Este documento describe la crisis económica de México en 1982 desde varias perspectivas. La crisis fue causada por factores internos como las contradicciones en el modelo de desarrollo del país y la inflexibilidad para reaccionar a cambios, así como factores externos como la caída en los precios del petróleo y el aumento en las tasas de interés. La crisis también estuvo influenciada por las tensiones en las relaciones entre México y Estados Unidos y por la incertidumbre generada por el proceso de sucesión presidencial. El

1. EL PULSO DE LOS SEXENIOS ‐ MIGUEL BAZAÑEZ
20 AÑOS DE CRISIS DEN MEXICO
3. LA CRISIS DE 1982
La tercera crisis bajo análisis, la nacionalización de la banca, ha sido tal vez el hecho más controvertido
de los últimos 20 años, que movilizó en favor y en contra a la opinión pública nacional. Motivó y
desmotivó al mismo tiempo a distintos segmentos de la población y marcó de manera importante el
curso posterior de las acciones, tanto políticas como económicas. En los primeros tres meses se generó
una extensa movilización social para apoyar la medida, que poco tiempo después se tornó en otra para
culpabilizar.
No se debe subestimar la influencia que ejercieron en la formación y evolución de esta crisis, diversas
acciones generadas en la relación México Estados Unidos. Después de la ominosa negativa
norteamericana en diciembre de 1977 a la compra de gas mexicano ya casi concluida la construcción del
gasoducto Cactus Reynosa en diciembre de 1977, los tratos entre los presidentes López Portillo y Cárter
no podría decirse que eran inmejorables, como lo acredita la visita que Cárter hizo a la ciudad de México
en febrero de 1979. La decisión de no entrar al GATT en marzo de 1980 y la visita a Cuba en septiembre
de ese año, adicionadas de la descripción de la política internacional y la reflexión sobre la validez de la
propiedad privada que López Portillo hizo con motivo de la IV Reunión de la República en Hermosillo en
febrero de 1981 y el comunicado que suscribió con Francia sobre El Salvador en agosto de ese año,
deben haber ido incrementando las actitudes de recelo y reserva hacia México en las agencias
estratégicas norteamericanas. La reunión Norte Sur de Cancún en diciembre de 1981 y el apoyo a
Nicaragua estaban marcando un activismo mexicano en el panorama internacional que resultaba con
seguridad crecientemente incómodo para Estados Unidos.
En 1982 México vivió una situación económica difícil. Por una parte, las contradicciones generadas en el
proceso de desarrollo del país y la inflexibilidad de la política económica para reaccionar con
oportunidad a las circunstancias adversas y, por otra, los cambios bruscos en las condiciones
económicas internacionales —caída en los precios del petróleo, alza en las tasas de interés, estrechez
del financiamiento, fueron los factores que precipitaron la crisis. Los signos del grave desequilibrio de la
actividad económica fueron el desmedido déficit público, el alarmante deterioro del sector externo —
incluyendo una gran fuga de divisas— la inflación, la caída del producto nacional y una alta
desintermediación financiera, entre otros.
Para entender la crisis de 1982 es indispensable tener presente, además del marco político bilateral, el
hundimiento petrolero que arrastró a gobierno y empresas, así como el proceso de la sucesión
presidencial que cada vez más se ha venido revelando como altamente perturbador. En la misma forma
que al analizar las dos crisis anteriores, la comprensión completa de ésta necesita incluir las reacciones
más fuertes que generó: sin duda la preocupación internacional, así como el arribo, paulatino pero
creciente, a niveles de riesgo, de las presiones internas.

2. EL HUNDIMIENTO DEL PETRÓLEO
La multiplicación de los ingresos petroleros a partir de la segunda ofensiva victoriosa de la OPEP en 1979
y el aumento del volumen de la extracción de crudo por parte de Pemex, vinieron a trastocar este
tranquilo y por lo demás típico orden de cosas, y erigieron al Estado como el gran sector de la vida
política y económica nacional, alejando de paso las posibilidades objetivas del sector privado de asumir
la hegemonía del país. El gobierno de López Portillo no parece haber encontrado una fórmula
suficientemente adecuada para digerir los nuevos y cuantiosos ingresos petroleros y buena parte se
desperdició en financiar una tasa de consumo artificialmente alta, tanto de parte del gobierno como de
la sociedad en su conjunto.
Para financiar el desarrollo del sector energético y las importaciones masivas de bienes de capital —que
perseguían el mantenimiento de una tasa de crecimiento también anormalmente alta— el país incurrió
en un acelerado proceso de endeudamiento externo que a la postre resultaría insostenible y llevaría por
igual a la suspensión del crédito externo, al deterioro de la confianza empresarial, a la crisis de las
finanzas públicas y, finalmente, a la nacionalización de la banca.
Los desequilibrios estructurales de la economía mexicana pudieron ser sobrellevados y pospuestos
gracias a la bonanza petrolera. Sin embargo, el grave y creciente deterioro hizo aflorar dichas
contradicciones e hizo evidente la gran fragilidad del esquema de financiamiento del desarrollo basado
en el uso de deuda, especialmente externa y de los recursos petroleros.
Un amplio debate sobre el rumbo global de la economía se produjo en 1980 en torno a la decisión de
que México ingresara al GATT y ampliara su plataforma de explotación petrolera, Es cierto que la
discusión se dio en ese año, pero en realidad era sólo una fase manifiesta de un proceso más profundo
de búsqueda de rumbo que se había iniciado diez años antes. Un avance importante hacia la
redefinición económica del período de reajuste (1968‐1980) se hizo en ocasión del aniversario de la
expropiación petrolera el 18 de marzo de 1980. Primero, México no se sometió a la presión
norteamericana de incrementar la producción petrolera más allá de la plataforma de 2.5 a 2.7 millones
de barriles diarios, sólo un 10% de variación se aceptaba. Segundo, la entrada al GATT se rechazaba.
Tercero, se propuso el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) que implicaba una participación más directa
del Estado en la producción de alimentos.
Aunque éstas fueron redefiniciones parciales, bastaron para producir varios cambios en el arreglo
interno de las fuerzas de 1980. Primero, en abril se presentó el plan global de desarrollo que muestra
algunas de las tesis fundamentales propuestas por los financieros privados, específicamente Banamex.
Segundo, en la gira presidencial por Europa en mayo. Televisa dejó ver su disgusto al retirar toda su
cobertura de la gira. Tercero, de acuerdo con el Banco Federal de Reservas Norteamericano, un monto
de más de 4 000 millones de dólares estaba en los bancos privados para finales de mayo (Informática
53:18). Un rasgo algo separado, pero relevante en este panorama, fue el ofrecimiento en febrero de
1980, de un banquero de Chicago a la Cámara de Comercio de "ayuda militar norteamericana a México a
cambio del petróleo" (Informática 50:19).
Los trastornos en el precio internacional del petróleo a partir de junio de 1981, parecen haber
provocado en pocas semanas un impacto financiero que afectó a Alfa. En julio el consorcio no pudo

3. obtener en Nueva York un préstamo de 200 millones de dólares y un mes después, Bernardo Garza Sada
declara que las versiones de despidos y quiebra en Alfa son infundadas, pero para octubre se observa ya
un descenso en el valor de las acciones del grupo y una suspensión en sus planes de diversificación.
Finalmente, el 1 de noviembre se anuncia que Banobras otorgó un crédito a Alfa por 17 mil millones de
pesos; al día siguiente el Partido Social Demócrata (PSD) denuncia la quiebra técnica del consorcio y
demanda la nacionalización de Alfa. Garza Sada declara que no hay crisis ni quiebra, pero corre la
petición en los medios bursátiles de congelar las acciones del Grupo. Con ella se congela también la
viabilidad de un proyecto empresarial como opción del desarrollo del país, al menos por un tiempo. La
desmoralización empresarial se hizo presente.
Al igual que en el caso de Díaz Serrano, las causas obvias del rápido y estridente deterioro de Alfa,
expansionismo, altos gastos y endeudamiento, está rodeado de incógnitas que matizaron el suceso. La
primera incógnita puede referirse a la fuerte rivalidad interna entre Alfa y Visa; la segunda a una posible
liga profunda de Visa al Partido Social Demócrata (PSD). En cualquier caso, resta mucho por esclarecer al
respecto y sobre todo por establecer la vinculación entre la quiebra de Alfa y la precipitación de la crisis
de 1982.
LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL
Si la economía estaba agitada, la política no lo estaba menos. Es cierto que el período de mayor
turbulencia política en el sistema mexicano es el de la transición presidencial, aunque la preocupación
por el sucesor está presente prácticamente en todo el tiempo del sexenio. La preocupación
tradicionalmente se intensifica después del IV Informe de Gobierno y va en aumento conforme se
aproxima el V. Se provocan así reacomodos y presiones que afectan el comportamiento de la política.
Sin embargo, dos eventos llamaron la atención en la sucesión de López Portillo: el discurso de Roberto
Casillas, secretario particular del presidente, pronunciado en agosto de 1980 y la serie de entrevistas
concedidas por Luis Echeverría en abril de 1981 a El Universal. El efecto del discurso de Casillas fue una
entrevista televisada del presidente negándose el papel de gran elector y calificándose como fiel de la
balanza. El de las entrevistas de Echeverría, fue el enroque efectuado entre el presidente del PRI y el
secretario de la Reforma Agraria, ocho días después de la ruptura supersónica del silencio. En estos dos
casos, el presidente mostró la necesidad de reforzar el control de la situación política del país, en un
ambiente progresivamente inquieto.
A diferencia de los acontecimientos anteriores al mes de junio de 1981, los posteriores dificultaron el
control sobre el proceso de la sucesión. Por una parte, el problema de precios del petróleo que arriba se
analizó y que provocó un impacto de importancia a los planes presidenciales. Por otra, la destitución de
Díaz Serrano, que pareció obedecer no sólo al desacuerdo en la reducción del precio por barril
exportado. En tercer término, las presiones cruzadas del bloque industrial encabezado por Alfa y del
bloque financiero, anunciaban la aparición de acciones empresariales desarticuladas y trastornadas,
como en efecto resultaron ser los recursos del rumor, la desconfianza y la fuga de capitales. Finalmente
las tres entrevistas con el presidente Reagan, todas en territorio norteamericano y sin mediar
reciprocidad. Son sugestivos, por último, los tiempos y movimientos de la nominación presidencial

4. durante la segunda quincena de septiembre. El día 14 Díaz Serrano declaró que estaba dispuesto a
volver a la política. El día 17, López Portillo acudió por tercera vez consecutiva a reunirse con Reagan,
esta vez en Grand Rapids, Michigan. Al día siguiente de su regreso, el presidente anuncia en un mitin en
Monterrey, que en pocos días el PRI dará a conocer su candidato; en el curso de la semana trasciende
que JDS se iría de embajador a la URSS y el día 25 el PRI da a conocer a su candidato, anticipándose casi
un mes a la junta de Cancún, que era la fecha esperada del destape. Sin recurrir a explicaciones
conspiratorias, será importante para un futuro indagar la posible relación entre los elementos
aportados: Bush, Alfa, Díaz Serrano, Grand Rapids y la anticipación del destape.
Cinco semanas después de la renuncia de Díaz Serrano, el presidente ofreció una conferencia de prensa
a bordo del avión Quetzalcóatl a su regreso de Guadalajara el 10 de julio. En esa ocasión denunció que
se estaba creando un clima de desconfianza: "una carga emocional espesa, indeterminada, fundada en
rumores, en chismes. . ."; se pronunció contra la devaluación y el terrorismo informativo. Pidió "llegar a
la junta de Cancún con toda la fuerza del presidente de la República" (El Día, 1171981:2). Una semana
después, el 17 de julio, López Portillo volvió a referirse al terrorismo informativo contra el peso. Utilizó
como foro una conferencia de prensa con los corresponsales extranjeros (Unomásuno, 1871981:1).
Al parecer, las dos conferencias de prensa ayudaron a calmar relativa y temporalmente los ánimos, que
volvieron a caldearse conforme se aproximaba la celebración de la V Reunión de la República el 5 de
febrero de 1982. Ese día, el presidente volvió a pedir tranquilidad, confianza, solidaridad: "Defendamos
nuestro peso, dijo, para no hacerle el juego a la parte más despreciable de la sociedad, aquellos que se
enriquecen con la especulación y con el fracaso de otros" (Excélsior, 621982:1). El efecto resultó
contrario a sus propósitos y el 17 de febrero se anunció el retiro del Banco de México del mercado
cambiario. El peso frente al dólar cambia de 27.06 el día 17 a 47.25 el día 26 (Unomásuno, 2821982:9).
La capacidad del sector financiero de desatar un eficaz mecanismo de presión se había comprobado una
vez más, pero también puso en evidencia su incapacidad para retomar el control.
Las condiciones financieras agudizaron el debate económico. Volvieron a primera fila las proposiciones
irreconciliables de los monetaristas y estructuralistas; libertad cambiaría y vinculación estrecha al
sistema monetario internacional frente al control de cambios y autodeterminación financiera. En este
marco se provocó el cambio de los titulares de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México el 16 y 17
de marzo de 1982, respectivamente, que fue interpretado como un paso más en la transición hacia el
nuevo gobierno por la cercanía de los designados con el candidato. Hasta ahí, la corriente monetarista
parecía predominar. Al menos así se pensó cuando el director del Banco de México, publicó "un análisis
pragmático —no dogmático— sobre la conveniencia" del control de cambios, donde llegó a la plena
convicción de que en México no podía adoptarse.
El rumor y el desprestigio continuaban deteriorando la imagen del presidente, en un tiempo político —la
transición— ya de suyo difícil. El 11 de mayo de 1982 López Portillo formula una extensa explicación
televisada en la reunión Veinte Mujeres y un Hombre, donde argumenta que el país tiene problemas de
liquidez financiera, pero niega la existencia de una crisis económica. Hace un llamado a la confianza,
pero admite "que goza de menos credibilidad que un empleado de ventanilla bancaria" (El Nacional,
12582:1). La salida de capitales continuaba realizándose en proporciones cada vez mayores. Durante el
mes de junio y principios de julio, la atención fue acaparada por los cierres de campaña de los partidos

5. políticos y por los comentarios a la alta participación en las elecciones. Pero pasada la euforia electoral,
regresaron los rumores.
La severidad de la situación financiera se expresó el 1 Je agosto en los aumentos al precio de la gasolina,
pan y tortilla, dado el monto considerable de subsidio gubernamental que absorbían; nuevamente las
dificultades se manifestaron el día 5 al establecerse la doble paridad cambiaria. Esta decisión fue el
primer paso hacia el control generalizado de cambios decretado el 1 de septiembre. Evidenció que el
equilibrio de las fuerzas políticas en la disputa por las opciones del país, estaba rápidamente cambiando.
LA TERCERA CRISIS: LA NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA
El anuncio de la nacionalización de la banca y el control generalizado de cambios durante la lectura del
VI Informe de Gobierno tomó por sorpresa al país. Salvo los integrantes del gabinete ampliado que se
enteraron esa mañana en el desayuno de Los Pinos, el presidente electo informado la tarde anterior y el
reducido grupo de quienes había trabajado en los proyectos correspondientes, nadie más conocía la
medida.
Desde marzo se habían iniciado consideraciones generales sobre dichos aspectos por colaboradores
cercanos al presidente, pero no es sino hasta la adopción de la doble paridad el 5 de agosto, que el
proceso parece entrar a un camino sin regreso. En la última semana de julio se revisan los signos vitales
de la economía mexicana, para concluir que a grandes males, grandes remedios. Se hace manifiesto
también que en el mágico sistema político mexicano, sólo parecen haber 18 semanas cada seis años
para tomar las más difíciles decisiones: del 15 de julio al 30 de noviembre del último año de gobierno, 15
días después de la elección del nuevo presidente y un día antes del cambio de gobierno.
Por el tabú en que se había constituido la libertad cambiaría, verdadero himen financiero, el 5 de agosto
pareció indicar que el presidente se había decidido a romper definitivamente con el pasado. El
matrimonio celebrado entre la banca privada y el gobierno en 1925 se escindió, para disolverse al
parecer definitivamente el 1 de septiembre. Los asuntos de la peculiar pareja se habían desarrollado
aceptablemente por casi 40 años. Una flexible y moderada política fiscal, a cambio de un financiamiento
interno para un pequeño déficit público, fue una fórmula feliz por muchos años.
Un peligro importante que amenazó a la nacionalización bancaria, fue la desconfianza popular que
podría desatarse al reabrirse las operaciones bancarias el lunes 6 de septiembre. Ese peligro pareció
conjurarse con la primera reglamentación anunciada por Carlos Tello por televisión el sábado 4: dando
paridad fija a 50 y 70 pesos por dólar; disminución de tasas de interés; eliminación de cobro por
comisiones sobre cuentas de cheques, aumento de intereses en cuenta de ahorros del 4.5 al 20%;
reducción del 23% en créditos para vivienda de interés social para establecerlo al 11%, entre muchas
otras disposiciones.
La cronología fundamental de las disposiciones partió del 13 de septiembre en que se expiden las reglas
generales del control de cambios; el día 21 el presidente envía a la Cámara de Diputados los proyectos
de reformas a la Constitución para reservar el servicio bancario y crediticio al Estado, regir las relaciones
laborales por el apartado B del artículo 123 y convertir al Banco de México en organismo público

6. descentralizado; el día 22, solicitan amparo 21 instituciones bancarias y, por último, el día 27 se anuncia
la constitución de un fideicomiso para la repatriación inmobiliaria, al tiempo que Carlos Tello declara
que se firmará un convenio con el FMI.
La observación principal que puede hacerse a las reacciones que produjo la nacionalización de la banca y
el control de cambios, tanto en el país como en el extranjero, es que fueron verdaderamente moderadas
frente a la agresividad y oposición que otros eventos habían recibido en la historia reciente de México,
particularmente en el sexenio de Echeverría (Basáñez, 1982:57). Hubo una ausencia notoria de la
oposición que se esperaba de una fracción de la Iglesia. Se destacó también la desarticulación del sector
empresarial y la heterogeneidad de sus reacciones. Entre los abogados se dio un debate en torno a la
constitucionalidad de las medidas, pero quedó lejos de lograr un consenso. El movimiento obrero y ios
partidos políticos, con excepción del PAN y PDM, se pronunciaron a favor. Televisa se contuvo y las
páginas editoriales se dividieron. Los financieros privados y una buena parte de los financieros públicos
estuvieron en contra.
El estado real de la opinión pública mexicana no estaba siendo reflejado en los medios, como lo señala la
encuesta levantada por el autor en noviembre de 1982.' El apoyo al gobierno era del 71% de los
entrevistados, en un rango que va rió del más bajo, 64% de los empresarios, al más alto, 87% de los
políticos, como se puede observar con mayor detalle eixel cuadro precedente al sumar regular, bien y
muy bien. / Una expresión del proceso de maduración de la sociedad civil se puede observar en la
heterogénea influencia de los partidos políticos en el proceso de formación de opinión pública, Ljue se
hizo presente con motivo de la nacionalización. Puede notarse que mientras los simpatizantes del PAN,
PDM y PARM, así como los abstencionistas y los sin opinión, registraron el menor porcentaje de
respuestas muy bien en niveles del 8 al 13%, los partidarios del PSUM y PMT, por el contrario, registran
los porcentajes más altos en niveles del 31%. Los simpatizantes del PRI, PRT y PST se mantienen entre el
21 y 26%. En sentido opuesto, las más altas malas opiniones las expresan los simpatizantes del PAN,
PDM, abstención, no contestó y PARM.
A pesar de la impresión, generalmente aceptada, de que los funcionarios supeditaban sus opiniones a
los linchamientos del partido oficial, en la encuesta bancaria se comprobó que en privado expresaban
inclinación por los partidos de centroizquierda. Existe una minoría en el sector público que puede
reclamar un papel más radical para el Estado, una posición más nacionalista y un énfasis mayor en
políticas de beneficio social para las masas. Esto podría reflejarse en apoyo a los partidos de oposición
que sostengan esas demandas, pero también podría ser signo de la capacidad latente del gobierno para
desplazarse un poco más a la izquierda, con el propósito de cooptar a disidentes. Por otro lado,
cualquier medida gubernamental de apoyo neto a la izquierda, probablemente fortalecería a la derecha
sostenida por los grupos que menos apoyan al gobierno. fi La crisis de 1982 contiene una particularidad.
No fue la 'disidencia, ni el sector privado ni las clases medias, sino precisamente el sector público el que
la hizo estallar No obstante, la nacionalización dé la banca fue un factor determinante para reconstituir
la legitimidad y el consenso del Estado entre las grandes masas de la población. Las manifestaciones que
se sucedieron en septiembre —y que de hecho inhibieron la reacción empresarial— así parecían
comprobarlo, sin embargo el Tiempo político de López Portillo estaba casi agotado y el intento de
cambiar toda la enorme estructura de las relaciones financieras en el país, pronto se dio por concluido.

7.
LA PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL
El eje central de la respuesta gubernamental a la crisis de V 1982 fue definido desde el principio. Se
intentaría cumplir escrupulosamente con los compromisos externos del país —específicamente cubrir el
servicio de la deuda externa en el orden de los 10 mil millones de dólares (mMd) anuales— y los efectos
internos adversos de tal decisión, serían contrarrestados con un amplio respeto a la libre manifestación
de las ideas y un fortalecimiento de la reforma política.
En estas circunstancias, México vio indispensable revalorar la importancia del contexto internacional en
la orientación de la economía y adoptar la premisa de cumplir afuera como condición para el desarrollo
domésticoEsto mediante un fuerte ajuste interno v una amplia promoción en la captación nacional de
divisas. En una perspectiva de ahorro en el uso público de divisas, reducción de importaciones y
aumento de exportaciones específicamente las no petroleras vía la reconversión industrial y la liberación
comercial. Podemos identificar dos periodos en la actitud del gobierno mexicano en relación con el
cumplimiento de los compromisos con el exterior: (el primero que va de diciembre de 1982 febrero de
1986, en el que impera el principio de "cumplimiento a toda costa; y el segundo, que parte de febrero
de 1986 y que se caracteriza por una actitud de cumplimiento modificada. La máxima de cumplir a toda
costa, emprendida por el gobierno mexicano es explicable tanto por la composición sociopolítica de la
fracción hegemónica que arribó al poder en 1982, como por su visión de las adversas circunstancias
externas e internas por las que atravesaba el país. Las agencias estratégicas norteamericanas estaban
muy sensibles a la política exterior mexicana y particularmente a la postura hacia Centroamérica.
Constantine Menges, responsable de América Latina en la Agencia Central de Inteligencia (CÍA) de
Estados Unidos al principio de la nueva administración mexicana 1982‐1988, era uno de los más
preocupados; por una supuesta alianza profunda del gobierno Mexicano con los de la Unión Soviética y
de Cuba,2 donde México apoyo a Nicaragua y El Salvador, según Menges a cambio de que la URSS y
Cuba mantuvieran controlada a la izquierda mexicana. Para dar pruebas tangenciales de que México no
avanzaba al comunismo, ni que existía alianza alguna, el nuevo gobierno mexicano escogió la vía del
escrupuloso, cumplimiento con las instituciones financieras internacionales de los compromisos
derivados de la deuda externa. Sin embargo, los esfuerzos y disciplina financiera, eran irrelevantes para
las agencias de seguridad norteamericanas. De ahí las constantes campañas de prensa con pretexto del
combate al narcotráfico, inseguridad turística o corrupción de los funcionarios mexicanos.
Es interesante contrastar la opinión gubernamental dominante con la de la sociedad en torno a la deuda
externa.3 Como se puede apreciar en las cifras del cuadro siguiente, los funcionarios expresaban la
opinión menos desfavorable (7% bien y 77% mal), seguidos por los campesinos (6% bien y 56% mal).
Pero en cualquier caso, el contraste nacional entre las opiniones a favor y en contra (4% vs. 78%)
demuestra un rechazo abierto de la sociedad a la deuda
En agosto de 1983 México fue calificado por altos funcionarios de los organismos financieros
internacionales como país con un programa de recuperación ejemplar que estaba siendo imitado por
otros países con dificultades financieras. Esta percepción fue ampliamente argumentada y difundida por
revistas y periódicos especializados con gran penetración internacional, quienes señalaban que ningún
país en tiempos modernos había aplicado un ajuste tan radical, rápido, decidido y exitoso como México.

8. En junio_de_J984, el director ejecutivo del FMI giró un comunicado en el que presenta a México como
un ejemplo de ajuste para los países deudores y de negociación para los países acreedores, que fue
respaldado por el presidente de la Reserva Federal de Estados Vmdos7 (Crónica Presidencial, 1985:276.)
Hasta entonces la opinión internacional sobre México se había transformado de escéptica y adversa en
propicia y favorable en torno a la recuperación económica nacional. Esto significaba que el nuevo grupo
gobernante iba logrando recuperar la credibilidad y la confianza de los centros financieros
internacionales. No así la de los centros de seguridad estratégica.
Ante las crecientes inquietudes de adoptar una posición conjunta de fuerza por América Latina frente a
la comunidad financiera internacional, expresadas en las reuniones de Quito y Cartagena de 1984, la
postura de México de cumplir a toda costa seguía firme. Se rechazó la posibilidad de participar en la
conformación del denominado club de deudores y México cuestionaba la viabilidad de todas aquellas
iniciativas de fuerza, ruptura o confrontación ante los centros financieros internacionales.
El cumplimiento de los compromisos derivó en una serie de impactos en diversas variables económicas y
sociales. El déficit público fue financiado con crédito interno, lo que implico un circulo vicioso que lo
retroalimento, ya que una gran parte del gasto se destino al pago de intereses de la deuda interna, al
incrementarse el financiamiento interno del déficit público, se absorbieron recursos que de otra forma
hubieran sido dirigidos a las actividades productivas formándose además un apretamiento financiero,
que entre otras cosas se caracterizo por una prácticamente nula disponibilidad de financiamiento al
sector privado.
La caída de los precios internacionales del petróleo de 1985, el crecimiento de la inflación, la
disminución de la producción industrial y las consecuencias de los sismos de septiembre, a pesar de las
medidas fiscales, cambiarías y comerciales de emergencia instrumentadas, no lograron relajar las
crecientes dificultades para cumplir con el exterior. En estas circunstancias se dio el discurso
presidencial del 21 de febrero de 1986, que indicaba un viraje en la política de cumplir a toda costa.
Desde mediados de 1985 empezó a notarse una variación en el discurso gubernamental sobre este
tema. Tanto para el gobierno como para la sociedad, parecía evidente que la política de contención
económica iniciada con el Programa Inmediato de Recuperación Económica (PIRE) y reforzar con la
astringencia crediticia de ese año, no podría continuar vigente por mucho tiempo más, sin riesgo de
causar daños a las estructuras de la planta industrial. Los acreedores externos se habían concretado a
cobrar el servicio de la deuda mexicana, otorgando concesiones menores a través de las
reestructuraciones, pero desde 1984 ei país no había recibido crédito adicional. En esas condiciones la
descapitalización progresiva del país era una tentativa poco alentadora (Excélsior, 2221986:1).
Miguel de la Madrid se dirigió ese 21 de febrero de 1986 a ja comunidad nacional y a los acreedores
externos a través de los medios masivos de comunicación, para subrayar que su administración ya no
estaba dispuesta a seguir sacrificando los niveles de vida de las clases mayoritarias para exportar, por la
vía del servicio de la deuda externa, recursos generados internamente, mientras que los flujos de
financiamiento externo seguían virtualmente cancelados y los ingresos petroleros se habían reducido a
menos de la mitad. Dos meses después, al inaugurar el XXI período de sesiones de la CEPAL, De la
Madrid declaró que la situación imperante ya no podía continuar:

9. Hemos llegado al límite de poder sostener la transferencia de capitales al resto del mundo y nuestros
pueblos nos exigen la superación de esta crisis que cada día es menos tolerante. . . (Por ello) México
demanda urgentemente la reestructuración de las relaciones económicas mundiales que abarque,
conjuntamente con la deuda, los problemas de finanzas y moneda, flujos comerciales y términos de
intercambio, apoyo tecnológico y cooperación internacional (Excélsior, 2241986:1.)
El subsecretario de Hacienda Suárez Dávila, advirtió a finales de abril que México podría adoptar
posiciones unilaterales en materia de deuda externa, como sería una reducción de intereses al margen
de la aprobación de los acreedores, a fin de colocar los réditos que se pagan, solamente a dos puntos
por encima del promedio de la inflación internacional. El entonces secretario de Hacienda y Crédito
Público, Jesús Silva Herzog, también llegó a insinuar la posibilidad de una moratoria unilateral.
En mayo en el consejo nacional extraordinario del PRI y en junio en Hermosillo, Sonora, insistió De la
Madrid en estos planteamientos rompiendo la máxima de cumplir. A mediados de junio de 1985, la
opinión pública nacional recibió con sorpresa la noticia de la renuncia de Jesús Silva Herzog y su
sustitución por el basta entonces director general de Nafinsa, Gustavo Petricioli. Muchas conjeturas
provocó este cambio, algunas ciertamente contradictorias entre sí. Para algunos analistas, la renuncia
estuvo motivada por sus radicales declaraciones de los últimos meses, que habían incluido la posibilidad
de moratoria. Para otros, la renuncia era obligada, si realmente se deseaba cambiar hacia una política
más firme frente a los acreedores externos. Otros más, la ubicaban en los preámbulos de la sucesión
presidencial (£7 Nacional, 2461986.).
La estrategia mexicana para lograr mejores condiciones de pago de la deuda externa rindió sus primeros
frutos en julio de 1986. A pesar de las condiciones favorables para México del convenio, los analistas
independientes no dejaron de señalar el hecho de que otras importantes demandas del gobierno
mexicano, como la de modificar sustancialmente los términos de pagos, concesiones respecto de las
tasas de interés y de los plazos, no fueron aceptadas por el FMI.
Las condiciones pactadas con los centros financieros internacionales y el repunte del precio del petróleo,
que se inició en octubre de 1986, generaron cierta flexibilidad en el programa de ajuste interno y
fortaleció el objetivo de diversificar nuestras exportaciones, así como de aumentar la captación nacional
de divisas.
LAS PRESIONES INTERNAS
Tres tipos de presiones internas pueden distinguirse como producto de la decisión de responder a la
crisis de 1982 con el Cumplimiento escrupuloso de los compromisos financieros internacionales de
México: las presiones de las bases populares obreras y campesinas; las de las organizaciones y partidos
de izquierda, y las de las organizaciones y partidos de derecha.
Por lo que toca a las presiones populares, podemos decir que desde la puesta en práctica del PIRE en
diciembre de 1982, los obreros externaron sus inconformidades con la política económica
instrumentada por el gobierno de Miguel dé la Madrid, centrándose particularmente en la política
salarial y e! control de precios. La creciente oposición a ¡as medidas de contención salarial, elevación de

10. precios y tarifas públicas, reducción y eliminación de subsidios y liberación de controles de precios de
algunos productos de consumo generalizado, había sido desarrollada por todas las organizaciones
obreras del país, tanto independientes como las inscritas en el Congreso del Trabajo.
El crecimiento intensivo y extensivo de las presiones de los obreros mexicanos se fue manifestando
desde finales de 1982, mediante el incremento inusitado de propuestas alternativas a la política
económica, el número de emplazamientos y estallamientos de huelga, el cuestionamiento del manejo
económico gubernamental ante la opinión pública, las diversas movilizaciones de inconformidad, así
como_eI crecimiento de sus demandas. De hecho, los principales funcionarios gubernamentales habían
reconocido el costo social que la crisis y la política económica estaban causando en la clase trabajadora.
Tanto la CTM, como el CT, formularon programas alterna/tivos de política económica y social y utilizaron
el emplaza/ miento a huelga, incluso generalizado, como recursos de I fuerza en la defensa de sus
reivindicaciones corporativas. Sin embargo, el movimiento obrero organizado desarrolló principalmente
presiones discursivas de reprobación y l oposión a los programas, medidas y políticas que en materia
^económica ejercía el sector público. Ha cuestionado también la fidelidad de los diagnósticos y la
viabilidad de los pronósticos gubernamentales e incluso la capacidad de algunos funcionarios públicos.
El sindicalismo independiente, que había venido organizándose en grandes agrupaciones como la Mesa
de Concertación Sindical es el que ha impulsado el mayor número de huelgas y movilizaciones en contra
de la llamada política de austeridad, es quien más combativamente ha luchado por el incremento de
salarios, empleo y control de precios y el que mayor oposición ha generado respecto a los diversos
elementos de la política económica gubernamental, v í Entre las principales movilizaciones obreras
registradas encontramos en 1983 las huelgas de los sindicatos y universitarios; el emplazamiento a
huelga general de la CTM al que se sumaron algunos sindicatos independientes (mayo); el estallamiento
de la tracción de Uramex del SUTIN y el paro de 176 000 empleados de la SARH (junio); el conflicto en la
Escuela Normal Superior (julio); el abandono de moderación en el marco del pacto de solidaridad del
movimiento obrero (noviembre)." En 1984 las movilizaciones de los maestros chiapanecos y oaxaqueños
(febrero); las manifestaciones de descontento en el desfile obrero (mayo); las 10 propuestas del
Congreso del Trabajo para proteger el consumo básico popular y la respuesta presidencial de "no
aceptar presiones" (junio); la requisa de Teléfonos de México y el enfrentamiento entre trabajadores
(septiembre).
En 1985 la huelga de 1 300 mineros (febrero); los movimientos tortuguistas de los empleados de
Mexicana de Aviación (julio); la huelga de la sección de la Siderúrgica de Lázaro Cárdenas en Michoacán
(agosto); las manifestaciones de descontento por los despidos masivos de empleados públicos (julio); los
conflictos en instituciones educación superior en el país, entre ellos el Colmex y la UAM (agosto); las
demandas de médicos del Hospital General y del Juárez (octubre). En 1986. la advertencia de los
petroleros en él saludo al presidente (enero); la manifestación de 100 000 sindicalistas independientes
(finales de enero); la huelga de Dina (febrero); las manifestaciones de más de 100 000 trabajadores
(marzo y julio); las críticas del CT y la CTM a la política económica (julio); las movilizaciones obreras y
estudiantiles convocadas con motivo del conflicto en la UNAM por el CEU /noviembre).
El movimiento campesino también ha protagonizado algunas presiones en el transcurso del actual
sexenio. A diferencia del movimiento obrero, cuyas luchas y movilizaciones tienen por escenario

11. habitual los espacios urbanos —y por tanto reciben una amplia cobertura de la prensa—, las luchas
campesinas se libran en lugares apartados o incluso en el propio campo, por lo que de su magnitud y
alcances se conocen mucho menos que en el caso de los obreros. No obstante, ciertas movilizaciones
han trascendido más o menos ampliamente a la opinión pública nacional, entre las que cabe mencionar
las siguientes:
El conflicto de tierras en Ocoyoacan, México (enero de 1983); la movilización de campesinos
chiapanecos de la CÍOAC (octubre de 1983); marchas de campesinos del valle de Toluca y del norte del
estado de México a la ciudad de México (febrero de 1984); la caravana de solidaridad nacional
campesina, con destino final también en la ciudad de México (marzo de 1984); la movilización de la
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) (marzo de 1984); el violento enfrentamiento entre
miembros de la CNC y la CIOAC en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas (octubre de 1984); el
desalojo campesino de Tequixquiac, estado de México (abril de 1984); la reunión de contingentes de
diversas organizaciones campesinas independientes en la ciudad de México (abril de 1984); el conflicto
entre el sindicato de Ruta 100 y campesinos por la posesión de un predio en Acolman, estado de México
(febrero de 1985); los nuevos enfrentamientos armados entre campesinos de la CNC y de la CIOAC
(agosto de 1986); la unión del movimiento campesino independiente de la CNPA al movimiento urbano
popular independiente, agrupado en la Conasupo, para realizar una marcha conjunta hacia el Zócalo del
D.F., en ocasión del aniversario del natalicio de Emiliano Zapata. /Las causas de las principales demandas
y presiones de los campesinos son las alzas en los bienes de consumo básico y j / el transporte, los
precios de garantía, los apoyos, estímulos r y subsidios a la producción agrícola, la ineficiencia y
corrupción de los funcionarios agrarios, los rezagos de los expedientes agrarios, la dotación, tenencia y
restitución de tierras, la sindicalización de jornaleros y la represión en el >^campo.
Por lo que hace a las presiones de la izquierda cabe destacar que el presidente Miguel de la Madrid
continuó la línea de apertura y tolerancia impulsada por sus dos predecesores inmediatos. Nuevamente,
la legalización de las organizaciones de izquierda e incluso la canalización de fondos oficiales a los
partidos registrados, fueron un contrapeso político tanto al malestar generado en la población por las
drásticas medidas de austeridad adoptadas para combatir la crisis, como también, en otro sentido, para
contrarrestar el avance de las corrientes de la derecha.
En el terreno de la economía, los partidos de izquierda sostenían una crítica permanente a la política de
ajuste contenida en el PIRE, aduciendo que en la práctica, semejante política no ha hecho sino depositar
en las clases trabajadoras todo el peso de la crisis y que ha contribuido a empeorar tanto la situación del
empleo como la distribución del ingreso, al favorecer exclusivamente a los grandes monopolios y
¿oligopolios.
Los partidos de izquierda han levantado, entre otras, las siguientes demandas al régimen de Miguel de
la Madrid: impulsar una profunda reforma fiscal que grave a las utilidades del capital; derogación del
impuesto al valor agregado; eliminar los subsidios a las empresas privadas; establecer severos controles
a la inversión extranjera; romper con el FMI y declarar la moratoria; establecer el control generalizado
de cambios; nacionalizar las industrias alimentaria, químico Farmacéutica y el comerció exterior;
incrementar las participaciones destinadas a educación. Salud, vivienda y demás renglones del gasto
social;

12. Reformar la estructura institucional y jurídica del gobierno, democratizar el Distrito Federal, a través de
la elección popular del gobierno capitalino; el saneamiento del poder judicial y la elección de los
ministros y jueces que constituyen tal poder; la desaparición del presidencialismo; la creación de un
organismo calificador de los resultados electorales que mantenga absoluta independencia del poder
ejecutivo; la liberación de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos por motivos
también políticos; respeto estricto a la democracia sindical; el alto a la política de despidos; la
derogación de la requisa y la facultad de declarar inexistentes las huelgas; la escala móvil de salarios;
diversas reformas a la Ley Federal del Trabajo para favorecer a los sindicatos; el salario remunerador y
la semana laboral de 40 horas con pago de 56; ¡a derogación del amparo agrario; la sindicalización de
los jornaleros y peones agrícolas; la reducción de los Límites de la pequeña propiedad agrícola y
ganadera y la constitución d é ejidos colectivos; fijación de precios de garantía remuneradores para el
trabajo de los campesinos; la canalización de créditos a ejidatarios, comuneros y campesinos
organizados; una ley inquilinaria; la reducción de las rentas y su congelación definitiva; la realización de
una reforma urbana radical; el otorgamiento de vivienda digna para los trabajadores; la preservación del
medio ambiente y la protección a la ecología.
El apoyo de sus demandas los partidos políticos y organizaciones de izquierda promueven con cierta
frecuencia plantones frente a las sedes de las autoridades competentes, manifestaciones, mítines,
bloqueos de carreteras y otras formas de movilización popular. En Tas manifestaciones que la izquierda
organiza periódicamente, los partidarios de esta tendencia suelen marchar al lado de sindicatos
independientes, colonos, grupos de estudiantes y a veces también de campesinos.
Los momentos de mayor presión de la izquierda son las campañas electorales, especialmente
municipales. Destacan la de agosto de 1983 en Oaxaca, cuando el PRI recuperó el ayuntamiento de
Juchitán y la COCEI instaló un ayuntamiento paralelo que fue finalmente desalojado del recinto oficial
por la fuerza pública. Tres años después, en agosto de 1986, el PRI proclamó su triunfo en Juchitán y
nuevamente la COCEI denunció maniobras fraudulentas y otra vez demandó la anulación de los
comicios.
Después de las elecciones locales de Chihuahua y Oaxaca, celebradas en julio y agosto de 1986,
respectivamente, la izquierda dio un nuevo giro en su política de alianzas, al anunciar la integración de
un foro por el sufragio efectivo con los partidos y organizaciones de derecha para defender el respeto al
voto y recorrer el país para denunciar los presuntos fraudes electorales cometidos en ambas entidades.
Los partidos de izquierda próximos al PRI —PPS y PST— impugnaron la decisión del PSUM, PMT y PRT
para luchar al lado del PAN y el PDM en defensa del voto. Además, los partidos de izquierda llevaron
adelante nuevos intentos de fusión o por lo menos de alianza electoral. La política de fusiones y de
alianzas entre la izquierda parecía tender a superar su dispersión, que tan adversa había resultado para
las organizaciones individuales en el terreno electoral.
Las relaciones entre el gobierno de Miguel de la Madrid y los intelectuales disidentes en general fueron
estables. No obstante, atravesaron por dos momentos difíciles: el suscitado a raíz de la tipificación en el
código civil del delito de daño moral, en diciembre de 1982 y el provocado por el asesinato del
periodista, Manuel Buendía. Otro motivo de preocupación en el gremio periodístico fue la protesta por

13. la inclusión en la ley de responsabilidades de los servidores públicos del delito de deslealtad, en que
podría incurrir un funcionario que circulara información puesta bajo su custodia.
Por su lado, la comunidad intelectual ha mostrado un mayor grado de interés y disposición a
involucrarse en la discusión de los temas políticos y de los resultados electorales de los últimos años.
Luego de las elecciones de 1986 en Chihuahua y Oaxaca, ante las reiteradas denuncias del Partido
Acción Nacional —apoyadas por los partidos de izquierda— en el sentido de que hubo un fraude
mayúsculo para favorecer al PRI, un grupo de 20 connotados intelectuales demandaron públicamente
en las dos ocasiones la anulación de esas elec dones (La Jomada, 247 y 3081986:5 y 4.)
Por lo que hace a ias presiones de las organizaciones y partidos de derecha, debe observarse que a partir
de 1982 se ha centrado fundamentalmente en sistemáticas presiones y cuestionamientos a la dirección
y capacidad política‐económica del gobierno para manejar la crisis; a la representatividad del liderazgo
político nacional; a las formas y procedimientos de la democracia en el sistema político mexicano; y a la
seguridad, paz y libertad que existen en México.
En esta perspectiva, los grupos conservadores mexicanos se homogenizan, articulan y funden dinámica y
orgánicamente entre sí y establecen alianzas tácitas con algunos grupos norteamericanos, con
asociaciones y agrupaciones del sector privado y con algunas universidades y medios masivos de
comunicación. En un marco de desobediencia civil, la derecha ha intensificado su campaña de presión
utilizando como móviles de convocatoria la crisis, la corrupción, el fraude y el autoritarismo
gubernamentales. También ha sido notable el incremento de la actividad política y partidista de la Iglesia
que participa abierta o veladamente en favor de la derecha en el norte del país y de la izquierda en el
sur y en oposición discreta al sector público.
Desde 1982 han venido aumentando las impugnaciones e inconformidades alrededor de los procesos
electorales. Las más frecuentes críticas son emitidas por los partidos opositores al PRi y prácticamente
todas radican en acusaciones de alguna modalidad de fraudes en el proceso electoral.
Las impugnaciones cada vez en mayor medida están siendo acompañadas de movilizaciones políticas, en
forma de plantones y manifestaciones frente a edificios públicos, amenazas de desobediencia cívica —
particularmente en el pago de impuestos— huelgas de hambre, ocupaciones de palacios municipales y
estatales, así como de carreteras, puentes y avenidas importantes. A su vez, estas movilizaciones, son
eventualmente el antecedente de violentos enfrentamientos entre partidarios en conflicto, o entre
éstos y las fuerzas públicas. Así lo ilustran algunos enfrentamientos municipales en los estados de
Oaxaca (agosto de 1983), Sinaloa (septiembre de 1984), Chiapas (febrero de 1985), San Luis Potosí
(enero de 1986), Puebla (abril de 1986), Chihuahua (julio de 1986) y Durango (agosto de 1986).
El avance electoral que en 1983 obtuvo el PAN, que llegó a sumar 31 municipios —entre los que
destacaban algunas capitales importantes como Chihuahua, Durango, Hermosi11o y San Luis Potosí—
demuestra que la ofensiva derechista centró su atención y recursos en plazas grandes e importantes,
principalmente del norte del país, donde encuentra mayor apoyo de' grupos empresariales y la Iglesia.
De hecho, la estrategia del PAN parecía radicar en postular como candidatos a empresarios destacados
regionalmente y que de alguna manera son disidentes del gobierno, los ejemplos más claros de esto lo
encontramos en Puebla, Sonora y Baja California.

14. Las elecciones de diputados federales de julio de 1985, en su carácter de intermedias en el horizonte
sexenal, causaron particular inquietud y reflexión política, ya que se convertían en la prueba de fuerza
del PAN, la izquierda y el PRI, así como en indicadores de la estabilidad del sistema político nacional. Los
más copiosos análisis se referían al ascenso electoral del PAN, la militancia y apoyo de los empresarios
derechistas a este partido, la participación de la Iglesia en política, las intervenciones de fuerzas
norteamericanas en favor del PAN, el descenso del PRI y la des‐unificación de la izquierda.
Él proceso de politización empresarial y su incursión en los partidos políticos era vista por algunos como
una decisión con vistas a obtener reconocimiento como actor político, con una presencia pública
legítima y organizada, así como posiciones específicamente políticas que contribuían a garantizar tos
mecanismos de consulta existentes, a ampliar los canales de participación empresarial en las máxi^ mas
decisiones y, en general, a asegurar el ingreso a nuevos espacios político‐ideológicos que sirvieran de
base a la promoción de su hegemonía.
Aun cuando los conservadores mexicanos carecen de un proyecto nacional propio y articulado (Basáñez,
1981:109), tienen, sin embargo, un punto de vista privado sobre el funcionamiento de la sociedad, con
el que defienden abiertamente la libre empresa, actuando así también en defensa de los intereses del
capital. El objetivo, por ende, es tomar la dirección del proyecto económico nacional, utilizando entre
otros medios la retracción de la inversión y la fuga de capitales, así como el desprestigio de la capacidad
de dirección del Estado.
Algunos planteamientos de la derecha son: promover el incremento y ampliación del capital nacional,
como alternativa real para superar la crisis y garantizar la supervivencia de la unidad nacional; eliminar
las barreras al libre flujo del comercio y el capital; liberalizar o privatizar las empresas públicas;
condicionar y delimitar la intervención económica productiva del sector público; excluir y desorganizar
políticamente a la izquierda; articular y contener las demandas de reivindicación social de los
trabajadores.
Algunos ex banqueros privados habían planteado que el Estado mexicano era incapaz de salir adelante
en el logro del desarrollo nacional. Ante esto, sus ideólogos proponían la diseminación de una ideología
neoliberal para hacer la transformación gradual del sistema político mexicano en un sistema bipartidista
entre PRI y PAN que evitara al aparato estatal funcionar de manera monolítica. En consecuencia! no era
casual la réplica que desarrollaba el sector privado, ya que estaba sustentada en las causas, condiciones
y efectos de las crisis de los últimos casi 20 años y estructuralmente respondía a la participación del
sector público en ciertas áreas económico productivas, de servicios y asistenciales en una economía
mixta que condicionaba su enriquecimiento

15. EL PULSO DE LOS SEXENIOS ‐ MIGUEL BAZAÑEZ
20 AÑOS DE CRISIS DEN MEXICO
4. LA CRISIS DE 1987
La crisis de 1987 —el desplome de la Bolsa Mexicana de Valores a partir del 5 de octubre— es tal vez la
que con mayor claridad ilustra, por una parte, la estrecha vinculación que existe entre la economía y la
política y, por la otra, el papel fundamental que juega la percepción, la subjetividad, la toma de
conciencia, en la presentación y ocurrencia de las crisis y, por lo tanto, en la transformación de la
realidad. Pero adicionalmente y a diferencia de las tres crisis anteriores, la de 1987 deja ver que la
influencia de las percepciones no es ya sólo la de los pocos actores de la dirigencia nacional, sino la que
se dio en círculos más amplios, al menos de los 375 000 jugadores de la Bolsa Mexicana de Valores. Es
decir, parecería que se presencia el estreno en el escenario político mexicano de un viejo y en otros
países muy conocido actor: el fenómeno de formación de opinión pública.
En octubre de 1987 no hubo modificaciones reales en la economía o en la sociedad, a diferencia de
febrero o de septiembre de 1986 en donde, por la caída del precio internacional del petróleo o por los
sismos de la ciudad de México, sí hubo bases materiales de deterioro que hubieran justificado la
propuesta de existencia de una crisis severa. Sin embargo, ni el desplome petrolero ni los sismos se
conceptuaron como crisis porque en ningún momento fueron percibidos como tales, sino más bien
como situaciones anormales y de emergencia que movilizaron amplios mecanismos sociales para
enfrentarlas.
El auge bursátil que se inició en 1983 tuvo un sentido inverso al comportamiento real de la economía, es
decir, el índice de la Bolsa crecía mientras la producción se hundía. La política gubernamental daba
claras señales de aliento al capital y de sujeción y control de los obreros, conformando una percepción
positiva del futuro en los empresarios e inversionistas, motivándolos a arriesgar capital, no en industrias
pero sí en acciones. El auge de la Bolsa se detuvo y revirtió sin más base real que la culminación de un
proceso sucesorio presidencial, salpicado si acaso de algunas novedades importantes, pero que al
multiplicar las señales del desplome se convirtió en un fenómeno de opinión pública y adquirió la fuerza
y capacidad de arrastrar, entonces sí, variables reales e importantes de la economía: precio del dólar,
tasa de interés, demandas salariales, precios y tarifas del sector público, entre otras, generando esta
cuarta crisis.
Así, euforia bursátil y sucesión presidencial son los dos ejes centrales para entender la formación de esta
cuarta crisis. Las reacciones inmediatas como el pacto de solidaridad económica, deben explorarse
provisionalmente para completar el análisis, a reserva de un par de años más adelante y una vez que se
terminen de conformar las pautas de respuestas relevantes, se pueda revisar y profundizar el análisis.
Mientras tanto y para ayudar a clarificar algunos de los rasgos de esta crisis, es importante realizar un
repaso del contexto económico donde se dio el desplome.

16.
LA EUFORIA BURSÁTIL
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inició un ascenso permanente desde 1983, que no se detuvo hasta
el desplome de octubre de 1987. La evolución de su índice general nos da una idea de este avance: en
1982 terminó en 676 puntos, con un retroceso de 271 puntos frente al último día de 1981. Como se
recuerda, la Bolsa había sufrido una abrupta caída en junio de 1979, de la que no había conseguido
recuperarse a pesar del auge petrolero que determinó la bonanza económica de los dos años siguientes.
Al finalizar 1983 y a pesar de que la economía sufrió en aquel año una drástica contracción al caer el PIB
5.3 puntos, el índice de la BMV se había multiplicado por cuatro, al crecer a 2 451 puntos. En 1984 el
avance prosiguió, y al finalizar ese año el índice alcanzaba ya 4 038 puntos. En 1985 saltó a 11 197
puntos (177% de crecimiento) y en 1986 se disparó a 47 101 puntos (320% de incremento). Como se
observa, había una total falta de correspondencia entre la evolución del sector bursátil y la economía en
general. El crecimiento más notable se registró en los dos años más difíciles para el sector real (1983 y
1986) y fue menor —aunque también importante— en los años en que la producción registró
incrementos: 1984 y 1985.
Con todo, el crecimiento de 1986 quedó totalmente opacado por lo que ocurrió en 1987,
particularmente en el tercer trimestre de ese año. En el primer semestre de 1987 el índice creció 114
586 puntos. Entre 1983 y junio de 1987 el precio total de las acciones en circulación aumentó 9 541 por
ciento, al pasar de 436 mil millones a 42 billones 26 mil 600 millones de pesos, prácticamente sin que
variara el número de acciones. De 161 668 puntos que el índice había alcanzado al 30 de junio de 1987,
en los tres meses siguientes la cifra creció a 343 544 un aumento de 181 876 puntos, mayor al que la
Bolsa había acumulado en sus 93 años de existencia (Zúñiga, 1988).
En forma paralela al índice de precios creció el número de inversionistas en la BMV; éste pasó de 84 476
en 1983 a 186 023 en 1986 y a 373 822 en agosto de 1987, para repartirse entre sí prácticamente el
mismo número de acciones. Asimismo, las casas de bolsa erigieron sucursales en las mayores ciudades
de provincia cubriendo todas las plazas importantes de Ciudad Juárez a Mérida. Al finalizar septiembre,
la BMV se hallaba en el cénit de su vigor y prestigio y su meteórico crecimiento provocaba que se le
viera con más entusiasmo y optimismo que a los enormes, burocráticos y poco rentables (para los
inversionistas) bancos nacionalizados. ¿Cómo pudo crecer la RMV tanto en tan poco tiempo? Entre las
razones que explican este auge hay que incluir, en lugar preponderante, al apoyo gubernamental. ^>—
El gobierno intentó recuperar la confianza empresarial perdida con la nacionalización bancaria desde el
mismo día de la toma de posesión de Miguel de la Madrid anunciando la reprivatización del 34% del
capital de los bancos nacionalizados tres meses antes. Meses después, se completó y comenzó a
ejecutar un generoso plan de indemnizaciones para los ex banqueros expropiados, decisión a la que
siguió otra quizá más importante: la reprivatización de las empresas propiedad de los bancos, otorgando
preferencias a los ex banqueros para adquirirlas. Entre tales empresas figuraban la casas de bolsa, las
compañías de seguros y el resto de los denominados intermediarios financieros no bancarios. Sin
embargo, todo esto aún no era suficiente. La fracción financiera de la dirigencia empresarial había sido
despojada de sus medios de acumulación, los bancos. Aun cuando les habían sido devueltas las casas de
bolsa, éstas eran raquíticas instituciones incapaces de servir siquiera como sucedáneos a los bancos

17. nacionalizados. Era imprescindible alentar un proceso de acelerado crecimiento que convirtiera a las
pequeñas y casi insignificantes casas de bolsa en poderosos instrumentos de acumulación de capital.
El mecanismo más efectivo que el gobierno federal adoptó para impulsar el crecimiento de las casas de
bolsa fue la colocación a través de ellas de volúmenes crecientes de valores gubernamentales. El Banco
de México —institución clave en todo el proceso de recuperación de la confianza pérdida propició la
triangulación del endeudamiento interno del gobierno federal, en favor de los intermediarios no
bancarios al limitar el acceso gubernamental al que en el pasado fue la tradicional fuente de recursos
internos: el encaje legal. De manera un tanto contradictoria, si se considera que las tasas del encaje legal
son más reducidas que las que se pagan en el mercado de capitales, el Banco de México alentó la
emisión de certificados de la Tesorería y otros valores gubernamentales de renta fija (pagares,
petrobonos, etc.) que serían colocados precisamente a través de las casas de Bolsa. Con este cambio
fundamental de por medio, empezaron a fluir hacia el mercado de valores volúmenes cada vez mayores
de capitales y también de inversionistas. Empezó así a hablarse de la existencia de una banca paralela.
El Estado reforzó esta estrategia de consolidar a los intermediarios financieros no bancarios al
promulgar una nueva legislación bancada que, entre otras cosas, prohibía a los bancos poseer casas de
bolsa, dejando el manejo del mercado bursátil en manos exclusivamente privadas y al limitar a un
monto anual prefijado el máximo de financiamiento que el Banco de México podía conceder al gobierno
federal. De esta manera quedaba institucionalizada la intermediación privada del financiamiento interno
del sector público, A ios bancos se les prohibió incluso el derecho de manejar por sí mismos la
intermediación de sus sociedades de inversión de renta fija. Al piso de remates de la Bolsa Mexicana de
Valores sólo tendrían acceso las casas de bolsa, cuyos agentes serían los únicos habilitados para comprar
o vender acciones y valores bursátiles.
Al mismo tiempo, la política crediticia dictada por el Banco Central contribuyó a alentar el auge bursátil.
Desde julio de 1985 fue decretado un congelamiento virtualmente total del crédito bancario, que en la
práctica canceló temporalmente la tradicional función de intermediarios entre el ahorro y la inversión
de los bancos. Las empresas empezaron a ver al mercado bursátil como una alternativa para obtener
financiamiento, lo que reforzó el papel de los intermediarios financieros no bancarios. Pero sobre todo,
los bancos fueron sujetos a una política de tasas de interés que objetivamente favorecía al sector
bursátil, toda vez que las tasas bancarias se mantenían considerablemente por debajo de los
rendimientos de los certificados de la Tesorería, negociados en las casas de bolsa. De este modo, la
captación bancaria, que había mostrado un moderado repunte en 1984 y parte de 1985, comenzó a
decrecer al final de ese segundo año y se mantuvo desde entonces a la baja.
El auge del mercado accionario tuvo como punto de partida y base de sostenimiento al mercado de
renta fija, particularmente el de los certificados de la tesorería, CETES. Los atractivos rendimientos de
estos instrumentos, aunados a una política cambiaría que ofrecía una evolución estable del
deslizamiento del peso frente al dólar, alentó el retorno de una parte considerable de los capitales
fugados que se volcaron en masa al floreciente mercado bursátil donde provocaron el boom de 1986 y
1987. El mercado de renta fija fue incapaz de absorberlos y un hábil manejo de las sociedades de
inversión (cuyas carteras normalmente incluyen una fracción de valores de renta fija con otra de renta

18. variable) propició el repunte de las acciones de las empresas cotizadas en la Bolsa. Empezó así el disparo
del mercado accionario que no concluiría hasta el mes de octubre de 1987.
Fue indudable que incluso las acciones de empresas con evidentes problemas de producción y ventas
por ejemplo, el grupo Pliana en 1986— subieran como si se tratara de valores de corporaciones en pleno
auge. Entre el valor real de las acciones y su valor en Bolsa se abrió una brecha que fue ensanchándose
más y más merced a la afluencia de nuevos contingentes de inversionistas que llegaban a la Bolsa a
comprar prácticamente lo que fuera.
Entre los puntales del auge bursátil debe contarse la intensa campaña de publicidad que se encargó de
convencer, mediante la amplia difusión de los montos de las utilidades, a un flujo creciente de
inversionistas. A los medios formales de publicación se sumó el entusiasmo de los columnistas
financieros de diversos periódicos, que con contadas excepciones alentaban a los lectores a correr hacia
la Bolsa. La razón principal del crecimiento bursátil —la especulación con los precios de las acciones—
era cuidadosamente velada y explicada en términos de las favorables perspectivas de la economía del
país, o bien de la confianza de los inversionistas en la política económica del régimen. Se puede aceptar
que la confianza era en efecto un factor esencial para explicar el auge bursátil, pero no la confianza en
general como se puede apreciar en la gráfica siguiente,1 ni siquiera la de los inversionistas que se
dirigían al mercado bursátil. Se trataba de la confianza de la fracción financiera de la dirigencia
empresarial, pacientemente reconstruida por el Estado después de que volara en pedazos el 1 de
septiembre de 1982.
El gobierno propició el auge bursátil, como hemos visto, y no sólo eso sino que mantuvo una
desregulación casi completa del mercado, a pesar del notorio crecimiento del mismo como receptor y
administrador del ahorro de muchos mexicanos. Tal desregulación, como se probó después, propició la
ejecución de la gigantesca maniobra especulativa que precipitó el desplome de octubre y, también, la
comisión de abusos y actos fraudulentos en algunas casas de bolsa contra los inversionistas. Sin
embargo, todo ello se subordinaba al objetivo de recomponer en los hechos la alianza en la cúspide,
imprescindible para mantener la hegemonía tradicional del Estado mexicano.
1 Para la encuesta de 1983, véase nota 3 del capítulo 3. La de julio de 1987 es de 9 032 entrevistas anónimas
realizada en 70 localidades del país en las 32 entidades federativas conforme a los datos del censo de la población
mayor de 18 años, seleccionados por el método de cuotas, de conformidad con los datos disponibles y proyecciones
del último censo de población.
El desplome bursátil mismo y su secuela inmediata de dolarización, fuga de capitales y devaluación, no
deben contemplarse como la pérdida de la confianza recuperada, sino más bien como el costo de tal
recuperación. La toma de utilidades que desencadenó la caída, habría consolidado en definitiva al
capital financiero privado y habría subrayado, a la vez, un punto sin retorno en el camino de restituirle
su viejo poder de decisión sobre los circuitos financieros en México. Cinco años después, el país contaba
nuevamente con una sólida e influyente fracción financiera de la clase dominante, reconciliada por fin
con el gobierno mexicano.

19. LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL
Los gobiernos municipales en las capitales estatales ganados por el PAN después de 1982, las elecciones
federales para diputados en 1985 que atrajeron la atención académica2 y sobre todo las elecciones de
1986 en Chihuahua, abrieron un debate sobre las perspectivas de democratización del sistema político
mexicano que se extendió a todo di período previo a la nominación del candidato de! PRI a la.
Presidencia de la República. Ciertas voces de prominentes priistas se alzaron para pedir la
democratización interna, como la del ex presidente del PRI, Porfirio Muñoz Ledo, la del ex gobernador
de Michoacán, Cuauhtemoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, la del ex secretario general del PRI
también y entonces embajador en España, Rodolfo González Guevara. Desde agosto de 1986 se anunció
la formación de una corriente democratizadora que demandaba cambios de fondo tanto en la
estructura y procedimientos internos como una reorientación global de la política gubernamental en
favor de los intereses populares. Sin embargo, la corriente democratizadora no era la única demandante
de cambios profundos en el interior del sistema político. Diversos observadores e intelectuales en
algunas revistas y periódicos como Vuelta, Nexos y La Jornada especulaban sobre la conveniencia de que
se ampliara un tanto el círculo donde se decidía el nombre de quien ocuparía la candidatura priista,
círculo que se presumía sólo incluía entonces al presidente de la República.
Al mismo tiempo, se daba por un hecho que la sucesión, —incluido el proceso electoral— sería diferente
de lo que fue en las anteriores cinco o seis ocasiones, dado el peso determinante que en el mundo de las
relaciones políticas ejercía la crisis económica. No se descartaba la posibilidad de algún género de
apertura del sistema para responder al malestar generado por la crisis. Además, la disidencia interna del
PRI no dejaba de denunciar los vicios y lastres que impedían una participación real de las bases en el
proceso de toma de decisiones.
En este contexto tuvieron lugar en septiembre de 1986, las comparecencias ante el Congreso de tres de
los aspirantes que con mayor insistencia eran citados por la prensa nacional: Manuel Bartlett, Alfredo
del Mazo y Carlos Salinas. Un mes después el presidente del PRI en el Distrito Federal, Salazar Toledano
dijo que los precandidatos eran cuatro: los tres anteriores y Miguel González Ayelar, secretario de
Educación. El pronunciamiento hecho ante un grupo de mujeres periodistas, tuvo un marcado impacto
en la opinión pública. De hecho rememoraba la lista revelada en 1974 por Rovirosa Wade, secretario de
Recursos Hidráulicos de Echeverría.
2 Veinte investigadores participaron en la elaboración de Las elecciones en México coordinados por González Casanova ese año,
con uso abundante de material histórico y datos empíricos. En otra vertiente, cf. el pronóstico electoral realizado por Basáñez en
Nexos 91, julio de 1985.
En los meses siguientes y por conducto de la dirección nacional del PRI, otros nombres fueron agregados
a la lista de Salazar Toledano: los de Sergio García Ramírez, procurador general de la República, y Ramón
Aguirre, jefe del Departamento del Distrito Federal. Esta media docena de aspirantes llenó por entonces
los comentarios de todos los periódicos. Se sabía que uno de ellos sería el próximo presidente de
México, aunque nunca dejó de especularse con la posibilidad de un caballo negro, como denominan los
periodistas políticos la posibilidad de un candidato distinto de los seis aspirantes y que podría ser incluso
un miembro ajeno al gabinete. Destacó como tal el ex secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog.

20. El sistema político fue receptivo a las demandas de cambios en el proceso de sucesión presidencial. A
finales de junio convocó a los seis distinguidos priistas que con mayor insistencia eran mencionados
como probables candidatos, a comparecer ante la dirección de su partido para exponer, en actos
televisados, su visión sobre los grandes problemas nacionales. Las comparecencias tuvieron lugar en el
mes de julio y sentaron un precedente. Por primera vez, en la etapa poscardenista, los aspirantes se
atrevían a reconocer su condición de tales ante la opinión pública sin que para ello tuvieran que incurrir
en indisciplinas; al contrario, su propio partido los invitaba a manifestarse como tales. Esto provocó una
sobrestimulación de la opinión pública, sobre todo de la clase media, que se empezó a reflejar en
abundantes encuestas de opinión.3
La comparecencia de los seis aspirantes provocó comentarios de todo tipo en la prensa nacional, que a
pesar de su diversidad pueden clasificarse en tres grupos: las consabidas apologías, que intentaban
presentarlas como pruebas irrefutables de la prevalencia de los procedimientos democráticos en el PRI;
los comentarios negativos, que presentaban a las comparecencias como una maniobra legitimadora sin
contenido real y las posiciones intermedias, que aunque anotaban que no se trataba de un indicador de
democratización efectiva, aceptaban las comparecencias como un indicio saludable de mayor
disposición a la apertura en la cúpula del poder, que andando el tiempo podría dar pie a cambios más
profundos.
Llegó así el momento de la postulación, sin que hubiera ocurrido ningún acontecimiento fuera de lo
previsto. En los dos meses que antecedieron a la fecha elegida, la dirección nacional del PRI insistió en
que los tiempos fijados en su XIII Asamblea Nacional, celebrada en marzo del mismo año, serían
respetados. El 4 de octubre, día de la nominación, los representantes de los tres sectores del partido
atestiguaron el discurso del presidente del mismo Jorge de la Vega en el que dio a conocer el nombre
del precandidato del PRI Carlos Salinas. Por la mañana de ese mismo día hubo un extraño malentendido
que provocó que varios políticos prominentes dieran por hecho erróneamente la postulación de Sergio
García Ramírez. Salvo este incidente que hizo más evidente la intervención presidencial, la primera fase
de la sucesión presidencial —para muchos, la más difícil— concluyó con arreglo a los patrones
establecidos.
3 Destacan en particular las de Adip Sabag (Excélsior, 18, 19 y 20 de septiembre de 1986, p. 4, y El Universal, 25 de
marzo y 4 de junio de 1987, p. 1) y las de El Norte (11, 12 y 13 de septiembre de 1987).
LA CUARTA CRISIS: EL DESPLOME DE LA BOLSA
Podemos ubicar el inicio de la crisis de 1987 en el cierre del mercado bursátil decretado a instancias de
las autoridades financieras el lunes 5 de octubre. Los tradicionales voceros periodísticos del capital
financiero —Luis E. Mercado y José Pérez Stuart, entre otros— externaron el descontento que la medida
generó entre los intermediarios financieros no bancarios. El Estado se había atrevido a interferir en un
mercado que en teoría debía funcionar con la sola regulación de la ley de la oferta y la demanda. El
gobierno federal había puesto el pie en una parcela que el mismo se había comprometido a reservar al
capital financiero, a manera de compensación ya de suyo insuficiente por la nacionalización de la banca.

21. Los intermediarios no bancarios respondieron a la medida intervencionista propiciando una baja en el
mercado bursátil. La baja —que originalmente se planteaba a niveles moderados— no sólo habría de
subrayar el descontento de los intermediarios sino que cumpliría la tarea de depurar la cartera de
inversionistas, presionando a los pequeños a marcharse de las casas de bolsa. Sin embargo, al reforzarse
diez días después con el desplome bursátil de Wall Street y otras plazas de Occidente en la segunda
quincena de octubre, la baja bursátil mexicana adquirió una dinámica propia e independiente de los
cálculos de los intermediarios, que precipitó el índice de cotizaciones a niveles no previstos.4
La caída de las cotizaciones bursátiles espoleó la fuga de capitales. Una fracción importante de los
capitales que habían retornado en los últimos dos años volvió a salir del país, ante la evidencia de que
había concluido la etapa de grandes rendimientos en el mercado de valores mexicano. Existen versiones
distintas y contradictorias del monto que alcanzó la fuga de capitales en la primera quincena de octubre.
Expertos neoyorkinos calcularon la cifra en más de mil millones de dólares, los ejecutivos de finanzas la
situaron en ochenta millones de dólares diarios a lo largo del mes que antecedió a la devaluación (2 400
millones de dólares en total); fuentes vinculadas al Banco de México situaron el monto de la fuga en 3
000 millones de dólares.
José Ángel Gurría, alto funcionario de la Secretaria de Hacienda, afirmó que entre los factores que
precipitaron la salida de divisas destacó la ola de prepagos de empresas endeudadas en el exterior, que
habrían presionado excesivamente sobre las reservas monetarias al retirar importantes sumas de
dólares controlados para efectuar tales prepagos. En realidad, la figura de los prepagos puede
considerarse un eufemismo para designar la especulación con divisas controladas. Existen evidencias de
que tales empresas adquirieron dólares controlados no para pagar anticipadamente sino para
negociarlos en las casas de cambio privadas (vinculadas directamente a las casas de bolsa), a costa, en
efecto, de las reservas del Banco de México . La especulación con dólares controlados habría
completado el circuito necesario para la fuga de capitales. Las casas de cambio privadas fungieron como
correa de transmisión de la fuga, al comprar tales dólares a cuenta de sus clientes para situarlos en el
extranjero. Así, la Bolsa caía conforme los recursos eran drenados hacia bancos del exterior.
En tales circunstancias, el Banco de México no tuvo más alternativa que retirarse del mercado libre, para
salvaguardar, al menos de ese canal de especulación, sus reservas monetarias. Una primera conclusión
que es preciso derivar de este proceso es que a pesar de la nueva legislación del Banco Central y a pesar
del carácter estatizado de la banca, el capital financiero logró encontrar los mecanismos apropiados
para reconstituir su capacidad de situar capitales en el extranjero. La rectoría económica del Estado, que
pareció fortalecerse con la nacionalización bancaria, había demostrado sus límites frente a la acción de
los intermediarios financieros privados. Éstos fueron otra vez capaces de organizar la fuga de capitales
en gran escala y provocar otra devaluación monetaria.
4 Para futuras investigaciones resultará importante tratar de establecer cuál puede haber sido el impacto de la
señal al mercado bursátil internacional, no económico pero psicológico, de la caída de la Bolsa Mexicana de
Valores.

22. Si bien el Banco Central logró salvar una parte de sus reservas, el costo económico, político y social de la
devaluación fue grande. Al retiro del mercado cambiario libre, el Banco de México sumó otra medida —
criticada duramente por el director de Bancomer, Ernesto Fernández Hurtado— de corte ortodoxo: el
incremento a niveles sin precedente de las tasas de interés, con el objetivo expreso de alentar el ahorro
interno. El Banco de México se había opuesto reiteradamente a la instauración de cualquier tipo de
controles cambiados y había hecho de la elevación de las tasas de interés su principal instrumento para
enfrentar la especulación y la fuga de capitales. La elevación de las tasas de interés, de casi 20 puntos en
sólo tres semanas, introduciría serios trastornos a la estrategia económica planteada para 1983, al
provocar el disparo del servicio de la deuda pública interna y por tanto del déficit gubernamental, así
como imprimir un imso de largo alcance a la inflación.
La devaluación del tipo de cambio libre, concretada el 18 de noviembre con el retiro del Banco de
México del mercado libre cambiario, provocó una ola de especulación con los precios que se tradujo en
un repunte de la inflación. A pesar de que no existe una relación directa entre el tipo de cambio libre y
los bienes y servicios producidos internamente, en las cuatro semanas siguientes se desató un proceso
de reetiquetación de mercancías que en algunos casos provocó aumentos de precios hasta del 50%. La
Secretaría de Comercio aplicó sanciones económicas y cierres temporales de comercios que se negaban
a respetar precios vigentes o bien ocultaban mercancías —que no excluyó a grandes empresas
comerciales como Sears y Aurrerá— que sin embargo no sirvió de mucho ante la magnitud de la oleada
especulativa. La reetiquetación se convertía, así, en un factor que acercaba al país al borde de la
hiperinflación y, sobre todo, que exacerbaba el malestar obrero ante la merma de su salario real. Se
hacía aún más urgente contener el desbordamiento de la inflación.
Al mismo tiempo, la devaluación del tipo de cambio libre hacía virtualmente inevitable la devaluación
del tipo de cambio controlado, a efecto de cerrar la brecha cambiaría a favor del primero, que
objetivamente alentaba la especulación con dólares controlados, tanto con los captados por los
exportadores como con los facilitados por el Banco de México a las empresas endeudadas para el
cumplimiento de sus compromisos externos. La devaluación del tipo de cambio controlado era además
demandada por los exportadores desde antes de la crisis de octubre, dado que el crecimiento de los
precios internos a lo largo del año superaba considerablemente el porcentaje de deslizamiento del peso
frente al dólar, lo que hacía perder competitividad a los productos mexicanos en el exterior. La
devaluación del tipo de cambio libre fue también, desde luego, ün factor que alentó más aún la
inflación.
EL PACTO DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA
El rápido crecimiento de los precios internos no sólo había afectado a la competitividad de las
exportaciones sino también a las finanzas públicas: los precios y tarifas del sector público se rezagaron a
lo largo del año frente a la evolución del índice general de inflación, hecho que a finales de 1987 estaba
incidiendo negativamente en la definición del balance operativo del sector público. A pesar del impulso