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INFORME DE PRIMER AÑO

          De la aplanadora a un inestable equilibrio de fuerzas

                                                César Montúfar, asambleísta

Telegráficamente, informo que he actuado en dos comisiones, Participación
Ciudadana y Comunicación. En cuanto al trabajo legislativo, presenté un
proyecto de Ley de Comunicación y trabajé activamente en la elaboración de la
Ley de Participación Ciudadana. En comunicación, defendí la tesis de una ley
sin restricciones a la libertad de expresión, que promueva los derechos de
comunicación para todos, controle la publicidad gubernamental y no genere un
régimen punitivo en contra de los medios. En la ley de Participación, mi interés
fue evitar que la participación ciudadana se convierta en instrumento político y
más bien se aseguren los mecanismos de control social y rendición de cuentas.
Adicionalmente, he participado en los debates parlamentarios, presentando
observaciones, de las leyes de educación superior, educación básica, aguas,
descentralización, régimen monetario, hidrocarburos, entre otras. Todas las
leyes del oficialismo están cortadas por la misma tijera: la concentración de
poder en manos del Ejecutivo. En algunas leyes, esto opera con la creación de
consejos sectoriales que asumen funciones de regulación y sanción. Fiel al
principio de que uno no debe oponerse si es que no presenta una opción mejor,
en todos los casos he presentado propuestas alternativas a la visión del
oficialismo.



En cuanto a la fiscalización, he trabajado en la investigación de varios temas:
publicidad del gobierno en manos de los hermanos Alvarado, relaciones
exteriores del Ecuador, implantación de los CDR con recursos públicos. Me he
concentrado en las relaciones del Ecuador e Irán. Mi enfoque no es oponerme a
que diversifiquemos nuestras relaciones comerciales y políticas, siempre y
cuando aquello no ponga en riesgo la seguridad financiera del país y de sus
instituciones. Este es un tema complejo y muy delicado. Una vez sustentados
estos casos, iniciaré los correspondientes procesos de fiscalización. El problema
es que sin que cambie la actual aplanadora en la Asamblea, todos los intentos
de fiscalización están condenados al archivo.        Ello me ha disuadido de
presentarlos hasta que no cambie la correlación dentro de la Asamblea.

Cada una de estas iniciativas, se ha orientado a contribuir al surgimiento de
una oposición parlamentaria, en condiciones de equilibrar a la aplanadora
oficialista. Pichincha me eligió como un asambleísta de oposición al proyecto
político de la llamada Revolución Ciudadana. Esa fue mi plataforma electoral.
Lo digo porque pareciera que en el imaginario del oficialismo no existe como
legítima otra posición que no sea la de ellos. Así, descalifican la postura de
aquellos miles y millones de ecuatorianos que, desde muy diversos puntos de
vista, coincidimos en que el correísmo, más allá de su ampuloso discurso de
cambio, representa para el Ecuador un proceso regresivo para la democracia,
para la construcción de una sociedad en que prime la igualdad de
oportunidades, la ética pública y la generación creativa y sustentable de
riqueza. Eso no implica, de ninguna forma, una reivindicación del pasado sino
la afirmación de que no podemos ni debemos conformarnos por reemplazar las
camarillas de ayer por las camarillas de ahora. Por ello, el ser y hacer oposición
en el Ecuador de hoy es un acto político de dignidad que reclama la posibilidad
colectiva de construir un país genuinamente democrático, productivo,
equitativo e incluyente; y el derecho que tenemos a oponernos a la
consolidación de un proyecto autoritario, que hasta ahora solo ha agravado
situaciones que creíamos superadas: mayor desempleo, estancamiento
económico, insuficiente seguridad social, inseguridad pública, apagones, caos
educativo, corrupción pública, dependencia externa a otros países, infinita
demagogia. Tres años y medio desde que Correa asumió la presidencia, en
medio de la mayor bonanza fiscal en décadas, y si hiciéramos un balance
objetivo de los logros de este Gobierno comparándolo con aquellos de la
llamada partidocracia, no habría mayor diferencia…, con el matiz de que ahora
el personalismo y la concentración de poder se venden como legítimos.

Oponerme a este modelo fue el mandato que recibí de mis electores. Mi
mandato no fue llegar a la Asamblea para bajar la cabeza o “colaborar” para
que el modelo de concentración de poder se consolide, de manera más o
menos benigna, sino trabajar para que surja una oposición legislativa que haga
un contrapeso, un equilibrio democrático, y exprese políticamente al inmenso
segmento de ecuatorianos que piensan y sueñan un país distinto al que quiere
implantar el correísmo. Este es un reto político trascendente para el país, y es
el principal parámetro sobre el que rindo cuentas. Este reto pasa por construir
no cualquier oposición, sino una oposición propositiva, con iniciativa, con ideas;
una oposición que esté dispuesta a actuar en las reglas del actual sistema, una
oposición institucionalista, que no actúe ciegamente sino que asuma el desafío
de generar alternativas.

Hace un año llegamos a una Asamblea que venía trabajando bajo la inercia que
se inició con el “Congreso de los Manteles” y se perpetuó en la Constituyente y
el Congresillo. Me refiero a la inercia de una función legislativa totalmente
obediente a las órdenes del Ejecutivo, dominada por la aplastante mayoría del
oficialismo. En un año, hemos logrado equilibrar las fuerzas e iniciar, eso
espero, un nuevo momento en que superemos esta situación incompatible con
la democracia. El Legislativo, en cualquier país democrático, debe ser el
espacio de debate y deliberación de la diversidad de sectores que hacen la
sociedad. Aún cuando este Gobierno tuviera un respaldo del 99 por ciento de
los ciudadanos, en el Parlamento debería expresarse la posición de aquella
fracción minoritaria del país, que hoy supera el 40 por ciento. Eso no lo
comprende la actual mayoría, que con una representación cercana al 43 por
ciento en la Asamblea, tiene un control de más del 60 por ciento de casi todas
las comisiones legislativas. El grupo oficialista cree tener un derecho adquirido
de gobernar a discreción la Asamblea, violando la ley, manipulando las
sesiones, convocando y desconvocándolas si no tienen los votos, sin entender
que la Asamblea no es apéndice de un proyecto político particular, sino una
función independiente y autónoma del Estado. El mismo Presidente de la
Asamblea, en muchas ocasiones ha actuado más como operador del proyecto
político del presidente Correa, que como titular y representante de la Función
Legislativa. En ese contexto, el surgimiento, aún incipiente, de una verdadera
oposición parlamentaria, es vista como un acto de conspiración, sin reparar en
lo obvio; que esa oposición ha actuado exclusivamente en el marco de la ley, y
que su función democrática es combatir políticamente un proyecto que
considera erróneo y perjudicial para el país.

Por ello, el hecho político más relevante ocurrido en este primer año de la
Asamblea Nacional es el agotamiento de un modelo autoritario de gestión, en
que una aplanadora afín al Gobierno, sin debate, sin discusión, sin aceptar
como legítimas otras posiciones, imponía todas las iniciativas legislativas y
bloqueaba todos los intentos de fiscalización. Esa situación pareciera haber
terminado y se avizora un equilibrio de fuerzas que desde todo punto de vista
será beneficioso para la Asamblea, la democracia y el país.

Nuestro desafío en este segundo año será seguir trabajando para que se
consolide este equilibrio político, el mismo que obligará a todos a configurar
espacios de diálogo y concertación; espacios para acercar posiciones y generar
consensos; espacios para que la Asamblea pueda representar a la pluralidad
del país y no solo reflejar las necesidades de un solo proyecto y visión. El
Compromiso Ético Político, que firmamos en diciembre todos los grupos
legislativos, fue un primer ejemplo de esa nueva lógica parlamentaria. Si se
consolida este aún inestable equilibrio legislativo y dejamos atrás la
aplanadora oficialista, la Asamblea iniciará una nueva fase en la cual las leyes
que se aprueben tendrán mayor reconocimiento social y se desbloqueará la
mayor deuda de la Asamblea, que es la ausencia de fiscalización. Mi
compromiso será seguir haciendo una oposición firme y propositiva¸ más aún si
ésta estorba a quienes se piensan dueños absolutos de la verdad, de la ley y
del futuro del Ecuador. Por lo demás, seguiré abierto al diálogo y a concertar
posiciones con todos los sectores. En este nuevo período legislativo que inicia,
mi concentración irá más por los temas sociales, en especial, la generación de
empleo productivo.

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  • 1. INFORME DE PRIMER AÑO De la aplanadora a un inestable equilibrio de fuerzas César Montúfar, asambleísta Telegráficamente, informo que he actuado en dos comisiones, Participación Ciudadana y Comunicación. En cuanto al trabajo legislativo, presenté un proyecto de Ley de Comunicación y trabajé activamente en la elaboración de la Ley de Participación Ciudadana. En comunicación, defendí la tesis de una ley sin restricciones a la libertad de expresión, que promueva los derechos de comunicación para todos, controle la publicidad gubernamental y no genere un régimen punitivo en contra de los medios. En la ley de Participación, mi interés fue evitar que la participación ciudadana se convierta en instrumento político y más bien se aseguren los mecanismos de control social y rendición de cuentas. Adicionalmente, he participado en los debates parlamentarios, presentando observaciones, de las leyes de educación superior, educación básica, aguas, descentralización, régimen monetario, hidrocarburos, entre otras. Todas las leyes del oficialismo están cortadas por la misma tijera: la concentración de poder en manos del Ejecutivo. En algunas leyes, esto opera con la creación de consejos sectoriales que asumen funciones de regulación y sanción. Fiel al principio de que uno no debe oponerse si es que no presenta una opción mejor, en todos los casos he presentado propuestas alternativas a la visión del oficialismo. En cuanto a la fiscalización, he trabajado en la investigación de varios temas: publicidad del gobierno en manos de los hermanos Alvarado, relaciones exteriores del Ecuador, implantación de los CDR con recursos públicos. Me he concentrado en las relaciones del Ecuador e Irán. Mi enfoque no es oponerme a que diversifiquemos nuestras relaciones comerciales y políticas, siempre y cuando aquello no ponga en riesgo la seguridad financiera del país y de sus instituciones. Este es un tema complejo y muy delicado. Una vez sustentados estos casos, iniciaré los correspondientes procesos de fiscalización. El problema es que sin que cambie la actual aplanadora en la Asamblea, todos los intentos de fiscalización están condenados al archivo. Ello me ha disuadido de presentarlos hasta que no cambie la correlación dentro de la Asamblea. Cada una de estas iniciativas, se ha orientado a contribuir al surgimiento de una oposición parlamentaria, en condiciones de equilibrar a la aplanadora oficialista. Pichincha me eligió como un asambleísta de oposición al proyecto político de la llamada Revolución Ciudadana. Esa fue mi plataforma electoral. Lo digo porque pareciera que en el imaginario del oficialismo no existe como legítima otra posición que no sea la de ellos. Así, descalifican la postura de aquellos miles y millones de ecuatorianos que, desde muy diversos puntos de vista, coincidimos en que el correísmo, más allá de su ampuloso discurso de cambio, representa para el Ecuador un proceso regresivo para la democracia,
  • 2. para la construcción de una sociedad en que prime la igualdad de oportunidades, la ética pública y la generación creativa y sustentable de riqueza. Eso no implica, de ninguna forma, una reivindicación del pasado sino la afirmación de que no podemos ni debemos conformarnos por reemplazar las camarillas de ayer por las camarillas de ahora. Por ello, el ser y hacer oposición en el Ecuador de hoy es un acto político de dignidad que reclama la posibilidad colectiva de construir un país genuinamente democrático, productivo, equitativo e incluyente; y el derecho que tenemos a oponernos a la consolidación de un proyecto autoritario, que hasta ahora solo ha agravado situaciones que creíamos superadas: mayor desempleo, estancamiento económico, insuficiente seguridad social, inseguridad pública, apagones, caos educativo, corrupción pública, dependencia externa a otros países, infinita demagogia. Tres años y medio desde que Correa asumió la presidencia, en medio de la mayor bonanza fiscal en décadas, y si hiciéramos un balance objetivo de los logros de este Gobierno comparándolo con aquellos de la llamada partidocracia, no habría mayor diferencia…, con el matiz de que ahora el personalismo y la concentración de poder se venden como legítimos. Oponerme a este modelo fue el mandato que recibí de mis electores. Mi mandato no fue llegar a la Asamblea para bajar la cabeza o “colaborar” para que el modelo de concentración de poder se consolide, de manera más o menos benigna, sino trabajar para que surja una oposición legislativa que haga un contrapeso, un equilibrio democrático, y exprese políticamente al inmenso segmento de ecuatorianos que piensan y sueñan un país distinto al que quiere implantar el correísmo. Este es un reto político trascendente para el país, y es el principal parámetro sobre el que rindo cuentas. Este reto pasa por construir no cualquier oposición, sino una oposición propositiva, con iniciativa, con ideas; una oposición que esté dispuesta a actuar en las reglas del actual sistema, una oposición institucionalista, que no actúe ciegamente sino que asuma el desafío de generar alternativas. Hace un año llegamos a una Asamblea que venía trabajando bajo la inercia que se inició con el “Congreso de los Manteles” y se perpetuó en la Constituyente y el Congresillo. Me refiero a la inercia de una función legislativa totalmente obediente a las órdenes del Ejecutivo, dominada por la aplastante mayoría del oficialismo. En un año, hemos logrado equilibrar las fuerzas e iniciar, eso espero, un nuevo momento en que superemos esta situación incompatible con la democracia. El Legislativo, en cualquier país democrático, debe ser el espacio de debate y deliberación de la diversidad de sectores que hacen la sociedad. Aún cuando este Gobierno tuviera un respaldo del 99 por ciento de los ciudadanos, en el Parlamento debería expresarse la posición de aquella fracción minoritaria del país, que hoy supera el 40 por ciento. Eso no lo comprende la actual mayoría, que con una representación cercana al 43 por ciento en la Asamblea, tiene un control de más del 60 por ciento de casi todas las comisiones legislativas. El grupo oficialista cree tener un derecho adquirido de gobernar a discreción la Asamblea, violando la ley, manipulando las sesiones, convocando y desconvocándolas si no tienen los votos, sin entender que la Asamblea no es apéndice de un proyecto político particular, sino una función independiente y autónoma del Estado. El mismo Presidente de la Asamblea, en muchas ocasiones ha actuado más como operador del proyecto político del presidente Correa, que como titular y representante de la Función
  • 3. Legislativa. En ese contexto, el surgimiento, aún incipiente, de una verdadera oposición parlamentaria, es vista como un acto de conspiración, sin reparar en lo obvio; que esa oposición ha actuado exclusivamente en el marco de la ley, y que su función democrática es combatir políticamente un proyecto que considera erróneo y perjudicial para el país. Por ello, el hecho político más relevante ocurrido en este primer año de la Asamblea Nacional es el agotamiento de un modelo autoritario de gestión, en que una aplanadora afín al Gobierno, sin debate, sin discusión, sin aceptar como legítimas otras posiciones, imponía todas las iniciativas legislativas y bloqueaba todos los intentos de fiscalización. Esa situación pareciera haber terminado y se avizora un equilibrio de fuerzas que desde todo punto de vista será beneficioso para la Asamblea, la democracia y el país. Nuestro desafío en este segundo año será seguir trabajando para que se consolide este equilibrio político, el mismo que obligará a todos a configurar espacios de diálogo y concertación; espacios para acercar posiciones y generar consensos; espacios para que la Asamblea pueda representar a la pluralidad del país y no solo reflejar las necesidades de un solo proyecto y visión. El Compromiso Ético Político, que firmamos en diciembre todos los grupos legislativos, fue un primer ejemplo de esa nueva lógica parlamentaria. Si se consolida este aún inestable equilibrio legislativo y dejamos atrás la aplanadora oficialista, la Asamblea iniciará una nueva fase en la cual las leyes que se aprueben tendrán mayor reconocimiento social y se desbloqueará la mayor deuda de la Asamblea, que es la ausencia de fiscalización. Mi compromiso será seguir haciendo una oposición firme y propositiva¸ más aún si ésta estorba a quienes se piensan dueños absolutos de la verdad, de la ley y del futuro del Ecuador. Por lo demás, seguiré abierto al diálogo y a concertar posiciones con todos los sectores. En este nuevo período legislativo que inicia, mi concentración irá más por los temas sociales, en especial, la generación de empleo productivo.