asimilarse con dictadura, totalitarismo,
etc....

Otra polemicidad sobre el término y que se presenta ya en la explicación de la primera,
proviene ya no del campo semántico, sino de la socio – política, ya que se suele confundir
las concepciones de autoritarismo con totalitarismo. Intentando solucionar esta confusión

10
Op. Cit., CAÑAS KIRBY, ENRIQUE, pág. 51.

14

INTRODUCCIÓN

en el entendimiento y utilización de ambos términos, Enrique Cañas cita a Hartfield, quien
señala que “el autoritarismo, a diferencia del totalitarismo, no intenta reemplazar el sistema
general de valores de una sociedad a través del terror y la fuerza”11. Según Enrique Cañas,
la distinción presenta algunos problemas, ya que si se toma en cuenta de que la mayoría de
los gobiernos militares que aparecieron en América Latina desde la década de 1960, si
quisieron reemplazar el sistema general de valores de sus respectivas sociedades, al
erradicar prácticamente la política y los políticos tradicionales, transformando las prácticas
democráticas tradicionales, en prácticas de participación muy restringidas y vagamente
definidas, en su afán de crear un nuevo orden tanto político como social en donde
gobernasen sin ningún tipo de contrapeso.

Por su parte Samuel Huntington, según Enrique Cañas, define a un gobierno autoritario,
como “uno no democrático”12, con lo que lamentablemente ya no se podría establecer las
diferencias entre los autoritarismos y los totalitarismos. Es por ello que el autor señala que
autores como Hannah Arendt, Carl Friedrich, Zniew Brzezinski, Franz Neumann y Jaun
Linz, han llegado al consenso respecto a esta problemática al señalar que “en los
totalitarismos las líneas fronterizas entre el Estado y la sociedad son totalmente destruidas,
lo que no tiene lugar en los autoritarismos. Los directores totalitarios fomentan y tiene éxito
en provocar una politización extensiva e intensiva de toda la sociedad. Por el contrario, en
los autoritarismos se intenta evitar que se produzca esa posibilidad y se pone en marcha una
estrategia orientada a provocar la despolitización del cuerpo social en su conjunto. Además,
los totalitarismos, a diferencia de los autoritarismos, poseen cuatro características que se
expresan simultáneamente en el proceso político: una ideología, un dictador, un partido
único y la aplicación del terror”13.

De esta manera podemos señalar que el Régimen Militar encabezado por Augusto Pinochet,
si bien tiene elementos que lo hacen parecer totalitario, sobre todo en los primeros años del
régimen, es más que nada un gobierno autoritario, ya que si bien y al igual que en los casos

11
12
Idem, pág. 52.
13
Idem, pág. 52.

15

INTRODUCCIÓN

de totalitarismo, el Régimen Militar, eliminó las organizaciones intermedias y autónomas,
no intentó ni homologar todas las esferas de la sociedad civil, ya que habían poderosos
grupos sobre todo económicos que respaldaban su gestión y por que además no hay un solo
partido que exprese la ideología del régimen, sino un grupo más bien heterogéneo y más
tarde incluso antagonista dentro del sector político de la derecha con la creación de la
Unión Demócrata Independiente, UDI, y Renovación Nacional, RN. Esto tampoco quiere
decir que los elementos de carácter totalitarista fueran mínimos en comparación con los de
carácter autoritario, sino va a depender bastante de la finalidad con cual se recurra al uso de
esto. Por ejemplo, un rasgo típico de un sistema totalitarista, como lo es la aplicación del
terror y la fuerza para ejercer el control social, se ve claramente durante los años que duró
el Régimen Militar en nuestro país a través de la violación sistemática de los derechos
humanos, plausibles a través de detenciones arbitrarias, exilios, relegaciones, fusilamientos,
campos de concentración, tortura física y sicológica, etc..., realizadas por organismos
estatales, como primero lo fue la Dirección Nacional de Inteligencia o DINA, y más tarde
la Central Nacional de Inteligencia, CNI, que a su vez se puede interpretar también como la
ideologización de la sociedad castrense por medio de la Doctrina de Seguridad Nacional, o
bajo el argumento de que las violaciones a los derechos humanos se amparan debido a que
el país vivía el estado de una “guerra interna”.

Para respaldar más aún nuestra visión de que el régimen militar en Chile tuvo un carácter
más autoritario que totalitario, debemos citar a Juan Linz, por medio de la obra de Enrique
Cañas, al indicar que: “Los regímenes autoritarios son sistemas políticos con un pluralismo
político limitado, no responsable, son una ideología elaborada y directora, pero con
mentalidades peculiares, carentes de una movilización social intensa y extensiva, excepto
en algunos puntos de su evolución, y en los que un líder o a veces un grupo reducido ejerce
el poder dentro de límites formalmente mal definidos, pero en realidad bastante
predecibles”14, palabras que sin duda viene a reflejar de manera increíblemente exacta lo
acontecido en Chile durante el Régimen Militar.

14
Ibidem, pág. 53 – 54. Cita tomada por el autor de LINZ, JUAN. “Totalitarian and Authoritarian Regimes”,
en GREENSTEIN, FRED; POLSBY, NELSON (editores), “Handbook of Political Science”, Volumen Nº 3,
“Macropolitic Theory”, Editorial Reading, Mass., Addison – Wesley Publ. Co., 1975, pág. 264.

16

INTRODUCCIÓN

Por su parte los autores Julio Canessa y Francisco Balart señalan que el plebiscito de 1988
demostró al mundo de que el gobierno de Pinochet no era en ningún caso una dictadura,
sino, “Se trataba, más bien, de un gobierno fuerte, autoritario si se quiere, pero que en plena
posesión de su poder se limitaba mediante el respeto al derecho vigente y aceptaba la
decisión del pueblo soberano aunque le fuese adversa”15.

De esta manera se llega a la conclusión de que el Régimen Militar tuvo un carácter más
autoritario que totalitario. Sin embargo de igual manera, este autoritarismo, que se expresó
tan fuerte y violentamente, puede ser catalogado de dictadura, ya que las violaciones
permanentes a los derechos humanos, la represión hacia la oposición y sus manifestaciones
y el total control sobre los medios de comunicación son elementos que configuran un
régimen dictatorial, en donde el poder se concentra en una sola persona, cuyo poder resulta
absoluto, como se dio en el caso chileno.

15
CANESSA ROBERT, JULIO. BALART PÁEZ, FRANCISCO. “ Pinochet y la Restauración del Consenso
Nacional”, Editorial Geniart, Santiago - Chile, 1998, pág. 361.

17

INTRODUCCIÓN

3.- TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y SUS PROBLEMÁTICAS

El término transición debe entenderse como el término que da cuenta “de las
limitaciones que tuvieron para lograr un éxito completo quienes buscaron la apertura
democrática. De haber sido así, cuando a un conductor autoritario se le desaloja del poder
como consecuencia de acciones militares o de la configuración de un cuadro de
ingobernabilidad resultado de la actividad de fuertes movimientos sociales, lo que viene a
continuación es un régimen político alternativo, que puede de ser más o menos
democrático, según los proyectos y voluntad de los antiguos opositores”16. En Chile si bien
lo que pasó es que la sociedad se manifestó en contra de la permanencia de Pinochet en el
poder a través del plebiscito de 1988 fijado ya en la Constitución como parte del itinerario
del Régimen Militar, la retirada de este régimen así como sus actos luego en el período de
transición hacia la democracia, amparados por la Constitución de 1980, por la siempre leal
a Pinochet: las Fuerzas Armadas, y algunos grupos de derecha económicos y políticos, así
como también sociales, hicieron que de la transición un proceso que se puede definir en
una frase que Aylwin usó muchas veces durante su mandato: “en medida de lo posible”.

Bajo este contexto, Luis Maira señala que “la construcción de una situación intermedia, de
tránsito a la democracia, supone un equilibrio en la correlación de fuerzas entre los
sostenedores del viejo régimen que se retiran y los partidarios de la recuperación de la
democracia que logran acceder a la dirección del Estado, luego de acreditar su respaldo en
la sociedad y de una negociación explícita o implícita”.17 Esta situación esta presente en
todos los procesos de transición de América Latina, los cuales debido a un desgaste
tuvieron forzosamente que iniciar si bien en muchos casos no procesos, por lo menos
conversaciones con respecto al inicio de los procesos de transición en sus respectivos
países, lo cual podríamos señalar que en Chile se dio a partir de 1983 con las grandes
protestas a raíz de la crisis económica que el país enfrentaba, pero que experimenta un
fuerte retroceso en 1986 con el atentado a Pinochet, por lo cual la oposición al Régimen

16
MAIRA, LUIS. “Chile, la Transición Interminable”. Editorial Grijalbo, Ciudad de México, México, 1999,
pág. 115 - 116.
17
Idem, pág. 116.

18

INTRODUCCIÓN

Militar, tuvo que esperar otra apertura sólo hasta vísperas del plebiscito de 1988, en donde
tuvo que aceptar irremediablemente la validez de la Constitución de 1980. En cuanto a la
fijación de algunos parámetros para llevar la transición, el Régimen Militar lo impuso con
la reforma constitucional de 1989, en donde la Concertación pudo discutir algunos puntos,
pero en ningún caso variara mucho las ideas que para esta tenía el Régimen Militar, que
pretendía regir a través de todos los medios el proceso de transición a la democracia en
Chile, fundamentalmente gracias a la Constitución de 1980, la cual le permitió a Pinochet
gracias a las herramientas que entregó el conocido “proceso de amarre”, “buena parte de
las condiciones que rodearon al término de su gobierno y al inicio del período
democrático”18.

El 11 de Septiembre no sólo marca una ruptura en la vida democrática del país, sino
también inaugura un período de dictadura militar, que viene a concluir tan sólo el 11 de
Marzo de 1990 con un cambio de mando desde un régimen militar a otro civil, a la vez que
se inicia otro intrincado período de la vida nacional como es el camino a la transición a la
democracia. La principal problemática para analizar el proceso de transición en Chile es la
gran diferencia de datación, contexto, significado y desarrollo que las distintas posiciones
políticas del país le asigna a este proceso. Sobre el debate de que si el proceso de transición
a la democracia en Chile ha terminado o no han existido variadas posiciones desde las
diferentes visiones políticas. De manera general se suele señalar que la visión de derecha,
fundamentalmente la derecha ligada a Pinochet, es una visión que señala que la transición a
la democracia terminó cuando el gobierno militar entregó el poder a los mandos civiles,
señalando que este traspaso de mando fijado en la Constitución de 1980 era el itinerario del
proceso de transición, proceso el cual terminaría justamente con el traspaso de mando a las
manos civiles. Esta tesis es postulada por ejemplo por Julio Canessa y Francisco Balart,
quienes define transición como el cambio de un estado a otro, por lo cual para ellos “es
posible afirmar con certeza que la transición del orden político chileno desde un régimen
autoritario, de facto si se prefiere, a otro democrático, apoyado en normas de rango
constitucional, se inició el 11 de marzo de 1981 y concluyó el 11 de marzo de 1990. Basta
comparar la realidad institucional que había en el punto de inicio con la existente en el

18
Ibidem, pág. 117.

19

INTRODUCCIÓN

punto de término para advertir el cambio”19, lo cual concuerda con su conceptualización de
que transición es el cambio de un estado a otro.

Por su parte, Sergio Fernández, ministro durante el gobierno de Pinochet señala que :
““Hemos concluido una exitosa jornada”, dijo Pinochet en su primera declaración como ex
Presidente. En efecto, un gran arco histórico de dieciséis años y medio cerró aquel 11 de
marzo de 1990. para el gobierno saliente, la transición había terminado aquella mañana.
Para el nuevo gobierno, empezaba en ella.

En los meses posteriores esa discrepancia, representativa de un desacuerdo fundamental,
pareció llamada a ser duradera.

El 6 de agosto de 1991, sin embargo, el Gobierno puso fin a esa discrepancia, declarando
concluida la transición. “Realmente, a mi juicio, la transición ya está hecha. En Chile
vivimos en democracia”, dijo el Presidente Aylwin.

Tal declaración irritó a algunos elementos recalcitrantes en la izquierda, pero la inmensa
mayoría de la opinión pública la acogió con la naturalidad con que se acepta lo evidente.

Ella fue recibida con beneplácito por quienes apoyamos al gobierno militar. Porque si aun
lo que la Concertación designó como transición sólo requirió de quince meses y no de los
cuatro años completos de su propia gestión, quedaba en claro que lo fundamental de la obra
de pacificación y reconstrucción desde la gran crisis culminada en 1973 ya estaba hecho
cuando el nuevo gobierno llegó al poder. Y, siendo así, la jornada a la que aludía Pinochet
había concluido, en verdad, exitosamente.

Esa declaración del Gobierno era, pues, realista. Pero, más importante aún, ella tuvo un
innegable sentido patriótico. Porque, terminada la transición, la acción política podía, por
fin, desligarse de la referencia a cuanto dividió al país en el pasado.

19
Op. Cit., CANESSA ROBERT, JULIO. BALART PÁEZ, FRANCISCO, pág. 312.

20

INTRODUCCIÓN

Podíamos, ahora, mirar hacia el futuro con optimismo. El camino a la democracia, que
habíamos abierto, estaba consolidado”20.

Desde esta perspectiva se entendería a la transición tan solo como el cambio de mando, lo
que es efectivo etimológicamente, pero entendiendo a la transición como un proceso
complejo en donde se interrelacionan todas las esferas sociales, culturales, políticas,
económicas y religiosas de nuestro país, vemos a simple vista de que se trata de un proceso
intrincado, de largo plazo y muy complejo para entenderlo solamente como el cambio de
mando de un régimen a otro.

En este sentido, de entender al proceso de transición como un complejo sistema de
interrelaciones entre los diferentes actores sociales del país, debemos señalar que la
izquierda y también el centro político del país tiene sus propias visiones sobre este proceso.

El centro político representado fundamentalmente por la Democracia Cristiana, partido al
cual pertenecían los dos primeros presidentes luego del retorno a la democracia en el año
1990, han señalado que el proceso de transición terminó al fin del primer gobierno de la
Concertación señalando de que este había resuelto los temas más importantes de la
transición durante su gobierno, situación la cual pronto aclaró que no era así. De esta forma
nos enfrentamos al problema de que cada posición política tiene su propia visión respecto al
proceso de transición en cuanto a fechar su principio y fin, incluso aún dentro de una
misma visión estas dataciones pueden variar desde una perspectiva de análisis ha otra. Por
ello es interesante visualizar la visión de Ascanio Cavallo como espectador de este período
quien señala que “Pero al cambiar la naturaleza de la Concertación, sus horizontes también
han variado. Si para ganar el poder será preciso decir a los chilenos que la democracia será
también seguridad –y seguridad alegre más encima-, mal podrá sostener el principio del
gobierno “de emergencia para la emergencia”, como diría el buenazo de Radomiro Tomic.
No, lo que el país necesita y espera es un nuevo modo de vida, estable, firme, consolidado.

20
FERNÁNDEZ, SERGIO. “Mi Lucha Por la Democracia”, Editorial Andes, Santiago – Chile, 1994, pág.
326.

21

INTRODUCCIÓN

Estable, sí: y de transición. ¿Cómo hacer compatibles ambas cosas? ¿Cómo juntar la doble
expectativa de la gente? ¿Cómo resolver la subterránea tensión entre los principales
miembros de la alianza? ¿Cómo darse garantías recíprocas, concordar un programa, hacerse
solidarios, cumplirlo? Aylwin sabe que un plazo muy largo significaría el fracaso probable
de la Concertación; uno muy corto sería una mascarada, la perpetuación de la
ambigüedad”21.

Dentro de lo que han afirmado los principales protagonistas de la transición chilena a la
democracia, podemos señalar que los dos primeros presidentes del país luego de
reinstaurada la democracia señalaron que la transición había concluido luego de terminados
sus respectivos mandatos. Sin embargo los hechos han demostrado que esta situación no es
así, ya que como señala Paul Drake, “En el sentido de reemplazar un sistema
predominantemente autoritario por uno predominantemente democrático, los presidentes
Aylwin y Frei señalaron correctamente que la transición ha terminado. Este proceso no ha
terminado, sin embargo, si se considera que la restauración de la democracia no ha
alcanzado los niveles de representación y participación anteriores a 1973, o los que podría
alcanzar en el futuro”22. Es decir, este autor sintetiza claramente la realidad de la transición
chilena entendiéndola como un todo, es decir, en el plano estrictamente etimológico y
formal la transición obviamente es sólo el proceso de un cambio de mando, en este caso
desde un régimen autoritario a uno democrático. Pero esta visión es muy limitada, ya que
estos cambios fundamentalmente políticos tiene amplias repercusiones en el campo social o
económica por ejemplo, es por ello que la transición debe abordarse como una situación en
donde confluyen e interactúan todos estos aspectos.

De manera sucinta podemos advertir que la izquierda y varios autores de tendencia de
centro – izquierda, ven el período de la transición como un proceso incompleto debido a
que faltan muchos temas que resolver dentro de los gobierno de la Concertación como el
tema de los derechos humanos o las reformas a la Constitución de 1980, la superación de la

21
CAVALLO, ASCANIO. “Los Hombres de la Transición”, Editorial Andrés Bello, Santiago – Chile, 1992,
pág. 51 – 52.
22
DRAKE, PAUL; JAKSIC, IVÁN (compiladores). “El Modelo Chileno. Democracia y Desarrollo en los
Noventa”, Editorial LOM, Santiago – Chile, 1999, pág. 14.

22

INTRODUCCIÓN

desigualdad del modelo económico neoliberal (la “deuda social” como lo han denominado
los gobierno de la Concertación) impuesto durante el Régimen Militar, y otros problemas
más como la eliminación de los “enclaves autoritarios” o la superación de los “amarres
constitucionales”.

Por su parte mucho más radical es la visión que presenta Luis Corvalán con respecto al
proceso de transición a la democracia y su desarrollo, ya que señala que “A mitad del
período de cuatro años que duró el primer gobierno de la Concertación, el presidente
Aylwin anunció al país que la transición había terminado. Fue un error que más tarde tuvo
la entereza de reconocer. Si por transición se entiende el paso de la dictadura a la
democracia, es evidente que el país se mantenía entonces y se mantiene todavía encerrado
en los marcos que trazó e impuso el régimen fascista. En efecto, siguen en pie, con
modificaciones insubstanciales, la Constitución que Pinochet hizo aprobar en el amañado
plebiscito de 1980, la ley sobre partidos políticos y la ley de Seguridad. En este andamiaje
jurídico se insertan la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y
del General Director de Carabineros y la llamada institución de los Senadores designados.
También sigue vigente la política económica neoliberal que implantó la dictadura. En
consecuencia, con toda propiedad se puede decir que, en lo fundamental, los gobiernos de
Aylwin y Frei Ruiz Tagle han sido gobiernos continuistas. Así entonces, lo que se ha
producido es más bien un cambio de guardia en la Moneda. Del Palacio de Toesca ha salido
una guardia militar y ha entrado, en su reemplazo, una civil. No es un cambio despreciable.
Pero está lejos del que se debía hacer y más lejos aún de lo que se prometió al país: la
democracia plena y la atención preferente de los problemas del pueblo”23.

Esta última visión es mucho más radical ya que indica una serie de elementos como por
ejemplo la Constitución de 1980 o la insinuación que realiza sobre el modelo económico,
que deben ser o alterados o totalmente cambiados para que el país complete el proceso de
transición y llegue a un estado de verdadera participación social, lo que marcaría para el
autor una transición completa.

23
CORVALÁN, LUIS. “De lo Vivido y lo Peleado. Memorias”, Editorial LOM, Santiago – Chile, 1997, pág.
321.

23

INTRODUCCIÓN

Estas aclaraciones sobre las distintas formas de abordar la conceptualización del término
transición a la democracia, como también así sus alcances en cuanto a su periodificación, a
sus problemáticas y logros, será lo que se verá a lo largo de este trabajo, el cual tendrá
especial énfasis en la consecución de los consensos y pactos para llevar a cabo el proceso
de transición.

A continuación se verá de manera más detallada, la historiografía existente sobre la historia
nacional referente al último cuarto del siglo XX en es aspecto histórico – político, en donde
examinaremos sus trabajos, problemáticas y líneas historiográficas, con especial énfasis en
el tema de la transición chilena a la democracia. De la misma manera luego de realizada
esta revisión historiográfica, se producirá un confrontamiento de las tesis que plantean estas
diferentes líneas historiográficas con respecto a la proceso de la transición en Chile, de
manera parecida a como se hizo con su conceptualización y periodificación en loa párrafos
anteriores.

24

CAPÍTULO I
REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA DEL PERÍODO 1970 - 2003

CAPITULO I

REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA DEL PERÍODO
1970 - 2003

25

CAPÍTULO I

CAPITULO I

REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA DEL PERÍODO
1970 - 2003

REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA DEL PERÍODO 1970 A 2003

1.- INTRODUCCIÓN A LA HISTORIOGRAFÍA NACIONAL CONTEMPORÁNEA

La historiografía nacional del siglo XIX, caracterizada por obras monumentales,
generales y de gran apego en las fuentes, tornándola en su mayoría en una historia
descriptiva, la cual a variado enormemente a lo largo del siglo XX. Durante el siglo XX,
fueron apareciendo líneas historiográficas profundamente diversas y en su mayoría ligadas
al acontecer político, por lo que muchas veces dejaban ver en sus obras este compromiso
político. Es así como la historiografía nacional de estas últimas cuatro décadas y
especialmente el trabajo historiográfico del período denominado como Transición a la
Democracia, se enmarca en tres líneas historiográficas totalmente identificables a partir del
gobierno de Eduardo Frei Montalva entre 1964 y 1970 y sobre todo luego del Golpe Militar
en 1973. Estas líneas historiográficas a nuestro entender son la línea conservadora o de

26

CAPÍTULO I

derecha, la línea de centro en donde se destaca la línea de pensamiento demócrata cristiano,
y finalmente la línea izquierdista compuesta tanto por socialistas, comunistas y algunos
librepensadores.

Antes de entrar al análisis de estas tres corrientes historiográficas se revisarán elementos
como el marco espacio – temporal en el cual se centrará esta revisión historiográfica, para
luego dar paso al análisis de las diferentes dificultades del estudio de la historia nacional
contemporánea, como por ejemplo el que los hechos estudiados muchas veces no han sido
consumados del todo, la cercanía del historia con el hecho (y de allí el problema de la
imparcialidad) o el problema que se presentan las diferentes fuentes para el estudio de la
historia nacional contemporánea, que si bien son muchas (discursos, relatos, libros, videos,
audios, etc... la mayoría de ellos reproducidos por ejemplo hoy en día a través de internet),
no necesariamente pueden satisfacer la necesidad histórica de consulta de la fuente, ya que
muchas veces estas han sido alteradas y de allí el problema por ejemplo de su fácil
reproducción computacional o electrónica con lo cual no podemos llegar a la verdad del
hecho estudiado.

Dentro de este mismo marco se verá la metodología ocupada en este trabajo, por cuanto es
necesario señalar de que manera se utilizaron las fuentes del período en estudio y cual fue
la utilidad de estas, de la bibliografía y de otros elementos relacionados con la utilidad
didáctica de este trabajo.

27

CAPÍTULO I

1.A.- MARCO ESPACIO – TEMPORAL

Sería absurdo el limitar el estudio de nuestra historia nacional contemporánea a tan
solo las obras escritas en nuestro país, ya que existe un gran número de obras escritas fuera
de nuestras fronteras, ya sea por extranjeros o por el gran número de exiliados luego del
Golpe Militar de 1973, estos últimos, son quienes se encargaron a su vez de denunciar al
Régimen Militar ante la opinión mundial, la cual inició un hostigamiento y continuas
muestras de repudio al régimen. Es por esta razón de que una revisión historiográfica de
estos últimos años debe abracar necesariamente las obras escritas en el extranjero y que hoy
en su mayoría estas disponibles en nuestro país.

En cuanto al marco temporal este no es fijado arbitrariamente desde el comienzo del
gobierno de Eduardo Frei Montalva en 1964 hasta la actualidad, por que tradicionalmente
así se dividido cronológicamente en la actualidad la última etapa de la historia nacional,
sino porque hay elementos como la participación popular, las reformas económica y
sociales, que marcan un cambio sustantivo con etapas anteriores a 1964, como el gobierno
de Jorge Alessandri relicto de una derecha tradicional y sumamente conservadora, y más de
acorde a los frentes políticos de la primera mitad del siglo XX. De esta manera nuestro
marco cronológico se inicia en 1964, como el período en donde se originan los primeros
elementos directos que propiciaran en parte el Golpe Militar de 1973, y que luego de la
llegada de un civil al poder en 1990, contempla la Transición a la Democracia en Chile, a
nuestro modo de entender incompleta todavía debido a varios elementos que se
mencionaran más adelante ene este estudio, pero en donde podemos nombrar los más
importante como la despolitización de la sociedad, la imposición de la Constitución de
1980, grupos de poder militares, políticos y económicos defensores del orden establecido
por la dictadura de Augusto Pinochet y la deuda con los temas de los Derechos Humanos.
Es por ello que si bien nuestro marco espacial tiene una fecha clara de comienzo, hasta el
momento no tiene una fecha de término, por lo que no queda más que llegar a un análisis
hasta el período actual, es decir hasta el año 2003.

28

CAPÍTULO I

1.B.- LAS DIFICULTADES DEL ESTUDIO DE LA HISTORIA ACTUAL

El estudio historiográfico actual en nuestro país presenta una serie de problemas, ya
que la historia reciente si bien cuenta con nuevas herramientas y fuentes más próximas, a
pesar de que por ser contemporáneo, el común de la gente cree que resulta más fácil el
hacer la historia tanto por la cercanía del hecho como por la relativa cercanía de las fuentes
y un supuesto mayor número de ellas. Pero esto en sí es una dificultad ya que el historiador
debe tanto saber discriminar el gran número de fuentes que hoy tiene a su disposición a sí
como la avidez y la autenticidad de estas, así como también en problema que se le presenta
al trabajar con hechos no consumados.

La historiografía nacional de las últimas cuatro décadas ha estado marcada por
importantísimos procesos históricos, donde destacan tres grandes períodos, los cuales se
pueden definir como la llegada de la Democracia Cristiana y posteriormente de la Unidad
Popular al gobierno, el Golpe y Régimen Militar, y finalmente el período de los gobiernos
de la Concertación y la búsqueda de una Transición completa y efectiva.

En cuanto al análisis de este último período según nuestra división cronológica, es
imposible soslayar las anteriores etapas, ya que son estas las que presentan un mayor
volumen de material bibliográfico, y son a la ves las que entregan las pautas y las líneas
historiográficas para el análisis del período a tratar. Esto se provoca por que
lamentablemente la historiografía nacional de estos últimos cuarenta años no es tan
numerosa en comparación a la que existe sobre todo el material referente hasta antes del
golpe militar, y fundamentalmente a la historia general del país. Esto no quiere decir que se
cuente con escaso material bibliográfico, sino que el escrito estrictamente por historiadores
es limitado, ya que la historiografía de la Transición a la Democracia en Chile, incluye a
cientistas políticos, abogados, sociólogos, filósofos, etc...., una amplia gama de
profesionales de las ciencias sociales, que si bien portan a la construcción de la
historiografía nacional para este período, carecen en su mayoría del método histórico, del
uso de fuentes, del análisis de los tiempos y espacios de la historia, y entregan en su lugar

29

CAPÍTULO I

un sinnúmero de interpretaciones personales que lamentablemente muchas veces carecen de
rigor en la investigación.

Esta aseveración no pretende discriminar a quienes no son historiadores de escribir sobre la
historia reciente de nuestro país, pero si hace alusión a saber analizar el texto y a ser capaz
de ver cuando se está frente a un trabajo de investigación serio, con un debido trabajo de
fuentes y recopilación de información para apoyar hipótesis y reflexiones y cuando por su
contraparte se está sólo frente a un artículo de opinión que pretende entenderse como un
trabajo de rigor histórico. A su vez el resto de disciplinas que escriben la historia deben
saber separar muy bien sus competencias y no mezclar las diferentes perspectivas de
análisis ya que esto sólo tiene a confundir al lector.

30

CAPÍTULO I

1.C.- LA METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO

Los primeros pasados seguidos en la elaboración de este trabajo, fue el contar con
una bibliografía adecuada, la cual contempla la visión de derecha, centro e izquierda, para
de esta manera elaborar un trabajo en bases a estas tres tendencias.

Por otro lado esta bibliografía según el autor y su forma de relatar los hechos y realizar el
análisis, ha sido empleada tanto como base para sustentar alguna idea o colaborar algún
dato o proceso, todo ello en cuanto al análisis que realice el autor. Por su parte, si el autor a
escogido tratar ciertas parte a modo de relato (por ejemplo una crónica9 su visión es
colaborada con otras obras de varias tendencias y posteriormente utilizada, si los hechos
son correctos, como fuentes.

La bibliografía ocupada es esencialmente del área de la historia, aunque cabe destacar que
una gran parte de esta tiene sustento en otras áreas de la ciencias sociales, la política o la
sociología, por los problemas señalados en el punto anterior. De esta manera se ha
intentado elaborar un trabajo en perspectiva histórica pero tomando elementos de otras
áreas como referencias para la realización de un análisis más detallado.

Muchas de las fuentes ocupas en este trabajo se obtuvieron de la bibliografía, de diarios y
revistas, y algunos documentos oficiales de internet, ya que eran de difícil acceso, además
de que se comprobó con la bibliografía la veracidad de su autenticidad.

Finalmente cabe destacar que en el aspecto didáctico se realizó un proyecto de innovación
en cuanto a como son tratados estos contenidos por el sistema educativo, el cual es
explicado tanto en la introducción de este trabajo, como también en el anexo mismo que
contiene este material, el que consiste básicamente en guías de estudio y materiales
digitalizados que pueden ser utilizados como fuentes para la enseñanza de este proceso.

31

CAPÍTULO I

2.- LÍNEAS HISTORIOGRÁFICAS DEL PERÍODO DE 1964 A 2003

A continuación se entregará un análisis de ciertos autores que han escrito sobre la
historia reciente de nuestro país, lo cuales para el efecto de un mejor entendimiento han
sido divididos en tendencias políticas, y otras divisiones como cientistas políticos y
cronistas (partiendo de la base de que por su tipo d trabajo pueden ser más objetivos en la
mayoría de los casos que un historiador, por lo menos en cuanto a esta etapa de la historia
de Chile)

2. A.- LA HISTORIOGRAFÍA DE DERECHA

Para adentrarnos en la historiografía de derecha o conservadora de la historia
reciente de Chile es necesario comprender primeramente su visión ante los hechos
acaecidos durante este período histórico. Como se señaló en la introducción a este trabajo,
tendencia de derecha entiende a el inicio del Régimen Militar como la reacción lógica de
las Fuerzas Armas y Carabineros ante el descalabro social, político y económico que vivía
el país durante el gobierno de Salvador Allende, e incluso denomina a este período como un
lapso de decadencia de la vida nacional en general. De esta manera el golpe militar
(“pronunciamiento militar” como se denomina los hechos acaecidos durante el once de
Septiembre de 1973, para esta tendencia), viene a poner orden ante el caos que se vivía en
el país en todo orden de cosas.

De esta el Régimen Militar encabezado por Augusto Pinochet, es un proceso de 17 años de
restauración democrática, ya que según esta tendencia la democracia se había sustituido en
el gobierno de Salvador Allende por un régimen totalitario al ejemplo de lo que acontecía
en los sistemas políticos de la Unión Soviética o de Cuba. De esta manera la intervención
militar habría sido apoyada por un importante número de la población del país y el régimen
fue recuperando la institucionalidad, democratizándolo y modernizándolo, hasta finalmente
entregar el poder, momento en el cual la transición chilena a la democracia habría

32

CAPÍTULO I

culminado, proceso el cual muchos de estos autores fechan su inicio con la promulgación
de la Constitución de 1980, y otros más osados incluso con la intervención militar, ya que
habría sido en el gobierno de Salvador Allende cuando la democracia se habría perdido.

2.A.1.- Historiografía de Derecha Clásica

Dentro de la línea historiográfica de derecha se encuentran autores de procedencias
profesionales muy variadas, destacándose los historiadores, juristas y militares. Definimos
historiografía de derechas clásica como la línea historiográfica profundamente
conservadora, de gran respeto por la religión católica y por la cultura occidental en general,
sobre todo en los aspectos del legado colonial español. Es una línea historiográfica que
según la opinión de Luis Vitale, “tiene mayor dificultad para entender los cambios y
contradicciones, como también la profunda laicización a que ha estado sometida la
sociedad durante el siglo XX”24. Esto se reflejaría según Vitale por su concepción sobre los
gobiernos liberales de Domingo Santa María y Balmaceda, ya que sostiene que sus
reformas laicas hicieron a Chile perder su “imagen de mundo”, lo que sería el inicio de una
serie problemas que ha experimentado el país según este autor. Dentro de sus
representantes podemos encontrar a:

A) Gonzalo Vial Correa

Dentro de los historiadores uno que reviste la mayor importancia es Gonzalo Vial
Correa, de formación abogado y profesor, con largos años de docencia en la Universidad
Católica de Chile, Universidad Metropolitana de Educación y la universidad privada Finis
Térrea. Según Luis Vitale, Gonzalo Vial fue influido en su formación intelectual

24
VITALE, LUIS; MOULIAN, LUIS; CRUZ, LUIS; PALESTRO SANDRA; AVEDAÑO, OCTAVIO;
SALAS, VERÓNICA; PIWONKA, GONZALO. “Para Recuperar la Memoria Histórica. Frei, Allende y
Pinochet”. Ediciones Chile – América – CESOC (Impresos Universitaria S.A.). Santiago, Chile. Año 1999,
pág. 54, artículo de Luis Vitale.

33

CAPÍTULO I

fuertemente por Jaime Eyzaguirre y el sacerdote Osvaldo Lira, de donde se explicaría en
parte su profunda religiosidad y admiración por el legado colonizador español. Gonzalo
Vial, para la fecha en estudio se dedica principalmente a la actividad docente y a la
dirección desde la revista semanal “Qué Pasa” (cargo el cual asumen en 1971), la cual
representa el pensamiento de la derecha en el país, junto con “El Mercurio” y algunas veces
“La Tercera”, la revista “PEC” y el “Diario Ilustrado”. La revista a pesar de su inclinación
ideológica mantuvo un buen nivel de debate político, mostrando las tres posturas en pugna
en ese momento, situación obviamente inusual para aquella época como se encarga de dejar
en claro el propio Luis Vitale. La revista pierde su rumbo meses antes del golpe de estado,
cuando junto con todas las publicaciones de derecha, alentaban una intervención militar que
derrocara al gobierno constitucional de Salvador Allende.

En el número 100 de la revista aparece el Comité Editorial Fundador, integrado por Jaime
Martínez W., Víctor Manuel Muñoz, Hermógenes Pérez de Arce, Emilio Sanfuentes,
Fernando Silva, Gonzalo Vial Correa, Joaquín Villarino y Cristián Zegers, y en la sección
de economía se encontraba Sergio de Castro. Es en esta edición que la revista, bajo la
dirección de Vial Correa, hace una declaración de propósitos, se define como parte de la
oposición democrática al gobierno, lo cual no le permitía deformar los hechos o entregar
verdades “a medias” que destacasen los hechos que beneficiaran a su posición o callando
los que la comprometan, además señala que no silenciará la versión de los hechos del
adversario y tampoco lo enjuiciará.

De esta manera la revista señala como su objetivo principal la “unidad nacional”, señala
también que apoya la solución golpista que se dio el 11 de Septiembre de 1973, y
conjuntamente con esto llama a colaborar en “la reconstrucción de Chile”. La revista sigue
con esta línea y con el tiempo desaparece el debate pluralista, en donde se encontraban
columnas como la de Agustín Gamucio, Julio Silva Solar, Jaime Castillo o en algunas
ocasiones Orlando Millas. Dentro de este período, su director, Gonzalo Vial, pasa a formar
parte del gobierno en 1978, ocupando el cargo de Ministro de Educación.

34

CAPÍTULO I

La otra iniciativa periodística de Gonzalo Vial es la revista “Portada”, que sale a la venta en
Enero de 1969, y que desde un principio se muestra totalmente anti – izquierdista, y que un
poco antes del golpe militar señaló en su portada “Desorden social y crisis política”, según
el relato de Luis Vitale.

Gonzalo Vial a través del diario “La Segunda” describe la historia del gobierno militar en
10 fascículos semanales entre el 6 de Marzo y el 8 de Mayo, posteriormente escribe otra
serie de 10 fascículo titulada “Los 10 chilenos más importantes del siglo XX”, en donde
incluye a Eduardo Frei, Salvador Allende, Augusto Pinochet y Raúl Silva Henríquez entre
otros como Pablo Neruda por ejemplo. Finalmente a través de otros 10 fascículos entre el
11 de Noviembre de 1998 y el 12 de Febrero de 1999, escribe “1964 – 1973: La Violencia
Pone a Chile al Borde de la Guerra Civil”.

Apoyándonos en el artículo historiográfico de Luis Vitale, nos damos cuenta que Gonzalo
Vial publica un artículo llamado “Algunas Condiciones Para Una Democracia Estable en
Chile”, dentro del libro editado por el CIEPLAN “Democracia en Chile: Doce
Conferencias”. En este artículo Vial desarrolla la tesis de que en Chile no ha existido una
estabilidad democrática, sino una democracia formal que se termina con el golpe de estado
en 1973. A este último texto se agrega el libro editado por la universidad privada Finis
Térrea y bajo su dirección, titulado “Análisis Crítico del Régimen Militar”.

En sus obras Gonzalo Vial divide estos últimos cuarenta años de la historia nacional en dos
períodos, el primero comprende entre 1964 y 1963, en donde su tesis es que la violencia
pone al país al borde de una guerra civil, de esta manera y con el golpe militar se inicia otra
etapa, que va desde 1973 hasta el plebiscito de 1988, en donde el país adquiere nuevas
orientaciones en varios ámbitos como el económico (implantación del sistema neoliberal),
social y político. Como un hito importante se considera a la Constitución de 1980, en la que
puede desprenderse que la democracia protegida que instaura esta constitución asegura una
transición sin mayores conflictos y conservando en gran medida la acción del régimen
militar.

35

CAPÍTULO I

Es importante de estar además que integró el grupo que elaboró el informe Retting, además
de también se debe señalar que ha participado en algunas ocasiones en la Mesa de Diálogo,
mostrando una postura de la cual se desprende de que el tema de los derechos humanos
debe ser solucionado aunque cabe señalar que en muchas veces se ha mostrado poco
esperanzado en que esto pudiera realizarse.

En cuanto a la labor en los textos escolares, es interesante destacar su obra “Historia de
Chile: Educación Media”25, en donde a lo largo del Capítulo Nº 18, titulado “La Crisis
Político – Social y los Diversos Intentos por Resolverla” (Págs. 243 – 253), presenta una
visión pesimista del período, en donde la crisis política – social (derivada de los cambios en
la masa electoral, los defectos del régimen de partidos, el malestar económico – social y el
impacto del “guevarismo”; un motivo novedoso aunque de mucho tinte ideológico para
explicar el colapso del sistema), que culmina con el régimen de Allende, lo cual agrava la
crisis, y según el autor es el motivo principal por el cual los militares se vieron llamados a
reinstalar el orden dentro de la sociedad, a través del pronunciamiento militar que trae
consigo el posterior ordenamiento que había perdido la sociedad con el gobierno de
Allende a través de las medidas que adopta el gobierno militar para apaliar todo el caos que
había provocado el gobierno marxista.

B) Ricardo Krebs

Ricardo Krebs es considerado por Luis Vitale como uno de los más importantes
seguidores de Gonzalo Vial. Ricardo Krebs es catedrático del Instituto de Historia de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Estuvo a cargo del analizar el régimen militar
(1973 – 1990) en el libro “Nueva Historia de Chile”. En este análisis de la obra del régimen
militar dedica una parte importante para referirse a la modernización que experimentó el
país en estos años, aludiendo sobre todo al aspecto económico, y poniendo como ejemplo

25
VIAL CORREA, GONZALO. “Historia de Chile: Segundo Medio”, Editorial Santillana del Pacífico,
Santiago – Chile, 1994.

36

CAPÍTULO I

de modernización las AFP, a pesar de que cuando escribió esta obra ya se había
comprobado que el sistema de las AFP era bastante deficiente. Otro ejemplo de
modernización que señala el autor es el sistema privado de salud o ISAPRES, sistema el
cual también adolece de importantes fallas, o el Plan Laboral del ministro José Piñera,
donde a grandes rasgos el autor reconoce que la actividad sindical u organizativa de los
trabajadores a diferencia con los gobiernos anteriores, durante la dictadura fue duramente
reprimida, tal como denunciaron la OTI (Organización Internacional del Trabajo) y varios
países europeos, los cuales llamaron abiertamente a boicotear la dictadura militar desde
1978, ante lo cual Augusto Pinochet y sus asesores se ven obligados a elaborar el Plan
Laboral, pero que obviamente beneficia al empresario en desmedro del trabajador. También
es interesante destacar el rol fundamental que le asigna a la DINA en este período, tanto así
que realiza una completa descripción sobre varios puntos, como su historia, formación u
organización.

Este autor, en el manual “Nueva Historia de Chile: Desde los Orígenes Hasta Nuestros
Días”26 (que es editado conjuntamente con Carlos Aldunate; Horacio Aránguiz; Patricio
Bernedo; Cristián Gazmuri; Marco Antonio León y Samuel Vial), le toca abordar el período
en estudio, el cual titula “El siglo XX, Chile 1970 – 1973” (pág. 510 – 535), el cual sirve de
epílogo al libro. En este trata de la situación chilena de 1973 a 1990 , en donde señala que
la historia de Chile estuvo muy ligada siempre al contexto internacional, lo que influyo en
el desarrollo del gobierno militar. La instauración del gobierno militar según este autor se
justifica por la profunda crisis política, social y económica de los años de la Unidad
Popular. Krebs establece que luego que Pinochet asume la presidencia define una nueva
política económica, la economía social de mercado a través de jóvenes economistas
neoliberales, la cual ya en 1976 presentaba un crecimiento económico acelerado, el que
finalizó con la recesión y crisis de 1982 de origen mundial.

Así el modelo económico fracasa y en 1985 se implanta la economía de libre mercado a
través de un nuevo equipo económico encabezado por Hernán Büchi, lo que significará la

26
KREBS, RICARDO. “Nueva Historia de Chile: Desde los Orígenes Hasta Nuestros Días”, Editorial Zig –
Zag, Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago – Chile, 1996.

37

CAPÍTULO I

privatización de empresas estatales y servicios sociales, también significa una liberalización
del mercado financiero y del comercio exterior además de una serie de reformas liberales.
Krebs presenta al gobierno de Pinochet respaldado ampliamente por las FF.AA. y un
amplio sector de la población, y a la UP, desorganizada con hondas diferencias, una actitud
intransigente y que realizaba una campaña de desprestigio nacional e internacional contra
el gobierno. Finalmente dice que el plebiscito de 1988 se debió a que el gobierno cumplió
con el itinerario fijado a raíz de la aprobación plebiscitario de la Constitución de 1980.

2.A.2.- Historiografía de Derecha Liberal

Denominamos historiografía de la derecha liberal, a aquél grupo de derecha que
señalando abiertamente su opción política e histórico, reconoce a diferencia de la
historiografía de derecha clásica, tanto los puntos dignos de resaltar de la Unidad Popular
como del gobierno de Salvador Allende, así como los elementos más rechazables del
régimen Militar, como lo son las violaciones a los derechos humanos. De esta manera este
grupo de historiográfico viene a enriquecer el debate histórico y politológico del período ya
que entrega visiones más reales y objetivas de los hechos que han acontecido en la reciente
historia nacional. Cabe destacar la tolerancia frente a ideas diferentes que exhibe este grupo
y el estar siempre abierto al debate de sus posturas.

A) Alfredo Jocelyn – Holt

Luis Vitale señala que Alfredo Jocelyn – Holt, “puede considerarse un historiador
liberal por la adscripción a una concepción de la historia “como hazaña de la libertad”, en
que los márgenes de tolerancia y respeto a la persona humana son básicos para la

38

CAPÍTULO I

sociedad”27. Entre las obras de este autor, destaca su libro “Chile Perplejo. Del Avanzar sin
Transar al Transar sin Parar”, en donde destaca como seña Luis Vitale, a la búsqueda de la
libertad como un factor central para una buena convivencia social. Básicamente esta obra
puede catalogarse como un ensayo histórico en que aborda los últimos cuarenta años de la
historia de Chile, abriendo nuevas perspectivas de análisis debido a su particular
interpretación de este período.

Este autor interpreta la historia reciente de Chile, partiendo desde la década de 1950, en
donde señala que el país en esta época se encontraba en un precario equilibrio político,
situación, la cual fue captada por la naciente Democracia Cristiana, gracias a sus promesas
de cambio y de alteración del orden social existente por ejemplo en la relación empleado –
empleador, lo que asustó a las clases dirigentes del país. Es dentro de este contexto que el
gobierno de Eduardo Frei Montalva entre 1964 y 1970 desató una serie de dinámicas que
como señala Luis Vitale en su comentario de la obra de Alfredo Jocelyn – Holt, el
presidente democratacristiano no habría sabio controlar. Esta situación se logra a través de
la ejecución del programa de la Democracia Cristiana, que se sintetiza en su slogan de
“Revolución en Libertad”, la cual al final del período de Eduardo Frei Montalva y debido a
las reformas más importantes como la “Reforma Agraria”, sumió al país en un clima de
división y confrontación, con fuertes odios y antagonismos.

De esta manera el autor llega al análisis el período de la Unidad Popular, en el cual señala
que fue un período en el cual todas estas divisiones y confrontaciones que se estaban
generando encontraron un campo de cultivo y un escenario para sus puestas en escenas. De
esta manera el programa político propuesto por la Unidad Popular de la transición al
socialismo por la “Vía Chilena” fue no sólo radicalizando las tibias reformas del gobierno
anterior, sino intentó en un lapso muy pequeño de tiempo realizar grandes cambios en la
sociedad y no sólo reformas. Estas reformas según el autor son en parte responsables del
gran descalabro económico del gobierno de la Unidad Popular, lo cual llevó
posteriormente a una situación inmanejable, en que para agravarla aún más la Unidad

27
Op. Cit., VITALE, LUIS; MOULIAN, LUIS; CRUZ, LUIS; PALESTRO SANDRA; AVEDAÑO,
OCTAVIO; SALAS, VERÓNICA; PIWONKA, GONZALO, pág. 69, artículo de Luis Vitale.

39

CAPÍTULO I

Popular y quienes la conformaban siguieron de todas maneras y hasta el final tratando de
lograr estos grandes cambios sociales, lo que inexorablemente según el autor llevó a que
toda esta situación desembocara en los que fue el golpe militar del 11 de Septiembre de
1973.

A esta visión del período cabe destacar que el autor no cae en la habitual tesis de la
historiografía chilena tradicional de que si las Fuerzas Armadas y de Carabineros no
hubiesen intervenido y derrocado al gobierno de Salvador Allende el país y su situación
hubiese terminado en la guerra civil. Así el autor desprendiendo se esta poco fundamentada
visión señala que el escenario de una guerra civil era poco probable, debido en gran parte a
que las Fuerzas Armadas no se dividieron y que el grueso de la población del país no estaba
ni armado ni en pié de guerra, a lo que debe agregarse de que las pequeñas escaramuzas de
los grupos armados de izquierda y ultra – izquierda no tenían una capacidad de fuego que
siquiera pudiera hacer frente a la de las Fuerzas Armadas, un ejército regular, bien armado,
profesional y mucho más numeroso que el de los grupos extremistas.

Alfredo Jocelyn – Holt siendo consecuente con la objetividad propia de una postura más
liberal y crítica, señala que la derecha tuvo responsabilidad al igual que el reto de los
sectores y grupos políticos presentes durante el gobierno de la Unidad Popular, ya que la
derecha de esa época dejó de ser pragmática, ya que podía a través de los liberales hacer
alianzas de gobierno tanto con el partido radical, como también relacionarse con la
jerarquía eclesiástica mediante el grupo de los conservadores, siendo el punto de partida de
esta desfiguración de la derecha el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ya que la derecha
“se corrompe transformándose en una fuerza política autoritaria y antidemocrática”28, que
bajo el gobierno de la Unidad Popular se volvió reaccionaria, militarista y corporativa,
oponiéndose a la derecha tradicional que Alfredo Jocelyn – Holt destaca como una derecha
democrática y pragmática, que en los años de 1950 a 1960 había sido siempre
antimilitarista, antipopulista, partidista, frondista y liberal, siempre desconfiada del
corporativismo, del nacionalismo, siempre pragmática pero nunca doctrinaria, como señala

28
Ibidem, pág. 76, artículo de Luis Vitale.

40

CAPÍTULO I

este autor. De esta manera a nuestro entender, la derecha al ver amenazado su dominio en la
sociedad con el gobierno de la Unidad Popular debido a sus reformas y transformaciones
sociales, dejó de ser partidaria de la democracia, y como señala Luis Vitale “buscó una
“solución final”, que vino a través de la utilización para realizar la tarea de los militares”29.
Así tanto la derecha “antigua” como la “nueva” se involucraron en el proceso
antidemocrático del gobierno del Régimen Militar, desde donde algunos fueron
observadores y otros se sumaron al régimen a través de la denominada “Reconstrucción
Nacional”, que inició régimen Militar para según su visión re - fundar al país debido a la
gravedad que tenía este en todos los ámbitos del quehacer nacional.

En esta obra, además el autor critica duramente el Régimen Militar señalando que desde ese
punto de vista la transición consistía refiriéndose en sentido figurado a los muros que
“Sirven aún para acallar los sonidos, para apuntar la capitalización silenciosa, en fin, para
contener las alzas repentinas de agua que amenazan la destrucción. En eso consiste
precisamente la transición que comienza hacia 1977: en convencer que los muros sirven
“ayer y hoy” para “liberar”. (...) Si hasta el ’73 hablar supuestamente liberaba; luego del
’77, es el callar el que ahora supuestamente libera. En ambos casos, el precio a pagar
consistía en aceptar los muros”30.

Finalmente “Chile Perplejo. Del Avanzar Sin Transar al Transar Sin Parar”31 de Alfredo
Jocelyn – Hot, termina realizando una breve mirada a los gobiernos concertacionistas,
fundamentalmente realizando una crítica en el aspecto social, ya que señala que estos
gobiernos han ido acumulando numerosos problemas sociales ya que no brindan una pronta
solución, además efectúa una crítica señalando que han seguido en el aspecto político una
línea de continuismo con respecto a la política del Régimen Militar, señalando que “Desde
el ’88 no hemos hecho nada tan distinto en lo esencial que no hayamos estado en –
caminados antes. Del avanzar sin transar pasamos, a lo más, al transar sin parar, al ni un

29
Ibidem, pág. 77, artículo de Luis Vitale.
30
Idem, pág. 79, artículo de Luis Vitale.
31
JOCELYN – HOLT LETELIER, ALFREDO. “El Chile Perplejo. Del Avanzar Sin Transar al Transar Sin
Parar”. Editorial Planeta / Ariel, Santiago de Chile, 1998, Tercera edición de Abril de 1999.

41

CAPÍTULO I

paso atrás o lo que es lo mismo, compañeros, camaradas, tropas –que más da- seguimos
avanzando”32. En esta frase se sintetiza la visión que sobre la transición tiene el autor, en
donde básicamente se muestra cercano a la tesis que plantea en gran medida la izquierda, en
el sentido de que los gobiernos de la Concertación no han sido más que un cambio de
administración política del país y no han significado un cambio real luego de la dictadura,
ya que en muchas áreas (sociales, económicas, por ejemplo) se ha aplicado una político de
continuismo con relación al Régimen Militar. También se refiere a que lo que hoy en día se
busca y discute son las condiciones y retos de la “gobernabilidad”, debilitada
principalmente por una cultura cívica actual frágil desde el golpe militar de 1973.

De esta manera el autor destaca refriéndose al proceso de transición, que este en gran parte
se h visto delimitado por que “En el orden político, como ya he dicho, este empate está
consagrado constitucionalmente. Desde el plebiscito del ’88 lo que hemos ido constatando
es su desenvolvimiento práctico. Por un lado, transitamos en “democracia” es lo que nos
dice; por el otro nos regimos por el sistema diseñado por Guzmán, centrado en el veto
militar y el de sus socios fácticos. Este es el orden establecido, el único posible, el de “la
medida de lo posible”. No es que transitemos hacia la normalidad, sino que el mantener
este equilibrio entre un orden institucional y el fáctico, ésa es nuestra única versión
aceptable de “normalidad”. En palabras de nuestra “carta magna”, Chacarillas: Finalmente,
entraremos en la etapa de normalidad, de consolidación, el Poder será ejercido directa y
básicamente por la civilidad, reservándose constitucionalmente a las Fuerzas Armadas y de
Orden el papel de contribuir a cautelar las bases esenciales de la institucionalidad y la
seguridad nacional en sus amplias y decisivas proyecciones modernas. (...) De lo que se
deduce que ya llegamos “Al alcalde en los desfiles / ya no le dicen “el relegado” / y cuando
tiene visitas / se prueba el traje de diputado”. Estamos en normalidad. Nos hemos
consolidado. Estamos en democracia. A la política la han “Profesionalizado”. Doblemos la
página. Dejémonos de viejos cuentos. Sigamos, sigamos avanzando...”33. De esta manera
Alfredo Jocelyn – Holt en esta obra nos entrega su particular visión sobre el proceso de

32
Ibidem ,pág. 320
33

42

CAPÍTULO I

transición a la democracia en nuestro país, haciendo especial referencia a que la transición
se ha dado casi exclusivamente dentro de los marcos que el propio Régimen Militar había
fijado, principalmente dentro de la Constitución de 1980, pero lo que los gobierno de la
Concertación, y por eso los crítica el autor, no han hecho más de que acatar la situación y
seguir avanzando a pesar de todas las concesiones que han debido aceptar. De esta manera
el autor señala de que la transición ha sido muy pacifica, lenta y deficiente básicamente por
que todos acatan tal y como se vaya dando esta y no hacen ningún intento por cambiar este
itinerario, es más, se desprende del pensamiento de autor, de que ha nadie actualmente le
interesa este proceso sólo les interesa seguir “avanzando”. De esta manera pone como
ejemplo el que con respecto al caso Pinochet, hay una señal de que se avanza, “El principal
es que se sigue pidiendo justicia. Para muchos eso pone en jaque a la supuesta transición, a
sus negocios, a su afán por el borrón y cuenta nueva, y así sucesivamente. Para otros, el
pedir justicia, concédase o no, es una manera de exigir derecho, por eso de que si no hay
justicia, simplemente no hay derecho. Y, bueno, si no hay derecho, volemos al punto
anterior, retrocedemos al salvaje. Por tanto, que se pida justicia, que se enjuicie a Pinochet,
que no es lo mismo que condenarlo, es a todas luces un avance. No hacerlo es simplemente
postergarlo. Y, a falta de otras instancias, le corresponderá a la historia pronunciarse y ella
– me temo – raramente perdona”34.

34
Op. Cit., JOCELYN – HOLT LETELIER, ALFREDO, pág. 320

43

CAPÍTULO I

2. B.- LA HISTORIOGRAFÍA DE CENTRO O MESOHISTORIA

Esta corriente historiográfica denominada de “Centro” o de “Mesohistoria” tiene
dos vertientes, por un lado puede tratarse de historiadores de un centro político, como por
ejemplo fundamentalmente son los historiadores partidarios de la Democracia Cristiana, y
por otro lado la vertiente de los historiadores que realizan mesohistoria, es decir, que
interpretan la historia nacional a través del análisis de la situación de las capas medias de la
sociedad. Una de las mayores características este grupo es ser de un carácter muy
heterogéneo, en donde si bien hay un grupo de carácter conservador, también hay otro de
un carácter más liberal. También se caracterizan por un estilo histórico más cercano a la
narración de los hechos y procesos histórico mas que a su explicación, viendo a la historia
con un elemento de progreso sostenido y permanente. Entre este grupo denominado de
mesohistoria se destacan Sergio Villalobos, Cristián Gazmuri, Rafael Sagredo, Carlos
Bascuñan y Sol Serrano, aunque como se ha señaló anteriormente el número de trabajos en
este período de la historia nacional es relativamente pequeño.

A) Sergio Villalobos

Es tal vez la figura más representativa de este grupo de historiadores. En su obra
“Historia de Chile” estudia la historia nacional desde los pueblos originarios hasta el golpe
militar en 1973. También ha escrito la “Historia del Pueblo de Chile”, tal vez su obra más
conocida. Su acercamiento al tema en estudio es más bien marginal, ya que en
prácticamente todas sus obras en que se refiere al siglo XX en nuestro país llega hasta el
golpe militar de 1973, en una actitud muy parecida a la de Vial Correa.

En la obra titulada “Chile y Su Historia”35, en el capítulo Nº 8 “El Reformismo
Democrático” (pág. 351 – 380) señala que Allende llegó en mal pié al poder por elección
democrática apoyado por los partidos de izquierda, con predominio marxista. Esto por que

35
VILLALOBOS, SERGIO. “Chile y Su Historia”, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1992.

44

CAPÍTULO I

según el autor, Allende se vio sobrepasado por los grupos extremistas de izquierda y por su
propio partido, el Socialista, que deseaba acelerar el proceso revolucionario. Se produce así
una situación caótica, mientras que la movilización social se tornaba cada día más
amenazante y decidida, contando con el apoyo oficial, aunque este no halla medido sus
consecuencias, ya que también, según el autor, fue uno de los motivos para hablar de una
crisis a nivel social. De esta manera explica el rápido deterioro económico y la crisis tanto
política, como constitucional que llevó a un “movimiento militar” que puso fin al gobierno
de Allende el 11 de Septiembre de 1973, día en que, recalca el autor, este se suicidó,
dejando libre el camino para el gobierno militar encabezado por el general Pinochet.

B) Cristián Gazmuri

Se a caracterizado por tratar más que nada el período que abarca desde el gobierno
de Eduardo Frei Montalva hasta el Régimen Militar. En su participación en el manual de
“Nueva Historia de Chile”, entrega una visión global del período del gobierno de Frei
Montalva y Salvador Allende. Según Luis Vitale “aspira a mantenerse alejado del
partidismo político y a conservar entre el sujeto (el historiador) y el objeto (la historia) una
relación de carácter puramente contemplativo”36. Gazmuri en el análisis de estos dos
gobiernos se centra el la entrega de hechos y datos de los acontecimientos y procesos más
estudiados por la mayoría de los historiadores como la “Reforma Agraria”, la
“Chilenización” y “nacionalización del Cobre”, la “Promoción Popular”, pero su relación
con el desarrollo posterior de la historia, la introducción de una teoría por sobre el relato es
la gran carencia de su obra en este aspecto, ya que posee una serie de artículos en donde si
esboza alguna teoría como por ejemplo cuando señala con respeto a la institucionalidad
creada por el Régimen Militar que “aunque fracasó finalmente en su intento de consagrar
en Chile una “democracia protegida”, si implantaría en Chile, un nuevo orden económico

36

45

CAPÍTULO I

de inspiración neoliberal que ha subsistido hasta la actualidad”37. Aquí se esboza una teoría
un tanto novedosa ya que reconoce un legado de la etapa del Régimen Militar, aunque no
entrega mayores detalles, que no es el que usualmente se toma como es la parte de la
política en cuanto a que se legó una “democracia protegida” a través de la Constitución de
1980, sino se aventura a señalar el aspecto económico en el sentido de la implementación
de un sistema económica neoliberal, aunque nuevamente no desarrolla en profundidad
ambas aseveraciones.

El autor se centra principalmente en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. El gobierno del
democratacristiano es una constante en su trabajo, ya que posee un libro sobre el38 y una
serie de artículos. En el análisis de este gobierno, entrega una visión global positiva,
señalando que tal vez el único punto negativo es el aumento de la violencia, que atribuye a
los elementos ligados a la izquierda, ya que estos veían que las reformas de Frei, les hacían
perder terreno en los sectores beneficiados con estas reformas, principalmente los sectores
más pobres que eran el sustento electoral de los grupos de izquierda. De esta manera la
izquierda se habría ido radicalizando ya que Frei no habría cumplido con la totalidad de las
reformas que prometió en su programa. Por su parte, consecuente con su rol de historiador,
al analizar el gobierno de Allende, y en otras obras el de Pinochet, se pone en la posición de
observador imparcial, lo que le permite tener una visión general y objetiva, con bastante
uso de las cronologías, en donde su único error a nuestro juicio es que no realiza mayores
análisis, sino más que nada se limita a la ejecución de un relato.

Este autor, en el manual “Nueva Historia de Chile: Desde los Orígenes Hasta Nuestros
Días”39, en el capítulo Nº 8 de “El siglo XX”: Chile 1970 – 1973. (Págs. 510 – 535), señala
que el período que comprende entre los años del 1970 al 1973, fue de enorme agitación
social y politización. Así cuando triunfa Allende y la izquierda se hace fuerte, la derecha se
37
GAZMURI, CRISTIAN. “Una Interpretación Política de la Experiencia Autoritaria 1973 – 1990”,
Editado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago – Chile, 1999, pág. 1. Sección de Textos
Digitales del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En Internet:
http://www.puc.cl/historia/cinfo/Articulos/gazmuri7.htm .
38
GAZMURI, CRISTIÁN. “Eduardo Frei Montalva y Su Época”, Editorial Aguilar, Santiago – Chile, 2000.
39
GAZMURI, CRISTIÁN. “Nueva Historia de Chile: Desde los Orígenes Hasta Nuestros Días”, Editorial
Zig – Zag, Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago – Chile, 1996.

46

CAPÍTULO I

reorganiza (ya desde 1971) y la Democracia Cristiana aparece descolocada en el espectro
político que se polariza profundamente y crea la crisis que lleva la colapso de 1973,
producto que se pierde la posibilidad de negociación y transigencia política, lo que conduce
al golpe militar, que divide profundamente a al población.

El autor señala que la Unidad Popular tenía buenas intenciones, pero para concretarlas
estuvo al borde de la ilegalidad, o derechamente usaba medios ilegales o resquicios, al igual
como lo hizo la oposición para hacer valer sus derechos, lo que agota al gobierno y acaba
con la democracia como sistema en 1973, la que sería recuperada tan sólo 17 años después,
luego de una férrea resistencia.

47

CAPÍTULO I

2. C.- LA HISTORIOGRAFÍA DE IZQUIERDA

Entenderemos para nuestro análisis historiográfico, a la tendencia izquierdista,
como aquél grupo de autores que tienen una línea editorial de izquierda pero que
consideramos más objetivos y que realizan un trabajo bastante serio dejando relativamente
de lado su posición política a la hora d realizar sus investigaciones. En cuanto a la
historiografía correspondiente a la transición chilena a la democracia, podemos señalar que
esta serie de autores, aborda el tema desde una perspectiva contemporánea, condenando el
régimen militar, sobre todo en el tema de los derechos humanos, pero también criticando a
los gobiernos de la Concertación por sus políticas sociales y económicos, así como las
débiles propuestas para lograr justicia en cuanto a la materia de los derechos humanos. De
esta manera estos autores señalan que la transición es un proceso inconcluso, al cual
fundamentalmente le falta solucionar el tema de las reformas constitucionales o más radical
aún cambiar la constitución para de esta manera lograr una democracia total en el país. Así
este grupo de autores se caracteriza por entregar propuesta a estos problemas y la mayoría
de ellos aborda tanto el campo histórico como el politológico a la hora de realizar sus
investigaciones.

Estos autores se preocupan bastante por el tema de la gobernabilidad del país frente a todas
las instituciones no democráticas, como también así discuten fundamentalmente el grado de
democratización que ha alcanzado el país bajo los gobiernos de la Concertación teniendo en
cuenta la existencia de los denominados “enclaves autoritarios” y sobre todo de la
Constitución de 1980, con todos los elementos no democráticos, configurando lo que este
grupo de autores denomina una “democracia protegida”.

2.C.1.- Historiografía de Marxista Clásica

La historiografía marxista toma como sujeto de la historia a los sectores más
desprotegidos de la sociedad como por ejemplo el grupo obrero. Para realizar este análisis,

48

CAPÍTULO I

utilizan el modelo teórico de la concepción de Marx sobre la historia, que como señala el
propio Vitale , se desarrolla en ““La Ideología Alemana”, en el Prólogo a la “Contribución
a la Crítica de la Economía Política de 1857”, en los “Grundrisse” y en su obra de madurez:
El Capital””40. Es línea historiográfica plantea que el proceso de transición no ha
terminado, producto de la persistencia de los denominados “enclaves autoritarios” y del
“amarre constitucional”. Señalan que los gobiernos de la Concertación han sido incapaces
de resolver problemas heredados del Régimen Militar, como por ejemplo, el tema de las
violaciones a los derechos humanos, la injusticia del modelos económico neoliberal, y una
serie de otros elementos que convierten al sistema democrático en un sistema de
“democracia protegida” producto de una serie de normas que tiene la Constitución de 1980,
con la finalidad de que no se altere el orden impuesto durante el Régimen Militar. Esta
transición terminaría para esta tendencia, una vez que el sistema chileno se democratice de
manera total, partiendo por señalar los problemas anteriormente nombrados.

A) Luis Vitale

Luis Vitale se define como un autor marxista clásico, que empieza a desarrollar
trabajos históricos a partir de la década de 1950. Su obra mas conocida es la “Interpretación
Marxista de la Historia de Chile”, la cual está compuesta por diversos tomos- Tiene varios
trabajos sobre el pensamiento democratacristiano y sobre la historia de la clase obrera
durante los años ’60. Posee a su vez dos otra obras de importancia, una se titula
“Introducción a Una Teoría de la Historia Para América Latina”, que esta escrito en el
plano de la reflexión histórica. Por otro lado otra de sus obras es “Historia General de
América Latina”, en donde en los tomos VI y VII como el mismo señala analiza de manera
global los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y de Salvador Allende.

40

49

CAPÍTULO I

La visión general de Vitale de la historia de estos últimos 40 años, es que trascurre en un
proceso de en el cual el período de mediana duración constituye una continuidad pero
también una discontinuidad, en donde por ejemplo, el gobierno de Frei y Allende son
continuidad, al optar por cambios a estructura de la sociedad chilena, proceso que el
agudizado por el gobierno de Allende, lo que a su vez produce la reacción de las clases
altas de la sociedad, contrarias a cualquier tipo de cambio, sobre todo si proviene de la
corriente marxista, por lo cual se produce una discontinuidad: el golpe militar y el gobierno
de Augusto Pinochet. Vitale explica este proceso de discontinuidad, partiendo de la base de
que la Unidad Popular, realizó un cálculo erróneo de la realidad sobre la legalidad que
podía consolidar este proceso, la cual al verse sobrepasada en tantas oportunidades fue
utilizada como pretexto para finalmente justificar el golpe militar, idea que prevale como
el mismo señala en un artículo denominado “Notas Para un Balance”.

En la obra “Interpretación Marxista de la Historia de Chile: Industrialización y
Modernidad. Volumen VI: De Alessandri a Frei. M. (1932 – 1964)”41, en el capítulo XVIII:
“Los Comienzos de la Modernidad” (Págs. 371 – 178), señala que la derecha tradicional
entra en una crisis luego del surgimiento de la Democracia Cristiana, lo que produjo
divisiones internas dado un ala más cercana a el pensamiento cristiano que había perdido la
derecha tradicional en su campaña en contra de los partidos marxista, sobre todo luego de
que asumiera el gobierno de Frei Montalva, y obviamente una vez asumido el gobierno de
Salvador Allende.

De esta manera, la difusión de ideas nuevas e independientes permitió a un grupo
importante de derechistas no tradicionales ir generando cuadros militantes mucho más
agresivos, que a la hora de los combates decisivos mostraba su fuerza ideológica,
especialmente en el apoyo incondicional a la obra de los militares que realizaron el golpe
militar al gobierno de Salvador Allende.

41
VITALE, LUIS. “Interpretación Marxista de la Historia de Chile: Industrialización y Modernidad.
Volumen VI: De Alessandri a Frei. M. (1932 – 1964)”, Editorial LOM, Santiago de Chile, 1998.

50

CAPÍTULO I

2.C.2.- Historiografía de “Sensibilidad” Marxista

Esta línea historiográfica apunta a los historiadores de izquierda que se identifican
con el legado de Marx. Como señala Luis Vitale “Hablamos de sensibilidad marxista para
referirnos a que en ambos historiadores el marxismo es un referente abierto, alejado de todo
dogmatismo y sensible a que la realidad social actual no es, como se piensa, la distinta a los
diagnósticos realizados por Marx”42. Son autores totalmente contrarios al sistema neoliberal
– capitalista implantado por el Régimen Militar y adoptan por lo demás una postura
totalmente contraria ante los poderes fácticos que existen en el país.

A) Tomás Moulián

Tomás Moulián escribe sobre historia y política, pero con formación de sociólogo.
Desde 1996 es director del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad ARCIS y,
desde 1998, Vice-rector de Extensión e Investigación en esa misma casa de estudios. Posee
varias obras importantes como “La Forja de Ilusiones: El Sistema de Partidos 1932-1973”,
“La Unidad Popular y el Conflicto Político en Chile”, “Chile Actual: Anatomía de un
Mito”43 y “Conversación Interrumpida con Allende”44.

En su obra más conocida, “Chile Actual: Anatomía de un Mito”, enmarca a la sociedad
chilena en “un espacio público estructuralmente restringido, compuesto por un campo
periodístico tendencialmente monopólico, por una industrial editorial cautelosa, y por un
marco legal referido a la libertad de expresión que – más allá de aquel desafío –

42
43
MOULIÁN, TOMAS. “Chile Actual: Anatomía de Un Mito”, Editorial LOM, Santiago – Chile, 1997.
44
MOULIÁN, TOMAS. “Conversación Interrumpida con Allende”, Editorial LOM, Serie “Punto de Fuga”,
Universidad Arcis, Santiago - Chile, 1998.

51

CAPÍTULO I

permanecería censor y restrictivo”45. Esta cita sirve de ejemplo del modelo de crítica y
análisis que usa es autor en esta obra, en la cual critica fuertemente la conformidad política
y la complacencia intelectual en cuanto a la situación actual del país, lo que sin duda
constituye una fuerte y directa crítica a los gobiernos concertacionistas, por llevar a cabo
una administración más bien continuista en lo que respecta a la forma de afronta los
problemas y a las libertades de las personas, situaciones, las cuales, muchas veces no se
distancian lo suficiente con respecto al Régimen Militar. Esto se aprecia muy bien en la
obra, ya que si bien esta trata sobre el período del Régimen Militar, señala constantemente
como este ha permanecido presente en el país debido a la inercia de los gobiernos de la
Concertación.

En su obra “Conversación Interrumpida con Allende” construye es relato a partir de una
conversación con Allende, él que incapaz de resistir la curiosidad vuelve al país 25 años
después de su muerte. Para el autor fue necesario esta ilusión para profundizar en el análisis
de la practica política de Allende –su legado y su ética-; y a través de la figura del
Presidente adentrarnos en el escenario de la Unidad Popular, sus pasiones, sus conflictos y
los signos de la tragedia que marco a Chile en Septiembre de1973. esta obra representa un
importante apoyo para la reflexión sobre la acción política y social en el Chile de hoy,
prefigura las características de una política que se orienta a dar continuidad al sueño de
construir un país más justo donde la alegría de vivir sea parte del cotidiano.

El autor establece que la Unidad Popular fue “revolución en acto”, como por el tipo de
discurso, sobrecargado de simbolismos de identidad, como por las medidas aplicadas al
comenzar su gobierno como también para apelar a los obreros, campesinos y pobres,
también lo fue por la actitud adoptada por los empresarios y la derecha que inicio una lucha
sin cuartel.

45
MENÉNDEZ AMPARO; JOIGNANT , ALFREDO (editores). “La Caja de Pandora. El Retorno de la
Transición Chilena”, Editorial Planeta – Ariel, Santiago – Chile, 1999 (primera edición), del artículo de los
mismos autores “De la “Democracia de los Acuerdos” a los Dilemas de la Polis: ¿Transición Incompleta o
Ciudadanía Pendiente?”, pág. 14.

52

CAPÍTULO I

Establece que la crisis del gobierno se da por la polarización interna entre el “polo
revolucionario “ y los “poderes revolucionarios”. Pero dice que esta no determino la
instalación de una “sangrienta dictadura revolucionaria” con un déspota modernizador a la
cabeza que creo un nuevo capitalismo con enorme energía de crecimiento. Dice que el
legado de Allende fue la revolución conseguida por la “vía pacifica” y la superación del
capitalismo.

A su vez, posee un texto escrito conjuntamente con Manuel Antonio Garretón llamado “La
Unidad Popular y el Conflicto Político en Chile”, en el cual trata los diferentes
desencuentros entre la izquierda, derecha y el centro político, que llevan al quiebre de la
democracia durante 1973, lo que se representa con el golpe militar.

B) Gabriel Salazar

Estudió Historia, Filosofía y Sociología en la Universidad de Chile. Entre 1977 y
1984 realizó un doctorado en Historia Social y Económica en la Universidad de Hull, en el
Reino Unido. Desde 1985 se ha desempeñado como investigador y profesor en distintas
instituciones académicas y universidades chilenas. En la actualidad es Director de la
Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS, casa de estudio en la que se dedica
también a la docencia y la investigación. Igualmente se desempeña como profesor en el
departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile.

Es autor, co-autor y editor de numerosas publicaciones. Entre sus libros se destacan:
“Labradores, Peones y Proletarios” escrito en 1985; “Violencia Política Popular en las
Grandes Alamedas. La Violencia en Chile Volumen I: Santiago de Chile 1947 – 1987”46
que data de 1990. El autor señala en esta obra (capítulo Nº 3 pág. 275 – 392) que el
capitalismo mercantil – financiero, la democracia liberal de 1925 y el nacional –

46
SALAZAR, GABRIEL. “Violencia Política Popular en las Grandes Alamedas. La Violencia en Chile
Volumen I: Santiago de Chile 1947 – 1987”, Editorial SUR. Apoyado por SAREC (Agencia Sueca para la
Cooperación y el Desarrollo), Santiago de Chile, 1990.

53

CAPÍTULO I

desarrollismo hallaron entre 1970 y 1973 un adecuado chivo expiatorio para dar un fin
inesperado a sus propias equivocaciones y enfermedades. El autor se refiere al régimen
dictatorial como una dictadura liberal que destruyo la mayor parte del segmento burocrático
estatal de la clase media y redujo las dimensiones y calificaciones del proletariado
industrial al paso que alteraba radicalmente las reglas de su organización sindical.

De esta manera la “revolución liberal”de las Fuerzas Armadas y sus asesores civiles desde
1973, introdujo una ruptura histórica al ejercer una gran represión sobre el movimiento
popular que se estaba produciendo en aquella época

El autor tiene otras obras como “Los Intelectuales, los Pobres y el Poder” de 1995, y junto a
Julio Pinto escribió la “Historia Contemporánea de Chile” de 1999, una de sus obras más
conocidas. De esta manera se visualiza que su línea de trabajo “está muy influenciada por
los hechos históricos de estos últimos años. No se entiende la nueva propuesta
historiográfica de Salazar sin los cambios radicales ocurridos en nuestro país desde la
década de los ’60 para adelante”47.

2.C.3.- Historiografía Socialista

Esta es una tendencia historiográfica dentro de la izquierda, la cual se caracteriza
por realizar una fuerte crítica a los gobiernos de la concertación, a pesar de que su
tendencia forma parte de esta coalición de gobierno. Ponen el énfasis en que la transición
no ha sido un proceso completo, para lo cual señalan ciertas materias comunes, como la
injusticia generada del sistema económico o el tema de la resolución de los casos de
violaciones a los derechos humanos pendientes.

47

54

CAPÍTULO I

A) Luis Maira

Luis Maira nació en Santiago de Chile en 1940. Estudió en la Escuela de Derechos
de la Universidad de Chile, además realizó algunos cursos sobre Relaciones Internacionales
en las universidades de Oxford, Bristol y la Autónoma de México. Es profesor,
investigador y funcionario académico en licenciatura y postgrado.

Fue exiliado político durante la dictadura de Augusto Pinochet, pudiendo regresar a Chile
tan sólo en 1985 en donde participó entre otros esfuerzos en la redacción del Acuerdo
Nacional, el primer programa de la transición, y fue además uno de los cinco dirigentes
nacionales del Comando del No en el plebiscito de 1988. Más tarde ya en la década de 1990
y bajo los gobiernos de la Concertación, fue Secretario General del Partido Socialista y
dirigente de la Concertación por la Democracia a cargo de los programas sociales del
gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz – Tagle. Cabe destacar que también se
desempeñó por algunos años como embajador en México.

Ha publicado más de cien artículos en revistas especializadas sobre política internacional y
varios libros, entre los que se incluyen “Los Estados Unidos, Una Visión Latinoamericana”,
“Chile: Autoritarismo, Democracia y Movimiento Popular”, “Las Dictaduras en América
Latina”, “Superando la pobreza, Construyendo la Equidad”, “Los 3 Chiles de la Segunda
Mitad del Siglo XX”48, este último tiene una versión escrita por el mismo autor en México,
bajo la editorial Grijalbo, titulado “Chile, La Transición Interminable”49, que es el mismo
texto, tan sólo se diferencian por que el primero está escrito en 1998 y el segundo (libro, el
cual citaremos ampliamente a lo largo de este trabajo), es una versión actualizada hasta
1999, en donde por lo tanto entran hechos como por ejemplo la detención de Pinochet en
Londres, aunque el texto siga exactamente la misma estructura del anterior, en donde
incluso en la gran mayoría del texto no se corrigen más que pequeños errores semánticos o
gramaticales.

48
MAIRA, LUIS. “Los Tres Chile de la Segunda Mitad del Siglo XX”. Editorial LOM, Colección Sin Norte,
49
Op. Cit., MAIRA, LUIS. “Chile, la Transición Interminable”.

55

CAPÍTULO I

“Chile, La Transición Interminable” es una obra que hace un relato bastante superficial de
lo que el autor denomina los tres Chiles del siglo XX, los cuales serían el Chile
republicano, el Chile autoritario y el Chile de la transición, este último del cual se basa
prácticamente todo el relato. Luis Maira el los primeros capítulos trata de cómo era el Chile
republicano y como poco a poco este se va hundiendo debido a la grave polarización
política y social que sufre el gobierno de Salvador Allende, para luego pasar al análisis del
golpe militar, así como también a los años del imperio de la dictadura militar en el país.
Luego de un análisis correcto de este período, entre un excelente y extenso análisis del
denominado “proceso de amarre” de la Constitución de 1980, como también así de los
pilares que dificultan las reformas a esta constitución autoritaria y antidemocrática desde su
punto de vista, el cual fundamenta de manera muy amplia. Posteriormente analiza los
mecanismos de cómo poder abordar esta situación y mejorarla para poder concluir la
transición, donde finalmente a modo de epílogo, el autor entrega ciertos elementos que
interpreta como una luz de avance y de esperanza popara el término del proceso de
transición completa a la democracia en Chile.

La tesis principal en esta obra que la transición no ha terminado en nuestro país, ya que
señala que los “enclaves autoritarios” así como el “proceso de amarre” y la vigencia de la
Constitución de 1980 con todos sus elementos antidemocráticos y autoritarios han
determinado de gran forma el actuar de los gobiernos en democracia. Es decir, por ejemplo,
el amarre consistente el la prohibición de estudiar los hechos ocurridos durante el Régimen
Militar, así como la eliminación y disolución de los servicios de inteligencia del régimen
tan sólo meses antes del cambio de mando han coartado la posibilidad a las autoridades
civiles de conocer toda la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos durante la
dictadura, lo que niega la posibilidad de una completa reconciliación entre todos los
chilenos por lo que la transición se torna incompleta. Con este mismo modelo de análisis el
autor trabaja otros elementos de este “proceso de amarre”, de los “enclaves autoritarios” y
de ciertos hechos que desde su perspectiva de análisis indican que el proceso de transición
no ha terminado de manera total, aunque si reconoce importantes avances, de este hecho el
título de su obra, “Chile, La Transición Interminable”, en donde obviamente como muchos
autores de esta tendencia, señala que es el cambio de mando desde un Régimen Militar u

56

CAPÍTULO I

otro civil, aunque este bajo una “democracia protegida”, no es en ningún caso un cambio
despreciable.

B) Camilo Escalona:

Camilo Escalona tiene una larga vida como dirigente político, que se inició bajo los
años de la Unidad Popular, en su calidad de dirigente estudiantil al representar a la
Federación de Estudiantes Secundarios. Durante este época también fue miembro del
Comité Central de las Juventudes Socialistas entre 1973 y 1983, año en donde finalmente
se incorporó a la Comisión Política del Partido Socialista. Luego del golpe militar salió
exiliado a Austria, viviendo también en Berlín en Alemania y en Madrid, España, donde
estudio ciencias políticas. En 1988 regresó a Chile, en donde se integró activamente al
quehacer político y en donde durante los años de 1990 a 1994 y de 1994 a 1998 ocupó un
escaño en el Congreso representado al distrito 27. En Enero de 1994 asume la presidencia
del Partido Socialista, cargo en el cual fue reelegido para el siguiente período comprendido
entre 1995 a 1999.

Camilo Escalona en su obra “Una Transición de Dos Caras. Crónica Crítica y
Autocrítica”50, postula que desde el inicio del proceso de transición en Chile, que sitúa
desde el cambio de mando el 11 de Marzo de 1990, “comenzaba a instalarse el pernicioso
hábito del doble discurso, de una escéptica ambigüedad, de un falso pudor ante las
limitaciones del proceso, ocultando o intentando ocultar el sol con un dedo, desconociendo
una porfiada realidad cuyas debilidades eran tan evidentes que ignorarlas vendría a ser lo
pero. Se dibujó desde entonces una transición de dos caras”51. Es decir, por ejemplo por un
lado se iniciaba el proceso de transición a la democracia en el país con un alivio
generalizado de un cambio de mando finalmente realizado, en el cual por sobre todo se

50
ESCALONA, CAMILO. “Una Transición de Dos Caras. Crónica Crítica y Autocrítica”, Editorial LOM,
51
Idem, pág. 15.

57

CAPÍTULO I

estimulaba de manera paulatina la relación de cercanía que debe haber entre el poder militar
y las autoridades civiles de gobierno y los diferentes dirigentes políticos del país, pero con
el pasar del tiempo, además de la mala forma de arreglar los problemas de fondo fueron
frenando el avance que debía llevar la transición hasta generar un ambiente de fabricación
de pactos que muchas veces eran innecesarios y en otros hasta perjudiciales. De esta forma
la transición fue teniendo dos rostros, ya que por un lado el discurso del autoritarismo y del
Régimen Militar llevado por los partidos de derecha, vino a ser la excusa necesaria para
disculpar las limitaciones del proceso y las debilidades políticas de quines dentro de la
Concertación debían llevar a buen término. De esta manera señala escalona que “El garrote
de la amenaza militar y la zanahoria de la sonrisa cínica de los antiguos funcionarios
dictatoriales, comenzaban a envolver la transición y empobrecer el proceso democrático, a
los viables e inviables entendimientos “por arriba”, sin la presencia multitudinaria de
aquellos millones de chileno que efectivamente habían logrado, con notable intuición y
perspicacia, colectiva, crear un camino político hacia un nuevo régimen sustitutivo de la
dictadura”52, por lo cual se desprende que el autor critica bastante duramente varias de las
políticas continuistas de los gobierno de la Concertación una vez en proceso de transición
hacia la democracia.

52
Ibidem, pág. 15.

58

CAPÍTULO I

2. D.- LA HISTORIOGRAFÍA DE ESTE PERÍODO DESDE LA PERSPECTIVA DE
LAS CIENCIAS POLÍTICAS

Si bien no constituye un tendencia historiográfica en rigor, ya que cada cientista
político por ejemplo puede tener su ideología o tendencia política dentro de alguna de las
tres líneas señaladas anteriormente, hemos separado a este grupo de autores, debido a que
centran más su análisis en la parte política que en la histórica, con lo que llevan a
interpretaciones más precisas en cuanto a los procesos de corta duración.

A) Enrique Cañas Kirby

Enrique Cañas Kirby es Licenciado en Filosofía con mención en filosofía política
por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nacido en 1967, y luego de graduarse de la
universidad, se licencia en Ciencias del Desarrollo con mención en Ciencia Política en
ILIADES. Más tarde realiza estudios de M. A. en Ciencia Política en la Universidad de
Heidelberg en Alemania, país en el cual también alcanza el doctorado de Ciencia Política
en la Universidad de Friburgo. Dentro de su labor como investigador a trabajado como
investigador visitante en el Max Planck Haus de Heidelberg para estudios de derecho
internacional público, y en el Instituto Arnold Bergstraesser de Friburgo para estudios de
sociología, administración pública, cultura política y ciencia política. A su vez y dentro de
su actividad como docente se ha desempeñado como profesor de Desarrollo Político en
ILIADES y como asesor de la División de Estudios de la Secretaría General de la
Presidencia y como asesor de la Dirección de Contenidos de la Presidencia de la república
de Chile.

Dentro de su labor investigadora como cientista político y como parte de su tesis de
doctorado de la Universidad de Friburgo en Alemania, durante 1993 y 1994 escribió el
trabajo titulado “Autoritäres Regime, Transition durch verhandlung und Demokratische
Öffnung Chile 1983 – 1991”, que posteriormente se tradujo al español y con sus

59

CAPÍTULO I

correspondientes modificaciones, se publico en Chile durante 1997 bajo el título de
“Proceso Político en Chile: 1973 – 1990”53, obra en la cual el autor principalmente analiza
el proceso de la transición chilena a la democracia, desde el período de la ruptura de las
instituciones democráticas en 1973 que culminaron en el Golpe Militar, pasando más tarde
al análisis del rol de los partidos, los factores institucionales y las situaciones provocadas
por los miembros de la elite chilena tanto en su actuación durante el proceso de ruptura
democrática como en el proceso de retorno a la misma. Es también una obra que
utilizaremos ampliamente a lo largo de este trabajo debido a su seriedad en los análisis.

El autor realiza un análisis bastante acabado, y desde una perspectiva propia de las ciencias
politológicas, de la institucionalización y actuación del Régimen Militar, como también así
de su oposición, fundamentalmente centrándose en el aspecto político y de los partidos
como ejemplo de resistencia ante el régimen. De esta manera allana el camino para abordar
los contextos y posteriores repercusiones de lo que significaron las crisis que enfrentó el
Régimen Militar durante la década de 1980, en donde según el autor, empiezan a surgir
dinámicas transicionales según el modelo de transición vía ruptura. De la misma manera y
con gran apego a los modelos teóricos analiza y explica de forma detallada la política de la
transición negociada, para culminar con análisis en perspectivas comparadas, como
fundamentalmente se hace con el caso español, de los elementos y factores que facilitaron
el inicio del proceso de transición en Chile. De esta perspectiva y teniendo en cuenta que el
autor escribe hasta 1990, no permite tener su visión de sobre si el proceso de transición ha
terminado o no en nuestro país, aunque la gran utilidad de esta obra es que el autor entrega
su visión de cómo el proceso de transición, por lo menos durante sus primeros años, tuvo
una dinámica bajo el modelo de una transición vía transacción, es decir, en donde tanto las
fuerzas del Régimen Militar como las fuerzas de la oposición tuvieron que llegar a una
serie de pacto y acuerdos para poder llevar a cabo el proceso de transición a la democracia
en Chile, por lo menos en sus primeros años.

53
Op. Cit., CAÑAS KIRBY, ENRIQUE.

60

CAPÍTULO I

B) Genaro Arriagada

En 1974 publica un trabajo denominado “De la Vía Chilena a la Vía
Insurreccional”, que cuenta con un prólogo del ex – presidente Eduardo Frei Montalva. En
esta obra sostiene que “la experiencia de la Unidad Popular desde la Vía Chilena pasó a una
estrategia violentista de carácter insurreccional, para hacerse de todo el poder en nuestro
país durante el gobierno de allende. La argumentación se hace con un estudio e loas
clásicos del marxismo, especialmente Trotsky y Lenin, como también con las experiencias
concretas de las revoluciones de Rusia, China y Cuba, que son tomadas como ejemplo para
decir que el proceso abierto en Chile en 1970 conducía – según la teoría y la práctica – a
que la Unidad Popular se tomara la totalidad del poder en Chile, quebrando su tradición
democrática”54. Pero según el artículo de Luis Vitale el autor mezcla y confunde los hechos
ya que la experiencia de la Unidad Popular en Chile es muy diferente por ejemplo a la
cubana o a la de Rusia.

El autor señala que Chile era un país con una economía estable, con instituciones políticas
de larga tradición democrática, y que la Unidad Popular más que nada apuntó a destruir
estos antecedentes para hacerse con el poder total. Arriagada dice que para lograr esto, fue
inevitable que la sociedad se polarizara, por lo cual aumentó la violencia política, situación
que bajo ese contexto sin duda llevó a la caída del gobierno de Salvador Allende.

Más tarde el autor publica, tal vez su obra más conocida, titulada “Por la Razón o la Fuerza.
Chile Bajo Pinochet”55, en 1998, libro en que realiza un recorrido histórico por todo el
Régimen Militar. En este obra describe como Pinochet se encarga en destruir todo al
articulado social en protección de los trabajadores y clases más desprotegidas que tanto el
gobierno de Frei como el de Allende habían construido. También construye la historia de la
oposición al Régimen Militar, desde la perspectiva de una negociación por la vía de los
pactos, para lo cual trata desde la Alianza Democrática y el Acuerdo Nacional hacia delante

54
55
ARRAIGADA, GENARO. “Por la Razón o la Fuerza. Chile Bajo Pinochet”. Editorial Sudamericana,
Santiago - Chile, 1998.

61

CAPÍTULO I

hasta la salida de Pinochet del poder, explicando que tanto el triunfo del NO, como de los
gobiernos de la Concertación en los períodos siguientes se enmarca dentro de una nueva
etapa de la historia nacional, en donde desde su perspectiva, la gestión de estos ha tenido
gran éxito.

El autor señala que el gobierno de Pinochet es fuente de experiencias contradictorias y
variadas, en donde la política transcurre bajo la represión de una dictadura brutal, junto al
mayor experimento económico liberal donde se da la experiencia más militarizada de su
historia, con un ejercito no actor sino instrumento político en manos de su comandante en
jefe en un país donde la oposición democrática se enfrenta a un Estado Autoritario y
monolítico.

Se presenta la etapa del gobierno de Salvador Allende, como un período en la historia de
Chile, en donde la sociedad estaba jugando un rol fundamental gracias a su participación
política, la que se ve coartada por el golpe militar, apoyado por quienes creían que esta
participación popular era la primera etapa para la consolidación definitiva del marxismo, lo
que junto a las diferentes crisis de la época justificarían el golpe desde el punto de vista de
los militares y de la derecha de esta difícil época de la historia nacional.

C) Paul Drake e Iván Jaksic

A estos dos autores los tomamos en el análisis de forma conjunta ya que en sus
obras la manera de trabajar es justamente juntos, lo cual entrega una mayor riqueza de ideas
y análisis más profundos, detallados y completos en relación a otros autores. Dentro de sus
obras y sobre todo de sus numerosos artículos sobre la transición en Chile, presentes en
muchas recopilaciones de carácter internacional, fundamentalmente hechos en o publicados
en Estados Unidos, ya que ambos se desempeñan allí, Paul W. Drake fue decano de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de California, en San Diego, Estados
Unidos, también fue presidente de la LASA, Latin American Studies Association y director

62

CAPÍTULO I

de comité académico del Social Science Research Council (SSRC), tiene entre sus obras
“Socialism and Populism in Chile” en 1978, “The Money Doctor in The Andes” 1989,
“Labor Movements and Dictatorships: The Southern Cone in Comparative Perspective” en
1996, además de contar con varias compilaciones sobre política latinoamericana en general.
Por su lado Iván Jaksic es profesor de historia y miembro del Instituto Kellogg de Estudios
Internacionales en la Universidad de Notre Dame, dentro de sus obras destacan “Academic
Rebels in Chile” en 1989, “Selected Writings of Andrés Bello” y de una serie de estudios
de historia política e intelectual de América Latina incluyendo varias compilaciones.

Dentro de sus trabajos conjuntos, destacamos por ejemplo “The Struggle for Democracy in
Chile” (Lincoln: University of Nebraska Press, 1991), publicado en Chile bajo el título de
“El Difícil Camino Hacia la Democracia en Chile”, editado por FLACSO en 1993, en
donde se evalúa el período de 1982 a 1990, empezando con la crisis económica y el inicio
de las protestas hasta el traspaso de mando en 1990. En esta obra se analizaban, como
señalan los mismos autores en el prefacio de “El Modelo Chileno. Democracia y Desarrollo
en los Noventa”, que “nuestro análisis se concentraba en los principales actores políticos y
sociales (partidos, empresarios, movimientos sociales, fuerzas armadas, etc...) que habían
tenido una gran ingerencia política durante el período”56. Y señalan que a partir de la
década de los noventa en Chile ya no existían los mismos actores políticos centrales de la
época anterior, los temas eran más complejos y difíciles de tratar, los debates cada vez más
ausentes y menos polarizados, con lo que se desprende que los autores pretenden señalar
que el proceso de transición es en gran parte un proceso de continuidad con respecto a la
obra del Régimen Militar de Augusto Pinochet en varios aspectos debido en gran parte al
marco constitucional que brinda la Constitución de 1980 y al proceso de despolitización de
la sociedad iniciado en este mismo período.

Esta obra se compone de dieciocho trabajos de buen nivel académico de autores chilenos y
norteamericanos, que se agrupan en tres temáticas de trabajo: economía, gobernabilidad y
movimientos sociales y temas político-culturales. Los autores son Patricio Meller, Helia
Henríquez, Marcel Claude, Dagmar Raczinski, Andrés Allamand, Claudio Fuentes, Alfredo

56
Op. Cit., DRAKE, PAUL; JAKSIC, IVÁN, pág. 7.

63

CAPÍTULO I

Riquelme, Jorge Correa, Elizabeth Lira, Gonzalo de la Maza, Alfredo Rehren, Paulina
Veloso y Sergio Marras, y los norteamericanos Kurt Weyland (U. de Vanderbilt), Peter
Siavelis (U. de Forrest), Lisa Hilbink (U. de California), Brian Lovemann (U. de San
Diego), Florencia Mallon (U. de Wisconsin), Lisa Baldez (U. de Washington).

Abarcando temas como los derechos humanos, la participación electoral y política de la
ciudadanía, la situación económica, el papel y desempeño de las distintas instituciones
nacionales, este conjunto de artículos -atravesados por un espíritu cuestionador de la
imagen del país- analiza desde variados ámbitos los retos, alcances y frustraciones de la
incipiente democracia chilena.

D) Carlos Hunneus

Carlos Huneeus Madge, abogado de la Universidad de Chile, Master in Arts en
Political Behaviour, Universidad de Essex y PhD en ciencia política, Universidad de
Heidelberg. Es profesor adjunto del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y director ejecutivo de la Corporación CERC. Fue profesor
visitante de la Universidad de Siena, Italia y Tinker Visiting Professor, Columbia
University. Ha sido becario de las fundaciones Adenauer y Humboldt Stiftung y obtuvo la
beca Guggenheim 2003 para escribir un libro sobre el liderazgo en la transición y el papel
de Patricio Aylwin.

Entre sus publicaciones destacan “La Unión de Centro Democrático y la Transición a la
Democracia en España” (Madrid, 1985), “Los Chilenos y la Política: Cambio y
Continuidad en el Autoritarismo”57 de 1987 . esta será una obra la cual utilizaremos en
nuestro trabajo ya que en esta el autor plantea una serie de elementos referentes a la acción
del país en su conjunto en torno al Régimen Militar, trabajo, en el cual rescatamos las

57
Op. Cit., HUNNEUS, CARLOS.

64

CAPÍTULO I

reseñas que hace sobre el acercamiento de la oposición y las estrategias que desarrollo para
hacer frente al gobierno de Pinochet.

Luego escribió otras obras importantes como por ejemplo, “El Régimen de Pinochet” del
año 2000. Ha publicado artículos en revistas académicas, como Journal of Latin American
Studies, German Politics, Revista Italiana di Scienza Politica, Revista Española de
Investigaciones Sociológicas, Revista de Estudios Políticos.

E) Edgardo Boeninger

Edgardo Boeninger es un connotado personaje de la política vida nacional. Nace el
23 de Agosto de 1925., Luego se titula de Ingeniero Civil en la Universidad Católica de
Chile durante 1950, y más tarde de Ingeniero Comercial - Economista por la Universidad
de Chile en 1960. Luego cursa estudios de Ciencia Política en la Universidad de California,
en Los Ángeles durante el año de 1975. fue Vicepresidente del Partido Demócrata
Cristiano en el período comprendido entre 1987 –1989, por lo cual le tocó vivir intensos
momentos durante esos agitados años, en los cuales su partido encabezaba el proceso para
por la vía de las elecciones poder derrotar a Pinochet y retornar a la democracia. A su vez
ocupó el cargo de Coordinador Relaciones Políticas y Programa de Gobierno de la
Concertación de Partidos por la Democracia entre 1988 – 1989, siendo más tarde
nombrado Ministro Secretario General de la Presidencia de la República de Chile durante
todo el período de gobierno de Patricio Aylwin entre Marzo de 1990 a Marzo 1994.
Actualmente es Senador de la República de carácter institucional desde 1998.

De este autor ocuparemos una las obras más conocidas en el campo de las ciencias políticas
nacionales, nos referimos a “Democracia en Chile: Lecciones Para la Gobernabilidad”58.
En esta obra el autor señal que la elección presidencial de 1964 se desarrolló en un

58
BOENINGER, EDGARDO. “Democracia en Chile. Lecciones Para la Gobernabilidad”. Editorial Andrés
Bello, Santiago – Chile, 1997.

65

CAPÍTULO I

ambiente inusualmente polarizado, lo que habría beneficiado la nueva postura la
“revolución en libertad” de Frei y la Democracia Cristiana. En este período los bloques se
atrincheraron y esto hizo que asumiera Allende en 1970, en condiciones políticas difíciles y
un clima de tensión que ya era un obstáculo para su gobierno, el que se desmoronó el 11 de
Septiembre del 73 de modo dramático y violento que produjo la ruptura de la democracia,
ya que se había perdido la capacidad de establecer acuerdos políticos que mantuvieran una
estabilidad que permitiera a los diferentes actores políticos el poder desarrollarse de manera
apetecible para ello, lo que derivó en el colapso y la pérdida de la democracia participativa
en manos de los militares. Por su parte esta obra es de gran interés para nuestro trabajo ya
que realiza una análisis bastante acabado de todo el proceso de acercamientos, consensos y
pactos entre los diferentes grupos opositores durante el Régimen Militar, para luego tratar
el retorno a la democracia durante el gobierno de Patricio Aylwin. Como ministro de este
gobierno su imparcialidad en algunos análisis parece trastocado, pero de igual manera
realiza un trabajo totalmente detallado de los elementos necesarios para la realización de un
proceso transicional completo, que desde su óptica se cumple bajo el mandato de Aylwin,
aunque reconoce que el tema desde ese momento en adelante es como perfeccionar y
democratizar más la instancias que ya se poseen.

66

CAPÍTULO I

2. E.- LA HISTORIOGRAFÍA DE ESTE PERÍODO DESDE LA PERSPECTIVA DE
LOS CRONISTAS

La crónica es un género dentro de la historia de mucha importancia, ya que es el
género que suele conservar las fuentes, que los análisis poco a poco van dejando de lado.
Los cronistas que se nombran a continuación son reconocidos por realizar un trabajo serio y
objetivo, de trabajar cercanamente a los hechos y de poseer una gran cantidad de fuentes,
ya sean escritas o audiovisuales, por medio de la recopilación de videos sobre discursos o
noticiarios principalmente. La crónica principalmente la usaremos a lo largo del trabajo,
como un instrumento para localizar los hitos más importantes dentro del período en estudio
y para conocer ciertos detalles, como por ejemplo discursos o noticias, que muchas veces el
historiador o el cientista político no abordó en su trabajo.

Por su parte el problema de la crónica, es que en muchas parte de los trabajos, carecen del
análisis necesario de que cada autor debe dar a sus obras. Sin embrago en el caso d estos
dos autores que aquí se presentan, afortunadamente este no es el caso. Lamentablemente es
difícil deducir la visión del autor sobre si la transición ha terminado o no, ya que los libros
sobre el tema de la transición de ambos autores, solo relatan los hechos hasta 1998, por lo
que por lo menos deja entrever que la transición probablemente desde sus posturas se
extienda u poco más allá de la fecha en que llegan a relatar.

A) Ascanio Cavallo

Ascanio Cavallo, nacido en 1957, se titula de la carrera de periodismo en 1978
luego de haber estudiado en la Universidad de Chile. Inicia su trabajo periodístico en la
revista “Hoy”, donde llegó a ocupar el cargo de editor político. En 1978 fue nombrado
editor general del diario “La Época” y en 1993 asumió la dirección del mismo. Entre los
años de 1995 y 1998 dirige la revista “Hoy”. Su labor como periodista y escritor ha sido
reconocida con los premios S. I. P., en 1988, Embotelladora Andina en 1993 y el premio de

67

CAPÍTULO I

la Academia Chilena de la Lengua en 1998. Junto con esta prolífica labor periodística, es
crítico de cine, profesor universitario y columnista político. Dentro de sus obras de corte
político y que abordan el tema de la transición a la democracia en Chile, encontramos, “Los
Hombres de la Transición” en 1992, “Memorias del Cardenal Raúl Silva Henríquez”,
escrito entre los años de 1991 y 1994. Conjuntamente con Manuel Salazar y Óscar
Sepúlveda escribe “La Historia Oculta del Régimen Militar. Memoria de Una Época 1973 -
1988” 59 en 1997, conjuntamente con Manuel Salazar y Oscar Sepúlveda. Esta obra será
muy importante para dar cuenta de manera más detallada, del proceso de acercamientos
entre los distintos grupos de la oposición al Régimen Militar, como también así d una serie
de hechos menores como reuniones o conversaciones entre los dirigentes opositores, que
más tarde se convirtieron en importantes acuerdos, ya que la crónica permite el seguimiento
de un hecho específico con mayor exactitud.

Esta última obra un éxito de ventas que impuso la necesidad de investigar desde el punto de
vista periodístico los acontecimientos acaecidos durante el período de la transición chilena
a la democracia, con material recopilado tanto en Chile, como en lugares del extranjero
como La Habana, Madrid, Moscú, Bonn, Washington, Buenos Aires entre otros. De esta
forma nace su obra más importante para el estudio de este período, “La Historia Oculta de
la Transición. Memoria de una Época: 1990 – 1998”60. Esta obra se caracteriza por un
seguimiento detallado de los hechos más importantes del proceso de transición, teniendo
como elemento unificador el proceso transicional desde la perspectiva política. La visión
que entrega el autor en esta obra aporta mucho a este trabajo, ya que no solamente se limita
a detallar y puntualizar por medio del relato los distintos acontecimientos, sino también
brinda interpretaciones sobre ellos, apoyándose en declaraciones y otras fuentes
contemporáneas al hecho estudiado.

59
CAVALLO, ASCANIO; SALAZAR, MANUEL; SEPÚLVEDA, OSCAR. “La Historia Oculta del
Régimen Militar. Memoria de Una Época 1973 - 1988”, Editorial Grijalbo y Grupo C – Mondadori, Santiago
– Chile, 1997.
60
CAVALLO, ASCANIO. “La Historia Oculta de la Transición. Memoria de una Época: 1990 – 1998)”,
Editorial Grijalbo, Santiago – Chile, 1998.

68

CAPÍTULO I

B) Rafael Otano

Es licenciado en Teología y diplomado en Lenguas Clásicas de la Pontificia
Universidad de Salamanca, español. Rafael Otano, llega a Chile por primera vez en 1969,
donde obtiene en la Pontificia Universidad Católica el título de periodista, que ejerció en
las revista “Mundo” y “Apsi”, donde finalmente en 1977 vuelve a España, regresando cerca
del año 1989. Muy inmiscuido en el proceso político que se daba en Chile desde 1970 con
la asunción de Salvador Allende al gobierno, el posterior Golpe Militar de 1973, el
Régimen Militar y luego todo lo relacionado al proceso de transición a la democracia. De
este interés por el proceso político y como fruto de su labor periodística nace el libro
“Crónica de la Transición”61, editado por Planeta en 1995, en donde indica el título, en
forma de crónica analiza el proceso de la transición, partiendo desde un seminario en 1984
que es el que se trata en este apartado, hasta el 11 de Marzo de 1994, cuando Eduardo Frei
Ruiz – Tagle asume la presidencia del país.

En la obra “Crónica de la Transición”, Otano, desarrolla un trabajo muy parecido al que
realiza Ascanio Cavallo, con la salvedad, de que su relato comienza desde 1984, con una
reunión en el hotel Tupahue, que consintió en un seminario, donde Patricio Aylwin expuso
su famosa tesis de eludir el tema de la legitimidad de la Constitución de 1980, para de esta
manera terminar con las diferencias entre la oposición y poder derrotar al Régimen Militar
de manera organizada, tesis que si bien sorprendió en ese momento, terminó imponiéndose
como estrategia para afrontar el plebiscito de 1988. de esta manera Otano, a parte de relatar
los hechos va entregando su visión sobre estos, lo que desde este primer momento resulta
interesante, ya que como autor plantea una fecha posible para el inicio del proceso de
transición, aunque lamentablemente al igual que en el caso anterior, al ser su obra del año
1995, no permite tener su visión sobre si pensaba que la transición terminaba o no luego del
gobierno de Aylwin, aunque por el tipo de análisis que realiza de critica a la Concertación
por aceptar muchas de las imposiciones del Régimen Militar, pareciese que adhiere a la
tesis de que la transición no había terminado hasta por lo menos el año 1998.

61
OTANO, RAFAEL. “Crónica de la Transición”, Editorial Planeta, Santiago – Chile, 1995

69

CAPÍTULO I

3.- LA DISCUSIÓN HISTORIOGRÁFICA

La transición a la democracia en Chile si bien no se entiende sin el cambio de
mando del 11 de Marzo de 1990, en que el régimen militar encabezado por Augusto
Pinochet debe dejar la presidencia de Chile en manos de Patricio Aylwin, debido a el
resultado del plebiscito de 1988, no puede considerarse más que como uno de los hitos
importantes en el proceso de transición. Si bien es muy importante y significativo que
Augusto Pinochet haya renunciado al poder en esa fecha, permitiendo que las autoridades
elegidas por el país de manera democrática asumieran sus cargos en la Moneda y el
Congreso, no significa de ningún modo que el proceso de transición se cerrara con aquél
hito. A nuestro entender es sólo la mitad del proceso, ya que desde ese momento quedaba
abierta la tarea de consolidar la democracia y asegurar la gobernabilidad del país, a través
de políticas democratizadoras que tuviesen una amplia cobertura tanto a nivel social como a
nivel político, institucional y económico.

Chile se vislumbraba entonces como un modelo exitoso de transición tanto a nivel
latinoamericano como a nivel mundial. Se sentía un éxito político dentro del país por la
forma en que se iba dando el proceso de transición, y es por ello que empieza a debatirse si
este aparente éxito era o no gracias a los límites político – institucionales, económicos y
sociales que el régimen militar había impuesto con las Constitución de 1980 y sus reformas,
al dejar instituida para este período una “democracia protegida”.

El proceso de transición posee variadas interpretaciones, tanto en su significado, duración y
alcances, y en que cada sector político y social tiene su propia visión sobre estos puntos. En
este sentido debemos destacar y tener en cuenta cada una de estas interpretaciones para
poder entender el real alcance del proceso en nuestra vida como país. Por un lado, la visión
de izquierda, desde el punto de vista de Edgardo Boeninger, puede entenderse como un
proceso que no se habrá completado “mientras no se hayan eliminado los últimos vestigios
de la democracia protegida, bautizados por la Concertación como “enclaves autoritarios” o
“Válvulas de seguridad” del régimen saliente (senadores designados, noción de las Fuerzas
Armadas como garantes de la institucionalidad, inamovilidad de los comandantes en jefe y,

70

CAPÍTULO I

en general, excesiva autonomía militar respecto del poder político, Consejo de Seguridad
Nacional), vale decir, mientras no culmine la total transferencia del poder a la soberanía
popular”62 . En este mismo contexto Boeninger señala que desde la perspectiva de izquierda
(aunque no señala la tendencia política de esta línea de pensamiento, entrega elementos
clarificadores, para poder deducir de que se refiere a la postura izquierdista), la transición
no ha terminado ni siquiera después de siete años de gobierno democrático (teniendo en
cuenta que Edgardo Boeninger escribe “Democracia en Chile. Lecciones Para la
Gobernabilidad”, en el año de 1997).

Por su parte Boeninger señala que desde el punto de vista de la derecha, la transición
terminó con la transmisión del mando al Presidente Aylwin y la instalación del Congreso
Nacional, “interpretación que corresponde a una intencionalidad política exactamente
opuesta a la anterior, pues pretende indicar que el régimen político no requería de
innovación alguna después de la instalación del nuevo gobierno. Dicho de otra manera, se
afirma la validez permanente de la institucionalidad vigente, incluidas las disposiciones
cuestionadas por la Concertación”63 .

A estas visiones el autor se apronta a dar la suya, que en relación al análisis historiográfico
realizado en un principio, podemos situar su visión en el espectro de la historiografía de
centro. Boeninger textualmente señala que “Creo más apropiado sostener que la transición
a la democracia debía considerarse terminada en cuanto desapareciera todo riesgo de
regresión autoritaria, lo que ciertamente nadie habría osado afirmar al 11 de Marzo de
1990. En estos términos se define aquí la primera tarea del gobierno de Aylwin. La
eliminación de los enclaves autoritarios pasa a ser parte de la consolidación, refiriéndose
como una tarea de perfeccionamiento de las instituciones democráticas”64 . De esta cita se
desprende que el autor señala que una vez eliminados los enclaves autoritarios y
perfeccionando las instituciones democráticas la transición habría terminado, pero
evaluando la situación del desarrollo político y social del país en estos últimos años, se

62
Op. Cit., BOENINGER, EDGARDO, pág. 380.
63
Idem, pág. 380.
64
Idem, pág. 380.

71

CAPÍTULO I

puede señalar que los enclaves autoritarios no han sido eliminados ya que hay muchos
poderes fácticos que frenan el avanzar del gobierno en este sentido y por otro lado el
proceso de despolitización y desmovilización de la sociedad iniciado durante la dictadura
de Pinochet no ha ido más que ir en aumento lo que se refleja ciertamente por ejemplo en la
baja inscripción e incluso interés de los jóvenes en la participación política como lo es el
caso de los registros electorales.

La ciencia política, las ciencias sociales y la historia, estuvieron marcadas durante
principalmente la década de 1980 en el estudio comparado de los distintos retornos a la
democracia, debido a la gran ola de goles militares durante los años de 1960 t 1970, lo que
trajo la imposición de muchos gobiernos autoritarios, tanto en Europa del Este, como en
Latinoamérica. De esta manera nació un grupo de estudiosos, que más tarde pasarían a ser
autores clásicos en este tema como O’ Donnell, Schmitter y Whithead. Son autores que más
que los procesos de transición específicos de cada país latinoamericano, se preocupan por el
análisis global del período regional en Latinoamérica, así como también se ocupan de un
modelo y a través de este suelen realizar paralelismo o análisis comparados de los
diferentes procesos transicionales latinoamericanos.

Debemos decir, que en Chile “En el continuum de flujos analíticos tenemos que en su
primer momento la preocupación estuvo centrada en las causas que provocaron el derrumbe
de las democracias y las condiciones de estabilidad de los regímenes autoritarios. En un
segundo momento, el interés se desplaza a las causa, condiciones y tipos de transición a la
democracia y su consolidación”65. Es decir, se pasó del análisis del gobierno de la Unidad
Popular y de las razones del debilitamiento de la democracia como causa para el golpe
militar a tratar el tipo de transición que iba a tener lugar en Chile como por ejemplo si esta
iba a ser pactada, vía ruptura, etc...

En cambio, “Hoy en día, después de diversas oleadas electorales y a la luz de las
dificultades sociopolíticas y económicas por las que atraviesan la mayoría de los sistemas

65
Op. Cit, CAÑAS KIRBY, ENRIQUE., pág. 16.

72

CAPÍTULO I

democratizados, existiría el peligro de tener que priorizar más que los estudios sobre las
condiciones de la consolidación, los análisis sobre la supervivencia o fallecimiento de las
amenazas de nuevos ciclos de desestabilización, o lo que se llama “des – democratización”
de estos sistemas”66. Es decir, el estudio en la actualidad se ha centrado a establecer si hay
ciertos elementos que en un caso determinado pueden hacer volver al país y a la región al
clima confrontacional de la década de los ’60 y ’70, con la cual se perdió la democracia,
por ello el tema va a ser como democratizar más la sociedad para no tener el riesgo que esta
situación vuelva a suceder.

De esta manera en nuestro país, podemos señalar que una vez ya en proceso de transición,
la temática tomó el rumbo hacia la gobernabilidad, sus problemáticas y su aseguramiento,
bajo el pretexto de que el ,tema ahora de debía ser el perfeccionamiento de las entidades
democráticas del país y tener la tranquilidad de que no se podían ir provocando retrocesos
en materias en las cuales los gobiernos de la Concertación en el caso chileno estaban
avanzando, aunque para ellos tuvieran que sacrificar o desplazar temas igualmente
importantes como los derechos por ejemplo. De esta manera surge una gama de obras que
“permite advertir cierta catatonia política de la élites estatales e intelectuales, formada por
la búsqueda obsesiva del “consenso” y por intentos de justificación mediante la
proliferación de ensayos “oficiales””67, como por ejemplo el de Edgardo Boeninger,
“Democracia en Chile: Lecciones Para la Gobernabilidad”, del cual tratamos en la revisión
bibliográfica. Este autogenerado ambiente de conformidad con el medio político chileno es
roto por Tomás Moulián en 1997 con el lanzamiento de su obra “Chile Actual: Anatomía
de un Mito”, en el cual saca la voz ante el gobierno militar y los primeros años de la
transición, en un clima que se había vuelto no solamente autocomplaciente, sino también
censurador, como por ejemplo con la obra de Francisco Martorell “Impunidad
Diplomática” (1993) o “El Libreo Negro de la Justicia Chilena”de Alejandra Matus en
1999, los que pusieron en el tapete la fragilidad del derecho de expresión en este sistema
democrático, en donde los poderes fácticos siguen operando.

66
Ibidem, pág. 17.
67
Op. Cit., MENÉNDEZ AMPARO; JOIGNANT , ALFREDO., pág. 14.

73

CAPÍTULO I

Por su parte para Luis Vitale “Entre 1964 y 1994 hubo tres tendencias historiográficas
absolutamente distintas una de la otra, que correspondían a los intereses de diferentes
grupos sociales. Todos los trabajos históricos relevantes de ese periodo se adscribieron a
esas tendencias, presentando matices y compromisos distintos con los tres proyectos
sociales, pero lo central es que ninguno quedó indiferente al debate”68. De esta manera la
historia escrita habría cumplido un rol adoctrinador, ya que “fue determinante –en sus
presupuestos teóricos y metodológicos- con una línea acorde a los tres proyectos, y el
resultado de los trabajos históricos producidos sirvió para reforzar las ideas de los
proyectos en juego”69.

Dentro de la historiografía de derecha, y apoyándonos en el balance historiográfico que
hace Luis Vitale, podemos encontrar autores como Gonzalo Vial Correa, continuo
protagonista de la historiografía nacional de estos últimos cuarenta años gracias a u
asistencia a conferencias, seminarios y obras, sin dejar de lado su rol como Ministro de
Educación durante el régimen militar.

Junto a Gonzalo Vial, hay otro historiador de derecha presente constantemente en el debate
historiográfico, como lo es Ricardo Krebs. Estos dos historiadores, para el período histórico
que nos interesa analizar, podemos señalar que adhieren al proyecto militar, encabezado por
Augusto Pinochet, palpable en sus obras cuando se refieren al gobierno de Eduardo Frei
Montalva com un período en que la política se fue polarizando gracias a su soberbia, por lo
que la Democracia Cristiana tendría la culpa de la llegada de Salvador Allende a la
presidencia del país, para dar paso a una etapa de total decadencia de todas las
instituciones, de la política, economía y de la sociedad en general. Es por ello que las
Fuerzas Armadas intervienen de forma militar a través del “pronunciamiento militar” (este
es otro concepto para lo acaecido el 11 de Septiembre de 1973, y que varía desde una
concepción política a otra), en donde se iniciaría una nueva etapa en la vida nacional,
destacándose por su orden y progreso, desde el punto de vista de esta tendencia.

68
OCTAVIO; SALAS, VERÓNICA; PIWONKA, GONZALO., pág. 44, artículo de Luis Vitale.
69
Idem, pág. 44.

74

CAPÍTULO I

Dentro de los historiadores que denominamos de centro (tanto por una razón de orientación
política, como por realizar la historia de las capas medias de la sociedad chilena, la llamada
mesohistoria), se encuentran Sergio Villalobos y Cristián Gazmuri. A estos dos exponentes
de la historiografía de centro los podemos considerar como concientes ante las injusticias
político y sociales de este último período de la historia de Chile, y según opinión de Luis
Vitale, están de acuerdo en la necesidad que tenía Chile de llevar a cabo una serie de
reformas que mantengan a las capas medias como vanguardia de los procesos de cambio,
proceso que según ellos se inicia ya con la llegada de Arturo Alessandri a la presidencia de
Chile en 1920, sigue con algunas obras específicas de los gobiernos del Frente Popular
como la creación de la CORFO (durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda en 1939) y un
mayor rol del Estado en cuanto a su participación en la producción económica nacional. Es
una tendencia que apoya los proyectos impulsados durante el gobierno de Eduardo Frei
Montalva, destacando por sobre todo los resultados y áreas de influencia política de cada
uno de ellos.

La otra corriente historiográfica que comprende nuestro análisis historiográfico de este
período es la de izquierda. Esta de por sí tiene varias corrientes de pensamiento dentro de
ella, como el marxismo, socialismo o comunismo entre las más importantes, por lo que a la
hora de tratar de clasificarlas es imperativo tomar en cuenta la propia clasificación que se
da el autor. A grandes rasgos la tendencia de izquierda realiza una crítica global, tanto
política, económica y social al quiebre democrático de 1973 y para el contexto que nos
interesa al proceso de transición a la democracia. Dentro de estos autores se encuentran
Luis Vitale, quien se define en el trabajo aparecido el libro “Para Recuperar la Memoria
Histórica. Frei, Allende y Pinochet”, como un historiador marxista clásico70. El propio Luis
Vitale denomina a Tomás Moulián y Gabriel Salazar, como autores con “sensibilidad
marxista”, entendiéndose este término como una influencia directa por los postulados del
marxismo, pero sin serlo. Además el propio Vitale, señala como otros autores importantes
para la tendencia de izquierda a Julio César Jobet, Marcelo Segall, Alejandro Chelén y
Hernán Ramírez, autores según su propuesta importantes, pero no de tanta connotación y
repercusión historiográfica como los nombrados anteriormente.

70
Ibidem, pág. 92.

75

CAPÍTULO I

También es muy importante la actividad que han desarrollado los centros académicos
independientes o institutos de investigación como FLACSO, CSD, SUR, CERP, que es en
realidad los que a través de sus actividades y publicaciones han mantenido en el tapete el
tema de la transición y la gobernabilidad, s decir podemos señalar que a falta de espacios,
ellos han sido en gran parte el escenario del debate durante estos últimos años, a falta de
otras instancias.

De aquí han surgido debates como si la transición chilena a la democracia ha sido pactada
o no, tema que es trabajado por Oscar Godoy a lo largo de algunos artículos, entre los que
destaca “La Transición Chilena Hacia la Democracia Pactada”71, en el cual plantea de que
la transición se ha basado en un pacto expreso tanto entre las fuerzas democráticas como
con el legado del Régimen Militar en casos específicos como las reformas a la Constitución
de 1980. Pero por su parte también el autor habla de un pacto tácito como por ejemplo el
que involucró la aceptación por la oposición de la inclusión de las Fuerzas Armadas y de
Orden en el proceso político, el fuero parlamentario de la persona de Augusto Pinochet
(como senador vitalicio) y la intangibilidad de la ley de amnistía, decretada por el mismo
Régimen Militar. También del mismo autor otro interesante artículo es “Algunas Claves de
la Transición Política en Chile”72, en el que trabaja en el lapso de tiempo acontecido entre
el plebiscito de 1988 y las reformas constitucionales de 1989 en un temática consensuada
entre gobierno y oposición bastante parecida a la del trabajo anterior.

Finalmente creemos que el tema en la actualidad debe basarse en la pregunta sobre que
democracia se quiere cuando se habla de transición: o volver a la democracia que había en
1973 (redemocratizar) o crear una nueva democracia (democratizar), ya que los contextos
son muy diferentes al igual que la situación del país, con lo cual los autores hablan del
proceso de transición pero no han definido que tipo de democracia debe imponerse en el
país para cerrar el proceso de transición o de retorno a la democracia.

71
GODOY A., OSCAR. “La Transición Chilena a la Democracia: Pactada”. En “Estudios Públicos” Nº 74,
Chile, otoño 1999.
72
GODOY A., OSCAR. “Algunas Claves de la Transición Política en Chile”. En “Estudios Públicos” Nº 38,
Chile, 1990.

76

CAPÍTULO II
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA TRANSICIÓN Y SUS PROBLEMÁTICAS

CAPITULO II

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA TRANSICIÓN Y SUS
PROBLEMÁTICAS

DESARROLLO DEL ACERCAMIENTO, CONSENSO Y PACTO

77

CAPÍTULO II

CAPITULO II

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA TRANSICIÓN Y SUS
PROBLEMÁTICAS

DESARROLLO DEL ACERCAMIENTO, CONSENSO Y PACTO

P A R T E I

DESARROLLO HISTÓRICO DE LA TRANSICIÓN

1.- INTRODUCCIÓN

Intentar fijar una fecha para el comienzo de un proceso tan complicado y con tantas
vertientes como es el caso de la transición chilena hacia la democracia, es sin duda difícil,
por que cada persona posee un propio concepto de transición, por lo cual puede fijar un
propio comienzo para este proceso y obviamente puede fijar su propio final. De esta
manera algunas reuniones, actos, manifestaciones, problemas políticos o coyunturas
específicas podrían ser tomadas como fecha de inicio para la transición a la democracia en
Chile, inclusive antes de la promulgación de la Constitución de 1980, instancia en la cual

78

CAPÍTULO II

por primera vez se habló bajo fechas específicas del inicio de un proceso de transición a la
democracia, lo que constituye a su vez el inicio de esta desde la perspectiva del Régimen
Militar y de la mayoría de los sectores de la derecha.

Lo cierto es que como se dijo al principio el intentar fijar una fecha de inicio a este proceso
va en estricta relación con lo que se entienda por transición, es por ello, que en esta parte de
esta investigación se intentará analizar una situación en particular, que por su especialidad e
importancia nos permita determinar cuando empezó realmente este proceso de transición a
la democracia en Chile, desde las tres posiciones que hemos estudiado anteriormente, así
como también ciertos elementos que han dificultado este proceso de transición hacia la
democracia en Chile, para de esta manera entregar una visión completa de todos los
elementos involucrados en este proceso, como por ejemplo lo han sido los denominados
“enclaves autoritarios” o los “amarres constitucionales”.

En la primera parte de este se analizaran los distintos intentos por alcanzar el retiro del
gobierno militar a través de principalmente dos líneas de acción: por un lado a través de los
acuerdos formulados principalmente desde la oposición a través de las grandes
movilizaciones de 1983, o más tarde conjuntamente con actores políticos de la derecha
cercanos al Régimen Militar, pero que ya pensaban que este había estado suficiente tiempo
a cargo del país como es el caso del “Acuerdo Nacional” en donde la Iglesia jugó un
importante rol como promotor, representante y garante de este acuerdo, el cual fue
finalmente rechazado por el Régimen Militar, más directamente en persona por Augusto
Pinochet.

Luego de otras iniciativas de carácter social como la “Asamblea de la Civilidad” u otros
movimientos o acciones que no prosperaron, se pone fin a lo que sería la búsqueda de una
ruptura con el Régimen Militar. Este período desde la perspectiva analítica de Enrique
Cañas Kirby, sería el denominado modelo de “transición vía ruptura”, es decir, donde la
oposición al régimen busca aglutinarse y por medio ya sea de la presión social o del
acercamiento con las fuerzas de derecha que creen que debe terminarse este período
autoritario, proponen por la vía de la fuerza la eliminación del Régimen Militar, que Cañas

79

CAPÍTULO II

Kirby establece entre 1983 con la grandes manifestaciones producto de la mala situación
económica por la que atravesaba el país por esos años y que debido a la presión popular
harían caer a la dictadura, hasta fines de 1986, en donde fracasan tentativas transicionales
del fin del régimen como por ejemplo la realizada por la “Asamblea de la Civilidad”,
creadora de la “Gran Demanda” que planteaba la “restitución de la soberanía popular para
reestablecer la democracia” 73, o el “Acuerdo Nacional” o la “Conferencia Episcopal”, que
junto con otras iniciativas fueron o rechazadas totalmente por el régimen o reprimidas
duramente, período que concluye con el atentado que realizara el FPMR en contra de la
vida de Augusto Pinochet, el cual falla y deja muertos a cinco de sus escoltas. Este hecho
tuvo como consecuencia que inmediatamente al atentado se diera la “reimplantación del
estado de sitio, que dificultó drásticamente las posibilidades de articulación de la oposición,
neutralizando, entre otras, la acción de la Asamblea de la Civilidad; el asesinato de cuatro
funcionarios comunistas, el arresto de numerosos activistas y prominentes políticos de
izquierda y la reimplantación de la censura contra diversos medios de información
opositores como Hoy, Cause, Análisis y La Bicicleta”74.

De esta manera toda tentativa de conversación con el Régimen Militar quedó eliminada, así
como también cualquier intento por la vía de la ruptura, ya que se dimensionó en gran
medida el gran poder que ejercía el régimen dictatorial en la sociedad chilena, por lo que no
quedaba otro método para regresar a la democracia que someterse al itinerario
constitucional que había trazado el Régimen Militar para dejar el cargo, por lo cual ahora
este modelo de transición vía ruptura debe cambiarse a un modelo de transición vía
transacción, para asegurar que el Régimen Militar cumpliera este itinerario y se pudiera
realizar el plebiscito de 1988, que era la única vía para terminar con el régimen, si es que
ese plebiscito se ganaba.

Es así como en esta primera parte del capítulo analizaremos los estos distintos hechos que
se pueden considerar como hitos del proceso de la transición en Chile, a partir de las
primeras fechas que cita la tendencia de derecha, ya que esta sitúa el comienzo del proceso

73
Op. Cit., CAÑAS KIRBY, ENRIQUE., 1997, pág. 201.
74
Idem, pág. 206

80

CAPÍTULO II

con la promulgación de la Constitución de 1980 el 11 de Marzo de 1981, hasta los hitos
más actuales que entrega como prueba la posición de izquierda para probar que el proceso
de transición (que empezaría el 11 de Marzo de 1990, con el cambio de mando entre
Pinochet y Aylwin, según la visión de la posición de centro e izquierda) no ha terminado en
nuestro país.

En la segunda parte de este capítulo se analizaran los distintos elementos que probarían que
la transición no ha terminado, fundamentalmente analizados bajo autores que avalan esta
teoría, los que a su vez serán contrapuestos por ciertos autores que refutaran los argumentos
propuestos, para de esta manera visualizar si los elementos propuestos, nos permiten o no
indicar si la transición ha terminado o no y también como esta se ha ido construyendo en
base a ciertos pactos que se han provocado a partir de algunos consensos logrados entre los
distintos grupos políticos del país.

81

CAPÍTULO II

2.- HITOS POSIBLES PARA DETERMINAR EL INICIO DEL PROCESO DE
TRANSICIÓN

Hay varios hitos que podemos considerar como punto de partida para el proceso de
transición, dependiendo de la línea de análisis y de la posición histórico – política en la cual
nos basemos. De esta manera en este punto veremos los distintos hitos, señalando el por
que de su importancia según la posición política que lo resalte a este hito. Antes de empezar
con el primer hito, el cual correspondería a la posición del Régimen Militar y de la derecha
en general, se pasará a ver un discurso que podemos tomar como antecedente del proceso
de “pre - transición”. Por pre - transición entenderemos ciertos acontecimientos acaecidos
antes de la fecha prevista por el Régimen Militar y la derecha para dar inicio al proceso de
transición, ya que estos son los primeros desde el punto de vista cronológico en señalar el
principio de la transición con la Constitución de 1980 en 1981, ya que tanto la posición de
centro como de izquierda la sitúan desde 1990. Es por ello que en esta etapa denominada
pre - transición, analizaremos a través del discurso de Pinochet, las distintas nociones que
entrega el Régimen Militar para referirse a lo que desde su punto de vista será la etapa de
transición. Posteriormente se seguirá una línea de evolución histórica de los hechos, los
cuales iremos analizando desde las tres perspectivas y a la vez señalando la connotación
que posee para cada una de ellas.

2.A.- ANTECEDENTES: EL DISCURSO DE AUGUSTO PINOCHET EN EL
CERRO CHACARILLAS EN JULIO DE 1977

Sin duda para el Régimen Militar el primer gran antecedente del proceso de
transición a la democracia en el país, es su discurso en el Cerro Chacarillas el 9 de Julio de
1977, en donde señala desde su punto de vista cuales serán los tres grandes períodos que
comprenderá su gobierno, que como ya sabemos tenía “metas pero no plazos”. De su
discurso se desprende lo que en cuanto al desarrollo histórico de los acontecimientos

82

CAPÍTULO II

ocurrirá en Chile durante su gobierno, por ello este discurso es muy importante, por lo cual
lo citaremos en las siguientes líneas:

“El proceso concebido en forma gradual contempla tres etapas: la de
recuperación, la de transición y la de normalidad o consolidación. Dichas
etapas se diferencian por el diverso papel que en ellas corresponde a las
Fuerzas Armadas y de Orden, por un lado, y a la civilidad, por el otro.
Asimismo, se distinguen por los instrumentos jurídico – institucionales que en
cada una de ellas deben crearse o emplearse.
En la etapa de recuperación, el poder político ha debido ser integralmente
asumida por las Fuerzas Armadas y de Orden, con colaboración de la civilidad,
pero en cambio, más adelante, sus aspectos más contingentes serán
compartidos con la civilidad, la cual habrá de pasar así de colaboración a la
participación.
Finalmente, entraremos en la etapa de normalidad o consolidación. El Poder
será ejercido directa y básicamente por la civilidad, reservándose
constitucionalmente a las Fuerzas Armadas y de Orden el papel de contribuir a
cautelar las bases esenciales de la institucionalidad y la Seguridad Nacional en
sus amplias y decisivas proyecciones modernas”.

Discurso de Augusto Pinochet en el Cerro “Chacarillas” 9 de Julio de 197775

En este discurso vemos que el Régimen Militar señala el futuro proceso de transición como
el momento en el cual luego de creadas las nuevas bases institucionales, el gobierno de las
Fuerzas Armadas y de Orden será asumido conjuntamente con los civiles, en donde de esta
manera se irá transitando de la colaboración a la participación, con lo cual concluiría la
etapa de transición, para dejar paso a una etapa democrática, en la cual, la democracia debía
ser tutelada y protegida por las nuevas instituciones creadas por el régimen y por la futura

75
PINOCHET, AUGUSTO. “Pinochet: Patria y Democracia”, Editorial Andrés Bello, Chile, 1983, pág. 87
– 88.

83

CAPÍTULO II

Constitución de 1980, constitución que se está creando mientras se lleva a cabo este
discurso.

De esta manera vemos como el Régimen Militar tiene su propia visión de lo que debe ser el
proceso de transición, el cual toma forma a partir de la Constitución de 1980 desde este
punto de vista, y que concluiría en 1990 con el traspaso del mando de la autoridad civil a
una democráticamente elegida, coherentemente según con el proceso o “itinerario
constitucional” previamente fijado el 11 de Marzo de 1980, día en que entra en vigencia
esta constitución. El problema de esta interpretación radica en que una vez realizado el
cambio de mando, hay muchos elementos pendientes en cuanto al régimen anterior, además
de una serie de factores conocidos como los “enclaves autoritarios” y los “amarres de la
constitución” que no permiten hablar de que la transición termina con ese hecho, sino más
bien que el cambio de mando es tan sólo un hito, aunque el más significativo desde nuestra
perspectiva, dentro del proceso de transición, que como se verá cuando se detallen los
elementos dichos anteriormente, se apreciará que la transición abarca mucho más allá de la
fecha sugerida para su fin por parte del Régimen Militar y de varios sectores de la derecha
política. Asimismo el Régimen Militar define que para dar inicio a la etapa de transición se
deben cumplir primeramente las siguientes tareas:

“Hoy nos encontramos en plena etapa de recuperación, pero estimo que los
progresos que en todo orden estamos alcanzando, nos llevan hacia la de
transición. Durante el período que falta de la etapa de recuperación, será
necesario completar la dictación de Actas Constitucionales, en todas aquellas
materias de rango constitucional aún no consideradas por ellas, como también
de algunas leyes trascendentales, como de seguridad, trabajo, previsión,
educación y otras que se estudiarán en forma paralela. De esta manera,
quedará definitivamente derogada la Constitución de 1925, que en sustancia ya
murió, pero que jurídicamente permanece vigente en algunas pequeñas partes,
lo que no resulta aconsejable.
Simultáneamente, deberán revisarse las Actas Constitucionales ya
promulgadas, en aquellas materias donde su aplicación práctica hubiere

84

CAPÍTULO II

demostrado la conveniencia de introducir ampliaciones, modificaciones o
precisiones. La culminación de todo este proceso de preparación y
promulgación de las actas constitucionales, que continuará desarrollándose
progresivamente desde ahora, estimo que deberá en todo caso estar terminado
antes del 31 de diciembre de 1980, ya que la etapa de transición no deberá
comenzar después de dicho año, coincidiendo su inicio con la plena vigencia de
todas las instituciones jurídicas que las actas contemplen.


En un acto con jóvenes efectuado en Cerro Chacarillas el 9 de Julio de 1977,
Pinochet anunció que desbordaría los límites de la restauración democrática y
crearía una "democracia autoritaria y protegida”, además de hablar por
primera vez de una etapa de transición (Fuente: Diario “La Nación”, en internet:
http://www.lanacion.cl , edición especial con respecto a los treinta años del golpe
militar).

76
PORTAL DEL BICENTENARIO DE CHILE. En Internet: http://www. bicenentenario.cl

85

CAPÍTULO II

De esta manera el discurso deja entrever la idea de crear una nueva democracia , esta idea si
bien antes es nombrada y a su vez también habían sido señalados sus principales rasgos en
otros discursos y proclamas, es tan sólo en este discurso en el Cerro Chacarillas en la cual
es definida por el propio Augusto Pinochet como manera de trasmitir el deseo de la Junta
militar de Gobierno, por eso esta nueva democracia es definida de la siguiente manera:

“Ello no señala el deber de caminar por el sendero del derecho, armonizando
siempre la flexibilidad en la evolución social, con la certeza de una norma
jurídica objetiva e impersonal, que obligue por igual a gobernantes y
gobernados. En esa perspectiva, advertimos nítidamente que nuestro deber es
dar forma a una nueva democracia que sea autoritaria, protegida, integradora,
tecnificada y de auténtica participación social, características que se
comprenden mejor cuando el individuo se despoja de su egolatría, ambición y
egoísmo.
Una democracia es autoritaria, en cuanto debe disponer de una autoridad
fuerte y vigorosa para defender a los ciudadanos de la demagogia y la
violencia, y hacer imperar un orden jurídico que asegura los derechos de las
personas, con una adecuada protección de los Tribunales de Justicia
independientes y dotados de imperio para hacer cumplir sus resoluciones.
Protegida, en cuanto debe afianzar como doctrina fundamental del Estado de
Chile el contenido básico de nuestra Declaración de Principios, reemplazando
el Estado liberal clásico, ingenuo e inerme, por una nuevo que esté
comprometido con la libertad y la dignidad del hombre y con los valores
esenciales de la nacionalidad. Consiguientemente, todo atentado en contra de
estos principios, cuyo contenido ha sido precisado en las Actas
Constitucionales vigentes, se considera por éstas como un acto ilícito y
contrario al ordenamiento institucional de la República”.


77
Op. Cit., PINOCHET, AUGUSTO., pág. 85 – 87.

86

CAPÍTULO II

Es así como vemos que los principales rasgos de esta nueva democracia debe ser su
autoritarismo, es decir, que el Estado controle a través de diversos mecanismos el ejercicio
de la democracia, ya que según la visión del Régimen Militar, es el relajamiento en el
sistema democrático y su ineficacia a la hora de hacer frente a las doctrinas totalitaria lo
que llevó a la crisis de 1973 y con ello al golpe militar. A su vez debe ser también
protegida, lo que en este discurso no se define muy claramente pero que en el futuro se
descubrirá que se hacía alusión más que nada a una democracia bajo la tutela de ciertas
instituciones que estarían por sobre las autoridades políticas del momento, instituciones que
desde el punto de vista militar debían ser las Fuerzas Armadas y de Orden, ya que son
vistas como una “reserva moral de la nación”. A su vez con la entrada en videncia de la
Constitución de 1980 habrán otros mecanismos de protección y tutelaje como el Consejo de
Seguridad del Estado, o la institución de los senadores designados, instituciones creadas
para regular y salvaguardar las distintas creaciones realizadas por el Régimen Militar
además de estar “logrando una prolongación de su hegemonía en la sociedad más allá de la
fecha de término del régimen autoritario”78. Por su parte autores de tendencia de derecha
como Teodoro Ribera Neumann, indican que en realidad esta no debe ser la acepción que
se le de al término de “democracia protegida” sino más bien esta debe entenderse como “La
nueva concepción democrática recogida por la Constitución de 1980 ha sido denominada en
Chile "democracia protegida". Este concepto es, sin embargo, errado e induce a equívocos,
pues la democracia como tal no está protegida, sino que sólo posee los instrumentos para
protegerse; no es, por tanto, "protegida", sino que con capacidad de protección. Lo que la
democracia espera de los demócratas no es que se la vea como algo seguro o protegido,
sino que como un sistema de gobierno, de valores y principios que requiere constantemente
apoyo o protección”79.

Por su parte, para dar por concluidos los elementos más importantes de este discurso en el
Cerro Chacarillas, se deben señalar que los poderes constituyentes, legislativo y ejecutivo,
deben realizar una serie de tareas y sufrir una serie de modificaciones para poder entrar a la

78
Op. Cit., MAIRA, LUIS., pág. 79.
79
RIBERA NEUMANN, TEODORO. “Alcances y Finalidad del Artículo Nº 8 de la Constitución Política de
Chile”. En “Estudios Públicos” Nº 20, Chile, 1985, pág. 255.

87

CAPÍTULO II

etapa de transición desde la perspectiva del Régimen Militar, estos requerimientos previos,
son definidos como:

“Entre las referidas actas constitucionales, ocupa un lugar prioritario la que
habrá de regular el ejercicio y la evolución de los Poderes Constituyente,
Legislativo y Ejecutivo. Para orientar en esta materia a la Comisión de
Estudios de la Nueva Constitución, el Presidente que os habla entregará
próximamente ciertas directrices fundamentales que permitan a dicha comisión
preparar el anteproyecto pertinente, para su posterior consulta al Consejo de
Estado, antes del pronunciamiento final que corresponderá a la Junta de
Gobierno. Dichas orientaciones para el esquema que deberá regir en la etapa
de transición son principalmente las siguientes:

- El Poder Constituyente deberá permanecer siendo ejercido por la Junta de
Gobierno. Sin embargo, él se ejercerá normalmente con previa consulta al
Consejo de Estado.

- El Poder Ejecutivo deberá permanecer siendo ejercido por el Presidente de la
Junta de Gobierno, en calidad de Presidente de la República, y con las
facultades de que hoy está investido.

- El Poder Legislativo, de acuerdo a la tradición nacional, deberá tener dos
colegisladores: el Presidente de la República y una Cámara Legislativa o de
Representantes, como se podría denominar, sin perjuicio de las facultades
legislativas que, en esta etapa de transición, deberá mantener la Junta de
Gobierno, en carácter extraordinario.

Estas autoridades deberán comprender, por una parte, el derecho de cada uno
de sus integrantes a presentar proyectos de ley a través de la Presidencia de la
República, y por la otra, la facultad de solicitar, antes de la promulgación de
cualquier ley, que su texto sea revisado por la Junta de Gobierno. En este

88

CAPÍTULO II

último caso, si en la Junta prevaleciera la opinión de que un precepto atenta
contra la Seguridad Nacional, éste no podrá ser promulgado. Se trata de un
veto absoluto, destinado a operar en los casos en que la Junta de Gobierno lo
interponga, a petición de cualquiera de sus miembros, diferenciándose así del
veto ordinario del Presidente de la República frente a la Cámara Legislativa”.


De esta manera el discurso de Chacarillas puede ser considerado el acontecimiento más
importante para hablar de una etapa de pre – transición partiendo de la base de que para la
postura del Régimen Militar y de la derecha esta se inicia en 1981, ya que “El articulado
transitorio de la Constitución disponía de un nuevo calendario del proceso político: daba
por concluida la fase de recuperación en marzo de 1981 (fecha de promulgación de la
Carta). A partir de ese momento comenzaba la fase de transición que duraría hasta 1989,
seguida por la última etapa de consolidación y vigencia del nuevo orden democrático
“protegido” por las Fuerzas Armadas. La etapa transicional no contemplaba una mayor
participación de la civilidad. Las facultades legislativas siguieron a cargo de la Junta de
Gobierno (integrada por cuatro miembros, uno por cada rama de las Fuerzas Armadas y de
Orden) y se descartó la designación de una Cámara Legislativa. El resto de la estructura
institucional del régimen militar mantuvo plena vigencia como una prolongación de la
primera etapa (1973–1980), pero con un componente de mayor centralización del poder en
manos de Presidente”81.

Así también en este discurso, Augusto Pinochet se refiere “a la nueva institucionalidad, la
proyectó más allá de los aspectos constitucionales próximos a resolverse por la ciudadanía,

80
81
TOVAR MENDOZA, JUSTO. “La Negociación de la Transición a la Democracia en Chile (1983 –
1989)”, trabajo para obtener el grado de Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile,
publicado por el Programa de Magíster en Gestión y Políticas Públicas de Universidad de Chile. En “Estudio
de Casos” Nº 42, Octubre 1999, pág. 4. En Internet:http://www.dii.uchi.cl/docencia/mgpp/estudios.html

89

CAPÍTULO II

anunciando que las reformas encaminadas a modernizar el país abarcarían los principales
ámbitos de su actividad, dentro “de una perfecta coherencia y armonía conceptual””82.

Ahora pasaremos a analizar como se gestó la Constitución de 1980 y como está compuesta
en relación al proceso de transición, ya que este es el hito señalado como se dijo
anteriormente que desde el punto de vista del Régimen Militar y de la derecha comenzaría
con el proceso de transición, pero que para la postura de centro y de izquierda, no es más
que el articulado de una serie de herramientas creadas por el Régimen Militar para gobernar
sin contrapesos además de coartar en beneficio propio muchas iniciativas de las posteriores
autoridades civiles, además de asegurar la permanencia de las obras del Régimen Militar y
la preeminencia importantísima de este en el proceso iniciado con posterioridad al cambio
de mando de 1990.

De izquierda a derecha se encuentra la Junta militar de Gobierno (desde el 11 de Septiembre de
1973), César Mendoza (Director General de Carabineros), José Toribio Merino (Comandante en Jefe
de la Armada), Augusto Pinochet Ugarte (Comandante el Jefe del Ejército) y Gustavo Leight
(Comandante en Jefe de la Fuerza Área). Como presidente de esta junta, quedó Augusto Pinochet,
por ser comandante en jefe de la rama más antigua de las Fuerzas Armadas y de Orden: el Ejército.

82
Op. Cit., CANESSA ROBERT, JULIO. BALART PÁEZ, FRANCISCO., pág. 317.

90

CAPÍTULO II

2.B.- LA CONSTITUCIÓN DE 1980: EL INICIO DEL PROCESO DE
TRANSICIÓN PARA EL RÉGIMEN MILITAR Y LA DERECHA

La Constitución de 1980 nace bajo un contexto en donde el cual y luego del golpe
militar, quedaba la sensación de ilegitimidad, ya que se derrocaba a un gobierno elegido
democrática y constitucionalmente, por lo que la Junta Militar de Gobierno, junto ya a sus
asesores civiles, tenía que analizar de que forma se podía brindar un marco de legalidad y
legitimidad al gobierno militar. De esta forma en los primeros días del régimen, para ir
cambiando el orden constitucional existentes, la Constitución de 1925 dejó de estar en
vigencia, se disolvió al Congreso, se proscribieron los partidos de izquierda, se eliminaron
las opciones de participación y manifestación civiles, etc.... “La idea de una Constitución
era casi tan antigua como el régimen”83, señala Genaro Arraigada, idea que como se
mencionó anteriormente tiene mucho que ver con dar un marco de legalidad y
constitucionalidad al nuevo régimen y de paso intentar hacer cambios dentro del país en
todos los aspectos de la vida de este.

2.B.1.- LA ELABORACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1980

La Constitución de 1980 se va gestando dentro de una Comisión de Estudios de una
Nueva Constitución , la cual fue creada semanas luego del golpe militar, con la misión de
crear una nueva constitucionalidad para el Régimen Militar que le diera la legalidad y
legitimidad necesaria para hacerse y permanecer en el poder. Esta estaba compuesta por 3
integrantes al principio y era presidida por Enrique Ortúzar, además de estar compuesta por
Jaime Guzmán Errázuriz y Jorge Ovalle Quiroz, a los cuales a partir de Octubre de 1973 se
sumaron Enrique Evans de la Cuadra, Alejandro Silva Bascuñan y Gustavo Lorca Rojas,
esta composición era variable ya que muchos se retiraron debiéndose integrar nuevos
elementos a este grupo.

83
Op. Cit., ARRAIGADA, GENARO., pág. 104.

91

CAPÍTULO II

La Comisión de Estudios Constitucionales, luego de 5 años de funcionamiento, en 1978,
entregó al Régimen Militar un primer anteproyecto constitucional, el cual fue revisado por
el Consejo de Estado, una institución creado por el Régimen Militar en 1976, el cual
cumplía las funciones de organismo asesor de la Junta Militar y en donde participaban los
ex presidentes de la república. Durante esta época Eduardo Frei Montalva rechazó la
invitación a participar, por lo que finalmente este Consejo de Estado fue presidido por el ex
presidente Jorge Alessandri, de tendencia derechista, que corrigió este anteproyecto y
entregó un proyecto final a la Junta Militar en 1980, con varias diferencias sobre el original,
pero que a la vez fue vuelto a modificar por la Junta Militar, logrando de esta manera una
constitución de corte autoritario y acomodada totalmente a las necesidades del Régimen
Militar encabezado por Augusto Pinochet .

Luego de entregado el anteproyecto en 1978 al Consejo de Estado, organismo asesor de la
Junta Militar de Gobierno y presidido por el ex presidente Arturo Alessandri (ya que los ex
presidentes de la república formaban parte de este consejo por derecho propio), lo revisó y
le hizo algunas modificaciones en la versión que le entregó a la Junta Militar en 1980,
donde muchas de estas ideas y modificaciones no serían tomadas en cuenta por la Junta
Militar de Gobierno, a pesar de que el Consejo de Estado, que sesionaba privadamente en
reuniones que no se podían dar a conocer, señalaba que las modificaciones hechas por el
eran prudentes y consecuentes con lo que debía ser la misión del Régimen Militar. De esta
manera, y a pesar de la insistencia del Consejo de Estado, la Junta Militar realizó a este
proyecto de constitución una serie de modificaciones, como por ejemplo “éste proponía un
período de transición de cinco años, que la Junta elevó a ocho; era contrario a una
disposición como el artículo 24 transitorio, asunto al que se alude más adelante; y era
partidario de establecer quórum más bajos para la reforma tanto de la Constitución como de
las leyes orgánicas constitucionales”84. Jorge Alessandri fue el principal opositor y crítico
de las normas más autoritarias en la redacción final de la Constitución de 1980,
considerando, por ejemplo, “inaceptables las disposiciones sobre inamovilidad de los
comandantes en jefe y de la integración mayoritariamente militar del Consejo de Seguridad

84
Ibidem, pág. 195.

92

CAPÍTULO II

Nacional. Tales disposiciones a su juicio y según la versión de uno de sus más cercanos
colaboradores, hacían que el Presidente de la República pasara a ser un subordinado de las
fuerzas armadas”85, por lo que el ex presidente Alessandri, habría incluso llegado a sostener
que ningún civil que se respete podría llegar a ser presidente de la república bajos estos
artículos de la Constitución de 1980. Pero a pesar de estas discrepancias, Alessandri de
igual manera llamó a votar que si en el plebiscito constitucional.

Esta redacción final de la Constitución de 1980, a la vez que era una derrota de Alessandri,
según Genaro Arraigada, a la vez era un victoria para Jaime Guzmán, el cual redefinía el rol
que le cabía a las Fuerzas Armadas y de Orden durante el Régimen Militar, planteando un
orden institucional que no estaba de acorde con la evolución histórica de la política
nacional y del rol tradicional de estas, sino de paso las ubicaba fuera del derecho
constitucional democrático producto de varios artículos presentes en la Constitución de
1980, ya que Guzmán señalaba que el país necesitaba “...un elemento cohesionador de la
nacionalidad que sea la expresión más permanente del Estado y de la Patria, por encima de
las contingencias políticas...”86, rol que según Guzmán le cabía solamente a las Fuerzas
Armadas y de Orden, por que el presidente de la república al ser jefe de estado y de
gobierno, además de ser momentáneamente por la vía del sufragio universal, no le permitía
tener este rol cohesionador de la nacionalidad como en los países monárquicos lo es el rey,
debido a la permanencia de este en el poder por sobre las contingencias políticas. De esta
manera se justifican en el pensamiento de Jaime Guzmán, elementos como que las Fuerzas
Armadas y de Orden tendrán que estar dotadas de una independencia del ordenamiento
jurídico general, siendo obedientes a este, pero no necesariamente a la persona del
presidente de la república. De la misma manera Guzmán proponía asimilar a las Fuerzas
Armadas y de Orden a un poder del Estado, similar a como era el poder judicial dentro del
país, para lo cual por ejemplo se debía hacer que el Comandante en Jefe del ejército fuera
inamovible por cuatro años, y que en cuanto a las normas de ascensos y retiros de los
oficiales, estas estuvieran consagradas exclusivamente a las Fuerzas Armadas y de Orden,
lo que es absolutamente inverosímil en un país que se precie de tener un sistema

85
Ibidem, pág. 105.
86
Idem, pág. 106.

93

CAPÍTULO II

democrático con autoridades civiles, como se decía que iba ser Chile luego de que los
militares dejaran el poder. Todos estos elementos planteados por Jaime Guzmán debían
parecerle al Régimen Militar y sobre todo a la persona de Augusto Pinochet, sumamente
interesantes, sobre todo teniendo en cuanta de que el ya visualizaba su importancia en el
proceso de retorno a la democracia, luego que el dejara el poder.

Enrique Ortúzar, presidente de la comisión Jaime Guzmán Errázuriz, fue uno de los
encargada de realizar un estudio para la juristas que más importancia tuvo en la
creación de una nueva constitución, entrega redacción de la Constitución de 1980, más
sus resultados a la Junta Militar de Gobierno. tarde fundaría la UDI.

Por su parte cabe destacar que esta comisión que se encargaría de redactar un proyecto
sobre una nueva constitución para el país bajo el Régimen Militar, se consignó según el
Decreto Supremo Nº 1.064, el cual señalaba que se conformaría “una Comisión para que
estudie, elabore y proponga un anteproyecto de una nueva Constitución Política del
Estado”87. De esta forma se dio el trabajo que se mencionó en las líneas anteriores, ya que
el trabajo que desarrolló esta comisión fue muy lento, lo que estaba acorde con la política
que había adoptado el Régimen Militar de señalar que tenía metas pero no plazos, con lo
que a su vez dejaba entrever que su período a cargo del país no sería precisamente corto,
como pensaban muchos de los que habían apoyado el golpe militar el 11 de Septiembre de
1973.

87
Ibidem, pág. 104. Cita tomada por el autor del Decreto Supremo Nº 1.064, Diario Oficial, 12 de Noviembre
de 1973.

94

CAPÍTULO II

La Junta Militar de Gobierno por su parte durante el primer semestre del 1980, redactó la
constitución final, la cual comprendía 120 artículos permanentes (una vez que se retornara a
un sistema democrático con autoridades elegidas democráticamente)y 29 transitorios (que
durarían durante todo el Régimen Militar, es decir, de Marzo de 1980 a Marzo de 1990,
fecha en que supuestamente asumirían las nuevas autoridades democráticas en caso de que
el Régimen Militar perdiera el plebiscito de 1988).

El cientista político Genaro Arraigada señala en su obra “Por la Razón o la Fuerza. Chile
Bajo Pinochet”, que, durante el año en que esta Constitución Política era revisada por la
Junta Militar de Gobierno y que posteriormente sería plebiscitada por el país durante 1980,
se daba un período de gran esplendor en la relación cívico – militar, es decir, entre los
civiles leales al régimen, grupo compuesto principalmente por los denominados “chicago
boys”, ya que el régimen había impuesto el sistema económico neoliberal en función de la
asesoría de estos último, y los militares que estaban en el poder, es decir,
fundamentalmente la derecha denominada como económica con los militares. Esta relación
que ha todas luces se veía en muy buen camino, por lo menos durante estos años, ya que
luego de la crisis económica, los militares perderían bastante la confianza en estos asesores
civiles. La relación entre estos era descrita de la siguiente manera según el diario el
Mercurio, en los días siguientes al 11 de Septiembre de 1973, fecha simbólica y fecha en
que se realizó este plebiscito:

“Los políticos que permitieron o generaron el estado de cosas que llevó al
fracaso de la democracia chilena fueron derrotados por la alianza entre
militares y economistas. Podría resumirse así el contenido del plebiscito del
jueves 11. Los militares proporcionaron el orden, la seguridad y la confianza.
Los economistas brindaron ideas nuevas capaces de levantar al país de su
postración y de liberara las energías para emprender la marcha veloz del
desarrollo... Los militares y los economistas de este régimen cumplieron la
tarea que no realizaron los políticos que hoy encabezan desesperadamente la

95

CAPÍTULO II

oposición ... Tal es el sentido de la notable alianza entre militares y
economistas...”88.
El Mercurio, 21 de Septiembre de 1980

En este marco de alegría general, o por lo menos de lo que creía el Régimen Militar, que
era una alegría y bienestar generalizado dentro del país, Augusto Pinochet, se atrevió a
convocar al plebiscito de una nueva constitución.

Por su parte, con el fin de establecer una oposición a la constitución que se estaba gestando,
nació en 1978 el denominado “Grupo de los 24”, el cual en su etapa inicial estaba formado
precisamente por 24 integrantes, entre los que destacan Patricio Aylwin, Edgardo
Boeninger, Fernando Castillo, Raúl Retting, Sergio Villalobos y Jaime Castillo entre otros.
Este grupo según Eugenio Ortega Frei, señalaban que “Los firmantes concluían diciendo
que actuaban a título personal y al margen de todo exclusivismo ideológico o partidista, y
se comprometían a estudiar en conjunto las causas del proceso que habían culminado con la
ruptura de la tradición democrática chilena”89.

De esta manera el grupo se reunía de manera permanente con el fin de redactar una
alternativa a los elementos más autoritarios que se estaban gestando en la elaboración de la
Constitución de 1980, además de criticar la forma en la cual esta se estaba creando, por lo
cual en un informe de 1979, este grupo señala que:

“No hemos trabajado encerrados entre cuatro paredes, al margen de la
realidad ni del sentir de nuestros compatriotas. Conscientes de la profunda
crisis que ha afligido a Chile en los últimos años, de la que el quiebre
institucional y la decadencia que vivimos son manifestaciones dramáticas,
hemos partidos del análisis de los caracteres y causas de esa crisis hecho por
hombres y mujeres venidos de todos los sectores de la vida nacional.

88
Ibidem, pág. 103. Cita tomada por el autor de la “Semana Política”, “El Mercurio”, 21 de Septiembre de
1980.
89
Op. Cit., ORTEGA FREI, EUGENIO., pág. 154.

96

CAPÍTULO II

Tampoco nos hemos dejado llevar por ningún ideologismo unilateral, sino que
procuramos recoger en nuestro estudio, junto a los más modernos aportes de
las ciencias sociales, las visiones provenientes de múltiples concepciones
ideológicas. Convencidos de que un régimen político, para que sea legítimo y
perdurable, deber ser expresión del “sentido común del pueblo”, es decir, de
las ideas esenciales generalmente compartidas por la comunidad nacional, nos
hemos esforzado por buscar soluciones que el más alto grado de acuerdo entre
los chilenos.
Como no pretendemos arrogarnos una representación popular que a nadie ha
sido conferida, hacemos públicos nuestros acuerdos en el carácter de simples
proposiciones al pueblo de Chile, único titular del poder soberano de resolver
sobre la materia”.
Informe del Grupo de los “24” 197990.

De esta manera el “Grupo de los 24” se convirtió en un elemento respetable de la oposición
a la Constitución de 1980, en donde el Régimen Militar les negó en variadas ocasiones el
manifestarse públicamente en cuanto a sus estudios y conclusiones de lo que era la
Constitución de 1980. De esta manera este grupo jugó un rol muy importante en la
oposición durante el plebiscito de la nueva constitución como trataremos a continuación.

2.B.2.- EL PLEBISCITO Y PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1980

Una vez redactado el texto final por la Junta Militar de Gobierno, conjuntamente
con sus asesores más cercanos, pudo llamarse finalmente al plebiscito sobre el nuevo texto
constitucional. “El 10 de Agosto de 1980, el Presidente Pinochet se dirigió al país por
cadena de radio y televisión, convocando al acto plebiscitario, en que se debía aprobar o
rechazar el texto constitucional propuesto por la Junta de Gobierno. De esta forma, la Junta,
en aproximadamente un mes, realizó el estudio del anteproyecto, introduciéndole cambios
90

97

CAPÍTULO II

tanto en su articulado permanente, como en las disposiciones transitorias, transformándose,
en definitiva en la propuesta constitucional que se plebiscitaría el 11 de septiembre de
1980”91. De esta forma se daba comienzo oficial a las campañas a favor y en contra del
plebiscito de la Constitución de 1980.

Así la campaña se dio con un amplio uso de los recursos que tenía a su disposición la
opción de aprobar la Constitución de 1980, haciendo uso de la televisión, la radio, diarios y
revistas, además de varios actos autorizados para realizar la propaganda de esta opción,
situación totalmente contraria a la de la oposición a la aprobación de la Constitución de
1980, a la cual se le prohibieron prácticamente todos sus actos, bajo el argumento del
receso de los partidos políticos, y los pocos que se autorizaron, se tuvieron que realizar en
recintos pequeños y bastante alejados de los grandes grupos de personas. De esta manera
empezaron igualmente a hacerse presente las voces de la oposición, como por ejemplo de la
Democracia Cristiana, la cual señaló el 14 de Agosto de 1980, que no se podía hacer elegir
a la población o entre el texto constitucional que había creado el Régimen Militar o volver a
la situación político – constitucional previa al 11 de Septiembre de 1973, ya que Augusto
Pinochet señalaba que el en realidad la elección que debía elegir el pueblo en el plebiscito
de la constitución de 1980 era entre o:

“Volver, paulatina pero inexorablemente a la noche de los mil días negros para
Chile, con todo ese cúmulo de angustias y miserias que nos azotó sin piedad. O
tomar la ruta que patrióticamente estamos señalando a nuestros ciudadanos”.

Discurso de Augusto Pinochet el 10 de Agosto de 1980
a través de cadena de radio y televisión92.

Asimismo el ex – presidente Eduardo Frei Montalva señaló el mismo día 14 de Agosto de
1980 con respecto al proceso de campaña y del plebiscito de la Constitución de 1980 que:

91
92
Idem, pág. 163. Cita tomada por el autor de Revista “Apsi” Nº 238 del 8 al 14 de Febrero de 1988, la cual
cita el discurso del presidente augusto Pinochet el 10 de Agosto de 1980 a través de cadena de radio y
televisión para dar por iniciada la campaña sobre el plebiscito de la Constitución de 1980.

98

CAPÍTULO II

“Un plebiscito que no esté rodeado de garantías suficientes carece de validez.
Un plebiscito sin registros electorales, sin mesas receptoras válidas, sin
tribunal electoral y sin las garantías de un debate público en que los que están
en desacuerdo tengan acceso a los medios de comunicación, no tiene validez
alguna”

Revista “Hoy” Nº 169, pág. 1593

Este es el contexto en el cual se realizó la campaña para el plebiscito de la Constitución de
1980. Eduardo Frei Montalva en el discurso pronunciado en el Teatro Caupolicán el 27 de
Agosto de 1980 señaló que el plebiscito no era válido por las siguientes razones:

“No somos enemigos del plebiscito como forma de consulta popular. Al
contrario. Pero queremos un plebiscito verdadero. Los regímenes dictatoriales
y totalitarios los utilizan de acuerdo a estas técnicas y nadie duda cuáles son
sus resultados. Creo que no hay ejemplo en el mundo en que aquellos hayan
perdido un plebiscito. Este es el tipo de consulta a la que se nos convoca.
Este plebiscito no es válido.
Este plebiscito carece de valides y lo rechazamos porque no reúne las
condiciones mínimas que garanticen su legitimidad.

- No es válido, porque no se puede llamar a un plebiscito cuando el país vive
bajo estado de emergencia.
- No es válido, porque requeriría un sistema electoral que asegure la auténtica
expresión del pueblo al que se confronta.
- No es válido, porque no existen registros electorales, y han transcurrido
prácticamente siete años desde su destrucción, lo que revela la voluntad
deliberada de no rehacerlos.

93
Idem, pág. 15.

99

CAPÍTULO II

- No es válido, porque las mesas que recibirán los sufragios y harán su
recuento están formadas por personas designadas por los alcaldes que, a su
vez, son nombrados por el jefe de Estado.
- No es válido, porque todo el proceso de cómputo de votos y sus resultados, en
sus dos primeras fases, está en manos de las autoridades, primero del alcalde y
su secretario y después del gobernador, nominados por el Ejecutivo.

El Derecho Constitucional, universalmente reconocido, señala las condiciones
de cómo se deben efectuar los escrutinios. Son elementos objetivos, para que la
voluntad del pueblo sea respetada. No se trata de confiar o desconfiar. Nadie
puede imponer que se delegue este derecho irrenunciable, que constituye una
forma de control aceptada y reconocida en todos los Estados de Derecho, y fue
lo que Chile siempre reconoció a través de leyes electorales que se fueron
perfeccionando mediante garantías que la derecha chilena fue la primera en
reclamar y para lo cual se presentaron soluciones que fueron aprobadas y se
convirtieron en leyes.

- No es válido, porque están proscritos los partidos políticos y, en
consecuencia, no puede haber apoderados fidedignos que controlen la votación
y la seriedad de los escrutinios.
- No es válido, porque no existe libertad de reunión ni de manifestaciones
públicas. El hecho de estar aquí hoy no significa sino una excepción muy
limitada y condicionada.
- No es válido, porque no existe libertad de información ni de expresión. Los
que disienten no tienen acceso a la televisión, que en nuestro mundo es el
principal instrumento de comunicación, y muy escaso a las radios y a la prensa.
- No es válido, porque esas restricciones se han intensificado al extremo desde
que se llamó a consulta.
- No es válido, porque existe la permanente amenaza de detenciones,
relegaciones o secuestros.

100

CAPÍTULO II

De modo que nadie puede engañarse: el resultado de este plebiscito está
predeterminado. A través de estos métodos no se conseguirá legitimar el
ejercicio del poder. Si el gobierno tuviera la seguridad de que en elecciones
libres, abiertas e informadas, podría ganar, no recurriría a estos sistemas que
la opinión pública nacional e internacional ya ha descalificado. Una minoría
impone así a la inmensa mayoría del pueblo una fórmula política, económica y
social.

Discurso de Eduardo Frei Montalva en el Teatro Caupolicán
el 27 de Agosto de 1980 con motivo del cierre de campaña
de la opción de rechazo a la constitución de 198094.

La oposición prácticamente no tuvo posibilidades de manifestarse en contra de la
aprobación de la Constitución de 1980, contexto en el cual Genaro Arriagada señala al día
siguiente de realizado el plebiscito que:

“Un plebiscito es un proceso que tiene varias etapas y éste estuvo viciado en
todas sus etapas: en la forma como se presentó la alternativa (yo o el caos); en
la más extrema disparidad en el acceso a los medios de información; en nuestra
absoluta exclusión de los espacios en televisión; en la no existencia de registros
electorales; en el hecho de una oposición luchando contra un Gobierno que
manejaba el estado de emergencia, y tantos otros ejemplos que sería largo de
enumerar”.

El Mercurio, Viernes 12 de Septiembre de 198095

94
95
ARRAIGADA, GENARO. 10 Años: Visión Crítica”. Editorial Aconcagua, Chile, 1983, pág. 125 - 126.
Cita tomada por el autor de “El Mercurio” del Viernes 12 de Septiembre de 1980.

101

CAPÍTULO II

“Los sectores que hoy votamos “no” nunca aceptamos que esto fuera un acto
electoral”

El Mercurio, Viernes 12 de Septiembre de 198096

De esta manera la oposición a la aprobación de la Constitución de 1980 tenía dos opciones
que en realidad constituían un dilema, ya que por un lado podían abstenerse o votar por la
poción “NO”, y “Aunque se inclinaban por la abstención, se optó por llamar a votar “NO”
debido a las declaraciones gubernamentales que sostenían que los que no sufragaran
incurrirían en severas penas” 97, por lo cual la oposición promulgó la idea de que la gente
tenía que ir a votar de manera obligada, lo que hacía ilegítimo aún más el proceso por las
situaciones irregulares anteriormente descritas.

Por su parte el denominado “Grupo de los 24” tuvo una visión muy crítica sobre el proyecto
de la Constitución de 1980, “tanto en su contenido, que consideraron no democrático, como
por los mecanismo empleados para su aprobación”98, ya que como señalaban en un texto
que circuló impreso en una hoja de roneo durante el mes de Agosto 8fecha de creación del
documento) y Septiembre de 1980 el plebiscito y su posterior aprobación eran irregulares
por que:

Resulta fácil comprender que este plebiscito no puede tener validez alguna, si
se considera lo siguiente:

1.- No hay registros electorales, ni censo actualizado; por lo tanto, nadie puede
saber realmente cual es el número de votantes, ni tampoco controlar en forma
eficaz que una persona vote más de una vez.

96
Ibidem, pág. 126. Cita tomada por el autor de “El Mercurio” del Viernes 12 de Septiembre de 1980.
97
98
Idem, pág. 173.

102

CAPÍTULO II

2.- No existen libertades públicas; lo que impide a la ciudadanía hacer uso de
sus legítimos derechos. Se esta manera (sic), se prohíbe, a los chilenos reunirse,
expresarse e informarse como debe hacerse en caso de un verdadero plebiscito.

3.- Existe un Estado de Emergencia permanente, que mantiene atemorizada a la
población con medidas represivas, ejercidas directamente por el gobierno sin
intervención alguna de los Tribunales de Justicia.

4.- No existe un acceso igualitario a los medios de comunicación social;
mientras el gobierno y los grupos oficialistas dan a conocer sus opiniones –y su
propaganda- en forma masiva, quienes discrepan del proyecto oficial que se
intenta imponer tienen las puertas cerradas en la mayoría de los medios de
comunicación, especialmente en los canales de televisión.

5.- El país está sometido a una intensa campaña de propaganda destinada a
convencer a la ciudadanía para que apruebe esta nueva maniobra del gobierno
militar. Resulta evidente que esta campaña que dirige el propio general
Pinochet –sin contra peso alguno- constituye una abierta y descarada
intervención electoral a favor del proyecto oficial.

6.- No se permite plantear alternativa al proyecto gubernamental; por lo tanto,
se obliga a los chilenos a decir “si”, en un acto que es propio de los estados
totalitarios.

7.- No existe control alguno del acto plebiscitario; el lugar de funcionamiento
así como el número de mesas y la presidencia de las mesas, las determinará el
Alcalde de la comuna. No puede pensarse que el Alcalde sea un fiscalizador del
acto porque se trata de un funcionario de la exclusiva confianza del general
Pinochet.

8.- El escrutinio comunal, es decir el recuento de votos emitidos en una
comuna, será realizado por el Alcalde y el acta será firmada por el Secretario

103

CAPÍTULO II

Municipal. El gobierno estableció claramente el papel que jugarán estos dos
funcionarios de la exclusiva confianza del general Pinochet, pero no
determinó que el escrutinio comunal sea público.

9.- El escrutinio provincial, es decir el recuento de votos emitidos en una
provincia, será realizado por el Gobernador, otro funcionario de la confianza
del general Pinochet. En esta etapa tampoco se establece un recuento de votos
que sea público.

10.- Tanto el escrutinio regional como el escrutinio nacional se realizarán
tomando en cuenta únicamente las actas enviadas por el Gobierno Provincial y
los Alcaldes, es decir, por los funcionarios designados por el general Pinochet.

11.- No existe un Tribunal Calificador de Elecciones; por lo tanto, no se
contempla –como sucede en todo acto eleccionario limpio- que la ciudadanía
pueda formular los reclamos que corresponda frente a eventuales
irregularidades.

12.- Se impide la participación en el acto de cerca de un millón de chilenos que
se encuentran fuera del país –ya sea obligados o voluntariamente- y por lo
tanto, no podrán emitir su opinión en un asunto que los afecta tanto como a
quienes vivimos dentro del territorio nacional.

“Grupo de los 24”, extracto del texto de rechazo al plebiscito de la
Constitución de 1980 del mes de Agosto de 198099.

De esta forma este grupo opositor de una variada composición política y de connotados
personajes públicos hizo patente su descontento ante la forma en que se realizaría el
plebiscito. Además este grupo realizó una propuesta concreta en cuanto a sustituir este

99

104

CAPÍTULO II

plebiscito, al señalar que se “sugirió la necesidad de suspender el plebiscito, para realizarlo
en un plazo de 90 a 120 días, con un Tribunal Calificador de Elecciones, que estableciera, a
base de la Ley General de Elecciones Nº 14.853, las normas aplicables al plebiscito y
designara a un director del registro electoral”100. Por su parte Julio Canessa y Francisco
Balart señalan con respecto a esta actitud del “Grupo de los 24” que “Su actitud no
sorprendió a nadie porque, como se ha narrado anteriormente, pretendió en la hora
undécima, cuando el plebiscito ya había sido convocado, que la ciudadanía se pronunciara
entre el texto propuesto por la Junta de Gobierno y el suyo”101.

Por su parte, la mayoría de las organizaciones sociales que todavía estaban en pie se
manifestaron en contra de la aprobación de la Constitución de 1980. La Iglesia, en su
mayoría se manifestó en contra del plebiscito por todas las irregularidades que este proceso
mostraba. En este contexto la Conferencia Episcopal a través de una declaración pública
señaló que se debían cumplir una serie de requisitos para que el plebiscito tuviera validez
moral dentro de los que destacan como señala Eugenio Ortega102 los siguientes puntos:

a) Determinar con claridad el significado y consecuencias jurídicas tanto de la aprobación
como del rechazo.

b) No agrupar contenidos muy diferentes para una sola respuesta.

c) Garantizar suficiente información y acceso equitativo de las diversas corrientes a los
medios de comunicación social.

d) Existir libertad, secreto y seguridad para emitir el voto.

e) Un procedimiento electoral que diera plenas garantías de corrección en todas sus etapas.

100
Op. Cit., ORTEGA FREI, EUGENIO, pág. 174.
101
102

105

CAPÍTULO II

Estos puntos son las principales críticas que hace la Conferencia Episcopal al proceso de
adquisición de una nueva institucionalidad que había creado el Régimen Militar, a la cual
también se le criticaba por que las opciones no eran claras ni debidamente explicadas o que
la población en general presentara gran temor ante las amenazas del régimen para todos
quienes no concurrieran a votar ese día. Otra crítica era el que entre las disposiciones
transitorias habían serias restricciones a los derechos de las personas y a su protección
jurídica. Ante estas declaraciones hubo adeptos al Régimen Militar que criticaron
duramente las opiniones de la jerarquía de la iglesia católica chilena, como lo hicieron
Jaime Guzmán Errázuriz y Carlos Vial Espantoso. Julio Canessa y Francisco Balart señalan
que estas declaraciones de la Conferencia Episcopal se explican en el sentido de que
“Aunque al menos en lo formal el mensaje de la Jerarquía era mesurado al punto de suscitar
algunas protestas del sector eclesial más comprometido con la izquierda”103, es decir, resta
validez a estas ya que estarían realizadas por gente de iglesia que estaría en contra del
Régimen Militar por lo que sus declaraciones más que nada eran esperables y predecibles.

A la izquierda Augusto Pinochet votando durante el plebiscito de la Constitución de 1980, el 11 de
Septiembre de 1980, a la derecha el voto de ese plebiscito (Fuente: Diario “La Nación”, en internet:
http://www.lanacion.cl , edición especial con respecto a los treinta años del golpe militar).

103

106

CAPÍTULO II

Es así como bajo este contexto todo el proceso relacionado con el plebiscito y la
promulgación de la Constitución de 1980, se convirtió en una situación singularmente
irregular, con una oposición sin acceso a los medios de comunicación, represión excesiva,
no existían registros electorales, no habían medidas de seguridad durante la votación, etc...,
por lo que no fue en ningún caso sorpresivo de que el plebiscito sobre la Constitución de
1980 lo ganara ampliamente la opción SI a favor de su aprobación, con un 67.60%,
mientras tanto la opción NO tan sólo obtuvo un 30.17% y un 2.77% para los votos nulos,
según datos de Eugenio Ortega Frei104. De esta manera el Régimen Militar a pesar de todas
las irregularidades del proceso quedó legitimado y con una amplia mayoría de apoyo, por lo
cual se comprende que “entre los partidarios del gobierno se produjo un clima de
efervescencia, llegándose a decir que se estaba levantando el acta de defunción de los
partidos políticos, en especial de la democracia cristiana y de la persona del ex – Presidente
Eduardo Frei”105.

En este marco de irregularidades dentro del proceso eleccionario, la Constitución de 1980
fue aprobada y decretada su promulgación el 11 de Marzo de 1981, día desde el cual está en
vigencia, en donde Augusto Pinochet en el discurso de aprobación de ese día señaló:

“Es esta carta política la que hoy entra en vigencia y que habrá de ser la base
Jurídica fundamental que encauce la acción del Gobierno, al establecer en
nuestra Patria una nueva democracia, perdurable y vigorosa. En ella se sientan
las bases para un desarrollo económico sólido y progresivo, se reconoce y
garantiza el derecho a la propiedad privada de los bienes, y se propicia el
pleno desarrollo de la iniciativa particular en estas materias.
Igualmente, de esta Constitución deseo destacar el hecho de que procura
impedir la actividad política de las doctrinas que atentan contra los valores
esenciales de nuestra tradición, o que fomenten la violencia y el enfrentamiento
como forma de acción. Con este objeto se han dictado y se promulgarán
disposiciones legales para la justicia ordinaria y militar, como asimismo

104
105
Idem, pág. 179.

107

CAPÍTULO II

normas de acción que faciliten la actuación de las fuerzas de seguridad contra
los violentistas, que no persiguen otra finalidad que atemorizar a la ciudadanía,
provocando muchas veces victimas inocentes.

¡Tengan la absoluta seguridad de que luchar6 hasta lograr la erradicación
definitiva en mi país de esta lacra que afecta a la sociedad contemporánea!
Chilenos y chilenas que me escucháis:

El texto constitucional que hoy entra en vigencia es una obra trascendental
para la Nación. Su fidelidad a los valores patrios, así como el carácter original
y creador que lo inspiran y que responde a los desafíos que enfrenta la
sociedad contemporánea, son aspectos cuya magnitud impide resumirlos en
breves palabras. El transcurso del tiempo permitirá su aplicación paulatina y
adecuada y, asimismo, la cabal comprensión de su profundo compromiso con la
libertad de los chilenos y el progreso de la Patria. En este 11 de Marzo, en que
el país entero inicia la nueva etapa que marca esta Carta Fundamental, deseo
reafirmar, con la mayor resolución y entereza, que continuaremos la obra
empezada en 1973 a trav6s del cauce claro y precis0 que estas normas
señalan”.

Augusto Pinochet, discurso de promulgación de la Constitución de 1980,
11 de Marzo de 1981106.

En este discurso de promulgación de la nueva constitucionalidad, daba por cerrado el
capítulo sobre la aprobación de la Constitución de 1980, ya que el Régimen Militar
finalmente conseguía sin mayores problemas que se aprobara el texto constitucional
propuesto por ellos, con lo que conseguían la tan ansiada constitucionalidad, legalidad y
legitimación que necesitaban para gobernar sin contrapesos hasta por lo menos el año 1990,
como se establecía dentro de la misma Constitución. A su vez el Régimen Militar se desasía
de importantes figuras de la oposición a través del exilio bajo el argumento que durante la
propaganda de la opción NO en contra de la aprobación de la Constitución de 1980 habían

106
PORTAL DE MEMORIA CHILENA. En Internet: http//: www.memoriachilena.cl

108

CAPÍTULO II

violado la ley y constituían un serio peligro para el país como agitadores y como quienes
pavimentaban el camino hacía la ideología marxista como fue el caso por ejemplo de
Andrés Zaldívar, quien precisamente en su caso se le negó la entrada el país luego de que
viajara a México y a través del diario de ese país “Uno Más Uno”, el 12 de Octubre de 1980
emitiera declaraciones en contra de todo el proceso que terminó con la aprobación de la
Constitución de 1980, por lo cual el gobierno le negó la entrada el país a Zaldívar a pesar
de que este desmintiera sus declaraciones en calidad de presidente de la Democracia
Cristiana, bajo el pretexto de “que estas declaraciones eran la culminación de una conducta
sistemática tendiente a restarle validez al orden jurídico vigente”107.

A continuación analizaremos el proceso de transición que contempla la nueva carta
constitucional con el objeto de visualizar como la Constitución de 1980 y el propio
Régimen Militar conciben el proceso de transición que desde su perspectiva se inicia una
vez recién aprobada y puesta en vigencia la Constitución de 1980 el 11 de Marzo de 1981.

2.B.3.- LA TRANSICIÓN EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1980

Para el Régimen Militar y algunos de los sectores de la derecha, “Con la ratificación
ciudadana del texto constitucional propuesto por la H. Junta de Gobierno mediante el
plebiscito realizado el día 11 de septiembre de 1980, culminó la fase arquitectónica del
orden político surgido el 11 de septiembre de 1973 y se inició la transición hacia su fase
agonal, esto es, aquella en la que de acuerdo a las normas en vigor resulta legítima la
competencia por el poder político”108. Esta visión se contrapone con la opinión que tiene la
corriente de centro y la izquierda, las cuales señalan que el proceso de transición se inicia
con el cambio de mando el 11 de Marzo de 1990 ya que es recién en ese momento donde se
produce el cambio desde un régimen autoritario y militar a una autoridad civil democrática
y elegida por la vía de la elección libre y popular. Realizada esta aclaración, a continuación

107
108

109

CAPÍTULO II

veremos desde diferentes perspectivas de análisis la relación que posee la Constitución de
1980 con el largo proceso de la transición chilena a la democracia.

La Constitución de 1980 estaba compuesta por dos partes, la primera era la que contenía los
artículos transitorios, que serían los artículos que regirían y regularían al país desde el mes
de Marzo de 1981 hasta Marzo de 1989. La otra parte de la Constitución de 1980, estaba
compuesta por el articula permanente, el cual debería regir desde la entrega del poder por
los militares. Sobre la vigencia de la primera parte de la Constitución no hay lugar a dudas
que todo el lapso que pretendía regular lo hizo sin inconvenientes, cumpliéndose
ampliamente la intención del Régimen Militar. Con respecto a la vigencia de la segunda
parte de la Constitución de 1980, las visiones son muy diferentes. Por ejemplo Genaro
Arraigada señala que la parte en donde se encontraban los artículos permanentes nunca fue
aplicado como se tenía pensado, ya que “la estructura política que consagraba el articulado
permanente nunca habría de ser aplicado, pues a partir de la derrota de Pinochet, en el
plebiscito de octubre de 1988, sería objeto de fuertes cambios como producto de un acuerdo
de la oposición con las propias fuerzas del régimen militar que la habían impuesto ocho
años antes”109. Esta opinión es muy criticable, ya que un Régimen Militar, encabezado por
Augusto Pinochet, que se sentía tan poderosos, sólo permitió los cambios que el sabía que
lesionaban gravemente a un sistema democrático y que serían objeto de fuertes críticas por
todo el país y la comunidad internacional al dejar una Constitución de corte tan autoritario
para un período de transición a la democracia en el país como se tenía pensado desde el la
redacción del proyecto final de la Constitución de 1980.

De esta manera Pinochet, sólo accedió al cambio en este tipo de artículos, que se puede
considerar como una pequeña victoria de la oposición, en ese minuto encabezada por
Patricio Aylwin, pero lo cierto es que en realidad fue una gran derrota, ya que los elementos
modificados y cambiados fueron tan mínimos que conjuntamente ligados al apoyo que
entregó el denominado “amarre constitucional”, el los cambios hechos en el papel no
tuvieron mucho efecto en la realidad, bajo una constitución en donde hasta el día de hoy es
criticada por ser fuertemente antidemocrática, creando un sistema político bajo una

109
Op. Cit., ARRAIGADA, GENARO., pág. 113.

110

CAPÍTULO II

“democracia tutelada” o “democracia protegida”, en donde el presidente tenía amplios
poderes, pero que eran insuficientes ante los que la Constitución de 1980 le brindaba a las
Fuerzas Armadas.

Los artículos transitorios, son estos los que tienen mayor relación en este aspecto al tema
en estudio sobre la transición. Este punto se debe aclarar ya que si bien son el articulado
permanente el que ha regido bajo el proceso de transición a la democracia desde el
gobierno de Patricio Aylwin desde el 11 de Marzo de 1990, según la visión del Régimen
Militar y de una parte importante de la derecha política, son estos artículos que abarcan
desde Marzo de 1981 a 1989, los que componen el proceso de transición a la democracia.
Es decir, el Régimen Militar señala que el proceso de transición empieza desde la dictación
de la Constitución de 1980 hasta cuando se suponía que se llevarían a cabo las elecciones
de autoridades de manera democrática por la vía de la elección popular, producto que el
Régimen Militar señalaba que durante estos ocho años, el país retomaría su rumbo
democrático, que desde esta perspectiva se había perdido desde 1970 cuando el presidente
Salvador Allende asumiera el poder, por lo cual durante estos ocho años se iniciaría un
proceso de transición hacía la democracia el cual terminaría justamente cuando Augusto
Pinochet entregara el mando a las nuevas autoridades civiles en caso de perder el plebiscito
de 1988 sobre la continuidad del Régimen Militar en el poder. De esta manera nos
encontramos que desde la perspectiva del Régimen Militar el proceso de transición está
perfectamente delimitado en cuanto a su inicio y término, lo cual luego del 11 de Marzo de
1990, fue duramente criticado, incluso por importantes sectores de la derecha.

Los artículos transitorios que regularían el proceso de transición a la democracia bajo la
concepción del Régimen Militar, cabe destacar que dentro de la Constitución de 1980, los
artículos transitorios eran veintinueve, “que consagraban un orden constitucional que
técnicamente instauraba una Constitución semántica; es decir, una que no sirve a la
limitación y control del poder ni tiende a asegurar la libertad individual de los ciudadanos,
sino que se reduce a poner por escrito la naturaleza de una dictadura”110, es decir, esta

110
Ibidem, pág. 116 – 117
.

111

CAPÍTULO II

Constitución en ningún caso dio los parámetros en donde se deben mover los gobernantes
delimitando el poder, sino por el contrario, vino a dar legitimidad a todo el amplio poder
que cabía en la persona de Augusto Pinochet, en donde “Nunca, ni aún los más acérrimos
partidarios del régimen militar, llegaron a calificar como democrático al período de
transición. Simple y llanamente era una dictadura, sin más”111. De esta manera la Junta
Militar sólo era un apoyo que se limitaba a cumplir funciones legislativas y de ejercicio del
poder constituyente para la transición que encabezaba Pinochet.

De esta forma “durante este largo “período de transición” – ocho años – la civilidad, de
acuerdo a la Constitución, estaba enteramente al margen de la estructura de poder. No
estaba prevista la elección de un Congreso antes de 1989. Tampoco consagraba forma
alguna de participación a nivel del poder comunal, correspondiéndole al Presidente de la
República “designar y remover libremente a los alcaldes de todo el país””112.

Pero no sólo la sociedad civil estaba al margen del poder que ejercía Pinochet, sino también
lo estaban sus camaradas de armas, ya que las Fuerzas Armadas y de Orden no tenían
ningún tipo o grado de determinación sobre las políticas impulsadas por la figura de
Augusto Pinochet, ya que no habían prácticamente instancias donde estas pudieran
manifestarse sin el influjo de sus presidente y comandante en jefe. De este modo Pinochet
lograba la consumación de sus dos mayores anhelos para de esta manera quedar con el
poder absoluto, “Una, asentar su predominio sobre los demás miembros de la Junta Militar
y el del ejército de tierra sobre las demás ramas de la Defensa nacional. La segunda,
establecer el mayor control político sobre el propio Ejército a través de un doble
movimiento: arrastrarlo fuera de la política, primero y, seguidamente, transformarlo en un
instrumento, obediente y no deliberante, de las políticas coyunturales impulsadas por el
Comandante en Jefe”113. De este modo se había configurado que en realidad en este período
de transición que llevaría a cabo el gobierno de la Junta Militar, en realidad era, la
transición que llevaría a cabo Pinochet y sus más acérrimos y leales asesores, ya que las

111
Ibidem, pág. 117.
112
Idem, pág. 119.
113
Idem, pág. 119.

112

CAPÍTULO II

Fuerzas Armadas y de Orden habían sido llevados a un estado de exclusión de toda
participación política, ya no siendo un actor dentro de este proceso, si no más bien una
herramienta utilizada por Pinochet según su conveniencia teniendo en cuanta las diferentes
coyunturas y eventualidades a las cuales pudo haberse enfrentado a lo largo de la dictadura
militar en Chile.

Este autoritarismo tan patente dentro del período de transición fijado por Pinochet, era cada
vez más notorio si se analizan las mermadas garantías constitucionales básicas e inherentes
de cada individuo, en donde los ciudadanos prácticamente no tenían derechos civiles, y más
aún teniendo vigencia en este período el artículo 24 de las disposiciones transitorias de la
Constitución de 1980, la cual señalaba que:

“Vigésimocuarta: Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 39 y siguientes
sobre estados de excepción que contempla esta Constitución, si durante el
período a que se refiere la disposición decimotercera transitoria se produjeren
actos de violencia destinados a alterar el orden público o hubiere peligro de
perturbación de la paz interior, el Presidente de la República así lo declarará y
tendrá, por seis meses renovables, las siguientes facultades:

a) Arrestar a personas hasta por el plazo de cinco días, en sus propias casas o
en lugares que no sean cárceles. Si se produjeren actos terroristas de graves
consecuencias, dicho plazo podrá extenderlo hasta por quince días más;
b) Restringir el derecho de reunión y la libertad de información, esta última
sólo en cuanto a la fundación, edición o circulación de nuevas publicaciones;
c) Prohibir el ingreso al territorio nacional o expulsar de él a los que se
propaguen las doctrinas a que alude el artículo 8° de la Constitución, a los que
estén sindicados o tengan reputación de ser activistas de tales doctrinas y a las
que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro
para la paz interior, y

113

CAPÍTULO II

d) Disponer la permanencia obligada de determinadas personas en una
localidad urbana del territorio nacional hasta por un plazo no superior a tres
meses.

Las facultades contempladas en esta disposición las ejercerá el Presidente de la
República, mediante decreto supremo firmado por el Ministerio del Interior,
bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”. Las medidas que
se adopten en virtud de esta disposición no serán susceptibles de recurso
alguno, salvo el de reconsideración ante la autoridad que las dispuso”.

Constitución Política de 1980,
disposición Vigésimocuarta del articulado transitorio114.

En este artículo, el Régimen Militar, encabezado por Augusto Pinochet, a través de su
deseo y de estampar su firma conjuntamente con la de su Ministro del Interior, podía
arrestar a la población en cualquier lugar del país no siendo necesaria una cárcel para ello
como establece la ley, restringir los derechos de reunión, la condicionalidad de la libertad
de información, ya que se necesitaba un permiso expreso directamente por Pinochet para
poder fundar, editar o circular nuevas publicaciones, además d que este artículo otorgaba
facultades tan irrisorias en un período que Pinochet consideraba como de transición
democrática, como por ejemplo, exiliar y mantener a los connacionales en el destierro y
condenar a la relegación por lo menos tres meses a cualquier chileno que según su
concepción violase las ley. En este punto se debe destacar que el Régimen Militar señalaba
perseguir y castigar los actos pero no las ideas de la oposición a él. Esta frase la explica
Maximiliano Errázuriz al indicar que “No se sancionan ideas, se sancionan actos. Lo que
una persona sienta, piense o crea no puede ser castigado, por que entonces el sistema se
transformaría en una verdadera caza de brujas. Lo que yo piense, mientras permanezca en
mi fuero interno, en mi conciencia, sólo a mí me pertenece y nadie me puede castigar por

114
CONTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE. Editorial Jurídica de Chile, Edición Oficial del mes de Mayo de
1983, pág. 95 – 96.

114

CAPÍTULO II

ello. De ahí que lo que la Constitución castigue sean determinados actos”115. Esta
argumentación sin duda no ayuda a manifestar las ideas divergentes de la oposición al
Régimen Militar, ya que su ideas y argumentos de repudio a este sólo deben quedar en la
conciencia de las personas y no deben ser expresados, por que de los contrario esta actitud
será castigada, de esta manera podemos indicar desde nuestro punto de vista esta
argumentación se contradice con el título de la obra de que Maximiliano Errázuriz en el
cual plantea estos argumentos: “La Participación Ciudadana en la Constitución Política”.
Esta argumentación es muy similar a la que entrega Jaime Guzmán Errázuriz, uno de los
juristas que mayor participación tuvo en la redacción de la Constitución de 1980, quien
indica en su texto denominado “La Definición Constitucional” (1980) que: “Resulta útil
refutar la falacia que algunos repiten, en el sentido de que esto implicaría "castigar ideas y
no actos", o que sería proceder con el mismo criterio totalitario del marxismo, sólo que
desde un prisma ideológico contrapuesto. Desde luego, es inexacto que se tienda a
sancionar ideas, porque el fuero interno de la conciencia es inviolable y sagrado. Ni
siquiera se trata de inmiscuirse en la vida privada de las personas, lo cual daría lugar a una
intolerable "caza de brujas". Menos aún podría procurar impedirse el análisis intelectual o
académico de una doctrina cualquiera. Lo que el precepto propuesto sanciona
específicamente es la "propagación" de las aludidas doctrinas, esto es, su difusión con
carácter proselitista. Se castiga así no una idea, sino un acto, y de fuertes repercusiones
sociales, como es la difusión proselitista de una doctrina”116.

Esta era la verdadera cara de la Constitución de 1980, que no sólo legitimaba al Régimen
Militar, sino le daba amplios poderes para cumplir su voluntas incluso violando la de los
demás en nombre de un interés común o de una seguridad interior del estado, que la
dictadura había presentado como “la Constitución de la Libertad” para ganar el plebiscito y
que en realidad era la constitución del y para el Régimen Militar encarnado totalmente por
Augusto Pinochet.

115
ERRÁZURIZ EGUIGUREN, MAXIMILIANO. “La Participación Ciudadana en la Constitución
Política”, Editorial Andrés Bello, Junio de 1983, Quinta Edición de Noviembre de 1983, Chile, pág. 146.
116

115

CAPÍTULO II

Para concluir con este punto dedicado a todo el proceso que dio origen a la Constitución de
1980, se debe indicar que la oposición se manifestó por primera vez de forma cohesionada
y organizada frente al Régimen Militar, lo que sin duda constituye un importante
antecedentes para los sucesos posteriores, en que la oposición trata de hacer frente común
ante el Régimen Militar. De esta manera esta situación “produjo que sectores de izquierda
profundizaran en la idea de llegar a acuerdos con el centro político, produciéndose un
significativo acercamiento de el Partido Demócrata Cristiano con el sector socialista
vinculado a Carlos Altamirano”117, además de que se adquirió conciencia de que la lucha de
la oposición iba ser dura y larga ya que el Régimen Militar no demostraba ganas de dejar el
poder sino por lo menos hasta 1990 en el mejor de los casos y tal vez hasta 1997 si la
situación del nivel de autoritarismo del régimen mostrado en el proceso de elaboración,
plebiscito y promulgación de la Constitución de 1980 seguía manifestándose de esa
manera.

En el siguiente punto trataremos del consenso social que se logró para llevar a cabo una
serie de grandes manifestaciones a nivel social producto de la crisis económica que azotó el
país entre los años de 1982 y 1983 y que rápidamente tomaron un rumbo de querer
manifestar la oposición al Régimen Militar para optar d esta manera por un debilitamiento
de este y su posterior salida, lo cual se convirtió en la estrategia adoptada por la oposición
para esa coyuntura de crisis económica que enfrentaba el país y el Régimen Militar,
proceso que pasaremos a tratar a continuación.

117

116

CAPÍTULO II

2.C.- EL PROCESO DE ACERCAMIENTO Y BÚSQUEDA DE CONSENSO
ENTRE LAS FUERZAS OPOSITORAS Y LA APERTURA DEL GOBIERNO:
ENTRE EL “PRODEN” Y LA “ALIANZA DEMOCRÁTICA”

Desde el momento en que se produjo el golpe militar el 11 de Septiembre de 1973,
este empezó a sufrir la oposición de los grupos de izquierda, los cuales debieron actuar en
la clandestinidad para realizarla. A esta situación se unieron más tarde los grupos de centro
como por ejemplo la Democracia Cristiana, a raíz de las violaciones a los derechos
humanos y a que se perseguía a varios de sus dirigentes. Con este hecho empieza a
perfilarse una oposición más numerosa y con el tiempo más organizada, e incluso dispuesta
a pactas y llegar a consensos con la finalidad de poder derrocar al Régimen Militar. Si bien
esta oposición ya se encontraba presente de manera relativamente organizada durante la
época del plebiscito de la Constitución de 1980, es tan sólo a partir de 1983 que “se
comenzaron a concretar acuerdos, que progresivamente le permitieron a los opositores
concertarse y adquirir la fuerza necesaria para demostrar su existencia”118.

En este punto nos ocuparemos de los años en que el proyecto neoliberal empieza a flaquear
por diversos motivos, produciendo una grave crisis económica con lo cual el país sale a
protestar, realizándose ya de manera organizada estas protestas que tuvieron un carácter
nacional, bajo el llamamiento de distintos grupos, algunos de estos de carácter civil, ya que
fueron iniciativas “fundamentalmente personales y buscaban superar las diferencias
partidarias e ideológicas mediante la unión de personalidades sin representación
partidista”119, como fue por ejemplo el caso de la iniciativa denominada PRODEN, cuyas
siglas significaban “Proyecto de Desarrollo Para un Consenso Nacional”. Otras iniciativas
de esta época fueron de índole partidista como el caso del “Manifiesto Democrático” y la
“Alianza Democrática”, las cuales también trataremos en este apartado, con la diferencia
que ambas organizaciones nos demuestran “cómo el proceso de aglutinamiento opositor se
dio bajo el alero de los partidos y cómo la participación de éstos demostró ser un requisito

118
Ibidem, pág. 211.
119
Idem, pág. 211.

117

CAPÍTULO II

ineludible para la efectiva búsqueda de acuerdos estables”120. De esta forma pasaremos a
tratar las organizaciones previamente nombradas a partir de la crisis económica y las
protestas sociales en contra de esta, pero antes realizaremos un breve examen del estado de
la economía y de la sociedad en aquellos años apara comprender el por que del surgimiento
y de la gran movilización que lograron finalmente estas protestas.

2.C.1.- LA CRISIS DEL SISTEMA NEOLIBERAL Y EL SURGIMIENTO DE LAS
PROTESTAS NACIONALES (1983 – 1984)

La crisis económica vivida por el país entre los años 1982 y 1984 tuvieron su punto
de mayor problemática y dificultad en el año 1983 en donde la protesta social tomó
rápidamente un cariz político debido a que el derrumbe del modelo económico instaurado
por la el Régimen Militar a través de la propuesta de los “Chicago Boys” estaba al borde
del colapso, por lo cual el proyecto político iniciado por el régimen que estaba muy ligado
a la estabilidad y prosperidad económica para que fuera viable parecía estar
derrumbándose. Como señala Eugenio Tironi, “El proyecto político autoritario descansaba
también en la suerte del modelo económico. Se preveían dos fases, ambas consagradas en
la Constitución Política de 1980. La primera, de corte dictatorial, debía crear las bases de
una próspera economía de mercado; la segunda y definitiva sería de un democracia estable
apoyada en una ciudadanía satisfecha, pragmática, ocupada de su enriquecimiento personal
alejada de cualquier extremismo ideológico. El derrumbe del modelo, sin embargo, restó
viabilidad a la estrategia de tránsito lento y gradual hacia esa “democracia protegida””121.
En otras palabras el Régimen Militar quería establecer una sociedad que estuviera más
preocupada de los nuevos valores que profesaba el régimen económico neoliberal, como
por ejemplo el consumismo, por lo cual de esta manera se terminaba con los tiempos de la
gran participación y movilización social de los tiempos del gobierno de Eduardo Frei

120
Ibidem, pág. 211.
121
TIRONI, EUGENIO. “El Régimen Autoritario. Para Una Sociología de Pinochet”, Ediciones Dolmen,
Santiago - Chile, 1997, pág. 82.

118

CAPÍTULO II

Montalva y de Salvador Allende, para sumergir a la sociedad bajo el Régimen Militar en
una sociedad que no se interesara ni participara en política para de esta manera el régimen
pudiese gobernar sin contrapesos.

Para tratar un poco el origen de la crisis económica de principios de la década de 1980, es
imperioso constatar el estado de la economía luego de que se instaurara el sistema
neoliberal, para lo cual citaremos a Juan Andrés Fontaine, quien señala que “Entre 1976 y
1979 la economía chilena vivió una saludable expansión liderada por las exportaciones, la
que culminaría en el boom de inversión y consumo de los años 1980 1981. Entre 1976 y
1981 el PIB real creció a una tasa anual de 6,6% y las exportaciones lo hicieron al 10,7%
anual en términos de volumen. La inflación, que en 1975 alcanzaba a un 370% anual,
disminuyó gradualmente hasta llegar a 33% en 1979 y a 9% en 1981 como consecuencia de
la persistente disciplina fiscal y monetaria. Los salarios reales aumentaron en una tasa
promedio anual de 12,4%. La deuda externa neta también bajó de un nivel equivalente a
tres veces las exportaciones en 1975, a 1,6% en 1979 y posteriormente comenzó a crecer a
pasos agigantados debido al endeudamiento del sector privado”122. De esta manera en los
primeros años luego del golpe militar se ve una mejoría con respecto de la situación
económica al final de los años del gobierno de Salvador Allende y para los primeros años
de la vigencia del sistema neoliberal incluso se ve un auge económico, con la finalidad de
hacer crecer rápidamente la economía para de esta manera asentar sin oposición ni criticas
el proyecto político del Régimen Militar.

A su vez Fontaine señala con respecto a la implantación del sistema neoliberal que su plan
primario era “De cualquier modo, lo que importa es que la mayoría de las más importantes
reformas estructurales que crearon la economía de mercado en Chile fueron planificadas y
ejecutadas en el marco de una economía en rápido crecimiento. Un efecto político del
progreso económico fue el afianzamiento de la posición de los economistas de libre
mercado dentro del Gobierno militar y frente a la opinión pública. Las reformas estaban
rindiendo los primeros frutos”123. Pero estos primeros frutos que señala en autor y que

122
Op. Cit., FONTAINE, JUAN ANDRÉS. , pág. 250.
123
Idem, pág. 251.

119

CAPÍTULO II

vendrán a ser el triunfo del nuevo modelo y el argumento para asentar este proyecto
político del Régimen Militar que ya se había planteado en el discurso del Cerro Chacarillas
en 1977 y que se había materializado en todo el proceso que culminó con la puesta en
vigencia de la Constitución de 1980, tambalean ya desde el año de 1981, cuando “La
sobrecalentada economía chilena de 1981, golpeada por el alza de las tasas de interés
internacionales y una nueva caída en los términos de intercambio, se vio nuevamente
sumergida en una depresión de la magnitud de la de 1975”124.

Con respecto a las causas del desplome del sistema neoliberal en Chile durante estos años,
Cristián Gazmuri señala que se producen debido a que “Una serie de errores
macroeconómicos del equipo de gobierno, al perpetuar la mantención artificial de un precio
bajo del dólar, sumados a la recesión mundial que se produjo ese año, llevó a una cadena de
quiebras que comenzaron por algunas de las industrias más grandes del país y culminaron
con las de algunos de los mayores bancos particulares. El pasivo de todo el sistema
bancario, descontando capital y reservas, superaba los seis mil millones de dólares de la
época. La cesantía se disparó hasta más de un 20 por ciento nominal y un porcentaje real
bastante más alto (quizás hasta un 30 por ciento). El PIB que había venido subiendo desde
1976 cayó en un 14,1 por ciento en 1982 y otro 0,7 por ciento en 1983. El estado tuvo que
socorrer con miles de millones de dólares al aparato financiero en quiebra. Era el fin del
boom y naturalmente esto tendría sus consecuencias políticas”125.

De esta manera se inicia una serie de protestas, las que tienen su origen en una serie de
problemas económicos que como describe Edgardo Barandarián se suscitan de forma muy
patente “En mayo de 1983 difícilmente pueda imaginarse una situación financiera más
crítica que la chilena: las pérdidas de capital de empresas y personas son de tal magnitud
que la mayoría de los deudores sólo podrían cumplir sus compromisos financieros cediendo
gran parte o todos sus activos. La resistencia natural a realizar semejantes pérdidas ha
comprometido la solvencia de casi todas las instituciones financieras que se han asociado

124
Ibidem, pág. 251.
125
Op. Cit., GAZMURI, CRISTIAN. “El Lugar de Pinochet en la Historia: Una Interpretación Política de la
Experiencia Autoritaria 1973 – 1990”, pág. 17.

120

CAPÍTULO II

de hecho con los deudores en los intentos de éstos por transferir parte de las pérdidas a sus
acreedores o a terceros. Inmediatamente, esta reacción de los deudores ha agravado la caída
en las actividades productivas hasta niveles jamás sospechados, pudiendo afirmarse que la
solución del problema financiero es condición necesaria para la recuperación de la
producción. Además, los intentos de los deudores se han traducido en presiones sobre la
autoridad política, de lo cual se ha derivado un cuestionamiento global de la estructura
normativa e institucional de la actividad financiera”126.

Cabe recordar que las protestas surgen de una motivación sindical, ya que a fines de Enero
de 1983, más de 1.200 dirigentes sindicales firmaron una Carta Abierta al General Pinochet
en donde señalaban la gravedad de la crisis económica. De esta manera durante el mismo
mes de Enero “la directiva de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) decidió
llamar a un paro nacional, convocatoria sujeta a ratificación de un Congreso Extraordinario
que la organización celebraría: Dicho evento, que se realizó en Punta de Tralca a mediados
de abril bajo la conducción del nuevo y joven Presidente de la Confederación, Rodolfo
Seguel, acogió la proposición y acordó al paro para el 11 de mayo”127, de esta manera se
originó la primera gran protesta nacional, ya que luego de su convocatoria se adhirieron
varios grupos y organizaciones sindicales y sociales, además del PRODEN y otras
instancias de carácter político y partidista.

Esta grave situación económica que generó las protestas ha sido vista de diferentes maneras
según las diversas tendencias políticas. Por un lado, la corriente más adepta al Régimen
Militar señala que las protestas se originaron bajo la idea de que “Los líderes de la
oposición sacaron cuentas alegres. Pensaron que gracias a la difícil situación económica
planteada por la recesión económica el gobierno perdería su popularidad y, si se le
empujaba, caería. Había llegado el momento de convocar a un paro nacional para que el

126
BARANDIARÁN, EDGARDO. “Nuestra Crisis Financiera”. En “Estudios Públicos” Nº 12, Chile, 1983,
pág. 90.
127
AYLWIN AZÓCAR, PATRICIO. “El Reencuentro de los Demócratas: Del Golpe al Triunfo del No”,
Ediciones Grupo Zeta, Santiago – Chile, 1º edición de Octubre de 1998, pág. 225.

121

CAPÍTULO II

desplome se produjera”128. Este es el argumento que utiliza Julio Canessa para explicar el
origen de la primera protesta: la del 11 de Mayo de 1983, la cual se repetiría el día11 de
cada mes, siempre y cuando cayera en un día hábil, de modo contrario se realizaría el lunes
siguiente al 11 de ese mes. A su vez esta posición deja entrever que el autor señala que sólo
la causa política es la motivación primaria de las protestas, motivación que en este contexto
según su visión sería un aprovechamiento político de la parte de la oposición al Régimen
Militar el que las organizaría. Si bien al autor asume que esta crisis económica es real,
desconoce el entendimiento real de la población sobre la situación señalando que
solamente actúan de manera instrumental ante la oposición, menospreciando la capacidad
de decisión y organización de la población.

Por su parte la tendencia de centro señalaba que estas protestas se originaron debido a la
acción sindical sin negar posteriormente que la conducción y posterior organización de
estas pasó a los partidos políticos, como señala Edgardo Boeninger ya que “Al desatarse la
crisis económica, son su violento impacto en los salarios y el empleo, se fue produciendo
una activación de estas estructuras sindicales opositoras, que gozaban de alta legitimidad
entre los sindicatos legalmente constituidos, cuyos dirigentes eran, a su vez,
mayoritariamente contrarios al régimen, pese al esfuerzo depurador desplegado por éste”129.
De esta forma el autor señala que el origen de estas protestas es la organización sindical que
todavía quedaba en pie luego de que el Régimen Militar eliminara y suprimiera varias de
ellas para desmovilizar y despolitizar a la población. Por su parte el autor sin desconocer
que estas protestas rápidamente tuvieron un carácter político y a su vez también pasaron a
ser encabezadas por los partidos políticos, señala que: “La conducción de estas protestas
pasó luego a manos de los partidos políticos en la creación de un primer conglomerado
formal, la Alianza Democrática”130.

Muy parecida a esta última argumentación es la línea de izquierda con respecto al origen de
las protestas de esta época y a su posterior desarrollo. Para Luis Vitale las protestas surgen

128
129
Op. Cit., BOENINGER, EDGARDO., pág. 297.
130
Idem, pág. 297.

122

CAPÍTULO II

bajo el alero de la actividad sindical y en donde “Las “poblaciones” o barrios urbano –
periféricos pobres fueron la espina dorsal de las protestas, con apreciable participación de
las mujeres y de la nueva generación de dirigentes jóvenes, que no aceptaban la política
verticalista de los partidos, negándose a ser manipulados por la cúpulas”131. A pesar de que
los pobladores de diferentes lugares debieron formar “Intercomunales” con la finalidad de
organizar y concordar sus protestas, estas igualmente cayeron bajo el alero de los partidos
políticos, o por lo menos así lo interpretó la opinión pública durante esta época y también
por el Régimen Militar.

Por su parte en una entrevista de Oscar Sepúlveda al dirigente democratacristiano Genaro
Arriagada en el marco de la convocatoria de la quinta protestas nacional fijada para el
Jueves 8 de Noviembre de 1983, el día Sábado 3 de Septiembre de 1983 este declaraba a el
diario “La Segunda” en torno al origen de estas protestas y su motivación:

“- Como los dirigentes aseguran que no pueden controlar la protestas, surgen
críticas señalando que cómo entonces son dirigentes si no pueden controlar a
sus dirigidos.

- La protesta no es un acto de manipulación de la oposición. Es un fenómeno
social resultado de un fracaso muy profundo del gobierno, en cuatro planos a
los menos: Político (nunca el gobierno en estos 10 años fue capaz de crear un
sistema de partidos políticos, y una comunidad tan politizada como Santiago,
sólo es manejable por la vía de la represión o por la vía sistema de partidos). El
fracaso social se expresa en el hecho de que en el período 74 – 82 hubo una
disminución del gasto social por habitante en Chile de alrededor del 20%, lo
que significó la destrucción, especialmente en sectores populares, de servicios
básicos de salud, vivienda y educación. El fracaso económico se traduce en
términos generales en un 30 y tanto por ciento de cesantía (sumado PEM y
POJH); y en las poblaciones obreras esos niveles superan el 50%. Realmente

131
OCTAVIO; SALAS, VERÓNICA; PIWONKA, GONZALO., pág. 267, artículo de Luis Vitale.

123

CAPÍTULO II

estamos sentados sobre una situación muy explosiva. Entonces, no me parece
justo que los que durante 10 años no quisieron escuchar el llamado de poderes
morales como la Iglesia, ni los argumentos de los partidos políticos opositores,
ni las invocaciones de los gobiernos extranjeros o de la opinión pública
internacional, en el sentido de que este país requería tener un manejo político y
económico más prudente, bruscamente hoy día se dirijan en contra nuestra
como si fuéramos los causantes de este proceso social que es el resultado de un
fracaso muy dramático del gobierno en todas sus políticas”.

Genaro Arriagada, Diario “La Segunda”, Sábado 3 de Septiembre de 1983132

Por su parte el Régimen Militar se defendía señalando de que estas protestas a causa de la
grave crisis económica que enfrentaba el país se debían más que nada a un
aprovechamiento político de la situación por parte de la oposición a este, como describe
Augusto Pinochet en el siguiente discurso:

“Esta situación mundial tan agresiva nos lleva a observar con preocupación la
reactivación de los conflictos sociales, llegándose a la violencia política, que
pretende encontrar la solución a los problemas mediante actos brutales y
dolorosos – como es el terrorismo que provoca víctimas inocentes -, producto
del vil aprovechamiento de esta situación por parte de quines sólo persiguen
dividendos para sus mezquinos beneficios personales.
En este orden de cosas, estimo que quienes dan apoyo o defienden a los
terroristas, son tan violentistas como ellos y merecen el repudio ciudadano.
Desafortunadamente, de los efectos de la situación general descrita no ha
escapado nuestra Patria, y si ella no ha sido tan gravemente afectada como
otros países, se debe a que nuestra economía – gracias al oportuno y
progresivo reordenamiento a partir de 1973 – ha podido soportar en mejores
condiciones las complejas circunstancias a que arrastra la crisis mundial.

132
Op. Cit., ARRAIGADA, GENARO. 10 Años: Visión Crítica”, pág. 234. Cita tomada por el autor del
diario “La Segunda”, Sábado 3 de Septiembre de 1983.

124

CAPÍTULO II

No obstante lo anterior, estamos enfrentando diversos problemas
circunstanciales, manifestados principalmente en dificultades financiera, alto
índice de cesantía, y, como consecuencia, en un fenómeno sociológico de
desconfianza e incertidumbre públicas, lo que ha sido estimulado audazmente
por nuestros opositores y aun por respetables instituciones que se han
encargado de fomentar el descontento, la lucha de clases y la angustia entre los
más necesitados.
Ante tan dura situación socioeconómica, en el trascurso de este período crítico,
el Gobierno adoptó medidas para atenuar – en la mejor forma posible – las
dificultades que se presentaban en el momento”.

Discurso de Augusto Pinochet en Torno al Juramento de Nuevo Gabinete,
Santiago, 30 de Agosto de 1982133

En este discurso queda patente la intención del Régimen Militar de responsabilizar en gran
parte a la grave situación económica por la que atravesaba el país a una crisis económica de
carácter mundial, sin asumir la responsabilidad que le cabe a las diferentes medidas
erróneas tomadas por las autoridades económicas del país como señala en los párrafos
anteriores Cristián Gazmuri. Por su parte, en este discurso se aprecia la intención de desviar
el sentido originario de las protestas de hacer patente el malestar de la población frente al
sistema neoliberal impuesto por el Régimen Militar y de paso pedir el retorno a la
democracia, bajo el pretexto de que estas protestas estaban organizadas por distintos grupos
de la oposición que organizadamente se han aprovechado de la crítica situación económica
y de manera concertada han llamado a la población a protestar. Es por esto que el Régimen
Militar de manera amenazante señala que quienes participen en estas protestas avalan las
conductas terroristas de los manifestantes más extremos de estas protestas, es decir, el
Régimen Militar para evitar concentraciones de carácter masivo en estas protestas señala a
la población que quienes tan sólo participando en estas manifestaciones de cualquier forma,
comenten actos terroristas, lo cual desde esta perspectiva debe ser castigado, buscando con
ello un efecto disuasivo y coercitivo bajo la ciudadanía en su legítimo derecho de

133
Op. Cit., PINOCHET, AUGUSTO., pág. 144 – 145.

125

CAPÍTULO II

manifestarse como señalaba la Constitución de 1980, que en este sentido se dejaba bastante
de lado. En este sentido básicamente este argumento se repite en otras declaraciones que
posteriormente realizó Augusto Pinochet, como por ejemplo la realiza a la revista “Ercilla”
a fines de 1982, en el cual señala que:

“Por cierto que hay sectores que abiertamente tratan de aprovechar las serias
dificultades económicas por las que atravesamos y proyectarlas en el ámbito
político. Pretenden crear la ilusión que vivimos una crisis generalizada y que
asistimos al fracaso el gobierno.
Desde luego, olvidan que la situación económica que nos aflige es
consecuencia directa de la grave disminución de la actividad económica
mundial y del estado de las economías de los países más desarrollados.
Desconocer las tasas de inflación y desempleo que muestran hoy países
industrializados, y pretender que no influye en nosotros la caída violenta de la
demanda y los precios de todas las materias primas y el alza de las tasas de
interés, es simplemente cegarse ante una realidad evidente. Formamos parte
del comercio internacional, nos beneficiamos con ello, no podemos aislarnos y
sufrimos también los vaivenes que en él se producen.
Hay sectores que quisieran alterar el rumbo institucional que el país se ha
trazado, sacando dividendos políticos de la situación económica. Los chilenos
conocemos su lenguaje utópico, su absoluta falta de objetividad y su
resentimiento por haber fracasado cuando dirigieron los destinos de la Nación.
A ellos les respondemos con nuestra decisión inalterable de continuar nuestro
programa de gobierno hasta lograr cabalmente nuestros objetivos.

Augusto Pinochet Entrevista concedida a la Revista “Ercilla”,
Santiago, 29 - 12 – 1982134.

A su vez, como se señalaba en párrafos anteriores, el aspecto económico era vital para
sostener el proyecto político de “democracia protegida” que instauró el Régimen Militar.

134
Ibidem, pág. 150 – 151.

126

CAPÍTULO II

Por ello era muy importante desarrollar una economía sólida y un nivel de vida aceptable
dentro del país para que la población no presionara al gobierno y la oposición no sacara
partido de los problemas económicos que enfrentaba el país y que le podían brindar una
importante plataforma de crítica, por lo cual el Régimen Militar empezó en esta época de
crisis económica a resaltar otros puntos fuera de la materia económica como los puntos y
logros políticos alcanzados luego del ordenamiento que realizó una ves derrocado por las
armas el gobierno constitucional de Salvador Allende y de la Unidad Popular. Además, el
Régimen Militar, empezó a relacionar estos avances con sus anteriores aciertos en
economía, pero que en ningún caso eran suficientes para acallar las voces de protestas
opositores a raíz de la crisis económica. A continuación se citará una entrevista realizada al
diario “La Nación” a comienzos de 1983, en donde señala que:

“La obra que el Gobierno impulsa va más allá de una mera política económica.
Nuestra liberación del marxismo y nuestra proyección como una nación
soberana y libre son superiores a los planteamientos u oposiciones de carácter
económico. El Gobierno optó por un sistema de economía social de mercado, y
ello constituye una definición básica e inalterable. Consecuentemente la
existencia generalizada de la propiedad privada de los medios de producción,
la libertad económica y de empresa, el reconocimiento del mercado como
instrumento preferente para la asignación de normas productivas, la apertura
del comercio exterior, la no discriminación entre los sectores económicos y la
acción subsidiaria del Estado constituyen aspectos esenciales que son
intransables.
Cosa distinta son las políticas específicas. En el ámbito arancelario, monetario,
tributario, de empleo o de gasto público, es posible introducir modificaciones
según lo aconsejan la realidad y la prudencia, las cuales por cierto estarán en
armonía con la estrategia básica.
La obra del Gobierno comprende aspectos políticos, económicos y sociales.
Todos ellos están inspirados en la libertad y, por cierto, entre ellos hay
coherencia y unidad. Creer que el proceso esté ligado a un mero instrumento de

127

CAPÍTULO II

política económica, o a una política específica en algún campo determinado,
constituye un error”.

Augusto Pinochet, Entrevista al Diario “La Nación”,
Santiago, 3 - 1 – 1983135.

De esta manera se llevaron a cabo estas protestas de carácter nacional, las cuales se
caracterizaron por un fuerte represión de parte del gobierno en contra de los manifestantes y
asistentes a estas manifestaciones. En este punto Patricio Aylwin señala tomando en cuanto
las dos primera protestas de 1983 que “mientras en la jornada de mayo hubo 350 detenidos,
el 14 de junio se llegó a 1.351, de los cuales 634 corresponden a Santiago. La primera
protesta fue predominantemente metropolitana; la segunda se extendió a todo el país. No se
trata, por lo tanto, de una protesta más, sino de un proceso creciente de manifestación de
descontento popular”136 (datos tomados por el autor de la revista “Mensaje” del mes de
Julio de 1983). Posteriormente las protestas tomaron un carácter más violento y la represión
también, produciéndose en varias de ellos cientos de heridos y decenas de muertos a causa
de la violencia de ambas partes.

Por su parte este proceso de crisis llegó hasta 1984, en donde al años siguiente se
experimentó una breve mejoría en la economía, especialmente por la llegada del “joven
ingeniero Hernán Büchi quien pasó desde la Superintendencia de Bancos a dirigir la
Cartera de Economía, en reemplazo de Escobar a principios de 1985”137. De esta manera
empezó una nueva etapa llena de optimismo en la economía nacional, lo que benefició
mucho al Régimen Militar (recordemos que utilizó estos logros económicos luego de salir
de la crisis económica de principios de la década de los `80, como por ejemplo de
publicidad de lo que había sido su administración para el plebiscito de 1988).

135
Ibidem, pág. 156.
136
Op. Cit., AYLWIN AZÓCAR, PATRICIO., pág. 229.
137
VIAL CORREA, GONZALO. “Historia de Chile en el Siglo XX”,Editado por el diario “Las Últimas
Noticias”, Editorial Santiago, 2003, pág. 423.

128

CAPÍTULO II

De esta manera Andrés Fontaine señala de que “Los economistas de oposición nunca
previeron que la economía se recuperaría rápidamente de la depresión de 1982-1983 y
sostuvieron que la raíz del problema estaba en una excesiva liberalización de la
economía”138, con lo cual sin duda pretende resaltar el como el Régimen Militar fue capaz
de resolver este grave problema económico que se le presentó durante estos años.

Hernán Büchi, ingeniero que pasó de la Primera gran protestas nacional del 11 de mayo
Superintendencia de Bancos a la dirección de 1983, la cual fue convocada, principalmente,
de la cartera de Economía a principios de por la Confederación de Trabajadores del Cobre
1985, período en el cual el país alcanzó un (CTC) y apoyada por grupos de la oposición
buen período económico, con lo cual las política. (Fuente: Diario “La Nación”, en
protestas civiles perdieron efectividad y internet: http://www.lanacion.cl , edición especial
fueron reprimidas duramente. con respecto a los treinta años del golpe militar).

Antes de cerrar este punto, para pasar a detallar las variadas organizaciones que estuvieron
involucradas en este proceso de movilización social y que dieron origen a instituciones de
un nivel organizativo mas amplio y consensuado con la finalidad de pedir la retira del
Régimen Militar del poder como veremos en el próximo punto, a continuación
reproduciremos las instrucciones139 (publicadas en la revista “Hoy” del mes de Mayo de
1983) para la primera protesta de este ciclo de ellas, la del 11 de Mayo de 1983 en la cual
se llamaba la población a realizar ciertas acciones las cuales tuvieron gran aceptación y

138
Op. Cit., FONTAINE, JUAN ANDRÉS, pág. 252.
139

129

CAPÍTULO II

convirtieron a las protesta en un éxito, Entre estas instrucciones mencionadas anteriormente
son:

1.- No enviar nuestros hijos al colegio.
2.- No comprar absolutamente nada.
3.- No hacer trámites en oficinas públicas ni privadas.
4.- No tomar micros.
5.- Los vehículos circulando amenos de 30 km. por hora.
6.- A las 20 hrs. todo Chile toca las cacerolas .
7.- A las 9:30 hrs. apagar luces y artefactos eléctricos.

2.C.2.- EL PROYECTO DE DESARROLLO PARA UN CONSENSO NACIONAL
(PRODEN)

Las protestas sociales que se generaron a partir de la grave crisis económica de los
años 1982 y 1983, sin duda debilitaron, o por lo menos, lo hicieron de manera momentánea,
la pretensión de autosuficiencia que el Régimen Militar poseía. Como señala Camilo
Escalona “La teoría seudo – científica que aplicaban en el país cayó estrepitosamente al
suelo. Los infalibles mordían el polvo de la derrota y caían humillados ante la erosión
vertiginosa del dogma que justificaba sus prácticas represivas. La camisa de fuerza quedaba
con sus broches dañados y parte de sus correas cortadas”140. De esta manera la crisis
económica de estos años vino a hacer tambalear el modelo económico neoliberal instaurado
por los “Chicago Boys” ya que el proyecto político de corte autoritario institucionalizado
en la Constitución de 1980 se justificaba en gran medida en la suerte que corriera este
modelo económico.

Dentro de este marco, según Juan Andrés Fontaine señala con respecto a como los grupos
de oposición empiezan a organizarse y a tomar fuerza con el fin de hacer presión ante el

140
Op. Cit., ESCALONA, CAMILO, pág. 19.

130

CAPÍTULO II

Régimen Militar, que: “Los grupos opositores, aunque formalmente proscritos de la
actividad política, comenzaron a actuar. Se organizaron "jornadas de protesta" mensuales,
en las que los grupos opositores marchaban al centro de la ciudad y se enfrentaban contra
las fuerzas policiales. Violentos disturbios tenían lugar en los barrios de bajos ingresos,
mientras que en los sectores medios y altos las dueñas de casa golpeaban las cacerolas al
anochecer (lo hacían incluso a unas cuantas cuadras de la residencia del general Pinochet).
En un esfuerzo por calmar los ánimos, el Gobierno inició negociaciones con los líderes
opositores, las que finalmente fracasaron cuando estos últimos exigieron la inmediata
renuncia del general Pinochet como condición previa para continuar las conversaciones. En
aquella época, no solamente parecía inminente el derrumbe del experimento chileno de
libre mercado, sino también la caída del general Pinochet”141.

Este es el contexto en el cual se manifiesta públicamente una de las primeras entidades
organizadas para hacer frente al Régimen Militar y buscar con ello la salida del poder de
este, nos referimos al “Proyecto de Consenso Para un Desarrollo Nacional” PRODEN. Esta
organización nace a fines del mes de Noviembre de 1982, bajo la figura de una sociedad
anónima, y por militantes de diversos partidos políticos de la oposición al Régimen Militar
que por su parte buscaban una alternativa diferente e independiente ante los esfuerzos de
estos mismos partidos políticos. Este grupo “En el acto constitutivo se encontraron
dirigentes “conservadores y de la convergencia socialista; radicales y social demócratas; del
Padena (Partido Democrático Nacional) y la Izquierda Cristiana; demócratas cristianos y
nacionales””142, como señalaba Enrique Krauss en la revista “Qué Pasa” del 11 de Agosto
de 1983 (pág. 16), en donde además aclaraba que el PRODEN no era una apéndice de la
democracia cristiana “ni de ningún partido político. Lo integraban personas naturales que
se representaban como tales. Aunque en él hay un grupo importante de calificados DC”143,
según la trascripción que realiza Eugenio Ortega.

141
142
143
Idem, pág. 263.

131

CAPÍTULO II

El manifiesto realizado por el PRODEN para explicar sus principios y argumentos para su
conformación como organización opositora al Régimen Militar son los que se señalan a
continuación:

“Chile vive una profunda crisis política, económica y social, donde la gran
mayoría de los ciudadanos desean expresar sus inquietudes y desarrollar sus
aspiraciones y personalidades que la interpreten”.

Revista “Hoy” Nº 280, del 1 al 7 de Diciembre de 1982, pág. 7144

De esta manera esta organización señalaba que su misión era la de proyectar, realizar y
evaluar una serie de estudios alternativos a los que realizan los partidos políticos u otras
organizaciones de características similares para conseguir el tan anhelado retorno a la
democracia. Esta iniciativa concreta llamada PRODEN nació de la mano de Jorge
Lavandero conjuntamente con la cooperación de Carlos Dupré y Sergio Páez, pero como
eran los tres militantes de la democracia cristiana y la idea del proyecto era hacerlo
pluralista y a su vez desmarcarse un tanto de las acciones de los partidos políticos,
“Lavandero sometió la idea a la dirección del partido, que lo autorizó para hacerlo sobre la
base de que la organización que se creara no interfiriera con la conducción la estructura
partidaria”145. De esta manera con el fin de eludir la barrera de que la actividad partidaria
estaba depuesta, esta organización se tuvo que constituir como una sociedad anónima, sin
fines de lucro y cuyo fin sería el estudio de la realidad social de estos años. De esta manera
su directiva con el fin de ser lo más variada y pluralista, fue integrada por “Jorge Lavandero
(DC), Engelberto Frías (ex – PN), Samuel Astorga (DC), León Villarín (miembro de la
Confederación de Dueños de Camiones), Diego Portales (SD), Carlos Dupré (DC), Sergio
Aburto (PADENA), Diego Rodolfo Echenique (Presidente de la Federación de Jubilados
Particulares), Carlos Santa María (Unión Democrática de Trabajadores), Carlos Carmona
(PADENA), Joaquín Morales (PR), Hernol Flores y Eduardo Ríos (Unión Democrática de

144
Ibidem, pág. 212. Cita que toma el autor de Revista “Hoy” Nº 280, del 1 al 7 de Diciembre de 1982, pág.
7.
145

132

CAPÍTULO II

Trabajadores), Ramón Silva Ulloa (USOPO), Mario Farías Fernández (PR) y Jorge Ovalle
Quiroz y Sergio Arellano (en representación de un grupo de abogados)”146.

Esta organización se preocupo de dejar fuera de su conformación a las ideologías más
extremas tanto de izquierda como de derecha, aunque a su vez más tarde señaló de que en
las movilizaciones en contra del Régimen Militar podían participar militantes de todas las
tendencia ya sean inclusiva de la extrema derecha y de la extrema izquierda con la finalidad
de dar más peso a sus demandas frente al régimen.

Esta agrupación señaló que su máximo valor era el de haber abierto un espacio para el
debate de la recuperación de la democracia en Chile en momentos en que ningún otro grupo
o partido se había atrevido hacerlo por la gran represión reinante dentro del país. Es así
como Jaime Lavandero definió a esta agrupación como una “solución lógica” para la
búsqueda del retorno a la democracia, declarando de que:

“Es unirse – por sobre diferencias ideológicas – con el objetivo común de
restablecer la libertad, la justicia y la democracia. Por eso fue fácil organizar
un instrumento de estudio y acción, aprovechando el único espacio que nos dejó
el gobierno: una sociedad anónima cerrada, un paraguas”.

Declaración de Jorge Lavandero a revista “Hoy” Nº 308,
del 15 al 21 de Junio de 1983, pág. 20147.

De esta manera se iniciaron las actividades de esta organizaciones las cuales consistieron en
envíos de cartas a las diferentes autoridades de gobierno sobre sus planteamientos de
diversos temas sobre los problemas que afectaba al país en aquellos años. También se
planteó un proyecto de reforma constitucional con el fin de derogar desde la novena de las
disposiciones transitorias de la Constitución de 1980 por ser antidemocráticas. También se
realizó “una acusación constitucional contra el Ministro de Hacienda y de Economía Rold

146
147
Idem, pág. 212. Cita que toma el autor de revista “Hoy” Nº 308 del 15 al 21 de Julio de 1983, pág. 20.

133

CAPÍTULO II

Lüders”148, como también se impulsaron las movilizaciones que fueron conocidas como las
protestas civiles de 1983 y 1984 de las cuales este trabajo se refirió en el punto anterior.

Asimismo el interesante destacar la serie de conflictos que tuvo el PRODEN con la
naciente Alianza Democrática (organización a la cual nos referiremos en los siguientes
puntos). “En este conflicto, el problema de fondo que se discutió, se centró en quien debía
planificar, desarrollar y liderar las iniciativas contra el gobierno militar”149, disputa que se
produjo producto de que el PRODEN sostuvo un encuentro con el Ministro del interior
Sergio Onofre Jarpa, el cual no contó con la aprobación de la Alianza Democrática, además
de que el primero organizó y llamó a un acto público. Por su parte el PRODEN haciendo
gala de su independencia partidaria se reunió con ciertos sectores del ex – Partido Nacional
que estaban agrupados bajo la figura de Patricio Phillips.

Pero sin duda el encuentro con el Ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa (en torno de un
plan de apertura y de acercamiento a la oposición del Régimen Militar elaborado por este
ministro que detallaremos en los apartados siguientes) fue el que más molestó a los
dirigentes de la Alianza Democrática ya que días antes de esa reunión, el PRODEN había
declarados cuales debían ser las condiciones para un diálogo con el gobierno:

“1.- La constitución de un gobierno generado por el más amplio consenso nacional entre las
Fuerzas Armadas y las fuerzas políticas y sociales.

2.- Convocatoria a una “Asamblea Constituyente o Congreso” para conformar una
institucionalidad democrática.

3.- Un gran acuerdo social y económico promovido por el Estado.

4.- Un amplio consenso político.

148
149

134

CAPÍTULO II

5- Generar un ambiente para pacificar los espíritus”150, “procediendo sin revanchas ni
rencores y desterrando desde ya la pena de muerte”151.

En el encuentro al cual se referían los párrafos anteriores, el Ministro del Interior Sergio
Onofre Jarpa se juntó el 19 de Agosto en la casa de Luis Pareto, en el cual Jorge Lavandero
afirmó que esa reunión no tenía por que generar problemas con el resto de los sectores de la
oposición como la Alianza Democrática, apreciación que días más tarde se comprobó que
estaba errada, ya que la Alianza Democrática señalaba de que el diálogo con la oposición
debía hacerse con todas las formalidades que la ocasión ameritaba además de que debía
realizarse de forma pública. Fuera de estos problemas también se suscitaron otros como los
que se originaron a partir de los diferentes llamados a protestas en donde convocaban tanto
la Alianza Democrática como el PRODEN, suscitándose el problema de que la Alianza
Democrática no aceptaba que el PRODEN tomara las decisiones de manera independiente,
ante lo cual el PRODEN tuvo que ceder, ya que la oposición había llegado al consenso de
que debían de ser los partidos políticos y no otro tipo de organizaciones las que llevaran la
conducción del proceso de diálogo con el gobierno como lo manifestara el presidente de la
Democracia Cristiana y uno de los dirigentes máximos de la Alianza Democrática al diario
“Las Últimas Noticias” el día 29 de Agosto de 1983:

“cada etapa requiere de las instituciones adecuadas para enfrentar ese
instante. Llegó el momento de que actúen en plenitud los Partidos Políticos”.

Declaración de Gabriel Valdés al diario “Las Últimas Noticias”,
del día 2 de Agosto de 1983, pág. 6152.

De esta manera se daba la disputa entre las funciones de cada uno de estos grupos. Mientras
el PRODEN señalaba de que su misión era la de gestionar, organizar y encausar la creciente

150
Ibidem, pág. 214.
151
Idem, pág. 263. Cita del autor tomada de una declaración del PRODEN al diario “La Tercera de la Hora”
del 4 de Agosto de 1983, pág. A - 12.
152
Idem, pág. 263. Cita del autor tomada de una declaración de Gabriel Valdés al diario “Las Últimas
Noticias” el 2 de Agosto de 1983, pág. 6.

135

CAPÍTULO II

movilización social manifestada en las protestas, su argumento era de que la Alianza
Democrática debía fijar las grandes estrategias de la oposición además de sostener
convenios y pactos con las diferentes fuerzas del espectro político, pero no gestionar la
movilización social que le pertenecía al PRODEN según este mismo organismo.

Finalmente el PRODEN tuvo que ceder ante la presión ejercida por la Alianza
Democrática, de esta manera surgía el problema del destino que debía tomar el PRODEN:
el de integrase a la Alianza Democrática o mantener su autonomía al estar desligado en
parte de loa partidos políticos (en parte ya que se debe recordar que muchos de sus
dirigentes eran parte de los partidos políticos, fundamentalmente sus dirigentes máximos
que eran parte de la Democracia Cristiana, que a su vez era el partido que conducía los
destinos de la Alianza Democrática). Finalmente si bien primó la supremacía de la Alianza
Democrática (manifestada en las diferentes convocatorias a protestar en contra del Régimen
Militar, en donde el PRODEN debía ceder ante las suyas), el PRODEN optó por no entrar a
formar parte de esta y se mantuvo con relativa independencia.

El PRODEN de esta forma no le quedó más que asociarse a diversas entidades,
fundamentalmente de izquierda, como “Mujeres de Chile” (MUDECH), la Agrupación de
Familiares de Presos Políticos y una organización denominada “Comando Unitario
Democrático” (CUD). También estableció algunos lazos con otra entidad de relativa
importancia como lo fue el Movimiento Democrático Popular (MDP), fundamentalmente
con respecto a ciertos apoyos para las protestas y actos públicos que convocara el
PRODEN.

El Movimiento Democrático Popular (MDP) nace el 20 de Septiembre de 1983 “constituido
por el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista–Almeyda (PS - Almeyda) y el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Este frente político de la izquierda más
radical se oponía a las negociaciones de la AD con Jarpa y sostenía que el propósito
fundamental del gobierno era neutralizar las protestas y a la oposición”153, por lo quedaba
fuera de la relevancia pública y de una opción más seria a tomar en cuanta por los

153
Op. Cit., TOVAR MENDOZA, JUSTO., pág. 6.

136

CAPÍTULO II

personeros de gobiernos de acuerdo con la apertura del Ministro Jarpa. El Movimiento
Democrático Popular redacta el “Manifiesto del Pueblo de Chile”, en el cual se señala que
el pueblo ha decidido poner fin a la dictadura y al sistema económico y político imperante,
por lo cual se llama a la redacción de un gran acuerdo nacional entre todas las fuerzas de la
oposición al Régimen Militar, pero reconociendo la existencia e importancia de la Alianza
democrática, por lo cual llama a que su instancia se una con esta para la redacción de este
acuerdo democrático nacional, donde tengan representación todas las fuerzas opositoras,
tanto políticas como sociales.

Directiva del Movimiento Democrático Popular (MDP), movimiento alternativo al de la Alianza
Democrática, pero que no aceptaba transar la retirada del régimen en conversaciones con este. Estaba
constituido por miembros del Partido Comunista y una fracción del Partido Socialista, en donde de
derecha a izquierda figuran : Jecar Neghme (prominente figura de la izquierda, más tarde asesinado
por el Régimen Militar), José Sanfuentes y Clodomiro Almeyda.. (Fuente: Diario “La Nación”, en
internet: http://www.lanacion.cl , edición especial con respecto a los treinta años del golpe militar).

Por su parte también nace el “Bloque Socialista” (BS), constituido por socialistas
renovados que participaban en la Alianza Democrática y otros grupos socialistas a fines con
esta política como el Partido Socialista de Chile, el MAPU, el Mapu Obrero Campesino, La
Izquierda Cristiana, el Grupo de Convergencia Socialista y el Movimiento de Convergencia
Universitaria, los que a través de la redacción de un documento denominado “Manifiesto
Socialista” llamaron a conformar una oposición única y unida, capaz de superar la división
entre las fuerzas opositoras al Régimen Militar, especialmente la izquierda y el centro

137

CAPÍTULO II

político, para lo cual proponía la conformación de un pacto constitucional entre todas las
fuerzas opositoras al régimen para cambiar la Constitución de 1980 y el modelo económico
y la creación de una oposición conjunta con gran consenso social que por medio de la
protestas nacional sea capaz de derrocar al Régimen Militar.

Por su parte, mientras las diferentes fuerzas opositoras trabajaban en base a el
aprovechamiento de la movilización social a raíz de la crisis económica, el PRODEN se
iba aislando de la contingencia, más aún cuando la Democracia Cristiana prohibió la
participación de sus militantes en cualquier organismo que no fuera la Alianza Democrática
y pedir permiso además para asistir a alguna actividad que no fuera convocada por esta
misma Alianza Democrática. Esta situación agudizó las diferencias entre ambas entidades,
en donde Jorge Lavandero en ese momento presidente del PRODEN señaló que su
organismo no iba a ceder ante estas presiones ya que si bien en ella participaban socialistas
y comunistas, esto no tendría mayor importancia ya que el fin de la organización no era la
acción política ni tampoco buscaba establecer acuerdos con el gobierno de manera
independiente. Esta situación bajo un tanto en intensidad en el mes de Enero de 1984,
cuando su presidente Jorge Lavandero viajó el exterior dejando en como presidente
subrogante a Engelberto Frías, quien calmó los ánimos frente a la Alianza Democrática,
pero a su vez dejó libre el camino a los partidos políticos para que llevaran a cabo el
liderazgo de la oposición frente a la ciudadanía y frente al Régimen Militar.

De esta manera llegaba a su fin la primera instancia no partidista de expresión pública en
contra del Régimen Militar. Por su parte y siguiendo esta lógica, a continuación
analizaremos el accionar de la Alianza Democrática (que vino a seguir las directrices
señaladas en el “Manifiesto Democrático”), como elemento aglutinador de las diversas
fuerzas políticas contrarias al Régimen Militar, para luego tratar en otro apartado el
“Manifiesto Democrático” ( dado a conocer al país el 14 de Marzo de 1983), documento de
suma importancia por tratarse del primer elemento de consenso entre la oposición.

138

CAPÍTULO II

2.C.3.- LA ALIANZA DEMOCRÁTICA (AD)

Desde que las diversas fuerzas políticas se dieron cuenta que el proyecto iniciado
por los militares luego del golpe militar era de largo aliento, se comenzó a gestar una
oposición fundamentalmente compuesta por los partidos de izquierda y de centro, que hasta
ese momento habían sido enemigos declarados. De esa manera empezaron ya desde el
discurso del Cerro “Chacarillas” en 1977 a tener reuniones de carácter sistemático con el
fin de planear alguna estrategia capaz de volver al país a un sistema democrático de la
manera más rápida posible. Es así como se dan ciertos consensos con el fin de crear
organismos capaces de ser pluralista y no necesariamente de tendencia partidista que
cumplieran esta misión, como fue el caso del PRODEN. Pero asimismo los partidos
políticos también empezaron a vislumbrar que para ser una oposición eficaz al Régimen
Militar, estos debían permanecer unidos y crear un frente común. Este es el momento en
que los partidos políticos aprovechando la gran movilización social reflejada por los
protestas de 1983 producto de la grave crisis económica por la cual atravesaba el país,
sienten que deben ser ellos los que encabecen el proceso de lograr la salida de las Fuerzas
Armadas y de Orden del poder y con ello lograr un retorno a la democracia.

Bajo esta premisa, Justo Tovar Mendoza señala que “Por su parte, los partidos políticos de
oposición lograron un acuerdo para llevar adelante una sola estrategia y un programa único
frente a la dictadura. El 6 de agosto de 1983 nació la Alianza Democrática (AD) formada
por la Democracia Cristiana (DC), sectores de la derecha democrática y el socialismo
renovado. Sus objetivos continuaban en la línea de un documento firmado el 14 de marzo
de 1983 ( “Manifiesto Democrático”) que contenía tres elementos básicos: “un acuerdo
nacional para generar una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución; la renuncia
del Presidente Augusto Pinochet, y el establecimiento de un Gobierno Provisional para una
breve transición”154. Esto quiere decir, que finalmente los partidos políticos de oposición,
como fundamentalmente lo eran ciertas tendencias dentro del Partido Socialista y de una
derecha que no estaba de acuerdo con el actuar del Régimen Militar por su autoritarismo,
más la Democracia Cristiana (excluyendo al Partido Comunista que señalaba que no se

154
Ibidem, pág. 6.

139

CAPÍTULO II

podía llegar a consenso con la Democracia Cristiana y menos con los sectores de derecha
participantes en este proyecto, además de que el Régimen Militar debía ser derrocado por la
vía armada, por lo cual no quiso formar parte de esta nueva estrategia) pasaron a tomar el
rol protagónico en la conducción de la oposición al Régimen Militar, para lo cual crearon la
Alianza Democrática (AD), entidad que serviría desde el punto de vista de ambos partidos
para la consecución de los objetivos planteados en los párrafos anteriores.

Así como se describió anteriormente nace la Alianza Democrática, es decir, los partidos se
convencieron de que si bien el “Manifiesto Democrático” era un avance, se veía la
necesidad de seguir profundizando y crear una estructura organizada para ello. Así se va
produciendo un acercamiento entre las distintas fuerzas que se oponían al Régimen Militar.
En este contexto el recién elegido presidente de la Democracia Cristiana, Gabriel Valdés
señalaba que valoraba “algunas expresiones – pocas todavía – en sectores de la derecha
tradicional. También veo manifestaciones muy claras en los sectores socialdemócratas y un
interesante proceso de convergencia socialista que comienza a definirse como democrático
y autónomo”155. Este acercamiento de múltiples posiciones políticas logró la firma del
“Manifiesto Democrático” en el mes de Marzo, y más tarde durante el mes de Agosto de
1983 la creación de la Alianza Democrática.

Ante la actitud de Gabriel Valdés, de llamar y buscar un consenso entre las diferentes
fuerzas opositoras, Julio Canessa y Francisco Balart utilizan una cita de James Whelan para
señalar que “Valdés, cuyas simpatías por la izquierda eran evidentes aún como ministro de
Relaciones Exteriores de Frei, rápidamente condujo al partido por una doble pista: la
confrontación retórica y después activa con el régimen y el arreglo con las fuerzas de
izquierda del Partido Demócrata Cristiano”156. De esta manera estos autores le critican a
Valdés que patrocinara según su postura la creación de instancias de izquierda de tendencia
marxista como el Movimiento Democrático Popular (MDP) o la creación de un Comité
Político privado (CPP) que cumpliría la función de ser en el enlace con la primera

155
Op. Cit., BOENINGER, EDGARDO., pág. 300 - 301. Cita del autor de Ascanio Cavallo y otros, “La
Historia Oculta del Régimen Militar”, Editorial Antártica, Santiago – Chile, 1989, pág. 21.
156

140

CAPÍTULO II

organización que estaba proscrita por el Régimen Militar. Es bajo este argumento que luego
ambos autores señalan que “¡Aquí se puede ver claramente un sistema de fuerzas
operando¡. Un sistema que combinaba a la oposición retórica con la oposición violenta,
coordinadas bajo una misma mano; y no era difícil intuir, bajo la apariencia, de cuál mano
se trataba. Esa combinación era la que permitía una eficaz concatenación de impulsos
espontáneos”157. De esta manera tratan Canessa y Balart el proceso de acercamiento entre la
fuerzas de la oposición que finalmente terminaron con la fundación de la Alianza
Democrática.

Esta nace de un acto realizado el Sábado 6 de Agosto de 1983 realizado en el “Círculo
Español”, en donde expusieron Eduardo Arriagada, el presidente del Colegio de Ingenieros
Fernando Castillo y el presidente de la Democracia Cristina Gabriel Valdés. Este acto “tuvo
un doble carácter; por un lado, fue un gesto de solidaridad por la detención de la que habían
sido objeto los dirigentes de la democracia cristiana y por el otro, fue el lanzamiento de una
nueva entidad aglutinadora de la oposición: la Alianza Democrática. Estuvieron presentes
en el almuerzo los once firmantes del “Manifiesto Democrático” y los dirigentes de muchos
de los partidos políticos disidentes, incluyendo a la Convergencia Socialista”158. Debido a
que la fundación de esta nueva organización aglutinadora de los partidos de oposición se
produjo en momento de máximo auge de las protestas en contra del Régimen Militar, “No
resulta, por tanto, sorprendente hoy que el documento fundacional de la Alianza haya sido
decididamente maximalista. Proponía en efecto, para el tránsito a la democracia, la
instalación de una Asamblea Constituyente, la renuncia de Pinochet y el establecimiento de
un gobierno provisional que en 18 meses restableciera la democracia y diseñara y ejecutara
un plan económico de emergencia”159.

Luego de esta reunión el 22 de Agosto de 1983 se constituyó oficialmente la Alianza
Democrática bajo un documento titulado “Bases del Diálogo Para un Gran Acuerdo

157
Idem, pág. 329.
158
Op. Cit., ORTEGA FREI, EUGENIO., pág. 231.Cita del autor tomada de la revista “Hoy” Nº 316 del 10
al 16 de Agosto de 1983, pág. 6.
159

141

CAPÍTULO II

Nacional”, el que fue firmado por “Patricio Aylwin, Luis Bosay, Duberildo Jaque,
Fernando Luengo, Enrique Silva Cimma, Ramón Silva Ulloa, Julio Stuardo, Julio
Subercaseaux, Gabriel Valdés, Hernán Vodanovic y Hugo Zapada”160. Es así como este
documento fundacional era bastante parecido a los acuerdos alcanzados durante la reunión
fundacional de la Alianza Democrática tan sólo días antes, en que básicamente este
documento es muy similar en sus puntos principales a este nuevo texto, con la diferencia
que este tiene un carácter de documento fundacional. Este nuevo documento, según uno de
sus firmantes, Patricio Aylwin señalaba que “luego de expresar los antecedentes, principios
y criterios básicos que la inspiraban, precisó su propuesta para la creación de la Asamblea
Constituyente elegida por sufragio universal, el alejamiento del Jefe de Estado “como en
otra crítica circunstancia de nuestra historia” (recordando la abdicación de O’ Higgins) y la
formación de “un gobierno provisional, representativo de un consenso nacional”161.

De esta manera quedaba conformada finalmente la instancia político – partidista que se
entendería con Ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa para intentar realizar un diálogo
que llevara al rápido entendimiento entre oposición y gobierno, el cual desde el primer día
sería problemático, por que tan sólo a horas de la cuarta gran protestas nacional convocada
para el 11 de Agosto de 1983 , asume el nuevo gabinete en donde Jarpa es nombrado
Ministro del Interior. Pero esa cuarta protestas termina de manera muy sangrienta ya que
Pinochet había sacado cerca de 18 mil soldados a las calles de Santiago, lo que finalmente
terminó con el sangriento saldo de 27 personas muertas, cientos de heridos y detenidos,
algunos incluso violentados en sus propios hogares por el abuso de la fuerza de parte de las
tropas del ejército. Como señala Eugenio Ortega, “Este hecho, junto a la violencia, marcó el
inicio de la gestión de Sergio Onofre Jarpa y, por ende, las relaciones con la oposición”162.

Este es el inicio de la Alianza Democrática, organismo bajo el cual recaerá toda la
responsabilidad de el diálogo con el gobierno durante la gestión de Sergio Onofre Jarpa
como Ministro del Interior. A continuación analizaremos el “Manifiesto Democrático”,

160
161
162

142

CAPÍTULO II

como primer documento de consenso entre las fuerzas de la oposición y que a su vez
cimentó las bases para la creación de una entidad aglutinadora de los partidos políticos de
la oposición como finalmente sucedió con la creación de la Alianza Democrática.
Posteriormente en el próximo apartado se analizará la gestión de Jarpa para concluir el
análisis de estos años con la firma del “Acuerdo Nacional”.

2.C.4.- EL “MANIFIESTO DEMOCRÁTICO” (MD): EL PRIMER ACUERDO
POLÍTICO DE LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN MILITAR

A mediados del años de 1982 las conversaciones entre los diferentes dirigentes de la
oposición, fundamentalmente de la Democracia cristiana y de la Social Democracia se
vieron más intensificadas producto de la necesidad de hacer un frente común ante el
Régimen Militar. De la misma manera consideraron que era vital para esta situación la
entrada del Partido socialista, o por los menos de los sectores proclives al pacto y al
consenso con sus antiguos enemigos. Eugenio Ortega señala que con el fin “de integrar y
aglutinar más sectores, conversaron con antiguos liberales y conservadores, especialmente,
con el ex – senador liberal Armando Jaramillo, Julio Subercaseaux y Hugo Zepeda. Por
último, realizaron gestiones con los radicales Enrique Silva Cimma y Luis Fernando
Luengo”163.

De esta manera este grupo empieza a adquirir forma bajo un contexto multipartidario
dentro de la ya notoria crisis económica que se estaba asentando en el país. Bajo este
contexto también la Iglesia se hace presente con un documento emanado de la Conferencia
episcopal denominado “El Renacer de Chile”, en el cual se abordaba los problemas que
estaba generando esta incipiente crisis económica a la ves de que entregaba soluciones muy
en la línea de las propuestas por la oposición durante esos últimos meses. Este documento
de la Conferencia Episcopal data del mes de Diciembre de 1982, y señalaba dentro de sus
puntos que se debía encontrar una solución a las agotadas gestiones privadas entre la

163
Ibidem, pág. 221.

143

CAPÍTULO II

oposición y entre esta con el gobierno, ya que el clima de violencia se estaba haciendo
insostenible. Bajo esta premisa el documento en una trascripción que se hace del punteo
elaborado por Eugenio Ortega164 señala lo siguiente, reconociendo la existencia de :

1.- Una crisis económica, con alta cesantía de la producción, baja de los salarios, excesiva
deuda externa y baja tasa de inversión.

2.- Una crisis social “que se manifiesta en una creciente miseria, en signos de violencia, en
inseguridad y temor”.

3.- Una crisis institucional, producto del desaparecimiento de las estructuras democráticas,
que dejó a los chilenos sin posibilidades reales de participación. Agregaban que la
Constitución de 1980 no cumplía con el necesario respeto integral a los Derechos humanos
“en parte debido al uso de los artículos transitorios” y por la no implementación de las leyes
políticas.

4.- Una crisis moral. Criticaron, en este sentido, los atropellos a la dignidad humana
(apremios injustos a detenidos, exilio, liberalismo económico, etc.); a quines buscaban en el
marxismo un camino de solución, y por último, a quienes optaban por la violencia.

De esta manera para poder solucionar estos graves problemas la solución que plateaba este
mismo documento era la exigencia de tres condiciones fundamentales:

a) El respecto por la dignidad humana, ya que se sabía de las atroces violaciones a los
derechos humanos a lo largo de todo el país y además de la fuerte represión de que eran
objeto las fuerzas de la oposición.

b) El reconocimiento del valor del trabajo; producto de la grave crisis económica que estaba
sumergiendo al país en la más aguda de las cesantías.

164
Op. Cit., ORTEGA FREI, EUGENIO., pág. 223 - 224. Con ciertos textos tomados por el autor (los que
figuran dentro del puntos entre comillas) de la revista “Hoy” Nº 285 del 22 al 28 de Diciembre de 1982, pág.
9.

144

CAPÍTULO II

c) El regreso aun plena democracias; en donde las decisiones la tomara del verdad el pueblo
y la fueran impuestas ni votadas de manera fraudulenta.

Estos planteamientos eran bastante parecidos a los que realizaba la oposición en cuanto que
la visión de los obispos era de que “existía una crisis económica, social, institucional y
moral, concordaba con los planteamientos de la oposición de que la existencia de una crisis
global sólo se solucionaría con el restablecimiento de la democracia”165.

Más tarde, durante fines del mes de Enero de 1983, cerca de 1.200 dirigentes sindicales
enviaron una “carta abierta” al Presidente Augusto Pinochet, en la que plantearon que
nunca en el país se había vivido una crisis económica más grave y profunda que en la que
se apreciaba en la actualidad. Tanto esta carta abierta a Pinochet como el documento de la
Conferencia Episcopal pueden ser tomados como antecedentes para la redacción del
“Manifiesto Democrático”, ya que demuestran la búsqueda de un consenso entre varios
actores de la sociedad para manifestar el deseo de que se terminara el Régimen Militar y se
lograra un pronto retorno a la democracia.

Todas estas iniciativas fueron rescatadas meses más tarde en el “Manifiesto Democrático”,
como se puede apreciar de la lectura del punto número 8 de este documento como se señala
a continuación:

“8. Estamos convencidos de que los chilenos quieren desarrollar su vida en una
sociedad libre, en la cual no existan imposiciones ni arbitrariedades, en que se
garantice el ejercicio integral de los Derechos Humanos, en la que bajo
autoridades elegidas por el pueblo, eficientes, responsables, sometidas a la ley
y a fiscalización, se concite el esfuerzo de toda la comunidad para la justa
solución de los más urgentes problemas nacionales identificados con tales
propósitos, apreciamos como de la más alta significación el llamado a las
conciencias hecho por la Conferencia Episcopal en su documento “El Renacer

165
Ibidem, pág. 222.

145

CAPÍTULO II

de Chile”, al término del año pasado, y la reciente Carta Abierta de los
trabajadores en demanda de sus derechos”.

Manifiesto Democrático, 14 de Marzo de 1983,
Santiago – Chile, punto número 8166.

Dentro de este contexto de una manifestación moderada ante el accionar del gobierno y
ante el desarrollo y manejo de la grave crisis económica, “En los primeros días de marzo, se
informó en los medios de prensa, que estaba pronto a aparecer un documento que firmarían
un sector de la derecha, y los partidos socialdemócrata, democratacristiano, radical, MAPU
Obrero Campesino, socialista e Izquierda Cristiana”167. De esta manera este rumor se hacer
realidad el 14 de Marzo de 1983, día en que aparece el “Manifiesto Democrático”, el cual
fue firmado por “Hugo Zepeda, Julio Subercaseaux, Luis Bosay, Dubenildo Jaque, Gabriel
Valdés, Patricio Aylwin, Enrique Silva Cimma, Fernando Luengo, Ramón Silva Ulloa,
Hernán Vodanovic y Julio Stuardo”168. Este documento no fue publicado por los distintos
medios informativos ya que el gobierno ejercía una férrea fiscalización de la información,
sobre todo cuando se trataba de dar a conocer los movimientos que ejecutaba la oposición
al Régimen Militar, incluso a pesar de que se les ofreció pagar a algunos de ellos, lo que
finalmente los medios aludidos rechazaron por temor al Régimen Militar, que ya había
censurado o simplemente sacado de circulación a varias radioemisoras, revistas y otros
medios de comunicación, ya sea por ser de oposición o por tratar materias vinculadas con
ella, o también por criticar al Régimen Militar.

De esta manera el “Manifiesto Democrático” se constituyó en el primer documento en que
las fuerzas de la oposición al Régimen Militar llegaban a un acuerdo de los puntos que
debían exigir a este, como también de la estrategia que se debía seguir para su consecución.
Además la firma de este documento, permitió que prosperaran, fructificaran y rindieran

166
167
Op. Cit., ORTEGA FREI, EUGENIO., pág. 223. Cita tomada por el autor de el diario “El Mercurio” del
11 de Marzo de 1983.
168

146

CAPÍTULO II

frutos instancias organizadas por otras instituciones contrarias al gobierno, como las
sindicales que llamaron a la primera gran protestas civil para el 11 de Mayo de 1983, que
con el apoyo del PRODEN y de los suscriptores del manifiesto democrático, es decir, que
debe entenderse a este como también al apoyo de los grupos y partidos políticos a los que
pertenecían quienes firmaron este documento. Por ello la gran importancia de este
documento, fue el de aglutinar las fuerzas opositoras y con ello crear un frente común
contra el Régimen Militar, en el cual por primera vez de forma pública y oficial, los grupos
de oposición llegaban a una serie de consensos, los que les permitían hacer sus principales
diferencias a un lado, hasta por lo menos, que el país retornara a un sistema de gobierno
democrático.

De izquierda a derecha figuran Gabriel Valdés, Enrique Silva Cimma y Patricio Aylwin,
tres de los principales firmantes del “Manifiesto Democrático”, el 14 de Marzo de 1983,
lo que constituye el primer documento oficial de consenso y acuerdo entre la oposición al
Régimen Militar.

Analizando este documento, podemos señalar que en cuanto al origen de esta instancia y en
cuanto a su evaluación de la grave crisis económica que atravesaba el país en esos
momentos de que:

“1. Los firmantes de este manifiesto, identificados con distintas corrientes de
pensamiento político, hemos concordado en la necesidad de expresar pública y
conjuntamente, nuestro juicio sobre la situación que vive nuestra Patria y en
proponer un camino para afrontar su futuro.

147

CAPÍTULO II

2. Nuestra historia republicana no registra una crisis más profunda y
prolongada que la que sufre el país. Ella afecta sus bases morales, políticas,
sociales y económicas, abarca a todos los sectores de la comunidad, debilita la
seguridad de la Nación y agudiza las injusticias y tensiones en su interior.

3. La crisis ha llegado a provocar el colapso del sistema financiero y de los
grupos que lo dirigen, que constituía la máxima expresión del modelo en el que
el Gobierno basaba su éxito. Quienes ahora lo critican y tratan de corregir
mediante tardías, confusas y contradictorias disposiciones no pueden ocultar su
responsabilidad en haberlo generado, fomentado y usufructuado durante años.
Desde el comienzo denunciamos el peligro que entrañaba aplicar en nuestro
país un modelo económico que no se compadece con nuestra realidad y tiene
por objeto imponer un sistema de sociedad contrario a los valores e intereses
permanentes de la Nación.

4. Esta crisis financiera que sacudió al país no puede ocultar las pavorosas
realidad que la acompañan. El producto Nacional Bruto cayó en 1982 en más
de un 14% respecto al de 1981, en circunstancias que, en promedio, el de
América Latina sólo disminuyó en alrededor del 1% y el de Argentina, que
afrontó una guerra, se redujo sólo en la mitad. La desocupación, incluido el
empleo mínimo, alcanza el 30% de la fuerza laboral, ocasionando más de un
millón de chilenos marginados que junto a sus familias están en la
desesperación, mientras las remuneraciones reales de los que trabajan han
disminuido considerablemente su poder adquisitivo. La inversión ha sido la más
baja de los últimos decenios y el producto por persona después de estos nueve
años no ha tenido ningún aumento. Entre tanto, la deuda externa ha
sobrepasado los 17 mil millones de dólares y su servicio ocupa el 85% del valor
de las exportaciones, sin que el Gobierno haya explicado el destino de este
inmenso endeudamiento ni se vean las obras en que pudo haberse invertido. Un
ambiente de quiebra generalizado dificulta el proceso de renegociación y

148

CAPÍTULO II

acrecienta la desconfianza. Desgraciadamente, pocos países en el mundo
ofrecen un cuadro más desolador”.

Santiago – Chile, puntos de 1 al 4169.

En el primer punto se puede apreciar de que se define como un grupo pluralista, ya que
habrían diferentes corrientes de opinión políticas, lo que sin duda quiere dejar en claro, que
este documento es fruto de un amplio consenso nacional de carácter político – social en
donde estarían representadas prácticamente todas las importantes fuerzas de oposición al
gobierno, con lo cual de manera tácita le daría gran representatividad a este documento
además de que también podría deducirse que por ello una gran parte del país estaría de
acuerdo en los análisis y solicitudes que se hacen en los siguientes puntos que componen el
documento.

A continuación es documento describe la realidad de la situación política del país, haciendo
hincapié en la fuerte represión y violación a los derechos humanos de que ha sido víctima la
oposición política y social del Régimen Militar. A su vez se describen algunos de hitos
específicos en este contexto como el artículo transitorio número 24 de la Constitución de
1980 y también la pésima opinión mundial sobre estas acciones durante el gobierno de
Augusto Pinochet, además de también resaltar que el país aspira a un sistema democrático
como ha sido durante toda su historia republicana, aludiendo que esto se debe insertar en un
plano de paz y entendimiento mundial; el documento señala en este aspecto que: :

“5. En el campo político interno se mantiene el régimen de arbitrariedades,
principalmente originado por la aplicación del art. 24 transitorio de la
Constitución. Las libertades básicas no tienen vigencia y constantemente se
conocen nuevas denuncias por atropellos a los Derechos Humanos
fundamentales. El país vive en permanente estado de emergencia, los partidos
políticos están disueltos, las universidades intervenidas, miles de compatriotas

169

149

CAPÍTULO II

permanecen en el exilio, no hay libertad de expresión ni de publicación, el
derecho de reunión está limitado, las organizaciones sociales, sindicales y
profesionales han sido objeto de normas que limitan totalmente su
participación en la vida nacional.
En el orden externo, Chile aparece en una soledad extremadamente peligrosa:
aislado en la OEA, censurado por novena vez y por abrumadora mayoría en
Naciones Unidas y, recientemente, por los gobiernos de los países no alineados.
El diferendo con Argentina aún no se soluciona y es perceptible un clima de
desconfianza internacional y una situación de dependencia y aislamiento que
Chile nunca sufrió.

6. Lo repetimos una vez más, esta crisis es el producto de un sistema que limita
la libertad, la justicia y la participación, bases esenciales de la convivencia
democrática entre los chilenos.

7. La democracia dio forma a la vida y al gobierno de Chile desde la
independencia e hizo posible su progreso. Ella le significó prestigio y seguridad
como Nación. La democracia no es el caos. Quien afirme lo contrario defiende
privilegios inaceptables, teme a la libertad, desconoce los valores profundos del
pueblo chileno y reniega de su historia. Hacia la democracia se encaminan los
pueblos latinoamericanos y los chilenos no podemos quedar al margen de ese
proceso que generará orientaciones y compromisos internacionales para el
desarrollo y la paz. Si hubiera existido un Parlamento libremente elegido,
libertad de prensa y de acceso a los demás medios de comunicación, los abusos
cometidos y las malas políticas seguidas no habrían sido posibles y los errores
podrían haberse corregido a tiempo”.

Santiago – Chile, puntos de 1 al 4170.

170

150

CAPÍTULO II

De esta manera el documento deja en claro que es la mayoría del país el que pide el término
del Régimen Militar, ya fueran democratacristiano, socialistas, independientes e inclusive
algunos sectores de la derecha democrática.

Canessa y Balart se refieren a que este pluralismo alcanzando luego del plebiscito de la
Constitución de 1980 por los grupos de la oposición era igualmente el que se daba entre los
que apoyaban al Régimen Militar, por ello que señala que “La verdad es que el problema de
qué papel jugar paro no desaparecer de la arena política, dedo que cientos de miles de
personas que alguna vez habían votado por la democracia cristiana se habían plegado al
general Pinochet – tanto por que él encarnaba una alternativa clara frente al comunismo,
como porque el tipo de sociedad que estaba surgiendo de la gestión militar era la
materialización de lo que ellos habían creído ver un día en dicho partido – se fue
resolviendo por circunstancias más bien fortuitas”171. Por su parte los mismo autores
señalan que la participan de ciertos sectores de la derecha dentro de los grupos de oposición
se debía a que “ a medida que se profundizaba la crisis económica y cuando la cesantía
alcanzaba un nivel que no se había visto aquí desde la primera parte de los años 30,
apareciendo la primeras grietas en la fachada de unidad que rodeaba al presidente Pinochet.
El Partido Nacional – con mayor exactitud, un sector muy determinado y ciertamente
conspicuo de sus antiguos simpatizantes – comenzó alejarse y formó más tarde el pequeño
Partido Republicano, que de inmediato pasó a engrosar la oposición”172.

Esta referencia que hacen Canessa y Balart apunta a declarar más que nada que el sector de
la derecha que pasó a formar parte de la oposición lo hizo con un afán de que el Régimen
Militar terminara de improviso para de que esta manera estas fuerzas políticas pasaran a
ocupar sus puestos en el Congreso y en la vida nacional como era hasta antes del golpe
militar de 1973 y no con una real motivación de crítica al Régimen Militar, o un deseo
verdadero de retornar a un sistema de gobierno de carácter democrático como existía antes
del golpe militar.

171
172
Idem, pág. 330.

151

CAPÍTULO II

Posteriormente el documento prosigue señalando

“8. Estamos convencidos de que los chilenos quieren desarrollar su vida en una
sociedad libre, en la cual no existan imposiciones ni arbitrariedades, en que se
garantice el ejercicio integral de los Derechos Humanos, en la que bajo
autoridades elegidas por el pueblo, eficientes, responsables, sometidas a la ley
y a fiscalización, se concite el esfuerzo de toda la comunidad para la justa
solución de los más urgentes problemas nacionales identificados con tales
propósitos, apreciamos como de la más alta significación el llamado a las
conciencias hecho por la Conferencia Episcopal en su documento “El Renacer
de Chile”, al término del año pasado, y la reciente Carta Abierta de los
trabajadores en demanda de sus derechos.

9. Ha llegado el momento de reaccionar. Por ello hacemos un llamado a todos
los hombres y mujeres que anhelan la libertad, la justicia y la paz para realizar
un gran esfuerzo nacional que conduzca al restablecimiento de la Democracia.

10. Si bien interpretamos concepciones ideológicas y filosóficas diferentes que
mantienen su identidad y se respetan recíprocamente por ser expresiones
legítimas del pensamiento de amplios sectores de la Nación, hemos resuelto
actuar conjuntamente a fin de impulsar un diálogo entre todos aquellos sectores
sociales y políticos democráticos, con el objeto de crearnos instrumentos
necesarios para lograr, cuando antes, la instauración de un régimen
democrático.

11. Para lograr ese gran objetivo, se debe poner término inmediato a los
regímenes de emergencia, que han enterado más de nueve años sin interrupción
y acaban de renovarse; restablecer la libertad y seguridad individuales y su
efectivo resguardo por un Poder Judicial que asuma la tutela del respeto a las
personas como corresponde en un Estado de Derecho; poner fin a las
expulsiones y dar urgente solución al dramático problema de los exiliados;

152

CAPÍTULO II

ejercer en plenitud las libertades de expresión y de opinión y los derechos de
reunión y asociación, eliminándose las medidas que los restringen; recuperar
la autonomía de las Universidades y regular la vida de los partidos políticos.
Estas medidas crearían las condiciones necesarias para el más pronto
funcionamiento de las instituciones democráticas, particularmente mediante la
convocatoria a una Asamblea Constituyente integrada por las distintas
corrientes de opinión y, la adopción de un sistema electoral que garantice la
libre, informada y auténtica expresión de la voluntad ciudadana.

12. Los gravísimos problemas económicos y sociales que se afrontan deberían
ser abordados de inmediato, con un programa de emergencia que cuente con
amplio consenso y ponga en marcha la capacidad de la industria, la
agricultura, la construcción, la minería y demás actividades productivas, a fin
de dar empleo y resolver las demandas sociales más urgentes. Este consenso
deberá concertarse entre el Estado, los trabajadores y los empresarios. El
Estado, desde el inicio de la República, ha desempeñado una misión vital en la
sociedad chilena: Su acción dinámica y eficiente para orientar e impulsar la
actividad económica, sin salirse de la órbita que le es propia, debe velar,
también, por una equitativa distribución de la riqueza que contribuya a la
satisfacción de las necesidades esenciales de la población, particularmente, en
esta crítica coyuntura en que la política económica implementada ha reducido
gravemente el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos y su
derecho a una vida digna. La participación activa de los trabajadores, sin la
cual no podría realizarse una recuperación económica ni establecer un régimen
democrático sólido, dignificará su esfuerzo e imprimirá un sentido social a la
producción de los bienes. A su vez, la participación empresarial desvinculada
del propósito de concentración económica y sujeta a normas de bien colectivo,
estimulará su capacidad creativa y la reactivación. De este modo, se
contribuirá a que la Democracia que se construya sea la expresión de toda la
comunidad. No se propone un consenso estático, que congele las injusticias,
sino un proceso de acuerdos dinámicos que en libertad y con responsabilidad

153

CAPÍTULO II

ponga en marcha al país, corrija sus desequilibrios e impulse un crecimiento
económico sostenido y una democracia realmente participativa.

13. El afianzamiento de la Democracia se logrará a través de la formación de
un nuevo espíritu de solidaridad nacional y de respeto recíproco, de
eliminación de todos los sectarismos y de claro rechazo a la violencia, capaz de
asegurar la primacía de los valores morales, el orden interno y la seguridad
exterior y de impulsar un desarrollo que satisfaga las necesidades básicas de la
comunidad.

14. Sólo la Democracia es capaz de garantizar a las Fuerzas Armadas y de
Orden el campo adecuado para el cumplimiento de sus labores profesionales y
de contribución al desarrollo como instituciones nacionales que cuenten con el
respeto y el respaldo de todos los chilenos. Con el restablecimiento de la
Democracia se construirá el marco que les permitirá asumir plenamente las
funciones que les corresponden.

15. Las corrientes de opinión que interpretamos ratifican su voluntad de
trabajar en la profundización de los contenidos y propósitos de este Manifiesto
para acrecentar su consenso y alcanzar una Democracia verdadera y estable.

16. Llamamos a encarar el futuro sin odios ni revanchismos, con espíritu
generoso y voluntad de hacer justicia. Nuestro llamado persigue como fin
reconstruir la democracia en Chile en el más breve lapso posible para lo cual
creemos necesaria la unidad de todos los chilenos que acepten lealmente sus
principios y sean capaces de actuar conformes a ellos”.

Santiago – Chile, puntos de 8 al 16 (último punto)173.

173

154

CAPÍTULO II

De esta manera, este documento en estos puntos señala la democracia es el único sistema de
gobierno para el país, también, se rescata la importancia de ella a lo largo de la historia
nacional, además de que se deben respetar los derechos humanos y por ende terminar con
cualquier medida del gobierno que merme el accionar de la democracia, como la libertad de
expresión y la clandestinidad de los partidos políticos. A su vez hace un llamado a todas
las personas respetuosas de la democracia a unirse a esta iniciativa y participar de las que
nazcan en el futuro con la finalidad de recuperar el sistema de gobierno democrático para el
país.

Por su parte este documento fue bien acogido por los sectores de la oposición que no se
plegaron a esta iniciativa, como lo fue el caso dentro de la izquierda de la “Convergencia
Socialista”, que agrupaba a los diferentes sectores del Partido socialista que se habían
divido fundamentalmente en los últimos años de la década del `70 y a principios de 1980.
Este grupo a través de una carta a los firmantes del “Manifiesto Democrático”,
manifestaron “la necesidad de un vasto acuerdo nacional que debía comenzar con un “pacto
constitucional””174. Asimismo esta misma carta señalaba de que era “urgente producir una
concertación entre todas las fuerzas políticas y sociales que estén por la democracia”175, ya
que agregaban de que la democracia es un valor en sí por lo que debía ser defendida y
profundizada, por lo que la carta terminaba proponiendo que prontamente se creara la
instancia propicia para el diálogo y la concertación de las diversas fuerzas sociales que
componían el país.

Finalmente para realizar un resumen de este documento, podemos ocupar la síntesis que
realiza Patricio Aylwin, quien señala que “Luego de denunciar la grave profunda y
prolongada crisis que afectaba al país y describir sus principales síntomas, de atribuirla a
“un sistema que limitaba, la justicia y la participación”, de proclamar su fe en la
democracia como en la forma de vida y de gobierno que hizo posible el progreso nacional y
la única capaz de concitar “el esfuerzo de toda la comunidad para la justa solución de los

174
Op. Cit., ORTEGA FREI, EUGENIO.. Cita del autor de la carta del Secretario Político de la
“Convergencia Socialista” a los firmantes del “Manifiesto Democrático”, aparecida en el diario “La Tercera
de la Hora”, del 6 de Abril de 1983, pág. 7 columna 1.
175
Idem, pág. 227.

155

CAPÍTULO II

más urgentes problemas nacionales”, el Manifiesto llamaba a todos los chilenos a un gran
esfuerzo nacional para el restablecimiento de la Democracia, sobre la base del diálogo entre
los chilenos en un clima de respeto recíproco y con un espíritu de solidaridad nacional, sin
odios ni revanchismos”176.

Dentro de este mismo contexto a continuación analizaremos, luego de haber visto los
elementos necesarios para ello, la apertura del gobierno a través de la gestión en el
Ministerio del Interior, de Sergio Onofre Jarpa, con la finalidad de calmar los ánimos de la
posición y poder lograr un consenso en ciertos puntos con ella.

2.C.5.- LA GESTIÓN DEL MINISTRO DEL INTERIOR SERGIO ONOFRE JARPA
Y EL PROCESO DE APERPURA DEL GOBIENO DEL RÉGIMEN MILITAR

Dentro del contexto de la grave crisis económica por la que atravesaba el país
durante principios de la década de 1980 bajo el Régimen Militar, se empieza a producir una
apertura con predisposición al diálogo. Justo Tovar Mendoza señala que “En el marco de la
recesión de los ‘80, en 1983 se iniciaron jornadas de protesta masivas y nacionales
convocadas por la oposición. Al comienzo, éstas se desencadenaron motivadas por los
estragos de la crisis económica, pero pronto derivaron en masivas jornadas de
reivindicación de la democracia y de repudio al régimen militar. Las protestas nacionales
fueron una respuesta conjunta de la sociedad civil y de los partidos políticos (en proceso de
rearticulación) para oponerse al proyecto institucional del régimen militar. A su vez, trajo
consigo serias fisuras al interior del gobierno y el cuestionamiento del cronograma de
transición política que hasta ese entonces parecía definitivo. En este clima de crisis
económica, agitación social y reactivación de los partidos políticos de oposición que

176

156

CAPÍTULO II

originaba presiones internas en las Fuerzas Armadas, el gobierno anunció un plan de
apertura preparado por Sergio Onofre Jarpa”177.

Bajo este contexto la Democracia Cristiana conjuntamente con algunos sectores de la
oposición como el PRODEN comenzaron a ver la posibilidad de crear el diálogo, que por lo
demás era necesario dentro del ambiente de crisis por el cual atravesaba el país, con el
Régimen Militar. Por su parte un antecedente agravante para la situación del país con
respecto a una búsqueda de consenso entre la oposición y el gobierno era que el 1 de Mayo
de 1983, el Arzobispo de Santiago, Cardenal Raúl Silva Henríquez hizo público su retiro,
ya que en Septiembre del año anterior lo había pedido al Vaticano producto de que había
llegado a su edad límite: 75 años. La Santa Sede por su parte nombró luego de varios meses
de meditarlo, al Arzobispo de La Serena, Monseñor Juan Francisco Fresno, lo que generaba
cierto miedo dentro de la oposición, ya que se le tenía por conservador, además de que se
pensaba de que el accionar de la Iglesia en cuanto a la protección de los derechos humanos,
los perseguidos por el Régimen Militar, y todas las acciones que había hecho anteriormente
la Iglesia en defensa del respeto de los derechos de la oposición podían debilitares
ciertamente. Pero para el beneficio del país este cambio en la jerarquía de la iglesia
católica nacional no repercutió mayormente en el accionar que había tenido esta importante
institución hasta ese momento, incluso Juan Francisco Fresno, fue uno de los promotores
entre el diálogo de la oposición con el gobierno.

Es así como el 10 de Agosto, tan sólo a horas de la cuarta gran protesta nacional asume
Sergio Onofre Jarpa el Ministerio del Interior, conjuntamente en un gran cambio de
gabinete en donde destacan Andrés Passicot en el Ministerio de Economía, Hugo Gálvez en
el Ministerio del Trabajo y Alfonso Márquez de la Plata en la Secretaría General de
Gobierno. Conjuntamente con este gabinete, Jarpa inició un proceso de apertura política
para con la oposición que ya se encontraba bien organizada. Este plan de apertura política
había sido previamente elaborado por Jarpa, con la idea de restablecer las leyes que
tuviesen que ver con política antes de 1989, una de las fechas claves según la misma
Constitución de 1980. Una vez que asumió Jarpa puso en funcionamiento un plan de

177

157

CAPÍTULO II

carácter inmediato con la finalidad que se resaltan en los siguientes 10 puntos, según
Eugenio Ortega:

“1. “Cuidar al Presidente”, evitando la exposición de su imagen en debates
menores.

2. Recuperar el respaldo de sectores gremiales, empresariales y políticos.

3. Dar un ritmo ágil a la administración del Estado, respondiendo a los
requerimientos con urgencia.

4. Eliminar de los cargos claves a los “enemigos internos”.

5. Crear un comando político unificado con los sectores proclives al régimen

6. Generar un movimiento social para agrupar a los independientes.

7. Iniciar el estudio de las leyes de elecciones y partidos políticos.

8. Promover el debate sobre marxismo y período 70 – 73.

9. Crear un comité de expertos para manejar las comunicaciones del gobierno,
con objetivos claros y de largo plazo.

10. Centralizar en el comunismo soviético (y no en los políticos locales) el
blanco principal”

Tareas inmediatas del período de Jarpa en el plano de la apertura política 178.

178
Op. Cit., ORTEGA FREI, EUGENIO., pág. 234 - 235. Citado tomada por el autor de Ascanio Cavallo y
otros, “La Historia Oculta del Régimen Militar”, Editorial Antártica, Santiago – Chile, 1989, pág. 405 – 406.

158

CAPÍTULO II

Por su parte, Jarpa tenía fijadas también ciertas tareas para 1984 y 1985, como se detalla a
continuación:

“1. Terminar las leyes de elecciones y partidos y convocar a un plebiscito para
aprobarlas.

2. Levantar el receso político y fijar un período para la organización de los
partidos.

3. Crear un movimiento político independiente, pero defensor del régimen”.

Tareas para 1984 del período de Jarpa en el plano de la apertura política 179.

“1. Fijar fechas de elecciones parlamentarias.

2. Organizar el movimiento político para ganar tales elecciones”.

Tareas para 1985 del período de Jarpa en el plano de la apertura política 180.

Es este el programa político para la apertura con la oposición que tenía pensado el aplicar el
ministro Sergio Onofre Jarpa durante su período en el cargo. El hecho de que la cuarta gran
protestas nacional se iniciara a tan sólo horas de asumir el cargo fue una dura prueba para
su gestión, ya que tuvo una pugna interna con el gobierno, el cual finalmente hizo primar su
opinión de sacar 18.000 soldados fuertemente armados a patrullar las calles de la capital, y
que a pesar de la oposición de Jarpa, esto provocó un represión especialmente fuerte y
dolorosa, con 27 personas muertas, y cientos de heridos y detenidos.

179
Ibidem, pág. 234 - 235. Citado tomada por el autor de Ascanio Cavallo y otros, “La Historia Oculta del
Régimen Militar”, Editorial Antártica, Santiago – Chile, 1989, pág. 406.
180
Idem, pág. 234 - 235. Citado tomada por el autor de Ascanio Cavallo y otros, “La Historia Oculta del
Régimen Militar”, Editorial Antártica, Santiago – Chile, 1989, pág. 406..

159

CAPÍTULO II

Ante este primer día de gestión del ministro Jarpa, Gabriel Valdés señaló que:

“es un nacionalista, de extrema derecha y dudo de sus convicciones
democráticas. Habrá que juzgarlo por sus actos, si bien ya es lamentable lo que
hizo y lo que dejó hacer el 11 y 12 de Agosto, como responsable del orden
interior (...) el país está horrorizado por el uso del Ejército contra un pueblo
que tiene sobradas razones para protestar y lo hizo pacíficamente. El nuevo
gabinete nace sin prestigio y envuelto torpemente en hechos de violencia que lo
comprometen”.

Declaración del Gabriel Valdés
a la revista “Hoy” Nº 317 del 17 al 23 de Agosto de 1983, pág. 8181.

Por su parte cabe destacar que esta reacción en la primera protesta y en las siguientes que
enfrentó Jarpa, hicieron de su actuar en cuanto a su plan de apertura política una mezcla de
la aplicación de esta con represión. Como señala Edgardo Boeninger, “Por una parte, el
Ministro Jarpa combinó apertura política con represión social, de tal modo que se generó la
expectativa de una salida pacífica al conflicto político – social provocado por la crisis
económica, al mismo tiempo que se elevaba el costo de participar en las protestas y el clima
de enfrentamiento en que se desarrollaban”182. De esta manera podemos concluir que Jarpa
si bien pretendía tal vez verdaderamente iniciar un proyecto de apertura política con la
oposición, a la vez intentaba frenar el avance de la movilización social, reflejado en las
protestas nacionales con la finalidad de quitar ese gran impulsó y elemento de confianza
que tenía esta oposición para sentirse segura a la hora de tener que sentarse a conversar con
el gobierno, de esta manera se explicaría esta combinación entre apertura y represión que
caracterizó la gestión de Jarpa y que se terminó con el punto que se verá más adelante con
respecto a la firma del documento denominado el “Acuerdo Nacional”.

181
Ibidem, pág. 234. Cita tomada por el autor de la revista “Hoy” Nº 317 del 17 al 23 de Agosto de 1983,
pág. 8.
182

160

CAPÍTULO II

Es así como la estrategia de Jarpa de provocar una desmovilización de la sociedad para que
de esta manera no se produjera tanta presión hacia el gobierno y además la oposición no se
viera tan fortalecida y respalda, se vio favorecida por las acciones terroristas que permitían
al gobierno justificar la represión y menoscabar el carácter de estas manifestaciones.
Boeninger en este punto señala que “Fue, sin embargo, la creciente presencia del PC y del
MIR, el in crescendo de violencia, la acción del “lumpen” y sucesivos atentados terroristas
(como el asesinato del Intendente de Santiago general Carol Urzúa), lo que ahuyentó
progresivamente a los sectores medio, protagonistas de las protestas en la primera hora. El
retraimiento de la clase media quita pues toda viabilidad a la movilización social como
instrumento de derrocamiento del gobierno militar”183.

Bajo contexto de la naciente gran crisis económica el diálogo con el gobierno se veía
lejano para la oposición, ya que el gobierno molesto por las protestas civiles, respondía
duramente a estas ejerciendo una gran represión tanto a quienes asistían, como a quienes las
convocaban, por lo cual la oposición respondía duramente al gobierno, y este volvía a
reprimir, convirtiéndose de esta manera, la situación en una especie de “circulo vicioso”.
Luego de asumir Sergio Onofre Jarpa en el Ministerio del Interior, esta situación varió.
.Como señala Eugenio Ortega, “se observó un cambio de lenguaje y del estilo de accionar
del Ministerio del Interior. El Ministro habló de “Consenso”, “Reconciliación”, “Nueva
Etapa” e incluso anunció la posibilidad de un plebiscito para modificar la Constitución y
elegir un parlamento antes de 1989”184. Esta nueva actitud sin embargo era rápidamente
nublada por el actuar de Augusto Pinochet, que no dejaba escapar ninguna ocasión en la
cual pudiera amedrentar con fuertes mensajes a la población y especialmente a la oposición,
utilizando una política del terror, como por ejemplo se ve en la siguiente declaración
recogida por la revista “Hoy” en el mismo mes de Agosto de 1983:

“un 11 de Septiembre no se puede repetir. No se debe repetir, porque la patria
tiene que salir adelante. Pero si el marxismo y aquellos que no quieren

183
Ibidem, pág. 301 - 302.
184

161

CAPÍTULO II

entender, desean actuar, tengan la seguridad de que vamos a repetir el 11 de
Septiembre”

Declaración de Augusto Pinochet en el mes de Agosto de 1983,
recogida por la revista “Hoy” Nº 318 del 24 al 30 de Agosto de 1983185.

Sin duda este lenguaje tan amenazador utilizado por Augusto Pinochet se contraponía a la
apertura política de Jarpa, ya que ambas estrategias eran en todo sentido muy contrapuestas,
lo que generaba cierta desconfianza dentro de la oposición ante la actitud asumida por el
ministro Jarpa.

Sergio Onofre Jarpa, Ministro del Interior del Régimen Militar durante el período
comprendido entre el mes de Agosto de 1983 y Febrero de 1985, período en que se
caracterizó por el intento de la aplicación de un plan de apertura del gobierno,
pero también por una gran represión de la protestas civil por parte de este.

De esta manera se inicia la primera reunión con el Ministro del Interior, Sergio Onofre
Jarpa, en donde como señala Justo Tovar, “La primera reunión entre Jarpa y la oposición6
se realizó el 25 de agosto. La oposición pedía: suspensión de Art. 24 transitorio de la
Constitución, fin del exilio, reconocimiento de los partidos políticos, acceso a la TV y
término del Estado de Emergencia. Jarpa ofreció formar una instancia de información

185
Ibidem, pág. 237. Cita tomada por el autor de la revista “Hoy” Nº 318 del 24 al 30 de agosto de 1983, pág.
8 - 9.

162

CAPÍTULO II

mutua y pidió el cese de las protestas sociales”186. Esta primera conversación no se tradujo
en acuerdos concretos, pero sin duda fue una señal de la apretura del gobierno al debatir
con la oposición. Esta buena disposición para negociar con la oposición por parte de Jarpa,
se tornó realidad cuando dos días más tarde, “Jarpa confirmó que se enviaría al Consejo de
Estado los proyectos, ya anunciados por Pinochet, de Estatuto de los partidos, Leyes
Electorales y Ley Orgánica del Congreso nacional. Poco después el gobierno decretó el
término del estado de Emergencia y autorizó para regresar al país a mil seiscientos
exiliados”187, tanto de izquierda como democratacristianos, los que a su regreso al país
fueron recibidos con amplias muestras de apoyo y cariño. Además la Alianza Democrática
en este primer encuentro si bien dialogó a través de un documento escrito el 22 de Agosto,
es decir, tan sólo dos días antes de la primera reunión con Jarpa, no quiso entregarle el
documento, por pensar que todavía era muy pronto para aquello.

Este documento señalaba en cuestión, un diagnóstico de la sociedad chilena, la cual según
el documento estaba en crisis producto de las graves dificultades económicas, moral,
institucional y política, señalando que los principios de este grupo de oposición eran
“promover y respetar los derechos humanos; la separación de los poderes del estado; la
elección periódica de gobernantes en elecciones libres, secretas e informadas; el
establecimiento de un estado de derecho; la participación popular a través de las
organizaciones sociales, un poder judicial independiente; el funcionamiento profesional de
las Fuerzas Armadas y de orden jerarquizadas y obedientes al poder civil, el desarrollo de
una política internacional independiente; la garantía constitucional de la propiedad estatal,
mixta y privada, social y cooperativa; el desarrollo económico del país; una concertación
económica entre trabajadores, empresarios y estado, realizar una efectiva descentralización
administrativa del Estado; el derecho a la libre organización de sindicatos o gremios, el
estudio de una nueva legislación laboral que reconociera los derechos a organización,
negociación y huelga, el desarrollo de la familia, el restablecimiento de la autonomía de la
universitaria; la libertad académica, el estímulo a loa valores culturales, la libertad de
expresión; el restablecimiento de la nacionalidad y derechos políticos y civiles a los que

186
187

163

CAPÍTULO II

fueron arbitrariamente despojados, la restitución de bienes confiscados, garantizar el
funcionamiento de organizaciones políticas; y por último, la manutención del orden y la
sujeción de la ley”188. Estos elementos sin duda buscaban demostrar que los acuerdos
alcanzados dentro de la oposición, mostraban un consenso del ámbito político, social y
económico, para conducir al país hacia la democracia. Estos acuerdos de la alianza
democrática comprendieron los siguientes puntos:

“- La formación de un “Consejo de la Alianza Democrática”.

- La búsqueda de un “Acuerdo Nacional” entre todas las fuerzas políticas y sociales
comprometidas con el régimen democrático sobre una constitución política del estado”.

- La preservación y profundización del sistema democrático, garantizando el pleno
funcionamiento de sus instituciones”189.

En cuanto a los consensos logrados dentro de la Alianza Democrática para lograr un
transito hacia la democracia, se señalaron los siguientes puntos a seguir para lograr ese
objetivo:

“a) Realizar un plebiscito en el cual se aprobara o rechazara la instalación de una Asamblea
Constituyente que ejercía facultades constituyentes y legislativas”.

b) La renuncia del jefe de estado, para que una persona que estuviera por sobre los
conflictos y que concitara el consenso ciudadano, encabezara el proceso de transición.

c) El establecimiento de un gobierno provisional representativo de un consenso nacional
que en dieciocho meses restableciera la democracia y que diseñara y ejecutara un plan
económico de emergencia”190.

188
Op. Cit., ORTEGA FREI, EUGENIO., pág. 238 - 239.
189
Idem, pág. 239.

164

CAPÍTULO II

Los puntos de este documento redactado por la Alianza Democrática, fueron los negociados
por esta con el ministro Jarpa. Por su parte como señala Justo Tovar se produce “La
segunda negociación se llevó a cabo el 5 de septiembre. La AD presentó su propuesta:
reforma constitucional que permitiera convocar a elecciones libres y acortar el período de
gobierno de Pinochet, el fin del exilio, la creación de un ministerio de la reconciliación y la
restauración de la libertad de prensa. Jarpa respondió que los registros electorales y la ley
de partidos estaban previstos para 1984. Respecto de la prensa, si bien no dependía de su
ministerio, lo estudiaría y le propuso a la oposición que se integrara a las comisiones de
estudio de las leyes políticas, y que incluso pudiese formar parte del Consejo de Estado. Por
último, aludió a la protesta convocada para tres días después y pidió que se realizara en
forma pacífica. Se comprometió a que las tropas no saldrían a la calle y que sólo
Carabineros se encargaría del orden público”191.

En esta reunión aparecen los primeros problemas a pesar de las aparentes buenas
intenciones de tanto la oposición como del ministro Jarpa, ya que se presenta un obstáculo
muy difícil de tratar y más aún de superar “mientras que para la disidencia lo esencial era
lograr un acuerdo para generar una nueva Constitución Política, lo que Jarpa quería era tan
solo introducir a la constitución de 1980 las reformas indispensables para compatibilizar el
autoritarismo con las exigencias mínimas inherentes a un Estado de Derecho”192. De esta
manera se entra en la contradicción del punto de encuentro para el consenso, ya que por un
lado la oposición demandaba el retorno inmediato a la democracia, mientras Jarpa, sólo
ofrecía reformar suavemente el autoritarismo del Régimen Militar, introduciendo cambios
para una participación muy limitada en la Constitución de 1980. Es por ello que la Alianza
democrática, luego de esta segunda reunión con el ministro Jarpa “comenzó a mostrarse
preocupada por la falta de concreción, insistiendo en la necesidad de establecer plazos, un

190
Ibidem, pág. 239 – 240.
191
192

165

CAPÍTULO II

calendario o una agenda con los pasos concretos para realizar el tránsito a la
democracia”193.

Pero mientras la oposición al Régimen Militar ya había logrado cierto consenso entre los
muchos grupos y tendencias políticas que la componían, y por sobre todo, ya era capaz de
ejercer tanta presión, para que el gobierno se sintiera obligado a dialogar, la derecha leal al
régimen también trataba de adoptar una estrategia para hacer frente a la creciente oposición.
De esta manera “hizo su primera aparición pública un nuevo grupo denominado Avanzada
Nacional .Por su parte, el gremialismo de Jaime Guzmán y Sergio Fernández también se
organizó como movimiento político (24 de septiembre). Asumió la denominación de Unión
Demócrata Independiente (UDI); tomó posiciones críticas frente a las propuestas de
negociación de Jarpa y defendió el proyecto de “democracia protegida” del régimen, el
retorno de la política económica neoliberal y una Asamblea Legislativa íntegramente
designada por la Junta Militar. Aquello significó una complicación más para las propuestas
de Jarpa: un frente interno de oposición a su gestión”194, ya que esta propuesta podía
seducir mucho a Augusto Pinochet, y con ellos el diálogo iniciado por Jarpa podría darse
por concluido, en vista de que a la oposición le saliera un enemigo político. Por su parte la
UDI para diferenciarse de la propuestas del ministro Jarpa optó por la propuesta de un
Congreso designado para 1989. La réplica dentro de la derecha frente a la UDI creada por
Jaime Guzmán y Sergio Fernández fue la conducida por Andrés Allamand, quien creó la
Unión Nacional, “sobre la base de setenta mil firmas de adhesión a un programa de
transición plenamente identificado con Jarpa”195.

Así se prosigue en la eterna diferencia entre la derecha, ya que desde el momento del golpe
militar, había una derecha democrática llana para la apertura con la oposición y que ya
pensaba en un retiro del Régimen Militar por la vía democrática, por su parte existía otro
sector de la derecha totalmente identificada con el Régimen Militar y que se sentía
comprometida y heredera del sistema de democracia protegida instaurado por la

193
194
Op. Cit., TOVAR MENDOZA, JUSTO., pág. 7 - 8.
195

166

CAPÍTULO II

Constitución de 1980. “De hecho, como suele ocurrir en los regímenes autoritarios, el
debate más importante se produjo entre los partidarios del régimen militar. La "oposición
interna" la conformaban algunos generales de importancia, líderes empresariales y políticos
conservadores. En lo que respecta a la "oposición externa", a cargo de los adversarios
políticos del Gobierno, su influencia directa estaba limitada por el alto costo que implica
ejercer la oposición política bajo condiciones autoritarias. No obstante, en la esfera de la
política económica eran activos en sus "centros de estudio", tenían acceso a la prensa y a la
radio y ejercían gran influencia sobre los ampliamente respetados obispos de la Iglesia
Católica, que fueron bastante críticos de algunas de las reformas. Después de 1983, cuando
se retomó la actividad política abierta, las organizaciones políticas de la oposición lideraron
la resistencia contra las reformas”196.

En este naciente clima de presión y oposición desde la misma derecha para el ministro
Jarpa que buscaba establecer ciertos consensos con la oposición, más que nada para que se
terminara la fuerte presión social sobre el Régimen Militar, es que se desarrolla el tercer
encuentro negociador. Justo Tovar señala que en “el tercer encuentro de negociación entre
el gobierno y la AD, realizado el 29 de septiembre, ésta propuso la realización de un
plebiscito que convocara a una Asamblea Constituyente para 1984; la creación de una
comisión paritaria para estudiar y promulgar leyes políticas en un plazo de 120 días; la
implementación de un plan económico de emergencia y el término de las declaraciones.
Jarpa insistió que la Asamblea era inviable, y accedió a la comisión de estudio. Para las
otras demandas pidió tiempo y paciencia”197.

Luego de esta tercera reunión cundió más aún la desazón, ya que no había acuerdos
concretos, en donde por ejemplo la Alianza Democrática exigía la creación de una
Asamblea Constituyente, por vía de elección popular, la cual debía elaborar una nueva
Constitución para el país, además de la conformación de otra comisión, de carácter mixto
entre oposición y gobierno, que en un plazo máximo de 90 días elaborara todo el articulado
legal sobre elecciones, registro electoral, tribunal calificador de elecciones y una ley sobre

196
197

167

CAPÍTULO II

los partidos políticos, en donde por su parte el ministro Jarpa señalaba que todas las leyes
relacionadas con las elecciones y los partidos políticos serian elaboradas por un Consejo de
Estado, en el cual se permitiría por esta vez y con aquél fin la participación o por lo menos
la colaboración de las fuerzas opositoras al Régimen Militar. Es así como de los puntos
tratados Jarpa señaló que se seguiría conversando y pese a no haber llegado a fechasen
concreto, esta reunión para la oposición fue más esperanzadora, aunque prontamente
Augusto Pinochet se encargó de echar por tierra las esperanzas de los negociadores, ya que
el 2 de Octubre de 1983 señaló que el gobierno no variará los plazos fijados en la
Constitución, “el gobierno se fijó una meta, un camino y los va a cumplir”198.

Ante estas palabras Jarpa señaló que en ningún caso había realizado alguna concesión con
la Alianza Democrática, ante lo cual esta pidió una respuesta inmediata y clara al
documento de peticiones trabajado durante la tercera reunión, ante lo cual surgió una contra
respuesta de Jarpa señalando que tan sólo el respeto de las fuerzas opositoras a la
Constitución de 1980 podía llevar a un camino sólido de transito hacia la democracia. Por
su parte la alianza Democrática volvió a increpar a Jarpa, señalándole que su documento
era la única salida posible para un retorno a la democracia, y ante la falta de respuestas
departe del gobierno, se estimó que el diálogo estaba terminado. Al darse por finalizado el
diálogo sin resultados concretos, fundamentalmente por la cuestión de que el gobierno no
quería concretizar los plazos, el Monseñor Juan Francisco Fresno señaló que:

“Yo soy partidario que se den plazos y fechas que permitan pensar que se va
encaminando hacia el camino democrático”

Juan Francisco Fresno, en revista “Hoy” Nº 326
del 19 al 25 de Octubre de 1983199.

198
Op. Cit., ORTEGA FREI, EUGENIO., pág. 249. Cita tomada por el autor del diario “El Mercurio”, del 2
de Octubre de 1983, Cuerpo C, pág. 3.
199
Idem, pág. 251. Cita tomada por el autor de la revista “Hoy” Nº 326 del 19 al 25 de Octubre de 1983, pág.
10.

168

CAPÍTULO II

Asimismo la Conferencia Episcopal apoyando las palabras de Fresno señaló de que era
importante dar pasos concretos para que se llegara a la democracia. Por su parte la
democracia cristiana señalaba que el diálogo había concluido por que se habían dado:

“permanentes atropellos del régimen, de su decisión de no cumplir ni siquiera
con las exigencia mínimas que lo hacían posible y de la falta de poder del
ministro del interior para negociar seriamente”

Declaración de la Democracia Cristiana Sobre la Razón del
Final de las Negociaciones con el Ministro Jarpa,
revista “Hoy” Nº 330, Noviembre, 1983200.

De esta manera terminaba toda tentativa del volver al diálogo, sobre todo cuando “A
comienzos de noviembre el gobierno implantó el Estado de Sitio en el país y el toque de
queda en la capital; clausuró las revistas de oposición; estableció una férrea censura de
prensa y restringió el derecho a reunión. Allanó las sedes del MDP, del BS y otras
sindicales y realizó intervenciones militares masivas en las poblaciones deteniendo a miles
de personas, muchas de ellas relegadas a distantes centros de detención como Pisagua”201 .
Luego de que el régimen volviera a su habitual represión en contra de las fuerzas de la
oposición, la posibilidad de retornar a un diálogo se iba alejando todavía más “De esta
manera finalizó el período de la apertura del Ministro Jarpa, quien renunció el 10 de febrero
de 1985. Con ello se abrió un nuevo período de incertidumbre política y de distanciamiento
del régimen y la oposición. Sin embargo, la situación de los siguientes años ya no sería
similar al bienio 1982–1983. Se había perdido la unidad política gobiernista a la par que la
oposición y el movimiento social recuperaban su organicidad”202.

Es así como se terminan durante 1983 la primera posibilidad relativamente seria que había
tenido la oposición para negociar con el Régimen Militar. Mientras no hubiese

200
Idem, pág. 249. Cita tomada por el autor de revista “Hoy” Nº 330, Noviembre, 1983, pág. 8.
201
202
Idem, pág. 9.

169

CAPÍTULO II

conversación a la oposición no le quedaba más salida que seguir buscando un camino,
camino que para algunos autores fue fijado en un seminario organizado por el Instituto
Chileno de Estudios Humanistas (ICHEH) denominado “Una Salida Jurídico – Política
Para Chile” en el hotel Tupahue en Santiago durante el 27 y 28 de Julio de 1984, situación
que veremos en el siguiente punto. Por su parte luego veremos un hito muy importante en
cuanto como antecedente del proceso de transición: “El Acuerdo Nacional”.

2.C.6.- SEMINARIO EN EL ICHEH “UNA SALIDA JURÍDICO – POLÍTICA PAEA
CHILE”: ¿HORA CERO DE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA?

Durante 1984, la oposición intentó la estrategia de crear “Cabildos Abiertos”
basándose en los cabildos formados durante la independencia nacional en 1810, ya que “se
pensaba que podía ser una instancia de aglutinación de la sociedad en donde se creara un
gran diálogo nacional”203, a través de las poblaciones, barrios, comunes y provincias a lo
largo de todo el pías, en donde más tarde luego de realizado este proceso se conformaría un
gran “Cabildo Nacional” el cual se encargaría de elaborar un documento llamado el “Pliego
de Chile”. Esta iniciativa que comenzaría en 1984, y que sería organizada por la Alianza
democrática, fracasó al ser impracticable la permanencia y continuidad en el tiempo de los
diferentes cabildos a lo largo de todo el país.

De esta manera mientras ala oposición y fundamentalmente la alianza Democrática
buscaban alguna vía para ejercer presión al régimen Militar para un rápido retorno a la
democracia, se fraguaban una serie de seminarios, estudios y conversaciones en donde se
debatía el tema de cómo encontrar una salida de la dictadura y la represión que realizaba el
Régimen Militar en un sistema evidentemente autoritario, para llegar a constituir un sistema
democrático. Es bajo esta búsqueda que se produce un seminario muy especial e
importante a la hora de buscar una fecha de comienzo concreta para el proceso de
transición en Chile. En la obra “Crónica de la Transición”, su autor, Rafael Otano fija el

203

170

CAPÍTULO II

comienzo del proceso de transición a la democracia en Chile, con un seminario el día
Viernes 27 y 28 de Julio de 1984, bajo el título de “Un Sistema Jurídico – Político
Constitucional Para Chile, realizado en las dependencias del hotel Tupahue en pleno centro
de Santiago. Bajo este pomposo título, el más selecto grupo del bando opositor al Régimen
Militar, se daba cita con el sólo objetivo de dilucidar, como y cuando se podrá poner fin a la
dictadura de Pinochet, ya que su régimen no será eterno, como irónicamente señalaba
Edgardo Boeninger.

Dentro de los asistentes a esta importante cita, estaban dos ex – ministros del gobierno de
Salvador Allende y tres senadores, más un Contralor General de la república, además de
personajes que se sabían decisivos para el proceso de transición a la democracia, como
“Carlos Briones, socialista renovado; Pedro Correa del Partido Nacional; Manuel Sanhueza
y Enrique Silva Cimma, radicales; Francisco Cumplido, Patricio Aylwin y Alejandro Silva
Bascuñan, democratacristianos. Como partidarios del gobierno militar, se encontraban
Sergio Diez y Francisco Bulnes. Lo más notables era la amalgama de partidos en las tres
mesas del seminario y la presencia de gente de la trinchera oficialista y de la opositora”204.
Por su parte la entidad que convocaba a aquél especial y pluralista encuentro dentro de una
sociedad sin dialogo era el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH).

Los temas expuesto en este reunión según la revisión que realiza Patricio Aylwin eran los
siguientes205:

1.- “Las Bases Fundamentales de un Régimen Jurídico – Político Constitucional en Chile
Adecuado a la Realidad de la Próxima Década”, tema que expusieron Alejandro Silva
Bascuñan, Carlos Briones (cuyo trabajo fue leído por Hernán Vodanovic) y Pedro Correa.

2.- “Análisis Crítico de las Constituciones de 1925 y 1980”, tema que expusieron Sergio
Diez, Francisco Cumplido y Manuel Sanhueza.

204
Op. Cit., OTANO, RAFAEL., pág. 13.
205

171

CAPÍTULO II

3.- “Una Salida Jurídico – Política Para Chile”, tema que expusieron Enrique Silva,
Francisco Bulnes y Patricio Aylwin.

En este seminario, Aylwin expresó su idea sobre de cómo debía darse el proceso de
transición, señalando que ““Vamos camino –decía – de convertirnos en una Torre de Babel,
en la que cada cual habla su lenguaje, sin importarle ni entender lo que otros dicen”. En
esas circunstancias, sólo había dos salidas, según el ex senador decé: o la guerra civil o la
solución pacífica, por la vía jurídico – política”206. Esta salida según Aylwin, sería la que
logrará su perra las divisiones entre la oposición y entre esta y las fuerzas leales al
gobierno.

Para lograr esta salida se debía prescindir del tema de la legalidad de la Constitución de
1980, para así buscar un acuerdo de carácter cívico lo más amplio posible para la
elaboración de los consensos mínimos para establecer las bases de la futura democracia. El
argumento que entregaba Patricio Aylwin para eludir el tema de la legitimidad de la
Constitución de 1980 sin duda provocó sobresalto, ya que básicamente era legitimarla
auque fuera de manera tácita. De esta manera Aylwin señaló que:

“yo soy de los que consideran ilegítima la Constitución de 1980. Pero así como
exijo que se respete mi opinión, respeto a los que opinan de otro modo”207.

Luego procedía diciendo que no se podía pretender que Pinochet reconociera que la
Constitución de 1980 era ilegítima, como tampoco podía pretenderse que el quisiera que el
resto de las personas de las que la consideraban ilegítima, pudieran llegar a considerar
legítima a esta constitución. En base a este argumento, Aylwin señala que:

“La única ventaja que él tiene sobre mí, a este respecto, es que esa
Constitución – me guste o no – está rigiendo. Este es un hecho que forma parte
de la realidad y que yo acato.

206
207

172

CAPÍTULO II

¿Cómo superar este impasse sin que nadie sufra humillación? Sólo hay una
manera: eludir deliberadamente el tema de la legitimidad”208.

Esta propuesta chocaba con la opinión generalizada de la oposición, que era la de
considerar ilegítima por su elaboración, promulgación y texto el marco constitucional
creado por el Régimen Militar. De esta manera este seminario planteaba un duro sacrificio
y debate para la oposición y de paso legitimaba al Régimen Militar, pero era uno de los
pasos para lograr un gran acuerdo nacional de consenso entre la oposición y luego con los
sectores más abiertos del gobierno para lograr el retorno a la democracia. Esta idea quedó
guardada en el inconsciente colectivo de la oposición ya que tal vez habría que aplicarla en
algún momento. Si bien este seminario es importante por que abre un nuevo camino para la
búsqueda del consenso no puede ser considerado como el inicio de la transición, ya que es
sólo parte del proceso para que esta empiece y no marca un hito tan trascendente, ya que
ese día no se logró ningún acuerdo, sólo se abrió una vía de las muchas que seguirían
apareciendo en torno a como lograr una transición a la democracia en Chile, de manera
rápida y a través de un gran consenso político y social.

Sobre esta exposición y tesis de Patricio Aylwin, además de su participación en otro
seminario titulado “El Futuro Democrático de Chile”, organizado por el Centro de Estudios
del Desarrollo fundado por Gabriel Valdés, Julio Canessa y francisco Balart señalan que “el
realismo se introdujo entre las cúpulas opositas. Este dato tiene enorme relevancia porque,
cualquiera lo sabe, en ninguna coyuntura existe acción política verdaderamente actuante al
margen de la realidad”209, decir, los autores destacan que la tesis propuestas es positiva por
cuanto se parte de la bese que la Constitución de 1980 debía ser respetada, para que a su
vez los intentos de la oposición también lo hicieran, cosa que en realidad no ocurrió y que
se verá en el siguiente punto, cuando a pesar del consenso logrado por los firmantes del
Acuerdo Nacional este sea completamente desestimado por el Régimen Militar, con
prácticamente ningún argumento.

208
Ibidem, pág. 264.
209
Op. Cit., pág. 340.

173

CAPÍTULO II

De esta manera se desarrollo el año 1984, bajo muchos seminarios y discusiones, con una
presión social que se va desvaneciendo y radicalizando poco a poco, lo cual le restaba
legitimidad. En ese plan la oposición estaba decayendo, hasta que surge un acuerdo que sin
duda cambiara la forma de planear la transición a la democracia en ese momento y al cual
nos referiremos a continuación: el “Acuerdo Nacional”.

2.C.7.- EL “ACUERDO NACIONAL”: EL GRAN PUNTO DE ENCUENTRO DE
LOS OPOSITORES AL RÉGIMEN MILITAR

Durante 1984 el diálogo de la oposición con el gobierno estaba cortado y la
violencia tanto de las protestas estaba en su punto más alto a pesar de que las convocatorias
eran minoritarias y sus asistentes también. Por su parte la represión había aumentado y se
había vuelto al terrorismo de Estado, situación en la cual ya en Marzo de 1985 se
produjeron los secuestros de Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel Parada el
día 29 y el día 30 aparecieron sus cuerpos degollados. Además “la violencia permanente, la
ausencia de normas de acción alternativas y la falta de canales institucionalizados llaman a
la oposición a reiterar la movilización por medio de las protestas, las cuales demostraron su
eficacia durante 1983 y 1984. El balance final de las protestas lleva a afirmar que la
violencia proviene fundamentalmente de las FFAA y Carabineros o de “civiles no
identificados””210.

Por ello el Comité Permanente del Episcopado comenzó una serie de acciones con el fin de
reanudar el diálogo. Es así como el 22 de Julio de 1985 se reunió en Calera de Tango, bajo
el patrocinio de la iglesia, los máximos dirigentes de la oposición y de la derecha que
propiciaba la apertura democrática y un rápido retorno a la democracia, como Patricio
Aylwin, Gabriel Valdés, Enrique Silva Cimma, Andrés Allamand, Francisco Bulnes, Hugo
Zepeda, Carlos Briones, René Abeliuk y otros connotados dirigentes. La reunión dirigida
210
MORRIS H., NELSON. “La Transición Chilena y Sus Actores: La Iglesia y el Gobierno Militar. 1983 –
1989: Una Aproximación”, Tesis para optar al grado de Profesor en Historia, Geografía y Ciencias Sociales,
guiada por el profesor Eduardo Araya Leupin, Viña del Mar – Chile, 1994, pág. 132.

174

CAPÍTULO II

por el ya cardenal Juan Francisco Fresno (nombrado en ese cargo por el Papa Juan Pablo II
el 25 de Mayo de 1985) se trató de establecer un mecanismo que permitiera el que se
lograra un amplio consenso político y social para el retorno a la democracia. Este
mecanismo acordado fue finalmente el que se redactaría un acuerdo entre las diversas parte
involucradas y asistentes a la reunión. En este aspecto es importante señalar que “Francisco
Bulnes preguntó la razón de la ausencia de la unión Demócrata Independiente (UDI), a lo
que un asesor respondió que la iniciativa era para los partidos que no estaban en el
gobierno”211. El por que no estaba el Partido comunista y la UDI invitados a esta reunión,
también lo explica Rafael Otano, quien señala que “Los primeros, por que se presumía que
se habían autoexcluido de este tipo de acuerdos, y los de la UDI, porque no se confiaba en
su discreción ente Palacio”212. A pesar de que la reunión debió mantenerse en secreto, la
noticia se filtró a la prensa ese mismo día.

De izquierda a derecha figuran Sergio Molina, Fernando Léniz y el Cardenal Juan
Francisco Fresno, todos ellos, fueron los grandes gestores de la firma del “Acuerdo
Nacional” en 1985 (Fuente: Revista “Icarito”, en internet: http: //www.icarito.cl).

La gran importancia de esta iniciativa es que partió de parte de la iglesia como señal de la
crisis que provocaba en el país el que la oposición no fuera tomada en cuenta en cuanto a
sus demandas. Para Julio Canessa y Francisco Balart, su gestor, Monseñor Francisco
Fresno “Su talante difería ostensiblemente del de su predecesor, monseñor Silva Henríquez.
La época del encandilamiento eclesiástico con el marxismo estaba quedando atrás y

211
212

175

CAPÍTULO II

procuró rodearse de personas moderadas”213 haciendo Alusión a José Zabala, Sergio
Molina y Fernando Léniz.

Luego de la reunión el cardenal Fresno encargó a tres asesores que trabajaran en la
elaboración de un texto de acuerdo para ser tratado en la siguiente reunión. Pero por su
parte la investigación sobre el caso de las personas degolladas, hizo que se encargarán reos
a varios carabineros, estremeciendo a la opinión pública, lo que generó la salida de César
Mendoza de la dirección General de Carabineros. Bajo este contexto se llevó a cabo la
segunda reunión en la cual el día Martes 20 de Agosto (prevista para el día 13 de Agosto,
pero postergada por que el Nuncio Sodano recibió presiones por parte del gobierno, quien
decía que se hacía mucho uso de los recintos de la iglesia para reuniones de carácter
político), en la cual en el Círculo español se reunió Monseñor Fresno con dos representante
de cada partido político. A esta reunión asistieron según Patricio Aylwin, “Carlos Briones y
Darío Pavez por el mundo socialista; Luis Maira y Sergio Aguiló de la Izquierda Cristiana;
Pedro Correa y Patricio Phillips del Partido Nacional; Hugo Zepeda y Armando Jaramillo
del Partido Liberal; Francisco Bulnes, Andrés Allamand y Frenando Maturana de la Unión
Nacional; René Abeliuk y Mario Sharpe de la Social Democracia; Enrique Silva y
Fernando luego del Partido Radical y Gabriel Valdés y yo de la Democracia Cristiana”214
(el yo hace referencia a Patricio Aylwin).

En la reunión se debatió el texto propuesto por la iglesia, especialmente en los puntos sobre
el pluralismo ideológico y la sanción a las conductas antidemocráticas. Por ello y lo extenso
del debate “El 23 se realizó una segunda ronda de análisis del documento, en el Círculo
Español. El tema único fue el Partido Comunista”215, y ese día encomendó la redacción de
un texto a las personas que principalmente habían debatido este punto en especial. De esta
manera el día Domingo 25 este grupo se volvió a juntar en el Círculo Español, en donde se
leyó y aprobó este texto. Por su parte Zavala, Molina Y Léniz desde el día 20 estaban
trabajando en la redacción de un documento que incluyera este y otros acuerdos tomados

213
214
215

176

CAPÍTULO II

por este grupo, el cual fue entregado al cardenal Fresno al final de la reunión de ese
Domingo 25 de Agosto. Este documento “que los participantes someterían a la ratificación
de sus respectivos partidos y quedaría abierto a ser suscrito por organizaciones y personas
que compartieran sus criterios”216. De esta forma nació el “Acuerdo Nacional Para la
Transición a la Plena Democracia”, que como señala Edgardo Boeninger fue “sin duda el
más espectacular avance en la construcción de un acuerdo político hasta entonces, en
dramático constaste con el conflictivo clima prevaleciente y con la actitud confrontacional
del gobierno”217.

El documento estaba conformado por 4 grandes puntos, los cuales eran la Introducción, el
Acuerdo Constitucional, EL orden económico y Social y las Medidas intermedias. En la
primera parte, la referente a la Introducción el texto señalaba que:

“Como contribución al llamado a la reconciliación nacional formulado por
S.E. el Cardenal Arzobispo de Santiago y como testimonio de la disposición de
muy amplios sectores políticos del país a un gran acuerdo nacional que asegure
la evolución pacífica hacia una democracia plena y auténtica, todos los que
suscriben este documento, en un gesto positivo hacia la reconciliación que se
desea, expresan su apoyo a los principios políticos, económicos y sociales que a
continuación se enuncian.

Los valores democráticos deben regir nuestra convivencia y para que ellos se
alcancen se requiere una entrega ordenada del poder político a autoridades
revestidas de plena e indiscutible legalidad democrática; un marco político-
económico-social que garantice tanto la gobernabilidad del país como las
condiciones básicas para el esfuerzo colectivo que los desafíos de hoy y del
futuro plantean; y, también, el retorno de las Fuerzas Armadas a sus
indispensables funciones permanentes, respetando plenamente sus valores,
dignidad y requerimientos institucionales.

216
217

177

CAPÍTULO II

La reconciliación, asimismo, exige el pleno respeto al derecho a la vida y a
todos los demás derechos contemplados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y Pactos Complementarios, lo cual significa rechazar la
violencia, de dondequiera que ésta venga, como método de acción política y
hace indispensable esclarecer los atentados y crímenes que han conmovido al
país y aplicar la plenitud de la ley a los responsables. Es prioritario unir a los
chilenos para construir las bases esenciales de su convivencia.

Es imperativo atender las exigencias de la justicia de una manera congruente
con el espíritu de reconciliación nacional. Para ello, los procesos a que hubiere
lugar por violación de derechos humanos requerirán de denuncia responsable
por delito específico, formulada con fundamento. Su conocimiento
corresponderá exclusivamente a los Tribunales existentes, asegurándose así el
debido proceso, exento de humillaciones, venganzas y juicios colectivos ad-hoc.

Dentro de la tradición cultural y de libertad de los chilenos, la Democracia es
el mejor sistema posible de vida, y por ello, el presente acuerdo se refiere a las
condiciones fundamentales que debieran cumplirse, no sólo para hacer posible
el tránsito a esa Democracia, sino para asegurar su estabilidad una vez que
esté plenamente restablecida.

La magnitud de los problemas que deberán enfrentarse, a lo menos en lo que
resta del siglo, hace urgente que mediante el gran acuerdo nacional que se
postula, se logre una tasa de crecimiento elevada y persistente que lleve a
niveles más altos de bienestar y equidad, única forma de construir y hacer
perdurable una Democracia auténtica, moderna y participativa.

Teniendo en consideración lo anterior, la estabilidad del sistema democrático
que se establezca exige el compromiso solemne que contraen todos los que
firmen o adhieran a este documento, de realizar la acción política del futuro

178

CAPÍTULO II

dentro de un espíritu de lealtad democrática, aplicación efectiva de la ley y
respeto mutuo, compatibilizándola con los principios institucionales,
económicos y sociales aquí señalados. Sólo de esta manera se garantizará la
gobernabilidad del país y la efectiva transición hacia una democracia plena.

En la medida en que la convivencia nacional garantice mayor justicia y
seguridad para todos, será posible mantener el orden público, evitar el empleo
de la violencia, contribuir a eliminar el terrorismo y sancionar las conductas
antidemocráticas. En cualquier caso, el resguardo efectivo de los derechos
humanos será una preocupación preferente en el quehacer de las autoridades
públicas.

Los que suscriben este documento se comprometen desde ya a empeñar su
voluntad y esfuerzo en la tarea enunciada e invitan a adherirse a ella, con igual
disposición, a los trabajadores, empresarios, profesionales y demás actores del
acontecer nacional, de modo que se produzca una concertación democrática
realmente representativa de toda la nación”.

Introducción del “Acuerdo Nacional Para la Transición a la Plena
Democracia”, Santiago – Chile, 25 de agosto de 1985218.

En este texto introductorio se planteaba que el texto correspondía a la concretización de una
iniciativa de la iglesia católica para lograr el consenso entre las distintas fuerzas políticas
del país para propiciar un pronto retorno a la democracia. Para esto primero que nada se
señalaba que se debía lograr una reconciliación entre el pueblo chileno, para lo cual se
debía empezar respetando todos los derechos humanos, además de que se debía establecer
con claridad ante la justicia la violación de estos durante el régimen Militar. Asimismo se
invitaba a todos los sectores políticos y sociales a adherirse a este acuerdo, con la finalidad
de que la conducta democrática en el futuro se respetara a través de la ley y la tolerancia

218

179

CAPÍTULO II

entre los que piensan distinto, invitando también a los trabajadores, empresarios y
profesionales, además de todas las personas a participar también de esta iniciativa, para que
de esta manera este documento fuera realmente representativo de todas las personas que
constituían el país.

Por otro lado, el documento en su parte de Acuerdo constitucional señalaba que:

“El restablecimiento de la Democracia hace indispensable el que todos los
chilenos tengan el derecho de expresar su pensamiento y asegurar sus
libertades dentro de un régimen constitucional que contemple, al menos, los
siguientes aspectos:

1. Elección por votación popular de la totalidad del Congreso Nacional, con
claras facultades legislativas, fiscalizadoras y constituyentes.

2. Un procedimiento de Reforma Constitucional que, reconociendo la necesaria
estabilidad que debe tener la Carta Fundamental, haga posible sus
modificaciones y en caso de desacuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso,
someta la reforma a plebiscito.

3. La elección directa del Presidente de la República por votación popular,
mayoría absoluta y segunda vuelta si fuese necesario.

4. Existencia de un Tribunal Constitucional en cuya integración estén
representados adecuadamente los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
.
5. La Constitución Política garantizará la libre expresión de las ideas y la
organización de partidos políticos. Los partidos, movimientos o agrupaciones
cuyos objetivos, actos o conductas no respeten la renovación periódica de los
gobernantes por voluntad popular, la alternancia en el poder, los Derechos
Humanos, la vigencia del principio de legalidad, el rechazo a la violencia, los

180

CAPÍTULO II

derechos de las minorías y los demás principios del régimen democrático
definido en la Constitución, serán declarados inconstitucionales. Esta
calificación corresponderá al Tribunal Constitucional.

6. Regulación de los Estados de Excepción Constitucional que permitan
restringir las libertades individuales de reunión, locomoción, traslado,
información y opinión, precisando que en ningún caso, durante su vigencia,
pueden vulnerarse los Derechos Humanos y que siempre podrá recurrirse de
amparo y protección ante los Tribunales de Justicia”.

Acuerdo Constitucional del “Acuerdo Nacional Para la Transición a la Plena

De esta manera esta parte del “Acuerdo Nacional”, se plateaba una elección directa del
Presidente de la República a través de la vía del sufragio popular, además de que por la
misma vía se debía elegir totalmente un Congreso Nacional, con la finalidad de realizar una
serie de reformas a la Constitución de 1980 en los puntos en que esta atentaba contra la
democracia, como por ejemplo en cuanto a la libre expresión de las ideas o en cuanto a la
organización de partidos políticos, siempre y cuando estos por su parte respetaran los
principios básicos de la democracia, los cuales serían vigilados por el Tribunal
Constitucional.

La tercera parte de este documento era denominada “El Orden Económico – Social”, en
donde básicamente se postulaba garantizar constitucionalmente el derecho a la propiedad
privada, además de que en la misma categoría se reconocería la existencia de la propiedad
estatal y mixta, afirmando que debía producirse en el país un complementación económico
– social entre el pueblo, el mercado y el Estado para lo cual el documento entregaba una
serie de puntos entre los que se destacan la creación de oportunidades de trabajo para
terminar con la extrema pobreza y la marginalidad a la vez de que se hacía crecer

219

181

CAPÍTULO II

económicamente al país; la participación activa del estado en la formulación de los grandes
objetivos en materia económica y social y la regularización y equilibrio entre las relaciones
del empleador con el trabajador, para lograr una equidad y una buena convivencia social,
entre otras medidas que pedía tomar este documento.

En la cuarta parte y final de este documento se trataba la unas “Medidas Inmediatas” para el
retorno a la democracia, las cuales decían que:

“Para devolver a los chilenos el pleno ejercicio de su ciudadanía, con
capacidad de participar en las decisiones que afectan su futuro en libertad e
igualdad de condiciones, y para dotar al proceso político de los elementos
indispensables para una evolución efectiva hacia una auténtica Democracia, es
necesario tomar las siguientes medidas:

1. Término a los Estados de Excepción; pleno restablecimiento de todas las
libertades públicas, de una real autonomía universitaria y de garantías
constitucionales, y compromiso gubernativo de no aplicar el Artículo 24
transitorio de la Constitución de 1980. Término, asimismo, al exilio, que niega
el legítimo derecho a vivir en la Patria, y devolución de la nacionalidad a los
que fueron privados de ella.

2. Formación de registros electorales.

3. Término del receso político y derogación de las normas que impiden el
funcionamiento de los partidos.

4. Aprobación de una ley electoral para elegir Presidente de la República y
Senadores y Diputados por sufragio directo, personal, libre, secreto, informado
e imparcialmente controlado, asegurándose para ello la libertad de
propaganda y equitativo acceso a los medios de comunicación del Estado y
universitarios.

182

CAPÍTULO II

5. El plebiscito que legitime las disposiciones enunciadas en este documento,
deberá realizarse contemplando las garantías definidas en el número anterior”

Medidas Inmediatas del “Acuerdo Nacional Para la Transición a la Plena

Es así como es esta última parte este documento planteaba a través de medidas como el fin
del exilio, la inaplicación del artículo transitorio número 24 de la Constitución de 1980, la
formación de los partidos políticos, el término del receso político y la aprobación de una ley
para elegir al Presidente de la República y al Congreso Nacional, buscaba sin duda “una
transición más rápida y en un marco constitucional significativamente diferente al proceso
institucional impuesto por el gobierno militar”221.

Por su parte el “Acuerdo nacional termina señalando de que “Los firmantes de este
documento acuerdan mantener una vinculación permanente, a objeto de perfeccionar e
implementar su contenido”222. Los firmantes a los que se refiere esta última línea son:
“René Abeliuk Darío Pavez Andrés Allamand, Germán Pérez, Patricio Aylwin, Patricio
Phillips, Carlos Briones, Mario Sharpe, Francisco Bulnes, Enrique Silva Cimma, Pedro
Correa, Ramón Silva Ulloa, Armando Jaramillo, Gastón Ureta, Luis Fernando Luengo,
Gabriel Valdés, Fernando Maturana, Hugo Zepeda, Sergio Navarrete”223. Por su parte se
debe destacar que “Luis Maira y Sergio Aguiló participaron en la aprobación del
documento original, no firmaron pero adhirieron posteriormente. Ambos pertenecen a la
Izquierda Cristiana”224, y argumentaron, que sus bases debían estudiar y pronunciarse

220
221
222
223
AVETIKIAN, TAMARA. “Acuerdo Nacional y Transición a la Democracia”. En “Estudios Públicos” Nº
21, Chile, verano 1986, pág. 62.
224
Idem, pág. 62.

183

CAPÍTULO II

primero sobre este documento, pero de igual manera se comprometían por lo menos de
forma verbal.

La publicación de este “Acuerdo Nacional” se produjo el día 26 de Agosto de 1983 por el
diario “La Segunda”, produciendo gran expectación y conmoción pública. Como señala
Rafael Otano, “Un acuerdo que abarcaba un espectro tan amplio, creaba un nuevo momento
político. Había que tener en cuenta que allí habían firmado junto a opositores, como Luis
Maira, Patricio Aylwin y Silva Cimma, personeros cercanos al régimen, como Francisco
Bulnes y Andrés Allamand. La representación abarcaba muy diversas sensibilidades
políticas e ideológicas”225.

Por su parte las reacciones del gobierno se hicieron esperar por mucho tiempo. El gobierno
“declaró a través del Ministro del Interior Ricardo García, que no había declaraciones sobre
el documento elaborado”226. Esta reacción se debe a que este documento generó una gran
molestia dentro del gobierno, además que la rapidez de su redacción no le dio tiempo al
Régimen Militar, para o impedirlo o por lo menos deslegitimarlo. El Cardenal Fresno
escribió el 31 de Agosto una carta a Augusto Pinochet señalando que tan sólo una apertura
y oportunidad al diálogo podía evitar la radicalización de las posturas. Tan sólo el 15 de
Octubre su carta recibió respuesta, de parte del Ministerio de la Secretaría General de la
Presidencia, General Santiago Sinclair. Estas respuestas tardías se deben en parte a que los
firmantes del acuerdo no habían diseñado una estrategia a seguir luego de la promulgación
del texto, sobre todo en cuanto a la respuesta que darían los partidarios y los personeros del
Régimen Militar, los que en general tuvieron una respuesta muy negativa del acuerdo. Pero
hubo algunos disidentes dentro del gobierno, como “El general Matthei señaló
valientemente: “Yo no desestimaría el acuerdo”. El general se alineó con Matthei”227. Por
su parte “Los embajadores de países democráticos miraban el documento con esperanza y,

225
226
227

184

CAPÍTULO II

desde luego, tenía una gozosa aceptación en gran parte del mundo social y académico”228.
También hubo críticas, como las duras palabras para este documento que tuvo Jaime
Guzmán quien señaló que “al presentarse como un “Acuerdo Nacional”, lo que hasta ahora
es un simple esbozo, cobra especial gravedad el llamado a movilización nacional de firmas
y respaldos hacia ese documento, porque nadie puede responsablemente herir a un embrión,
cuya evolución y alcances se desconocen”229. Cabe destacar que para Edgardo Boeninger
“resultó decisiva como generadora de discrepancias al interior del acuerdo, la intervención
de Jaime Guzmán. Este formuló un conjunto de preguntas respecto de la propiedad, el
período presidencial de Pinochet, el rol que se le asignaba a las Fuerzas Armadas, la
proscripción del Partido comunista y la compatibilidad de esta iniciativa política con las
protestas sociales, que hundieron el Acuerdo en un mar de respuestas contradictorias,
aclaraciones y polémicas entre los firmantes que, hacia fines de 1985, la dejaron “sin
piso””230.

El Régimen Militar solo dio una respuesta al texto del “Acuerdo Nacional” el día 3 de
Septiembre de 1985 a través de la Dirección Nacional de Comunicación Social
(DINACOS), en donde su declaración señaló que:

“El Gobierno de la República ha estimado conveniente puntualizar algunos
conceptos acerca del documento suscrito por un grupo de ciudadanos y que ha
sido difundido recientemente por los medios de comunicación social:

1. Es apreciable, como elemento positivo, un progreso en la comprensión del
momento que vive el país en su proceso hacia la plena instauración de la
democracia, que configuran las disposiciones de la Constitución Política de
1980, particularmente si se considera la actitud que muchos de los suscriptores
tuvieron sobre similares materias en los años 1983 y 1984. Esta mejor

228
Ibidem, pág. 25.
229
Op. Cit., ORTEGA FREI, EUGENIO.. 289. Cita tomada por el autor del diario “El Mercurio” del 8 de
Septiembre de 1985, Cuerpo C, pág. 3.
230

185

CAPÍTULO II

comprensión se hace notoria, especialmente, al constatarse que ahora los
planteamientos se han formulado dentro del marco jurídico vigente.

2. Sin embargo, la variedad de los temas a que el documento se refiere, la
generalidad de sus afirmaciones y la heterogeneidad de sus suscriptores
presentan el riesgo de un inadecuado entendimiento, por lo cual a lo menos es
de interés señalar que:

a) El objetivo expresado en el documento “Tránsito hacia la plena
democracia” no se contrapone a lo establecido por la Constitución Política de
la República, a cuyas normas el gobierno está dando cumplimiento. En efecto,
consolidar la plena democracia es la meta de la acción gubernamental
orientada hacia la institucionalidad y el progreso socioeconómico, como tantas
veces ha sido señalado.

b) En el documento se insinúa una diferencia en la modalidad de democracia
que se trata de alcanzar. En efecto, mientras en la Constitución Política de la
República está fundamentada –recogiendo la experiencia anterior a 1973– en
una moderna concepción de democracia, asegurada en su solidez y estabilidad
respecto de riesgos de debilitamiento o destrucción, en el documento parece
sugerirse una formalidad democrática muy semejante a aquella que hizo crisis
definitiva durante el régimen de la llamada Unidad Popular.

La diferencia mencionada cobra especial significación en lo que se refiere a la
exclusión del marxismo y de su acción disociadora. La falta de claridad y
precisión en esta materia adquiere aún mayor relevancia al considerar la
experiencia histórica chilena, que recuerda el episodio en el que, por la
conformidad de algunos de los mismos grupos suscriptores del documento de
hoy se pretendió contar con garantías que el marxismo consideró como mera
necesidad táctica y que, luego de dadas, violó flagrantemente.

186

CAPÍTULO II

En el campo económico y social, a que el documento también alude, puede
advertirse una imprecisión sustancial en la definición del papel subsidiario del
Estado que, reconociendo un principio natural del orden social, la Constitución
Política consagra. A la vez, del texto se deduce un preocupante deterioro del
derecho de propiedad que aquélla garantiza.

3. Las solas referencias de precedentes permite inferir que hay diferencias
fundamentales de principios entre el documento difundido y la Constitución
Política de 1980. Sin embargo, es conveniente que la opinión pública reciba
que hay materias y aspiraciones mencionadas en el documento que coinciden
con los objetivos y programas que el gobierno pone en práctica en los campos
del desarrollo político e institucional del país, así como también en los de
desarrollo social y económico, no obstante los obstáculos y serias limitaciones
impuestas por la aguda crisis económica que objetivamente afecta a las
economías de la gran mayoría de las naciones.

4. Debe destacarse con satisfacción el repudio que los suscriptores del
documento referido hacen a la violencia, siendo de desear que los hechos y
actitudes sean siempre consecuentes con las palabras que se han manifestado.

5. Finalmente, junto con reafirmar con claridad los principios y valores que lo
inspiran, el gobierno reitera su constante disposición a examinar los aportes
que sectores ciudadanos efectúen con la altura de miras y el realismo que los
intereses permanentes de la Patria exigen”.

Declaración Oficial de la Dirección Nacional de Comunicación Social
(DINACOS) Sobre el Documento “Acuerdo Nacional y Transición
a la Plena Democracia”, 3 de septiembre de 1985231

231
Op. Cit., AVETIKIAN, TAMARA., pág. 63. Cita tomada por la autora de la “Declaración Oficial de la
Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS) Sobre el Documento “Acuerdo Nacional y
Transición a la Plena Democracia”, del 3 de Septiembre de 1985, publicado en el diario “La Segunda” el 3 de
Septiembre de 1985.

187

CAPÍTULO II

Esta declaración que partía señalando que no desestimaba el acuerdo, se contraponía con el
gran tiempo que había dejado pasar el gobierno para entregar una respuesta, además de que
hubieron declaraciones muy fuerte sobre el texto y sus gestores de parte de importantes
figuras del Régimen Militar como el propio Pinochet o al Almirante José Toribio Merino
que había señalado que el Cardenal fresno era como el “Chapulín Colorado”, ya “que hace
siempre cualquier cosa que le digan, porque es lo más bien inspirado que hay”232. Por su
parte en esta declaración si bien se valoraba que el documento aceptara los marcos
constitucionales de 1980, se señalaba que el proceso de transición ya había sido fijado por
la Constitución de 1980, ya que la consolidación de un sistema democrático de gobierno
también era una meta del Régimen Militar, con lo que sin duda se estaba señalando que este
intento estaba demás. Intentando deslegitimar la propuesta se señalaba que esta es la misma
que llevó a la crisis política – constitucional de 1973, pero en una actitud muy política por
su parte, se señalaba que el gobierno estaba abierto a tratar cualquier tipo de documento o
aporte que realizaran los distintos sectores de la sociedad.

De esta manera vinieron una serie de respuestas del bando opositor al régimen Militar
señalando su disconformidad en cuanto a la declaración que la DINACOS había entregado
sobre el documento, pero ninguna de esta varió la situación. Incluso el Cardenal Fresno en
el tradicional Te Deum del 18 de Septiembre de 1985 invitó a los firmantes del “Acuerdo
Nacional”, lo que motivó aún más el repudio del Régimen Militar. De esta manera “La
esperanza de que el Gobierno acogiera el documento se fue diluyendo. El factor tiempo fue
minando la unidad que se había logrado en torno al documento. Se comenzaron a vivir
tensiones, apareciendo interpretaciones distintas sobre el sentido, alcance y finalidad del
“Acuerdo Nacional””233. De esta manera empezaron incluso los problemas entre los
firmantes de este acuerdos, ya que los firmantes de derecha desestimaban la presión social,
vía por las protestas que seguían convocando los personeros de la “Alianza Democrática”,
lo que se convirtió en un problema continuo y peligrosos para la supervivencia de este
consenso.

232
Op. Cit., ORTEGA FREI, EUGENIO., pág. 290. Cita del auto tomada por el auto de la revista “Hoy” Nº
424, del 2 al 8 de Septiembre de 1985, pág. 6.
233
Idem, pág. 295.

188

CAPÍTULO II

Por su parte “El Centro Estudios Públicos, considerando la relevancia de la firma y
divulgación del documento “Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia”,
organizó un seminario los días 26 y 27 de noviembre de 1985, para analizar el texto y sus
proyecciones. Gran parte de la polémica en torno al Acuerdo Nacional –el reconocimiento
o no de la Constitución de 1980, la ambigüedad en la forma de poner en práctica las
medidas inmediatas, la imprecisión del texto y el papel asignado al Gobierno en su
discusión y negociación– se ve reflejada en las exposiciones de los participantes en la
primera sesión, y también en la mesa redonda de Sergio Molina y los directores de medios
de comunicación social”234. Ente los expositores de este encuentro destacaron José Zabala,
Edgardo Boeninger, Ángel Flisfisch, Oscar Godoy y Jaime Guzmán, quienes entregaron sus
diversos puntos de vista sobre el documento, cuando aún faltaba la respuesta final del
gobierno que llegó en el mes de Diciembre de 1985.

Durante el día 23 de Diciembre de 1985, el Cardenal Fresno concurrió a visitar y saludar a
Augusto Pinochet con motivo de las fiestas navideñas, visita que utilizó el cardenal para
hacer un último intento antes de fin año para que Pinochet se pronunciara sobre el
documento. Este, “le mostró toda su amargura y su absoluto rechazo a un diálogo que
partiese del texto del Acuerdo Nacional. El arzobispo le insistió en la necesidad de escuchar
a la oposición. Allí es cuando el general se encrespó y puso fin a un laborioso capítulo de
esperanza. Le dijo al cardenal: “Demos vuelta la página””235 y además le señaló y lo llamó
a “no involucrase más en asuntos políticos”236.

Por su parte la presión social ya no tenía la fuerza con la cual había empezado en 1983,
debido a que la crisis económica se había superado en buena medida. Con respecto a esto
Juan Andrés Fontaine señala que “A principios de 1985 se hizo cargo un nuevo equipo
económico encabezado por Hernán Büchi, quien había sido un importante miembro del
equipo de libre mercado. Se instauró un plan macroeconómico coherente y las reformas
liberales no sólo se mantuvieron, sino que se consolidaron y se profundizaron. El nuevo

234
Op. Cit., AVETIKIAN, TAMARA., pág. 1.
235
236

189

CAPÍTULO II

plan incluía un nuevo y riguroso ajuste fiscal, esta vez principalmente en materia de gasto
público; una fuerte devaluación del peso a fin de estimular las exportaciones y reequilibrar
la balanza de pagos y una flexible y pragmática política monetaria que combinaba objetivos
estabilizadores con la cuidadosa reactivación de la demanda agregada. El resultado de estas
medidas fue una fuerte y sana recuperación del producto y el empleo. Esta vez tomaron la
delantera las exportaciones y la inversión, mientras el consumo y los salarios reales
aumentaron lentamente. La inflación y los índices de la deuda externa declinaron
gradualmente. Se reconstituyó la confianza nacional e internacional: el modelo de libre
mercado había resucitado”237.

De izquierda a derecha figuran René Abeliuk, Andrés Allamand, el
cardenal Fresno, Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Gabriel Valdés, Luis
Maira y Fernando Léniz. Esta imagen corresponde a la celebración de
los 10 años de la redacción del Acuerdo Nacional realizada en el ex –
Congreso Nacional. (Fuente: documentación “El Mercurio”, en: VIAL
CORREA GONZALO. “Historia de Chile en el Siglo XX”, Editado por
el diario “La Últimas Noticias”, Editorial Santiago, 2003, pág. 423).

De esta manera se pone fin a la vía de llegar a un diálogo para establecer un consenso con
el Régimen Militar, principalmente por que “ante el aún insuficiente y precario acuerdo al
interior de la oposición y la pérdida de la fuerza de la movilización social, el gobierno de

237
Op. Cit., FONTAINE, JUAN ANDRÉS. , pág. 269.

190

CAPÍTULO II

Pinochet no podía ser forzado a aceptar una radical transformación de su proyecto
político”238, ya que tan sólo los sectores más democráticos y por ende minoritarios de la
derecha y de los partidarios del Régimen Militar, estarían de acuerdo con aceptar los
radicales cambios propuestos por la oposición a través del “Acuerdo Nacional”. De esta
manera se pasa al año de 1986 en donde sucederían dos importantes acontecimientos. El
intento democratizador de la “Asamblea de la Civilidad” y el atentado a Pinochet, además
de la visita del Papa Juan Pablo II a Chile durante 1987, coyunturas que se pasaran a ver a
continuación.

El cardenal Raúl Silva Henríquez, es una importantísima figura de este período. En
1974 creó el Comité Pro Paz, organización que luchaba en defensa de los derechos
humanos a raíz de las violaciones a estos que realizaba el régimen militar. Más tarde
esta institución fue reemplazada por la Vicaría de la Solidaridad n 1976, cuya dirección
estuvo a cargo del padre Cristián Precht. En 1983 se retira de su puesto por motivos
de salud, donde es remplazado por el Monseñor Francisco Fresno, pero aún así Raúl
Silva Henríquez continuó su labor sacerdotal hasta su muerte el día 9 de Abril de 1999,
en donde figuras de todos lo sectores políticos lo despidieron en un multitudinario
funeral.

238

191

CAPÍTULO II

2.D.- ENTRE LA “ASAMBLEA DE LA CIVILIDAD”, EL ATENTADO A
PINOCHET Y A VISITA DEL PAPA JUAN PABLO II A CHILE (1986 – 1987)

El “Acuerdo Nacional” constituyó un lección de experiencia, que consiste en que
“mientras las Fuerzas Armadas mantuvieran su solidez y cohesión internas y en tanto no se
produjera una avasalladora presión social, la transición sólo podía darse en el marco del
esquema oficial.”239, básicamente esta fue la reflexión de las desilusionadas fuerzas
opositoras del Régimen Militar para 1986. Por su parte la intención de esta oposición de ir
democratizando poco a poco las diferentes instituciones sociales era la última carta de ella
para usar en contra del Régimen Militar antes del plebiscito de 1988 fijado por la
Constitución de 1980. Esta intención de aprovechar en su favor la democratización que
habían llevado a cabo muchas de las organizaciones sociales partió en 1985, cuando la
Alianza Democrática “intento estructurar un “Frente Cívico”, por lo que tomó contacto con
organizaciones de deudores, La Central Nacional de Trabajadores (CNT), de Pensionados,
las organizaciones del comercio minoristas y la Confederación de Colegios de
Profesionales”240, para de esta manera elaborar un gran pliego de peticiones de carácter
nacional hacia el Régimen Militar, iniciativa de muy difícil ejecución y de muy lento
avance, pero lo cierto es que la oposición ya había ganado ya sea por la Democracia
Cristiana, el Partido Socialista o de otras tendencias dentro de la Alianza Democrática,
varios sindicatos de trabajadores, colegios profesionales, federaciones de estudiantes
universitarios y otras instancias en donde las bases elegían a un representante.

Por otro lado dos hitos muy importante este período son el fallido atentado a Pinochet en
1986 que vino a cambiar todos los intentos de parte de la oposición para establecer una
salida pacífica del Régimen Militar del poder antes del plebiscito de 1988, ya que luego de
este atentado, Pinochet agudizó la represión y eliminó cualquier intento de apertura. Por su
parte la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, fue un momento de ilusión de parte de la
oposición de variar esta situación, cosa que finalmente no sucedió, como se verá a
continuación, pero antes se analizará el intento de la “Asamblea de la Civilidad”, que en

239
Ibidem, pág. 312.
240

192

CAPÍTULO II

definitiva es la última instancia social de terminar con el régimen por la vía de la ruptura y
luego el atentado de Pinochet.

2.D.1.- LA “ASAMBLEA DE LA CIVILIDAD”: EL ÚLTIMO INTENTO SOCIAL
POR DERROCAR AL RÉGIMEN MILITAR

El 25 de Marzo de 1986, en el teatro Cariola, en Santiago, tuvo efecto la realización
de un acto organizado por la Federación de Colegios Profesionales, cuyo Presidente, el
doctor Juan Luis Gonzáles, había convocado con efecto de realizar un homenaje al doctor
Ricardo Vacarezza, que había sido exonerado a finales del año anterior del hospital El
Salvador. A este acto asistieron a entregar su discurso muchos presidentes de diferentes
organizaciones profesionales, como por ejemplo la “Presidenta del colegio de Matronas,
Verónica Báez; el Presidente del consejo Regional Metropolitano del Colegio de
periodistas, Pablo Portales; el Presidente del Consejo Metropolitano del colegio de
Ingenieros, Juan Carlos Latorre y el propio Ricardo Vacarezza”241, además de que el acto
contaba con la presencia de muchos dirigentes políticos, sociales, gremiales, poblacionales
y estudiantiles, la mayoría de ellos identificados con la oposición al Régimen Militar.
Durante el desarrollo de este acto, el doctor Juan Luis Gonzáles, “convocó a constituir una
“Asamblea Nacional de la Civilidad”, que reuniera a todas las organizaciones
representativas de las distintas actividades y sectores de la comunidad nacional, con el fin
de representar al gobierno sus necesidades y aspiraciones sectoriales y globales,
formalizadas en lo que se llamaría “La demanda de Chile”, para cuya satisfacción lucharían
por medios pacíficos”242.

Este llamado tuvo un amplio respaldo entre los diversos dirigentes presentes ese día, en
donde por ejemplo, inmediatamente se sumaron los miembros del Consejo de Federaciones
de estudiantes de Chile (CONFECH), el Partido Democratacristiano, por medio de su
241
Ibidem, pág. 312.
242

193

CAPÍTULO II

presidente Gabriel Valdés, todos los partidos y grupos políticos comprendidos dentro de la
Alianza Democrática, el grupo de izquierda MPD lo hizo a través de sus militantes y de la
Confederación Nacional de Trabajadores (CNT que sucedía a la desaparecida CNS). De
esta manera se incorporaba prácticamente a todos los sectores de la oposición, incluso al
Partido comunista, excluido de todos los acuerdos políticos debido a que se daba por
sentado que este partido no tomaba acuerdos ni estaba por la vía del consenso ni de la
democracia para derrotar al Régimen Militar, sino que planteaba la vía armada, pero
igualmente era un grupo importante para la oposición, por o que Edgardo Boeninger señala
que una de las importancias que tuvo la Asamblea de la Civilidad fue de un “vehículo de
incorporación del Partido comunista a la lucha social sin mediar compromiso político y en
un plano de acción no violenta”243.

De esta manera y una vez que se contaba con prácticamente el apoyo directo o indirecto de
todos los grupos de oposición al Régimen Militar, se constituyó finalmente la “Asamblea
de la Civilidad” el día 26 de Abril de 1986. Esta se constituyó en la Casa de Ejercicios de la
Compañía de Jesús, en Padre Hurtado a las afueras de Santiago. Por la represión del
gobierno y la negativa de este para realizar el acto constitutivo en el teatro Cariola, la
reunión se llevó a cabo en el más estricto secreto. De esta manera asistieron cerca de 400
organizaciones, las que luego de más d una docena de discursos suscribieron un documento
denominado la “Demanda de Chile”, el cual fue firmado por la “Federación de Colegios
Profesionales, el Comando Nacional de Trabajadores (CNT), el Consejo de Federaciones
de Estudiantes de Chile (CONFECH), el Comité pro – Feses, la Coordinadora de
Pobladores, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Grupo de Estudios
Constitucionales (Grupo de los 24), las Mujeres por la Vida, la Asociación Gremial de
Educadores de Chile (AGECh), la Cámara de Comercio Detallista, y otras organizaciones
menores244. Todas estas organizaciones a través de la firma de este documento conformaron
la “Asamblea de la Civilidad”.

243
244
Op. Cit., ORTEGA FREI, EUGENIO., pág. 313. Cita tomada por el autor de Jorge Olave, “La Política de
la Concertación”, trabajo interno no publicado del CERC, 7 de Febrero de 1989, pág. 47.

194

CAPÍTULO II

El documento denominado la “Demanda de Chile”, había sido elaborado durante el
trascurso de las semanas anteriores, el cual realizaba una serie de reivindicaciones
sectoriales de las organizaciones que concurrieron a este acto, además de solicitar el
restablecimiento del sistema democrático.

De esta manera el documento en cuestión partía realizando un análisis de la realidad chilena
actual, señalando que “Chile vive hoy una profunda crisis política, económica, social y
moral”245 y que “el gobierno cierra sus puertas al diálogo y responde agudizando la
represión”246, además de que se ha aferrado a un modelo económico que fracasó, además de
un proyecto político que sólo lleva a perpetuar al Pinochet en el poder en un sistema
autoritario, lo que ha producido la polarización de la sociedad y con ello la destrucción de
esta. Este análisis de la realidad componía la primera parte de la “Demanda de Chile”.
Posteriormente en el documento se realizaban una serie de demandas y exigencias en el
área económico – social, como por ejemplo “se pidió un ingreso mínimo reajustable,
asignación alimentaría en los sectores de extrema pobreza y condonación de deudas por el
consumo de agua y electricidad. En el ámbito de la vivienda, se solicitó un plan de
viviendas sociales para disminuir progresivamente el déficit habitacional”247. También el
documento realizaba una serie de demandas en el aérea de la salud, como por ejemplo
aumentar el presupuesto del Estado par la salud pública; en educación se pedía terminar con
el proceso de privatización y municipalización de los colegios; en el plano laboral se exigía
erradicar todas las inseguridades en el trabajo y la igualdad de la ley tanto para hombre
como para mujeres; además de otras exigencias en diversos planos como por ejemplo que el
gobierno entregara una solución definitiva al problema del endeudamiento de los
comerciantes, transportistas y deudores hipotecarios, o que el gobierno entregara una
reparación a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, así como
una serie de reformas para protegerlo estos derechos humanos en el futuro y para restituir la
plena autonomía de las universidades a lo largo de todo el país.

245
246
Idem, pág. 307.
247

195

CAPÍTULO II

De esta manera los diferentes sectores de la oposición vieron a esta instancia como un
instrumento muy importante de presión y movilización social en contra del Régimen
Militar. Pero como era de esperare el gobierno no tuvo respuesta sobre el documento, por lo
que la “Asamblea de la Civilidad” ejecutó un plan de protestas en el marco de una
“desobediencia civil” para los días 2 y 3 de Julio de 1986, ante lo cual el gobierno ordenó la
detención de los principales dirigentes de este organismo, por 40 días, con lo que se
descabezó el movimientos en los momentos en que este se preparaba a manifestar su
descontento por medio de las protestas ya convocadas. Las protestas fueron duramente
reprimidas por fuerzas especialmente adiestradas del ejército para estas situaciones,
produciéndose aquí el brutal caso conocido como el de los “jóvenes quemados”, Rodrigo
Rojas, quien resultó muerto y Carmen Gloria Quintana, quien sobrevivió pero con severas
quemaduras en todo su cuerpo, un acto que viola totalmente los derechos humanos y que el
gobierno desconoció señalando de que se trabajo de un accidente en que las fuerzas del
ejército no estaban involucradas, pero debido a la gran presión tanto nacional e
internacional, el Teniente Pedro Fernández Ditus, a cargo de disolver la protestas en la
avenid General Velásquez, donde se atentó en contra de setos jóvenes, “fue procesado por
la Justicia Militar y condenado como autor de cuasi delito de homicidio y de lesiones
graves”248.

De esta manera, la Asamblea de la Civilidad, el tener a sus máximo dirigentes encarcelados
y al ser tan brutal la represión que inmovilizó las jornadas de protestas callejeras, trasladó
“la batalla a los tribunales, vale decir colocada la Asamblea totalmente a la defensiva”249,
ya que el gobierno había dado señales de no querer lograr el diálogo, lo que se demostró en
la grave represión que mostró ante esta iniciativa. Pero la Asamblea de la Civilidad siguió
actuando y convocando a movilizaciones y empezó a criticar a los partidos políticos de ser
incapaces de formular una estrategia en unidad para lograr el tránsito y el retorno a un
sistema democrático.

248
249

196

CAPÍTULO II

De esta manera al seguir insistiendo la Asamblea de la Civilidad en la protesta social en
contra del Régimen Militar, se convocó durante el mes de Septiembre de 1986 a una
“Jornada por la Democracia” para el día 4, la cual tuvo que ser suspendida e iba a ser
trasladada para una fecha próxima, lo que finalmente no ocurrió, por que como se verá a
continuación ocurrió un hecho inesperado: el atentado a Pinochet.

2.D.2.- EL FALLIDO A TENTADO A PINOCHET Y SUS CONSECUENCIAS

El año 1986 había trascurrido en el intento de movilización social para derrocar al
Régimen Militar debido al intento de la Asamblea de la Civilidad, estrategia a la cual se
había plegado la Asamblea Democrática. 1986 era según era “año decisivo” según la
“Terminología de los comunistas que, en este caso, interpretaba bien el estado de ánimo y
visión política de los dirigentes de la Alianza Democrática, que sin embargo nunca
plantearon la tarea de la Asamblea en esos términos”250. Debía ser el año de una nueva y
definitiva movilización social, estrategia bajo la cual la oposición apoyó ampliamente a la
Asamblea de la Civilidad.

En este contexto la oposición estaba planeando una movilización de tal fuerza que
rápidamente pudiese derrocar al Régimen Militar, ya que este se había negado a cualquier
iniciativa de reanudar las conversaciones. Más aún había realizado amenazadoras
declaraciones como las del día 16 de Julio de 1986 que habían inquietado tanto a la
oposición como a los mismos partidarios y algunos de los personeros del propio régimen
Militar, como por ejemplo cuando Pinochet señaló de que “la Constitución había
contemplado siempre dieciséis años, “ocho para normar..., y otros ocho para que se aplique
de manera real. Y añadía una explicación insólita en un aprendiz de demócrata: “Nosotros
no vamos a entregar el gobierno por puro gusto”. Estaba amenazando con quedarse con la

250

197

CAPÍTULO II

banda presidencial hasta el 98”251, ya que Pinochet creía que iba a vencer en el plebiscito de
1988 o ser el candidato de la Junta de Gobierno para las presidenciales y con ellos
completar 24 años en el poder.

Esta molestia general de la oposición por las señales que entregaba Pinochet se unía al
resentimiento de esta y de otros grupos por la murete de más de 140 personas entre las
protestas de 1983 y 1986. En este sentido el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)
se componía de muchas personas que habían perdido familiares o que habían sido
violentados o torturados producto de la represión de la dictadura que ejercía el Régimen
Militar. De esta manera este grupo, brazo armado del Partido Comunista, poro muy
independiente en varios aspectos, comenzó a planear la eliminación física de Pinochet, para
lo cual desde hace años estaban preparando grandes operativos de internación de armas
havia el país. Uno de los más conocidos fue el que se frustró el 6 de Agosto de 1986, en la
caleta de Carrizal Bajo en la tercera región del país, que consistía en un gran arsenal de
combate, pero que por muchas versiones siempre estuvo la interrogante de que si
efectivamente se debía a una operación de FPMR o era tan sólo un montaje del Régimen
Militar para justificar la represión, ya que como señala Rafael Otano, “La revista Cause
mostró una secuencia de varias fotografías en que parecía que un helicóptero del ejército
estaba depositando armas en el lugar”, lo que se suma de que el Partido Comunista, tanto en
el país como en el extranjero señaló de que era un montaje, tesis que hasta el día de hoy
tampoco se comprueba.

Bajo este enrarecido clima, tenemos que a partir del año 1986 y tras superar una grave
recesión económica internacional, se inicia en el país un período de crecimiento sostenido.
Bajo este contexto el día Domingo 7 de Septiembre, Augusto Pinochet sufre un atentado
terrorista en el sector de Achupallas, Cajón del Maipo, del que salva con vida y donde
fallecen cinco de sus escoltas de seguridad. Este atentado fue realizado por un comando
del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, grupo que se consideraba el brazo armado
del Partido Comunista, bajo el contexto de la “Operación Siglo XXI”, la cual consistía en
asesinar a Pinochet para de esta manera terminar con el Régimen Militar, lo que finalmente

251

198

CAPÍTULO II

no ocurrió ya que desde ese mismo día se decreto estado de sitio y la represión se agudizó
de manera notable, incluso ese día se realizó una operación de venganza que terminó con la
muerte de tres opositores del régimen militar, cruelmente asesinados una vez retirados de
sus hogares por las unidades destinadas a estas actividades que tenía el régimen a su
disposición. Las víctimas de esta represión son el periodista José Carrasco Tapia,
perteneciente al MIR, el profesor y artista plástico Gastón Vidaurrázaga Manríquez (MIR),
y el electricista Felipe Rivera Gajardo (PC) Más tarde se suma a esta ola de asesinatos en
respuesta al atentado, la muerte del contador y publicista Abraham Muskatblit Eidelstein
(PC). “A partir de ese momento algo cambió en el país y en el análisis que hicieron los
partidos sobre la estrategia a seguir”252.

El Partido Comunista había definido a 1986 como el “año decisivo”, por cuanto a través del FPMR
intentaría matar a Pinochet para con ello terminar con el Régimen Militar. A la izquierda dos
fotografías sobre como quedaron los vehículos luego del atentado en 1986, que marco el retorno de
los asesinatos sistemáticos de parte del gobierno y el fin de cualquier intento de diálogo con la
oposición (Fuente: Diario “La Nación”, en internet: http://www.lanacion.cl , edición especial con
respecto a los treinta años del golpe militar).

252

199

CAPÍTULO II

Si bien desde un primer momento se dedujo que era un grupo terrorista de oposición,
fundamentalmente el FPMR, no se podía descartar la idea de un autogolpe, o más aún de un
intento de asesinato desde dentro de la cúpulas del Régimen Militar como señala Rafael
Otano, quien argumenta que “Desde hacía tiempo Pinochet se estaba quedando cada vez
más solo. La Iglesia Católica, los embajadores norteamericanos, las misma Junta Militar,
algunos de sus partidarios políticos, daban claras señales de que su figura no era
imprescindible. “Quiero que cambien las caras en La Moneda”, era una frase que se le
atribuía al brioso embajador Barnes, pero que con matices asumían muchos partidarios del
régimen. Así que el jefe de Estado decidió medir sus fuerzas. Sus declaraciones de julio en
Santa Juana constituyeron una calculada huida hacia delante. Estiró audazmente el elástico,
hasta expresar algo que casi olía a autogolpe. Y las reacciones llegaron desde los flancos
amigos y adversarios”253.

De esta manera aparte de la represión que empezó a ejerce el Régimen Militar, la cual la
llevó a los extremos se cortó cualquier tentativa de diálogo con cualquier movimiento, ya
que Pinochet “enjuició a la Alianza Democrática, al Acuerdo nacional y a la Asamblea de
la Civilidad, a todos los cuales acusó de complaciente con el terrorismo”254, incluso
acusando a la Iglesia de apoyar a la oposición, pero lo cierto es que ninguna de estas
organizaciones testaba involucrada con el atentado, es más, ninguna promovía la vía
violenta para terminar con el Régimen Militar. Finalmente primó la posición de este, y toda
tentativa de diálogo fue abortada inmediatamente. De esta manera sólo quedaba a los
opositores antes del plebiscito de 1988 fijado en la Constitución de 1980, que la venida del
Parpa Juan Pablo II en 1987 pudiese cambiar esta situación, momento que se tratará
brevemente a continuación.

253
254
Op. Cit., , pág. 315.

200

CAPÍTULO II

2.D.3.- LA VISITA DEL PAPA JUAN PABLO II A CHILE EN 1987

El papa Juan Pablo II visito Chile en 1987, llegando el 1 de Abril al aeropuerto
Arturo Merino Benítez donde fue recibido por una gran cantidad de fieles. Estuvo seis día
en el país, el cual recorrió de norte a sur, reuniéndose con la oposición al régimen militar,
mapuches, trabajadores, presidiarios y los miembros de la Junta Militar de Gobierno,
especial y privadamente con Augusto Pinochet. Una de sus actividades más recordadas fue
la oficialización de la beatificación de sor Teresa de Los Andes, en la eucaristía de la
Reconciliación, oficiada en el Parque O’ Higgins, el mismo día, más tarde se reunió con
dirigentes empresariales, políticos y gremiales en la sede de las Obras Misionales
Pontificias. Luego visitó el sur de Chile, reuniéndose con representantes del pueblo
mapuche, para más tarde viajar al norte, donde estuvo en La Serena y Antofagasta y
presidió algunas eucaristías, visitando a los presos de Antofagasta. Ese mismo día seis de
Abril en que estuvo en Antofagasta salió su vuelo de regreso, dejando el país un mensaje de
paz en medio de la represión militar que lo asolaba desde 1973.

Durante su estadía en Chile, el Santo Padre, hizo que la vida política se tomara un
descanso, ya que el Papa se junto con personeros de la oposición al Régimen Militar de
todas las tendencias, incluso la comunista, lo que igualmente pasó con los personeros del
Régimen Militar.

La “Asamblea de la Civilidad” aprovechó la visita de Juan Pablo II para entregarle una
carta, en la cual se pedía que intercediese para:

“garantizar el derecho de los chilenos a expresar su voluntas ciudadana en
elecciones en que se cautele rigurosamente la libertad, la limpieza y la
pluralidad de opciones”

Carta de la “Asamblea de la Civilidad” al Papa Juan Pablo II, Abril, 1987255.

255
Op. Cit., ORTEGA FREI, EUGENIO., pág. 319. . Cita tomada por el autor de Jorge Olave, “La Política
de la Concertación”, trabajo interno no publicado del CERC, 7 de Febrero de 1989, pág. 49.

201

CAPÍTULO II

De esta manera la visita del Papa “logró por medio de milimétricos equilibrios y
reequilibrios dejar aceptablemente contentos a los distintos grupos: a conservadores y
progresistas dentro de la Iglesia Católica, a amigos y enemigos de Pinochet, dentro del
cuadro político general; a duros y blandos, dentro de las filas mismas del régimen. Fue un
ejercicio celestial de álgebra vaticana. Prácticamente todos creyeron que habían sacado una
tajada un poco más grandes de la prevista, de las palabras, gestos, saludos y silencios
pontificios”256, pero la verdad es que esta situación no cambió en nada el cronograma
trazado por Pinochet en la Constitución de 1980, por lo que a la oposición no le quedaba
más que prepararse para afrontar el plebiscito de 1988, la única posibilidad relativamente
seria, si es que era bien planeada, para terminar con el ya odioso, a esas alturas, Régimen
Militar, situación que se verá en el siguiente apartado, desde los antecedentes del proceso
plebiscitario de 1988, el proceso de reformas a la Constitución de 1980 en 1989 y
finalmente las elecciones presidenciales y parlamentarias del mismo año.

El 10 de Abril de 1987 el papa Juan Pablo II llegó Chile. Su visita comenzó con un saludo
protocolar a Pinochet, también se reunió con la oposición. (Fuente: Diario “La Nación”, en
internet: http://www.lanacion.cl , edición especial con respecto a los treinta años del golpe militar).

256

202

CAPÍTULO II

2.E.- ENTRE EL PLEBISCITO DE 1988 Y SUS ESTRATEGIAS, LAS REFORMAS
CONSTITUCIONALES Y LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y
PARLAMENTARIAS DE 1989

Las fuerzas de la oposición, sin duda querían terminar con el Régimen Militar antes
de la llegada del plebiscito de 1988 por la simple razón de que pensaban de que este no
tendría ninguna garantía y sería tan fraudulento, como en plebiscito en al cual se había
aprobado la Constitución de 1980, misma constitución que señalaba de que ese año debía
realizarse un plebiscito en donde el país decidiría sobre si aceptaban o no la permanencia de
Pinochet por 8 años más en el cargo de Presidente de la República. De esta manera se
diseñaron algunas estrategias que pasaremos a ver a continuación con respecto a como
afrontar el plebiscito de 1988, de suma importancia ya que “El proceso político central y
global chileno a partir del plebiscito de octubre de 1988, como señalé oportunamente en el
CEP, es el retorno a la democracia. Esa es la característica principal de ese proceso. Y su
correlato: la extinción del régimen autoritario. Y lo digo en presente porque esa dirección
está y estará vigente por un largo período, mientras dure la consolidación del sistema
político, que aún deberá pasar por muchas correcciones”257. De esta manera a partir de el
plebiscito de 1988 se da un proceso de redemocratización del régimen chileno, el que a
nuestro juicio desde el cambio de mando del 11 de Marzo de 1990 empieza el proceso de
transición a la democracia.

2.E.1.- EL PLEBISCITO DE 1988

A continuación se analizaron los distintos elementos de los cuales se compuso el
proceso del plebiscito de 1988, para lo cual primero se tratarán las estrategias políticas
emprendidas tanto por la oposición como por el Régimen Militar con el fin de perpetuarse
en el cargo. Por su parte luego analizaremos el desarrollo de este y sus resultados.

257
Op. Cit., GODOY A., OSCAR. “Algunas Claves de la Transición Política en Chile”., pág. 143.

203

CAPÍTULO II

A.- LA ESTRATEGIA DE LA OPOSICIÓN

A.1.- El Antecedente: La Revisión del “Acuerdo Nacional Para la Transición a la
Plena Democracia”: “Bases de Sustentación del Régimen Democrático”

Las organizaciones firmantes del Acuerdo nacional de 1985, veían como poco a
poco la posibilidad de diálogo se alejaba, más aún luego de que en 1986 el atentado del
FPMR en contra de Pinochet agudizara demasiado la situación que por lo demás ya era
tensa. Por ello se vio que la única forma de afrontar el resto del período de gobierno de
Pinochet, por lo menos hasta el plebiscito de 1988, debía de ser afrontado a través de un
frente común de las fuerzas de la oposición al Régimen Militar. Pero antes del atentado ha
Pinochet venía gestándose un deseo y gesto de acercamiento entre las dos instancias que
habían sido capaces de aglutinar a la mayor parte de los grupos de oposición, como lo
fueron , por el lado de la derecha el Partido Nacional (ciertamente no opositor al gobierno,
pero sí abierto al diálogo con la oposición, por lo cual para este momento lo insertamos en
ella, ya que el Régimen Militar había realizado una depuración interna de su oposición en el
gobierno, con lo cual el Partido nacional se alejó bastante de la confianza de Augusto
Pinochet, muy influenciado por la UDI) y los miembros de la Alianza Democrática. De esta
manera se inició una serie de reuniones con el fin de discutir sobre que tipo y bajo que
formas asumiría un nuevo gobierno en reemplazo del Régimen Militar.

De esta manera “los nacionales plantearon que se debía: transformar el “Acuerdo nacional”
en un pacto político; elaborar un proyecto de gobierno; presionar por elecciones libres
directas del presidente, congreso y municipios; buscar un entendimiento con las FF.AA.
para encontrar una salida negociada, encontrar un líder de la centroderecha que
administrara el consenso y guiara al país; abstenerse de pactos políticos con el Movimiento
democrático Popular (MDP); y que el pacto político asegurarse una alternativa de gobierno
capaz de derrotar la propuestas oficialista en el plebiscito de 1988”258. En resumen la

258

204

CAPÍTULO II

propuesta del Partido Nacional consistía en realizar una revisión del documento original de
1985, pero redactándolo en torno a la constitución de un pacto de gobierno, pero sin estar
dispuestos a ingresar a la Alianza Democrática, si no negociando con ella como un
interlocutor más, ya que para el Partido nacional, la Alianza Democrática era un grupo de
oposición al gobierno, y ellos no se sentían así, sino sólo querían retornar a un sistema
democrático. De esta manera se revisa el documento, pero excluyendo a los extremos de
cada posición política, firmantes del “Acuerdo Nacional” original: por el lado de la derecha
se excluía a la Unión Nacional y por el lado de la izquierda se excluía a la Izquierda
Cristiana.

Por su parte la Democracia Cristiana señaló que había “la necesidad de buscar un consenso
entre todas las fuerzas democráticas para asegurar la gobernabilidad futura”259, para lo cual
planteó recoger las demandas de la población a través de la “Demanda de Chile” y juntarlas
con la que tenían los grupos políticos que querían retornar a la democracia, expresadas en el
“Acuerdo Nacional”. De esta manera una comisión que estaba trabajando de hace mucho
tiempo redacto un documento que serviría de propuesta. Esta comisión estaba integrada por
“Pedro Correa (Partido Nacional), Jorge Molina (Partido Socialista – Núñez) y Eugenio
Ortega R. (Partido Demócrata Cristiano)”260. De esta manera el Sábado 6 de Septiembre de
1986 el Partido Demócrata Cristiano, Liberal, Nacional, Radical, republicano, Social
Demócrata, Socialista de Chile (sector Núñez), socialista histórico, Socialista de Chile (de
la facción de M. Mandujano) y la Unión Socialista popular (USOPO), redactaron y
enviaron a Sergio Molina un texto denominado “Bases de Sustentación del Régimen
Democrático”, en el cual invitaban a quienes habían suscrito el “Acuerdo Nacional” y sus
adherentes a firmar este nuevo documento en un acto a celebrarse el Lunes 8 en el ya
tradicional Círculo español, escenario testigo de tantos intentos de consenso entre los
distintos grupos políticos y sociales que anhelaban el retorno de la democracia al país.
Posteriormente a esta oportunidad se agregaron los Partido Democrático Nacional
(PADENA), Humanista y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU).

259
Ibidem, pág. 324.
260
Idem, pág. 324.

205

CAPÍTULO II

En este documento básicamente se llamaba a la unidad nacional en torno a la creación de
consensos básicos para un nuevo sistema democrático una vez que el Régimen Militar
dejara el poder. Se reconocía a la democracia como valor esencial para lograr estos
consenso, a la vez de que la reconciliación y la justicia serían los pilares de estos. Pero
como el Régimen Militar se había vuelto altamente represivo y ajeno a todo diálogo luego
del atentado a Pinochet, no fue hasta sino, en el mes de Noviembre de 1986, en donde
recién las autoridades se pronunciaron sobre este nuevo acuerdo. De esta manera los tres
principales redactores del documento (Pedro Correa, secretario general del Partido
Nacional; Jorge Molina, subsecretario general del Partido Socialista y Eugenio Ortega,
secretario general del Partido Demócrata Cristiano) se entrevistaron privadamente con cada
uno de los miembros de la Junta de Gobierno entre el 5 y 6 de Noviembre, pero sin reunirse
con Augusto Pinochet, y la reunión programada con Fernando Matthei, Jefe de la Fuerza
Área de Chile, no se pudo concretar. La reacción del gobierno, dada a conocer el día 19 de
Noviembre a través del Ministro del interior, Ricardo garcía, fue de que sólo se trataba de
reuniones personales, que no comprometía la opinión del gobierno.

De esta manera, y debido principalmente al nuevo clima que se había provocado en el país
debido al atentado a Pinochet com o por ejemplo el constante estado de sitio, habían hecho
de que ni el documento, ni sus firmantes, ni las reuniones con los integrantes de la Junta
Militar de Gobierno, tuviesen el efecto esperado tanto a nivel social como de presión a
Augusto Pinochet y sus asesores más cercanos. Es por ello que los 13 partidos que habían
formado el documento se reunieron el 20 de Noviembre y formaron un nuevo organismo, el
ANDE, o “Acuerdo Nacional Democrático”, el cual tendría la finalidad de actuar en
nombre de todos estos partidos y grupos políticos. Es así como “buscaron coordinarse para
lograr elecciones libres de presidente de la República, de Congreso nacional y de los
Municipios”261. Pero ante esta situación, se suscitó el problema de que Sergio Molina
señaló de que “si se creaba un nuevo referente, con un nombre parecido y que hiciera las
mimas cosas que el Acuerdo nacional, éste quedaría vacío de contenido y él tendría que

261
Ibidem. 330. cita tomada por el autor de la declaración de Gabriel Valdés y Eugenio Ortega al diario “El
Mercurio” del día 25 de Noviembre de 1986, pág. C 3, columna 5.

206

CAPÍTULO II

renunciar”262. Es por ello que los firmantes de este documento, tuvieron que reiterar su
apoyo a la iniciativa original del “Acuerdo Nacional”, aunque esto no cambió en nada la
situación de que el documento no tuvo mayor trascendencia para el Régimen Militar y en
perspectiva histórica lo podemos tomar como otros de los consensos logrados por los
diversos grupos políticos de esta época y como un antecedente para la creación del “Comité
de Elecciones Libres”, instancia que pasaremos a revisar a continuación.

A.2.- La Creación de los Comités de Elecciones Libres

Durante 1987 se empieza a consolidar y a concretar una idea que provenía de por lo
menos unos dos años atrás, la cual consistía que durante el año de 1987, y en vista que
según la Constitución de 1980, durante 1988 debía realizarse un plebiscito que decidiría
sobre la permanencia o no de Augusto Pinochet como máximo jefe del país, que durante el
lapso que restaba para esa fecha se creara una organización capaz de promover la
realización de elecciones libres y alejadas de todas las características negativas y
fraudulentas que rodearon el plebiscito de la Constitución de 1980. Pero por su parte, esto a
la vez significaría legitimar la Constitución de 1980 y a la vez someterse a las normas
impuestas por el Régimen Militar en cuanto a este proceso. De esta manera, como señala
Rafael Otano, “Se trataba del fin de un contradictorio proceso que había concluido en una
decisión difícil: acatar las horcas caudinas de la Constitución del 80, cambiar las fórmulas
de ruptura por las de negociación política. El enfrentamiento épico con el régimen a través
de la movilización social, las protestas callejeras, las huelgas o la insurrección popular
parecía agotado. En estas condiciones, se había aceptado una salida – la transición pactada
– que suponía el reconocimiento de una derrota, pero también la posibilidad de una nueva
historia”263.

262
Ibidem, pág. 330.
263

207

CAPÍTULO II

De esta manera y siguiendo el itinerario constitucional del Régimen Militar, se empezaron a
realizar los preparativos para el plebiscito de 1988 de parte del gobierno. En 1986 “el 1º de
octubre se publicó en el Diario oficial la ley orgánica constitucional sobre inscripciones
electorales y servicio electoral; don Juan Ignacio García fue el designado Director de ese
Servicio y al comenzar el año nuevo 1987, el 25 de febrero, se abrieron los registros
electorales”264, “y el presidente Pinochet dio el ejemplo inscribiéndose primero que
nadie”265, para inmediatamente hacerlo el equipo de gobierno, y los funcionarios de
confianza del Régimen Militar y sus familiares.

También bajo este contexto se promulgó la ley de partidos políticos, en donde el “Tribunal
objetó por inconstitucional diversas disposiciones del proyecto, como las que permitían
suspender el proceso de inscripción de un partido bajo simple sospecha de violación al art.
8º y facultaban al Director del Servicio Electoral para no recibir la solicitud de inscripción
de un partido ante la sospecha de irregularidades en sus documentos”266. De esta manera se
eliminaban los elementos más antidemocráticos del proyecto de Comisión de Leyes
Complementarias de la Constitución, presidido por Sergio Fernández y encargado por la
Junta de Gobierno, con la idea de asegurar todas las condiciones favorables para el
plebiscito de 1988 que le fueran convenientes, pero que el Tribunal Constitucional se
encargó de eliminar varias de ellas, actuando de manera muy imparcial.

El tema de la ley de partidos políticos era muy importante, por que “Si bien los partidos
chilenos fueron representativos de la opinión pública, sólo una élite, la directiva,
determinaba la línea ideológica y la conducta de sus afiliados. Esta actitud y el hecho de
que sus dirigentes eran elegidos por una minoría, sin considerarse la participación de las
bases, definen como oligárquico a nuestro sistema de partidos. Ante esta situación real que
llevó a una acumulación de vicios políticos dentro de los partidos, el chileno se resiste a
participar y aceptar responsabilidades. Todo lo anterior generó una reflexión crítica en
torno a la democracia dentro del sistema de partidos, instituciones claves para el ejercicio

264
265
266

208

CAPÍTULO II

de la democracia del país”267. Es por esta crítica que los partidos debían reencantar a la
gente para que participara en el plebiscito de 1988. Pero sobre la misma ley y la inscripción
de los registros electorales para el plebiscito de 1988 “si bien hay algunos partidos
dispuestos a acoger la ley sin mayores dificultades, todos son críticos en algunos de sus
aspectos y en general suponen que a largo o mediano plazo deberá ser cambiada. Aún más,
algunos de los partidos dispuestos a inscribirse se plantean esta situación como una táctica
que da mayores espacios para presionar por cambiar el modelo de gobierno. Aquellos
partidos que dudan su inscripción o han decidido no hacerlo, suponen que la ley no ayudará
a consolidar un proceso de transición, ni a generar un sistema de partidos que dé estabilidad
a una futura democracia”268. Esto sin duda se debía al debate que todavía existía en algunos
sectores de izquierda dentro de la oposición, de que si se participaba en el plebiscito de
1988, se estaría reconociendo y legitimando la Constitución de 1980 y el Régimen Militar,
discusión meramente ideológica y doctrinaria, ya que a esas alturas el régimen llevaba
cerca de 15 años en el poder e imponía las reglas según su parecer, por lo que el tema de la
legitimidad no cabía ya en esta instancia.

Bajo este contexto, de inminencia y preparación del plebiscito de 1988, el 13 de Marzo de
1987 “apareció en la escena política nacional un nuevo actor: el Comité por Elecciones
Libres. Su coordinador era Sergio Molina y lo integraban personas de reconocido prestigio
y diversas orientaciones políticas, como Eduardo Frei Ruiz – Tagle, Mónica Jiménez y
Alfredo Etcheberry, vinculados al mundo humanista cristiano; Moy de Tohá, Edgardo
Condeza y Aníbal Pinto del mundo socialista; el radical Alejandro Ríos Valdivia; Silvia
Alessandri, Oscar Godoy y José miguel Barros, representativos de la derecha democrática y
Nemesio Antúnez, Igor Saavedra y Jorge Edwards del mundo de la cultura”269.

Es así como “Por una parte, la creación del Comité de Elecciones Libres (CEL), presidido
por Sergio Molina, revela la decisión de los sectores democráticos de enfrentar los desafíos

267
FARIÑA, CARMEN. “Génesis y Significación de las Ley de Partidos Políticos”. En “Estudios Públicos”
Nº 27, Chile, 1987, pág. 132.
268
Idem, pág. 158.
269

209

CAPÍTULO II

que planteaba la fecha emblemática que el mismo régimen había establecido para iniciar la
transición hacia la democracia”270. A su vez su gran finalidad era la de “presionar por la
substitución del plebiscito por elecciones libres y competitivas, por una parte, y si esto no
fuese realizable, establecer un dispositivo técnico político de control y vigilancia para
conseguir que el plebiscito cumpliese las condiciones mínimas de un acto de sufragio libre
e informado, por otra”271.

Pinochet reabriendo los registros electorales en 1987,
siendo el primero en inscribirse para el plebiscito de
1988 (Fuente: Diario “La Nación”, en internet:
http://www.lanacion.cl , edición especial con respecto a
los treinta años del golpe militar).

En este proceso de lograr una gran inscripción ciudadana en los registros electorales,
participaron varias instancias de la escena nacional, como por ejemplo la Alianza
Democrática que “se embarcó en una campaña de promoción de la ciudadanía, induciendo
a la inscripción en el Registro Electoral. En esta campaña participó no solamente el Partido
Demócrata Cristiano y el Partido Socialista, sino también un amplio registro de
personalidades de izquierda que en ese momento estaban en el exilio”272. Por su parte, a
comienzos de Julio de 1987, “el Comité Permanente del episcopado llamó a los chilenos a

270
Op. Cit., GODOY A., OSCAR. “La Transición Chilena a la Democracia: Pactada”., pág. 91.
271
Idem, pág. 91.
272
Idem, pág. 92.

210

CAPÍTULO II

inscribirse en los Registros Electorales para recuperar su calidad de ciudadanos”273, y por
su parte enunció cuatro características básicas para que el plebiscito de 1988 gozase de
legitimidad ante la vista de todos los actores políticos y sociales del país y la atenta mirada
de loa diferentes países del mundo, características que eran básicamente: “que hubiese
suficiente cantidad de inscritos; que todos los sectores de oposición tuvieran acceso a los
mass – media; que se excluyera toda presión en la emisión del voto; que la recepción del
voto y los escrutinios se efectuaran con las debidas garantías para la oposición”274.

A su vez existieron otras iniciativas en este mismo sentido, como por ejemplo la realizada
por la Alianza Democrática, que el 12 de junio de 1987 creó el “Comité de Partidos
Políticos Para Las Elecciones Libres” (COPPEL), en el cual estaban inscritos en el
manifiestos constitutivo de esta nueva organización “Gabriel Valdés por el PDC, Enrique
Rodríguez por el PADENA, José Tomás Saenz por el Partido Humanista, Claudio Uribe
por el Partido Liberal, Enrique Silva Cimma por el Partido Radical, Armando Jaramillo por
el Partido Republicano, Mario Sharpe por la Social Democracia y Ramón Silva Ulloa por el
Partido Unión Socialista Popular”275. Por su parte la izquierda aglutinada en el Movimiento
Democrático Popular estaba pensando crear un “Frente de Izquierda” durante el mes de
Junio en su VII Pleno Nacional, con la finalidad de afrontar el plebiscito de 1988, pero el
“Partido Socialista – Núñez anunció que no participaría en el nuevo organismo por falta de
coincidencias ideológicas, programáticas y estratégicas de los sectores que lo
conformaban”276, por lo que señalaba que de esta manera resultaría imposible crear una
única gran fuerza de izquierda. Es por este motivo que tan sólo el día 19 de Junio se creó el
“Comité de Izquierda por las Elecciones Libres” (CIEL), “Encabezado por María
Maluenda, Víctor Manuel Rebolledo, Guillermo del Valle y numerosos intelectuales y
artistas”277, y finalmente comandado por Ricardo Lagos.

273
274
275
276
277

211

CAPÍTULO II

Pero por su parte, todavía toda la izquierda no estaba embarcada en la aventura del
plebiscito de 1988. El 25 de Junio de 1987 la izquierda que todavía no estaba adherida a
ninguno de los comités de lecciones libre, crea la “Izquierda Unida”, conformada por el
“Partido Comunista, el Partido Socialista – Almeyda, el Partido Socialista – Histórico, el
Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), la Izquierda Cristiana, el Movimiento de
Izquierda Revolucionario (MIR político) y el Partido Radical (fracción Luengo). La
coalición fue presidida por Clodomiro Almeyda, quien fue subrogado por Luis Frenando
Luengo, por encontrarse el ex canciller del Gobierno de Allende preso por su ingreso ilegal
al país”278. Pero el problema consistía ahora en que ni el Partido comunista ni el
Movimiento de Izquierda Revolucionario eran partidarios de la tesis de llamar al agente a
inscribirse en los registros electorales, ya que señalarían de que esto era legitimar y seguir
el juego impuesto por el Régimen Militar. Pero la inscripción de los distintos partidos de la
“Izquierda Unida”, presionaron , sobre todo al Partido comunista para que se terminara
inscribiendo, pero este no lo hacía y no acataba el llamado de inscribirse y llamar a la gente
inscribirse para el plebiscito de 1988, hasta Junio de 1988, “cuando el PC llama a la
inscripción en los registros electorales, presionado por la insubordinación creciente de sus
bases, que por entonces ya concurrían masivamente a inscribirse”279.

El día 8 de septiembre de 1987 “se hizo pública la coordinación de el “Comité de
Elecciones Libres” que dirigía Sergio Molina, con el “Comité de Izquierda por las
Elecciones Libre” que dirigía Ricardo Lagos y el “Comando de Partidos Políticos por las
elecciones libres”280 que dirigía Andrés Zaldívar”, lo que se traduce en una mayor solidez y
coordinación de las distintas instancias para poder inscribir el número de gente necesaria
para ganar el plebiscito de 1988, creando además la base de lo que posteriormente se
denominaría la Concertación de Partidos por el NO. También en el mes de septiembre
nacen dos nuevos movimientos, el MIEL o “Mujeres Integradas por las Elecciones Libres”
y el “Movimiento por la Democracia y las Elecciones Libres”, integrado fundamentalmente
por las juventudes de distintos partidos políticos.

278
279
280

212

CAPÍTULO II

De esta forma quedaban listas las instancias para movilizar “el ejército de siete millones de
ciudadanos del que Núñez había hablado en el acto de celebración del aniversario del PS el
19 de abril de 1987, en el Teatro Cariola”281, número coincidente con el que entregaba
Patricio Aylwin, quien señalaba de que “Se puso así en marcha una campaña que exigiría
un enorme esfuerzo de movilización – publicidad, giras, concentraciones, ejercicios
simulados de elecciones y creación de un centro de control electoral para vigilar los
escrutinio – en la que participaron alrededor de cien mil chilenos a los largo y ancho de
todo el país y cuyos frutos superaron las expectativas; en definitiva, el 30 de agosto del 88,
cuando partió la carrera electoral al formular los Comandantes en Jefe su proposición de
candidato, se habían inscrito 7.435.913, es decir, más del 90% de los chilenos mayores de
18 años. Nuestra meta inicial de seis millones fue largamente sobrepasada ”282.

Por su parte es interesante recabar la opinión de la derecha es cuanto a que la oposición se
decidiera a participar en el plebiscito de 1988, de esta manera Julio Canessa y Francisco
Balart señalan que “tras un recorrido azaroso, finalmente todo el espectro opositor, desde la
Unión Liberal Republicana hasta el Partido socialista de Almeyda, ingresaban a la lógica de
la transición – y con mayor razón su triunfo – acabaron de consolidar el orden político que
la ciudadanía había escogido en 1980. la democracia chilena, a partir de entonces, fue una
realidad compartida por toda la población, cerrando el círculo del nuevo consenso nacional.
En adelante las nostalgias de la década revolucionaria ya no serían reivindicadas por
nadie”283.

Por su parte, “Un hito, en este período, fue la decisión autónoma del Tribunal
Constitucional que determinó que el plebiscito presidencial de 1988 debería someterse a la
ley general de elecciones. De no mediar esta sentencia, dicho plebiscito no habría dado
garantías a la oposición y habría sido un plebiscito análogo al de 1980. La sentencia fue
redactada por Eugenio Valenzuela y significó un paso decisivo hacia la transición.
Posteriormente se dictó dicha ley general de elecciones destinada a garantizar la expresión

281
282
283

213

CAPÍTULO II

de la voluntad soberana”284. De esta manera, para la oposición, este era un acto de que el
Tribunal Constitucional, estaba actuando de manera imparcial en todo lo referente al
proceso de la preparación del plebiscito de 1988, lo que sin duda le daba una gran
tranquilidad, ahora sólo quedaba seguir insistiendo en la inscripción de la gente en los
registros electorales y diseñar una estrategia para el día del plebiscito en cuanto a mantener
un conteo paralelo de votos para de esta manera asegurar totalmente la legitimidad del
proceso y de su resultado. Sólo faltaba afrontar y ganar este plebiscito , situación que se
verá luego de que se analice la estrategia desarrollada por el Régimen Militar y los partidos
leales a este para afrontar el plebiscito de 1988.

A.3.- La Creación del Partido por la Democracia (PPD) y de la Concertación de
Partidos Por el NO

Una vez que ya se habían creado las diferentes instancias para poder hacer que la
población se inscribiera en los registros electorales, cabía diseñar la estrategia de cómo se
afrontaría el plebiscito de 1988: cada partido lo haría de forma independiente o se crearía
un partido instrumental para afrontar e intentar ganar este plebiscito. Sobre segunda tesis
Ricardo Lagos en una entrevista concedida al diario “El Mercurio” durante Enero de 1988
señala “la idea de creara una colectividad que cobijara a todos los partidos opositores, una
formación instrumental que tuviera como tarea exclusiva resolver el dilema entre dictadura
y democracia”285. Esta idea primeramente no agradó a prácticamente ninguno de los
sectores de la oposición, incluso al sector Núñez del Partido socialista, a la cual preteñía
Lagos, pero fue una idea que igualmente se archivó.

Pero de su parte, ya vista la estrategia en común de los partidos de la oposición, de
inclinarse por un comando con conjunto para afrontar el plebiscito, se tiene que tanto

284
Op. Cit., GODOY A., OSCAR. “La Transición Chilena a la Democracia: Pactada”., pág. 92.
285

214

CAPÍTULO II

primera como la segunda tesis de este punto en cuanto a como deberían afrontar los
partidos políticos en plebiscito de 1988 se fusionaron , ya que por un lado si bien
prácticamente todos los partidos de oposición al Régimen Militar se unían para afrontar
juntos esta situación como e planteaba en la segunda idea, estos mismo partidos mantenían
una cierta independencia entre sí, por lo que se aplicaba la primera tesis, de esta manera
surgía una propuesta aunando estas dos visiones. De esta manera el anhelo de Lagos de ver
una única organización, aunque fuera instrumental no se satisfacía del todo.

Es por ello que Lagos siguió esgrimiendo al tesis de una organización partidaria única para
lograr el retorno a la democracia. A su tesis por iniciativa de Núñez, “Engancharon
después, Hernán Vodanovic y su sector (Erich Schanake, Akin Soto), porque ellos
pretendían formar una coalición de gobierno del tipo pentapartido italiano, que en Chile lo
compondrían el PDC, el PR, el PSD, el PS – Núñez y el PN. Esa según ellos, constituía la
alianza de gobierno que había que convertir en partido para ganar el plebiscito”286. Así la
idea fue tomando forma poco a poco. De esta manera el 17 de Octubre de 1987, “el Partido
Socialista que lideraba Ricardo Núñez, lanzó públicamente la propuesta de constituir un
partido único de oposición denominado “Partido por la Democracia”287, instancia que se
oficializó en el mes de Diciembre de 1987 en un acto en el Círculo Español.

En este contexto todos los partidos estaban llamado a inscribirse y ya desde fines de 1987 y
principios de 1988 a votar NO. En este contexto el “4 de enero de 1988, el Consejo
Nacional de la Dc llamó por unanimidad a votar NO en el plebiscito, sujeta la participación
efectiva de dicho acto a la exigencia de condiciones de limpieza y seguridad para la
oposición”288. La misma decisión tomaron los demás partidos que formaban la oposición al
Régimen Militar, exceptuando al Partido comunista y al MIR. Esta situación de anuncios
rápidos sobre que se debía votar que NO en el plebiscito de 1988 hicieron que por su parte
una vez que prácticamente todos los partidos de oposición ya habían llamado a inscribirse
en los registro electorales y a votar por la opción NO en el plebiscito de 1988 el día 2 de

286
287
288

215

CAPÍTULO II

febrero de 1988, “los partidos Demócrata Cristiano, Partido Socialista (Almeyda),
Movimiento de Acción Popular Unitario Obrero Campesino (MAPU OC), Movimiento de
Acción Popular Unitario (MAPU), Partido Radical (Luengo), Partido Radical (Silva
Cimma), Izquierda Cristiana, Socialdemocracia, Partido Socialista (Núñez), Partido
democrático Nacional (PADENA), Partido Humanista (PH), Unión Socialista Popular
(USOPO) y Unión Liberal Republicana, hicieron pública, en un acto en el hotel Tupahue de
Santiago, la constitución de la “Concertación de Partidos por el NO”. De esta manera, se
formalizaba la concertación opositora más amplia contra el régimen del General Augusto
Pinochet”289. A esta nueva organización aglutinadora de las partidos que llamaban a votar
que no se unieron una serie de organizaciones creadas con la misma finalidad, como por
ejemplo sucedió el 3 de Marzo con la creación del “Comando de Mujeres Unidas por el
NO2, y más tarde el día 22 de marzo con el “Movimiento Juvenil por el NO”.

Los principales líderes de la oposición al Régimen Militar
dan origen a la “Concertación de Partidos por el NO”, con
el fin de aunar esfuerzos en contra de este y poder ganar el
plebiscito de 1988 (Fuente: Diario “La Nación”, en internet:
http://www.lanacion.cl , edición especial con respecto a los
treinta años del golpe militar).

289

216

CAPÍTULO II

De esta manera y en palabras de Patricio Aylwin, “Partía así la lucha de los demócratas
chilenos para derrotar, en su propia institucionalidad, a la dictadura que encabezara
Pinochet”290, proceso que se pasará a analizar a luego de ver la estrategia del gobierno y de
los partidos que lo apoyaban para enfrenta el plebiscito de 1988, instancia que va a marca el
primer paso concreto para el retorno a la democracia.

B.- LA ESTRATEGIA DEL RÉGIMEN MILITAR Y SUS PARTIDARIOS

Hay que recordar que de ganar la opción SI, asumiría por 8 años más el candidato
elegido por la Junta Militar de Gobierno. En este contexto cabe señalar que “Pinochet con
el pleno apoyo del gremialismo y de los sectores nacionalistas (agrupados desde 1984 en
Avanzad nacional), había explicitado ya su irrevocable decisión de ser el candidato del SI,
pretensión que se encontró con algunos obstáculos en el seno del oficialismo”291. En este
contexto, el Movimiento de Unión Nacional (MUN), el día 8 de Enero de 1987 llamó a
través de una declaración titulada “El Imperativo de la Unidad Nacional” al “PN (Partido
Nacional), a la UDI y al FNT (Frente Nacional de Trabajadores) a unirse en una sola
fórmula. Este gesto audaz e inconsulto llevaba la marca Allamand, presidente del MUN, y
activó el inevitable acercamiento de la formaciones de derecha, cuando la ley de partidos
políticos ya se venía encima”292. De esta forma la UDI encabezada por Jaime Guzmán y el
FNT encabezado por Sergio Onofre Jarpa, tomaron y respondieron este llamado, para lo
cual primeramente se tuvieron que poner de acuerdo en varios puntos básicos como por
ejemplo “defensa de la democracia republicana; apoyo a la economía social de mercado;:

290
291
292

217

CAPÍTULO II

afirmación de una sociedad libre; valorización del 11 de septiembre y de la legitimidad de
la Constitución (sin perjuicio de modificaciones que la perfeccionasen)”293.

De esta manera el día 5 de Febrero de 1987 la derecha económica, es decir, el
empresariado, conjuntamente con un gran número de personas de tendencia ideológica de
derecha, habían creado el partido de Renovación Nacional, “por fusión de la UDI, UN y
Frente Nacional del Trabajo (creación de Jarpa que no se incorporó a UN). La unidad, sin
embargo fue más aparente que real”294. Este nuevo partido que unía a las fuerzas de derecha
y que se denominaba Renovación Nacional prontamente experimentó las diferencias entre
sus integrantes, como por ejemplo las derivadas de los temas sobre el plebiscito y el
candidato que debía designar la Junta Militar de Gobierno. Esto debido en gran parte a que
el sector vinculado con la Unión Nacional (principalmente Allamand y Bulnes) postulaban
un plan de reformas constitucionales, muy en línea con la oposición 8aunque obviamente
no eran las mismas) y una elección abierta con varios candidatos, lo que en otras palabras
significaba la “sustitución de la candidatura de Pinochet por la de un civil, por que parecía
– con razón – inconcebible que el hombre que había ejercido con mano dura la totalidad del
poder durante 15 años, y figura bastamente vilipendiada por las violaciones a los derechos
humanos, estuviera dispuesto a bajar de su pedestal para competir de igual a igual con otros
candidatos”295.

La Unión Nacional postulaba que el proceso eleccionario sería inminentemente
confrontacional, lo que llevaría a una lucha polarizada, muy en el estilo de la elección
presidencial en la cual salió elegido Salvador Allende, lo que no contribuiría en nada al
desarrollo pacífico del proceso de cambio de mando y de la transición hacia la democracia
(de esta manera vemos que no todos los sectores de la derecha estaban de acuerdo con la
tesis del Régimen Militar sobre la fecha de término de la transición, que para este sería el
día en que se entregara el poder a un nuevo gobierno luego del plebiscito de 1988). Esta
polarización se debía más que nada a la unión de la oposición en torno al repudio a la figura

293
Ibidem, pág. 40.
294
295
Idem, pág. 324.

218

CAPÍTULO II

de Pinochet durante el gobierno del Régimen Militar y más aún en su futura designación
como figura casi segura de la Junta Militar de Gobierno si es que ganaba la oposición SI
para estar hasta 1998 en el poder, pero por otro lado esta unidad de la oposición, pensaba el
nuevo partido de apoyo al gobierno, “les resultaría difícil concordar en un candidato y en
un programa común en el caso de una elección abierta”296 debido a la gran variedad de
tendencias políticas dentro de la oposición, lo que se comprobaba con las frecuentes
divergencias que habían manifestado públicamente los diferentes firmantes de tanto el
Acuerdo nacional, como la división política de la Alianza Democrática y del Movimiento
Democrático Popular.

Por su parte, la Unión Nacional (que más tarde se convertiría en la actual Renovación
Nacional), señalaba en alusión a los militares que “su compromiso institucional con su
comandante en jefe en el plebiscito, conduciría a una inevitable y funesta politización de las
Fuerzas Armas, fenómeno que no se había producido hasta entonces por la política
permanente de Pinochet de no dar jamás espacio a la deliberación política al interior de las
instituciones castrenses”297, además de que si Pinochet perdía la elección presidencial más
tarde, esto sería a su vez una derrota para las siempre victoriosas Fuerzas Armadas
nacionales, por lo que el costo del riesgo era muy alto y lo mejor era tal vez no asumirlo.

Pero por su parte, los sectores más cercanos a Pinochet postulaban de que la candidatura de
este se debía dar en función de seguir con el itinerario trabado en la Constitución de 1980,
ya que Pinochet era la mejor manera de continuar con la obra de los militares en el
gobierno, además de que estaba el argumento de que era la persona con las adhesión
popular y el “único que garantizaba al núcleo duro de adherentes del régimen
(nacionalistas, gremialistas y empresariado) que la democracia protegida en el contexto de
una economía de libre mercado se mantendría plenamente vigente”298.

296
Ibidem, pág. 325.
297
Idem, pág. 325.
298
Idem, pág. 325.

219

CAPÍTULO II

A pesar del intenso debate de los pro y los contras en el debate de que si Pinochet debía ser
el candidato presentado por la Junta Militar para proseguir en el gobierno si es que
triunfaba la opción SI en el plebiscito de 1988, Pinochet se impuso por medio de su gran
poder y respaldado en las buenas cifras económicas que estaban entregando los últimos
meses de su gestión. De esta manera Pinochet se impuso como candidato con la ayuda de
una serie de movimientos políticas tendientes a resaltar su figura, sobre todo frente al resto
de los mineros de la Junta militar que habían dejado notar cierta distancia con respecto a
Pinochet en esta materia, por lo cual el día 30 de Agosto de 1988, Pinochet fue proclamado
oficialmente como candidato por la Junta militar de Gobierno. Oscar Godoy con respecto a
esta materia señala que “A principios de 1988 era evidente que el Presidente Pinochet, la
alianza militar - tecnocrática, algunos empresarios, los sectores duros del régimen,
apoyados en una porción considerable de la opinión pública, habían cedido a la tentación de
conservar el poder por otros 8 años. De ahí surge la nominación del general Pinochet. Es
evidente que esta tentación no es totalmente arbitraria, porque el régimen tenía a su haber
grandes logros y un importante apoyo político. El error consistía en pretender que las
mismas personas que habían gobernado autoritariamente podían hacerlo democráticamente,
y que la tecnoestructura podía adaptarse a un nuevo modo de tomar decisiones técnico-
políticas, ingresando de lleno a asumir funciones políticas directas. Ambos errores se
hicieron patentes en la campaña del plebiscito, que culminó en un fracaso”299.

Anteriormente la discusión sobre quien debía ser el candidato que designara la Junta
Militar de Gobierno, llevó a la ruptura del conglomerado de la derecha;: Renovación
Nacional. La derecha si bien se había organizado bajo este partido, además de que Sergio
Fernández había sido el Ministro de Interior designado por Pinochet y sus asesores para
asumir el proceso de reunificación de la derecha y afrontar el plebiscito de 1988, el
presidente elegido para la instancia de Renovación Nacional, Ricardo Rivadeneida, estaba a
favor de elecciones libre y de que Pinochet no fuese el candidato del gobierno. Esta
diferencia del presidente de Renovación Nacional, un hombre con “un profundo sentido
republicano, rompió ese pretendido idilio. Al definirse por las elecciones libres y no

299
Op. Cit., GODOY A., OSCAR. “Algunas Claves de la Transición Política en Chile”., pág. 145.

220

CAPÍTULO II

volcarse por el candidato Pinochet, el novel presidente de RN sentenció su caída, hecho que
se consumó con su digna dimisión en diciembre del `87”300.

De esta manera “En este período las posturas de la derecha se dividieron entre aquellos
liderados por Jarpa y Allamand, abiertos a reformas parciales a la Constitución y con un
candidato civil para la derecha; y la UDI que apoyó la candidatura de Pinochet y rechazaba
las reformas”301. En este conflicto Jarpa y Allamand habían decidido expulsar a Jaime
Guzmán en Abril de 1988, debido a sus dos grandes diferencias: el candidato de la Junta
Militar de Gobierno y las reformas a la Constitución de 1980. Con esta situación
obviamente la UDI se retiró de Renovación Nacional, lo que a su vez era una derrota para
el Régimen Militar en la pretensión a largo plazo de consolidar un bloque de derecha unido
y que sirviera de heredero de este una vez que entregase el poder.

De esta manera trascurría en la derecha la preparación para el plebiscito del 5 de Octubre de
1988, plebiscito que finalmente resultaría decisivo tanto para las pretensiones de la derecha
como de la oposición al Régimen Militar, ya que el escenario de triunfo de la oposición no
estaba preparado, por lo cual se tuvo que realizar una serie de ajustes en ambos bandos para
afrontar tanto las reformas a la Constitución de 1980 como las elecciones presidenciales de
1989, lo que sin duda abrió una nueva etapa en la vida nacional partiendo desde el
plebiscito de 1988, situación que analizaremos a continuación.

C.- EL PLEBISCITO DEL 5 DE OCTUBRE DE 1988: EL DÍA DECISIVO

Para llegar al plebiscito de 1988 hubo una constante lucha entre las fuerzas
opositoras, ya que corrientes como la del Partido Comunista o algunos sectores del Partido
Socialista, decían que no se podía acatar este plebiscito ya que sería avalar la Constitución

300
301

221

CAPÍTULO II

de 1980 (ya que esta lo fijaba) y con ello legitimar y aceptar las reglas del régimen
dictatorial. Por otro lado, un sector de la oposición al Régimen Militar señalaba que aceptar
la imposición del plebiscito de 1988, aún a costa de tangencialmente aceptar la legitimidad
de esta constitución y a la vez la del Régimen Militar, era el precio que se debía pagar por
tener una posibilidad seria de derrotar al Régimen Militar constitucionalmente y en su
propio terreno, oportunidad que no se podía despreciar ya que tal vez no se presentaría otra
similar por mucho tiempo.

Los partidarios del "NO" efectuaron una gran El 2 de octubre los partidarios del “SI”
manifestación el 1 de octubre en Santiago, efectuaron una gran manifestación de cierre de
previo al plebiscito del día 5 (Fuente: Diario campaña en La Alameda (Fuente: Diario “El
“El Mercurio”, en internet: http://www.emol.cl , Mercurio”, en internet: http://www.emol.cl ,
edición especial con respecto a los 15 de la edición especial con respecto a los 15 de la
Concertación y el plebiscito de 1988). Concertación y el plebiscito de 1988).

De esta manera, como se vio en los puntos anteriores, los diferentes partidos políticos
tomaron su posición por la alternativa SI o NO sobre la permanencia de Pinochet en el
poder. Por el SI estaban los partidos de la Unión Demócrata Independiente (UDI),
Renovación Nacional (RN) y partidos más pequeños como Avanzada Nacional, Partido
Liberal, Partido de la Social Democracia, Partido del Sur y otros grupos políticos y sociales
que apoyaban al Régimen Militar. Por la opción NO estaban inscritos 16 partidos, entre los
que destacan la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, más el Partido Por la
Democracia (PPD), partido instrumental creado por un grupo de partidos y que

222

CAPÍTULO II

fundamentalmente componía gente de izquierda (sobre todo socialistas), con la finalidad
de agrupar en un solo gran partido a toda la oposición al régimen militar. Todos estos
formaron partidos políticos de oposición, formaban la Concertación de Partidos Por el NO.

Con respecto a la formulación de las campañas, el NO apuntó a la figuración de
importantes personajes públicos con el fin de que la población no tuviera miedo de
inscribirse en los registros electorales. Por su lado la opción SI apuntó a un campaña del
terror en donde se manifestaba a la población lo malo que era que saliera ganadora la
opción NO. Finalmente todos consideraron al campaña del NO como más creativa y
optimista bajo el lema de “La Alegría ya Viene”, lo que sin duda le ayudó en su triunfo, y
con ello el anhelado retorno a la democracia.

Cabe recordar que “Si la ciudadanía apoyaba la opción SÍ ratificaba la decisión de la Junta
Militar: Pinochet continuaría como Presidente hasta 1998. Si la opción NO era la ganadora
se prorrogaba su mandato un año más para luego convocar a elecciones presidenciales y
parlamentarias, pero en los marcos de la legalidad de la Constitución”302.

Por su parte la oposición sabía que debía “Montar el control del plebiscito de 1988 para
impedir el fraude, fue un esfuerzo organizativo gigantesco. Mantener y acentuar la presión
social sobre la dictadura para hacer fracasar sus intentos de legitimación requirió de una
voluntad democrática de hierro. Enfrentar comunicacionalmente la campaña del terror y
derrotar el monopolio informativo del régimen, sin titubeos ni sectarismos, de las fuerzas
políticas, culturales y democráticas, requirió de una disposición unitaria memorable”303. De
esta manera para evitar cualquier posibilidad de fraude electoral durante el plebiscito se
estableció una doble línea de cómputos, tanto por vía telefónica como por fax, además de
que el comité de Elecciones Libre encabezado por Sergio Molina, había establecido un
sistema de conteo rápido de votos en cual consistía en tomar una muestra como base de las
mesas y con ello se podía anticipar y controlar fehacientemente cualquier resultado que
entregara el Ministerio del Interior. “Todo la organización funcionó muy eficientemente. Se

302
Ibidem, pág. 17.
303
Op. Cit., ESCALONA, CAMILO., pág. 23.

223

CAPÍTULO II

pudo así disponer de resultados indesmentibles, lo que en la noche del plebiscito permitió a
los dirigentes del NO advertir a Renovación Nacional y a los miembros de la Junta de
Gobierno que el NO había tomado ventajas inalcanzables en momentos en que los
comunicados oficiales – con totales muy reducidos de votos escrutados – todavía daban
ventajas al SI (22:00 horas del 5 octubre)”304. Estos cómputos sin duda precipitaron la
acción de Allamand y Jarpa de reconocer públicamente por televisión el triunfo del NO, al
igual como lo hizo el general Matthei, con que sin duda se abortaba cualquier intento del
gobierno de desconocer el resultado intentando alguna acción de violencia.

De esta manera ya en horas de la madrugada, Alberto Cardemil, Subsecretario del Interior
señaló los cómputos finales de ese día con sobre el “71, 73 de las mesas, el Ministerio
registraba ya un 44,34 por ciento para el Sí y un 53,51 para el No”305. Finalmente a las
“2:38 en el Ministerio del Interior, Sergio Fernández leyó la declaración final admitiendo la
derrota y elogiando el comportamiento de la población y las Fuerzas Armadas”306.

De esta manera el plebiscito se llevó a buen término “con la más alta inscripción de la
historia electoral de Chile (90%) y la más baja abstención (2,39%). Los resultados del
escrutinio, fueron 54,7% por el NO y 43% por el SÍ”307. Este fue a la postre el resultado
final. Esta gran asistencia a las votaciones se explicaba por razones principales:

El voto fue obligatorio para los ciudadanos inscritos en los registros electorales.

Muchos estaban deseosos de expresar su opción política sobre el régimen militar.

Fue una importante muestra de cultura cívica ya que hacía diecisiete años que no
habían elecciones libres en el país.
304
305
CAVALLO, ASCANIO; SALAZAR, MANUEL; SEPÚLVEDA, OSCAR. “La Historia Oculta del
Régimen Militar. Memoria de Una Época 1973 - 1988”, Editorial Grijalbo y Grupo C – Mondadori, Santiago
– Chile, 1997, pág. 484.
306
Idem, pág. 484.
307

224

CAPÍTULO II

Camilo Escalona más tarde señalaba la imposibilidad de Pinochet de desconocer el triunfo
del plebiscito de 1988, ya que señala que el “Argumento de que hizo entrega voluntaria de
la Jefatura del Estado es enteramente falso, cínico, engañoso, ideado para blanquear los
crímenes de lesa humanidad que condenan histórica y universalmente el régimen que
encabezó”308. Esta opinión se fundamenta en que “Luego de ser derrotado el 5 de octubre
de 1988, aferrarse al control de la Presidencia de la República desencadenaría una vorágine
de efectos incalculables que también lo iba a alcanzar y sacudir de manera irreparable”309.

De esta manera se puede señalar de que “Por un lado, puso fin a la pretensión de proyectar
la dictadura a través de un régimen autoritario como el previsto por la Constitución del 80 y
al proyecto de Augusto Pinochet de mantenerse en el poder para asegurar ese paso de
dictadura militar a régimen autoritario. Por otro lado, desencadenó un proceso de transición
a la democracia, que se desarrolla dentro de plazos y mecanismos establecidos por el
régimen, pero modificados en parte por la oposición y alterados sustancialmente en su
significado por esta última”310. Es esta la razón fundamental del por que nos referimos en
este trabajo a la transición como un proceso realizado por medio de una serie de consensos,
los que a su vez permitieron la elaboración de ciertos pactos, algunos de ellos injustos, pero
que al final han provocado un proceso de transición relativamente ordenado y dentro de los
límites pactados tanto por el legado del Régimen Militar, como por las autoridades civiles
de gobierno luego de 1990.

Bajo este contexto en el año de 1989, el régimen militar debía preparar su salida luego de la
derrota en el plebiscito de 1988, cuando aproximadamente el 55% de los chilenos
decidieron que Augusto Pinochet no debía seguir en el poder y con ello poder volver a un
gobierno democrático. Durante 1989, el régimen encabezado por Augusto Pinochet, tuvo
que ir logrando consensos con la “Concertación de Partidos por el NO”, de manera que los
elementos de carácter más autoritario presentes en la Constitución de 1980 tuviesen que ser
eliminados lo que supuestamente era respaldado por la legitimidad que daba la el plebiscito

308
309
Idem, pág. 23.
310
Op. Cit., GARRETÓN M., MANUEL ANTONIO., pág. 106.

225

CAPÍTULO II

recién ganado a la dictadura militar. Este fue un acuerdo que se fue entrelazando y
combinando con otros de carácter político y económico, lo que al fin proporciono un
mezquino espacio de maniobra para estas limitadas y problemáticas bases en que debía
entrar al juego democrático el nuevo régimen, proceso de reformas a la Constitución de
1989 que se verán a continuación.

Escrutinios oficiales leídos por el subsecretario El comandante en jefe de la FACH, Fernando
del Interior Alberto Cardemil insistieron hasta Matthei fue la primera autoridad del Régimen
último momento en el triunfo del SI (Fuente: Militar que reconoció el triunfo del NO
Diario “La Nación”, en internet: (Fuente: Diario “La Nación”, en internet:
http://www.lanacion.cl , edición especial con http://www.lanacion.cl , edición especial con
respecto a los treinta años del golpe militar). respecto a los treinta años del golpe militar).

Titular del 6 de Octubre de 1988 del diario “La Gran celebración del triunfo de la opción NO
Nación” daba vencedor al NO (Fuente: Diario en el plebiscito de 1988 (Fuente: Diario “La
“La Nación”, en internet: Nación”, en internet: http://www.lanacion.cl ,
http://www.lanacion.cl , edición especial con edición especial con respecto a los treinta años
respecto a los treinta años del golpe militar). del golpe militar).

226

CAPÍTULO II

2.E.2.- LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 1989: EL PACTO ENTRE LA
OPOSICIÓN Y GOBIERNO PARA LA RETIRADA DE PINOCHET

Luego del plebiscito de 1988 se puede señalar que “El régimen no tenía otro
proyecto o alternativa estratégica que no fuera aceptar, por duro que fuera para sí mismo, la
entrega del liderazgo del país a la Concertación; ni nacional ni internacionalmente era
posible otra cosa”311, ya que las Fuerzas Armadas y de orden no podían romper un
compromiso hecho por su propio comandante en jefe, al cual a su vez presionaba la opinión
pública nacional e internacional, especialmente Estados Unidos.

La Constitución de 1980, dictada y aprobada por un plebiscito en medio de una dictadura
militar, ha suscitado desde un primer momento muchas dudas y discusiones sobre su
legitimidad. Esta Constitución ya sea por la forma de su redacción, su forma de
plebiscitarse o por su texto, el cual apuntaba a dar tanto legitimidad al Régimen Militar a
cerca de siete años luego de haber tomado el poder por las armas, como también a lograr
que la sociedad en su conjunto lo aceptara con una serie de medidas que prácticamente
negaban la oposición y no brindaban elementos con los cuales hacerla hasta por lo menos
unos 6 o 7 años más en donde se establecía según este “itinerario constitucional” como lo
denominaba Pinochet, la realización de un plebiscito en donde se votaría a favor o en contra
de la continuidad del Régimen Militar en el mando de la nación.

Por su parte los “Los resultados del plebiscito indicaron que la legitimidad democrática
estaba en pleno vigor y que su lógica guiaría el curso de los acontecimientos. Ya no era
posible conservar el poder tal como había sido proyectado. Y el régimen autoritario debía
ceder ante la inminencia de su desaparición. La realidad de ese proceso se hizo patente en
dos fenómenos concurrentes: (a) las reformas a la Constitución y (b) las alianzas llevadas a
cabo por la oposición en la Concertación”312.

311
312
Op. Cit., GODOY A., OSCAR., pág. 145.

227

CAPÍTULO II

Todos los elementos de la Constitución de 1980 hacen de Chile en la actualidad en opinión
de Luis Maira un país con un “régimen semidemocrático” o con una “democracia
protegida”, en donde “Las enmiendas introducidas en el plebiscito, del 31 de julio de 1989,
tuvieron un efecto de eliminar las cláusulas más extremas del texto original, tales como la
proscripción de organizaciones políticas por su ideología, contenido en el artículo 8, o la
facultad de representación que inicialmente permitía al Consejo de Seguridad Nacional
objetar los proyectos y decisiones de las autoridades civiles”313, de esta manera las reformas
a la Constitución de 1980, si bien eliminaron muchos de los elementos antidemocráticos
que esta todavía posee, por otro lado la legitimaron, ya que para que se hubiera tanto
producido el plebiscito de 1988 o las elecciones presidenciales de 1989, o más aún estas
reformas de los elementos más antidemocráticos, se debía partir de la base de que la
Constitución de 1980 era legitima, se aceptaba y por ello se jugaba bajo sus reglas y se la
reformaba, con lo cual por su parte se mantenían a pesar de las reformas una serie de
disposiciones que no eran compatibles con las exigencias necesarias para un gobierno con
un régimen plenamente democrático.

Luego de ganar el plebiscito del año anterior, gracias al cual Augusto Pinochet debía
entregar el poder, la Concertación se lanzó a la tarea de cambiar el legado del Régimen
Militar: La Constitución de 1980, para lo cual primeramente debía acatarla y someterse a
los requerimientos que el régimen le hiciese. En este contexto Camilo Escalona señala que
“La Concertación no llegó al gobierno para culminar la legitimación de la institucionalidad
establecida, sino que para actuar con prudencia política, pero con la nítida radicalidad
democrática, en la dirección de entregar a Chile un sistema institucional que asegure la
gobernabilidad y la estabilidad del régimen político, sobre la base del único gran consenso
posible en un país con democracia, el respeto de la voluntad democrática de la enorme
mayoría”314. De esta manera Escalona reprocha a Edgardo Boeninger que en su obra
“Democracia en Chile. Lecciones Para la Gobernabilidad”, señala de que los reformas
hechas a la Constitución de 1980 en 1989 eran el resultado de un encuentro político cívico
– militar, en donde los actores más extremistas de cada bando se habían alejado por su

313
Op. Cit., MAIRA, LUIS., pág. 80 - 81.
314

228

CAPÍTULO II

propio deseo lo que permitía este entendimiento, lo cual provocó desde su perspectiva un
cambio de régimen político ordenado. Pero esta situación, olvida Boeninger según Escalona
decir, que se debe a que el Régimen Militar había sido derrotado por la voluntad del pueblo
en el plebiscito de 1988, lo que obligaba al Régimen Militar a entregar el poder, con lo cual
se impone de manera forzosa a este régimen el inicio de la transición a la democracia
dentro del país. Escalona denomina como graves estas palabras de Boeninger ya que señala
que con ellas estaría avalando la existencia de los denominados “enclaves autoritarios”,
debido a que “...sugerir una suerte de “empalme” entre el proyecto de perpetuación
dictatorial y la demanda democratizadora que generó la victoria concertacionista, es asumir
una versión que no da cuenta del Chile real de esos años, entregando alas y argumentos de
justificación de los enclaves autoritarios”315.

Bajo este contexto de reformas para Oscar Godoy “El plebiscito había gatillado una serie de
iniciativas que provenían de todo el arco político y social. Hay que mencionar, entre ellas,
el Proyecto de Reforma de la Constitución Política de la República presentado por
Renovación Nacional (30 de noviembre), la creación de una Comisión de la Democracia
Cristiana y Renovación Nacional para estudiar las reformas a la Constitución (21 de
diciembre), el Proyecto de Reforma Constitucional presentado por la Unión Democrática
Independiente (UDI) (12 de enero de 1989), el Plan de Reformas Constitucionales
presentado a la Junta de Gobierno por un grupo de abogados constitucionalistas, profesores
de derecho político y derecho constitucional (13 de enero de 1989), etc”316.

De esta manera Escalona señala que estas reformas a la Constitución de 1980 tuvieron un
carácter de un alcance bastante limitado, ya que “La entonces opositora Concertación dejó a
su suerte pendiente a la obtención en diciembre de 1989 de los 2/3 en ambas Cámaras, o a
que Renovación Nacional cumpliera con su palabra “reformista” en el Parlamento que se
inauguraba en marzo de 1990. Ninguna de ambas cosas ocurrió. No hubo los 2/3 en el
Parlamento por el efecto combinado del sistema binominal y la existencia de los senadores
designados, así como Renovación Nacional hizo absoluta dejación de su palabra

315
Ibidem, pág. 29.
316
Op. Cit., GODOY A., OSCAR. “La Transición Chilena a la Democracia: Pactada”, pág. 95.

229

CAPÍTULO II

“reformista” solemnemente empeñada por las expresiones de sus máximos dirigentes de la
época en uno de los “fraudes” políticos más ominosos de nuestra historia republicana. Fue
una primera pero determinante victoria de los “duros” de Renovación Nacional”317 .

Estos argumentos entregados por Oscar Godoy se entrelazan con la idea de un consenso ya
que “Junto con esta intensa actividad reformista, se hicieron los primeros contactos entre el
Gobierno y la oposición. Pero la culminación de este capítulo estuvo a cargo del Presidente
Pinochet. A raíz del octavo aniversario de la entrada en vigencia de la Constitución de
1980, el 11 de marzo de 1989, expuso las posibles reformas que el régimen estaba
dispuesto a aceptar: perfeccionamiento del mecanismo de reforma de la Constitución;
derogación de la facultad presidencial para disolver la Cámara de Diputados; eliminación
de algunas facultades presidenciales durante el estado de sitio (expulsión y prohibición de
ingreso al territorio nacional); revisión de la composición del Consejo de Seguridad
Nacional; probable reducción de la duración del mandato presidencial. Y nada más, porque
el gobierno no permitiría el “desmantelamiento de la nueva institucionalidad”318. De esta
manera el limite del consenso para realizar las reformas constitucionales era dentro del
marco que el Régimen Militar permitiera, es decir, “Las propuestas consensuadas entre los
representantes de la Concertación y los de Renovación Nacional fue la base para la
negociación política. Se puede decir que ellas constituyeron un primer nivel de acuerdos
mutuamente aceptados por personas representativas de las tendencias políticas mayoritarias
del país. Y representativas quiere decir aquí designadas o nombradas por las dirigencias de
esas tendencias y autorizadas para deliberar y acordar en su nombre. Tales acuerdos, como
es claro, involucraban concesiones recíprocas”319.

Por su parte Jaime Guzmán, señalaba de que se trataba de “crear una realidad que reclame
de todo el que gobierne una sujeción a las exigencias propias de éstas. Es decir, que si
llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a
la que uno anhelaría, porque al margen de alternativas que la cancha imponga a quienes

317
318
319
Idem, pág. 97.

230

CAPÍTULO II

juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo
contrario”320

De esta forma “La Junta de Gobierno aprobó, sujeto a la ratificación plebiscitaria, el
proyecto de 54 reformas a la Constitución presentado por el gobierno, el día 14 de junio.
Dos días después se convocó a un plebiscito, que se llevó a cabo el 30 de junio. La
reformas recibieron el 85,7% de aprobación. Solamente un 8,2% las rechazó. Aunque hay
que destacar que “No todas las fuerzas políticas concurrieron a aprobar las reformas
constitucionales acordadas entre el gobierno, la Concertación, RN y la UDI. El extremo de
la izquierda (PC, MIR) y pequeñas agrupaciones de la extrema derecha llamaron a anular el
voto”321.

De este modo, con el plebiscito de 1989 quedó sellado el pacto expreso. En la adopción de
este pacto hay dos partes, representantes autorizados de las partes contratantes (el gobierno
y la oposición) y una serie de actos que formalizaron el pacto. Todos estos actores
convergieron hacia un acto soberano último: la decisión plebiscitaria. El efecto inmediato
de ese pacto fue la legitimización de la Constitución de 1980. Y, además, el compromiso,
mientras no haya quórums modificatorios adecuados, de preservar y mantener operantes las
instituciones de esa Constitución. Todo pacto se funda en la libertad de consentir de los
pactantes. Y esa libertad se puede ejercer para pactar en forma expresa o tácita. No es una
condición necesaria para que haya pacto la suscripción de un documento formal, firmado
por los pactantes, ante una autoridad testimonial”322. De esta manera se cerraba otro
capítulo de pactos y consensos (aunque en este caso el poder lo detentaba el Régimen
Militar) de esta etapa desde nuestro punto de vista pre – transicional. A continuación se
analizará brevemente el proceso mediante el cual Patricio Aylwin llegó a la presidencia en
1990, luego de ganar las elecciones presidenciales de 1989.

320
Op. Cit., TOVAR MENDOZA, JUSTO., pág. 5. Cita tomada por el autor de Jaime Guzmán, “El Camino
Político”, 1979, en Revista “Realidad” Año 1 Nº 7.
321
Op. Cit., , pág. 33.
322

231

CAPÍTULO II

2.E.3.- LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS Y PRESIDENCIALES DE 1989:
EL TRIUNFO DE LAS FUERZAS OPOSITORAS AL RÉGIMEN MILITAR

Para Camilo Escalona “El reencuentro de los demócratas fue en contra y a pesar de
los centros rectores de la ideología de la dictadura. No sólo no hubo pacto secreto en los
sucesos que obligaron al Plebiscito de mínimas y muy parciales reformas de julio de 1989,
sino que tampoco se estableció lo que Boeninger llama “mínimo común denominador”, en
materias políticas, sociales y económicas con los voceros y exponentes del régimen militar.
La razón es más que clara, simplemente no estaban disponibles para ellas. Más aún, aceptar
tal noción significaría hacerse parte de la prolongación a perpetuidad de un Chile de dos
caras, de la existencia de la democracia y la dictadura bajo una cobertura institucional
compartida”323. Pero lo cierto, es que para llegar a esta instancia, primero se tuvo que ganar
las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1989.

Pero antes de ganar el plebiscito, se puede decir que “En 1988 la oposición no estaba
madura para tener un candidato ni un programa común. Fueron en verdad la propia
campaña del plebiscito y el espectacular triunfo del NO, los factores catalizadores que
permitieron – en el curso de 1989 – la construcción de una efectiva alianza opositora”324.
De esta manera la Concertación de Partidos por el No se convertía en la Concertación de
partidos Por la democracia, pero antes de esto, todas las fuerzas que habían llegado a
formar la oposición y que habían formado parte de la campaña por el NO debían establecer
una nueva relación en base a los consenso, ya que luego de la victoria de 1988 y de las
reformas constitucionales de 1989 el escenario político y social era otro, en donde por
ejemplo el gobierno luego del plebiscito de las reformas el gobierno dictó “nuevas leyes
pos–acuerdo como la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central; la ley del Consejo
Nacional de Televisión que también establece un marco de independencia frente al Poder
Ejecutivo; la ley que prohíbe que el Congreso ejerza su función fiscalizadora respecto de
los actos de gobierno entre 1980 y 1989, y la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas
Armadas que les proporciona un margen de autonomía del poder civil y les asigna un “rol

323
324

232

CAPÍTULO II

tutelar” del régimen democrático. Asimismo, designó a los miembros de la Corte Suprema
y del Tribunal Constitucional. Debido a la extensa duración de sus cargos, respaldarían el
modelo de democracia construido por el régimen militar, lo que daría mayores garantías
para su perdurabilidad aún cuando los militares y la derecha no ejercieran directamente la
acción gubernamental”325.

Pero antes de presentarse a las elecciones presidenciales de 1989 había que definir un
candidato, proceso que resultó muy complicado, ya que la Democracia Cristiana decía estar
en mejores condiciones para que el candidato a presidente saliera de sus filas, los que
podían ser o Patricio Aylwin, “Gabriel Valdés (líder de la etapa de la movilización social y
de la Alianza democrática), de Andrés Zaldívar, el héroe de la resistencia y el exilio, y de
Eduardo Frei Ruiz – Tagle, dueño de un capital político de incalculables proyecciones”326.
Luego de muchas disputas internas, finalmente el elegido fue Patricio Aylwin. Pero por el
lado del resto de los partidos de la concertación también habían otros candidatos como
Ricardo Lagos por el Partido Socialista de la facción Núñez, Enrique Silva Cimma por el
Partido Radical o Alejandro hales como independiente. Luego de una ardua lucha y muchas
discusiones y consensos, el elegido fue Patricio Aylwin.

Es así y como a pesar de las distintas problemáticas para elegir a los diferentes candidatos a
la presidencia y a para el Congreso, se siguió con el itinerario trazado por el Régimen
Militar, en Diciembre de 1989 se enfrentaron en las primeras elecciones democráticas
desde hacia 17 años Patricio Aylwin candidato de la Concertación; Hernán Büchi
representando al derecha y en algún sentido continuador del régimen militar ya que había
sido ministro de economía durante esos años y Francisco Javier Errázuriz quien abrió una
opción de centro - centro y estaba vinculado a elite tradicional del poder económico de
Chile, pero que no tenia mayor relevancia en la política nacional; en donde finalmente se
impuso el candidato de la Concertación, obteniendo cada uno los siguientes resultados:

325
326

233

CAPÍTULO II

Patricio Aylwin 55,2%
Hernán Büchi 29,4%
Francisco Javier Errázuriz 15,4%

A su vez en las elecciones simultáneas para diputados y senadores en donde la
Concertación gano la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados pero no en la Senadores,
esto debido al sistema binominal y a la presencia de Senadores Designados (9 en total que
eran elegidos por el presidente de la república, el Consejo de Seguridad nacional y la Corte
Suprema de Justicia, y que el régimen militar dejó designados antes de su entrega del
poder). De esta manera la Concertación obtuvo el 56% de las preferencias eligiendo a 72
diputados y 22 senadores y la alianza de derecha, denominada Democracia y Progreso
eligió a 48 diputados y 16 senadores con tan sólo el 33% de las preferencias electorales.

Es así como en 1989 la Concertación triunfó en las primeras elecciones de autoridades
representativas desde la llegada del régimen militar al poder por la vía golpistas, en estas
elecciones presidenciales y parlamentarias se ganó nuevamente con el 55% de las
preferencias aproximadamente. Con este gran apoyo, y como señala Paul Drake e Iván
Jaksic, “Los líderes de la coalición prometieron reinstalar una democracia plena dentro de
las reglas del orden constitucional impuesto por Pinochet; prometieron mantener el modelo
económico liberal con un énfasis mayor en la justicia social, y, además enfrentar el
quemante tema de los derechos humanos sin revivir las luchas del pasado. Todas estas
promesas contenían los gérmenes de sus propias contradicciones y limitaciones”327.

327
Op. Cit., DRAKE, PAUL; JAKSIC, IVÁN, 1999, pág. 16.

234

CAPÍTULO II

3.- EL CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO EN 1990 Y EL COMIENZO DE LA
TRANSICIÓN POLÍTICA EN CHILE

Luego de que retornara al mando del país un presidente elegido por sufragio
popular, en elecciones libres y trasparentes, podemos hablar que empieza el proceso de
transición a la democracia, ya que si bien hay un inmediato cambio de régimen (de uno
autoritario – dictatorial a otro democrático) la realidad de el régimen saliente detenta
mucho poder y a puesto una serie de trabas para que de esta manera el régimen civil no
puede alterar el orden que este ha dejado. De esa manera definimos que el proceso de
transición a la democracia comienza cuando las autoridades civiles que son las que ahora
detentan el poder político, tiene las posibilidades de cambiar los elementos
antidemocráticos heredados del Régimen Militar (como por ejemplo una serie de normas
dentro de la Constitución de 1980 como se verá más adelante), por lo cual la transición será
todo el proceso hasta poder lograr un sistema completamente democrático, para luego
entrar a la etapa de su consolidación.

A continuación analizaremos los principales rasgos de la etapa de lo que desde nuestra
perspectiva consideramos el proceso de transición, para luego ver sus mayores
problemáticas en la segunda parte de este capítulo.

3.A.- CAMBIO DE MANDO DE 1990 Y LOS GOBIERNO DE LA GOBIERNO DE
LA CONCERTACIÓN (1990 – 2003): ¿DEMOCRACIA PLENA?

A continuación se han seleccionado algunos párrafos, que se refieren a como se
desarrolló la ceremonia de cambio de mando, tanto en el sentido oficial, como en cuanto a
los distintos sentimientos que se vivieron ese día, desde la perspectiva de Camilo Escalona:

235

CAPÍTULO II

“En el salón del Congreso Pleno estábamos ese día 11 de marzo de 1990,
mirando a quienes hasta hacía muy poco tiempo firmaban los decretos de
detención, expulsión y/o relegación de nosotros mismos, de nuestros amigos y
compañeros. Nos encontramos por primera vez muy cerca de los ex – ministros
y ex – embajadores que negaban las ejecuciones sumarios de los nuestros, que
ocultaban las torturas y se burlaban de la condición d detenidos desaparecidos
de miles de personas, inubicables para siempre. En esa primera ocasión más de
una vez se cruzaron las miradas, con la perplejidad e indefinición de aquella
situación tan singular en que se encontraron cara a cara víctimas y victimarios.
No encontré en esos ojos, huellas de arrepentimiento, tal vez de incomodidad
ante el nuevo escenario del país. Los jefes políticos de los victimarios aún no
alcanzaban a comprender que, al final de cuentas, fueron víctimas de su propio
horror, arrastrados a la pérdida de su moral y sentido histórico, hechos todos
que no podrían borrar. Estábamos frente al que había encabezado todo el
sistema. Tenía aún la fuerza y los distintivos del mando castrense, sus
guardaespaldas, sus artificiosas condecoraciones, su corte de aduladores y sus
incondicionales en la jefatura de las distintas unidades militares del país.
Nosotros teníamos la foto de nuestros detenidos desaparecidos en la solapa y la
tarea de reencontrar a Chile con su tradición histórica”328 .

“Sin embargo, los hechos básicos, aquellos que arrancan del carácter
democrático del “alma nacional”, fueron determinantes. Se instaló un gobierno
civil después de 17 años de dictadura. Esa fue una conquista democrática
gigantesca. No habría más detenidos desaparecidos ni arrestos ilegales, las
leyes se tendrán que discutir y tramitar en el Congreso Nacional a pesar de
estar distorsionada la voluntad popular por los senadores designados, los
“chicagos” ya no harían más lo que se les ocurriera con la economía y se
comenzaría a pagar la deuda social. Las poblaciones no serían allanadas en la
madrugada y sus vecinos apiñados como animales en las canchas o sitios
eriazos, asediados por las bayonetas de los fusiles empuñados por jóvenes

328
Op. Cit., ESCALONA, CAMILO., pág. 35 - 36.

236

CAPÍTULO II

muchachos con la cara pintada. Poco a poco, comenzaría a cambiar el sistema
judicial y avanzaría la lucha para eliminar la corrupción y los abusos de los
servicios policiales. La política social tomaría una prioridad central, de modo
que la salud pública, la enseñanza y la vivienda, iniciarían el largo camino de
su recuperación, en el contexto de la revalidación de las políticas públicas con
sentido de equipo social. Las libertades se ejercerían nuevamente, no obstante
permanecer agazapado el miedo a la regresión dictatorial. En fin, se
reconstituiría el aprecio por el valor de la vida humana y la gente de izquierda
ya no sería tratada como “bestias”, los trabajadores tendrían un respiro dado
el crecimiento económico sostenido casi una década y se expresaría con
dignidad y entereza las demandas de respetar el medio ambiente, de promover
la equidad de género y la libertad en la cultura y el arte. Cual un convaleciente
el país reiniciaba su andar en un cauce democrático”329 .

Camilo Escalona Relatando su Experiencia en el Cambio de Mando

Aylwin asumió como presidente de Chile en día 11 de Marzo de 1990, dando inicio a la
transición según el punto de vista de la mayoría del país. De esta manera se puede señalar
de que “Chile realizó así un proceso de transición a la democracia política, la que a nuestro
juicio se inauguró con la instalación del primer gobierno y parlamento democráticos en
marzo de 1990. En este sentido, aunque en el discurso de la Concertación se habla de
"Gobierno de transición por cuatro años", técnicamente la transición terminó cuando ese
Gobierno se instala. Sin embargo, como se trata de una "transición incompleta" con
enclaves autoritarios, el primer gobierno y parlamento democráticos debían enfrentar
simultáneamente la tarea de completar la transición e iniciar la consolidación
democrática”330.

329
330

237

CAPÍTULO II

El período de Aylwin duraba hasta el año 1994 de acuerdo a una reforma constitucional que
pensó su gobierno como de transición a la democracia. Su gobierno se caracterizó por
cuatro elementos que fueron la continuidad del modelo económico neoliberal instaurado
por el régimen militar, el accionar de todas las instituciones y el andamiaje democrático en
general, superar la grave injusticia social que provocaba este modelo económico y lograr
establecer la verdad en cuanto a las violaciones a los derechos humanos para de esta forma
poder lograr la reconciliación nacional. En materia económica, Chile vivió un gran período
de incremento en las exportaciones ya que al retornar la democracia el país se abrió al
extranjero y recuperó la confianza de estos mercados, lo cual provocó un aumento en el
ahorro nacional, reducción de la tasa de desempleo y que se elevara el salario mínimo. A
pesar de esta auge económico el gobierno tuvo que invertir en muchos programas de
superación de la pobreza y de promoción social ya que la desigualdad del modelo proseguía
con la injusticia social.

El 11 de Marzo de 1990 se realizó el cambio de Celebración en el Estadio Nacional del retorno a
mando entre Augusto Pinochet y el presidente la democracia con gran presencia de familiares
electo Patricio Aylwin, el inicio de la transición de detenidos desaparecidos durante el Régimen
(Fuente: Diario “El Mercurio”, en internet: Militar. (Fuente: Diario “La Nación”, en internet:
http://www.emol.cl , edición especial con respecto http://www.lanacion.cl , edición especial con
a los 15 de la Concertación y el plebiscito de 1988). respecto a los treinta años del golpe militar).

238

CAPÍTULO II

En cuanto a la educación se fomentaron varias iniciativas como el Programa de
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (MECE), en el cual se instaba al
perfeccionamiento docente, ayudaba a los adultos a completar su educación y facilitaba la
permanencia de los alumnos en el colegio entregando becas de alimentos o de educación
para que no aumentara la deserción escolar. En cuanto al plano de la educación superior se
volvió a la elección democrática de sus autoridades. (rectores, decanos, etc...).

El país que ya se encontraba en un sistema democrático, aunque “Si bien es cierto que una
parte fundamental y previa a este proceso es la creación de un sistema de partidos que no
sea débil - tal como lo han demostrado otros procesos de transición a la democracia - , sin
embargo, ninguna condición previa por sí sola basta para conducir a un sistema
democrático estable” , todavía el país no lo asimilaba por que esto no se notaba. Es por ello
que el presidente se abocó a la tarea de profundizar las instituciones públicas y lograr la
subordinación completa de las Fuerzas Armadas y de Orden al poder civil. Sin embargo
hubo situaciones en que la búsqueda de la verdad en cuanto a violaciones a los derechos
humanos y especialmente en cuanto a la malversación de fondos y propiedad del estado por
parte de colaboradores y autoridades del régimen militar provocaron grandes tensiones en
el nuevo sistema democrático. En este contexto ay raíz de una seria investigación respecto a
tres cheques que ascendían un monto de casi 1000 millones de pesos que el Ejército habrá
girado de manera dudosa el hijo de Pinochet, se produjo un grave problema en donde el
ejército se mostró disconforme por la investigación y realizó maniobras intimidatorias para
el nuevo régimen como el ejercicio de enlace en 1990 y el boinazo en 1993, en los cuales se
sacó las tropas a la calle.

Por esto podemos preguntarnos, si es que el país vivía en una “democracia plena”, tomando
las principales características del sistema que regía en Chile según Justo Tovar:

“Contaba con un Consejo de Seguridad Nacional con una presencia paritaria de
militares y civiles. Su papel constitucional era “compartir el ejercicio de la
soberanía con el resto de los poderes del Estado”.

239

CAPÍTULO II

La inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, así
como la imposibilidad del Presidente para pasar a retiro a los militares oficiales.

Un sistema electoral binominal que otorgaba representación parlamentaria con igual
proporción sólo a las dos primeras mayorías, lo que sobredimensionaba el cupo de
la oposición y dejaba fuera del escenario a las fuerzas políticas de minoría, además
de un cupo de senadores designados institucionalmente sin mediar una elección
popular.

Severas restricciones a las reformas constitucionales.

La formulación de estas reglas de juego apuntaba a una prolongación estable no
sólo del régimen militar, sino de una forma de concebir la democracia”331.

De esta manera Chile transitaba a la democracia bajo un sistema democrático muy especial,
ya que muchos aspectos de la nueva vida bajo un régimen civil, permanecían fuertemente
resguardos por la Constitución de 1980, la cual velaba por que el sistema del Régimen
Militar se mantuviera vigente el mayor tiempo posible.

A su vez, se debe señalar de que el Régimen Militar a través de la Constitución de 1980 y
de sus posteriores reformas, dejó como legado para el gobierno democrático que asumió en
1990, una democracia sometida a un conjunto de elementos en forma de restricciones a la
soberanía popular. Estas en su conjunto representan medidas de carácter dictatorial que el
régimen saliente por vía constitucional le ha impuesto al país durante el proceso de
transición a la democracia. Dentro de estos elementos restrictivos para una democracia
plena se encuentran elementos como los que se señalan a continuación, desprendiéndose
del análisis que realiza Paul Drake e Iván Jaksic332, los cuales son prácticamente los mismo
que los que plantea Justo Tovar:

331
332
Op. Cit., DRAKE, PAUL; JAKSIC, IVÁN, pág. 22.

240

CAPÍTULO II

1.- Consejo de Seguridad Nacional, cuya finalidad es vigilar las acciones que lleve a cabo
el gobierno.

2.- Los Senadores Designados, los cuales favorecen y forman parte de la derecha política.

3.- El Sistema Electoral Binominal, que no es representativo proporcionalmente de las
preferencias populares y fue diseñado especialmente para favorecer a la derecha (aunque
eventualmente podría favorecer a una minoría de izquierda).

4.- La autonomía relativa de las Fuerzas Armadas en áreas tales como el presupuesto.

5.- Un Banco Central autónomo.

6.- Un aparato judicial todavía dominado en su mayoría por jueces conservadores.

7.- Una legislación laboral que niega efectividad a los sindicatos.

Paul Drake e Iván Jaksic, señalan que hay cinco razones poderosas que dificultaban la
introducción de cambios en el país a la llegada de la Concertación al poder en el año
1990333. De esta manera estas pueden desglosarse según los autores de la siguiente manera:

1.- Los legados del miedo y el trauma provenientes del régimen de Pinochet exigían
cautela.

2.- Las restricciones institucionales heredadas de la dictadura impedían las
transformaciones profundas. Tales limitaciones formales sobre el nuevo gobierno se
encontraban insertas en la Constitución de 1980 y en otras reformas introducidas por el
autoritarismo, tales como la descentralización de la administración del Estado, y la
privatización de varías funciones económicas de carácter público. La Concertación aceptó a

333
Ibidem, pág. 16 – 17.

241

CAPÍTULO II

regañadientes estas restricciones, implícita o explícitamente, varias de las cuales fueron
codificadas en el plebiscito sobre reformas constitucionales de Julio de 1989.

3.- Las reformas profundas no tenían curso debido al carácter y el equilibrio de las fuerzas
políticas. La Concertación encontró obstáculos insuperables para modificar de manera
sustancial el modelo económico y hubo de optar por una política de consenso antes de que
enfrentamiento con la derecha. Aun así, logró triunfos importantes, como la reforma
impositiva que hizo posible un aumento del gasto social. Al mismo tiempo, los trabajadores
organizados eran ahora mucho más débiles frente a los empresarios, de modo que no existía
una base social o política para una línea populista, y mucho menos socialista.

4.- La favorable situación económica de los años noventa militaba contra cualquier desvío
de la ruta trazada por Pinochet.

5.- El clima internacional a favor de las reformas económicas neoliberales y las
democracias prudentes hacía difícil cualquier cambio radical.

En Marzo de 1994, al final del período de Patricio Aylwin, lo sucede en el cambio de
mando el otro presidente del partido demócrata – cristiano y a la vez de la coalición
concertacionista, Eduardo Frei Ruiz – Tagle, el cual se impuso en la elección presidencial
con un 58% de las preferencias. Este gobierno según la definición de Paul Drake e Iván
Jaksic, “resultó ser menos creativo y más conservador. Dedicado más bien al manejo que a
la revitalización de la democracia, el nuevo gobierno resultó ser más tecnocrático y elitista,
más abierto a la derecha y a los militares, y más dispuesto a dejar de lado el tema de los
derechos humanos. Pero a pesar de las diferencias, ambos gobiernos civiles durante los
noventa persiguieron cuatro objetivos principales durante sus respectivos mandos”334.

Eduardo Frei para ser elegido presidente, debió competir en las elecciones presidenciales
de 1993 bajo el auspicio de la Concertación. En esta elección se produjeron los siguientes
resultados:

334
Ibidem, pág. 17.

242

CAPÍTULO II

El DC Eduardo Frei R. Obtuvo un 58,01%
Arturo Alessandri apoyado por RN y la UDI un 24,9%
El Independiente José Piñera obtuvo un 6,18%
El ambientalista Manfred Max Neef un 5,55%
Otro ambientalista Cristian Reitze un 1,17%
Y el sacerdote del PC Eugenio Pizarro un 4,69%

En este período el juego y fuerzas en el congreso no vario de manera apreciable. El período
que gobernaría Frei sería de seis años como determinaba el articulado permanente de la
Constitución de 1980. Frei se avocó a la tarea de profundizar en cuanto a la
democratización de las instituciones públicas, logrando importantes avances, pero su gran
pérdida fue que al igual que Aylwin no pudo terminar con la presencia de los senadores
designados. Sin embrago dentro de este período Augusto Pinochet, en 1998 debe destacar
la Comandancia en Jefe del Ejército lo que sin duda opacó las pasiones políticas y cimentó
u importante avance en el proceso de democratización del país.

Este gobierno también se destacó por su política exterior en donde Chile creó nuevos socios
comerciales, comenzando en su período las conversaciones para el actual Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos. Durante 1996, se suscribió un acuerdo para asociarse a la
Unión Europea. También el país pasó a integrar el Foro de Cooperación Económica del
Asia – Pacífico (APEC) y a la Organización Mundial de Comercio. Muchos de estos
intentos comerciales rindieron fruto bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Su gobierno se
caracterizó por llevar al país bajo el sino de la modernidad, par lo cual se implementaron
importantes reformas, como a la justicia (en 1997 se implementa la reforma proceso penal),
tratando de hacerla más expedita, ya que lo juicios pasarían ser orales y públicos ante un
tribunal de tres jueces. Asimismo se cerraron algunas empresas que generaban pérdidas al
estado como la Empresa Nacional del carbón o se optó por privatizar el sector de carga de
la Empresa de Ferrocarriles del Estado con el fin de optimizar sus ingresos. Además
durante su mandato se iniciaron una serie de programas sociales cuyo fin era terminar o por
lo menos apaliar la pobreza, como lo fueron las iniciativas de Chile Barrio (para mejorar la

243

CAPÍTULO II

condición de vida de los pobladores de los campamentos) u otros planes existentes a
mejorar la Reforma Educacional en curso o los programas sociales iniciados por Aylwin.

En una elección muy disputada para elegir al nuevo presidente que reemplazaría a Frei,
Ricardo Lagos, Socialista y representante de los Partidos de la Concertación venció con un
47,95% de los votos, a Joaquín Lavín representante de la derecha quien obtuvo un 47,51%,
pero según lo establecido en la Constitución del 80 un }candidato a presidente al no obtener
la mayoría absoluta (50 más uno) debe someterse a el desarrollo de una segunda vuelta
entre las dos primeras mayorías relativas; es así como Ricardo lagos esta vez obtiene un
51,31% lo que le permite ser el presidente de Chile para el periodo 2000 - 2006.

En este período Chile y los gobiernos de la Concertación han debido enfrentarse a grandes
desafíos políticos, económicos y sociales, ya que el retorno a la democracia no podía
significar un retroceso al pasado, como lo vociferaban los grupos partidarios del régimen
militar, si bien es demasiado temprano para juzgar históricamente este período y los tres
gobiernos de la Concertación podemos notar los siguientes rasgos335:

Estabilidad Política: Constituida sobre una alianza de centro – izquierda, con un
partido predominante como la Democracia Cristiana y uno excluido como el Partido
Humanista, esta estabilidad es también producto de al política de consenso, que
busca el entendimiento antes que la confrontación, y que han adoptado tanto el
gobierno como la concertación.

La Sujeción de las FF.AA al Poder Civil: Proceso no excepto de dificultades pero
que disminuyeron notablemente cuando en 1998 Pinochet dejo la Comandancia en
Jefe del Ejercito para integrar el Congreso como Senador Vitalicio.

335
Adaptado de: Op. Cit., GAZMURI, CRISTIÁN. “Nueva Historia de Chile: Desde los Orígenes Hasta
Nuestros Días”.

244

CAPÍTULO II

Continuidad del Modelo Económico del Régimen Militar: Modelo que ha
producido crecimientos del 8% anual en el PIB (Producto Interno Bruto) y ha
erradicado la pobreza en un 20% de la población.

La Persistencia de los Enclaves Autoritarios o Restos de la Democracia
Protegida: Como son una serie de elementos que los esfuerzo presidenciales y
parlamentarios no han conseguido con éxito, estos serían:

Binominalismo
Debilidad del Congreso frente al presidente
Consejo Nacional de Seguridad
Senadores no elegidos

Persistencia de los temas de Violaciones a los Derechos Humanos: En el gobierno
de Patricio Aylwin se creo la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que
elaboro el informe Retting, que establecía un número de 3.000 victimas
posteriormente se creo la Corporación Nacional de Verdad y Reconciliación, la cual
ha llevado una serié de causas en contra de los responsables de estas violaciones. El
tema de los derechos humanos volvió al tapete en el año 1999 a causa de la
detención en Londres a pedido de España del general Pinochet acusado de Crímenes
contra la Humanidad, el cual retorno a Chile el año 2000, ya que el gobierno ingles
autorizo su regreso al país aduciendo razones humanitarias. Así en Chile se
estableció la mesa de dialogo que es compuesta por varios actores sociales y cuenta
con la participación de las FF.AA.

Introducción de Temas Valóricos: Como lo son el divorcio, aborto , educación
sexual, el rol social de la mujer, la censura en los medios de comunicación, etc.

Nuevos Desafíos a la Sociedad y el Estado: Tanto al sociedad como el estado ha
debido de hacerse cargo de diversas temáticas de actualidad como el fuerte aumento
de hijos nacidos fuera del matrimonio, el consumo y trafico de drogas, lavado de

245

CAPÍTULO II

dinero, criminalidad, la agitación reivindicativa del pueblo mapuche y en la
actualidad los diferentes casos de corrupción que se han dado entre autoridades y
funcionarios de gobierno.

De esta manera vemos que el proceso de transición a la democracia todavía es incompleto,
ya que faltan una serie de elementos como el tema de los derechos humanos, el cambio del
sistema binominal o ciertas reformas a la Constitución de 1980, para que hablemos de una
transición completa, elementos y argumentos que se verán en la segunda parte de este
capítulo, dentro de las problemáticas que ha experimentado el proceso de transición a la
democracia.

Resumen de los Principales Hitos de los Gobiernos de la Concertación

Patricio Ayl win Azócar Eduardo Frei Ruiz - Tagle Ricardo Lagos Escobar
(1990-1994) (1994 - 2000) (2000 - 2006)

•Reinserta a Ch ile dentro de la •Se instaura la Mesa de Diálogo, •Triunfa por un pequeño margen
comunidad internacional como una instancia cív ico – militar ante el candidato de la derecha
para la entrega de información y Joaquín Lavín
•Se elabora el Informe Retting, con ello la resolución de muchos d
con el fin de conocer la verdad y los casos pendientes en materia de •Se redacta el Informe Final de la
hacer justicia sobre las violaciones las violaciones a los derechos Mesa de Diálogo con lo que se
a los derechos humanos durante el humanos pone fin muchos de los casos
régimen militar pendientes en cuanto a los
•Bajo su período se viven tensan derechos humanos
•Se produce una serie de acuerdos situaciones por la detención de
y pactos con Argentina para poner Pinochet en Londres y luego su •Se firman variados acuerdos de
fin a las pugnas y negociaciones desafuero en Chile libre co mercio, siendo los más
sobre los problemas limít rofes con importantes los firmados con
Argentina •Crisis económica mundial, Estados Unidos y con la
conocida como la “Crisis asiática” Co munidad Europea. Tamb ién se
•Durante su gobierno se produce que azotó fuertemente el país y esta negociando durante el año
un alto crecimiento económico, el elevó las tasas de desempleo 2003 uno con Japón y con otros
cual fue favorecido por el alto países asiáticos
precio constante del cobre, lo cual •Se da co mien zo a la refo rma
redundó en una fuerte fuente de educacional con el fin de otorgar •Se producen reformas al Plan
ingresos constantes para el país una igualdad social a través del Laboral
mejoramiento de la educación
•Se produce un proceso de •Estallan bullados casos de
democratización de las •Se suscriben algunos tratados de corrupción que involucran a
instituciones estatales, aunque hay libre co mercio con varias políticos y funcionarios de
fuerte oposición de las Fuerzas entidades de la co munidad gobierno con lo cual se empaña la
Armadas y de la derecha internacional imagen de la Concertación

246

CAPÍTULO II

P A R T E II

LAS PROBLEMÁTICAS DE LA TRANSICIÓN

1.- INTRODUCCIÓN

La transición a la democracia en Chile, que hemos definido que comenzó el 11 de
Marzo de 1990, ya que ese día asumen las autoridades civiles, por lo que se entra en un
sistema democrático, es un proceso el cual debe finalmente conducir a un sistema
democrático consolidado. Pero este retorno a la democracia como se ha llamado también al
proceso de transición debe responder a la siguiente pregunta: ¿transición a que tipo de
democracia?. Sin duda, la respuesta a esta pregunta, visión individual por lo demás,
solucionaría bastante la disyuntiva sobre el fin o no de este proceso. Por un lado el
Régimen Militar y la derecha, dicen que la Constitución de 1980 creó un nuevo sistema
democrático, en que las Fuerzas Armadas y de Orden, velarían por el respeto que deben
tener las autoridades ante el marco constitucional, con que sin duda se puede interpretar
como una especie de justificación por adelantada de un golpe militar futuro hipotéticamente
hablando. Por otro lado, la izquierda ha reclamado un retorno a la democracia de los tiempo
desde la Unidad Popular, pero cuyo problema es que este reclamo no toma en cuenta que
la situación del país ha variado, por lo cual las condiciones de ese sistema democrático,
aunque este se aplicara igual, sin duda funcionaría distinto, ya que no existe ni el interés ni
la movilización social ni política de esos años. Por otro lado la Democracia Cristiana, como
representante del espectro del centro político del sistema de partidos en nuestro país, ha
señalado que en realidad lo que se pretende lograr es eliminar los elementos autoritarios y
antidemocráticos de la Constitución de 1980, para luego perfeccionar y democratizar el
sistema resultante por el cual se rige el país en la actualidad.

247

CAPÍTULO II

De esta manera vemos como cada posición tiene su propia visión sobre las características
del proceso de transición, además de cómo define la misión y los requisitos para
completarla. En base a esto, la segunda parte de este capítulo busca dar cuenta de las
problemáticas de este proceso y en base a estas intentar dilucidar como se ha dado en
general este proceso además de ver si podemos hablar o no del posible final de la transición
a la democracia en Chile, señalando de que esta en la actualidad debe apuntar a tratar de
consolidar la democracia que ya existe en el país eliminando los rasgos autoritarios de la
Constitución de 1980, pero lo más importantes es que debe incentivar y lograr la
participación real y efectiva de la sociedad, ya que ese es el único camino para mantener el
sistema democrático una vez consolidado.

Es así como a continuación se dará paso al análisis de las principales problemática de la
transición chilena a la democracia, en donde el énfasis estará en los distintos elementos
heredados del Régimen Militar a través del “proceso de amarre” de la Constitución de
1980, por ser estos los elementos que frenan el avance del sistema democrático.

2.- LOS ELEMENTOS DEL “PROCESO DE AMARRE” DE LA CONSTITUCIÓN
DE 1980, SUS PILARES Y LAS DIFICULTADES QUE PLANTEAN PARA LA
INSTAURACIÓN DE UN SISTEMA DEMOCRÁTICO COMPLETO

Podemos señalar con propiedad que en la actualidad existe un sistema democrático
en el país. La calidad de esta democracia es lo que se pone en debate, producto de que sin
duda es imperfecta debido a ciertos elementos heredados del Régimen Militar a través de la
Constitución de 1980 con la finalidad de perpetuar a través del tiempo los cambios que
introdujo tanto a nivel social, como político y económico el Régimen Militar, para lo cual
este ha contado con el apoyo de los partidos de derecha, en su mayoría antiguos aliados a
este régimen. De esta manera a través de la Constitución de 1980 se ha intentado con la
ayuda de ciertos grupos leales al Régimen Militar, mantener una serie de elemntos que

248

CAPÍTULO II

aseguran la mantención de una serie de continuidades desde el régimen anterior al nuevo
sistema democrático. Es por este motivo que el Régimen Militar durante los 16 meses que
transcurrieron entre la victoria de la oposición en le plebiscito de 1988 y el cambio de
mando el 11 de Marzo de 1990, ideó una serie de elementos que le permitieran mantener
esa continuidad tan anhelada una vez en democracia. A estos elementos y su promulgación
y acción en la actualidad se ha denominado como el “proceso de amarre” de la
Constitución, pero como han permanecido, nosotros los interpretaremos también como un
proceso de amarre integral de la vigencia del Régimen Militar, situación que a entorpecido
de manera grave el normal proceso de transición a la democracia en el país.

Luis Maira señala que el aspecto más importante y significativo de la acción del régimen
militar se encuentra en el campo institucional, con la dictación de la Constitución de 1980,
lo que este autor considera original en el sentido de que se da la situación de un régimen
dictatorial con constitución. Asimismo, Luis Maira, señala inmediatamente que la
Constitución de 1980, fue una herramienta eficaz en cuanto a lograr que los principios del
ordenamiento jurídico jugaran a favor del régimen militar, “... logrando una prolongación
de su hegemonía en la sociedad más allá de la fecha de término del régimen autoritario, que
simplemente no tenía precedentes en América Latina, donde los dictadores de viejo y nuevo
cuño habían coincidido siempre en un uso meramente instrumental de las normas del
derecho”247. Esta situación ofrece al régimen militar una gran capacidad de control en
todos los ámbitos del Estado y de la sociedad en general, el cual le permitiría encaminar y
guiar según sus necesidades y en gran parte según su voluntad el proceso de la transición
chilena a la democracia.

La Constitución de 1980, establecía en la disposición transitoria vigésimo novena que:

“Vigésimonovena: Si la ciudadanía no aprobare la proposición sometida a
plebiscito a que se refiere la disposición vigesimoséptima transitoria, se
entenderá prorrogado de pleno derecho el período presidencial al que se
refiere la disposición decimotercera transitoria continuando en funciones por

247

249

CAPÍTULO II

un año más el Presidente de la República en ejercicio y la Junta de Gobierno,
con arreglo a las disposiciones que los rigen. Vencido este plazo, tendrán plena
vigencia todos los preceptos de la Constitución. Para este efecto, noventa días
antes de la expiración de la prórroga indicada en el inciso anterior, el
Presidente en ejercicio convocará a elección de Presidente de la República y de
parlamentarios en conformidad a los preceptos permanentes de esta
Constitución y de la ley”.

Constitución Política de 1980,
disposición Vigésimocuarta del articulado transitorio248.

De esta manera, este artículo se materializó en un año completo, entre los meses de Marzo
de 1989 a 1990, lapso el cual se a denominado comúnmente como el “proceso de amarre”.
A grandes rasgos se puede señalar durante este proceso se revisó nuevamente la
Constitución de 1980, sancionando o afianzando numerosas normas legales, coordenadas
entre sí, cuya finalidad principalmente era prolongar los criterios y el “statu quo” de la obra
del régimen militar, por un largo período, lo que serviría para no alterar los criterios
impuestos del régimen saliente y de paso, condicionar y entorpecer la labor de los futuros
gobiernos democráticos.

Según la tesis de Luis Maira, este denominado “proceso de amarre” de la Constitución de
1980 para lo que sería la vuelta a los gobiernos democráticos, se diseñó en nuestro país a la
luz de lo que fue la fallida experiencia de amarre de la constitución española bajo el
gobierno de Franco, la cual bajo el lema de “dejo todo atado y bien atado”, falló ya al año
siguiente, debido a que el modelo autoritario proyectado por el régimen franquista, caía
poco a poco, cambiándole el rumbo que este había fijado para España, en la que
prontamente no quedaron huellas de las líneas políticas, sociales y económicas que había
fijado Franco durante sus 35 años de dictadura.

248
Op. Cit., CONTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE., pág. 98.

250

CAPÍTULO II

Dentro de este proceso de amarre que se efectuó a través de la Constitución de 1980,
destacan tres elementos esenciales e importantísimo en lo que se refiere a la estabilidad
democrática del país. Estas tres instituciones son, el Sistema Binominal, los Senadores
Designados y las Rígidas Normas para Reformar la Constitución de 1980, elementos que
veremos por separado a continuación.

2.A.- EL SISTEMA BINOMINAL

Según Luis Maira “Los arquitectos de este esfuerzo de consolidación autoritaria
comprendieron bien que debían establecer un sistema electoral capaz de asegurar una fuerte
representación a la primera minoría opositora”249, para lo cual Luis Maira, ocuparon la
misma forma que había empleado durante los primeros años de la década de 1980 en
Polonia el general Wojtiel Jaruselski, en un momento de gran ascenso del movimiento
sindical y social dentro del país lo que obligo a la convocatoria de elecciones abiertas y
libres ya no bajo el control del Partido Comunista.

Este sistema Binominal establece que el país se divide íntegramente en distritos de
diputados y circunscripciones de senadores, los cuales eligen dos representantes cada uno,
con lo puede suceder de que “En semejante sistema las brechas de ventaja de la mayoría se
relativizan, puesto que sólo resultan eficaces si se logra doblar a la primera minoría, caso en
el cual la mayoría alcanza los dos cupos parlamentarios en disputa. Pero esto es muy difícil
y se hace más complejo a medida que crece el número de electores en las principales
circunscripciones senatoriales”250. Esto hace que inevitablemente es lógico que tanto la
primera mayoría y la primera minoría puedan elegir un representante cada una, sin
importarla diferencia que pueda haber en la distancia numérica de los votos de cada una.

249
250
Idem, pág. 84.

251

CAPÍTULO II

Este sistema binominal establece dos bloques políticos en nuestro país, que desde su origen
estuvieron representados por la Concertación de Partidos por la Democracia y por la
Coalición de Derecha, actualmente “Alianza por Chile”, las cuales según Luis Maira están
obligadas a mantener una suerte de “matrimonios mal avenidos”, ya que “Por una parte,
deben sumar sus votos para garantizar representación mientras, por otra, deben entablar una
áspera lucha por la hegemonía en el interior del pacto electoral para afianzar su identidad y
acrecentar su adhesión”251. Estos dos grupos políticos desde hace algunos años a la fecha
han presentado crecientes disputas al interior, ya sea de algún partido en específico o entre
estos al interior del bloque. Es así como entre más grande la disputa, como señala Luis
Maira, “mayor es la tentación por romper el acuerdo electoral, pero como esto resultaría un
suicidio político debido a que la dispersión podría dejar casi sin representación a los
partidos que rompieran una coalición se acaba con un escenario de dos coaliciones
dominantes pero conflictuadas internamente y varios actores marginales excluidos”252.

Este sistema binominal junto con el gran defecto de dar sólo participación a los dos
mayores bloques en cuanto a representación electoral, produce un equilibrio eleccionario y
parlamentario que muchas veces puede ser sólo una ficción, como sucedió en las elecciones
parlamentarias de 1989, en donde las fuerzas de la Concertación tenían mucha más
votación que el bloque de derecha representado fundamentalmente por Renovación
Nacional y la Unión Demócrata independiente, pero que a raíz de este sistema en la
mayoría de los distritos de diputados y circunscripciones senatoriales repartieron entre estos
dos bloquea antagonistas políticamente prácticamente todos los puestos parlamentarios en
disputa a raíz de este sistema binominal de elecciones.

Pero por su parte este sistema binominal tan poco favorable para la Concertación durante
los primeros años de gobierno se ha ido equilibrando, y ahora podemos señalar que le
conviene en ciertos momentos en algunos distritos electorales, ya que “Ciertas reglas de
juego políticas implantadas por el régimen militar, aseguran una mayoría de electores para
la continuidad de la Concertación en los próximos gobiernos, siempre y cuando mantenga

251
252
Idem, pág. 86.

252

CAPÍTULO II

la alianza de sus partidos políticos. El sistema binominal de elecciones que sólo reconoce la
existencia de las dos primeras mayorías para obtener representación parlamentaria aglutina
a los partidos en dos grandes frentes políticos: la Concertación de Partidos por la
Democracia que reúne a los dos grandes tercios de la política chilena (centro e izquierda).
La derecha es relegada a un papel de oposición por las normas constitucionales creadas por
ella misma”253, que sin embargo le han brindado buenos dividendos electorales, sobre todo
a la UDI en la actualidad convirtiéndose en el partido con más alta votación de sus
parlamentarios, lo ha creado un equilibrio en el Congreso.

Pero este defecto de poder crear un equilibrio de fuerzas parlamentarias que este fuera de la
realidad de representación política del país es sólo uno de los efectos nocivos de este
sistema binominal consagrado por la Constitución de 1980 en opinión de Maira. Otro
grave defecto es que puede dejar a grupos o partidos políticos más pequeños con escasa o
ninguna representación en el Congreso lo que no es concebible en un régimen que se precie
de democrático.

En este contexto y como señala Luis Maira, “las fuerzas políticas que se sitúan por debajo
de las dos mayores quedarán sin representación por más que tengan porcentajes
significativos de apoyo, que pueden llegar por encima del 20% en un distrito electoral
determinado (y nacionalmente arriba del umbral del 5% de apoyo que es la base de
representación en sistema electorales europeos, como el alemán, el sueco o el francés)”254.

A continuación en la página siguiente se elaboró un cuadro con los resultados de las
distintas elecciones parlamentarias según año y por alianza electoral, la que nos entregará el
panorama general que ha tenido electoralmente el país a causa del sistema binominal, el
cual podemos señalar que ha creado dos grandes bloques políticos, con prácticamente la
representación total del electorado nacional como se aprecia a continuación:

253
254
MAIRA, LUIS. “Chile, la Transición Interminable”. Editorial Grijalbo, Ciudad de México, México, 1999,
pág. 84.

253

CAPÍTULO II

RESULTADOS ELECTORALES

Alianza Por Chile
Senadores

Diputados

Concertación
Senadores

Diputados

De esta manera se puede establecer según la tabla255 que el sistema binominal fue creado
para salvaguardar la representación en el parlamento de los partidos de derecha que estaban

255
Los datos con los cuales se confeccionó esta tabla, fueron extraídos de la exposición del abogado
MÚJICA, PEDRO, titulada “¿Candidato a Cambiar? El Sistema Electoral Chileno”, en el marco de Debate:
Los Pesos y los Votos. Evento organizado por Corporación Participa, Fundación Konrad Adenauer e
Instituto de Estudios Mediales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Octubre, 2003.

254

CAPÍTULO II

llamados a resguardar las realizaciones del gobierno militar, además de impedir cualquier
tipo de realización de justicias ante sus actos como las violaciones a los derechos humanos
tanto por parte de Augusto Pinochet como también de quienes estaban a cargo de los
distintos órganos de represión con los cuales el régimen contaba. Aún más hay un hecho
que según Luis Maira demuestra que el sistema binominal fue creado totalmente bajo este
principio de privilegiar a las fuerzas políticas de derecha, ya que “si se tiene en cuenta que
con el sistema electoral proporcional basado en la cifra repartidora que rigió en Chile hasta
1973 o con el régimen de colegios múltiples uninominales (en que se elige un solo
representante por distrito, que prevalece en países como Gran Bretaña y estados Unidos), la
Concertación de Partidos Políticos por la Democracia habría logrado una clara mayoría,
tanto en la Cámara de Diputados como el Senado, en cualquiera de las tres elecciones
parlamentarias realizadas a contar de 1989”.256

Es de esta manera como se visualiza en la tabla anterior que el sistema binominal
resguarda una representación de derecha totalmente equilibrada con la representación de la
Concertación, ya que tanto a la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional,
les basta tan sólo con un porcentaje superior al 30% para conseguir sacar al diputado o
senador de algún distrito o circunscripción en la mayoría del país, si van juntas en una
misma lista en la denominada “Alianza por Chile”. Este grave problema se puede visualizar
de mejor manera en la composición de la cámara senatorial, centro clave del resguardo del
sistema binominal dentro de la Constitución de 1980, en donde a pesar de que la
Concertación de Partidos por la Democracia a 1998, ha obtenido la mayoría absoluta de los
votos en las tres elecciones parlamentarias realizadas hasta ese año, “ha visto descender su
representación de 22 senadores elegidos en 1989 (sobre un total de 38) a 21 en 1993 y a 20
a 1997. De este modo todo parece indicar que se tiende progresivamente a un empate en la
representación lograda por la Concertación y la derecha en el Senado, en circunstancias que
la diferencia de votos entre ambas fuerzas ha oscilado entre el 15 y el 20 del total del
electorado”257, por lo menos hasta el año 1998.

256
Op.. Cit., MAIRA, LUIS., pág. 84 - 85.
257
Idem, pág. 85.

255

CAPÍTULO II

Por su parte hay algunas visiones que el sistema binominal ha servido para mantener la
estabilidad política en proceso de transición, ya que “Tras 12 años de funcionamiento del
sistema binominal se puede señalar que ha sido posible un alto nivel de estabilidad y ajuste
durante la transición, evitando la hegemonía sectorial o de un partido. Ello difícilmente se
hubiera logrado con un sistema proporcional como el que existía hasta antes de 1973, que
de hecho fracasó. Pero eso no es todo se han conseguido otros objetivos, tales como la
convergencia hacia posiciones moderadas; la creación de incentivos permanentes a la
negociación versus confrontación, límites al fraccionamiento de partido, un alto nivel de
competitividad y un bajo nivel de pérdida y dispersión de votos”258.

2.B.- LOS SENADORES DESIGNADOS

Otro de los elementos que forman el proceso de “amarre de la constitución” es el de
los denominados senadores designados, los cuales son en 1990 una vez retornada la
democracia son 9, a los cuales hay que sumar el efímero pero simbólico paso del propio
Augusto Pinochet en 1998, una vez que dejara la Comandancia en jefe del Ejército y
asumiese este cargo de senador designado en virtud de que la Constitución de 1980
establecía de que le correspondía el asumir el cargo de senador vitalicio en su calidad de ex
- presidente de la república. La senaduría de los ex – presidentes de la república está
consagrada por la Constitución de 1980, bajo la cual también asumió el cargo el ex –
presidente Eduardo Frei Ruiz – Tagle, pero no Patricio Aylwin, ya que este redujo
voluntariamente su mandato constitucional a la cabeza del país de ocho a cuatro años con la
finalidad de consolidar el proceso de transición a la democracia dentro del país durante el
plebiscito constitucional de 1989, como señala Luis Maira.

258
FUNDACIÓN LIBERTAD Y DESARROLLO. “Temas Públicos”, Nº 520 del 16 de Marzo del 2001,
Santiago – Chile, pág. 8. En Internet: http://www.lyd.com - lyd@lyd.com

256

CAPÍTULO II

Los senadores designados en la conceptualización de Luis Maira, “constituyen un resabio
corporativo que opera como un injerto autoritario y conservador en un cuerpo legislativo
democrático”259.

El grupo de los senadores designados se conforma de la siguiente manera:

A.- Un ex – ministro de estado, designado por el propio presidente de la república, con un
período de ejercicio superiores a dos años en alguna de las administraciones presidenciales
anteriores a la que realiza la nominación.

B.- Un ex – rector de alguna universidad estatal, designado por el propio presidente de la
república, con un período de ejercicio superiores a dos años en alguna de las
administraciones presidenciales anteriores a la que realiza la nominación.

C.- Dos ex – ministros de la Corte Suprema, los cuales designa la propia Corte suprema.

D.- Un ex – contralor general de la república, designado por la Corte Suprema.

E.- Cuatro representantes del estamento militar, designados por el Consejo de Seguridad
Nacional, en el que a su vez, el estamento militar tiene el 50% de capacidad decisoria con 4
votos, pero que en determinados casos puede sumarse una figura de derecha, debido a que
el presidente del Senado también forma parte de este Consejo de Seguridad nacional, caso
que se dio por ejemplo hasta Marzo de 1998, ya que el presidente del senado era un
militante de Renovación Nacional. Estos cuatro representante del estamento militar son:

• Un ex – Comandante en Jefe del Ejército
• Un ex – Comandante de la Armada
• Un ex – Comandante de la Fuerza Área
• Un ex – Director General de Carabineros

259

257

CAPÍTULO II

De esta manera la totalidad de los senadores designados en 1990 y en los primeros años de
la transición a la democracia en el país, hasta 1998, eran en su mayoría partidarios del
Régimen Militar o por lo menos simpatizantes, ya que el propio Augusto Pinochet tuvo la
oportunidad de participar en la designación de estos senadores. Luego de 1998, se abrían
los cupos senatoriales, ya que la a primera generación de senadores designados se les
terminaba su tiempo en los cargos. Pero esta situación no quiere decir en ningún caso de
que los nuevos senadores designados fuesen de completa confianza del presidente, ya que
en la actualidad, y según la mecánica de nombramiento de los senadores designados
establecida en la Constitución de 1980, deja escaso margen a la decisión presidencial en su
elección, ya que el presidente de la república sólo incide directamente en dos de estos
nombramientos, dejando seis cupos a designar por otras instituciones en las cuales no tiene
incidencia directa o por lo menos total como pasa con el Consejo de Seguridad Nacional, lo
que in duda no permite el retorno a una democracia completa en donde el presidente sea la
autoridad máxima del país.
.
Por su parte la institución de los senadores designados por lo menos entre 1990 y 1998
otorgaba al país un equilibrio de las fuerzas políticas a pesar de que este equilibrio como
demuestran los porcentajes tanto de la Concertación de Partidos por la Democracia como
por la coalición de partidos de derecha era diferente, ya que los porcentajes eleccionarios
favorecían mayoritariamente a la coalición de centro – izquierda, con totales de entre un
51% a un 56% en este período. Este equilibrio a veces era roto en el senado a favor de la
derecha gracias al apoyo de los senadores designados, ya que estos solían romper los
virtuales empates políticos de determinadas materias inclinándose siempre hacia los
partidos de la derecha , renovación nacional y la Unión Demócrata Independiente. De esta
manera como señala Luis Maira, la Concertación de Partidos por la Democracia en la
cámara alta, “se ha encontrado en el senado en todas las votaciones de trascendencia y, en
particular en los proyectos de reforma de la Constitución, en una posición de minoría ante
los partidos de derecha que obtuvieron en esos mismos comicios porcentajes de respaldo
que variaron de un 32 a un 36% del sufragio total”260.

260
Ibidem, pág. 88.

258

CAPÍTULO II

2.C.- LAS RÍGIDAS NORMAS PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN DE 1980

Otro de los elementos que forman parte de este proceso de “amarre de la
constitución” es que existe una serie de normas que hacen muy difícil en la actualidad
poder cambiar a la propia Constitución de 1980, por lo que podemos señalar que ella misma
se ha cuidado de no poder ser cambiada o por lo menos reformadas en sus puntos más
esenciales que son los que precisamente la hacen autoritaria y no le permiten al país
alcanzar una plena democracia.

La Constitución de 1980 a pesar de ser catalogada como una constitución rígida debido a
que requiere de altos quórums para poder ser modificada, se diferencia de otras
constituciones rígidas por que estas en su mayoría se caracterizan por ser breves y muy
genéricas en su texto, como por ejemplo la Constitución de los estados Unidos que data de
1787, además de que en los países en que rigen este tipo de constituciones se caracterizan
además por que en su mayoría poseen un sistema electoral mayoritario, sistema que no
existe en Chile, debido a que en el país rige el sistema binominal, que a diferencia del
mayoritario no permite que salgan las mayorías más alta por las cuales la población se ha
decidido, ya que como se señaló anteriormente el que en Chile existiera una sistema
electoral mayoritario habría significado que probablemente la Concertación de Partidos por
la democracia tuviera mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de
Senadores.

Las rígidas normas para cambiar o modificar la Constitución de 1980 comienzan con los
altos quórums, que para poder hacerlo, los cuales corresponden en situaciones relevantes a
un 60 al 66% de los senadores en ejercicio, por lo cual las reformas constitucionales son
muy difícil de llevar a cabo y necesitarían de un consenso político muy grande, por lo cual
los elementos más antidemocráticos de la Constitución de 1980 se tornan intocables y por
lo demás se convierten en fuertes armas de negociación o presión de los políticos de
derecha frente al gobierno democrático.

259

CAPÍTULO II

Por otra parte, al texto original de la Constitución de 1980, se le agregaron un grupo de
normas jurídicas que tenían por finalidad ordenar el quehacer del Estado, este nuevo cuerpo
de normas se denominaron “Leyes Orgánicas Constitucionales”, las cuales para poder ser
modificadas requieren de un quórum de los cuatro séptimos de los miembros del Congreso,
o lo que es lo mismo, del 57% de sus integrantes, lo que en opinión de Luis Maira, es una
“cifra que tampoco resulta posible de reunir en el Senado a la coalición mayoritaria, lo que
viene a afianzar, aún más, la estabilidad del edificio constitucional consagrado en los años
de la dictadura”261.

De esta manera vemos como la Constitución de 1980, esta diseñada con la finalidad de ser
muy detallada pero a la vez rígida, con lo cual se pone de manifiesto la influencia del
Régimen Militar en la vida democrática, ya que este no puede ser afectado debido a las
mismas barreras y frenos que este le impuso a los gobiernos democráticos con el fin de
defender y preservar su obra. Pero no sólo estas características y elementos que posee la
Constitución de 1980 la hacen altamente antidemocrática y autoritaria, sino también esta
situación se agudiza si analizamos ocho instituciones que el gobierno militar se apresuro a
crear luego de perder el plebiscito de 1988, que Maira define como una “malla de
contención” ante cualquier esfuerzo que realicen las autoridades democráticas del país con
el fin de instaurar en el una verdadera y plena democracia. Estas reformas instituciones
antidemocráticas antes de ser pasadas a analizar se enunciaran brevemente:

1.- Ley Rosende y Reorganización de la Corte Suprema
2.- Afianzamiento de la Ley de Amnistía y de las Competencias de los Tribunales Militares
3.- Consolidación del Tribunal Constitucional
4.- Permanencia del General Augusto Pinochet en la Comandancia en Jefe del Ejército
Entre los Años 1990 a 1998
5.- Inamovilidad Administrativa de los Funcionarios Designados Durante la Dictadura
6.- Las Diferentes Prohibiciones Para Investigar Hechos Ocurridos Durante la Dictadura
7.- La Anticipada Disolución de los Cuerpos de Seguridad e Inteligencia del Régimen
Militar Antes de Producirse el Cambio de Mando

261
Ibidem, pág. 89.

260

CAPÍTULO II

8.- Mantención de los Alcaldes Designados

Estos ocho elementos pueden ser considerados como jugadas estratégicas del Régimen
Militar hacia el final de su período con el fin de más que dificultar el correcto desarrollo de
la transición, poder lograr que las nuevas autoridades civiles vieran entorpecida su finalidad
de transitar a una verdadera democracia, investigar y hacer justicia sobre los diferentes
delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura militar y como
hecho más importante el intentar anular cualquier forma o medio que tuviesen los
gobiernos democráticos de alterar o cambiar la obra del régimen militar y su legado. De
esta manera veremos de manera individual cada uno de estos elementos que tuvieron por
finalidad entorpecer el normal funcionamiento de las nuevas autoridades civiles durante los
primeros años de la transición a la democracia en el país.

2.C.1.- LEY ROSENDE Y REORGANIZACIÓN DE LA CORTE SUPREMA

En el artículo 77 del Capítulo VI de la Constitución de 1980 se establecía un límite
de edad a los miembros de la Corte Suprema, con el cual a los 75 años de edad debían dejar
sus funciones, pera existía una excepción, la cual era de que esta disposición de la
Constitución no se aplicaba para los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia
que se encontraban en servicio a la fecha de inicio de la vigencia de la Constitución de
1980 en Marzo de 1981 según dictaba la Disposición Transitoria Octava. Esta situación
provocó que la edad promedio de los magistrados de la Corte Suprema fuese de 81 años de
edad, lo que era favorable para los futuros gobiernos democráticos de la Concertación, ya
que deberían pasar a retiro estos jueces que eran favorables al Régimen militar, lo cual la
Corte Suprema podría ocuparse por ahora magistrados que no concordaban con esta
ideología castrense.

Pero lo que parecía un favorable escenario para los futuros gobiernos democráticos por lo
menos en este aspecto, pasó rápidamente a convertirse en otro problema debido a que Hugo

261

CAPÍTULO II

Rosende, ministro de Justicia de Pinochet, según Luis Maira “usó sus capacidades de jurista
y de una completa falta de límites a la hora de alcanzar sus objetivos políticos, para
imaginar una ley especial que permitiera hacer este recambio en los últimos meses de la
dictadura”262, es decir a través de un mecanismo muy simple como era el ofrecimiento de
una indemnización especial equivalente a treinta sueldos mensuales completos a aquellos
magistrados integrantes de la Corte Suprema que se acogieran a jubilación en un plazo de
tres meses a contar de la promulgación de esta ley, conocida como “Ley Rosende” en 1989,
que de paso se promulgó con toda urgencia. Esta ley puede ser considerada como “Una
antigua herencia legada en los últimos meses del gobierno del general Pinochet y que se
originó cuando, entre mayo y septiembre de 1989, el entonces ministro de Justicia del
régimen militar, Hugo Rosende, nominó a seis nuevos integrantes del máximo tribunal. La
intención de Rosende fue asegurar una corte que evitará el desmantelamiento de la
"institucionalidad" generada por el gobierno de Pinochet y los juicios a sus
colaboradores”263.

La situación que generó esta ley fue de que el Régimen Militar pudo contar con siete
vacantes de un total de 17 plazas de la Corte Suprema, las cuales permitieron la
instauración de magistrados más jóvenes que como requisito hayan actuado de buena
manera ante los distintos requerimientos del Régimen Militar. De esta forma “se consolidó
a la Corte Suprema, no sólo como un cuerpo fuertemente conservador sino, más importante
aún, se le confió el resguardo de las normas y criterios esenciales para salvaguardar al
general Pinochet y a sus principales colaboradores, especialmente en cuanto a asegurar la
prescindencia judicial en los casos de los presos políticos desaparecidos”264.

Este escenario fue favorable a las expectativas que tenía el Régimen Militar y sus
seguidores una vez en democracia, en donde incluso en 1990, la Corte Suprema tuvo su
primera disputa con el presidente Patricio Aylwin, ya que este planteó en forma directa sus

262
Ibidem, pág. 90.
263
UGALDE, JAIME; MANRÍQUEZ, RODRIGO; IBERTI, CEINA. ”Revista Qué Pasa”, Chile, Nº 1396,
del 13 al 18 de Enero de 1998.
264

262

CAPÍTULO II

criterios en post de una reforma al poder judicial durante el desarrollo en Pucón de un
Encuentro Nacional de Magistrados. Pero ya en 1992 este escenario varió debido en gran
parte a la presentación de una acusación constitucional en contra de tres ministros de la
Corte Suprema, debido a que estos dictaron importantes sentencias que negaron
sistemáticamente el esclarecimiento de toda la verdad y de castigo para los culpables en
importantes casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Régimen
Militar, lo que finalmente llevó al Congreso a destituir en su cargo de ministro de la Corte
Suprema, al magistrado Hernán Cereceda, considerado como el más cercano al Régimen
militar dentro de la Corte Suprema.

El escenario volvió a cambiar en 1997, ya bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei
Ruiz – Tagle, gracias al sistemático trabajo de la ministra de Justicia de esa época, Soledad
Alvear, quien introdujo importantes cambios en el procedimiento penal. Durante este año
también se acogieron las denuncias de campañas de prensa que atribuían al presidente de la
Corte Suprema, Servando Jordán, una conducta débil frente a todos los delitos relacionados
con el narcotráfico, lo que trajo consigo una nueva acusación constitucional contra este
magistrado, en la cual también participaron parlamentarios y dirigentes de la Unión
Demócrata Independiente. Esta situación concluyó a favor del magistrado ya que se
produjo un empate en la Cámara de Diputados, mientras se votaba sobre el destino de esta
acusación constitucional, episodio que sin embrago según Luis Maira, “sirve para
consolidar la convicción de que se necesitaba una reorganización del máximo Tribunal para
modernizar sus actuaciones y salvaguardar su patrimonio ético”265.

Es así también se debe destacar que durante ese año se aprobó rápidamente un proyecto de
ley para elevar el número de integrantes de la Corte Suprema a 21, además de reforzar los
procedimientos para la integración de tanto juristas como profesores universitarios que no
habían seguido la carrera judicial. Estos cambios que trajo la ley ya se han percibido
durante 1998, con una mayor actividad y diligencia de tanto ministros como jueces, como a
su vez también se ha reflejado con la reactivación de importantes causas sobre las
violaciones a los derechos humanos durante el Régimen Militar, como por ejemplo en el

265
Ibidem, pág. 92.

263

CAPÍTULO II

caso de la “Matanza de Hábeas Christi”, ocurrida en 1987, donde luego de la reapertura del
expediente se ha establecido de manera rápida y efectiva la responsabilidad de la Central
Nacional de Inteligencia, con lo cual se declaró reos a altos oficiales en servicio activo del
Ejército.

2.C.2.- AFIANZAMIENTO DE LA LEY DE AMNISTÍA Y DE LAS
COMPETENCIAS DE LOS TRIBUNALES MILITARES

El Centro de Estudio Públicos (CEP), realiza una trascripción del Informe Retting,
el cual señala sobre la Ley de Amnistía que “El decreto ley Nº 2.191 fue dictado teniendo
presente "el imperativo ético que ordena llevar a cabo todos los esfuerzos conducentes a
fortalecer los vínculos que unen a la nación chilena, dejando atrás odiosidades hoy carentes
de sentido, y fomentando todas las iniciativas que consoliden la reunificación de los
chilenos". En tal virtud, ese decreto ley concedió amnistía a los autores, cómplices o
encubridores de hechos delictuosos ocurridos, durante la vigencia del estado de sitio, entre
el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encontraran
sometidos a proceso o condenados a la fecha de entrar él en vigencia. Igualmente
amnistiados fueron los condenados por tribunales militares con posterioridad al 11 de
septiembre de 1973. Empero, se excluyó de la amnistía a "las personas que aparecieren
responsables, sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, de los hechos que se
investigan en proceso rol Nº 192-78 del Juzgado Militar de Santiago, Fiscalía Ad Hoc", es
decir, del incoado por el asesinato en Washington D.C. del ex Canciller Orlando Letelier y
de su secretaria Ronnie Moffit”266. A partir de estos párrafos construiremos nuestro análisis
de la situación de la Ley de Amnistía y de los derechos humanos en Chile actual a partir de
su dictación y de sus reinterpretaciones en la actualidad y como esta ha influido como una
traba a la consecución de una democracia efectiva.

266
CENTRO DE ESTUDIOS PÚBLICOS. “Extracto del Informe Retting”, en “Estudios Públicos” Nº 41,
1991, pág. 348.

264

CAPÍTULO II

Hoy en día en Chile al mencionar el tema de los derechos humanos, la primera imagen que
se viene a la mente es la de las violaciones a estos durante el Régimen Militar, tal como
señala Elizabeth Lira y Brian Loverman en su artículo “Derechos Humanos en la
Transición “Modelo”: Chile 1988 – 1999”, recopilado en “El Modelo Chileno. Democracia
y Desarrollo en los Noventa” de Paul Drake e Iván Jaksic (compiladores)267. Este
imaginario colectivo tiene su origen cuando luego del golpe militar de 1973, la junta militar
desde ese 11 de Septiembre ordenó la detención de miles de personas en estadios,
regimientos, bases militares, cárceles, etc..., a lo largo de todo Chile. Estos detenidos, que
posteriormente se les denominó como “presos políticos”, en su mayoría fueron brutal y
sistemáticamente torturados, más aún, muchos de ellos fueron fusilados o muertos por los
militares que los habían apresado o por aparatos del gobierno como lo fue en un primer
momento la DINA o más tarde la CNI, entidades creadas para ofrecer un servicio de
inteligencia al Régimen Militar, pero que para obtener información de los opositores a este
régimen muchas veces violaron los derechos humanos, secuestrando, torturando y matando
a cientos de personas. Además estas organizaciones de inteligencia fueron muchas veces las
encargadas de desaparecer muchas personas, que hoy en día se denominan fríamente como
“detenidos desaparecidos”, de los cuales en su mayoría no se posee información sobre su
paradero, situación la cual sólo ha resuelto parcialmente la Mesa de Diálogo en nuestro
país.

Muchos de los detenidos y posteriormente asesinados durante el Régimen Militar, fueron
fusilados luego de ser sentenciados con esta durísima pena por tribunales militares o
simplemente muertos por la espalda debido a la “ley de fuga” en la cual y bajo los
argumentos de que el país se encontraba en una guerra interna, muchos prisioneros al
supuestamente intentar arrancar de su detención eran fusilados en el acto por sus captores.

Esta violenta situación que se vivía en el país obligó a muchos chilenos que no habían sido
ya exiliados o relegados por las autoridades a autoexiliarse, pedir asilo político, o
simplemente arrancarse como pudiesen del país para poder asegurar su supervivencia.

267
Op. Cit., DRAKE, PAUL; JAKSIC,. Artículo de ELIZABETH LIRA Y BRIAN LOVERMAN, “Derechos
Humanos en la Transición “Modelo”: Chile 1988 – 1999”, pág. 339.

265

CAPÍTULO II

Incluso y para hacer más dramática la situación de quienes eran perseguidos por el régimen,
a miles de chilenos que se habían asilado en otros países, se les concedió el status de
refugiados. Otro tipo de afectados por la represión de este régimen fueron los exonerados,
los cuales en purgas políticas en la administración pública, universidades, colegios,
empresas estatales y privadas, etc... fueron removidos de sus puestos sin poder exigir
ningún tipo de reparación o explicación sobre este arbitrario acto.

A todo esto, se debe sumar la gran cantidad de presos políticos condenados a larguísimas
penas por delitos como “traición a la patria” o “asociación ilícita”, delitos los cuales y por
los argumentos explicados en los párrafos anteriores, eran castigados duramente, incluso
con la muerte. Elizabeth Lira y Brian Loverman señalan que la mayoría de estos presos
políticos condenados a largas penas por los tribunales militares, “se acogió a la
conmutación de la pena de cárcel por extrañamiento, de acuerdo con el Decreto Supremo
504, de 1974”268.

Por su parte para llevar a cabo un transición exitosa y completa a la democracia en el país,
se estableció como base esencial el conocer y hacer justicia “en medida de los posible”
sobre las diferentes violaciones a los derechos humanos, para poder de esta manera otorgar
algún tipo de reparación a las víctimas y poder sanar definitivamente esta herida en la
búsqueda de la reconciliación nacional. En este contexto tanto la Ley de Amnistía como los
Tribunales Militares se presentaban al inicio de la transición en 1990 como dos factores
importantes pero a la vez conflictivos en la búsqueda que se hacía para lograr finalmente
estos objetivos, sobre todo y si se tenía en cuanta de que los poderes fácticos intentarían
ocupar estas dos instituciones para dar un repliegue definitivo al Régimen militar tratando
de que no se le inculpara por las atrocidades cometidas durante su vigencia a cargo del país
bajo el régimen de la dictadura.

En primer lugar, la dictación de la Ley de Amnistía en el mes de Abril de 1978, por Decreto
Ley 2191, buscaba dar una amplia amnistía a los autores, cómplices y encubridores de los
distintos crímenes y delitos de motivación política cometidos entre 1973 y 1978, con lo

268
Ibidem, pág. 339.

266

CAPÍTULO II

cual obviamente se beneficiaría a cientos de militares y funcionarios estatales que habían
cometido impunes violaciones a los derechos humanos, ya que prácticamente la totalidad
de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país durante el Régimen Militar
ocurrieron durante estos años, es decir, a comienzos de la dictadura, a través de organismos
de reciente data como la DINA según establece la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación, que fija en un 80% del total las violaciones a los derechos humanos
acaecidas entre 1973 y 1978.

Por su parte, es claro, que un acto terrorista es también una violación a los derechos
humanos como señala Julio Canessa y Francisco Balart, ya que “La existencia del
terrorismo es, en sí, una violación a los derechos humanos de toda la comunidad nacional.
La primera y la más grave. En efecto, la acción subversiva constituye un atropello al
derecho que cada uno de los miembros de la comunidad tiene a vivir en un ambiente de
tranquilidad”269. Si bien esta aseveración constituye una realidad, no puede ser esta la
justificación para que el Régimen Militar haya violado los derechos humanos de sus
opositores bajo el argumento de que era un mal menor, ya que la vida de la personas como
el mismo señala es lo más importante, por lo cual su misma argumentación pierde validez,
puesto que la no hay vidas más valiosas que otras, ni vidas que se puedan sacrificar en
nombre del bien común, menos cuando este es definido por un grupo minoritario de la
sociedad.

Luis Maira señala que “las autoridades del gobierno militar pretendieron que la amnistía
constituyera para los jueces una prohibición de investigar los temas que abarcaban los
juicios, desechando la interpretación jurídica de la Comisión de Derechos Humanos que
sostenía que, incluso para aplicar la amnistía, un juez debía llegar al establecimiento tan
completo como fuera posible de los hechos que tipificaban el delito que se investigaba”270.
De esta forma la Ley de Amnistía fue duramente rechazada y criticada por los grupos
opositores al Régimen Militar, conjuntamente con organizaciones internacionales
humanitarias y por la jerarquía de la Iglesia Católica del país, calificándola como una

269
270

267

CAPÍTULO II

“autoamnistía” ya que los responsables de las violaciones a los derechos humanos de
carácter político exculpaban a sus más directos colaboradores, lo que no contribuía a que el
clima político y social mejorara en condiciones en que la situación y el clima que se vivía
durante esos años en que esta Ley de Amnistía se aprobara no era muy diferente al de los
años previos en los que se cometieron estas violaciones a los derechos humanos, además de
que tampoco existía un consenso social respecto a que esta ley permitiera una mejoría de
estas situaciones dando paso a otra etapa política en la vida nacional que garantizara que
nunca más se violarían los derechos humanos como se venía haciendo hasta el momento de
que la Ley de Amnistía perdonara que quienes las cometieron.

En segundo lugar, y con la misma intencionalidad de la Ley de Amnistía de que no se
castigara a los culpables de las violaciones a los derechos humanos durante los primeros
años del Régimen Militar, el régimen encabezado por Augusto Pinochet buscó desde un
primer momento ampliar la jurisdicción de los tribunales militares y por consiguiente
reducir la de los tribunales civiles, con el fin d tratar los temas de su interés en una entidad
en la que él ejercía un control total. De esta manera y como señala Luis Maira “Se comenzó
por establecer en un decreto ley interpretativo que al 11 de septiembre de 1973 existía en
Chile una situación de “tiempos de guerra”, que permitió endurecer las penas y hacer
sumarios los procesos sin garantías de defensa para los inculpados en muchos Consejos de
Guerra”271. De esta manera la instrucción de los procesos de parte de las fiscalías militares
y su decisión por los jueces y tribunales de fueron especial, en opinión de Luis Maira
“representó una situación de indefensión para los disidentes del gobierno que fueron
sancionados duramente en estas instancias, por actos que no guardaban relación con los
temas técnicos de la justicia militar”272. Es por esta razón principalmente que luego del
plebiscito de 1988, diversos círculos de juristas empezaron a estudiar de que forma derogar
la Ley de Amnistía de 1987 y a su vez poder reducir la jurisdicción de los tribunales
militares, iniciativas las cuales fueron rápidamente contrarrestadas por el equipo político y
jurídico del todavía vigente Régimen Militar. Asimismo la derecha a través de sus expertos

271
Ibidem, pág. 95.
272
Idem, pág. 95.

268

CAPÍTULO II

en derecho público dejaron en claro a los dirigentes democráticos durante las
conversaciones sobre las reformas a la Constitución de 1980 en 1989, que este tema no
podría ser materia de revisiones. Por su parte la Corte Suprema uniformó la jurisprudencia
a favor de la validez de la Ley de Amnistía, con lo cual se sancionaba la interpretación más
restrictiva acerca de su alcance, lo que significaba que por lo menos durante los primeros
años de la transición a la democracia en Chile la situación con respecto a estos puntos sería
de la misma forma en como se estaba dando durante el Régimen Militar.

Estas desfavorables situaciones para el esclarecimiento de la verdad una vez que se
retornara a la democracia, estas situaciones provocaron por ejemplo que se archivaran
distintos procesos individuales planteados al poder judicial en causas que afectaban a
presos políticos desaparecidos bajo la dictadura. De esta misma forma hasta por lo menos el
año 1992, era frecuente que los nuevos procesos judiciales en contra de personalidades
opositoras a Augusto Pinochet y el Régimen Militar fueran tratadas en las fiscalías
militares, aún cuando el caso tuviese que ver con el planteamiento de críticas o de
denuncias a los medios de comunicación, las que según Maira “estas demandas iban
acompañadas de violencia innecesaria en la detención de los inculpados, rápidas
encargatorias de reo, y eran rechazadas de plano las solicitudes de excarcelación”273, o lo
que sin duda no ayudaba en nada ni al esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones a
los derechos humanos, como tampoco a la reconciliación entre los chilenos, ni mucho
menos en cuanto a una transición a la democracia de manera plena y exitosa.

Por su parte todas estas situaciones sin duda ser vieron más agravadas o por lo menos se
facilitaba el que ocurriesen debido en gran parte a que el Congreso no podía ponerse de
acuerdo sobre los proyectos de ley que modificarían estas situaciones, con lo cual la
percepción de la sociedad en general se vio muy afectada ante estos hechos en los cuales se
mostraba la gran influencia del Régimen Militar en todas sus esferas y a pesar de que este
estaba en retirada, con lo cual se ponían en duda todas las perspectivas positivas que se
tenían del proceso de transición en el país.

273
Idem, pág. 96.

269

CAPÍTULO II

2.C.3.- CONSOLIDACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La figura jurídica del Tribunal Constitucional es producto de una reforma
constitucional impulsada por el presidente Salvador Allende en 1970, quien se inspiró
directamente en el Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania, el cual
consistía en un cuerpo de cinco magistrados dotados de competencia para resolver las
disputas que se presentaran entre los poderes públicos en torno al alcance de los normas
básicas de la Constitución, ya que en el país ni la Constitución de 1833 ni más tarde la de
1925 versaban o regulaban esta situación. De esta manera este Tribunal Constitucional
adquirió mucha importancia durante el gobierno del presidente Salvador Allende, ya que se
vio que era una institución de mucha utilidad, tanto así que los redactores de la
Constitución de 1980 decidieron mantener esta institución, la que sin embargo fue
modificada de gran manera, alterando ampliamente su composición y atribuciones
originales.

A raíz de estas modificaciones el Tribunal Constitucional pasaría de cinco a siete
miembros, además de que con esta nueva constitución sus integrantes ya no serían elegidos
mayoritariamente por una decisión proveniente del Senado a propuestas del presidente de la
República, sino que sus componente se designaran de “tres ministros de la Corte Suprema
“elegidos por ésta, por mayoría absoluta, en votaciones sucesivas y secretas” (artículo 81);
“dos abogados elegidos por el Consejo de Seguridad nacional”; “uno designado por el
presidente de la República y otro por el Senado por mayoría absoluta de los senadores en
ejercicio” (artículo 81)”274. De esta manera la Constitución de 1980 ya jugaba con el
escenario lejano pero posible para la época de un gobierno democrático elegido por
votación popular, ya que al presidente de la República, es decir, a la máxima autoridad del
país, se le permitía sólo la designación de uno de los siete miembros que compondrían este
Tribunal Constitucional, mientras los otros seis restantes, eran nombrados por instituciones
corporativas de fuerte hegemonía moderada según describe Maira, como lo eran el Consejo
de Seguridad de Nacional, que de paso se debe destacar que la gran mayoría de las

274
Ibidem, pág. 97.

270

CAPÍTULO II

autoridades elegidas por voto popular señalan que es un órgano profundamente autoritario y
antidemocrático que permanece en nuestra legislación como un “enclave autoritario”
utilizando la denominación que realiza Antonio Garretón, y a la Corte Suprema, instancia
profundamente conservadora y ligada por muchos de sus miembros al Régimen Militar, o
finalmente a un Senado, que como se ha visto sería controlado por fuerzas políticas
minoritarias socialmente hablando como la derecha política, que sumad a los senadores
designados tendría desde la perspectiva de quienes redactaron la Constitución de 1980 la
mayoría absoluta en el Senado.

De esta manera, en 1987 el Régimen Militar enfrentó en este Tribunal Constitucional un
problema que le interesaba tener resuelto prontamente antes de terminar su mandato, que
decía relación con que en el artículo octavo de la Constitución de 1980, en el cual se
privaba de derechos políticos y se establecía una virtual muerte civil en contra de aquellos
dirigentes de izquierda a los que se les acusara de pertenecer a los partidos que sustentaran
cualquier tipo de doctrina que tuviese que ver ya sea a nivel social, estatal o en cuanto al
orden jurídico con los temas relacionados con la “lucha de clases”, lo que en el sentido
concreto apuntaba a los sectores socialista y comunistas que eran la más feroz oposición ala
dictadura, artículo que el régimen quiere aplicar a el ex – canciller Clodomiro Almeida,
quien a principios de ese año de 1987 ingresaba al país, cruzando la Cordillera de los
Andes, pesar de la prohibición expresa de no hacerlo, por lo cual Clodomiro Almeida
inmediatamente llegado al país acudió a un tribunal solicitando el derecho de vivir en su
país. Por su parte el Régimen Militar también utilizaba la vía legal y constitucional con el
fin contrario, por lo que logra relegarlo a un pequeño y inaccesible pueblo en el extremo
austral del país, debido a que como aclara Luis Maira “en el Derecho Constitucional
chileno, la relegación es una suerte de exilio interior que el presidente de la República
puede disponer en tiempos de vigencia de un Estado de excepción. Es casi innecesario
señalar que la gran mayoría del tiempo en que gobernó Pinochet rigieron estos estatutos”275.
Dentro de este escenario y luego de esta relegación de Clodomiro Almeida, los asesores
jurídicos y políticos del Régimen Militar, decidieron llevar este caso ante el Tribunal
Constitucional, con la finalidad de poder aplicar en este caso las sanciones que determinaba

275
Ibidem, pág. 98.

271

CAPÍTULO II

el artículo octavo de la Constitución de 1980, las cuales incluían la cancelación de su
inscripción electoral y la privación de todos sus derechos políticos, además de la
prohibición para desempeñar cualquier cargo público o como profesor en cualquier nivel de
enseñanza, el ser rector o director de un establecimiento educacional, explotar un medio de
comunicación o ser director o administrador de ellos, actuar como periodista o emitir
opiniones públicas, además de la proscripción para ser dirigente empresarial, sindical,
estudiantil, vecinal o de cualquier otra entidad gremial, sanciones las cuales regirían por un
plazo de 10 años.

Bajo este contexto, Clodomiro Almeida fue conducido a Santiago desde el lugar en que se
encontraba relegado y en opinión de Maira “fue sometido a uno de esos procesos públicos
que históricamente han acabado por volverse un bumerang contra los regímenes
autoritarios”276, esto por que el Tribunal Constitucional no actuó como tenía pensado el
Régimen Militar, ya que este se dividió entre quienes apoyaban totalmente al gobierno y
entre a quienes el derecho de vivir en su tierra, una de las garantías más básicas
contemplada en la Declaración Universal de Derechos del Hombre pesaba mucho, con lo
cual en un divida votación el Tribunal Constitucional decidió por cuatro votos contra tres,
aplicar las sanciones que el Régimen Militar pedía respaldándose en el artículo octavo de la
Constitución de 1980, lo que a su vez provocó un impacto tan negativo a nivel político,
judicial y social que impidió a la dictadura en el futuro, desarrollar nuevos procesos
inspirados en este artículo octavo.

Más tarde, ya durante el año de 1989, correspondía hacer una renovación parcial de tres de
los siete miembros del Tribunal Constitucional, por lo que el Régimen Militar,
demostrando que había aprendido la lección de 1987, sobre la autonomía a pesar de su
designación que debía tener este organismo, el cual para que cumpliera sus fines debía ser
concordante con la ideología militar, procedió a la designación de tres juristas
completamente alineados con el régimen, tanto así que dos de estos, como son Enrique
Ortúzar y Luz Bulnes habían formado parte del equipo de juristas que habían redactado la

276
Ibidem, pág. 99.

272

CAPÍTULO II

Constitución de 1980. De esta forma se trabajó durante el tiempo que le quedaba al
Régimen Militar, en consolidar las distintas atribuciones que este Tribunal Constitucional
poseía, como por ejemplo las que se incluían ese años como resolver las cuestiones de
constitucionalidad que se susciten en las tramitaciones de los distintos proyectos de ley,
reformas constitucionales o tratados sometidos a la aprobación del Congreso, incluso una
vez terminada dicha tramitación y en vísperas de la promulgación de las mismas, lo que
dejaba a los futuros gobiernos democráticos en una muy mala posición en cuanto a la
legislación y su forma de promulgar las diferentes leyes necesarias par la aplicación de sus
proyectos de gobierno. Según Luis Maira, esta facultad del Tribunal Constitucional “ha
llevado a que con razón muchos expertos en Derecho Público vean al Tribunal
Constitucional chileno como una “Tercera Cámara Negativa”, con poder para derogar
normas válidamente tramitadas por ambos cuerpos legislativos sobre la base de discutibles
interpretaciones, que hacen privar el parecer de un pequeño cuerpo de magistrados sobre la
opinión de las Cámaras que, en una democracia, son las más genuinas representantes de la
soberanía popular”277. Además de estas atribuciones a todas luces bastante autoritarias y
antidemocráticas, el Tribunal constitucional resuelve sobre todos los elementos que se
relaciones con la convocatoria a un plebiscito, sobre la constitucionalidad de los decretos y
resoluciones del presidente de la República, además de tener la atribución de poder declarar
inconstitucionales a organizaciones, movimientos y partidos políticos en los casos que crea
que es necesario y bajo los dictámenes del artículo 19, número 15 de la Constitución de
1980, el cual señala que aquellos cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los
principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de
un sistema totalitario, hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método
de acción política, lo que sin duda se hizo con la intención de contar con una herramienta
judicial y constitucional, que fuese capaz de manera legal de borrar a los enemigos del
Régimen Militar dentro de la constitucionalidad.

Junto con estas grandes atribuciones, el Tribunal Constitucional también tiene
competencias privativa y excluyente en todo tema de las inhabilidades para la designación

277

273

CAPÍTULO II

de ministros de Estado o la permanencia de estos en dicho cargo y respecto de las
inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en su cargo de los parlamentarios,
“lo cual puede representar eventualmente una pesada hipoteca para las autoridades
superiores del estado frente a un cuerpo con la composición y orígenes que ya hemos
reseñado, particularmente el artículo 83 de la Constitución de 1980: “Contra las
resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno””278, lo cual es muy
peligrosos en un sistema democrático, ya que el Tribunal Constitucional será la voz final en
cualquier causa que se tramite en su jurisdicción, teniendo en cuenta su composición
totalmente alineada con el Régimen Militar y el poder y alcance que pueden tener sus
resoluciones, lo que en la práctica durante la transición chilena a la democracia, hasta el
momento no ha presentado graves inconvenientes para los gobiernos democráticos hasta la
actualidad en el años 2003.

Por su parte Teodoro Rivera ha señalado que el Tribunal Constitucional ha servido para
proteger a la Constitución y velar por su respeto durante el Régimen Militar al igual que ha
sido un elemento que a proporcionado estabilidad al proceso de transición en nuestro país
(considerando que desde su visión la transición comenzó en 1981 y terminaría en 1990). El
autor señala que “Más allá de la controversia política y de las discusiones jurídicas, el
Tribunal Constitucional de 1980 ha demostrado, a través de su jurisprudencia, poseer la
capacidad jurídica y la independencia para velar por la supremacía de la Constitución. Bien
puede expresarse que este organismo ha contribuido a fortalecer la legitimidad de la Ley
Fundamental, al elevarse por sobre lo contingente e influir con sus sentencias, en la
concreción de una transición política cristalina en su desarrollo y previsible en sus
consecuencias”279. De esta manera el autor lo considera un aporte para la estabilidad del
sistema democrático, además de que conservaría la estabilidad en el sistema durante la
llegada de os gobiernos civiles.

278
Idem, pág. 100 - 101.
279
RIBERA NEUMANN, TEODORO. “El Tribunal Constitucional y su Aporte al Desarrollo del Derecho.
Aspectos Relevantes de Sus Primeros 59 Fallos”, en “Estudios Públicos” Nº 34, 1989, pág. 196.

274

CAPÍTULO II

Por su parte, a pesar de que al Tribunal Constitucional se le reformó con la idea de servir
como una institución constitucional de protección de los elementos que crean el
fundamento político – jurídico del Régimen Militar, que si bien como se ha mencionado
anteriormente no ha presentado graves problemas a las nuevas autoridades civiles, es “la
inquietante suma de sus abrumadora facultades, unidas al sesgo proveniente de la
designación de sus miembros, lo proyecta como una sombra sobre el futuro democrático,
que puede en cualquier momento extender el amplísimo mando de su imperio para ahogar
las pretensiones del cambio social o el progreso institucional en Chile”280, que han
prometido los gobiernos democráticos y que por varios factores tanto desde su pertinencia
como por los enclaves autoritarios no han podido llevar a buen término y sólo se han
conformado con pequeñas reformas tratando temas netamente coyunturales, dejando de
lado lo grandes temas de fondo como la igualdad social o el conocimiento de la verdad en
los temas de las violaciones de los derechos humanos, como el hacer justicia sobre estas
causas para llevar a cabo una verdadera reconciliación entre todos los chilenos.

2.C.4.- PERMANENCIA DEL GENERAL AUGUSTO PINOCHET EN LA
COMANDANCIA EN JEFE DEL EJÉRCITO ENTRE LOS AÑOS 1990 A 1998

En la mayoría de las transiciones del cono sur o del resto del mundo, ha sido natural
que el dictador saliente o derrocado, se repliegue junto con sus fuerzas leales a un actuar
social de carácter discreto, con el fin de no entorpecer los procesos de transición y a la vez
poder pactar con las autoridades civiles esta relativa calma a cambio de débiles
investigaciones de las nuevas autoridades sobre los regímenes de estos dictadores, en donde
las autoridades civiles suelen acceder a este pacto no escrito ha pesar de que “No es
infrecuente que muchos de ellos logren recuperar sus posiciones en el curso de los años y
hasta vuelvan a ejercer el poder político por causes democráticos”281, como se dio en el
caso chileno con la presidencia por segunda vez de Carlos Ibáñez del Campo o en Bolivia
280
281
Ibidem, pág. 101.

275

CAPÍTULO II

con Hugo Banzer quienes volvieron al poder luego de 21 y 19 años de acabadas sus
dictaduras respectivamente, o como lo fue secretamente el anhelo que manifestó Augusto
Pinochet a su círculo más íntimo de ir como candidato a las elecciones presidenciales de
1989 y de 1993, pero a pesar de estos casos, el destino inmediato luego de dejar el poder es
el retiro total de las actividades políticas a pesar de que en muchos casos siguen ejerciendo
una gran influencia en la sociedad sobre todo debido al temor que suelen generar en los
primeros años de los procesos de transición sus declaraciones. A estas excepciones se debe
sumar sin duda Augusto Pinochet, ya que elaboró una constitución que le permitía luego de
dejar el cargo de presidente de la República, el de seguir ocupando el de Comandante en
Jefe del Ejército de Chile, durante ocho años, lo cual ha sido sin lugar a dudas uno de los
puntos más conflictivos del proceso de transición a la democracia en Chile, debido a el
innegable impacto, tanto nacional como internacional que ha tenido el que Pinochet ocupe
ese cargo.

Es por la situación mencionada en el párrafo anterior que el proceso chileno de transición a
la democracia se ha hecho tan intrincado y lento, a pesar de que empezó muy bien, se ha
ido dilatando más de lo debido gracias a el importante rol que juegan los enclaves
autoritarios, y sobre todo a que la relevancia nacional e internacional de Pinochet no ha
disminuido en ningún instante debido a que constantemente estuvo emitiendo declaraciones
en su calidad de ex – presidente o de Comandante en Jefe del Ejército, o más tarde como
senador designado, o cuando se le sometido a proceso tanto en Inglaterra como en Chile,
aunque ambos con resultados favorable a su persona, ya que no ha sido juzgado. De esta
manera y al detentar altos cargos públicos, Pinochet a tenido a su disposición amplias
prerrogativas de las cuales han carecido otros dictadores, incluso como señala Luis Maira
“Los chilenos, al mantenerse el general Pinochet en su cargo, se han acostumbrado a que se
le rindan honores, se le sitúen lugares de precedencia protocolar y se le reconozca la
legitimidad de una autoridad en ejercicio en un régimen político civil que intenta transitar a
la democracia plena. Esto es algo que, sin embargo, nunca han podido entender ni perdonar
los observadores externos, incluidos aquellos que apoyaron activamente a las fuerzas
democráticas chilenas en los tiempos de su lucha contra Pinochet”282.

282
Ibidem, pág. 102.

276

CAPÍTULO II

Además de esta aseveración, cabe la incógnita de hasta que punto, un régimen militar que
gobernó de manera dictatorial y que tenía en sus manos todo el poder estatal y militar, se
acomodaría al régimen de transición, como subalterno de una autoridad civil elegida de
manera democrática por la vía del sufragio. Sin duda es este sentido Augusto Pinochet,
principal cabeza visible del saliente Régimen Militar quiso seguir manteniendo esa gran
cuota de poder, por lo que mantuvo el cargo de Comandante en Jefe del Ejército como
establecía la propia constitución que el mismo había impulsado, un cargo que duró largos
ochos años y que siempre lo mantuvo como uno de los personajes más importantes del
proceso de transición chilena a la democracia.

Para entender la gran preeminencia y el poder que tenía Pinochet una vez iniciada la
transición es muy ilustrativa la siguiente cita que hace Luis Maira de un relato que le hizo
el ex presidente Patricio Aylwin en relación a su primer choque con Pinochet durante los
primeros días de su mandato, relato el cual presentaremos como fuente para demostrar esta
gran influencia de la cual se habló anteriormente y que poseía Pinochet en cualquier tema
ligado con la política, los derechos humanos y lo militar:

“En una conversación con el ex presidente Patricio Aylwin escuché el vivo y
apasionante relato de su primer encuentro con el general Pinochet. Yo
recordaba los detalles agresivos de la llegada del comandante en jefe del
Ejército a La Moneda, con numerosos vehículos de su escolta personal que
penetraron hasta el patio interior del Palacio de La Moneda, dando a sus
efectivos de seguridad un duro tratamiento a los periodistas que pretendieron
aproximarse, un hecho inusual en las etapas de la historia democrática del
país. En el diálogo mismo, luego de saltar de uno a otro asunto general,
Pinochet le planteó al presidente Aylwin, cuyo mandato se iniciaba en ese
momento, el tema de su permanencia en el cargo. Y lo hizo con una referencia
elíptica a lo acontecido en Argentina, donde el juzgamiento y detención de los
altos mandos de las Fuerzas Armadas originó una fractura del poder en el
Ejército y la aparición de diversos grupos que, desconociendo el mando,
intentaron protagonizar golpes de Estado contra las autoridades democráticas,

277

CAPÍTULO II

como los encabezados por los coroneles Rico y Seineldin. A partir de allí su
conclusión fue: es mejor entenderse con un interlocutor difícil, pero que
garantice la unidad del mando y esté dispuesto a cumplir con la Constitución
que hizo aprobar, que darse el gusto de aplicar sanciones, de trasfondo
vengativo, que acabarían por hacer incontrolable el estamento militar e
imposibilitar la transición democrática”283.

Siguiendo con el análisis que realiza Luis Maira de este relato que le manifestara el propio
ex presidente Patricio Aylwin, podemos señalar que Pinochet le planteó desde un primer
momento a las autoridades civiles que era importantísimo para el correcto desarrollo del
proceso de transición a la democracia en Chile, que el siguiera al mando del ejército, ya
que de lo contrario las Fuerzas Armadas podrían perder la unidad de mando, y ciertos
militares podrían encabezar revueltas en contra de las nuevas autoridades. Si bien estas
palabras suenan a una amenaza solapada, lo cierto es que tanto los presidente Patricio
Aylwin como Eduardo Frei Ruiz – Tagle prefirieron “Cohabitar con el comandante en jefe
del Ejército y antiguo dictador que experimentar amenazas fragmentarias y múltiples desde
la esfera militar”284. Es decir, a cambio de garantizar el funcionamiento disciplinado de los
efectivos de too el Ejecito, lo que en jerga militar se denomina la unidad de mando, los
gobiernos democráticos se vieron obligados a aceptar la figura de Augusto Pinochet, como
una figura que desempeñó un constante rol político y que muchas veces fue el personaje
llamado a hacer el diálogo entre “dos entidades del mismo peso y no como acontece
durante el funcionamiento normal de una democracia, entre una autoridad civil soberana y
cuerpos militares jerárquicamente subordinados a ésta”285.

Por ejemplo ante esta perspectiva de análisis, hay figuras políticas que en su momento
destacaron que Pinochet había jugado un rol muy importante en el proceso de transición a
la democracia en Chile por que aseguraba que las Fuerzas Armadas no se levantarían en

283
Ibidem, pág. 103.
284
Idem, pág. 103.
285
Idem, pág. 104.

278

CAPÍTULO II

contra de las autoridades civiles, como señala a continuación el ex presidente de la Cámara
de Defensa del Senado, el democratacristiano Arturo Frei Bolívar, quien afirmó que el
“General (r) Augusto Pinochet facilitó enormemente la transición y colaboró activamente
en que fuera tranquila y sin salirse, en momento alguno, de la legalidad vigente. Cuando
ocurrieron los hechos cuestionados en el libelo (boinazo y ejercicio de enlace) el entonces
Comandante en Jefe del Ejército no tuvo actitud ni intención de alterar o perturbar la
institucionalidad o el Estado de Derecho”286.

Esta situación resultaba bastante incómoda para las nuevas autoridades, ya que habían
muchas situaciones heredadas del redime anterior que se buscaban cambiar y cuando se
estaba a punto de lograrlo a parecía la figura de Augusto Pinochet a defender su posición, y
según su persona, lo que tenían todos los mandos militares, para frenar estos cambios y
salvaguardar la obra impuesta por el Régimen Militar, por lo que se puede señalar que
Pinochet se constituyó como una de las piezas claves en el proceso de amarre que el mismo
Régimen Militar diseñó para cuando asumieran las autoridades civiles el mando del país,
peor a la vez actuó en palabras de Luis Maira “como un aval de éste, en la misma medida
que su polémica figura establecía un nexo constante entre el pasado y el presente,
dificultando la creación de un verdadero clima de normalidad democrática”287, ya que
podríamos decir que Pinochet era la llave en gran medida para que el proceso de transición
a la democracia llegara a un correcto fin, dependía de su voluntas que muchos de los
defensores del Régimen Militar, los denominados grupos fácticos, accedieran a eliminar los
llamados “enclaves autoritarios”, lo que con el tiempo cualquiera se da cierta que no
sucedió y es uno de los principales motivos por los cuales la transición se alargado
innecesariamente, conjuntamente con el por que la Concertación como bloque político ha
ido pactando tibias reformas y débiles cambios con los bloques de derecha, creando una
transición visiblemente pactada más de lo querido y debido, tornando el proceso muy lento
y con falta de un objetivo final.

286
FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas), Boletín de Resumen Mensual de los
Derechos Humanos en Chile, Santiago – Chile, Abril de 1998. En Internet: www.fasic.org
287

279

CAPÍTULO II

De esta manera el Estado democrático del país, recibió muchas presiones manifestadas en
la demostración de la connotación pública de las Fuerzas Armadas como en los episodios
más conocidos, como por ejemplo “El Boinazo” o el “Ejercicio de Coordinación y
Enlace”, durante el período presidencial de Patricio Aylwin, o en otras tensiones menos
conocidas pero igualmente influyentes, como los agudos días de político – militar durante
el mandato del presidente Eduardo Frei Ruiz – Tagle, pues entre los meses de Mayo a Julio
de 1995, al llevarse a cabo el cumplimiento de una sentencia condenatoria de seis años por
el asesinato del canciller Orlando Letelier en Washington, Estados Unidos, al ex – directo
de la DINA, Manuel Contreras.

Aunque lo señalado en los párrafos anteriores, la mayoría de los analísticas cívico –
militares y políticos lo considere correcto, conjuntamente con la mayoría de los trabajos
realizados sobre este tema, también cabe destacar que es verdad que las autoridades civiles
se vieron enfrentadas a dos importantísimas presiones militares como el conocido
“Ejercicio de Coordinación y Enlace” del mes de Diciembre de 1990 o años más tarde, en
Mayo de 1993, la reunión del cuerpo de generales en tenida de combate, caso más conocido
como “El Boinazo”, casos que pasaremos a tratar en brevemente a continuación.

A.- “EL EJERCICIO ALISTAMIENTO Y ENLACE" (O EJERCICIO DE
“ENLACE Y COORDINACIÓN”)

A grandes rasgos se puede señalar que este problema surge ante la inminencia del
dictamen que realizaba una Comisión Investigadora del Congreso sobre la participación y
responsabilidad del hijo mayor de Augusto Pinochet en una operación de venta de empresas
que fabricaban armamentos y que eran propiedad del Ejército, situación bastante confusa y
que podía empañar gravemente la figura de Pinochet, que era muy importante políticamente
en este período.

280

CAPÍTULO II

La situación a grandes rasgos se desata luego que aparecieran tres cheques emitidos por el
Ejército a nombre del hijo de Pinochet, por un valor de 971 millones de pesos (más de 3
millones de dólares de esa época), por una operación de compra de la empresa Valmoval
cuyo rubro era la fabricación de parte y piezas para el armamento del Ejército, situación
que si bien las autoridades de gobierno veían como una salida al problema de mantener a
Pinochet a la cabeza del Ejército durante la transición, debían mantener en reserva ya que
de ser adversos los resultados de sus gestiones la credibilidad de la población en este
proceso de transición se perdería, ya que de hecho era débil por la misma permanencia de
Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército.

Por su parte este no era el único problema que enfrentaba Pinochet durante estos días, sino
también “las declaraciones respecto del ejército alemán del ex jefe de Estado, lo habían
puesto a éste en una situación complicada, “enormemente complicada”, decía la gente
cercana”288, además de que ya se estaban hallando decenas de osamentas en diferentes
partes del país correspondientes a detenidos desaparecidos durante el Régimen Militar. De
esta manera se intentó negociar la rápida y discreta solución de este caso d los cheques con
una serie de elementos convenientes para el gobierno, entre los cuales destacaba la pronta
salida de Pinochet del Ejército.

Pero las conversaciones entre el Ministro de Defensa Patricio Rojas, y el negociador del
Ejército y director de CAS o “Comité Asesor Político – Estratégico del Comandante en Jefe
del Ejército” (conocido solamente como el “Comité Asesor”) habían fallado, ya que Rojas
pedí la renuncia inmediata de Pinochet. De esta manera el conflicto mayor se desata cuando
“Pinochet había escuchado, esta vez del general Ballerino, algo que lo había irritado sobre
manera: el fracaso de las negociaciones para "acortar su período" -otro eufemismo usado
ese día- a cambio de terminar con temas como el de los cheques y otras situaciones
calificadas como de "acoso contra el Ejército". Ballerino había regresado de su segundo
encuentro en menos de siete horas con el ministro de Defensa, Patricio Rojas. Este le había
señalado que Pinochet debía renunciar entre marzo y abril de 1991, plazo considerado

288

281

CAPÍTULO II

inaceptable por el general”289. Luego de esta reunión habrían otras entre los colaboradores
de Pinochet y los del gobierno con el fin de obtener una salida pacífica de este problemas y
ojalá para el gobierno la salida de Pinochet del Ejército.

Sin embargo Pinochet reunió a los militares y señaló de que el Ejército debía manifestarse
sobre lo que el consideraba un “hostigamiento” como los casos de las violaciones a los
derechos humanos, el anunció de ciertas reformas al estatuto castrense, etc..., sin mencionar
que el caso de fondo era su problemas con los cheques. De esta manera se llegó a que
“Algo después de las 19:00 horas de aquél 19 de diciembre llegó la noticia de movimientos
extraños en el Ejército hasta la oficina del Ministro Enrique Krauss”290, con lo cual se
desata la desesperación del gobierno, iniciándose nuevamente otras conversaciones. De esta
manera el gobierno ante la presión militar tuvo que ceder y ante el caso de los cheques,
logrando el gobierno que Pinochet no fuera involucrado en el informe de la investigación
que preparaba la comisión de la cámara de diputados sobre este caso. De esta manera el
gobierno perdía bastante credibilidad ante la vista de los involucrados y la figura de
Pinochet respaldada fuertemente por el Ejército lo que sin duda sería un nuevo problema en
el futuro con respecto a la transición.

B.- “EL BOINAZO”

En líneas generales, este nuevo episodio de manifiesto del poder militar durante la
transición a la democracia en Chile, tiene su origen frente a la citación judicial de ciertos
oficiales por la activación de varios procesos por causas relacionadas sobre las violaciones
a los derechos humanos durante el Régimen Militar, como por ejemplo la situación de los

289
REVISTA “QUE PASA”. Nº 1403, del 3 al 9 de Marzo de 1998. En internet:
http://www.quepasa.cl/revista/1403/28.html
290

282

CAPÍTULO II

detenidos desaparecidos, pero fundamentalmente se debe a nuevas pesquisas en relación al
caso de los cheques que involucraban en un supuesto fraude al hijo de Pinochet.

De esta manera comienza una operación militar para presionar al gobierno por lo que el
Ejército define como una reactivación del “hostigamiento”, el cual queda patente con el
titular del diario “La Nación” que señalaba “”Reabren caso de cheques del hijo de
Pinochet””291, titular publicado el 28 de mayo de 1993. Ante esto Pinochet explica la
situación a sus generales y su tesis del “hostigamiento” y propone una medida de presión al
gobierno como muestra de su decisión y poderío. De esta manera se da “El despliegue de
boinas negras alrededor del edificio de las Fuerzas Armadas el 28 de mayo de 1993, fue
sólo el comienzo de la mayor crisis cívico militar que vivió el país durante los gobiernos de
la Concertación. Si bien el tema que detonó el episodio conocido como el Boinazo fue la
reapertura del caso cheques que afectaba al hijo del general Pinochet, cuando el Ejército se
sentó a negociar con el gobierno -en esos momentos encabezado por Enrique Krauss- las
demandas se multiplicaron con el agravante de que la institución exigía rápida solución a
cada una de ellas”292. Demandas que nuevamente fueron rápidamente cumplidas teniendo
que ceder el gobierno, para lo cual se estableció una serie de acuerdos sobre los temas
motivadores, como el caso de los cheques, de las violaciones a los derechos humanos y las
responsabilidades militares en estos como también la forma en que se haría justicia, etc....

A continuación como una manera de simplificar el tratamiento de este tema se entrega un
cronograma sobre la situación denominada293 como “El Boinazo”:

22 de Mayo: El Presidente Patricio Aylwin inicia la gira a cuatro países
escandinavos y Rusia.

291
Op. Cit., Pág. 309.
292
Tomado de: REVISTA “QUE PASA”. Nº 1408, del 6 al 13 de Abril de 1998. En internet:
293
Idem

283

CAPÍTULO II

28 de Mayo: Se inicia “El Boinazo”. La señal más evidente es un contingente de
boinas negras que en la mañana rodea el edificio de las Fuerzas Armadas. Durante
la tarde se realiza la reunión de Pinochet con 38 generales para analizar las señales
de hostigamiento del gobierno hacia el Ejército. Según fuentes militares, el
detonante del movimiento militar es un titular del diario “La Nación” anunciando
Reabren caso cheques del hijo de Pinochet.

La portada de “La Nación” el 28 de Mayo de 1993 que “El Boinazo” se convirtió al final en la
detonó el conflicto (Fuente: Diario “La Nación”, en crisis cívico - militar más aguda que
internet: http://www.lanacion.cl , edición especial con ha presentado el proceso de transición
respecto a los treinta años del golpe militar). a la democracia.

30 de Mayo: A las 19:00 horas se reúnen en la casa del general Jorge Ballerino, el
general Augusto Pinochet con el vicepresidente de la República, Enrique Krauss, y
el ministro Secretario General de Gobierno, Enrique Correa, para negociar una
salida al conflicto cívico militar.

284

CAPÍTULO II

31 de Mayo: El ministro Enrique Correa declara que la tensión es decreciente,
después de pasar gran parte del día reunido con el general Jorge Ballerino en el
bunker de La Moneda. Paralelamente, trasciende que el general Pinochet se reúne
con los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea, Armada y el General Director de
Carabineros.

2 de Junio: Las unidades militares retornan a la normalidad. El ministro Enrique
Correa declara: Hemos tenido contactos informativos con oficiales generales del
Ejército para interiorizarnos más de estas inquietudes y todas ellas han quedado bien
resueltas... reitero que la situación se normalizará completamente el día de hoy.

6 de Junio: Regresa al país Patricio Aylwin.

9 de Junio: Encuentro del Presidente Aylwin con el general Pinochet en La Moneda
donde se ratifican las negociaciones realizadas por el ministro Correa y el general
Ballerino durante su ausencia.

16 de Julio: El ministro Secretario General de la Presidencia, Edgardo Boeninger,
anuncia el proyecto de ley para agilizar los casos de derechos humanos. Este
comprende el nombramiento de ministros suplentes para trabajar exclusivamente en
estas causas, procedimientos para resguardar el secreto de las fuentes y antecedentes
de las causas, e implementar medidas para evitar que los militares interrogados
estuvieran expuestos a la prensa.

Fines de Julio: Reunión del Presidente Aylwin con el alto mando de cada una de
las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden.

3 de Agosto: El Presidente Aylwin anuncia en cadena voluntaria de radio y
televisión la presentación al Congreso de un proyecto de ley -conocido como la Ley
Aylwin- para resolver cerca de 200 procesos de derechos humanos radicados en
tribunales.

285

CAPÍTULO II

18 de Agosto: La Cámara de Diputados despacha el proyecto al Senado sin la
disposición tercera, sobre el mantenimiento del secreto en los juicios a militares.

2 de Septiembre: El Presidente Aylwin retira la urgencia del proyecto de
aceleración a juicios de uniformados involucrados en violaciones a derechos
humanos por falta de acuerdo entre los parlamentarios de la Concertación.

C.- LOS RESULTADOS PARA EL PROCESO DE TRANSICIÓN

Sin duda estos dos graves acontecimientos tuvieron gran relevancia para el proceso
de transición al delimitar los límites de las relaciones cívico – militares al menos durante
los primeros años del proceso de transición. Como señala Oscar Godoy “En dos ocasiones,
durante el gobierno del Presidente Aylwin, el general Pinochet manifestó su descuerdo con
acciones públicas que podían afectar cuestiones cubiertas, según él, por el pacto. Se les
llamó metafóricamente “ejercicio de enlace” y “boinazo” respectivamente. En una
democracia consolidada, tales actividades habrían sido manifiestamente subversivas. Pero,
en el contexto de la transición pactada, eran actos significativos de malestar por el no
cumplimiento de acuerdos tácitos incluidos en el pacto de transición: afectaban la
intangibilidad de la ley de amnistía y la inviolabilidad política de la persona del general
Pinochet. A esos actos el gobierno respondió aceptando la queja y cediendo frente a ella. La
opinión pública nunca ha conocido con exactitud las negociaciones entabladas entre los
representantes del general Pinochet y del gobierno para enfrentar esta crisis. Pero es claro
que los actos subsecuentes del gobierno indicaron, de modo suficientemente significativo,
que se había impuesto una cierta interpretación de los acuerdos que jamás podrá hacerse
expresa”294.

294

286

CAPÍTULO II

La presión ejercida por la figura de Pinochet en el medio política nacional era muy grande
ya que contaba con el respaldo irrestricto de las Fuerzas Armadas y de Orden, ya que
aunque estas en ciertos momentos mostraran cierta lejanía, la verdad era que como el
Ejército era la rama de las fuerzas armadas con más tradición y poder, estas debían
subordinarse ante la autoridad ejercida por Pinochet. De esta manera podemos señalar que
si bien “Los militares retomaron una vocación tradicionalmente constitucionalista. El
transcurrir de las relaciones de los militares con los gobiernos democráticos desde 1990 ha
tenido situaciones conflictivas , sobre todo durante el período de Aylwin. Pero en general
las Fuerzas Armadas han cumplido con las atribuciones y deberes consignados en la ley.
Sin embargo, sería prematuro anunciar que están sometidas plenamente al poder civil, ya
que la influencia de Pinochet, la continuidad de oficiales que participaron en el régimen
militar y el papel de garantes que se autoimpusieron, no permiten dejar de lado su potencial
intervención en caso de una crisis político–social e institucional de mayores
proporciones”295. En el fondo, si bien los militares han mostrado ciertos arrojos de
arrogancia frente al poder civil como por ejemplo en los dos casos analizados en los puntos
anteriores, lo cierto es que en general, y sobre todo luego de la salida de Pinochet, las
Fuerzas Armadas y de Orden, a pesar de ciertos reclamos y declaraciones públicas han
reconocido la preeminencia del poder civil por sobre el propio.

De esta manera el proceso de transición durante sus primeros años se construyó en relación
a las relaciones cívico militares, pero más precisamente entre los pactos tácitos y públicos
entre el gobierno con la figura de Pinochet y de sus asesores más cercanos. La relación
cívico militar de esta manera sólo se regulariza cuando Pinochet en 1998 deja la
comandancia del Ejército, aunque este hecho de ningún modo pone fin al proceso de
transición debido a que se mantiene una serie de elementos como la situación de los casos
humanos (recordemos que hasta el años 2003 el gobierno trabajaba en propuestas con la
idea de poner fin a esta situación), la mantención de los “enclaves autoritarios”, las normas
autoritarias de la Constitución de 1980, etc... que no permiten hablar de un proceso de
transición completamente concluido, aunque sin hay que reconocer se ha logrado en gran
parte.

295

287

CAPÍTULO II

A continuación y a modo de visión general se entregará un cronograma296 con la
descripción general, de todo el proceso analizado en los puntos anteriores:

18-10-90: Se crea una comisión parlamentaria para investigar tres cheques girados
por la Comandancia en Jefe del Ejército en enero de 1989 a nombre de Augusto
Pinochet Hiriart por $971 millones. Es presidida por Jorge Schaulsohn (PPD). El
hijo del comandante en Jefe es invitado a declarar el 5/11, pero decide no acudir.

10-12-90: La Contraloría declara que Pinochet Hiriart no le informó de su actuación
en el cobro de cheques a su nombre por la venta de la empresa PSP al Ejército.

19-12-90: Acuartelamiento del Ejército, denominado "Ejercicio de Seguridad,
Alistamiento y Enlace".

15-1-91: Pinochet Hiriart declara durante dos horas y diez minutos en la Cámara.

24-1-91: Se divulga el informe de la Comisión, que no hace ninguna alusión contra
el general Pinochet.

26-5-93: El Consejo de Defensa del Estado (CDE) reabre el caso, que queda
radicado en el Quinto Juzgado del Crimen.

30-5-93: Nuevo acuartelamiento, conocido como el "Boinazo".

1-7-93: El juez del 5º Juzgado, Alejandro Solis, se declara incompetente para
continuar la investigación. Se traspasa al juez Jorge Colvin, del 2º Juzgado.

18-7-95: El CDE solicita que se someta a proceso a Pinochet Hiriart y a 3 ex
oficiales del Ejército. Colvin rechaza la petición. El CDE debe decidir si apela.

296
Tomado de: REVISTA “QUE PASA”. Nº 1408, del 6 al 13 de Abril de 1998. En internet:

288

CAPÍTULO II

25-7-95: En plena crisis por la condena de Manuel Contreras y aduciendo "razones
de Estado" el Presidente Eduardo Frei solicita al CDE no apelar. Por 9 votos contra
tres, el CDE decide no hacerlo y queda sepultado el caso.

2.C.5.- INAMOVILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS FUNCIONARIOS
DESIGNADOS DURANTE LA DICTADURA

Otro de los elementos que introdujo el Régimen Militar para entorpecer el actuar de
las nuevas autoridades civiles de los cargos de gobierno, así como el esclarecer los hechos
del pasado fue el que antes de su retirada la dictadura fijó por ley la inamovilidad
administrativa de los funcionarios designados durante su gobierno, garantía de la cual no
habían gozado sino hasta ese momento: el final de la dictadura de Pinochet, con los fines
anteriormente mencionados, en un país que se ha tardado muchos años en profesionalizar la
administración civil del Estado.

Cabe destacar que hasta 1973 y previo al golpe militar, una gran cantidad de los cargos de
la administración pública más importantes eran de exclusiva confianza del presidente de la
nación, y el resto de estos cargos, los más modestos y a pesar de la existencia de un
detallado estatuto administrativo y de la gran cantidad de normas dictadas con el fin de
establecer un desarrollo de la carrera funcionara, en sus nombramientos pesaban
fuertemente las influencias de los parlamentarios, ministros y de los dirigentes políticos de
los partidos del gobierno de turno como por ejemplo ocurrió durante el gobierno de la
Unidad Popular, lo cual le trajo fuertes críticas y graves problemas al gobierno del
presidente Salvador Allende.

Durante el gobierno de Pinochet y de los gobiernos democráticos de la Concertación, si
bien se han detectado irregularidades y en algunos casos están han presentado un carácter
de gravedad (como en los casos más actuales de sobornos o sobresueldos de los

289

CAPÍTULO II

funcionarios públicos del Estado), podemos concordar en que “desde hace bastante tiempo
en la administración pública chilena ha prevalecido la probidad, lo que ha sido resguardado
por efectivos mecanismo de control jurídico de las actividades burocráticas a cargo de la
Contraloría General de la República y de una severa legislación penal. Esto ha combinado
las sanciones administrativas con la privación de la libertad para los ocasionales infractores
de la integridad del patrimonio público”297.

Durante los años de la administración estatal del Régimen Militar, la provisión de los
cargos burocráticos llegó a ser absoluta, ya que incluso al postulante se le hacía un
exhaustivo seguimiento que contaba incluso con un detallado informe proporcionado por
los organismos de inteligencia de la época, en los que principalmente se debía establecer la
ausencia del postulante de toda relación con la actividad política, de cualquier nexo con un
partido o alguna entidad social vinculada a la oposición del Régimen Militar. Ante esta
situación Maira señala que “El propio tiempo prolongado del ejercicio del poder por
Pinochet fue acentuando el carácter monolítico de su administración. Por eso tuvo un
mayor impacto la decisión tomada, poco meses antes de la entrega del cargo, de establecer
que las personas que se encontraran en el desempeño de funciones administrativas al 11 de
marzo de 1990 no podían ser despedidas o cesadas en sus funciones, al mismo tiempo que
se redujo drásticamente el listado de las posiciones de libre decisión del próximo presidente
de la República (cargos de confianza)”298, con lo cual sin duda se buscaba dificultar las
diferentes maniobras que efectuaran los venideros gobiernos democráticos, o a su vez tener
gente que fuera capaz de infiltrar la información de la Moneda o el Parlamento a los
organismos de investigación o de asesorías políticas y judiciales con los cuales contaba el
saliente Régimen Militar, como fue el caso del Comité Asesor o CAS, que era el organismo
con el cual trabajo Pinochet en su calidad de ex – presidente de la República y de
Comandante en Jefe del Ejército luego del 11 de Marzo de 1990.

297
Op. Cit., MAIRA, LUIS., pág. 105 – 106.
298
Ibidem, pág. 106.

290

CAPÍTULO II

Esta medida sin duda autoritaria y entorpecedora de un normal proceso de transición hacia
la democracia, fue especialmente importante en los primeros años de esta, ya que se creaba
el escenario de que las nuevas autoridades civiles y los nuevos cuerpos administrativos que
habían estado excluidos de los cargos públicos durante toda la dictadura militar, se
enfrentaban a la difícil tarea de conducir complejas e inmensas instituciones de gobierno o
administración, a lo cual se debía agregar de que contaban con asesores que no eran de su
confianza, ya que eran los que habían designado las fuerzas militares en esos cargos y que
ahora ellos heredaban sin poder hacer grandes cambios, ya que no podían coordinar todo su
trabajo si no contaban con la lealtad y confianza de estos funcionarios.

Sin embargo ya avanzando ya dentro del proceso de transición este magro escenario fue
mejorando, en gran parte por que el sector privado que ofrecía mejores remuneraciones,
parecía una oferta mucho mejor a los empleados y funcionarios que el régimen había
impuesto a las autoridades civiles, ya que por lo menos los más cercanos poseían buenos
contactos con los círculos empresariales ligados al Régimen Militar, y podían emigrar a
este sector, dejando una vacante que el gobierno llenaría con gente de su confianza.

Por otro lado cabe destacar que la gran mayoría de estos funcionarios heredaros de la
dictadura tuvieron un comportamiento profesional y respetuoso ante las nuevas autoridades
civiles, por lo que como señala Luis Maira “se puede afirmar que gradualmente la creación
de nuevas normas y procedimientos para el fomento de las capacidades del servicio público
han ido aproximando a Chile a la condición de un Estado moderno con una carrera
funcionaria y una adecuada dotación de servidores, capaces de prestar apoyo a cualquier
gobierno con eficacia y lealtad”299 sin importar como se vio en estos casos el color o la
filiación política de estos.

299
Ibidem, pág. 107.

291

CAPÍTULO II

2.C.6.- LAS DIFERENTES PROHIBICIONES PARA INVESTIGAR HECHOS
OCURRIDOS DURANTE EL RÉGIMEN MILITAR

Dentro de la últimas disposiciones realizadas por el saliente Régimen Militar y que
más molestó a las nuevas autoridades democráticas fue que durante la víspera del cambio
de mando, al nuevo Parlamento democrático y a las autoridades administrativas, les
quedaba terminantemente prohibida la realización de cualquier investigación sobre
cualquier tipo de hecho o acontecimiento que haya ocurrido durante el gobierno del
Régimen Militar, lo que constituía una importante forma de entorpecer el esclarecimiento
de las violaciones a los derechos humanos y con ello la oportunidad de hacer justicia, como
cualquier tipo de delito económico realizado por las autoridades o poderes fácticos durante
la dictadura.

Esta normativa legal instaurada por el Régimen Militar en víspera de la entrega del mano
sin duda representa el gran temor que este tenía de que los gobiernos democráticos
investigasen sus acciones así como las de sus colaboradores y aunque como señala Luis
Maira “probablemente la propia cautela emanada de la correlación de fuerzas habría
desaconsejado a los dirigentes de los Partidos de la Concertación la constitución de muchas
Comisiones Investigadoras de la Cámara de Diputados, lo cierto es que la prohibición legal
de actuar en este campo introdujo una capitis diminutio en el funcionamiento del nuevo
Congreso, del mismo modo que la imposibilidad de hacer efectivas las eventuales
irregularidades administrativas ante los tribunales de justicia consagró una situación carente
de trasparencia y equidad para el resto de los ciudadanos”300. De esta forma se ve una vez
más el como los poderes fácticos y el propio Régimen Militar tienen gran connotación
durante la transición, sobre todo en sus primeros años, en donde se ve como en este caso
que incluso son capaces de imponer sus propias reglas al juego democrático.

Pero estas prohibiciones impuestas por el Régimen Militar a las nuevas autoridades
democráticas, no estaban tan sólo destinadas a evitar las serias violaciones a los derechos

300
Ibidem , 1999, pág. 107 - 108.

292

CAPÍTULO II

humanos bajo su período, sino como se indicó anteriormente, también estas prohibiciones
estaban dirigidas a evitar la investigación de las serias irregularidades económicas. Sobre
este punto Camilo escalona señala que “El tiempo ha dejado en claro que fue un error
estratégico de la autoridad democrática recién repuesta en la jefatura de Estado en 1990, la
no investigación de proceso de privatizaciones ejecutado bajo el régimen militar; de modo
muy especial el que afectó a las enormes y poderosas empresas eléctricas del país”301, ya
que muchas de estas privatizaciones se hacían de manera oculta o rozando o simplemente
violando la legalidad.

2.C.7.- LA ANTICIPADA DISOLUCIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD E
INTELIGENCIA DEL RÉGIMEN MILITAR ANTES DE QUE SE PRODUJERA
EL CAMBIO DE MANDO

La anticipada disolución que hizo el Régimen Militar encabezado por Augusto
Pinochet los últimos meses de su mandato de los diferentes aparatos de inteligencia militar
que eran en realidad policías políticas secretas, a pesar de depender del Estado con recursos
y personal de este y del Ejército de manera directa. Este factor, el de disolución apresurada
antes de la finalización del Régimen Militar de los diferentes aparatos de información y
seguridad que ocupara la dictadura, demuestran que el “proceso de amarre” no sólo se dio a
nivel constitucional, sino intentó tocar otras esferas del componente social con el objetivo
de que las nuevas autoridades civiles elegidas democráticamente no tuvieran acceso a la
información que el Régimen Militar tenía sobre sus operaciones más impugnables como
también sea de paso, estas nuevas autoridades no pudieran reconocer culpables de estos
hechos en contra de propios compatriotas sobre las materias referentes a las violaciones de
los derechos humanos.

Para entender las razones de su disolución de manera más acabada, primeramente debemos
comprender el origen de estos servicio de inteligencia que actuaron bajo el Régimen

301

293

CAPÍTULO II

Militar. Cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, desde antes del golpe
militar de 1973, ya poseían cuerpos de servicios de inteligencia, como es el caso por
ejemplo de los más conocidos, como el Servicio de Inteligencia Militar, el Servicio de
Inteligencia Naval o el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Área, los cuales funcionaban
de manera normal dentro de estas áreas. Pero desde el 11 de Septiembre de 1973, luego del
golpe militar de las mismas Fuerzas Armadas, estos cuerpos de servicios de inteligencia
pasaron a cumplir una función más bien de carácter político, función que si bien antes
poseían, ahora sería ampliada e institucionalizada, debido a que desde la doctrina militar se
estaba en una estado de “guerra interna”. De esta manera estos servicio de inteligencia
pasarían a ocupar un activo papel en los denominados Consejos de Guerra, instancias en las
cuales las Fuerzas Armadas enjuiciaban a las diferentes autoridades políticas y civiles del
gobierno de la Unidad Popular, conjuntamente con participantes o militantes de los grupos
extremistas de izquierda o como señala Luis Maira “y a los escasos militares que no se
plegaron a las acciones decididas por el alto mando para poner término al régimen
constitucional”302, ya que en este sentido, estos militares que no quisieron participar o que
eran contrarias al golpe militar se les culpó de traidores a la patria, a sus diferentes ramas
militares o simplemente de insubordinados, por lo cual en la mayoría de las ocasiones las
penas fueron tan graves como desde la exoneración del cargo, sin ningún tipo de beneficio
de los que acostumbran los militares, hasta la muerte, in que el acusado tuvieran las
garantías mínimas que debe entregar el debido proceso.

A estos organismos de inteligencia de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de
Orden se suma en 1974, la Dirección de Inteligencia Nacional o DINA, con el fin de crear
un organismo central, con dependencia directa del jefe de Estado, organismo el cual
contaría con amplios poderes y recursos, muchos más que cualquiera de los servicios de
inteligencia recientemente nombrados, y que tendría como finalidad ejercer un control total
de todas las acciones que desempeñaran los denominados enemigos del Régimen Militar,
que en la práctica eran o partidarios de la Unidad Popular que habían ocupado ciertos
cargos de importancia, o dirigentes políticos y sociales, principalmente sindicales que se
declaraban en abierta oposición a la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, ya

302

294

CAPÍTULO II

que desde la perspectiva del régimen se estaba en un “estada de conmoción interna” o
“guerra interna”, lo cual sería traducible desde el punta de vista militar a estar en un estado
de guerra. En el cual los enemigos se encontraban dentro del mismo país. Años más tarde y
debido a que la DINA había sido ampliamente cuestionada tanto a nivel nacional como
internacional por sus distintos atentados y violaciones sistemáticas a los derechos humanos,
tuvo que ser más que disuelta replanteada. Es por ello que oficialmente este aparato
represor del Régimen Militar se eliminó en 1977, creándose en su lugar la llamada Central
Nacional de Informaciones, o CNI, en que a pesar de que sus funciones eran prácticamente
las mismas al igual que la gran mayoría de su personal, sus acciones no fueron tan terribles
como las de la DINA, en gran parte por que el Régimen Militar ejercía un gran miedo
interno, por lo cual la disidencia del régimen si bien había aumentado, estas manifestación,
producto del miedo colectivo era bastante menor, por lo cual la CNI tuvo una imagen más
aceptable a pesar de los innumerables abusos y asesinatos que cometió, los cuales secaron
tan solo cerca de tres meses antes de que Pinochet entregase el mando a Patricio Aylwin,
momento en los cuales la CNI se disolvió oficialmente, aunque se sabe que siguió
realizando operaciones de inteligencia ya en años de gobiernos civiles democráticos, o más
aún, recientemente, durante el año de 2002, con la supuesta reactivación del “Comando
Conjunto”, el cual le costó el retiro al comandante en Jefe de la Fuerza Área, el general
Patricio Ríos, por ser responsable de haber nominado de parte de la Fuerza Área a el
general Patricio Campos, quien estaba casado con Viviana Ugarte, más conocida como la
“Pochi”, quien habría integrado este organismo represor durante el Régimen Militar.

Estos organismos de inteligencia dependientes del las Fuerzas Armadas y directamente de
Augusto Pinochet en su calidad primero de director de la Junta Militar de Gobierno y luego
como presidente de la República, ejercieron graves violaciones a los derechos humanos, lo
que puede ser considerado como “terrorismo del estado”, en donde el estado gracias a su
poder absoluto y sin oposición dentro del país puede cometer acciones que violen los
derechos humanos básicos e inherentes de cada ser humano, lo cual era avalado y
justificado por el anteriormente denominado estado de “guerra interna”, por el cual el
Régimen Militar podía actuar libremente en estas materias. A continuación y con el objeto
de conocer las principales acciones de estos organismos se pasará a analizar brevemente el

295

CAPÍTULO II

rol de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y posteriormente de su sucesora, la
Central Nacional de Informaciones (CNI), como también las diferentes actividades de
grupos represivos y de inteligencia heredados de la dictadura durante estos años de
transición a la democracia, como por ejemplo la supuesta rearticulación del Comando
Conjunto.

A.- DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA NACIONAL (DINA)

Según señala el Informe Retting, “Llamamos grupo DINA al de mayores y
coroneles de Ejército que empezó a actuar en la Escuela Militar desde el mismo 11 de
septiembre de 1973 (y quizás, embrionariamente, con anterioridad, en el Regimiento de
Ingenieros Militares de Tejas Verdes), y que luego se prolongó en la "Comisión DINA" y
ésta en la DINA propiamente tal según ya se dijo; y según se estudiará con mayor detalle en
el Capítulo II "Visión General 1974 - Agosto 1977", de la Tercera Parte de este Informe.
Este grupo demostró una gran cohesión y audacia, desde un primer momento, como se
podrá apreciar, respecto de algunos de sus miembros prominentes, en el Capítulo arriba
mencionado, cuando estudiemos los viajes realizados al sur y al norte del país, entre
septiembre y octubre de 1973, por una comitiva militar del más alto nivel, en cuya estela
fue quedando un elevado número de ejecuciones clandestinas, inmisericordes, y
enteramente ilegítimas e injustificadas”303.

La Dirección de Inteligencia Nacional o DINA, nace en 1974 con el fin de dar un carácter
centralizado, con gran poder y recursos al servicio de inteligencia del Régimen Militar. El
Régimen Militar no puede desconocer la dependencia de la DINA de manera directa con el,
ya que como señal el mismo Informe Retting, “el decreto ley N° 521, creador de la DINA
como servicio público autónomo, lo hizo depender directamente de la Junta. Pero en los
hechos ésta no reivindicó tal dependencia, la cual se estableció respecto de la Presidencia
de la República, quizás invocándose al efecto el decreto ley N° 527, posterior, y las

303
Op. Cit., CENTRO DE ESTUDIOS PÚBLICOS. “Extracto del Informe Retting”, pág. 316.

296

CAPÍTULO II

facultades que éste otorgaba a dicha institución. Aún más, algunas ramas de las Fuerzas
Armadas y de Orden organizaron o mantuvieron —ya existiendo la DINA— sus propios
servicios represivos, rivales de ella pero indistinguibles en su espíritu, tema que se
relacionará en otro capítulo”304.

Dentro del ámbito nacional, la DINA, según Luis Maira “se ejerció en la esfera interna y
acabó por configurar un cuadro objetivo de “terrorismo de Estado”, al permitirse que el
funcionamiento de este organismo y de sus agentes se hiciera a base de cárceles y lugares
de detención clandestinos; de pasaportes y cédulas y lugares de identidad falsas para sus
colaboradores; placas falsificadas para sus vehículos y elevados presupuestos de gastos
exentos de todo control”305. De esta manera el continente de la DINA, compuesto
principalmente por un gran número de agentes de carácter y origen militar, tuvo toda
facilidad e impunidad para allanar, ya sea por supuesta vía legal o de manera totalmente
fuera de la ley como se dio en la gran mayoría de la veces en que este organismo actuaba,
pero como era avalado y apoyado por el Estado podía actuar libremente, detención ilegal de
personas, las cuales en muchas oportunidad se convirtieron en detenidos desaparecidos
luego de interrogatorios que ponían en práctica muchos métodos de torturas, etc..., todos
ellos casos que quedaron investigados y establecidos como ciertos por el Informe Final de
la Comisión de Verdad y Reconciliación, ya en pleno gobierno de Patricio Aylwin, que
estableció en mil los casos de desaparecidos políticos durante la dictadura del Régimen
Militar.

Este organismo en el ámbito internacional desarrolló y ejecutó varios atentados en territorio
extranjero con el fin de eliminar a ciertos enemigos del Régimen Militar que eran
considerados como peligrosos por este, como por ejemplo el atentado en Buenos Aires que
terminó con la vida del ex – Comandante en Jefe del Ejército durante el gobierno de
Salvador Allende, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en el mes de Septiembre de
1974. También se le reconoce como el organismo que planificó y ejecutó tanto el atentado
en Washington en el mes de Septiembre de 1976, en contra de Orlando Letelier y su

304
Ibidem, pág. 316.
305
Op. Cit., MAIRA, LUIS, pág. 109.

297

CAPÍTULO II

asistente, la norteamericana Ronnie Moffit a través de un coche – bomba, asimismo como
el ataque a balazos que dejara gravemente herido al ex – vicepresidente de la república en
el período de Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton y su mujer Anita Fresno, en el
mes de Octubre de 1975, en la capital de Italia, la ciudad de Roma.

Logotipo de la Dirección de Inteligencia Fotografía del atentado que costó la vida a
Nacional DINA, autora de varios crímenes y Letelier y su secretaria en Estados Unidos
violaciones a los derechos humanos, tanto dentro (Fuente: Diario “La Nación”, en internet:
como fuera del país durante los primeros años http://www.lanacion.cl , edición especial con
del Régimen Militar respecto a los treinta años del golpe militar).

Todas estas situaciones que se daban tanto dentro del país como en el exterior, afectaron el
funcionamiento regular de los mandos militares, ya que muchos dentro del Ejército no
estaban de acuerdo con la brutalidad de los métodos empleados por la DINA, así como
tampoco con la desaparición de personas, lo que a su vez logró que este organismo se
desacreditada tanto a nivel interno como externo, presiones las cuales el Régimen Militar
tuvo que defender incluso ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, debido a sus
constantes vetos, a raíz de las graves violaciones a los derechos humanos que se daban
dentro del país, hasta llegar al año de 1977, en que las extensas investigaciones iniciadas
por el estado norteamericano a raíz del caso del atentado en contra de Orlando Letelier y su
secretaria norteamericana Ronnie Moffit, terminó por hacer que la DINA tuviese que
disolverse.

298

CAPÍTULO II

En este caso, las investigaciones iniciadas por el gobierno norteamericano, entregaron
enorme cantidad de evidencia en torno a los autores intelectuales de este atentado, por la
cual el gobierno norteamericano ejerció gran presión sobre el Régimen Militar encabezado
por Pinochet, por lo cual este último se vio obligado a entregar por lo menos al autor
material de hecho, el agente de la DINA, Michael Townley, aunque más tarde y dentro del
curso de las investigaciones, fueron cayendo otros inculpados, como por ejemplo, el oficial
de Ejército Armando Fernández Larios, quien se entregó a la justicia norteamericana.

En cuanto a las investigaciones en Chile sobre este caso, en el Régimen Militar obviamente
estas no avanzaron, hasta 1995, en que ya en plena transición hacia la democracia, y “casi
19 años después del operativo realizado en el centro de Washington, la justicia condenó a
penas de cárcel de siete y seis años al general Manuel Contreras, director de la DINA, y el
jefe de Operaciones de ese organismo, coronel Pedro Espinoza”306, lo que en lo bajo de las
penas y la suavidad a la hora de cumplirlas ha mostrado tanto en ese momento como en la
actualidad, la gran influencia del Ejército en el proceso de transición, ya que los gobierno
democráticos en este proceso han tenido que saber como hacer justicia teniendo presente
las graves amenazas y acciones que han mostrado las Fuerzas Armadas, principalmente el
Ejército, cuando esto se ha intentado como quedó de manifiesto por ejemplo en la
investigación del caso conocido como “pinocheques” en que tuvo que hacerse frente al
“Ejercicio de Enlace y Coordinación” o cuando se reactivaron ciertas causas por
violaciones a los derechos humanos durante el Régimen Militar, en donde se veían
envueltos muchos militares con altos cargos en el Ejército, por lo cual este reaccionó
presionando al gobierno de esos años, Patricio Aylwin, quien tuvo que afrontar y resolver la
grave situación denominada como el “Boinazo”, cuyos resultados y alcances vimos en
puntos anteriores.

306
Ibidem, pág. 110.

299

CAPÍTULO II

B.- CENTRAL NACIONAL DE INFORMACIONES (CNI)

La Central Nacional de Informaciones o CNI, vino a reemplazar a la DINA
producto de que esta tuvo que ser disuelta debido a la gran presión internacional por las
diferente violaciones a los derechos humanos así como también por el gran número de
atentados en territorios extranjeros.

El informe Retting señala que “La DINA fue disuelta y sustituida por la CNI, Central
Nacional de Informaciones (decretos leyes Nos. 1.876 y 1.878, de 1977), entregándose ésta
a la dirección de un alto oficial de Ejército que había sido contrario al grupo. Este, desde
entonces, no volvió a ser lo que había sido. Tampoco la situación de derechos humanos
volvería a ser, ni cuantitativa ni cualitativamente lo que fuera cuando la DINA estuvo bajo
la égida del grupo. Aun, durante el período 1977-1979, muchos encontraron fundamento
para pensar que aquella situación iba camino de mejorar sustancialmente”307. De esta
manera la CNI viene a reemplazar legalmente a la DINA.

La CNI, si bien heredó prácticamente todo el andamiaje de la DINA, como por ejemplo sus
archivos y documentaciones, así como también gran parte de su personal, en la realidad
tuvo un carácter menos represivo que su antecesora, producto de la realidad que enfrentaba
el país, con lo cual la eliminación de forma masiva de los denominados enemigos del
régimen producto del “estado de guerra” terminó, así como también sus operaciones de este
carácter en el exterior.

De igual manera y a pesar de este nuevo actuar, se siguieron cometiendo otro tipo de
violaciones a los derechos humanos como por ejemplo los abusos en las detenciones que en
la mayoría de las veces eran ilegales, continuaron las torturas, y durante el período final del
régimen se llevaron a cabo algunas eliminaciones de personas disidentes del Régimen
Militar de forma selectiva, ya sea con el fin eliminar importantes personalidades o con el
fin de provocar miedo en la población, como por ejemplo sucedió con la denominada
“Matanza de Hábeas Christi” en 1987, hoy conocida como una acción en el marco de la

307
Op. Cit., CENTRO DE ESTUDIOS PÚBLICOS. “Extracto del Informe Retting”, pág. 326.

300

CAPÍTULO II

“Operación Albania”, proceso reactivado a mediados de 1998, bajo el gobierno de Eduardo
Frei Ruiz – Tagle, ya que el caso investigado por año fue trasladado en 1998 desde la
justicia militar a un ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo
jurisdicción de la justicia civil, con lo cual se avanzó mucho en el proceso, logrando incluso
determinar responsabilidades y encargatorias de reos, lo viene a demostrar que muchos de
los casos de violaciones a los derechos humanos o de irregularidades que eran pasados a
tribunales o fiscalías militares no avanzaban en los procesos a diferencia de cómo estos
procesos avanzan una vez en democracia bajo la jurisprudencia de los tribunales civiles.

El asesinato de Jaime Neghme en 1989 ejecutado por la CNI causó
gran expectación debido tanto a la alevosía del crimen y a que se
cometió tan sólo a meses del cambio de mando por lo que se abría la
incertidumbre de que si estos aparatos seguirían o no funcionando
durante el proceso de transición a la democracia (Fuente: Diario “La
Nación”, en internet: http://www.lanacion.cl , edición especial con
respecto a los treinta años del golpe militar).

También este organismo llevó a cabo otros asesinatos que tuvieron gran impacto dentro de
la sociedad en aquella época y que hoy en día los familiares de las víctimas recuerdan con
impotencia y con dolor, como por ejemplo los asesinatos de la Vega Poniente en
Concepción durante 1988, o el crimen del dirigente del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria MIR, Jecar Neghme, cuyo mayor impacto fue que sólo se produjo a tres

301

CAPÍTULO II

meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1989, lo que demostraba que en
esos instantes sólo a meses del cambio de mando estos organismos de inteligencia y de
operaciones terroristas del Régimen Militar todavía seguían operando. Específicamente este
asesinato de Jecar Neghme en Septiembre de 1989, estrelló al país con la brutal realidad
como señala Camilo Escalona, ya que “el afán tutelar que justificaba las prácticas estatales
más aberrantes, se entroncaba con las crecientes necesidades del régimen de aferrarse
indefinidamente al poder, para proteger su propia impunidad”308, ya que a pesar de las
nuevas condiciones sociales y políticas reinantes desde la crisis económica de 1982 – 1983
que generaron las grandes protestas sociales, si bien crearon un mejor escenario para la
expresión y participación social, asesinatos y crímenes como este, dejan en claro que la
dictadura y su forma de actuar no habían cambiado de ninguna manera.

Debido a esta situación, de que este organismo tan sólo a meses del cambio de mando
todavía seguía operando para cumplir las misiones que le encargaran los sectores más duros
de la dictadura del Régimen Militar, “resultó más chocante y violento que éste anticipara la
disolución de dicho organismo, privando de una capacidad de depuración a las futuras
autoridades civiles, apenas unos cuantos meses antes de dejar su cargo en el Palacio de La
Moneda”309. De esta manera la disolución de la CNI, también significó que un gran
mayoría de sus archivos (por lo menos de los casos en los que los habían, cosa que sólo
cabe dentro de la especulación, ya que estos archivos nunca fueron puestos a la disposición
de las nuevas autoridades civiles), presupuesto y parte del personal fuesen traspasados a la
Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, con lo cual se eliminó toda capacidad de
investigar y fiscalizar las acciones de este organismo durante el Régimen Militar que
hubiesen podido tener las nuevas autoridades civiles elegidas democráticamente en 1989.

Esta acción es de por sí uno de los componentes del “proceso de amarre” que llevó el
Régimen Militar al final de su período, ya que limitó al gobierno del Presidente Patricio
Aylwin “en su capacidad de adoptar medidas eficaces en el campo de los derechos
humanos que ayudaran a incrementar la legitimidad de la transición, restándole también

308
Op. Cit., ESCALONA, CAMILO, pág. 17.
309

302

CAPÍTULO II

acceso a una documentación y antecedentes que hubieran facilitado el proceso de Verdad y
Reconciliación que este buscó impulsar”310, o por lo menos esto hubiese ocurrido en teoría
ya que como estos archivos no pudieron ser conocidos por las autoridades civiles no queda
constancia de que estos archivos proporcionaran información sobre los delitos que cometió
este organismo en el ámbito de las violaciones a los derechos humanos con resultado de
muerte o de torturas graves, archivos que seguramente o nunca existieron o fueron
eliminados totalmente antes del traspaso del resto de estos archivos a la Dirección de
Inteligencia del Ejército, DINE.

C.- LAS ACTIVIDADES DE ORGANISMOS REPRESIVOS Y DE INTELIGENCIA
HEREDADOS DEL RÉGIMEN MILITAR SURANTE LA TRANSICIÓN: EL CASO
DE LA SUPUESTA REARTICULACIÓN DEL COMANDO CONJUNTO

Durante el proceso de transición a la democracia en Chile, se han presentado
algunos extraños casos policiales, en los cuales se han visto involucrados ex – funcionarios
de diferentes aparatos de inteligencia del Régimen Militar, lo que haría pensar sobre un
posible funcionamiento en las sombras de ciertos grupos paramilitares en pleno proceso de
transición a la democracia. Si bien es cierto que cada rama de las Fuerzas Armadas y de
Orden poseen un propio sistema de inteligencia, la aseveración hecha en las líneas
anteriores, dice relación con aquellos grupos que no son parte del estado, sin que son
grupos que se han rearticulado y que proviene de la época del Régimen Militar.

Esta situación se destapó con las declaraciones en el año 2002 de un integrante del
denominado Comando Conjunto, apodado “Colmillo Blanco” quien señaló a el Diario “La
Nación” que "El Comando Conjunto está trabajando para evitar que se sepa la verdad.
Tenemos estrictas órdenes de mentir, engañar, bloquear y ocultar cualquier evidencia ante
los jueces, agrupaciones, gobierno y prensa, para no inculparnos y, mucho menos, ayudar a

310
Ibidem, pág. 111.

303

CAPÍTULO II

descubrir el destino de los detenidos desaparecidos víctimas de nuestra unidad", aseguró
Colmillo Blanco en el reportaje de La Nación”311.

De esta manera se abrió una investigación d parte de la justicia, cuyo principal resultado fue
el que “El domingo 13 de Octubre, cuando arribó a cerro Castillo, el comandante en jefe de
la Fuerza Área, general Patricio Ríos, ya no contaba con la confianza del Jefe de Estado ni
un claro apoyo interno. El descenso había empezado en septiembre. La supuesta
rearticulación del Comando Conjunto derivó en el procesamiento por obstrucción a la
justicia de su amigo el general Patricio Campos, a quien había designado para entregar
información sobre desaparecidos a la Mesa de Diálogo, sabiendo que su esposa – Viviana
Ugarte, la “Pochi” – aparecía vinculada al Comando. Su explicación fue rechazada por La
Moneda, sellando su suerte. Ríos traía la renuncia en el bolsillo. La ministra de Defensa,
Michelle Bachelet y al presidente Lagos. Veintitrés días después, entregó el mando de la
FACh a Osvaldo Sarabia Vilches y pasó a retiro”312.

De esta manera este situación se convirtió en una dura prueba para el gobierno de Lagos
durante el año 2002, ya que ponía de manifiesto el actuar de ciertos grupos del Régimen
Militar en la actualidad, lo que constituye una amenaza para el normal desarrollo del
proceso de transición.

2.C.8.- MANTENCIÓN DE LOS ALCALDES DESIGNADOS DURANTE EL
RÉGIMEN MILITAR EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA TRANSICIÓN

El Régimen Militar impulsó una gran reforma administrativa tanto a nivel nacional,
regional y provincial. Dentro de estas reformas administrativas a nivel provincial fue de

311
FARFÁN, CLAUDIA; BRAGHETTO, MARCO. “Con Tinta Negra” (edición de internet), Octubre, 2002.
En Internet: http://www.periodismo.uchile.cl/contintanegra/2002/octubre/politica2.html
312
REVISTA “EL SÁBADO”, Edición Especial de Hechos y Personajes del 2002”, Nº 222 del 20 de
Diciembre del 2002, editado por El Mercurio, Santiago – Chile, pág. 59.

304

CAPÍTULO II

gran importancia las reformas que se hicieron a los municipio, en donde se intentó
modernizar su funcionamiento por lo cual se les descentralizaron muchas funciones en los
ámbitos de la educación y de la salude de carácter público.

De esta misma manera, las municipalidades tuvieron la oportunidad de desarrollar
programas y políticas sociales, así como actividades de carácter asistencial dentro del sector
público. Luis Maira señala que “La encuesta CAS que realizaban permitió que los
departamentos sociales de las municipalidades tuvieran un exhaustivo registro de las
personas más pobres y necesitadas, favoreciendo el diseñó y ejecución de los programas
fuertemente focalizados que en ese tiempo se emprendieron”313. De esta manera las 330
municipalidades que el régimen estableció que debían existir en el país se convirtieron en
un importante sistema de reclutamiento para un nuevo y más competente personal de
carácter estatal. Además de ser partidario en su mayoría del Régimen Militar. Para lograr
esto, estos alcaldes eran designados por el régimen, para lo cual Augusto Pinochet prefirió
en esta elección a profesionales preferentemente jóvenes, eficientes e identificados
plenamente con las ideas del régimen castrense encabezado por Pinochet. Según Luis Maira
“La mayor parte de ellos fueron reclutados de las filas del Movimiento Gremialista de la
Universidad Católica, antecedente directo de la UDI. De esta experiencia provienen
efectivamente los mejores cuadros de los actuales partidos de derecha y sus figuras mejor
evaluadas en el Parlamento y la vida regional. No es de extrañar, entonces, que el general
Pinochet dispusiera la designación de alcaldes en todo el país al concluir su gestión con un
mandato que duraba hasta finales de 1993”314, con lo que las nuevas autoridades civiles
tendrían muchos problemas para coordinar la aplicación de sus políticas y proyecto, con lo
cual se entorpecería aún más este largo y complicado proceso de transición.

Pero este amarre constitucional, que al igual que los otros fue tan bien planeado por el
saliente Régimen Militar, finalmente se convirtió en el único de ellos que pudo ser
modificado por las nuevas autoridades civiles elegidas democráticamente y que encabezaba

313
314
Ibidem, pág. 112.

305

CAPÍTULO II

el Presidente Patricio Aylwin, ya que a través de largas y difíciles negociaciones con los
partidos de derecha, Renovación Nacional, RN, y Unión Demócrata Independiente, UDI,
“fue posible aprobar un reforma constitucional que posibilitó la elección directa de alcaldes
y miembros de los consejos municipales, en junio de 1992”315, situación que por su parte se
tradujo en negociaciones internas de los partidos de derecha, ya que ambos querían
constituir el principal partido de su sector, para lo cual el que tuviese que entenderse más
con el gobierno, sin duda seria el partido que tendría la “llave” de este proceso de transición
como si realmente la tuvo Augusto Pinochet de 1990 a 1998 gracia a su rol como
Comandante en Jefe del Ejército.

A continuación entregaremos un artículo aparecido en diario el Mercurio de Valparaíso el
Jueves 1 de Marzo de 1990 en torno a las problemáticas que generaba esta situación,
artículo el cual se titula “Controversia Entre Diputados de San Antonio”:

“Una controversia entre los dos diputados electos por el distrito 15, formado
por esta provincia y la comuna de Casablanca, surgió a raíz del tema de la
renuncia de los alcaldes designados por el actual sistema de los Codecos y
Coredes. El diputado electo Akin Soto Morales, del Partido Socialista, rebatió
ayer en rueda de prensa especial las declaraciones formuladas por su colega
Sergio Velasco de la Cerda del Partido Demócrata Cristiano y compañero de
lista en la elecciones de diciembre pasado, en el sentido de que ambos pedirían
esa dimisión a todos los jefes comunales del distrito 15 “apenas asumamos en
marzo”. Soto Morales declaró a la prensa que en reunión de la bancada
parlamentaria del PPD y del PS con el Presidente electo Patricio Aylwin, éste
les instruyó en “buscar un muy buen tratamiento político en nuestra relación
con la comunidad y en respeto a los alcaldes designados que en el ejercicio de
su cargo están amparados por la actual legislación”. Añadió que esa
instrucción presidencial es buscar también en los municipios una transición
pacífica y ordenada, en pos de objetivos comunes y que “acá en San Antonio,
hemos encontrado las puertas abiertas, así que no veo razón para pedir

315
Idem, pág. 113.

306

CAPÍTULO II

renuncias”. La dispar posición de ambos parlamentarios locales ha causado
expectación en la ciudadanía local”.

El Mercurio de Valparaíso, Jueves 1 de Marzo de 1990316:

A través de este artículo podemos apreciar que la situación generada por la permanencia de
los alcaldes designados durante el Régimen Militar en sus puestos durante los primeros
años de la transición sin duda dificultaron mucho el proceso de redemocratización de las
instituciones públicas, debido a que en muchos casos entorpecían el accionar de otras
autoridades de gobierno o del Congreso que no fueran de su tendencia política.

De esta manera es como este solitario triunfo de las nuevas autoridades civiles sobre el gran
andamiaje de los “amarres” que legó el Régimen Militar, “fue, sin duda, un paso positivo al
punto que ni siquiera el generalizado escepticismo que tienen en la actualidad los
ciudadanos frente a la actividad política en Chile ha restado legitimidad a los municipios o
reducido su convocatoria a la hora de la renovación de los mandatos ediles, como se pudo
comprobar en las elecciones de octubre de 1996”317, según la opinión de Luis Maira.

2.D.- BREVES REFLEXIONES SOBRE EL “PROCESO DE AMARRE”

Todos estos elementos analizados bajo la denominación de elementos del “amarre
constitucional” , deben ser entendidos como la manera de perfeccionar que tuvo el Régimen
Militar, las diferentes trabas que le dejó a los futuro gobiernos civiles partiendo por la
Constitución de 1980, para de esta forma crear un andamiaje bajo el cual debían trabajar y
moverse estos gobiernos según los designios del régimen saliente. Tal como señala Luis
Maira, podemos indicar que “Sin la comprensión completa de estos engranajes, es
imposible entender el ritmo, las características y las limitaciones de la transición chilena. El
316
DIARIO “MERCURIO DE VALPARAÍSO”, Jueves 1 de Marzo de 1990, pág. 9.
317

307

CAPÍTULO II

conjunto de sus piezas ha sido dispuesto de tal manera que la sumatoria constituye un
mecanismo de alta precisión, cuyos componentes se refuerzan mutuamente, evitando su
supresión o la modificación de sus contenidos. En términos prácticos, para las autoridades
democráticas los distintos componentes del amarre originan una surte de terreno minado,
cuyas esferas de aplicación hay que eludir para lo cual, a su vez, se hace indispensable un
ritmo lento, cauteloso y prudente en el propio quehacer del gobierno”318.

De esta forma esta serie de elementos no ha permitido el normas funcionamiento de las
instituciones democráticas y por ende no ha permitido la consolidación de esta, por lo cual
no podemos señalar que el proceso de transición haya finalizado producto de que todavía
no se ha logrado una democracia libre de la tutela de ciertos elementos heredados del
Régimen Militar.

A continuación veremos las relaciones cívico – militares durante el proceso de transición a
la democracia, poniendo el énfasis en los primeros años de la transición en el gobierno de
Patricio Aylwin, ya que en esos años se fijaron las pautas de cómo sería el desarrollo de
estas durante el resto del proceso de la transición, y además por que en estos años se viven
las situaciones regresivas más tensas de amenazas del Ejército frente a las autoridades
civiles.

Las manifestaciones más patentes de la situación descrita en el párrafo anterior, sin duda
fueron el “ejercicio de alistamiento y enlace” y el “boinazo”, ambos temas que ya fueron
analizados, por lo que no se les incluirá en este apartado, el que busca fundamentalmente
ver las pautas de relación cívico – militares como ejemplo de lo que serán estas a lo largo
del período de los gobiernos de la Concertación.

318
Ibidem, pág. 113 – 114.

308

CAPÍTULO II

3.- LAS RELACIONES CÍVICO – MILITARES: SUS PROBLEMÁTICAS Y
REPERCUSIONES PARA EL PROCESO DE TRANSICIÓN

3.A.- LOS PROBLEMAS DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS DE LA
TRANSICIÓN

3.A.1.- NOMBRAMIENTO DE PATRICIO ROJAS SAAVEDRA COMO
MINISTRO DE DEFENSA DEL GOBIERNO DE PATRICIO AYLWIN Y LOS
NOMBRAMIENTOS DE LAS SUBSECRETARÍAS DEL MINISTERIO: EL
COMIENZO DE LOS PROBLEMAS

En los últimos días de 1989, cuando ya Patricio Aylwin había dado un gran paso
hacia la transición al haber ganado las elecciones presidenciales, empieza a pensar en la
composición de su futuro gabinete. Como era obvio uno de los cargos más importantes y a
la vez complicados teniendo en cuenta que los militares todavía no se hacían a la idea de
que tendrían que dejar el poder y más aún subordinarse ante los mandos civiles, era el de
Ministro de Defensa. En este contexto Patricio Aylwin ya pensaba en Patricio Rojas
Saavedra, hombre de Estado, 56 años y que durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva
había ocupado tempranamente los cargos de Subsecretario de Educación y más tarde de
Ministro del interior, y que durante la campaña de diputados y senadores en 1989 había
encabezado la campaña senatorial de Andrés Zaldívar, quien ganó un cupo por Santiago a
pesar de los negativos pronósticos.

Una vez instalado en el puesto de Ministro de Defensa, Patricio Rojas debe buscar
colaboradores para sus cinco subsecretarías. De esta manera propone para Aviación a
Mario Fernández (democratacristiano, con un doctorado en Alemania y especialización en

309

CAPÍTULO II

el mundo castrense), para Carabineros a Jorge Kindermann (ex – intendente de Arauco),
para Marina a Tomás Puig (liberal más cercano a la derecha), para Investigaciones a Jorge
Pantoja (brigadier en retiro) propuesto por el nuevo director de Investigaciones general
Horacio Toro. Finalmente para la Subsecretaría de Guerra, el ministro Patricio Rojas
propone al sociólogo democratacristiano Carlos Huneeus, protagonista de uno de los
primeros roces del aparato castrense con el mundo civil, ya que Carlos Huneeus “habla para
la revista Análisis, declarándose conocedor de la mentalidad militar, el mayor general Jorge
Ballerino, Ministro Secretario General de la Presidencia, transporta la enérgica protesta el
gobierno saliente”319. Debido a esto y antes de ser nombrado oficialmente, Carlos Hunneus
es reemplazado en el puesto por el abogado Marcos Sánchez quién debía ir como
embajador a Paraguay. Esta destitución antes del nombramiento producto del reclamo
militar se debe a la gran tensión que existe entre el Ministerio de Defensa y las Fuerzas
Armadas, especialmente el Ejército, debido en gran parte a que durante el proceso de
búsqueda de candidatos para las diferentes carteras del Ministerio de Defensa, los militares
no sólo llevaron los problemas a la discusión de los nombres de los candidatos a ocuparlas,
sino también a que los militares insistían en que estas subsecretarías debían ser ocupados
por oficiales en servicio activo.

De esta manera concluye una de los primeras fuertes tensiones con los militares del proceso
de transición a la democracia, en donde finalmente si bien los militares hacer sentir su
opinión esta en esta ocasión debe supemeditarse al poder civil.

3.A.2.- LOS ITINERARIOS DEL MINISTRO DE DEFENSA PATRICIO ROJAS Y
DEL RÉGIMEN MILITAR PARA ENFRENTAR LAS RELACIONES CÍVICO –
MILITARES DURANTE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

El Ministro Patricio Rojas tenía una dura tarea en el Ministerio de Defensa ya que
era el encargado de mantener el vínculo civil con el poder militar cuando recién estos están

319
Op. Cit., CAVALLO, ASCANIO. “La Historia Oculta de la Transición. Memoria de una Época: 1990 –
1998)”, pág. 14.

310

CAPÍTULO II

en un proceso de retirada del poder y de adaptación a la nueva realidad en donde la esfera
civil es el nuevo poder dentro del país. De esta manera el ministro Rojas debe cumplir con
cierto itinerario fijado por quines estaban a cargo de todo el proceso de regularización del
poder durante la transición dentro de la Concertación y que debía ser aplicado según el
criterio del ministro. Es así que podemos señalar los siguientes elementos que entrega
Ascanio Cavallo320, quien asegura que ellos han sido contrastados y verificados por
diversos altos funcionarios del gobierno de Patricio Aylwin y a su vez sintetizados por el
propio ministro Patricio Rojas en una ponencia internacional “Seminario Internacional
Sobre Relaciones Cívico – Militares” en Managua del 25 al 27 de Abril de 1994, bajo el
título de “La Transición en Chile 1990 – 1994”. De esta manera estos elementos se pueden
sintetizar y enumerar como sigue a continuación321:

1.- “El período presidencial es de excepción y durará sólo cuatro años, plazo único y no
permanente. Este plazo significa que deberá trabajar con velocidad para producir la
normalización institucional, y que la reconciliación, tema central de esta gestión, deberá
avanzar con una combinación de prudencia y prisa”.

2.- “El Congreso está desequilibrado de sus mayorías electorales por la presencia de nueve
designados sobre 38 elegidos. Cuatro de ellos proceden de las Fuerzas Armadas, dos más
han sido nombrados por el general Pinochet y en los otros tres la opinión del gobierno
militar ha pesado como una aplanadora. Los esfuerzos por modificar la legislación
heredada estarán restringidos por un doble realismo: la necesidad de negociar y la
imposibilidad de llevar a cabo los proyectos en que la oposición y las Fuerzas Armadas no
den señales de ceder. No hay que perder tiempo”.

3.- “El Consejo de Seguridad Nacional incorpora, entre sus ocho miembros, a los cuatro
comandantes en jefe. Al estar dotado de la capacidad de “representación” ante la autoridad
civil, este organismo traducirá el equilibrio precario – el virtual empate – con los poderes

320
Ibidem, pág. 15.
321
Idem, pág. 15 (Los elementos entre comillas han sido tomados textualmente de esta obra).

311

CAPÍTULO II

armados. Será indispensable asegurar los votos civiles y tener siempre a lo menos un voto
favorable entre los militares”.

4.- “Los comandantes en jefe son inamovibles por ocho años más. Perdida la facultad
presidencial de remover a los jefes militares, y ante el hecho de que los actuales podrán
seguir en sus cargos más allá del período presidencial, es preciso asegurar desde el
comienzo la preeminencia constitucional del Jefe de Estado en todos los otros terrenos”.

5.- “La ley orgánica de las Fuerzas Armadas ha sido dictada a última hora del régimen
militar, con el desacuerdo de la Concertación en varios puntos, y después de una
negociación que sólo pudo morigerar algunos de los aspectos más duros del proyecto
original. El resultado central es que el Presidente no podrá llamar a retiro a los oficiales,
sino atenerse a lo que los comandantes en jefe propongan; pero la misma ley lo faculta para
que disponga. Esta ambigüedad tendrá que ser resuelta en los hechos y va a constituir la
principal definición cuando se produzcan los procesos de retiros, promociones y
designaciones de cada año. Será un frente duro”.

Por su parte los militares también poseían un itinerario de los primeros pasos con que
enfrentarían su retirada a los cuarteles para las nuevas relaciones que se darían con el poder
civil y principalmente el problema de que debían subordinarse a este. De esta manera y
siguiendo textualmente el itinerario que crea Ascanio Cavallo322, estos elementos que el
régimen militar debía asegurar antes de su retirada a los cuarteles eran:

1.- “Las negociaciones en torno a los senadores designados y al Consejo de Seguridad
Nacional han creado un equilibrio demasiado precario. Aunque el gobierno no podrá
imponer plenamente su voluntad, las Fuerzas Armadas hallarán dificultades para expresarse
en estas instancias, especialmente si se presentan cuadros de tensión política. Los bordes
del concepto de deliberación podrían volverse muy tenues”.

322
Ibidem, pág. 16 (Los elementos entre comillas han sido tomados textualmente de esta obra).

312

CAPÍTULO II

2.- La ambigüedad en la relación del mando, y en particular del comandante en jefe, con el
poder político. El general ha insistido en que no se relacionará con el ministro, pero la ley
no es nítida. La fuente de conflicto puede derivara de la disputa administrativa al problema
de principios”.

3.- “El flanco frágil ofrecido por los problemas de violaciones a los derechos humanos. El
cambio generacional, la falta de difusión, el tiempo y la ley de amnistía han creado un
espeso velo para la mayoría de los oficiales: sólo hay ansiosas sospechas y oscuros temores.
Un pozo sin fondo se puede abrir ante todos”.

4.- “Los defectos de una ley orgánica dictada a toda prisa y con evidentes vacíos en las
atribuciones del mando militar. Aunque el ejecutivo ha sido limitado en su injerencia sobre
el funcionamiento de las instituciones armadas, la autonomía plena no ha podido ser
consumada. El gobierno retendrá importantes facultades en materia de enajenaciones,
adquisiciones, bajas, retiros, destinaciones y nombramientos. Lea ambigüedad de la ley
creará un territorio de lucha”.

5.- “La calidad de objetivo político del comandante en jefe, con el previsible esfuerzo por
sacarlo, más allá de la inamovilidad constitucional. Este será el epicentro de todas las
tensiones y la última línea de retroceso del Ejército”.

3.A.3.- LA OPOSICIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS ANTE LA CREACIÓN DE
LA COMISIÓN RETTING

El abogado Francisco Cumplido fue quien el presidente Patricio Aylwin eligió como
Ministro de Justicia. Este tenía la prioridad de liberar a los presos políticos antes de un año
como se había prometido en la campaña presidencial. Pero ese no era el único problema a
resolver con respecto a las violaciones a los derechos humanos, sino el tema de fondo era
conocer la verdad y hacer justicia frente a estas atrocidades, ya que esa era no sólo una de

313

CAPÍTULO II

las tantas promesas electorales de Aylwin sino sobre todo era la razón de su elección y de
su gobierno.

De esta manera el presidente Patricio Aylwin decide concretizar en una comisión que
investigue las violaciones a los derechos humanos durante el Régimen Militar. Esta surge
de un memorando sometido a la comisión de derechos humanos que funcionaba durante la
campaña presidencial de Patricio Aylwin. De aquí surge un documento redactado por el
abogado José Zalaquett, primer jefe jurídico del Comité Pro Paz, que principalmente
indicaba que sería inviable derogar la Ley de Amnistía de 1978 y que para tratar el
problema de los derechos humanos se requerirá de una política global sobre el tema,
propuesta que se anuncia en “El título III enuncia es política: Opción general de preferir el
conocimiento de la verdad por sobre la aplicación de sanciones penales”323. Bajo este
documento y teniendo en cuenta que Patricio Aylwin consultó con el presidente argentino
Carlos Saúl Menen y el presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle que la política que
aplicase sobre derechos humanos la debía aplicar pronto, el presidente Aylwin decide crear
la comisión a pesar de las reticencias de sus ministros Enrique Correa y Edgardo
Boeninger, ministros secretarios generales de Gobierno y de la Presidencia
respectivamente.

Dentro de este contexto Zalaquett expone ante el presidente Aylwin los escenarios que
podrían darse en cuanto a los resultados que fuese dando la creación de la comisión, los
cuales se enumeran a continuación:

1.- “El modelo de los adversarios desarmados, originado a partir de los juicios de
Nurenberg y Tokio y seguido en diversas latitudes por las fuerzas vencedoras, desde
Suharto hasta Fidel Castro, desde el sandinismo hasta ... la Junta Militar chilena: un espacio
donde el excesivo imperio de la fuerza pone en riesgo a la propia justicia”.

323
Ibidem, pág. 19.

314

CAPÍTULO II

2.- “El modelo de adversarios desmoralizados, como en la Grecia de 1967 y en la Argentina
de 1983, donde la copa de la pirámide está moralmente quebrada, pero en las bases persiste
el espíritu de cuerpo”.

3.- “El modelo de Fuerzas Armadas cohesionadas que, aun frente a la derrota política,
pueden racionalizar su papel de servicio a la nación y defender su preeminencia e
intangibilidad en nombre de esos valores, como en Uruguay, Guatemala y, más que en
ningún otro lugar de América, el Chile de los 90”324.

De esta manera Zalaquett y Aylwin empiezan a analizar los alcances que podrá tener esta
comisión sobre derechos humanos y llegan a las siguientes conclusiones:

A.- Finalidad y Facultades: investigar, pero por sobre todo con la finalidad de conocer la
verdad de los hechos, para posteriormente poder denunciar estos hechos a los tribunales
ordinarios, pero en ningún caso se podrá dictar sentencia desde esta comisión.

B.- Límites: Tan sólo los casos de muerte deben ser tratados por esta comisión debido a que
otras formas de violencia serían muy difíciles de indagar y comprobar a pesar del
conocimiento que se tiene las dos tipologías más graves de violaciones a los derechos
humanos como lo son el exilio y la tortura. En este sentido, con respecto a el exilio, “los
casos de ostracismo son ya irreparables; lo que se puede hacer es ayudar a quienes regresan
a insertarse”325; con respecto a los casos de tortura se produce un análisis más complejo
debido a que “se podría tratar de unos 20 mil casos, muchos de ellos ocurridos hace muchos
años, la mayoría sin pruebas clínicas y la indemnización podría actuar como elemento
corruptor”326.

324
Ibidem, pág. 20 (Los elementos entre comillas han sido tomados textualmente de esta obra).
325
Idem, pág. 20.
326
Idem, pág. 20.

315

CAPÍTULO II

C.- La Categorización de los Violaciones a los derechos Humanos: básicamente en este
aspecto se dan dos vertientes. Por un lado estaría la “Doctrina Restrictiva”, es decir, en
donde se da por sentado que sólo el Estado viola en propiedad los derechos individuales,
puesto que los demás son delitos comunes , y por otro lado la “Doctrina Amplia”, en donde
se contempla que también los particulares violan los derechos humanos cuando actúan en
cuadros de violencia política contra personas que no pueden defenderse o con una
planificada superioridad de medios. En este sentido tanto Zalaquett y Aylwin según
Ascanio Cavallo parecen concordar ya que “En el caso de Chile, parece razonable adoptar
esta última posición, dado que la razón de Estado, que ha amparado la violencia de los
agentes oficiales ha sido la subversión”327.

D.- Composición: para tener solvencia y credibilidad pública esta comisión debe estar
compuesta por figuras de diverso orden político en nombre fundamentalmente de la
pluralidad. En este sentido la presencia de la derecha política será pieza fundamental para
lograr tanto la aceptación pública como política de esta comisión.

Una vez logradas las direcciones en donde se moverá esta comisión, como también así su
base teórica, debe empezar a crearse la nómina de sus participantes, proceso complejo
fundamentalmente por tener que contemplar figuras de la derecha o del régimen anterior
que sin duda desde el punto de vista del gobierno en su mayoría intentarían entorpecer el
trabajo de esta comisión. Es así como primeramente el presidente Patricio Aylwin le pide al
propio abogado José Zalaquett que sea parte de esta comisión, posteriormente se lo pide a
Ricardo Martín, senador designado, ex – ministro de la Corte Suprema y amigo personal
además de contar con la invaluable experiencia de haber formado parte de una comisión de
derechos humanos organizada directamente por el régimen Militar con el fin de analizar los
casos de exilio. Algunos días más tarde a fines de Marzo de 1990 el propio presidente
Aylwin invita a José Luis Cea a La Moneda para resolver algunas dudas jurídicas sobre los
alcances que podrá tener esta comisión, pero Cea, hombre independiente y figura inminente
del derecho constitucional le señala un término que deja más tranquilo al presidente:
“potestad reglamentaria autónoma”, por la cual y gracias a que la Constitución de 1980 que

327
Ibidem, pág. 21.

316

CAPÍTULO II

enumera todo cuanto sea materia de ley dejando por lo tanto a lo que no se nombre como
facultad del presidente, por lo cual mientras la comisión no sea acusada de invadir los
terrenos legislativos ni judiciales, podrá funcionar sin ningún problema, salvo las limitantes
que ello significa como no tener facultades de atribuciones jurisdiccionales, imperio o
capacidad de emitir sentencias, por lo cual la comisión debe mantenerse lejos de que se le
acuse de parecerse a un tribunal.

Por su parte los asesores de Augusto Pinochet planean una estrategia para enfrentar la
inminente conformación de este comisión. De esta manera empiezan a surgir alternativas
como la de Sergio Rillón de crear una contracomisión, rechazada inmediatamente por su
falta de credibilidad. Finalmente se opta por seguir el siguiente curso de acción:

A.- “Evitar que la comisión parezca representativa, es decir, que la integre gente que apoyó
al gobierno militar”.

B.- “Empeñarse a fondo ante las autoridades para representarle el peligro de la iniciativa”.

C.- Denunciar los fines y las definiciones de la comisión, insistiendo en su carácter para –
judicial, lo que, en el óptimo, puede llegar a su descalificación por la Contraloría o el
Tribunal Constitucional”.

D.- “Impugnar su validez política, incluso con el Consejo de Seguridad Nacional, si ello es
posible”328.

Siguiendo con estas directrices, los asesores de Pinochet realizan maniobras persuasivas
para que Francisco Bulnes Sanfuentes de Renovación Nacional, hombre de la “derecha
clásica” y compañero del en el Senado de Patricio Aylwin, el abogado y ex – presidente de
Renovación Nacional Ricardo Rivadeneida y el jurista Guillermo Pumpin de la Unión
Demócrata Independiente, no acepten el llamado del Presidente Patricio Aylwin a formar

328
Ibidem, pág. 21 y 22 (Los elementos entre comillas han sido tomados textualmente de esta obra).

317

CAPÍTULO II

parte de esta comisión , lo cual tiene éxito debido a que finalmente estos tres nombres
declinan la oferta. Aún así hay elementos de la derecha que aceptan la invitación que
realiza Aylwin. Es así como el senador designado y ex – miembro de la Corte Suprema
Ricardo Martin, a pesar de que el mayor general Jorge Ballerino, cabeza de este comité de
asesores de Pinochet, le plantea varias veces la inconveniencia de que el forma parte, pero
este replica que será quien velará por un trato justo al ejército. Otro revés para este comité
de asesores es que otra figura importante de la derecha, como lo es el historiador Gonzalo
Vial Correa, acepta formar parte de esta comisión con la condición de conocer y discutir el
decreto por el cual se creará la propia comisión.

Una vez resuelto el problema de quienes integrarían esta comisión, estaba el problema de
quien la encabezará. Es así como el Presidente Aylwin piensa inmediatamente en Raúl
Rettig, abogado de 81 años, que en la década de los ochenta fue opositor del Régimen
Militar a través de su presidencia en el Colegio de Abogados. Por su parte Zalaquett sugiere
al Presidente Aylwin incorporar a dos mujeres, las cuales finalmente serían la abogada
Laura Novoa y la asistente social Mónica Jiménez, quienes aceptan de inmediato. Sólo falta
llenar el cargo de secretario ejecutivo de esta comisión, cargo que desempeñaría finalmente
Jorge Correa.

Una vez conformada esta comisión, el ministro de Defensa Patricio Rojas cita el vice -
comandante en jefe del ejército, el teniente general Jorge Lúcar, ya que hubiese sido
peligroso citar primero a Pinochet, para informarle oficialmente al Ejército de la creación
de una comisión que estudiase la verdad de las violaciones a los derechos humanos durante
el Régimen Militar. De esta manera detalla que este nuevo ente se denominará Comisión
Nacional de Verdad y Reconciliación. Es así como luego de informar a los militares, la
noche del 24 de Abril de 1990, en La Moneda, el decreto 335 del Ministerio del Interior es
enviado a la Contraloría. Al día siguiente la comisión sesiona por primera vez.

Luego de la primera sesión la comisión se da a conocer oficialmente, “Las reacciones no
esperan. Los partidos de gobierno y organizaciones sociales respaldan los propósitos de la
Comisión; la oposición expresa sus aprensiones. Un grupo de figuras vinculadas al régimen

318

CAPÍTULO II

militar inicia la campaña de rechazo con una declaración pública”329. El ejército
inmediatamente busca apoyo en la Armada, la FACH y Carabineros para impedir el trabajo
de esta comisión, pero se da cuanta que está sólo debido a que esas instituciones, con
nuevos mandos, no están interesadas en bloquear el trabajo de la comisión, por lo que el
Ejército se da cuanta de que está sólo en esta empresa. De esta manera se dan varias
reuniones en donde tanto Jorge Ballerino como el propio Augusto Pinochet dan a conocer a
las nuevas autoridades civiles sus aprensiones sobre la formación de esta comisión,
aludiendo a que no podrían hacerse responsables de los disgustos y “situaciones
incontrolables” que se presentarán dentro del ejército si este se sintiese atacado. Las
autoridades de gobierno manifiestan que si el Ejército entregase la información necesaria
sobre el paradero de los detenidos desaparecidos y esclareciera con sus archivos las
violaciones a los derechos humanos, el trabajo de la comisión no sería necesario, pero el
ejército niega tener estos archivos, por lo que las autoridades des de gobierno niegan
disolver esta naciente comisión, lo que produce graves tensiones entre el poder civil y el
poder militar.

Los militares una vez analizado el espectro de sus fuerzas en donde el ejército estaba
prácticamente sólo en la tarea de invalidar la comisión, ya que la Armada por intermedio
del almirante Martínez Busch, realizaba un tibio apoyo, y tanto la Fuerza Área como
Carabineros habían anunciado que la comisión era una interesante alternativa para avanzar
hacia la paz social, empiezan a presionar para que sus partidarios civiles se pronunciaran en
contra de esta comisión. Así se dan las primeras aprensiones civiles, como señala Ascanio
Cavallo, “En las primeras semanas de mayo, mientras la Comisión envía oficios a las
Fuerzas Armadas para solicitar las nóminas de sus víctimas, nuevas señales de la posición
del Ejército se hacer llegar a la opinión pública. El senador Jaime Guzmán describe un
clima de “malestar” y el designado general (R) Santiago Sinclair aprecia una “animosidad
evidente” contra su institución”330. De esta manera empiezan las primeras indagaciones de
la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, para establecer la verdad de los ocurrido

329
Ibidem, pág. 23.
330
Idem, pág. 26.

319

CAPÍTULO II

sobre las violaciones a los derechos humanos durante el Régimen Militar encabezado por
Augusto Pinochet.

3.A.4.- EL COMITÉ ASESOR: LA RETAGUARDIA DEL RÉGIMEN MILITAR

Una vez que a Augusto Pinochet le llega la hora en la cual debe entregar el poder a
los civiles, más precisamente luego de perder el plebiscito del 5 de Octubre de 1988, este
junto a sus asesores, idea un aparato institucional que le permita a él, el ejército y a sus
colaboradores, retirase del gobierno y retomar sus antiguas (o nuevas en algunos casos)
funciones dentro del país sin tener que dar cuenta sobre lo sucedido durante el Régimen
Militar, ni mucho menos, soportar el esperado hostigamiento del cual serían objeto por
parte del nuevo régimen político y democrático del país. De esta manera constituye un
comité de asesores del régimen saliente, denominado “Comité Asesor Político – Estratégico
del Comandante en Jefe del Ejército”, o generalmente abreviado como el “Comité Asesor”
o “CAS”. En sus primeros momentos de vida y a cargo del general Jorge Ballerino, tuvo la
misión de primero entorpecer la creación de la Comisión de Verdad y Reconciliación, pero
una vez instaurada, tuvo la misión de entorpecer su labor y desacreditar tanto sus intereses
como sus investigaciones y objetividad, queriendo hacerla aparecer como un medio con el
cual el nuevo gobierno tomaría revancha del Ejército y Augusto Pinochet principalmente.
Es en palabras de Ascanio Cavallo331 “la línea de retaguardia”, que se define como un
organismo que debe soportar la pesada responsabilidad de cautelar la retirada del Ejército
del poder político.

El Comité Asesor, según Ascanio Cavallo, es “una versión simplificada del estratégico
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que encabezaba el mismo Ballerino en el
último gabinete de Pinochet. Sólo se redujo parte del personal civil y las tres divisiones
(ejecutiva, económica y social) se trasformaron en tres departamentos (también llamados

331
Ibidem, pág. 29.

320

CAPÍTULO II

“campos de reacción”): Interno y Externo, Económico y de Defensa Nacional. El
subsecretario fue reemplazado por un subjefe operativo y la unidad legislativa se convirtió
en asesoría jurídica”332.
E
sta hipótesis de que el Comité asesor es prácticamente la continuación de la labor que venía
realizando el Ministerio Secretaría General de la Presidencia del último gabinete del
general Pinochet se comprueba en que incluso hasta los nombre son los mismos, como
señala Ascanio Cavallo, al nombrar al “coronel (J) Juan Romero, segundo en la estructura
jurídica del Ejército, en la asesoría, con la misma ayuda externa que antes prestaba el ex –
auditor general Fernando Lyon; el coronel Carlos Molina Jonson en la Defensa Nacional,
aunque poco más tarde será promovido a la sub - jefatura operativa; el coronel Julio Vejar,
en el Departamento Económico; y el coronel Cristián Labbé en el departamento Interno y
Externo” 333.

Este Comité Asesor, una vez de creada la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y
anunciada la investigación de las violaciones de los derechos humanos a través de un
informe que finalmente se llamaría el Informe Rettig, empieza a ver mecanismos para
perturbar las investigaciones, y uno de los más importantes, es la opinión pública. Se
recurre a ella con el objetivo de hacer ver que los militares tiene mucho que decir en el
proceso de transición a la democracia dentro del país, por lo cual que los militares salgan
dando declaraciones contrarias a los actos y acciones del gobierno era inaceptable para este
último, pero también provocaba miedo en la población, miedo el cual en la opinión pública
podían hacer que el propio presidente vetara algunas investigaciones. Dentro de este
escenario, el poder civil empieza a pensar el real alcance de este comité en la política de la
transición. El ministro de Defensa Patricio Rojas señala que “si se permite que el ejército
mantenga una unidad dedicada a la intervención en política se dará legitimidad a lo que la
tradición jurídica designaba como sedición”334. Además Ascanio Cavallo describe que
Patricio Rojas señalaba que “El general Pinochet ha diseñado esta estructura como una

332
Ibidem, pág. 32.
333
Idem, pág. 32.
334
Idem, pág. 31.

321

CAPÍTULO II

forma de mantener su injerencia dentro del sistema político, ya no subterránea, sino abierta
y pública”335. Es decir ya se hablaba de “un gabinete en la sombra” o un “estado mayor de
co – gobierno”, “poder paralelo”, etc..., como señala Ascanio Cavallo, incluso este describe
que el propio general Ballerino, en su lógica de guerra lo ha descrito como una “línea de
retaguardia”. Este escenario es tomado realistamente por la gente de gobierno, por lo cual
se empieza a pensar que este canal de expresión política del Ejército, más que ser tratado
como un enemigo directo, se le debía tener en cuanta para finalmente darle un cause
conocido.

De esta manera el Comité podía ser utilizado por el gobierno para mantener estrecha una
comunicación y entendimiento directo con el general Pinochet, pero como esta era sólo una
idea, y lo preferible era desmantelarlo, tanto el gobierno como el Ministro de Defensa
Patricio Rojas inician una investigación sobre las actividades del Comité asesor. Al saber
que recopila información de variadas figuras públicas, el gobierno pide a la Contraloría
investigar las funciones de este Comité Asesor. Finalmente la Contraloría se pronuncia y
establece que el Comité Asesor podía funcionar como tal, pero alterando el orden del
comando y sin la atribución de reunir información. Este era un éxito parcial para el
gobierno por que la finalidad de desmantelar este comité no se había logrado, sólo se le
restaba la capacidad de recopilar información, situación, la cual, no podía ser comprobada
por ningún medio.

3.B.- EL CASO “PINOCHET”

Si bien hay muchos elementos de análisis trascurridos desde el gobierno de Patricio
Aylwin, que se deben analizar para entender la cabalidad de las relaciones cívico –
militares durante el proceso de transición a la democracia en Chile, no es aquí nuestro
objeto realizarlos, debido a que nuestro tema central en este apartado son las problemáticas
que esta relaciones cívico – militares han generado al proceso de transición a la democracia

335
Ibidem, pág. 31.

322

CAPÍTULO II

dentro del país. Es por este motivo de que este trabajo se ha tomado la libertad de analizar
tan sólo el principio de estas, como uno de sus episodios más controvertidos, el caso
Pinochet, dejando un gran vacío, en el período de ínter tanto de estas dos etapas.

Augusto Pinochet dejó el mando de la Comandancia en Jefe del Ejército el 10 de Marzo de
1998, bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz – Tagle, sucediéndole el general Ricardo
Izurieta. Desde ese momento quedó en condiciones de asumir el cargo de senador vitalicio,
cargo que se había creado bajo el Régimen Militar a través de la Constitución de 1980 y
que Pinochet no dudó en asumir sabiéndose una de las más importantes figuras de la
política nacional y del proceso de transición.

El 10 de marzo de 1998 se produce el cambio de mando en el Ejército, en donde
Pinochet deja el cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, cargo el
cual recae en Ricardo Izurieta, quien a su vez más tarde es reemplazo por Emilio
Cheyre (Fuente: Diario “La Nación”, en internet: http://www.lanacion.cl , edición
especial con respecto a los treinta años del golpe militar).

Pinochet el 16 de Octubre de 1998, viaja a Londres por razones médicas en donde es
detenido por un requerimiento de la justicia española en esa ciudad, lo que constituía un
hecho muy trascendente tanto para el país como par la justicia internacional. Debido a esto
el caso provocó gran impacto sobre todo por que afectaba gravemente al proceso de
transición en Chile, ya que "El gobierno de la Concertación de Partidos Por la Democracia,

323

CAPÍTULO II

del presidente Eduardo Frei Ruiz - Tagle, se encontró en una incomodísima situación de
rechazar la jurisdicción de España y tomar medidas para lograr el regreso a Chile del
anciano general, lo cual fue visto por muchos como una manera de "defender" a
Pinochet"336. Esta situación y su desarrollo posterior de enjuiciamiento y sobreseimiento en
Chile, luego de que se logró su retorno al país trajeron muchas consecuencias políticas y
electorales, como por ejemplo una baja en la credibilidad de la Concertación, en la
confianza de la gente sobre el proceso de la transición, sobre el tema de los derechos
humanos, una baja electoral ostensible de la Concertación, etc...

De esta manera se seguía con una estrategia de tan sólo reformas y no de rupturas con el
Régimen Militar para el normal y completo desarrollo del proceso de transición a la
democracia, por lo cual podemos establecer que fue este un caso importante, pero de
ninguna manera abre una nueva etapa del proceso de transición, tan sólo reafirma que el
querer lograr el consenso de parte de todos los actores políticos con fines netamente
electorales ha hecho que el proceso de transición pase a un segundo plano, en donde la elite
política ha hecho caso omiso de todos los planteamientos luego del plebiscito de 1988
8tanto la Concertación como la derecha) y han pactado tácitamente cerrar el proceso de
transición, para seguir sin problemas en sus proyectos a futuros, los cuales no distan
mucho, ya que su motivación principal es mantener una representación lo más alta en
ambas cámaras del Congreso y a su vez el objetivo final es el logro de la presidencia en
ambos bandos políticos.

El Caso Pinochet fue la prueba más fehaciente del
carácter pactado de la transición chilena, ya que su
retorno y su sobreseimiento en Chile era la moneda
de cambio por el retiro de Pinochet de la política
activa, como parte de un pacto entr la Concertación y
la derecha, a las cuales la figura de Pinochet les era
incomoda para sus distintos fines.

336
HUNNEUS, CARLOS. “Las Consecuencias del Caso Pinochet en la Política Chilena”. Centro de
Estudios de la Realidad Contemporánea. En Internet: www.cerc.cl/Publicaciones

324

CAPÍTULO II

4.- LOS PERSISTENCIA DE LOS “ENCLAVES AUTORITARIOS” EN EL
PROCESO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

Manuel Antonio Garretón ha inventado la célebre concepción de “enclaves
autoritarios” para referirse a aquellos elementos de corte autoritarios, herederos del
Régimen Militar que están presente en el sistema democrático actual, dificultando el
tránsito a la plena democracia. Estos enclaves estarían dividios en tres grandes grupos, los
cuales serían:

1.- Institucional: Impiden o limitan el ejercicio de la voluntad popular, el principio de
representación y el gobierno efectivo de las mayorías, y la subordinación de las Fuerzas
Armadas y de Orden al poder político eliminando sus prerrogativas políticas. Sus
manifestaciones son:

Elementos Normativos
Elementos Constitucionales
Elementos Legislativos

2.- Ético – Simbólico: Básicamente este enclave consiste en los diferentes efectos que han
tenido las violación a los derechos humanos durante el Régimen Militar, como también así
el proceso de justicia y reconciliación en base a estas violaciones durante el período de
transición a al democracia. El autor señala que también tiene una manifestación
constitucional, la cual esta concretizada por ejemplo en la Ley de Amnistía o la incapacidad
de las instituciones judiciales nacionales para llevar a cabo un justicia concreta y efectiva.

3.- Actoral: este enclave viene a ser todo grupo aquél o persona que busca conservar la
“obra” y la institucionalidad heredada del Régimen Militar, ya que más que definirse en
términos de presente y futuro democrático, han buscado lograr la proyección del Régimen
Militar y adecuarlo a las circunstancias del sistema democrático para lograrlo (“el
pinochetismo”). Dentro de este enclave actoral se pueden encontrar un:

325

CAPÍTULO II

Cierto Grupo Militar
Ciertos Sectores Civiles de la Derecha (fundamentalmente algunos grandes grupos
económicos)

Por su parte el mismo Garretón ha señalado de que “Se podría argumentar la existencia de
un cuarto enclave autoritario, de tipo sociocultural, que tendría que ver con los rasgos
clásicos de una sociedad que ha vivido más de una década de dictadura que ha buscado
implementar un nuevo modelo de relaciones entre Estado y sociedad, erradicar la política,
someter las interacciones societales al modelo de mercado, restringir las libertades y reducir
el espacio público, e imponer un esquema económico que dio por resultado la
fragmentación, elitización y atomización sociales. En fin, una dictadura que a través de
cambios estructurales, institucionales y uso de la represión desarticuló el modo tradicional
de constitución de los sujetos y actores sociales y restringió las bases materiales de
generación de movimientos sociales, sin constituir polos nuevos de surgimiento de éstos
(con la excepción, probablemente, de los específicamente antidictatoriales como las
organizaciones de derechos humanos)”337.

Por su parte para Camilo Escalona, “La dictadura generó nuevos actores y
comportamientos culturales. Entre ellos sobresalen los nuevos políticos de la derecha, los
nuevos ricos de la parranda neoliberal y el fenómeno del militarismo con o sin
uniforme”338, los cuales entrarían en la categorización del tercer enclave autoritario.
Escalona dentro de esta categorización señala que estos nuevos actores serían:

1.- Los Nuevos Políticos de la Derecha: “Esa mezcla de prepotencia e ignorancia que se
cobijó en las alcaldías, seremis, gabinetes ministeriales, empresas públicas luego
privatizadas, asesorías jugosamente pagadas, etc…

Esos nuevos políticos de derecha se convirtieron con el cambio de gobierno en diputados y
senadores opositores. Al inicio de la transición se esmeraron en cuidar las formas. Debían

337
338
Op. Cit., ESCALONA, CAMILO. , pág. 36.

326

CAPÍTULO II

convencer que se trataba de gente culta, sensata, criteriosa. Debían desmentir que se habían
amparado en el mismo poder, sádico e implacable, que había perseguido o excluido a sus
nuevos y obligados interlocutores, antes satanizados en sus intervenciones y discursos, pero
ahora en el Gobierno o en el Parlamento del país. Con el cambio de la situación nacional se
proponían lograr que se impusiera el olvido y no se recordara que durante más de una
década no quisieron escuchar o creer que el terrorismo de Estado era consustancial al
régimen del cual provenían y se habían alimentado.

Esos nuevos políticos de derecha debían tratar de blanquear tras sus anchas y amplias
sonrisas un pasado que les acusaba. Presurosos en genuflexiones, sus manos bien cuidadas
debían indicar que nada tenían que ver esos dedos y tan delicada piel, con la mano áspera e
insensible de los torturadores y carceleros.

Esos nuevos políticos de derecha se esforzaban en exhibir su versatilidad jurídica de modo
de no ser confundidos con los “improvisados” juristas que actuaron en los Consejos de
Guerra o con la irrefrenable expansión de la justicia militar bajo la dictadura. A comienzos
de 1990, ya no se podía afirmar como lo hiciera una vez un presidente de la Corte Suprema,
cuyo nombre no vale la pena recordar, que el tema de los detenidos desaparecidos lo tenía
“curco”.

Esos nuevos políticos de la derecha aprendieron con rapidez las ventajas del cinismo y la
hipocresía. Amparados por la Constitución del 80’ podían culpar a las circunstancias de las
carencias d una democracia imperfecta y de un Estado de Derecho bajo tutela.

Esos nuevos políticos de la derecha podían ir más lejos, mostrarse receptivos al tema d los
derechos Humanos, lógico, exclusivamente hasta el punto en que la preocupación se
trasformar en convicción y la convicción en justicia. Incluso, uno de ellos llegó a reunirse
con familiares de las víctimas, o único malo fue que no pudo ocultar la finalidad
electoralista, y por tanto, censurable de esa iniciativa.

327

CAPÍTULO II

Esos nuevos políticos de la derecha que trataron de hacer y lograron en buena medida un
tremendo negocio con la llamada “política de los consensos”, pues la usaron para
blanquearse a sí mismos e intentar blanquear al régimen del cual provenían.

Esos nuevos políticos de la derecha se desnudaron al verse obligados a salir en defensa de
“su” general preso en Londres. Lo han hecho con dientes y muelas, con rabia, encono, con
la energía del que se sabe herido, porque la imprudencia de su caudillo al viajar en busca de
salud a tierras lejanas, donde no fue invitado y habría de ser procesado, les empujó a
mostrarse tal como son: iracundos, chantajistas, inescrupulosos, desleales”339.

2.- Los Nuevos Ricos: “Esa versión criolla del gran capitalista. El “cuesco cabrera” que se
convirtió en gerente o gran accionista. Esa especie soberbia y arrogante que se cree que en
Chile pertenece sólo a ellos.

Los nuevos ricos ansiosos de celebridad y boato. Intolerables, agresivos, cínicos, incultos.
Que piensan que todo lo saben, pero no saben nada, salvo, claro está, ganar dinero y
protegerlo.

Los nuevos ricos con muchos bienes y cuantiosas fortunas cuya procedencia es oscura.
Cuyos abundantes millones no se sabe bien de dónde salieron, peor que, no obstante, dictan
cátedra de lo que se debe y no se debe hacer en el campo de la ética, contra la corrupción y
por el “bien común” del país.

Los nuevos ricos que, altos funcionarios, pasaron a grandes empresarios, y que
permanecerán, por tanto, embriagados de por vida con un tipo de modernización que les
hizo poderosos de la noche a la mañana. Aquella que otorga manga ancha al que tiene
riqueza e inseguridad y angustia al que no la tiene.

339
Ibidem , pág. 37 - 38.

328

CAPÍTULO II

Los nuevos ricos que se han topado con un tipo de país en el cual siempre se les dice que sí,
y cuando no, pueden recurrir a sus pares, los nuevos políticos de la derecha para imponer
sus intereses desde el Senado de la república.

Los nuevos ricos que manipulan el sistema político impidiendo el financiamiento público y
transparente de las campañas electorales, reservándose por vía del dinero un poder de
intromisión en los asuntos públicos de la nación chilena, que difícilmente puede existir en
otro país democrático.

Los nuevos ricos que concentran en su poder más de la mitad del ingreso nacional, que han
incorporando un sector de la sociedad a un nivel de consumo desmesurado y agobiante
logrando que cientos de miles de personas queden esclavizadas por sus deudas
descontroladas. Los nuevos ricos que conciben los recursos naturales únicamente como
factores e inmediatos de maximización de sus ganancias, cuya mirada cortoplacista
conduce a liquidar y dilapidar las materias primas, los recursos energéticos y las fuerzas
laborales, despreciando todo compromiso con el desarrollo sustentable de la nación chilena.

Los nuevos ricos se complacen con el creciente control informativo existente en el país,
usufructúan de la censura y condenan la cultura nacional a los límites de superficialidad y
ausencia de densidad que le resultan convenientes, intentando rebajar el horizonte cultural
de la nación a la vente de publicidad y a la comercialización de productos importados.

Los nuevos ricos desprecian profundamente la voluntas ciudadana y prefieren mantener un
régimen político semi – democrático, atado al pasado, en el cual los grupos de presión con
mayor poder deciden lo que se hace y no se hace en Chile. En suma, los nuevos ricos son
hijos ilustres de Pinochet porque profesan la misma ideología antidemocrática y la misma
cultura despótica”340 .

340
Ibidem, Pág. 38 - 39

329

CAPÍTULO II

3.- El Militarismo, Con y Sin Uniforme: “Si esto se mantiene comenzarán a caer víctimas
de lado y lado”; “será muy difícil para los comandantes en jefe controlar lo que pasará en
sus cuarteles si Pinochet no regresa pronto”; “habrá reventones”, éstas y muchas más han
sido las expresiones de altos oficiales en retiro Ante el “caso Pinochet”. No cabe duda que
el arresto de su Comandante en jefe, caudillo y máximo jerarca durante 25 años, al que
deben sus exitosas carreras, ubicadas profesionales en el escalafón, galones, destinaciones,
figuración social, etc…, trastorna la visión y el ánimo de estos jubilados de las fuerzas
Armadas, cuya vida fue la incondicionalidad y la obsecuencia frente al ex – dictador.

Se trata de ex – altos cargos que vivieron el período del ostracismo militar, es decir, una
larga etapa en que sus vidas profesionales languidecían, sin pena ni gloria, detrás de los
elevados murallones de los regimientos, asilados de la sociedad, pero bajo el alero y la
mirad vigilante de lo oligarcas y poderosos de turno. Sobre todo en el campo, los vínculos y
lazos sociales de los oficiales se establecían supeditados al amparo de influyentes
terratenientes conservadores, reaccionarios hasta la médula, que siempre les consideraron,
simplemente, como su brazo protector ante eventuales “desbordes” de la peonada.

En ese clima tedioso, nada heroico, soportando el desdén e incluso el desprecio de los
dueños de la tierra y del dinero, institucionalmente postergados y al borde de la
obsolescencia, atrapados en la somnolencia o en la abulia de instituciones armadas
instruidas esencialmente para una imaginaria guerra antisubversiva, pero sin capacidad de
interferir por sí solas en la mancha de la nación, en tales circunstancias se incubó una
especie de “Rambo frustrado”, sabedor que en sus manos estaban armas mortíferas, pero
resentido y odioso, a la espera de acciones heroicas, sin que pudiera hacer uso de esos
instrumentos letales para dominar, mandar, eliminar y, finalmente, vencer al “enemigo”.

En la generación de semejante “patriota”, le cabe una responsabilidad determinante,
soslayada hasta hoy, a la instrucción recibid por estos oficiales en su juventud, en el
complejo de adoctrinamiento, formación y preparación táctico – operativa de las academias
y centros de formación de instrucción de los estados Unidos.

330

CAPÍTULO II

En la selva panameña o al interior de algún cuartel gringo, el “Rambo frustrado”,
procedente de nuestro alejado y pequeño país, recibió un estímulo adicional para sentirse
con la legitimidad, el “orgullo”, en jerga castrense, para autoconferirse la autoridad, el
“don”, la misión de imponerle a la sociedad sus propios dogmas conceptuales, una
determinada moral, de la Seguridad Nacional, se inserta en el vértice de la premisas
ideológicas que impulsaron a un puñado de uniformados a decidir la muerte o la vida de
muchos de sus compatriotas, sin que ellos tuviesen siquiera un alfiler en sus manos con el
cual defenderse. El enceguecimiento ideológico les empujó a actuar sin distinguir el ámbito
de lo moral o lo inmoral, del valor o de la cobardía, en su desenfreno tan espantoso que
todo acto de crueldad se excusaba, y las torturas, desapariciones forzadas y crímenes de
lesa humanidad se entendían como “servicios a la patria”.

Este nuevo personaje de la sociología nacional no sólo tuvo un poder incontrarrestado bajo
el régimen militar, sino logró en el proceso de transición una porción significativa de
injerencia y capacidad de intervención, permaneciendo sus diferentes individualidades en el
interior de lo que ahora se llama “familia militar”, en servicio activo o en retiro, pero
trasmitiendo y acreciendo sus distorsionados sueños de grandeza, convocando a una acción
corporativa en demanda de lealtad con una conducta que, por cierto, nunca se fundó en la
moral y en la lealtad, vale decir, generando ciegas solidaridades que excusaran los crímenes
de lesa humanidad ejecutados en personas indefensas.

Lamentablemente el endiosamiento de Pinocho en el seno de los uniformados y su
permanencia 25 años en el máximo cargo institucional, congelaron la evolución de la
mentalidad del militar chileno. Los viejos oficiales en situación de retiro, acomodados a
una nueva situación muy distante del ostracismo que les tocara conocer, satisfechos con sus
elevadas figuraciones sácielas, engreídos por ser número puesto de las recepciones de gente
ociosa con marketing y asiduos rostros de las fotografías en la páginas sociales e las
revistas más elegantes del poder fáctico empresarial criollo, ya no están en condiciones de
emprender ninguna aventura sediciosa. Sus amenazas son declamaciones casi por inercia.
Constituyen el agradecimiento forzado hacia “su” protector de tantos años. Sin embargo,
lamentable y tristemente, jóvenes oficiales que conocen la DINA exclusivamente en el

331

CAPÍTULO II

relato corporativo y mesiánico trasmitido en el interior de los cuarteles, muestran en sus
expresiones la misma intolerancia e irracionalidad que nutrió los núcleos generadores que
dieron vida a los centros del horror pinochetista. Es frustrante constatar que la ideología del
odio se reproduce en jóvenes que. Sin memoria histórica, reciben e incorporan en su
mentalidad militar un relato mesiánico que trastrueca valores esenciales y que presenta
como heroicos los actos más infames y condenables. La “obra” del régimen militar viene a
ser la excusa de tal aberración histórica. Es evidente que la transición no ha traspasado los
gruesos murallones que cobijan una ideología corporativa ajena a la mentalidad y tradición
democrática. Esperamos que ello finalmente ocurra para bien de la estabilidad institucional
de la nación chilena.

Esta descripción no presupone que estos actores herederos no cambien de acuerdo con el
muy antiguo juicio dialéctico de Heráclito, que “todo fluye y se transforma”. Más aún, es
deseable que experimenten esos cambios, que vendrían a coadyuvar a la restauración
democrática. No obstante, los porfiados hechos, la idolatría que hacia Pinochet profesan
estos actores, sean civiles o uniformados, su valoración dogmática de lo que consideran la
“obra” del régimen militar, señalan más que avances, retrocesos en la evolución ideológica
de estos sectores de la derecha chilena. El caso de Renovación Nacional ahorra más
comentarios. No cabe duda que en el núcleo rector de la derecha y sobre todo en las
instancias deliberativas de la llamada “familia militar”, queda un largo trecho que recorrer
para que se internalice la convicción que la convivencia social más estable es aquella
fundada en el ejercicio pleno de las libertades y derechos ciudadanos, sin guardián tutelar
alguno, que resuelve en nombre de intereses corporativos o ideologías mesiánicas lo que
corresponde decidir a la sociedad en sus conjunto y concretamente, a las instituciones que
emanan del mandato ciudadano, expresado en una soberanía popular sin cortapisas ni
limitaciones autoritarias” 341.

De esta manera, para Garretón Y Escalona, estos “enclaves autoritarios”, en el caso del
primero, y los nuevos actores del sistema democrático, para Escalona, son elementos que

341
Ibidem , pág. 39 – 41.

332

CAPÍTULO II

han dificultado el proceso de la transición a la democracia, ya que constantemente están
frenando cualquier tipo de cambio que signifique alterara algún orden constitucional
heredado del Régimen Militar, requisito fundamental para resolver la mayoría de los
elementos que están pendientes del proceso de la transición a ala democracia, como por
ejemplo para resolver los elementos del “amarre constitucional” y sus pilares autoritarios
como el sistema binominal, los senadores designados o las mismas propias rígidas normas
para reformar la Constitución de 1980.

De esta manera el conocimiento de los “enclaves autoritarios” es un requisito previo para
poder intentar dilucidar la gran interrogarte que ha atravesado este trabajo sobre si el
proceso de la transición ha terminado o no producto de los consenso y pactos entre la clase
política de la derecha y la Concertación , las cuales dan por terminado el proceso, para de
esta manera no recibir la presión social por el no haber completado el proceso de transición,
ya que puede ser tomado como que la Concertación en 13 años de gobierno fue incapaz de
lograrlo o como que la derecha en estos 13 años de oposición todavía no ha permitido la
serie de reformas necesarias para tornar al sistema verdaderamente democrático, ideas y
reflexiones las cuales serán más ampliamente en la conclusión de este trabajo que se
presenta en el apartado siguiente.

333

CONCLUSIÓN

CONCLUSIONES

CONSENSOS, PACTOS Y TRANSICIÓN

¿HAN SELLADO LOS PACTOS EL PROCESO DE TRANSICIÓN?

334

CONCLUSIÓN

CONCLUSIONES

CONSENSOS, PACTOS Y TRANSICIÓN

¿HAN SELLADO LOS PACTOS EL PROCESO DE TRANSICIÓN?

1.- INTRODUCCIÓN

El proceso de transición a la democracia en Chile que hemos abordado en este
trabajo, a resultado más complicado de lo que se pensaba. A comienzos de los años ’90 se
denominó el modelo de transición, debido a que se daba en forma pacífica, pactada, sin
grandes quiebres sociales, et..., pero con el tiempo este proceso por diferentes motivos se
fue enredando, hasta llegar a un estado en el cual no se puede medir todavía el grado real de
democratización social, ya que tampoco nunca hubieron metas concretas a lograr durante la
transición (salvo en algunos aspectos del gobierno de Aylwin, y ahora en temas elementos
de temas puntuales como por ejemplo el de los derechos humanos con el presidente Lagos),
para poder realizar un análisis de lo que se esperaba del proceso de forma oficial y lo que se
ha logrado en realidad.

Por su parte esta transición ha sido eminentemente consensuada y pactada, primeramente
las fuerzas de la oposición durante el Régimen Militar, en donde los grupos y partidos
políticos mayoritariamente enemigos durante la unidad Popular, como por ejemplo el
Partido Socialista con el Partido Demócrata Cristiano, los cuales una vez que analizaron y
comprendieron la situación que vivían luego del golpe militar, supieron que la única forma

335

CONCLUSIÓN

de hacer frente de manera efectiva en contra del Régimen Militar era juntarse, proceso muy
difícil y llena de reticencias comprensibles de ambos bandos pero que finalmente dio
resultados. De esta manera durante todo el Régimen Militar, fueron sin querer
construyendo en base de consensos y pactos una alianza, la cual se consolidó ya desde 1983
con la creación de la “Alianza Democrática” y se materializó en su forma actual con la
creación de la “Concertación de Partidos por el NO”, la cual finalmente ganó el plebiscito
de 1988 y también las tres elecciones presidenciales desde entonces.

De esta manera podemos señalar que el gobierno de Aylwin se caracterizó por definirse
como un gobierno de transición, en el cual se daría fin a todos aquellos elementos
autoritarios que no permitieran la democratización de las institucionales, así como también
se enmarcaría al proceso de transición bajo ciertos lemas como “verdad y justicia en la
medida de lo posible”; “reconciliación” y “crecimiento con equidad”, los cuales intentaban
demostrara a la ciudadanía un gran cambio con respecto al Régimen Militar, ya que las
continuidades en ciertas materias como la económica, constitucional y en gran medida la
política, no reflejaban se para la población de manera clara.

Por su parte el gobierno de Frei, se intentó de desprender de los temas sobre la transición y
prefirió embarcar al país bajo lo que se denominó la “modernización”, la cual pretendía
consolidar el régimen presente y que la gente reconociera una buena gestión y un cambio
en el país, cambio que por cierto en ningún momento estaba orientado a la parte política, ya
que todos los gobierno de la Concertación no se han preocupado por recuperar un factor
decisivo para la instauración y consolidación de un verdadero sistema democrático, como
lo debe ser la participación y la movilización social.

Finalmente el gobierno de Lagos a propuesto tomar básicamente estas dos concepciones de
gobiernos precedentes para realizar un plan de reformas con la finalidad de lograr “la
igualdad”, pero la mayoría de estos intentos han chocado con una derecha opositora muy
reticente al cambio.

336

CONCLUSIÓN

Pero para que estos gobiernos pudieran gestarse, como se señaló en los párrafos anteriores,
hubo primero un proceso de acercamiento, de consenso y de pacto, proceso que se vio a lo
largo de este trabajo, y que en esta oportunidad, repasaremos a modo de conclusión para
analizar estos diferentes procesos.

2.- EL ACERCAMIENTO, CONSENSO Y PACTO DURANTE EL PROCESO DE
“PRE – TRANSICIÓN” Y TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

Cabe recordar que se definió “pre – transición” al período aquél en donde esta era
buscada por las fuerzas opositoras debidamente organizadas que querían el término del
Régimen Militar, período que abarcaría desde esta definición, desde 1980, cuando la
oposición aúna consensos para hacer frente a la Constitución de 1980 que vendría a
legitimar y brindar un marco constitucional totalmente favorable a régimen, hasta el cambio
de mando en 1990, ya que ese año se hace efectiva la transición con el cambio de mando y
con ello el paso de un sistema democrático desde uno autoritario. De esta manera en este
punto de las conclusiones revisaremos este proceso de acercamiento, pacto y consenso.

2.A.- LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PRIMEROS CONSENSOS

Durante los años finales del Régimen Militar, podríamos decir que su apoyo
político, económico y social se institucionalizó de manera completa y concreta. Hacia el
final de la gestión de Pinochet, ya no sólo se contaba con el apoyo de la Unión Democrática
Independiente, UDI, como grupo vocero y brazo derecho del Régimen Militar en el ámbito
político, sino podría decirse que todo el apoyo de diferentes grupos se materializó en
bloque para cubrir el retiro de los militares a los cuarteles y a su vez proteger la obra del
régimen saliente, fundamentalmente en los temas que dicen relación con su proyecto
político (muy bien resguardado por las herramientas que entrega la Constitución de 1980)

337

CONCLUSIÓN

y económico. De esta manera se ve que los distintos grupos que apoyaban al Régimen
Militar establecieron un consenso entre sí para poder actuar de manera más efectiva.

Por otro lado y desde finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, los
grupos opositores al Régimen Militar también buscaban lograr algunos grados de consenso
con la finalidad de hacer más efectiva, numerosa y cohesionada la oposición ante el
régimen. De esta manera se da el acercamiento entre la Democracia Cristiana y varios de
los grupos socialistas, los cuales con su acercamiento estaban representando a cerca del
sesenta por ciento de la población con derecho a voto. De esta manera y como señala
Edgardo Boeninger, esta naciente alianza en contra del régimen militar, “tardó en dar sus
primeros pasos, para adquirir cierto ritmo a partir de 1978 (Grupo de Estudios
Constitucionales) y acelerarse después de la crisis económica que sacudió al régimen en
1982 – 1984 (Alianza Democrática)”342.

Los primeros acercamientos tuvieron como objetivo aunar consensos frente a la lucha que
debía hacerse ante el Régimen Militar, poniendo por sobre todo el alcanzar la democracia
como el fin último de este acercamiento. Para ello primero se tuvo que producir un
acercamiento en las confianzas las cuales estaban totalmente rotas a raíz de la feroz
oposición de la Democracia Cristiana al gobierno socialista de Salvador Allende, por lo que
la recuperación de la confianza entre estos dos grupos antagonistas hasta hace un par de
años debía ser el primer paso a dar para la búsqueda del consenso.

De esta manera las protestas nacionales que empezaron en Mayo de 1983, lograron “sumar
un amplio frente opositor que incluía, en ese momento, a los sectores medios descontentos
y a muchos empresarios y profesionales que enfrentaban situaciones difíciles”343. Este era
un fruto concreto de este acercamiento y sobre todo de la construcción y reconstrucción de
consensos básicos, pero al contrario de cómo creían quienes organizaron estas grandes
protestas nacionales, ellas no fueron capaces de desplomar por sí solas el Régimen Militar,
ya que Pinochet aguantó estas protestas reprimiéndolas fuertemente, pero a su vez apagaba

342
343

338

CONCLUSIÓN

el origen de estas, ya que entabló negociaciones con importantes empresarios que estaban
afectados por la crisis económica.

Pero la fuerte represión en contra de los sectores populares terminó por sepultar la vía de
hacer caer al régimen a través de esta protestas frutos del consenso entre los
democratacristianos y los diferentes grupos socialistas, ya que como señala Luis Maira, esta
fuerte represión del Régimen Militar, provocó “una progresiva radicalización de los grupos
de izquierda, acabó por dividir a la oposición y aislar las protestas”344, lo que fue el término
de este primer gran y concreto paso hacia la consecución de consensos básicos de la
oposición del Régimen Militar.

2.B.- EL CONSENSO ECONÓMICO

En este contexto de la recuperación de la confianza, esta debía acompañarse de
consensos en concreto como lo señala Edgardo Boeninger “En ese mismo período se fue
produciendo, de modo más incipiente y con mayor lentitud, un primer avance hacia un
consenso en relación a la economía, al descartarse tanto el proyecto socialista de
planificación central y estatización de los medios de producción, como el comunitarismo o
socialismo comunitario como opciones de un orden económico para Chile”345. De esta
manera el primer consenso real fue que el orden económico en líneas generales debía ser de
un sistema económico mixto , son una participación en gran medida de la empresa privada
y el mercado, lo que se puede entender y considerar como el primer consenso real que más
tarde daría paso a un consenso más estable, en donde se organizaría una naciente oposición
establecida ante el Régimen Militar, lo cual se concretizó con el nacimiento de la Alianza
Democrática.

344
Ibidem, pág. 118.
345

339

CONCLUSIÓN

La principal importancia de este consenso en materia económica y de la posterior Alianza
Democrática según Edgardo Boeninger es que “Aún más este avance, aunque modesto en
apariencia, facilitó o al menos no fue obstáculo para la instancia fundacional de
reconstrucción de los consensos básicos a nivel nacional, el Acuerdo Nacional de 1985, el
que, mirado en retrospectiva, sumó lo que hoy constituye la Concertación y el sector liberal
conductor de renovación Nacional”346. De la misma manera en el sentido de los acuerdos
económicos entre los diferentes sectores socialistas y la Democracia Cristiana, también
tendrían frutos, al llegar a consenso años más tarde, la oposición ya institucionalizada en la
denominada “Concertación de Partidos por el NO”, actualmente denominada sólo como
“Concertación”, en los programas económicos de los presidentes ya en democracia, aunque
esto no quiere decir que no se hayan producido fuertes intercambios de puntos de vista en
estas materias.

Cabe destacar que estos futuros consensos económicos que no se vislumbraban de ninguna
manera en los primeros años del avance hacia el consenso de los sectores opositores, fueron
realmente significativos en el programa económico para la campaña presidencial de
Patricio Aylwin, ya que “Las propuestas del programa comprometieron un marco para el
orden económico que, sin perjuicio de sus evidentes propósitos electorales, tuvo el sentido
más profundo de reducir el temor y la desconfianza del empresariado y de la clase media
propietaria, condición necesaria para poder sostener, en democracia, el crecimiento
económico sostenido de la economía logrado a partir de 1985. De este modo indirecto, el
éxito económico postrero del régimen militar influyó significativamente en las propuestas
de la Concertación, generando de hecho una convergencia que políticamente el
conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer”347.

De esta manera los consensos en la parte económica luego de ganado el plebiscito no han
experimentado grandes problema ya que por un lado tanto el centro democratacristiano
como la izquierda socialista son promotoras d reformas económicas de corte social, por lo
que en las líneas macro y microeconómicas no han existido muchas diferencias.

346
Ibidem, pág. 368.
347
Idem, pág. 368 - 369.

340

CONCLUSIÓN

2.C.- EL CONSENSO SOCIAL

La búsqueda de consensos desde un principios fueron políticos, lo que pasa es que
uno de los primeros y más importantes ya que se trataba de los primeros pasos de
acercamiento entre la oposición fueron los económicos. Dentro del plano social la búsqueda
de consensos era menor entre las diferentes agrupaciones y sectores que constituían la
oposición al Régimen Militar, ya que muchos en años anteriores habían sido grupos
antagonistas debido a la fuerte polarización política que había experimentado el país desde
fines de la década de 1960 y principios de la de 1970. De esta manera por los lo menos los
cercamientos entre los diversos grupos políticos se hacía más difícil. Es tal vez esta la razón
por la cual algunos intentos de organización opositora frente al Régimen Militar se trataron
de hacer por sobre las filiaciones políticas, lo que en un ambiente todavía dividido era muy
poco factible.

A comienzos de la década de 1980, con la graves crisis económica de 1982 – 1983 y las
primeras grandes protestas contra el Régimen Militar, se marca un resurgimiento de la
movilización social, proceso que había sido limitado y eliminado por el Régimen Militar a
través de todos los medios que este tenía disponibles. Este proceso de resurgimiento de la
movilización social a raíz de estas protestas, sucumbió por la grave represión que ejercía el
Estado en contra tanto de sus participantes como de sus organizadores, que como señala
Luis Maira, esta fuerte represión del Régimen Militar, provocó “una progresiva
radicalización de los grupos de izquierda, acabó por dividir a la oposición y aislar las
protestas”348.

Conjuntamente con esto, también este breve período de movilización social se vio
trastocado según Edgardo Boeninger “por el fracaso del intento populista de la “Demanda
de Chile” formulada por la Asamblea de la Civilidad”349, lo que generó finalmente que
desde aquí en adelante la conducción de toda la oposición la asumieran los partidos
políticos. La “Asamblea de la Civilidad” es parte de la tercera gran tentativa de buscar un
348
Op. Cit., MAIRA, LUIS. pág. 118.
349

341

CONCLUSIÓN

consenso sobre la anticipación del término del ya odioso e interminable Régimen Militar,
que se realiza en 1986, a cargo de “600 dirigentes sociales que cubrían desde el ámbito
sindical hasta los colegios profesionales. Nuevamente, el escenario escogido fue el de la
movilización social, planteándose un paro nacional para los días 9 y 10 de julio de ese año
en demanda del término de la gestión de Pinochet y la vuelta a la democracia”350. Pero esta
intentona se encontró al igual que en las protestas nacionales de 1983 con la dura represión
militar, la cual primeramente reprimió de forma brutal a los participantes de estas
movilizaciones y paros, y posteriormente ordenó detener a todos los dirigentes sindicales
que encabezaba la Asamblea de la Civilidad. Frente a las críticas que despertó esta
violencia del Régimen Militar, este tuvo una oportuna y gran excusa con el descubrimiento
de una importante partida de armamentos internada por el Frente Manuel Rodríguez en
Carrizal bajo, al norte del país y más aún algunas semanas más tarde con el fallido atentado
de este mismo grupo subversivo, que infructuosamente trató de poner fin a la vida de
Pinochet el 7 de Septiembre de 1986, en al Cajón del Maipo en un atentado terrorista que
costó la vida a cinco escoltas presidenciales, a demás de que provocó la ira del régimen
Militar que a través de sus aparatos represores se vengó con la muerte ese día 7 al 8 de
Septiembre de algunos antiguos militantes de grupos de izquierda o algunos actuales
opositores, lo que hizo caer nuevamente al país en un régimen de miedo ante el gobierno de
las Fuerzas Armadas. De esta manera como señala Luis Maira, “fue posible para el régimen
establecer una vez más el Estado de sitio y descabezar por completo a las organizaciones
civiles”351. De esta manera si bien el intento de consenso dentro de la oposición para poder
realizar las jornadas de protestas y paros del mes de Julio en 1986, tuvieron un éxito
parcial, el gran problema era que el cometido de fondo, que era acelerar le proceso de
cambio de régimen, a juicio de Luis Maira, no cumplía su objetivo ya que “no se
desprendía ninguna evidencia de que esas situaciones pudieran tener un efecto acumulativo
que llevara a un retorno a la democracia. Más bien se percibía una creciente capacidad del
gobierno militar para absorberlas y neutralizarlas”352.

350
351
Idem, pág. 119.
352
Idem, pág. 119.

342

CONCLUSIÓN

Es así como, y por las razones expuestas en los párrafos anteriores que, la gran mayoría de
las mermadas organizaciones sociales reconocieron que la el método de lucha en contra del
régimen debía hacerse de forma política, por lo que vieron que la única forma de terminar
con este régimen era apoyar la estrategia política – electoral que propiciaban los partidos
una vez logrado el consenso suficiente entre ellos, y que dentro del plano social tenía una
postura profundamente conciliadora.

Esta nueva forma organizada y conciliada de hacer frente al régimen, excluyó al Partido
Comunista, alejado de cualquier tipo de consenso, lo que hizo que la mayoría de los líderes
sindicales pasasen a ser democratacristianos, encabezados por Manuel Bustos, presidente
de la CUT, por lo que “abandonaron toda retórica confrontacional e hicieron suyo el
llamado a la concertación social, pieza clave del programa de la Concertación en el plano
de las relaciones laborales”353. Es decir, se estaba dispuesto a sacrificar mucho en post del
retorno a la democracia, ya que el retorno y posterior consolidación de la democracia en un
sistema posterior a la era del Régimen Militar, era la condición necesaria y el terreno a
adecuado para el cumplimiento de sus reivindicaciones. Hasta hace un par de años atrás ese
era un escenario imposible, pero el temor a una regresión de las etapas más duras del
Régimen Militar, o peor aún, una prolongación excesiva e indeseable del régimen les
obligaba a aunar consensos. Por su parte otra reacción impensada hasta hace algún tiempo
atrás era que el empresariado comprendiera la importancia y lo fundamental que era el
potenciar el consenso social que poco a poco se iba logrando, por lo cual este empresariado
se mostró con disposición al diálogo con los trabajadores, de esta manera “La relación
personal entre Manuel Bustos y Manuel Feliú, presidentes de la CUT y de la Confederación
de la Producción y el Comercio, respectivamente, contribuyó en no pequeña medida a este
proceso”354. De esta manera el gran conflicto social que se había generado a raíz de la
violenta oposición de ideas producto de la grave polarización política, estaba dando paso
cerca de dos décadas después, a un nuevo contexto político y social de convivencia y
tolerancia ideológica, con respeto mutuo entre las clases sociales por el bien del país. Así se
dieron las condiciones básicas para lograr un mínimo de consenso en lo que al plano social

353
354
Idem, 1997, pág. 370.

343

CONCLUSIÓN

se refiere, aunque faltaba ver su aplicación en la realidad, ya que estaba pendiente como
señala Edgardo Boeninger, “al asumir el Presidente Aylwin, la solución concreta de
problemas de enorme trascendencia, referidos a la justicia social y, en general, el de las
relaciones entre empresas y trabajadores regidas por las normas del Plan Laboral, unánime
y categóricamente rechazado por los trabajadores y por los partidarios de la
355
Concertación” .

Por su parte la situación de los consenso sociales durante el gobierno de Frei y Lagos si
sufrieron diferencias aunque no por ello se rompió el paco, ya que Frei apuntaba a una
modernización dejando de lado el aspecto social, el cual retomó Lagos, a través de una
serie de iniciativas laborales, en el plano de la salud, etc…

2.D.- EL CONSENSO POLÍTICO - CONSTITUCIONAL

Estos importantes consensos y avances para este en los planos económicos y
sociales ayudaron sin duda al establecimiento de consensos en un plano tan complicado
como era el político - constitucional y con ello el tema de la Constitución de 1980.

Antes de llegar a este tema, debemos señalar que en 1985 se dio el que podemos considerar
como el segundo gran intento de acuerdo, esta vez organizado bajo el alero de la Iglesia,
representada por el arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, y tres asesores de alta
connotación pública y de su propia confianza como eran Sergio Molina, José Luis Zavala y
Fernando Léniz. El resultado de esta iniciativa fue el “Acuerdo Nacional”, en el que
participaron tanto políticos opositores de centro e izquierda como también algunos políticos
de derecha. Cabe destacar que el Partido Comunista no se hizo presente en este acuerdo, ya
que años antes había señalado que cualquier forma de lucha contra la dictadura era válida,
por lo cual había propiciado el enfrentamiento armado en contra del régimen Militar, el
cual lograba a través del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR.

355
Ibidem, pág. 370 - 371.

344

CONCLUSIÓN

Este acuerdo como se dijo anteriormente contó también con al participación de políticos y
connotados dirigentes de la derecha, que creían que los años de gobierno de los militares ya
eran suficientes y de que era tiempo de la restauración de un sistema democrático en el
país, como lo señalaban Francisco Bulnes Sanfuentes, Andrés Allamand y Patricio Phillips.
El resultado final de este “Acuerdo Nacional”, como señala Luis Maira, es que “produjo un
importante documento programático para ordenar un proceso de transición, que tuvo gran
acogida en la sociedad civil chilena. Peso a ello, fue descalificado por el gobierno hasta el
punto de que el propio Pinochet convocó al cardenal Fresno para dar por cerrada esta
posibilidad, pidiéndole “que diera vuelta la hoja” cuando ya se organizaba la visita del Papa
Juan Pablo II a Chile, en Marzo de 1986”356. Con respecto a la visita del Papa Juan Pablo II
a Chile, fue una nueva, pero limitada y pequeña oportunidad, que los opositores al Régimen
Militar pudieran manifestar su descontento frente a este y a la vez tratar de entablar algún
tipo de diálogo con Pinochet. Maira señala que durante la estadía del papa Juan Pablo II,
este “sostuvo un diálogo con los dirigentes de la oposición; simultáneamente las
convocatorias hachas por la Iglesia a diversos actos públicos masivos llevó a la
recuperación de hábitos completamente perdidos en los años previos, que fueron un
importante antecedente de las grandes reuniones producidas luego en 1988”357, en razón de
que ese año se producía el plebiscito lo que podía significar o el gobierno prácticamente
seguro de Pinochet hasta 1997 sin ningún tipo d contrapeso, o simplemente la retirada de
este del poder y la instauración de un sistema democrático en la medida de la posible,
siempre y cuando el plebiscito fuera válido y ambos bandos reconocieran los resultados de
este.

Luego de este “Acuerdo Nacional”, viene una tercera tentativa, el la denominada
“Asamblea de la Civilidad”, pero esta ya esta en el plano de lo social, que fue analizado en
el punto anterior. Finalmente uno de los últimos consensos de este período, llegó es este
plano político - constitucional en 1989, incluso una vez ganado el Plebiscito de 1988 por la
Concertación de Partidos por el NO, en donde la Concertación tuvo que aceptar

356
Op. Cit., MAIRA, LUIS, pág. 118.
357
Idem, pág. 118.

345

CONCLUSIÓN

implícitamente la potestad y validez de la Constitución de 1980 para poder pactar con el
Régimen Militar una serie de reformas a esta que asegurara un mínimo consenso en todos
los planos una vez que se retornara a la democracia. Estos pactos, según Edgardo
Boeninger, “representó un encuentro mínimo suficiente entre el proyecto político del
régimen militar y la propuesta democrática de la Concertación, despojados ambos de sus
aristas más radicales”358. Este consenso debía ser inevitable si se quería un cambio de
gobierno pacífico, ya que incluso los sectores más duros del Régimen Militar vieron que
luego de perdido el plebiscito de 1988, el cambio de régimen y el retorno de un sistema
democrático era imposible de aplacar incluso para las fuerzas militares debido al consenso
político, social y económico logrado dentro del país.

De esta manera planteada la situación y ante el inevitable cambio de régimen, el régimen
Militar y sus partidarios civiles, debían buscar el como retener las mayores cuotas de poder
posibles tanto a nivel político y en cuanto a la autonomía e influencia de las Fuerzas
Armadas y el propio Augusto Pinochet pudiesen alcanzar basados en la Constitución de
1980, los artículos transitorios, y sus modificaciones de última hora que aseguraran una
transición tranquila bajo el sistema de una “democracia protegida” en función de
salvaguardar a los partidarios y la obra que el Régimen Militar había hecho durante sus 17
años de dictadura, y de paso evitar todo tipo de molestias cuando se trataran los temas de
los derechos humanos y el inevitable enjuiciamiento de quienes los habían violado, así
como cualquier intento de cambios en lo que respecta al sistema económico y a las
entidades privatizadas (muchas en manos de familiares o partidarios leales a Pinochet y su
régimen) que pudiesen ser cuestionadas. Bajo este contexto la Concertación trató de evitar
que el Régimen Militar se armara de herramientas con las cuales pudiesen hacerse
intocables además de indeseables actores en el complicado proceso de transición que había
por delante, es por ello, que la Concertación tuvo que moderar de manera muy significativa
sus demandas políticas, económicas y sociales en post del consenso y la gobernabilidad
frente al Régimen Militar. Todo este gran sacrificio de las demandas que realizaba la
Concertación a pesar de haber ganado el plebiscito de 1988 y su inminente triunfo en las
elecciones presidenciales de 1989, según Boeninger se hacían por la razón de que “Este

358

346

CONCLUSIÓN

“encuentro político”, que podemos calificar como de mínimo suficiente, resultaba
indispensable para hacer posible un cambio pacífico y ordenado de régimen político, pues d
otro modo las elecciones de 1989 no habrían podido ser enfrentadas por los bloques en
pugna sin la percepción de amenaza grave a sus respectivos valores e intereses en cado de
una eventual derrota en las urnas”359. De esta manera el restablecimiento de los consenso
básicos dentro del país, unido a la capacidad de negociación y generación de acuerdos entre
la vencedora Concertación y el Régimen Militar en retirada hacia los cuarteles, auguraba
por lo menos en el papel, un proceso de transición complicado pero seguro y sustentable en
medida de la consolidación de la democracia a partir del cambio de mando el 11 de Marzo
de 1990.

Todo este proceso se da gracias a la convergencia ideológica que se da dentro del país, a la
cual se refiere Edgardo Boeninger al señalar que “tanto en lo que respecta al compromiso
político con la democracia como en relación al establecimiento de una economía de
mercado con predominio de la empresa privada como base del orden económico”360, se ha
podido concretizar el consenso, base sin duda para llevar a buen término el complejo
proceso de transición que se avecinaba.

Es así como se lograba en las postrimerías del Régimen Militar un consenso que había
empezado primero tibiamente entre los grupos opositores del régimen como lo habían sido
el Partido Democratacristiano y varios d los sectores socialistas, para extenderse en este
momento incluso a varios grupos de la derecha, en donde siguiendo a Boeninger, “Las
distancias ideológicas se acortaron, los adversarios políticos dejaron de verse como una
amenaza para los propios valores e intereses, siendo entonces posible aceptar el ejercicio
del gobierno por los “otros”. El período 1988 – 1990, con antecedentes que se remontan al
Acuerdo Nacional, marcó el fin de la etapa de las planificaciones globales o proyectos
excluyentes que presidieron la vida nacional desde 1965 hasta 1989”361.

359
Ibidem, pág. 371.
360
Idem, pág. 371.
361
Idem, pág. 372.

347

CONCLUSIÓN

De esta manera podemos señalar basándonos en Camilo Escalona que el “criterio de
homologar los fundamentos político – institucionales de los actores democráticos, con el de
sus adversarios de la coalición dominante, hubiera hecho sencillamente imposible la
configuración de un bloque democrático tan amplio y potente como el que derrotó
sucesivamente al régimen en los años 88 y 89”362, de esta manera se puede señalar que el
consenso reinante dentro de la Concertación durante esos años vino a representar el
“encuentro mínimo suficiente” en palabras de Escalona, “de millones de personas que no
tenían otro propósito que no fuera el cambio del régimen político imperante. Fue un
encuentro de la mayoría nacional fuera del sistema institucional de la dictadura, que cobró
tal envergadura por su amplitud y energía que paralizó la respuesta del pinochetismo,
ocupando los resortes institucionales generados en el marco del Plebiscito de 19888 para
instalar y afianzar un nuevo régimen político en Chile”363, lo que hace alusión también al
rol jugado en este contexto de la Concertación en las reformas constitucionales de 1989.

2.E.- EL CONSENSO INSTITUCIONAL

Sin duda uno de los procesos que más se vio afectado con la llegada del régimen
Militar fue la incertidumbre e inseguridad que brindaban las escasas elecciones en que tenía
oportunidad de participar el país. Pero esta inseguridad se vio revertida una vez logrados
los consensos básicos referidos en los puntos anteriores, lo que hacía posible realizar
elecciones de forma tranquila, pacífica y sin la sobre del fraude electoral en 1988, a
diferencia de lo que ocurrió en el plebiscito de la Constitución en 1980, ya que esta misma
constitución y cumpliendo con el itinerario del Régimen Militar instauraba la instancia del
plebiscito en 1988 para decidir o no la permanencia del régimen en el poder.

En un principio la Constitución de 1980 fue duramente criticada e incluso tuvo una fuerte
oposición, sólo acallada por la represión y la censura, esta última traducida en que los
362
363
Idem, pág. 29.

348

CONCLUSIÓN

opositores a la Constitución de 1980, no pudiesen usar ni los medios ni grandes
aglomeraciones de personas para hacer pública su disidencia y oposición ante la
constitución como si tuvo oportunidad de hacerlo quienes la apoyaban. Es por este motivo
que la Constitución de 1980 no era reconocida por la gran mayoría de los opositores que
tenía en Régimen Militar, pero ante el tiempo transcurrido desde su promulgación no quedó
tomar otro camino que aceptarla, aún más cuando la oposición cambio su estrategia desde
la movilización social al camino político – electoral pero dentro de los márgenes que la
Constitución de 1980 y el propio Régimen Militar ofrecían.

De esta manera se tuvo que esperar hasta el plebiscito de 1988 para realizar la
transformación del sistema, pero por lo menos era una herramienta concreta que existía
para terminar con el régimen, ya que si esta no hubiese estado contemplada en la
Constitución de 1980, se hubiera dado una impredecible disputa por conseguirla, y que por
las características de dictadura que tenía el régimen, sin duda hubiese sido una disputa de
impredecible resultado.

De esta manera hubo un intento previo al plebiscito de 1988, con respecto a un normal
desarrollo de este o de su propia ejecución tal como señalaba a la Constitución de 1980.
Esta manera de asegurar la realización del plebiscito fue la creación en 1987 de varios
“Comités de Elecciones Libres”, ante lo cual el gobierno no se manifestó ya que estas no
amenazan su permanencia en el cargo hasta por lo menos 1990, en el insospechado caso de
que se llegara a perder el plebiscito de 1988.

Una vez convencidos los opositores de que el plebiscito sería el único camino disponible
para derrotar a Pinochet y su régimen, ya que la vía social había fallado, los esfuerzos se
encaminaron a hacer triunfar la opción del NO, lo que según Luis Maira “no resultaba fácil
pues suponía reconocer, y en buena medida legitimar, la Constitución de 1980 con todos
sus ingredientes”364. Es este sentido Maira, señala que el debate sobre este último punto fue
particularmente difícil al interior de la “Coalición de Izquierda Unida” durante 1987,
“justamente para tratar que los diversos partidos de izquierda tuvieran una posición común

364

349

CONCLUSIÓN

en 1988. Finalmente esto no fue posible y esta entidad se paralizó”365, ya que para la
conformación del comando Nacional por el NO en el mes de Febrero de 1988, el Partido
Comunista y el MIR se mantuvieron al margen de este comando, el cual por su parte si
conformaron el Partido Socialista encabezado por Clodomiro Almeida, junto con el MAPU,
la Izquierda Cristiana y el Partido Radical Socialista Democrático.

Una vez llegada la fecha del plebiscito y confirmada su realización por parte del Régimen
Militar, habían dos factores de suma importancia para llevarla a cabo de buena manera.
Uno era asegurar que estuviesen inscritos una cantidad de votantes suficientes para tener
posibilidades de ganar y legitimar el resultado, y por otro lado tener las garantías
suficientes de que todo el proceso de la elección sería libre, justo y trasparentes, donde
tanto la opción del SI y del No tuviesen el mismo acceso a los medios y las mismas
oportunidades para que el resultado no pudiese ser impugnado por ninguna de las partes.

3.- ¿HA FINALIZADO EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA?

Al principio de este trabajo se planearon dos hipótesis bien definidas. La primera
decía relación con que la transición y la “pre – transición” eran un proceso pactado, tanto
entre las fuerzas de la oposición entre sí, como con el Régimen Militar y sus grupos
asesores. De esta manera el proceso de acercamiento y consenso que vimos en los puntos
anteriores, habrían producido una serie de pactos, los cuales conformaron un grupo
cohesionado (la Concertación), el que una vez triunfador en el plebiscito de 1988, realizó
una serie de pactos para llevar a cabo algunas reformas a la Constitución de 1980 y luego
en una serie de episodios que se estudiaron a lo largo del trabajo, con la finalidad de
consolidad el débil sistema democrático renaciente. De esta manera se produjo un cambio
de mando y un proceso transición luego, basado en una serie de pacto (tácitos y concretos).

365
Ibidem, pág. 120.

350

CONCLUSIÓN

Pero por su parte la segunda hipótesis planteada era que si estos pactos habían logrado o no
llevar a al país a un proceso de democratización y transición efectiva y completa.

Para esto primero se definió a que tipo de democracia se aspiraba y la conclusión era a
perfeccionar la democracia existente en base a reformas a la Constitución de 1980 que
eliminaran todos los rasgos autoritarios empezando por sus pilares como el sistema
binominal o los senadores designados, así como también quitar o por lo menos disminuir la
influencia de los denominados “enclaves autoritarios”. De esta manera se llegaría a un
sistema democrático aceptable, en donde la única gran salvedad era de que las autoridades
se debían de preocupar por la recuperación de la participación y movilización de la
sociedad con el fin de hacer realmente democrático el sistema.

Partiendo de esta base podemos señalar que esta situación no se ha dado, por lo que nuestra
primera respuesta sería que el proceso transicional no ha terminado. Pero analizando la
situación actual, podemos apreciar que no existe un real interés por democratizar la
sociedad, por lo cual podemos plantear que la transición no ha terminado en el aspecto
formal, ya que todavía están pendientes una serie de elementos que no lo permiten como el
tema del esclarecimiento y justicia de las violaciones a los derechos humanos durante el
Régimen Militar, el “pago” de la “deuda social”, etc….

Pero sin embargo la clase política en un nuevo pacto, esta vez tácito, a elegido dar por
cerrado el proceso, ya que ha llegado un punto en donde el mantenerlo abierto no conviene
a ninguno de los dos grandes actores políticos del momento: la Concertación y la Alianza
Por Chile, ya que para el primero, el que la transición todavía continué significa un fracaso
en la gestión de esta, ya que en todos los años de gobierno no ha sido capaz de lograrlo y
por su parte a la alianza de derecha tampoco le conviene ya que se verá como un grupo que
no permitió la normal democratización del país, lo que sumado a su imagen de querer
desligarse del pinochetismo podría conllevar a un gran fracaso electoral, sobre todo en
momentos en que el partido con más votantes del país, la UDI, ha bajado bastante su nivel
de aceptación debido a el manejo de su directiva del caso Spiniak, el cual ha disminuido la

351

CONCLUSIÓN

credibilidad del partido, que tanto le había costado ganar debido a que siempre fue la voz
del Régimen Militar dentro de la política nacional.

De esta manera hemos compartido la visión de que “Es necesario, además, avanzar en su
extensión y profundización social desde las élites políticas hacia el conjunto de los actores
sociales y la ciudadanía en general. Hay que asumir en plenitud los valores de la cultura
democrática y perfeccionar la representatividad y eficacia de las instituciones que regulan
su funcionamiento. A los dirigentes sociales en general, y en especial a los partidos
políticos, corresponde en esta tarea una responsabilidad histórica. Sobre todo cuando la
controversia política se acentúa en vísperas de procesos eleccionarios o de debates sobre
reformas de fondo”366.

Es así como se puede señalar de que “se trata de una "transición incompleta" con enclaves
autoritarios, el primer gobierno y parlamento democráticos debían enfrentar
simultáneamente la tarea de completar la transición e iniciar la consolidación democrática.
Recordemos que las transiciones sólo resuelven el problema del cambio de régimen
(dictadura por democracia), pero dejan pendientes los problemas de transformación social,
que en nuestros países sólo pueden realizarse en democracia. Tales transformaciones exigen
la participación y movilización de vastos sectores populares y de capas medias y apuntan a
la democratización de la sociedad”367.

Pero para lograr esta serie de reformas que son necesarias anteriormente las nuevas
autoridades democráticas tuvieron la posibilidad de lograrlo, por lo cual hay una serie de
elementos que han hecho pensar en el plano del análisis que la oposición al Régimen
militar encabezado por Augusto Pinochet era débil, minoritaria o desorganizada. Incluso
hay un punto clave en este análisis que es el proceso de reformas a la Constitución de 1980
que se llevó a cabo en 1989, en el cual participó la Concertación en la elaboración de estas,
pero sin duda la opinión del régimen y sus ideas sobre las reformas fueron las que

366
SUNKEL, OSVALDO. “La Consolidación de la Democracia y el Desarrollo en Chile: Desafíos y
Tareas”. En “Estudios Públicos” Nº 48, Chile, 1992, pág. 103.
367
Op. Cit., GARRETÓN M., MANUEL ANTONIO., pág. 113 – 114.

352

CONCLUSIÓN

prevalecieron en gran medida. De esta manera Luis Maira señala que “Tales circunstancias
han originado en algunos criterios una lectura peyorativa de la oposición a Pinochet,
presentándola como más débil y menos resuelta que la de los países vecinos. De acuerdo
con esta misma tesis, esto explicaría lo tardío del término del régimen militar en Chile - la
última dictadura militar inspirada en la Doctrina de Seguridad Nacional que perdió
posiciones -, así como las dificultades posteriores para lograr una plena democratización, lo
que sería producto de acuerdos o compromisos innecesarios”368.

De esta manera se visualiza que si la transición ha sido pactada se debe en gran medida al
autoritarismo del Régimen Militar, el cual no estaba dispuesto luego de perder el plebiscito
a ceder toda su obra y perderla en una serie de reformas que haría la oposición al asumir el
gobierno, para lo cual obligó a pactar a la Concertación un plan de retorno a la democracia
gradual y en donde el Régimen Militar se retiraría tranquilamente a sus cuarteles siempre y
cuando no se le “molestara” con temas como los derechos humanos, las privatizaciones a
cercanos del régimen, y otros temas considerados como “hostigamientos” y causaron
hechos co o el “Boinazo” o el “Ejercicio de Alistamiento y Enlace”.

De esta manera si bien como se ve con estos ejemplo que “En el plano político el proceso
ha sido complejo, predominando los aspectos positivos sobre algunas graves falencias.
Pero, en definitiva, las autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo han sido elegidas
en forma legítima, se han restablecido las libertades fundamentales de opinión, de reunión y
de asociación, existen partidos políticos que desempeñan libremente sus funciones de
apoyo u oposición al Gobierno, hay un Estado de Derecho que opera razonablemente, con
la debida separación de los Poderes del Estado, y se han restablecido los derechos humanos
y ciudadanos. Desde esta perspectiva, de los procedimientos y el modo de convivencia
política inherentes a la democracia, podría incluso aceptarse que la transición se ha
consumado en gran medida”369. Pero a su vez es “también evidente que algunos de estos
procedimientos adolecen de serias deficiencias. Algunas de ellas son el producto de la
institucionalidad heredada del Gobierno anterior y de las condiciones que se negociaron

368
369
Op. Cit., SUNKEL, OSVALDO., pág. 101.

353

CONCLUSIÓN

para facilitar la transición. Son bien conocidas. Para nuestros propósitos basta destacar que
su efecto es crear situaciones de privilegio político, económico, institucional y judicial para
quienes fueron actores sociales protagónicos del Gobierno militar”370.

De esta manera el proceso a la transición al ser pactado, fue dejándose de lado el principal
tema que era democratizar, debido precisamente a un pacto tácito ya explicado entre la
elite política, lo que ha dado como resultado u proceso de transición dado por concluso,
pero que sin duda no ha terminado.

370
Idem, pág. 101.

354

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IBERTI, CEINA. ”Revista Qué Pasa”, Chile, Nº 1396, del 13 al 18 de Enero de
1998..

361

ÍNDICE

ÍNDICE

Tema Página

TOMO I

Prefacio.................................................................................................................................. 1

Introducción.......................................................................................................................... 3

Capítulo I - Revisión Historiográfica del Período 1970-2003......................................... 25

1.- Introducción a la Historiografía Nacional Contemporánea............................................ 26

1.A.-Marco Espacio - Temporal............................................................................... 28

1.B.- Dificultades del Estudio de la Historia Actual................................................ 29

1.C.- Metodología Empleada en la Realización del Trabajo.................................... 31

2.- Líneas Historiográficas del Período 1964 a 2003........................................................... 32

2.A.- La Historiografía de Derecha...........................................................................32

2.B.- La Historiografía de Centro o Mesohistoria.....................................................44

2.C.- La Historiografía de Izquierda.........................................................................48

2.D.- La Historiografía de Este Período Desde la Perspectiva de las Ciencias
Políticas.....................................................................................................................59

2.E.- La Historiografía de Este Período Desde la Perspectiva de los
Cronistas....................................................................................................................67

362

ÍNDICE

3.- Discusión Historiográfica................................................................................................70

Capítulo II - Evolución Histórica de la Transición y Sus Problemáticas. Desarrollo
del Acercamiento, Consenso y Pacto.................................................................................77

Parte I: Desarrollo Histórico De La Transición...............................................................78

1.- Introducción ................................................................................................................... 78

2.- Hitos Posibles Para Determinar el Inicio del Proceso de
Transición..............................................................................................................................82

2.A.-Antecedentes: el Discurso de Pinochet en el Cerro Chacarillas en 1977
...................................................................................................................................82

2.B.- La Constitución de 1980: El Inicio del Proceso de la Transición Para el
Régimen Militar........................................................................................................91

2.C.- El Proceso de Acercamiento y Búsqueda de Consenso Entre las Fuerzas
Opositoras y la Apertura del Gobierno: Entre el “PRODEN” y la “Alianza
Democrática”...........................................................................................................117

2.D.- Entre la “Asamblea de la Civilidad”, el Atentado de Pinochet y la Visita de
Juan Pablo II a Chile (1986- 1987)......................................................................... 192

2.E.- Entre el Plebiscito de 1988 y Sus Estrategias, las Reformas Constitucionales y
las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias de 1989.........................................203

3.- El Cambio de Régimen Político en 1990 y el Comienzo de la Transición Política en
Chile....................................................................................................................................235

3.A.-El Cambio de Mando de 1990 y los Gobiernos de la Concertación (1990-
2003)........................................................................................................................235

Parte II: Los Problemas De La Transición.....................................................................247

363

ÍNDICE

1.- Introducción.................................................................................................................. 247

2.- Los Elementos de “Proceso de Amarre” de la Constitución de 1980, Sus Pilares y las
Dificultades que Plantean Para la Instauración de un Sistema Democrático
Completo.............................................................................................................................248

2.A.-El Sistema Binominal....................................................................................251

2.B.- Los Senadores Designados.............................................................................256

2.C.- Las Rígidas Normas Para Reformar la Constitución de 1980........................259

2.D.- Breves Reflexiones Sobre el “Proceso de Amarre”.......................................307

3.- Las Relaciones Cívico – Militares: Sus Problemáticas y Repercusiones Para el Proceso
de Transición.......................................................................................................................309

3.A.-Los Problemas Durante los Diez Años de la
Transición................................................................................................................309

3.B.-El Caso Pinochet.............................................................................................322

4.- La Persistencia de los “Enclaves Autoritarios” el Proceso de Transición a la
Democracia.........................................................................................................................325

Conclusiones. Consensos, Pactos y Transición ¿Han Sellado el Proceso de
Transición?........................................................................................................................334

Bibliografía........................................................................................................................355

Índice..................................................................................................................................362

364

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