Apobacion comite coordinador

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Alianza por la Niñez

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Los resultados más relevantes del proceso de consulta participativa de War Child Holanda en Colombia que realizó entre enero y abril de 2011, con sus copartes locales, entidades estatales y gubernamentales, organizaciones sociales, ONGs y autoridades locales. A su vez las copartes realizaron grupos focales con niños, niñas y adolescentes; docentes y familias. Las zonas geográficas incluidas en el análisis incluyen los departamentos de Cauca, Valle, Putumayo, Cundinamarca y la situación en de NNA en Cartagena y Medellín.

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Examen de los informes presentados por el estado Colombiano partes con arreglo al artículo 44 de la convención. En donde el Comité recomienda que el Estado Parte adopte un Plan de Acción Nacional en favor de la infancia en consultas con la sociedad civil y todos los sectores implicados en la promoción y protección de los derechos de la infancia, con el objetivo de aplicar los principios y disposiciones de la Convención, y teniendo en cuenta, entre otras cosas, el Plan de Acción "Un mundo apropiado para los niños", aprobado por la Asamblea General en su período extraordinario de sesiones celebrado en mayo de 2002. El Comité recomienda también que se asignen a la aplicación del Plan de Acción Nacional recursos adecuados tanto a nivel nacional como local.

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Este Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2019 identifica las acciones y responsabilidades que abordará el Poder Ejecutivo. Dada la integralidad requerida, tales responsabilidades corresponden a una amplia gama de entidades gubernamentales y no solamente a las tradicionalmente relacionadas con la niñez y la adolescencia. Las responsabilidades del Ejecutivo serán reforzadas por los demás poderes del Estado, pues a todos compete en conjunto la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El Plan prevé además promover y apoyar la gestión de la familia y la comunidad, coresponsables de la protección y el desarrollo de la generación que comienza y es presente y futuro de la sociedad.

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El Preámbulo recuerda los principios fundamentales de las Naciones Unidas y las disposiciones precisas de algunos tratados y declareciones relativos a los derechos del homre; reafirma la necesidad de proporcionar a los niños cuidado y asistencia especiales en razón de su vulnerabilidad; subraya de manera especial la responsabilidad primordial de la familia por la que respecta a la protección y a la asistencia, la necesidad de una protección jurídica y no jurídica del niño antes y después del nacimiento, la importancia del respeto de los valores culturales de la comunidad del niño y el papel crucial de la cooperación internacional para que los derechos del niño se hagan realidad.

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Entregamos a ustedes la publicación del Informe Complementario al Tercer Informe presentado por el Estado Colombiano al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989 estableció un mecanismo de seguimiento del cumplimiento de la misma por parte de los Estados que la ratifiquen, el cual consiste en la creación de un Comité, conformado por expertos reconocidos en el tema de diversos países y continentes. Este Comité se encarga de estudiar los informes que los Estados tienen la obligación de presentar tres años después de ratificar la Convención y, posteriormente, cada cinco años. El Comité estudia también informes entregados por organizaciones de la sociedad civil y realiza una presentación por cada país en que escucha a los miembros de la sociedad civil y a los organismos de Naciones Unidas y posteriormente realiza una sesión con los representantes del Estado. Con base en estos insumos el Comité hace recomendaciones a cada uno de los Estados, que deben ser una base para lo que el Estado haga en los años siguientes para avanzar en el cumplimiento de la Convención. La Convención establece también que los Estados deben difundir ampliamente sus informes y las recomendaciones del Comité, propiciando el debate público sobre la situación nacional de los derechos de la niñez.

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El Cinde, la Fundación Restrepo Barco, Unicef y Save the Children, le hicieron una invitación al Programa Nacional de Desarrollo Humano (PDH) para que determinara el monto del gasto público destinado a la niñez y a la juventud. Comenzamos el ensayo con una reflexión sobre la forma como la teoría económica ha abordado el tema de la niñez y de la juventud. Posteriormente estimamos el valor del gasto público dirigido a la niñez y a la juventud.

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Este documento ha de servir como herramienta de consulta a todos los que trabajan y se preocupan por la niñez en Colombia. Gobernantes, educadores, defensores de derechos humanos, ONGs especializadas en Infancia, periodistas, líderes de opinión y responsables de políticas públicas, políticas sobre Infancia, adolescencia y juventud. Para quienes están convencidos de que una nación debe resolver los problemas de la infancia si quiere ser exitosa en su lucha por alcanzar el verdadero desarrollo.

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El Comité acoge con satisfacción la abundante información facilitada por el Estado Parte en su segundo informe periódico, aunque lamenta que no se hayan seguido sus directrices. El Comité agradece la presentación oportuna de las respuestas facilitadas por escrito a la lista de cuestiones (CRC/C/Q/COL/2). El Comité agradece también la presencia de una delegación directamente interesada en la aplicación del Convenio en el Estado Parte, lo que ha permitido al Comité efectuar una evaluación completa de la situación de los derechos del niño en el Estado Parte. El Comité considera alentador el diálogo abierto y constructivo que ha sostenido con la delegación del Estado Parte.

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El año de 1991 marca un hito especial para la defensa y garantía de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes en Colombia: se promulga la Constitución Política en la que se define un nuevo ordenamiento político y jurídico a partir del reconocimiento de la Nación colombiana como un Estado Social de Derecho, y se sanciona la Ley 12 de 1991 mediante la cual se incorpora en la legislación interna la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de la Naciones Unidas, que establece la forma en la que deben ser tratados y atendidos todos los niños y las niñas del mundo en los diferentes ámbitos de su vida, a partir su reconocimiento como sujetos de derechos. Desde ese mismo año surgen en el país varias iniciativas para reformar el Código del Menor, Decreto 2737 de 1989, con el propósito de ajustarlo a los nuevos mandatos constitucionales en materia de derechos humanos y a los preceptos internacionales de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que precisamente se describen esos derechos y se establecen los compromisos que los Estados deben cumplir para garantizarlos. A pesar de los diversos esfuerzos emprendidos durante más de 15 años por entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, esta reforma sólo se logra llevar a cabo en noviembre de 2006 con la aprobación del Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006.

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