Este documento describe la evolución histórica de la organización política de España desde la antigüedad hasta la actualidad. Se divide en tres partes: 1) la evolución histórica desde la época romana hasta el siglo XVIII, 2) la organización política contemporánea hasta 1978, y 3) los desequilibrios territoriales. Actualmente, España se organiza en municipios, provincias y 17 comunidades autónomas con diferentes niveles de autogobierno.

2. 1. Evolución histórica de la
organización política de España.

3. La organización político - administrativa es la división
de un estado en divisiones territoriales con capacidad de
autogobierno. Es el resultado de un largo proceso
histórico.

4. 1.1 La antigüedad.
Hasta la conquista romana, el territorio estaba ocupado
por diversos pueblos indígenas (celtas, íberos,...).

5. Con el dominio romano (S. III a.C. – V d.C) se creo la
división por provincias. Desde dos, en un primer
momento, hasta siete, al final.
Se concibió el
territorio como una
unidad, Hispania

6. Con los visigodos (S. V – VIII) se creo un estado
independiente y unificado, con capital en Toledo. Se
mantuvo la división romana pero la unidad territorial se
fue el ducado.

7. 1.2 La Edad Media.
Con la invasión musulmana en el 711, se organizó el
territorio en coras y se alternaron épocas en las que se
administraban de forma centralizada y otras en las que
eran independientes (taifas).

8. Los cristianos que escaparon al dominio islámico en los
territorios montañosos del norte peninsular, crearon en su
avance reconquistador sus propios sistemas político-
administrativos, que son el origen de la diferenciación
regional actual (reino de Asturias y León, Portugal,
Castilla, Navarra, Aragón, condados catalanes, etc.)

9. En el siglo XIII quedaron individualizados cinco grandes
conjuntos político administrativos en la península: el
reino de Portugal, la Corona de Castilla, la Corona de
Aragón, el reino de Navarra y el reino musulmán de
Granada, último reducto del dominio musulmán en la
península.

10. 1.3 La Edad Moderna.
Con los Reyes Católicos, los territorios peninsulares se
unifican excepto Portugal (unión dinástica), aunque
cada reino mantuvo sus propias estructuras político-
administrativas y fiscales.

11. Con los Austrias se mantuvo la unidad dinástica de
los territorios peninsulares(monarquía hispánica),
incluyendo Felipe II a Portugal, que logró independizarse
con Felipe IV.

12. Al morir sin descendencia directa el rey Carlos II de la
dinastía de los Austrias (1700) se implantó en España la
nueva dinastía de los Borbones. Esta nueva dinastía
intentó uniformizar los distintos reinos hispánicos
(Decretos de Nueva Planta). Todo el territorio de la
monarquía se dividió en capitanías generales e
intendencias (que darían lugar a las provincias),
manteniendo Navarra y el País Vasco sus fueros.

13. 1.4 La organización
contemporánea hasta 1978.
En el siglo XIX, en 1833 el ministro de Fomento Javier
de Burgos realizó una nueva división provincial, que
coincide prácticamente con la actual (49 provincias, que
se convirtieron en 50 en 1927 al dividirse las islas
Canarias en dos provincias).

14. Las provincias vascas y Navarra perdieron parte de
sus fueros como represalia por su participación en las
Guerras Carlistas.

15. Los sentimientos de pertenencia regional persistieron
como pusieron de manifiesto el proyecto de estado
federal defendido en la Primera República (1873-1874) y
el desarrollo de movimientos regionalistas en
Cataluña, País Vasco y Galicia, que pasaron a
convertirse en movimientos nacionalistas, que
defendían el reconocimiento de leyes regionales.
diferentes.

16. En la Segunda República (1931-1939) España se
organizó como un Estado integral que permitía el
reconocimiento de la autonomía de municipios y
regiones, consiguiendo la aprobación de estatutos de
autonomía Cataluña, País Vasco y Galicia. diferentes.

17. Tras la Guerra Civil (1936-1939) se implantó la dictadura
de Francisco Franco, creando un estado centralista,
que abolió todos los estatutos de autonomía y reprimió
los movimientos nacionalistas, que tras su muerte en
1975 lograron el restablecimiento de las autonomías
bajo un estado descentralizado.

18. 2. La organización político –
administrativa actual de España.

19. 2.1 Divisones político-
administrativas.
La organización político –
administrativa de España es
propia de un Estado
descentralizado, en el que
la toma de decisiones se
reparte en tres niveles
territoriales: municipio,
provincia y comunidad
autónoma.

20. El municipio es la entidad territorial básica. Está
formado por uno o varios núcleos de población y el
territorio dependiente de ellos. El gobierno y
administración municipal corresponden al Ayuntamiento,
formado por el alcalde y los concejales. Cada cuatro
años, por sufragio universal, se eligen los concejales, que
a su vez eligen al alcalde. Sus funciones son prestar
servicios a los vecinos (como la recogida de residuos).

21. La provincia es la entidad territorial subregional formada
por una agrupación de municipios. El gobierno y
administración provincial corresponden a la Diputación,
compuesta por un presidente y diputados. Los diputados
son elegidos por todos los concejales de la provincia,
eligiendo estos a un presidente. Su función es coordinar
servicios entre los municipios (por ejemplo la
construcción de carreteras provinciales).

22. La comunidad autómona es la entidad territorial
regional formada por provincias limítrofes, territorios
insulares o provincias con entidad regional histórica.
Cada comunidad autónoma se haya regida por una ley
suprema que es el estatuto de autonomía, donde se
recogen las instituciones y capacidades de autogobierno
de cada comunidad.

23. Las capacidades, funciones o competencias están
establecidas en el artículo 148 de la constitución, siendo
traspasadas por el Estado central a la comunidad
autónoma. Pueden ejercerse de forma exclusiva por la
comunidad o compartida con el Estado central.

24. Las comunidades autónomas pueden tener
competencias políticas (instituciones propias),
económicas, transportes, ordenación del territorio,
educación, sanidad, asistencia social, cultura, deporte,…
Las relaciones internacionales, el ejército, el control de
fronteras, la economía exterior, el sistema monetario,....
son competencias exclusivas del Estado central.

25. Las instituciones de una comunidad autónoma son: la
Asamblea Legislativa o parlamento autonómico
(elegido por sufragio universal cada cuatro años, elabora
leyes, aprueba el presupuesto autonómico y controla al
gobierno); el Consejo de Gobierno o gobierno
autonómico formado por un presidente (elegido por el
parlamento) y consejeros (elegidos por el presidente),
que ejercen el poder ejecutivo a través de consejerías; y
el Tribunal Superior de Justicia, máxima
representación judicial en la comunidad autónoma.

26. La coordinación entre la comunidad autónoma y el
gobierno central es realizada por un Delegado del
Gobierno, representante del Estado central en la
comunidad autónoma elegido por el gobierno central.

27. Respecto a la financiación de las comunidades
autónomas hay dos modelos: el régimen común
(basado en los ingresos propios y los tributos cedidos por
el Estado – 50 % de IRPF; 50 % de IVA; 58 % de
impuestos especiales; 100 % de impuesto a la
electricidad) y el régimen foral (propio del País Vasco y
Navarra, que permite la autofinanciación autonómica, al
ser recaudados todos los impuestos por la autonomía y
pactar con el Estado central la cantidad a pagarle
mediante conciertos).

28. Dentro del régimen común tienen un régimen fiscal
especial por razones geográficas Canarias (donde se
aplica el Impuesto Indirecto Canario) y Ceuta y Melilla
(donde se aplica el no se aplica el Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación).

29. El Estado autonómico se basa en el principio de
igualdad territorial y solidaridad, que pretende evitar
los privilegios y discriminaciones fiscales, salariales o de
seguridad social. Para compensar las desigualdades,
existe un Fondo de Suficiencia que aporta dinero a las
comunidades de régimen común con necesidades
superiores a los ingresos y se lo cobra en caso contrario.

30. Igualmente, existen unos Fondos de Compensación
Interterritorial (FFCI) que aporta ingresos a las
comunidades desfavorecidas.

31. 2.2 La formación del Estado
de las autonomías.
La actual organización político-administrativa de España
responde a las normas recogidas en la Constitución
española vigente, aprobada en 1978, distinguiéndose
dos etapas en la formación de las comunidades
autónomas actuales.

32. El periodo preautonómico
(1975-1978) se inició cuando
tras la muerte del dictador
Francisco Franco, el
presidente del gobierno
Adolfo Suárez concedió una
autonomía provisional a
Cataluña y después a otras
trece regiones. De estas
regiones, estaban excluidas
las actuales La Rioja,
Cantabria y Madrid. Las
preautonomías adoptaron
organismos propios, pero
carecían de capacidad
legislativa.

33. El periodo autonómico (tras la aprobación de la
Constitución de 1978) configuró el actual estado
autonómico, que reconoció la unidad de la nación
española dentro de una diversidad de nacionalidades. La
Constitución dejó a las preautonomías el derecho de
constituirse en comunidades autónomas, regulando solo
las condiciones y proceso a seguir: se estipuló que las
provincias que la formaran debían tener características
comunes, estableciéndose el acceso a la autonomía por
una vía rápida y otra limitada.

34. La vía rápida fue recogida en el artículo 151 de la
Constitución, permitiendo adquirir inmediatamente el
mayor techo de competencias. Esta vía fue adoptada por
Cataluña, País Vasco, y Galicia, que de acuerdo a la
disposición transitoria segunda de la constitución como
autonomías históricas sólo necesitaban el acuerdo por
mayoría absoluta de sus órganos preautonómicos.

35. Andalucía y Navarra también optaron por la vía rápida.
Andalucía tuvo que contar con el acuerdo de todas las
diputaciones provinciales, de las tres cuartas partes de
los ayuntamientos y del respaldo popular en un
referéndum. Por su parte, Navarra optó por reforzar sus
derechos particulares (“Amejoramiento del Fuero”).

36. El resto de comunidades accedió a la autonomía por la
vía lenta del artículo 143 (que exigía cinco años para ir
ampliando las limitadas competencias iniciales). Para ello
tuvieron que contar con el acuerdo de todas las
Diputaciones provinciales o la mayoría absoluta de sus
órganos preautonómicos y de dos tercios de los
ayuntamientos. Ceuta y Melilla recibieron el rango de
municipios autónomos, y no tienen capacidad legislativa.

37. 3. Los desequilibrios territoriales.

38. 3.1 Causas e indicadores
de las diferencias territoriales.
Existen desequilibrios socioeconómicos y
demográficos entre las comunidades autónomas y en el
interior de cada una de ellas.

39. Las causas o razones de estas diferencias se deben a
elementos naturales (desigual distribución de recursos y
diferentes condiciones naturales) y culturales
(localización de actividades más dinámicas en cada
momento histórico y en la actualidad).

40. Los indicadores de los desequilibrios son diversos: el
PIB o PIB per capita refleja la diversa capacidad
productiva, la densidad de población muestra la
distribución de la población, la renta bruta disponible en
los hogares y el nivel de bienestar, que se mide por los
servicios disponibles y la calidad ambiental.

41. 3.2 Evolución de los
desequilibrios territoriales.
El origen de los desequilibrios actuales se sitúa entre
1850 y 1975 debido a la localización de la industria y, en
menor medida, al desarrollo de los servicios (turismo).

42. Las áreas más dinámicas fueron las periferias
cantábrica y mediterránea (gracias a la industria), Madrid
(donde a la industria se añadieron funciones terciarias
propias de ser la capital política y financiera del país), y
las áreas dinámicas surgidas en la década de 1960 como
consecuencia de la difusión de la industria (eje del Ebro)
o del turismo (islas Baleares y Canarias).

43. Las áreas dinámicas concentraron el mayor crecimiento
del PIB y del PIB per capita al atraer materias primas,
fuentes de energía y capitales, recibieron inmigrantes del
interior peninsular incrementando su densidad de
población, e incrementaron la renta bruta disponible de
los hogares y el nivel de vida.

44. Las áreas menos dinámicas fueron el interior
peninsular, donde se mantuvo el peso del sector primario
y las industrias fueron escasas: el PIB y el PIB per capita
creció a un ritmo menor, fueron áreas emigratorias que
se despoblaron y envejecieron, y la elevación del nivel de
renta familiar y la dotación de servicios fue menor.

45. La crisis económica de 1975 acabó con la industria
como principal factor de explicación de los desequilibrios,
provocando cambios en los mismos. Las regiones
industriales sufrieron una aguda crisis, especialmente
visible en las centradas en sectores maduros (zona
cantábrica) y menor donde las industrias eran más
diversas (Cataluña).

46. La regiones con menor peso industrial se vieron
menos afectadas por la crisis, por centrarse su
economía en el sector primario (Galicia, Murcia) o
terciario (Madrid, Baleares y Canarias) o por tener un
reparto más equilibrado de los sectores (Aragón, La
Rioja, Valencia). En definitiva, la crisis de 1975 frenó la
concentración espacial de la producción y población en
las áreas más industrializadas.

47. Con la reestructuración económica tras las crisis de 1975
la industria no es un factor que destaque en los
desequilibrios territoriales actuales, debiéndose estos
a la localización de los servicios avanzados, la
innovación y la alta tecnología. La jerarquía espacial
actual diferencia entre ejes de dinamismo, ejes de declive
y espacios menos dinámicos.

48. Las zonas dinámicas son favorecidas por los nuevos
factores de desarrollo (Madrid, País Vasco, valle del
Ebro, litoral mediterráneo norte e islas). En estas zonas,
el porcentaje del PIB de los sectores punta y la I+D ha
aumentado, siendo el PIB per capita, la renta bruta
disponible por hogar y el nivel de vida mayor a la media
nacional. La correlación entre población y PIB se ha
reducido por la deslocalización.

49. Las zonas en declive estaban muy especializadas en
sectores industriales maduros o en crisis, lo que las
perjudicó (Asturias, Cantabria). En estas zonas, el PIB
crece por debajo de la media y el PIB per capita es
inferior a la media, mientras que la población se estancó
o retrocede. La renta bruta disponible por hogares y el
nivel de vida es similar a la media, ya que partían de
niveles altos.

50. Los espacios menos dinámicos cuentan con mayor
peso del sector primario y escaso desarrollo de industrias
y servicios avanzados especializados (Castilla,
Extremadura, Galicia, Murcia, Andalucía interior,…). Su
PIB per capita y la renta bruta disponible de los hogares
es inferior a la media, aunque ha aumentado el PIB en
Murcia y Andalucía (gracias a la agricultura tecnificada y
el turismo). La densidad demográfica es dispar entre el
interior y el litoral, existiendo carencias de servicios.

51. 4. Las políticas de
cohesión territorial.

52. Frente a los desequilibrios territoriales existen políticas
regionales. En España se iniciaron en la década de
1960 con los Planes de Desarrollo y continuaron a partir
de 1986 marcadas por la adhesión a la Comunidad
Europea, el deseo de cumplir el principio de solidaridad
interterritorial establecido por la Constitución de 1978, y
el desarrollo del estado de las autonomías.

53. 4.1 Política regional y de cohesión
en la Unión Europea.
La política regional europea tradicional, iniciada en
1975 pretendía coordinar las políticas regionales de los
estados miembros y corregir los desequilibrios entre
regiones. Desde 2007 la nueva política regional busca
reforzar la competitividad entre todas las regiones.

54. La política regional busca tres objetivos: la
convergencia, la competitividad regional y el empleo, y la
cooperación territorial europea.

55. Mediante la convergencia se
intenta aproximar las regiones
menos desarrolladas con las más
avanzadas. La mayor parte de los
fondos europeos de ayuda se
dedican a la convergencia
diferenciándose entre regiones de
convergencia pura (con PIB per
cápita inferior al 75 % de la media -
Andalucía, Galicia, Extremadura y
Castilla La Mancha -), y las regiones
de convergencia de ayuda
transitoria (regiones que tras la
ampliación de la UE en 2004 tienen
un PIB per cápita mayor al 75 % de
la media - Asturias y Murcia -).

56. También se propone mejorar la competitividad y el
empleo de las regiones, recibiendo las regiones más
dinámicas un 16 % de los fondos europeos. Se diferencia
entre regiones de competitividad y empleo puras (con un
PIB per cápita superior al 75 % de la media - Madrid,
Cataluña, País Vasco,… -) y regiones de competitividad y
empleo de ayuda transitoria (que antes de 2007 eran de
las regiones menos desarrolladas - Castilla y León,
Valencia y Canarias -).

57. La cooperación territorial europea, que recibe un 3 %
de los fondos europeos, pretende mejorarse con
proyectos de cooperación transfronteriza (entre España,
Francia y Portugal), transnacional (con el Atlántico y el
Mediterráneo) e interregional (con los países europeos).

58. Hay tres fondos que financian la política regional
europea, recibiendo España, a través del Marco
Estratégico Nacional de Referencia, más de 35 mil
millones de euros. El FEDER (Fondo Europeo para el
Desarrollo Regional) financia inversiones destinadas a
reducir los desequilibrios territoriales de todas las
regiones; el FSE (Fondo Social Europeo) busca acabar
con el desempleo; y el Fondo de Cohesión financia
inversiones públicas en redes transeuropeas en países
con un PIB per cápita inferior al 90 % de la media,
superado por España en 2004.

59. Como consecuencias de la política regional europea,
España ha cedido parte de su soberanía a la UE, se ha
favorecido la convergencia española con Europa y se
han reducido los desequilibrios interterritoriales. Existen
indicadores que muestran que las regiones españolas
evolucionan mejor que la media europea respecto a
demografía y transporte, pero están por debajo de la
media en productividad, mercado de trabajo, o I + D + I..

60. 4.2 La política regional del Estado.
La Constitución española garantiza el equilibrio entre las
regiones y la solidaridad. La política regional española
fomenta un desarrollo regional equilibrado con los
objetivos de: consolidar el crecimiento de las áreas más
dinámicas (Madrid, Mediterráneo norte y valle del Ebro),
detener el declive de la región cantábrica, impulsar el
Mediterráneo sur, y apoyar al resto de regiones.

61. Para conseguir estos objetivos se usan incentivos
regionales, ayudas otorgadas a la inversión de las
pequeñas empresas en ciertas zonas, especialmente a
las pequeñas empresas. Según el PIB per cápita, la tasa
de paro o las dificultades económicas se han establecido
zonas de aplicación de los incentivos: regiones con un
PIB per cápita inferior al 75 % de la media y regiones con
un PIB per cápita superior al 75 % de la media (que
reciben ayudas con intereses más bajos).

62. Los sectores que se promocionan incluyen las
industrias extractivas y transformadoras, las empresas
agroalimentarias y de acuicultura, y las empresas de
servicios a la producción y de ocio. En cuanto a los
proyectos que se respaldan, destacan todos los que
apuestan por ampliar, modernizar o crear nuevos
establecimientos.

63. Por su parte, los Fondos de Compensación
Interterritorial, creados en 1980, incluyeron a todas las
comunidades autónomas hasta 1990, recibiendo después
las ayudas sólo las comunidades con una renta per
cápita inferior a la media nacional, diferenciándose desde
2001 un Fondo de Compensación y un Fondo
Complementario.

64. 4.3 La ordenación del territorio.
Para paliar los desequilibrios intrarregionales, las
regiones analizan los factores que influyen en su
desarrollo y planifican las actuaciones oportunas
mediante la ordenación del territorio. Como objetivos
pretende un desarrollo socioeconómico equilibrado y la
organización integral coordinada del espacio,
combinando políticas económicas sectoriales con la
mejora de la calidad de vida y la preservación del medio.

65. El instrumento básico para ordenar el territorio es
elaborar un plan, para lo que se analiza la situación
actual (problemas y potencialidades del terreno) y se
desarrolla la planificación territorial (estrategias y
actuaciones planteadas para alcanzar el objetivo),
elaborando los gobiernos autonómicos Planes
Territoriales Generales que se concretan en Planes
Territoriales Parciales. Además se formulan planes a una
escala mayor, estableciéndose una planificación en
cascada (planes jerarquizados).

66. En España la política de ordenación del territorio se inició
en 1980, habiéndose desarrollado en el ámbito regional.
No obstante, al estar implicados los ámbitos europeo,
estatal y local, se busca la coordinación entre las
diversas administraciones.