Escrito oposicion medida cautelar podemos-11-6
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Escrito oposicion medida cautelar podemos-11-6 Escrito oposicion medida cautelar podemos-11-6 Document Transcript

  • CiudadanosPresidenta y demás Magistrados de la Sala Constitucional delTribunal Supremo de JusticiaSu Despacho.- Quienes suscriben, ciudadanos Ismael García, venezolano, mayor de edad,titular de la cédula de identidad número V-3.831.002, actuando con el carácter delegítimo Secretario General de la organización política Movimiento por laDemocracia Social (PODEMOS); Ricardo Gutiérrez, venezolano, mayor de edad,titular de la cédula de identidad número V-2.818.938, actuando con el carácter delegítimo Vicepresidente de dicha organización política, así como CristóbalFernández Dalo, titular de la cédula de identidad número V-4.268.347, Juan JoséMolina, titular de la cédula de identidad número V-5.114.011, Ángel RangelSánchez, titular de la cédula de identidad número V-4.577.772, Maribel Castillo,titular de la cédula de identidad número V-11.482.470, Wilmer Azuaje, titular de lacédula de identidad número V-12.555.438, Jesús Paraqueima, titular de la cédulade identidad número V-2.749.079, Arcadio Montiel, titular de la cédula de identidadnúmero V-4.158.032, Hermes García, titular de la cédula de identidad número V-5.856.517, Evelio Armas Ayala, titular de la cédula de identidad número V-3.981.794, Héctor Pérez Marcano, titular de la cédula de identidad número V-906.719, Euclides Meneses, titular de la cédula de identidad número V-4.039.008,Julio Hernández, titular de la cédula de identidad número V-4.874.472, MiguelPizarro, titular de la cédula de identidad número V-19.199.388, Ramón Guerra,titular de la cédula de identidad número V-2.742.909, José Vera, titular de lacédula de identidad número V-7.030.943, Eduvigis García, titular de la cédula deidentidad número V-7.477.258, Bernardo Jiménez, titular de la cédula de identidadnúmero V-4.363.464, Antonio Real, titular de la cédula de identidad número V-9.682.124, todos actuando como Miembros de la Dirección Nacional dePODEMOS y también como militantes de la organización, condición la nuestra quese desprende del Acta de Totalización de los resultados de las últimas eleccionesde las autoridades nacionales de nuestra organización política, celebradas el 31de enero de 2010 (Anexo A), algunos de nosotros, además, Diputados a laAsamblea Nacional postulados por la organización PODEMOS; asistidos todos eneste acto por la abogado Yanina Da Silva de Lima, venezolana, mayor de edad, deeste domicilio, titular de la cédula de identidad V- 12.544.578 e inscrita en elInstituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 124.589, acudimos ante 1
  • ustedes, a título individual, con la condición señalada y, a la vez, enrepresentación del partido PODEMOS, a fin de oponernos a las medidascautelares dictadas por esta Sala Constitucional mediante sentencia nº 793 de 7de junio de 2012, en el marco de la revisión de oficio de la sentencia de la SalaElectoral nº 53 de 28 de marzo de 2012, ello de conformidad con lo dispuesto enel artículo 588, parágrafo segundo, del Código de Procedimiento Civil, aplicablesupletoriamente a tenor del artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremode Justicia. I DE NUESTRA LEGITIMACIÓN PARA OPONERNOS A LAS MEDIDAS CAUTELARES ACORDADAS La presente oposición la interponemos cumpliendo los requisitos delegitimación exigidos en el artículo 588 parágrafo segundo del Código deProcedimiento Civil, el cual faculta a la parte contra quien obre la medida paraoponerse a ella. En este caso, según se lee del dispositivo de la sentencia nº 793/2012 deesta Sala Constitucional, se acordó “el nombramiento de una Junta ad hoc, la cualestará integrada, provisionalmente, hasta tanto se resuelva el fondo de la presentecausa, por los ciudadanos: Didalco Bolívar y Baudilio Reinoso, quienes ejercerán,en el mismo orden en que son mencionados, los siguientes cargos: Presidente yVicepresidente, cumpliendo las funciones directivas y de representación de laorganización política PODEMOS”. Ese proveimiento cautelar, al igual que el resto de los dictados en dicho fallo,mediante los cuales se suspenden actos de una asamblea de PODEMOScelebrada hace más de 14 meses, se prohíbe la realización de cualquierpostulación que derive de los acuerdos realizados por PODEMOS posteriores aese acto de asamblea, en franca violación de nuestros derechos políticos y los detoda la militancia de PODEMOS, y se acuerda prohibición de Enajenar y Gravarsobre la Casa Nacional del Movimiento por la Democracia Social (PODEMOS),lesionan directamente los derechos e intereses de la organización PODEMOS, asícomo nuestra condición de autoridades legítimamente electas desde la base de 2
  • nuestra agrupación política y obran directamente en contra nuestra, en virtud delas funciones que ostentamos, y también nos afectan como militantes, y de allí queestemos suficientemente legitimados para oponernos a estas medidas cautelaresy solicitar sean revocadas. En consecuencia solicitamos se admita esta oposición,dándosele el trámite correspondiente a los artículos 602 y siguientes del Códigode Procedimiento Civil, y se estimen los argumentos en ella planteados. II DE LA IMPROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ACORDADAS Resulta contrario a los más elementales principios que rigen el poder cautelardel juez constitucional que esta Sala, con fundamento en un escrito que no está nisiquiera firmado por el ciudadano Didalco Bolívar y sin tener a la vista losEstatutos de la agrupación política PODEMOS -circunstancia que se presumepues estos no constan en el expediente y en la motiva del fallo no se hacereferencia alguna a su revisión por la Sala-, haya procedido a tomar medidas tanextremas como nuestra suspensión funcional en tanto autoridades legítimamenteelectas, mediante el nombramiento de una Junta ad hoc integrada“provisionalmente, hasta tanto se resuelva el fondo de la presente causa” por elpropio recurrente Didalco Bolívar y por el ciudadano Baudilio Reinoso comoPresidente y Vicepresidente, respectivamente, cumpliendo tal junta las funcionesdirectivas y de representación de la organización política PODEMOS queestatutariamente nos corresponden; asimismo, que haya acordado la suspensióndel acto de asamblea de la organización con fines políticos PODEMOS de fecha19 de marzo de 2011, -legítimamente aprobado hace más de catorce meses y queno resultó cuestionado por la militancia ni por el Consejo Nacional Electoral-, loque desembocó en la grave orden dirigida al Consejo Nacional Electoral deabstenerse de aceptar cualquier postulación que derive de esos acuerdos, salvoaquellos que sean acordados, conforme a los procedimientos de rigor, por la Juntaad hoc nombrada en ese fallo; y la prohibición de Enajenar y Gravar sobre la CasaNacional del Movimiento por la Democracia Social (PODEMOS). Tales medidas lucen totalmente abusivas y algunas no cumplen con loselementales principios de accesoriedad, provisoriedad y reversibilidad propios detoda medida cautelar y, más aún, ninguna responde al cabal cumplimiento de los 3
  • requisitos fundamentales de los proveimientos cautelares: presunción de buenderecho, peligro en la mora y ponderación de los intereses en juego. En efecto, si bien es cierto que el juez constitucional goza de poder cautelarde acuerdo con el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo deJusticia, no lo es menos que esa facultad de dictar medidas cautelares aun deoficio procede siempre y cuando haya presunción de buen derecho, peligro en lamora y ponderación de los intereses en juego, debiendo en todo caso motivarse elcumplimiento de tales extremos y fundamentarse la decisión en medios de pruebaque constituyan presunción grave de esa circunstancia y del derecho que sereclama, tal como expresamente lo exige el artículo 585 del Código deProcedimiento Civil. En el caso de autos, las medidas cautelares a las cuales formalmente nosoponemos fueron dictadas sin que se motivara expresamente cuál es lapresunción del derecho reclamado ni cuál es el medio de prueba que llevó a laconvicción de la Sala de que existe probabilidad de éxito de la demanda.Únicamente se afirmó que existe amenaza de violación de los derechos políticosdel demandante y la militancia de PODEMOS, sin explicar por qué se presumeesa violación. Asimismo, tampoco se argumentó ni probó en qué consistía el supuestopeligro irreparable o de difícil reparación por la definitiva que llevó a la Sala aconsiderar presentes tales presunciones. Así, únicamente se señaló en lasentencia nº 793/2012 que existían “suficientes elementos de convicción acerca deposibles lesiones graves o de difícil reparación que se le estarían ocasionando alcolectivo que se ve involucrado en el ejercicio y garantías de sus derechospolíticos”, sin señalar cuáles eran esos elementos de convicción, los cuales,además, para ese momento no podían existir, pues no había recaudo alguno en elexpediente que pudiera sustentar la presunción señalada. Tampoco se fundamentó expresamente cómo se cumplió con el requisito deponderación de los intereses en juego y por qué se justifica favorecer el interésparticular del ciudadano Didalco Bolívar frente al interés general del resto de ladirigencia y militancia de PODEMOS. Debemos oponernos a las decisionescautelares de la Sala contenidas en la sentencia nº 793/2012 porque las mismas 4
  • resultan absolutamente desmesuradas e incongruentes respecto de la pretensiónprincipal de revisión de la sentencia nº 53/2012 de la Sala Electoral. En dichasolicitud no se pidió medida cautelar alguna, no obstante lo cual la SalaConstitucional suspendió los efectos del fallo a revisar, ordenó la remisión decopia certificada del expediente que cursó ante la Sala Electoral y suspendió “losefectos del acto de la asamblea de la Organización con fines políticos PODEMOS,de fecha 19 de marzo de 2011”, entre otras medidas. Uno de los supuestos hechos lesivos que se denunció en la demanda deamparo inadmitida mediante la sentencia de la Sala Electoral sujeta a revisión fueel acto de la asamblea de PODEMOS del 19 de marzo de 2011, cuya anulacióninsólitamente fue pedida en vía de amparo. Importa advertir que tal asamblea nofue objetada en el escrito de revisión presentado ante la Sala Constitucional y,adicionalmente, no guarda relación alguna con la determinación de postular aHenrique Capriles Radonsky ni afecta la legitimidad de la autoridad que ejercemoslos actuales directivos de PODEMOS. No obstante, la sentencia nº 793/2012acordó cautelarmente “el nombramiento de una Junta ad hoc, la cual estaráintegrada, provisionalmente, hasta tanto se resuelva el fondo de la presentecausa, por los ciudadanos: Didalco Bolívar y Baudilio Reinoso, quienes ejercerán,en el mismo orden en que son mencionados, los siguientes cargos: Presidente yVicepresidente, cumpliendo las funciones directivas y de representación de laorganización política PODEMOS”, medida absolutamente innecesaria y queconstituye una inconstitucional limitación a nuestros derechos políticos y a nuestroderecho al debido proceso, menoscabando el legítimo ejercicio de nuestros cargosen la dirigencia de nuestra agrupación política. Asimismo, es violatoria de los principios de proporcionalidad y congruencia lamedida cautelar de “prohibición de Enajenar y Gravar sobre la Casa Nacional delMovimiento por la Democracia Social (PODEMOS)”, pues la supuesta violaciónconstitucional que se alegó, relativa a la -negada- decisión inconsulta respecto delapoyo de una candidatura, no guarda relación alguna con los bienes de laorganización política. En otras palabras, no se ha denunciado en ningún momentoni consta ningún medio de prueba de amenazas a los bienes muebles o inmueblesde dicha organización, de manera que esta medida constituye una írrita limitacióna los derechos de la organización. 5
  • Por último, resulta totalmente cuestionable que como medida cautelar seordenase “al Consejo Nacional Electoral abstenerse de aceptar cualquierpostulación que derive de los acuerdos realizados por la Organización con finespolíticos PODEMOS, posteriores a los del acto de asamblea que este fallo ordenósuspender; salvo aquellos que sean acordados, conforme a los procedimientos derigor, por la Junta ad hoc nombrada en este fallo”, sin esperar que llegase lainformación solicitada al Consejo Nacional Electoral “…respecto, a la existencia ono, de algún documento relacionado con la manifestación de voluntad por partedel Movimiento por la Democracia Social (PODEMOS), mediante la cual acuerdenrespaldar la candidatura del ciudadano Henrique Capriles Radonsky, para elevento electoral de carácter presidencial fijado para el próximo siete (07) deoctubre de 2012” información que, en todo caso, podía ayudar a aclarar lassupuestas dudas existentes. Asimismo, debe denunciarse que aquella ordendictada al Consejo Nacional Electoral implicó una indebida usurpación defunciones, al no permitirse que ese máximo órgano electoral ejerciesedebidamente sus competencias y pudiese determinar, al momento de recibir lapostulación que le presentáramos, si ésta era admisible o no según el análisis delos recaudos que reposen en el CNE o que le fuesen consignados. En consecuencia, por cuanto no se cumplió con ninguno de los requisitosque concurrentemente deben colmarse para acordar las medidas cautelaresotorgadas en este caso, y además las mismas no satisfacen los principios decongruencia y proporcionalidad inherentes a toda medida cautelar, debenforzosamente revocarse las mismas y así formalmente se solicita en estaoportunidad. A mayor abundamiento, conviene aludir a la normalidad institucional denuestra organización política y a las consecuencias negativas que sobre ellapueden tener las medidas cautelares acordadas por esta Sala Constitucional.Asimismo, es preciso ahondar en los excesos ínsitos a las medidas cautelaresacordadas, así como exponer las razones por las cuales ellas han violadogravemente nuestros derechos políticos y otros derechos fundamentales. 6
  • III DE LA NORMALIDAD INSTITUCIONAL DE LA ORGANIZACIÓN CON FINES POLÍTICOS “PODEMOS” Desde su acto político fundacional y la publicación de su inscripción ante elCNE en la Gaceta Electoral del 1 de agosto de 2003, el Movimiento por laDemocracia Social, PODEMOS, ha preservado una completa normalidadinstitucional. Se ha fortalecido en credibilidad y presencia política y se hamantenido fiel a su compromiso con la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela, cuyo pleno desarrollo es objetivo central del Movimiento (art. 10 de susEstatutos). Desde su creación, la postulación de las candidaturas de PODEMOS acargos de elección popular se ha realizado democráticamente, medianteelecciones con participación de la militancia, de lo cual se ha informado en todomomento al CNE. Además, la formalización de la postulación de nuestroscandidatos a tales cargos siempre ha sido efectuada por el Secretario General delMovimiento, Ismael García, pues estatutariamente ostenta la representación legalde la organización a nivel nacional. La postulación por PODEMOS del actualPresidente de la República, Hugo Chávez, en el 2005, así como las demáspostulaciones a cargos electivos efectuadas desde entonces por la organización,incluyendo las elecciones parlamentarias del 2010, se originaron en decisionesdemocráticas de la militancia y fueron participadas al CNE por nuestro SecretarioGeneral. Según los principios y estatutos de nuestra organización, Ismael Garcíano ha adoptado ni puede adoptar ninguna de estas decisiones; él simplementeparticipa al CNE lo que democráticamente se ha resuelto. Lo mismo iba a sucederen relación con la postulación de nuestro candidato, democráticamente elegido,para las próximas elecciones presidenciales, de no haber sido por el despojo quenuestra organización sufrió en su facultad y derecho de postular para laselecciones presidenciales de 2012. Ismael García es el Secretario General de PODEMOS. Nadie lo ha puestoen duda, ni siquiera el solicitante del amparo ante la Sala Electoral del TribunalSupremo de Justicia, pero esta Sala Constitucional lo ha privado temporalmentede buena parte de sus atribuciones estatutarias. La única objeción concreta a laactuación de Ismael García presentada por Didalco Bolívar en su escrito de 7
  • amparo se refiere a la supuesta necesidad de que él, como Secretario GeneralAdjunto, firme junto al Secretario General las comunicaciones que se dirijan aentes como el CNE. Sin embargo, esta interpretación de los Estatutos dePODEMOS es absolutamente errónea. El solicitante del amparo y su abogada sinpoder solicitante de la revisión omiten un artículo estatutario fundamental paraconocer las funciones de los Secretarios Generales Adjuntos en nuestraorganización. El artículo 76 de los Estatutos dispone: “Son atribuciones del Secretario o Secretaria General Adjunto de los Órganos Directivos del Movimiento, en su ámbito, las siguientes: a) Suplir las faltas temporales o absolutas del Secretario o Secretaria General. b) Colaborar con el Secretario o Secretaria General en el ejercicio de sus funciones. c) Ejercer las atribuciones asignadas al Secretario o Secretaria General que en forma expresa éste le delegue previa autorización del Organismo correspondiente. d) Las otras que les asignen los Estatutos y Reglamentos y las que ordene su Organismo de adscripción”. En todo caso, si Didalco Bolívar lo que pretendía era hacer valer su facultadde firmar conjuntamente con el Secretario General los actos respectivos, hubierabastado con que se hiciera presente en las instancias y reuniones de laorganización, de la cual se ausentó por varios años, desde finales del 2007,incluyendo los años que permaneció en el exterior. Incluso después de su retornoal país, a finales de agosto del 2011, se mantuvo, por decisión propia, al margende la organización. Más recientemente, el 3 de abril del 2012, el Tribunal Disciplinario y deÉtica de PODEMOS adoptó, en conformidad con las disposiciones estatutarias, ladecisión de suspender cautelarmente a Didalco Bolívar de la militancia y delejercicio del cargo de Secretario General Adjunto, en virtud de la existencia deelementos probatorios de una posible ausencia prolongada y de posicionespúblicas fijadas por él presuntamente en contra de los supremos intereses yprincipios de la organización política. Esta decisión cautelar fue efectuada enprocedimiento iniciado en virtud de solicitud de investigación formulada por laAsamblea Nacional de PODEMOS del 8 de octubre de 2011. Al instruir esteproceso se siguió en todo momento el debido proceso. Acordada cautelarmente talsuspensión, se ordenó la notificación de Didalco Bolívar mediante cartel publicado 8
  • en la prensa nacional, ante la imposibilidad de realizar la citación personal. DidalcoBolívar no compareció dentro del plazo fijado a formular alegatos en su defensa,contra la medida cautelar, y se espera la presentación de sus descargos enrelación con el fondo del procedimiento. El CNE fue debidamente notificado deesta decisión (Anexo B). La Asamblea Nacional de PODEMOS acordó luego que,mientras tal suspensión cautelar se prolongara, debía designarse un encargado dela Secretaría General Adjunta, siendo elegido democráticamente, por losDelegados de la Asamblea Nacional, el militante Cristóbal Fernández Daló, lo cualtambién fue participado al CNE, adjuntando los resultados del escrutinio efectuado(Anexo C ). Estos hechos son ajenos al objeto del amparo interpuesto ante la SalaElectoral de este Tribunal Supremo de Justicia, cuya inadmisión está sujeta arevisión, pero los relatamos para corroborar que, en el marco de la normalidadinstitucional de la organización, Didalco Bolívar puede hacer valer sus derechos yformular los alegatos que estime pertinentes. Es, pues, censurable que, sin fundamento alguno, la Sala Constitucionalhaya adoptado la medida cautelar de dejar en suspenso las funciones derepresentación del Secretario General de PODEMOS y las de dirección que él, laDirección Nacional a la que pertenecemos y otras instancias de la organizaciónejercen, para pasarlas al Secretario General Adjunto -cautelarmente suspendidocomo explicamos-, quien concentra provisionalmente, junto a otro militante, ladirección y representación del Movimiento, especialmente con miras a lapostulación de la candidatura presidencial. Nuestra normalidad institucional se ha visto gravemente afectada por ladecisión de esta Sala Constitucional del 7 de junio de 2012, N° 793, queabusivamente cercenó nuestro derecho a postular un candidato a la Presidenciade la República para el proceso electoral del 7 de octubre de 2012. Con base enafirmaciones del ciudadano Didalco Bolívar, contenidas en un escrito que no estáfirmado ni por él ni por un apoderado o apoderada acreditados, esta SalaConstitucional procedió a dictar medidas cautelares exorbitantes, desmesuradas ycarentes de racionalidad procesal, que han vulnerado gravemente los derechospolíticos de nuestra militancia. Invocando el dicho del escrito atribuido a Didalco Bolívar y dejandoentrever, a partir de la cita descontextualizada de un párrafo del escrito deinadmisibilidad presentado por Ismael García, que hay un conflicto en la 9
  • organización, lo cual negamos, la sentencia de esta Sala Constitucional hacausado un serio problema a la vida y derechos de PODEMOS y de su militancia.Didalco Bolívar está ciertamente en discordia con algunas decisiones del partido,pero ello en nada altera nuestra normalidad institucional. Didalco Bolívar cuentacon vías institucionales internas y vías procesales ordinarias para plantear susreclamos, y el orden institucional o procesal no puede ser subvertido pormecanismos como la revisión de sentencias ni por decisiones como la que estaSala Constitucional ha adoptado. Exigimos a esta Sala Constitucional que cese de inmediato en un procederque está generando serios problemas institucionales hasta ahora inexistentes. Lamilitancia se resiente de la imposición de una Junta ad hoc y del consecuentedesconocimiento de las instancias naturales de dirección y representación, másaún teniendo en cuenta que PODEMOS se nutre del liderazgo colectivo y estáconformada por organizaciones de base, que rechazan la intromisión abusiva de laSala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, provocada por quien no hasido capaz de plantear en el seno de la organización sus diferencias con algunosde sus dirigentes o con decisiones democráticamente tomadas. Ni nosotros, comoMiembros de la Dirección Nacional del Movimiento y como militantes, ni el resto dela militancia, acepta la imposición de una Junta ad hoc que usurpe las funcionesde quienes democráticamente han sido elegidos para cumplirlas. Los daños, esperamos que no irreversibles, que esta intervención abusivade la Sala Constitucional ocasione en el futuro de la organización serán de laresponsabilidad exclusiva de esta Sala. Uno de los daños causados en todo casosí es ya irreversible, como es la privación de nuestro derecho a postular para laselecciones presidenciales del 2012. IV DE LA ALTERACIÓN DE LA NORMALIDAD INSTITUCIONAL DERIVADA DE LA DESMESURA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS La desmesura de las medidas cautelarmente adoptadas por esta SalaConstitucional, que afectan la vida de nuestra organización, se pone de manifiestoal considerar sus consecuencias, su falta de racionalidad procesal y la ausenciade conexión lógica entre ellas. Las medidas adoptadas por esta Sala referidas a la 10
  • vida interna de la organización, a sus derechos como organización política y a losde sus militantes, fueron las siguientes: 1.- Se suspenden los efectos del acto de la asamblea de PODEMOS del 19de marzo de 2011. 2.- Se acuerda el nombramiento de una Junta ad hoc, integrada por unmilitante -suspendido- que pretende desconocer las decisiones democráticamenteadoptadas, y por otro militante, Baudilio Reinoso, a quien la Sala Constitucionaldesigna sin que su nombre constara en documento alguno del presenteexpediente de revisión. 3.- Se ordena al CNE abstenerse de aceptar cualquier postulación dePODEMOS que derive de acuerdos posteriores a la asamblea del 19 de marzo de2011, salvo aquellos que sean alcanzados por la Junta ad hoc conforme a losprocedimientos de rigor. 4.- Se ordena prohibición de enajenar y gravar sobre la Casa Nacional dePODEMOS. Analicemos de manera particularizada estas medidas. 1.- En cuanto a la Asamblea Nacional de PODEMOS del 19 de marzo de2011, lo primero que debe señalarse es que dicha asamblea no está siquieramencionada en el escrito de revisión presentado ante la Sala Constitucional delTribunal Supremo de Justicia. Ni en la parte motiva del escrito ni en el petitorio delmismo. ¿De dónde extrajo entonces la Sala Constitucional tal referencia? Se observa que la anulación de tal asamblea fue solicitada por DidalcoBolívar en el escrito de amparo que presentó ante la Sala Electoral del TribunalSupremo de Justicia, alegando que vulneraba los derechos de la militancia aparticipar en la elección de sus autoridades. Esto quiere decir que la SalaConstitucional, no conforme con haber acordado revisar de oficio la sentencia dela Sala Electoral, pasó también a suplir, sin motivación alguna, las denuncias delsolicitante de la revisión y, además, como veremos, sacando completamente la 11
  • petición de anulación de tal asamblea del contexto argumental en que se habíaplanteado. La Asamblea Nacional de PODEMOS del 19 de marzo de 2011, en el puntoque Didalco Bolívar había cuestionado mediante amparo ante la Sala Electoral,postergó las elecciones internas para la renovación de las autoridades del partidopara una fecha posterior al 2012, que sería fijada en la próxima AsambleaNacional del Movimiento. Nos preguntamos: ¿El diferimiento, por la militancia de una organizaciónpolítica, de la discusión sobre la fecha de celebración de unas elecciones internas,referidas, entre otras, a autoridades nacionales que habían sido elegidas el 31 deenero de 2010 para un periodo de dos años, justifica las medidas de intervenciónadoptadas por esta Sala Constitucional? Obviamente no. Si algún militante estabaen desacuerdo con tal propuesta debía manifestarlo en el seno de la Asamblea dela organización en la cual fue considerada. Incluso, una vez que resultó aprobada,un militante que no hubiera asistido a la Asamblea hubiera podido acudir a losórganos jurisdiccionales competentes para impugnarla, si estimaba -erróneamente- que contenía algún vicio. Es más, cualquier militante puedesolicitar, ante las instancias competentes de la organización, la discusión sobre lafecha de las próximas elecciones internas. Por otro lado, hay que preguntarse ¿qué sentido tiene la decisión de la SalaConstitucional de suspender “los efectos del acto de la asamblea” de PODEMOSdel 19 de marzo de 2011? El acuerdo adoptado en tal asamblea, que fuecuestionado en el escrito atribuido a Didalco Bolívar, fue el de postergar para lapróxima asamblea la consideración de la fecha de las elecciones internas;entonces, cuando la Sala Constitución suspende los efectos de tal acuerdo¿pretende obligar a la organización, cautelarmente, a discutir este punto deinmediato? De ser así, ¿es racional procesalmente tal pronunciamiento en víacautelar? Además, ¿qué relación lógica guarda esto con lo planteado en el escritode revisión y con los otros puntos resolutivos del fallo? En definitiva, ¿por quérazón jurídica deben suspenderse cautelarmente los efectos de tal acuerdo de laAsamblea Nacional de PODEMOS? 12
  • Nótese asimismo que la Sala Constitucional vinculó esta decisión cautelar“a los efectos que se reflejen de la vigencia de algún acuerdo de postulación decandidatos realizado por la dirigencia del partido”. Ello se ve confirmado por laorden que la sentencia dirige al CNE, en virtud de la cual éste debe abstenerse deaceptar postulaciones que deriven de acuerdos “posteriores a los del acto deasamblea que este fallo ordena suspender”. Ahora bien, cabe nuevamentepreguntarse ¿qué relación tiene el acuerdo de posponer la discusión sobre lefecha de las elecciones internas con acuerdos posteriores que se refieran alcandidato de PODEMOS a la Presidencia de la República? La solicitud derevisión no establece una conexión entre uno y otro punto, ya que como sabemosni siquiera alude a la asamblea del 19 de marzo. Tampoco la solicitud de amparolos vincula, pues son muy distintos. Es necesario pues preguntarse, ¿bastaseñalar en un escrito de amparo constitucional que se pide la anulación de unaasamblea de una organización política para que queden cautelarmente ensuspenso los acuerdos alcanzados en ella y en las asambleas posteriores, inclusocuando ello hará nugatorio los derechos constitucionales que serían ejercidos aldar cumplimiento a tales acuerdos? 2.- La decisión de la Sala Constitucional designa una junta ad hoc, comodijimos. Pues bien, ¿por qué razón se designa una junta ad hoc, que asuma lasfunciones de dirección y representación de nuestra organización, si nuestraorganización cuenta con autoridades legítimas elegidas por la militancia de laorganización? Estas autoridades ni siquiera han sido cuestionadas en su condiciónde tales por el solicitante de la revisión, así que no se entiende cómo la SalaConstitucional ha llegado a dictar tal medida, gravemente invasiva de la vidainterna de la organización, de los principios democráticos que la rigen y de losderechos de sus militantes. 3.- Se prohíbe al CNE aceptar postulaciones de PODEMOS basadas enacuerdos posteriores a la asamblea del 19 de marzo de 2011, con la excepciónarriba mencionada. Surgen también en este particular serios interrogantes. Enprimer lugar, ¿por qué quedan en suspenso, y en la práctica se hacen nugatoriosde manera irreversible, los acuerdos de postulación posteriores a esa asamblea?La idea que se colige de la parca argumentación de la sentencia relativa a lapostulación de la candidatura del partido a la Presidencia de la República es quetal postulación debe originarse en una determinación democrática de su militancia, 13
  • conforme a la Constitución. Por tanto, en este contexto la asamblea del 19 demarzo de 2011 carece de relevancia, pues allí este asunto no fue considerado. Lorelevante constitucionalmente es que la postulación nazca de un procesodemocrático, lo cual ha podido ocurrir, y de hecho ocurrió, después del 19 demarzo de 2011. Incluso en el supuesto negado de que la asamblea del 19 demarzo fuera nula, tendrían plena validez las decisiones democráticas tomadas porla militancia en relación con la candidatura presidencial, así que resulta unatropello dejar en suspenso y de hecho suprimido nuestro derecho a postular paralas venideras elecciones presidenciales porque el ciudadano Didalco Bolívar hayadicho en un escrito de amparo que pide la anulación de tal asamblea. Resulta alarmante que la Sala Constitucional haya acordado una medidacautelar de efectos irreversibles que nos ha privado, como organización política ycomo militantes, del ejercicio de nuestro derecho a postular un candidato a laselecciones presidenciales de 2012. Ello con base únicamente en el dicho, mássupuesto que real, de una de las partes. De acuerdo con este precedente es muyfácil impedir a una organización política y a su militancia el disfrute de ese derechofundamental en democracia. Basta que un miembro de la organización presenteuna acción ante el Tribunal Supremo de Justicia asegurando que las bases delpartido no fueron consultadas para la adopción de tal decisión. La decisión de la Sala Constitucional es aún menos explicable en Derechosi se considera que corresponde al CNE examinar, al momento de la presentaciónde las postulaciones, si existe una constancia del respaldo de la organizaciónpolítica a una determinada candidatura (art. 44, num. 10, del Reglamento N° 1 dela Ley Orgánica de Procesos Electorales en Materia de Convocatoria, RegistroElectoral, Postulaciones, Constitución de Grupos de Electoras y Electores yProcedimiento de Escogencia de Posición en el Instrumento de Votación). EstaSala Constitucional no ha debido impedir que el Consejo Nacional Electoraldesempeñara las funciones que la Constitución y las leyes le otorgan. Adjuntamoscopia del registro que ya habíamos efectuado en el sistema automatizado delCNE, según el procedimiento de rigor, para proceder a postular a nuestrocandidato a las elecciones presidenciales (Anexo D) Debemos advertir a esta Sala Constitucional que sí existe el soporte legalde las decisiones que democráticamente se han adoptado en nuestra organización 14
  • para la postulación del candidato presidencial. Reposan ante las instanciascompetentes e iban a ser corroboradas conforme a la ley al momento de lapostulación, como lo exige el Reglamento N° 1 citado de la Ley Orgánica deProcesos Electorales. Lo que resulta insólito es que la sola afirmación de DidalcoBolívar en sentido contrario haya bastado para privarnos del derecho a postular enesas elecciones. Pese al abusivo proceder de esta Sala Constitucional, en virtud del cualpresumió un incumplimiento de nuestra parte a la normativa constitucional y legalen materia de elección de los candidatos de PODEMOS a cargos de elecciónpopular, lo cual nos ha privado de nuestro derecho a postular el candidato elegidopara ser postulado a las elecciones presidenciales del 2012, nos permitimosinformar a esta Sala que nuestra organización política sí desarrolló un procesodemocrático para la elección de su candidato a la Presidencia de la República.Dicho proceso tuvo lugar, primero, mediante la Asamblea Nacional de PODEMOSdel 16 de julio de 2011, en la cual se acordó que PODEMOS participaría en laselecciones primarias organizadas por la Mesa de la Unidad Democrática, con elapoyo del CNE, de manera que el candidato que resultare ganador de esasprimarias sería el candidato de PODEMOS a la Presidencia de la República. Seefectuó además, un escrutinio para definir cuál, entre los precandidatos en liza,sería apoyado por el partido, y la votación favoreció por mayoría abrumadora aHenrique Capriles Radonsky. La copia de la correspondiente acta de esaAsamblea Nacional de PODEMOS, así como de los resultados del escrutinio, fueenviada al CNE (Anexo E). Una vez que Henrique Capriles Radonsky resultóvencedor en las elecciones primarias, con activa participación de nuestramilitancia, nuestra organización, respetuosa de la voluntad de sus miembros, quehabían decidido a través de sus delegados sumarse a ese proceso, se disponía apostular a dicho candidato, hasta que irrumpió esta Sala Constitucional en ladinámica natural de la organización y la privó del derecho a postular un candidatopara las venideras elecciones presidenciales. Si la Sala Constitucional hubiera hallado algún elemento indiciario, no unsimple dicho, según el cual la militancia de nuestra organización política no habíaparticipado, en los términos exigidos por el artículo 67 constitucional, en laescogencia del candidato de la organización a la Presidencia de la República, loprocedente, en vía cautelar, hubiera sido solicitar al CNE, órgano 15
  • constitucionalmente competente en la materia, que examinara, al momento de laposible postulación, si la organización PODEMOS había consignado o estabaconsignando en esa oportunidad, según el citado Reglamento N° 1, la constanciadel respaldo de la organización política a una determinada candidatura. Podíaincluso requerir que, específicamente, se acompañara la documentación relativa ala decisión democráticamente adoptada, con participación de la militancia, paraseleccionar al candidato a las elecciones primarias. De esta manera se hubierarespetado el derecho a postular de nuestro partido y de su militancia, al tiempoque hubieran quedado a salvo las atribuciones del CNE. También hubieranquedado preservados los intereses de quien alegó -falsamente- que tal decisióndemocrática no existió. En lugar de proceder así, la Sala Constitucional nos privódel derecho a postular para las elecciones presidenciales. No es posible aducir que PODEMOS y su militancia sí pueden postular paraese proceso, pero por medio de la junta ad hoc designada, pues ello desconoceríaabsolutamente el artículo 67 de la Constitución. Más grave que impedir postular alas actuales autoridades directivas y representativas de PODEMOS, con basesimplemente en el -falso- alegato de que la candidatura de Henrique CaprilesRadonsky no proviene de un acuerdo de la militancia, es permitir que una junta adhoc, usurpadora de las atribuciones estatutarias de las instancias naturales de laorganización, lo haga sin que se haya siquiera afirmado haber cumplido con talesprocedimientos democráticos. Nótese que la solicitud de revisión presentada antela Sala Constitucional en ningún momento señala que PODEMOS haya efectuadouna manifestación de voluntad favorable a una candidatura distinta a la deHenrique Capriles Radonsky. En esa solicitud simplemente se asevera que lacandidatura de Henrique Capriles Radonsky no tiene el apoyo de la militancia, osea, “no fue consultada, discutida ni aprobada por ninguna de las instancias queconforman nuestra organización política”, lo cual es, por lo demás, completamentefalso. Por tanto, no se entiende, en buen Derecho, cómo de la aducida falta deconsulta se pasa al extremo de facultar a una junta ad hoc para efectuar unapostulación sin que exista elemento alguno, ni siquiera afirmado por el supuestosolicitante de la revisión en el escrito respectivo, que indique que hubo algunaconsulta en un sentido favorable a otra candidatura. En pocas palabras, la Sala Constitucional ha resuelto con fundamento enuna presunción de mala fe o de ilicitud en cabeza de las autoridades reconocidas 16
  • de PODEMOS, que han mantenido una relación pacífica y reiterada con el CNE ydemás órganos del Estado, en cumplimiento de los acuerdos de la militancia, y enuna presunción de veracidad, de buena fe y de licitud en relación con lasafirmaciones de Didalco Bolívar, yendo incluso más allá de lo sostenido por él,como ha ocurrido en el punto que estamos comentando. La Sala ha debidopresumir la buena fe de todos para decidir conforme a Derecho. 4.- Se acordó, finalmente, una medida cautelar de prohibición de enajenary gravar sobre la Casa Nacional del Movimiento. Nuevamente salta a la vista ladesmesura de la medida cautelar adoptada. ¿Cuál es la racionalidad de estamedida cautelar? Francamente no se entiende. En suma, las medidas acordadas han vulnerado gravemente derechosconstitucionales de PODEMOS, nuestros y de toda su militancia, tal como lohemos expuesto y seguidamente explicaremos con más detalle. V SOBRE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE PODEMOS Y DE SU MILITANCIA Y LA CONSECUENTE VIOLACIÓN DE SU DERECHO A LA DEFENSA, DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Entre las providencias “cautelares” dictadas por la Sala Constitucional en lasentencia de 7 de junio y a las cuales nos oponemos mediante este escrito, seordenó al Consejo Nacional Electoral abstenerse de aceptar postulacionesrealizadas por PODEMOS, salvo las que deriven de acuerdos tomados por la juntaad hoc designada, como hemos advertido, de manera abusiva y violentando elderecho de la organización de elegir a sus autoridades. Esta circunstancia devieneen una violación consumada, por cuanto a causa de los lapsos para la oposición ala medida y del cronograma electoral dispuesto por el Consejo Nacional Electoral,la supuesta providencia cautelar se convierte en definitiva, sin que hubiereoportunidad por parte de PODEMOS de ejercer su derecho a la defensa y aldebido proceso frente a ella y con violación de su presunción de inocencia. En efecto, la cuarta orden del dispositivo del fallo que otorga las medidascautelares dispone: 17
  • “- ORDENAR al Consejo Nacional Electoral abstenerse de aceptar cualquier postulación que derive de los acuerdos realizados por la organización con fines políticos Podemos, posteriores a los del acto de asamblea que este fallo ordenó suspender; salvo aquellos que sean acordados, conforme a los procedimientos de rigor, por la Junta ad hoc nombrada en este fallo.” En cuanto a esta medida advertimos que (i) infringe el derecho depostulación de la organización con fines políticos PODEMOS y de su militancia, elcual es, a decir de la propia jurisprudencia del Máximo Tribunal, una expresiónconcreta que torna operativo los derechos políticos de las asociaciones de estanaturaleza; en adición a lo anterior y más importante aún, (ii) la afectación delderecho, producida cautelarmente, viene a convertirse en una violaciónconsumada, con naturaleza de definitiva y sin que PODEMOS haya tenidooportunidad de ejercer su derecho a la defensa, ni a través de la oposición a lamedida ni a lo largo del proceso de revisión. Insistimos en que esta supuesta providencia cautelar inconstitucionaldeviene en una violación consumada del derecho de postulación de PODEMOS.En efecto, el período de postulaciones de candidatos para las eleccionespresidenciales del 07 de Octubre de 2012 venció ayer, el lunes 11 de junio de2012, de acuerdo con el cronograma electoral 1. Ahora bien, (i) de conformidad conel artículo 131 de la LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO de Justicia la partecontra quien se ha dictado una medida preventiva cuenta con tres (3) días dedespacho para presentar su oposición a ella; y (ii) de acuerdo con el Acta deInstalación de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, publicada en GacetaOficial No. 39.632 del 11 de marzo de 2011, los días de despacho en esa Sala sonlos martes, miércoles, jueves. De lo anterior resulta que el primer día de despachodisponible para ejercer nuestro derecho a la defensa, como en efecto loejercemos, es el martes 12 de junio de 2012, cuando ya ha precluido el lapso depostulaciones ante el Consejo Nacional Electoral. De este modo, la providencia impuesta cautelarmente se convierte endefinitiva, sin haber transcurrido el debido proceso que culmina con una sentencia1 Véase:http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2012/presidenciales/documentos/cronograma.pdf 18
  • y, peor aún, sin siquiera haber existido oportunidad de oponerse a la medidacautelar antes de su irreversibilidad. Existe pues, no sólo la materialización de laviolación de los derechos políticos de PODEMOS y su militancia, sino además desu presunción de inocencia, y sus derechos a la defensa y al debido proceso. Lo fundamental de una medida cautelar o preventiva, la nota que le imprimeese carácter, es su instrumentalidad. Esta instrumentalidad supone que lasmedidas cautelares no son un fin en sí mismas, no tienen por finalidad resolver unasunto directa y definitivamente, sino que son instrumentos de la decisión final, deesa respuesta última, que se adopte en relación con un asunto. Es decir, soninstrumentos cuya razón de ser es garantizar que una decisión de fondoeventualmente favorable no quede ilusoria, sino que pueda ser cumplidaefectivamente. Ese carácter instrumental de las medidas cautelares es el que permite quelas mismas puedan válidamente ser adoptadas contra la parte demandada desdeel inicio del proceso judicial, antes de que haya sido llamada a juicio, pues (i)tendrá todo el juicio para defenderse con cabalidad, e incluso (ii) podrá requerirdel juzgador que revoque la medida preventiva adoptada mediante lademostración de que no están cumplidos los extremos para dictarla. De tal forma,el derecho a la defensa de la parte contra quien obra una medida cautelar,verdaderamente instrumental, no se menoscaba, pero no solo por elprocedimiento brevísimo de oposición (que tiene por fin que la medida cautelarinicialmente decretada sea revocada), sino también gracias al juicio principal, en elque la persona afectada por la medida cautelar dispondrá de todas lasoportunidades para presentar sus alegatos y pruebas. En virtud de ese mismo carácter instrumental las medidas cautelares hande ser reversibles, es decir, el proceso debe permitir que, en caso de que sesentencie en el fondo a favor de la persona contra quien obraron, pueda volverseal estado previo a su adopción, sin perjuicio de que sea preciso para la parteinjustamente favorecida por la medida decretada indemnizar a la otra (contra quienobró la medida indebidamente) todos los daños y perjuicios ocasionados.Finalmente, la última de las consecuencias o características claves de lainstrumentalidad de las medidas preventivas es que éstas son, por esencia,temporales. Tienen vida mientras se dicta la decisión de fondo, la sentencia 19
  • principal. Una vez emitida ésta, la medida preventiva o cautelar cesa en susefectos, sea porque haya servido para la ejecución de la sentencia de fondo, seaporque ha de ser revocada una vez demostrado en el juicio que la parte contraquien obró no había contrariado la ley y, por tanto, no era deudor del solicitante. Con todo, la instrumentalidad de las medidas cautelares les imprime trescaracterísticas esenciales: provisionalidad, reversibilidad y temporalidad y sonesas características las que justifican su adopción sin la existencia de plenaprueba. Muy por el contrario de todo lo antes dicho, la medida acordadacautelarmente por la Sala es irreversible y se convierte en sanción definitiva, sinque se haya tramitado un juicio, con respeto al debido proceso y a la presunciónde inocencia de PODEMOS o su militancia y sin que siquiera la garantía mínimadel recurso de oposición ante las medidas cautelares haya podido ser ejercido atiempo. Los razonamientos anteriores permiten sostener que esa SalaConstitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha violado los derechos políticosde PODEMOS y su militancia al impedirles, mediante una supuesta medidacautelar, postular a su candidato para las elecciones presidenciales del 7 deOctubre de 2012. Como ya dijimos, si la Sala Constitucional hubiera hallado algún elementoindiciario según el cual la militancia de nuestra organización política no había sidoconsultada sobre la postulación del candidato a la Presidencia, que hubiera idomás allá de lo simplemente afirmado en la solicitud de revisión, lo procedente, envía cautelar, hubiera sido solicitar al CNE, órgano constitucionalmente competenteen la materia, que examinara, al momento de la posible postulación, si laorganización PODEMOS había consignado o estaba consignando en esaoportunidad, según el citado Reglamento N° 1, la constancia del respaldo de laorganización política a una determinada candidatura. Podía incluso requerir que,específicamente, se acompañara la documentación relativa a la decisióndemocráticamente adoptada, con participación de la militancia, para seleccionar alcandidato a las elecciones primarias. De esta manera se hubiera respetado el 20
  • derecho a postular de nuestro partido y de su militancia, al tiempo que hubieranquedado a salvo las atribuciones del CNE. También hubieran quedadopreservados los intereses de quien alegó -falsamente- que tal decisióndemocrática no existió. En lugar de proceder así, la Sala Constitucional nos privódel derecho a postular para las elecciones presidenciales. En lugar de hacer esto, la Sala Constitucional transfirió a dos personas, quecarecen estatutariamente de las facultades para ello, las funciones de dirección yrepresentación del partido, incluso para realizar postulaciones a cargos deelección popular como la Presidencia de la República. Es decir, que la simpleafirmación de Didalco Bolívar, o atribuida a él, de que PODEMOS, bajo elliderazgo de Ismael García, pretendía postular a un candidato sin consultar a lamilitancia fue suficiente para que: (i) PODEMOS no pueda, a través de susautoridades legítimas y después de la decisión democráticamente adoptada en laorganización, efectuar una postulación a la Presidencia de la República; (ii)Didalco Bolívar pase a tener, junto a otro militante, la facultad de hacer talpostulación en nombre del partido, quedando ahora sí en manos del CNE hacer laverificación de rigor. Todo ello a pesar de que la organización políticamentePODEMOS ha adoptado, con base en la libre y democrática determinación de lamilitancia, la decisión de apoyar al candidato ganador de las elecciones primariasde la Unidad Democrática, Henrique Capriles Radonsky. Nótese que esta SalaConstitucional no requirió al CNE el envío de información sobre alguna decisióndemocrática de la militancia de PODEMOS favorable a alguna candidatura distintaa la de Henrique Capriles Radonsky. Sólo pidió información en relación con estaúltima, e impidió a fin de cuentas postular en su favor. Este tratamiento desigualconfirma el atropello que las medidas cautelares adoptadas implican. Adicionalmente, la Sala Constitucional ha incurrido en la violación de losderechos políticos de PODEMOS, de nosotros y de toda su militancia al imponermediante una decisión cautelar una llamada Junta ad hoc, designando a suPresidente y Vicepresidente, quienes concentran las atribuciones derepresentación y dirección del partido, todo lo cual comporta una flagrantevulneración al derecho de asociación con fines políticos consagrado en el artículo67 de nuestro Texto Fundamental. 21
  • Entre las providencias cautelares dictadas en el fallo del 07 de junio, la SalaConstitucional dispuso: “ACORDAR el nombramiento de una Junta ad hoc, la cual estará integrada, provisionalmente, hasta tanto se resuelva el fondo de la presente causa, por los ciudadanos: Didalco Bolívar y Baudilio Reinoso, quienes ejercerán, en el mismo orden en que son mencionados, los cargos de Presidente y Vicepresidente, cumpliendo las funciones directivas y de representación de la organización política Podemos.” Prescindiendo de motivación y fundamentación alguna para ello, la Salaimpuso de manera arbitraria una Junta ad hoc, integrada por los ciudadanosDidalco Bolívar y Baudilio Reinoso como Presidente y Vicepresidente,respectivamente, encargada de la dirección y representación de PODEMOS. Deesta forma se ha alterado injustificadamente el orden estatutario y democráticoestablecido para el ejercicio de tales funciones en nuestra organización y sevulnera el artículo 67 de la Constitución. VIDE LA IMPROCEDENCIA DE LA REVISIÓN CONOCIDA DE OFICIO POR ESTA SALA CONSTITUCIONAL Tal como expusimos en nuestro escrito consignado en este mismoexpediente en fecha 10 de mayo de 2012, la presente revisión de sentencia esabsolutamente improcedente dado que la misma no cumple con los extremosrequeridos en los numerales 10 y 11 del artículo 25 de la Ley Orgánica delTribunal Supremo de Justicia, por lo que no debió ser conocida y, menos aún,acordadas medidas cautelares durante su tramitación. Así, en desarrollo de la competencia que a la Sala Constitucional otorga elartículo 336, numeral 10 de la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Supremode Justicia establece lo siguiente: “Artículo 25: son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: 22
  • 10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional, efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales. 11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que señala el numeral anterior, así como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales”. Esa facultad de revisión se ejerce de manera extraordinaria, cuando loameriten alguna de las circunstancias establecidas en la ley respecto desentencias definitivamente firmes, siendo una carga para el solicitante señalar enqué medida la sentencia cuya revisión pide (i) desconoce algún precedente de laSala Constitucional, (ii) ha efectuado una indebida aplicación de una norma oprincipio constitucional, (iii) ha producido un error grave en su interpretación, (iv)ha dejado de aplicar algún principio o norma constitucional, (v) viola algún principiojurídico fundamental contenido en la Constitución o Tratado ratificado por laRepública o (vi) incurre en violación de derechos constitucionales. En otraspalabras, el solicitante debe explicar suficientemente las razones por las cuales lasentencia en cuestión está incursa en alguno de estos supuestos. Cuando esarevisión se acuerda de oficio, como en este caso, es necesario también que se déalguno de los supuestos antes señalados para que proceda la revisión, tomandoen cuenta que la misma constituye una importante excepción al principio de cosajuzgada y de allí que sea absolutamente extraordinaria. Esa Sala Constitucional ha establecido, desde su sentencia de principio enla materia, nº 93 del 6 de febrero de 2001, caso Corpoturismo, ratificadapacíficamente, entre otras muchas, en las sentencias nº 1963 de 21 de noviembrede 2006, (caso Mariela Concepción Marín Freites) y nº 1263 de 26 de julio de 2011(caso Victor Gil), que “no sólo basta con establecer los supuestos en que talrevisión puede proceder, sino también, los requisitos que permitan ordenar laadmisibilidad de la revisión en cuanto a las denuncias constitucionales de fondo 23
  • que sean presentadas, de manera que sea un filtro de recursos de revisión que nopuedan prosperar, como aquéllos en los que sólo se procure una nueva instanciao la simple inconformidad con un fallo que desfavorezca a la parte solicitante”. En igual sentido, la jurisprudencia de esta Sala Constitucional ha reiteradoen muchas ocasiones (sentencias nº 44 del 2 de marzo de 2000, caso FranciaJosefina Rondón Astor, y nº 714 del 13 de julio de 2000, caso Asociación dePropietarios y Residentes de la Urbanización Miranda), desde la referida sentencia93/2001, que el recurso extraordinario de revisión no puede constituir una tercerainstancia, debiendo delimitarse los supuestos para su procedencia, referidos todosa circunstancias excepcionales que ameriten que esa Sala Constitucional revise yanule fallos definitivamente firmes. Asimismo, en reciente sentencia de nº 529 de25 de abril de 2012, esa Sala señaló: “De tal manera, que esta Sala debe reiterar, que la revisión no constituye una tercera instancia, ni un recurso ordinario que opere como un medio de defensa ante la configuración de pretendidas violaciones por supuestos errores de juzgamiento del juez de mérito, sino una potestad extraordinaria y excepcional de esta Sala Constitucional cuya finalidad es el mantenimiento de la homogeneidad de los criterios constitucionales en resguardo de la garantía de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, lo cual reafirma la seguridad jurídica”. A pesar de que han sido esos los criterios pacíficamente mantenidos poresta Sala Constitucional en su jurisprudencia, mediante la sentencia nº 793/2012se acordó conocer de la revisión de la sentencia de la Sala Electoral nº 53 de 28de marzo de 2012, como si se tratase de una nueva instancia, es decir, como si sepretendiese revisar directamente el mérito o fondo del asunto conocido por la SalaElectoral y no únicamente para revisar si esa sentencia incurrió en alguno de lossupuestos antes referidos que ameritase su revisión para mantener la uniformidadde la jurisprudencia constitucional. Prueba de que la presente revisión se ha acordado como una instancia deenjuiciamiento de fondo y no como una verdadera revisión constitucional desentencias definitivamente firmes, lo constituyen precisamente las medidascautelares acordadas, pues éstas, lejos de asegurar las resultas del recurso de 24
  • revisión, pretenden asegurar los intereses que el ciudadano Didalco Bolívar hizovaler en su demanda de amparo constitucional acertadamente inadmitida por laSala Electoral, en franca violación a la esencia misma de la revisión constitucional,entendida como un examen objetivo de sentencias definitivamente firmes a fin dedeterminar si están en alguno de los supuestos taxativamente dispuestos en laLey, que conlleven a su nulidad en aras de la uniformidad de la jurisprudencia y lacorrecta interpretación de principios constitucionales. De allí que la presenterevisión, tal como la Sala la ha perfilado, no cumple con el artículo 25 numerales10 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, porque implica unanueva instancia y la revisión del fondo del asunto, desnaturalizando por completoel recurso extraordinario de revisión y su función constitucional. Asimismo, reiteramos los argumentos que expusimos en nuestro escrito de20 de mayo de 2012, en el sentido de que la sentencia nº 53/2012 de la SalaElectoral no está incursa en ninguno de los supuestos de Ley que permiten surevisión extraordinaria, pues fue dictada conforme a derecho, dada la evidenteinadmisibilidad de la demanda de amparo que ante la misma se interpuso, para locual exponemos lo siguiente:1. La sentencia nº 53/2012 de la Sala Electoral acertadamente declaróinadmisible la demanda de amparo constitucional de conformidad con elartículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos yGarantías Constitucionales. Mediante escrito presentado el 21 de marzo de 2012 el ciudadano DidalcoBolívar, intentó demanda de amparo constitucional invocando la condición deSecretario General Adjunto de la organización política Movimiento por laDemocracia Social (PODEMOS). Como petitorio de su demanda, el demandante solicitó PRIMERO “sepermita la consulta general de la militancia en todas sus instancias para lapostulación a cargos de elección popular”, SEGUNDO “convocar eleccionesinternas en todas las instancias del partido a nivel nacional, pasando por laincorporación de nuevos militantes (…) con el fin de dar oportunidad a los jóvenesy nuevos inscritos”, TERCERO “revisar cualquier decisión que haya sido tomadasin consultar a la base del partido, revocando respaldo (sic) de candidaturas que 25
  • carezcan de legitimidad…”, CUARTO “prohibición de enajenar y gravar sobre losbienes del partido hasta tanto no se defina el escenario de las nuevas autoridades,especialmente la CASA NACIONAL DEL MOVIMIENTO POR LA DEMOCRACIASOCIAL (PODEMOS)…”, y QUINTO “anular la Asamblea nacional de PODEMOSdel 19 de marzo de 2011 (…)” . Tal como determinó la Sala Electoral, la demanda era inadmisible deconformidad con el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobreDerechos y Garantías Constitucionales, pues el demandante debió acudir a lasvías procesales ordinarias antes de interponer ese proceso extraordinario deamparo constitucional, a fin de hacer valer sus peticiones, referidas todas asolucionar supuestos y negados problemas de nuestra organización política.Como ya señalamos, Didalco Bolívar está en discordia con decisionesdemocráticamente adoptadas por las instancias competentes de nuestraorganización. Todas sus peticiones pasaban por determinar si se violaron o no lasnormas estatutarias de PODEMOS, lo cual, como acertadamente consideró laSala Electoral, es materia absolutamente ajena a un amparo constitucional y deallí su inadmisibilidad. En consecuencia, por cuanto en ese caso las pretensiones planteadaspodían dilucidarse mediante vías judiciales ordinarias, que suficientementeotorgaban tutela judicial efectiva a las partes y que resultaban más idóneasrespecto de la naturaleza de las pretensiones esgrimidas, la demanda de amparoera evidentemente inadmisible de conformidad con el artículo 6, numeral 5 de laLey Orgánica de Amparo sobre Derechos y garantías Constitucionales, pues éstaes una vía extraordinaria, cuya procedencia se admite solo cuando no exista unmedio procesal ordinario que eficazmente de cabida a las peticiones planteadas.2. La sentencia nº 53/2012 de la Sala Electoral acertadamente consideróque la demanda de amparo tenía efectos anulatorios y no reparatorios y queno se invocó derecho fundamental alguno como fundamento de sudemanda, lo que forozosamente conducía a la improcedencia de la demanda. El ciudadano Didalco Bolívar planteó ante la Sala Electoral una demanda deamparo absolutamente genérica, en la que se denunciaron una serie de hechosinconexos respecto de las pretensiones de amparo. Aunado a ello, la parte 26
  • demandante no hizo referencia expresa y directa a derecho constitucional algunoque haya sido violado o amenazado de violación. Únicamente se denunció que elciudadano Ismael García supuestamente incumplió los Estatutos de laorganización política PODEMOS, asumiendo posiciones y decisionessupuestamente sin previa consulta, discusión ni aprobación por ninguna de lasinstancias de esa organización, y en tal sentido se invocó el incumplimiento de losartículos 2, 32, 40 y 75 de los Estatutos sociales del Movimiento por laDemocracia Social (PODEMOS), normas cuya revisión y aplicación le está vedadaal juez de amparo constitucional. De este modo es evidente que no se estaba ante un problema que pudieraser dilucidado a través de una demanda de amparo, pues no se trataba de laviolación de derechos o garantías constitucionales, y de allí que no existiese unaviolación constitucional directa e inmediata. Por el contrario, la demanda se fundamentó totalmente en la supuestaviolación de normas infralegales, como son los Estatutos sociales de unaagrupación política, y además se pretendía darle efecto anulatorio, lo que quedademostrado de la lectura de su petitorio en el cual la parte demandante, invocandola condición de Secretario General Nacional Adjunto y miembro de la DirecciónNacional del Partido Movimiento por la Democracia Social (PODEMOS) solicitó,sin mayor argumentación, la nulidad de la Asamblea Nacional de Podemosefectuada el 19 de marzo de 2011 y pidió, de manera completamenteindeterminada, que se revise “cualquier Decisión que haya sido tomada sinconsultar a la Base del Partido, revocando el respaldo de candidaturas quecarezcan de legitimidad…”. Esta misma Sala Constitucional, máxima instancia e intérprete en materia deamparo constitucional, ha sido enfática en negar la procedencia del amparoconstitucional cuando el mismo persigue efectos anulatorios y cuando lacontroversia amerita el análisis y revisión de normas infralegales. Entre otrasmuchas, en sentencias nº 80 de 09 de marzo de 2000 y nº 1680 del 18 de julio de2002, declaró lo siguiente: "Esta Sala considera necesario precisar una vez más que el amparo constitucional es una acción de carácter extraordinario, por lo que su 27
  • procedencia está limitada sólo a casos en los que sean violados a los solicitantes de manera directa, inmediata y flagrante derechos subjetivos de rango constitucional o previstos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, para cuyo restablecimiento no existan vías procesales ordinarias, eficaces, idóneas y operantes. Así, ha insistido esta Sala en el carácter propio de la acción de amparo constitucional, siendo necesaria la violación directa, flagrante e inmediata de derechos de rango constitucional, no existiendo otras vías procesales ordinarias eficaces para cesar tal violación, lo cual en el caso de autos no se encuentra presente, una vez que queda evidenciado, que se trata de violaciones de rango legal para las cuales el ordenamiento positivo prevé mecanismos para su tramitación”. Del mismo modo, en sentencia nº 885 de 19 de mayo de 2005, esa mismaSala Constitucional estableció: “Ante dicha denuncia, es necesario precisar que la misma requiere la revisión de Orgánica del Sufragio y Participación Política, pues esta Sala observa que no es posible pretender el estudio de ésta, sin abordar el análisis del artículo 141.2 ejusdem, de manera de verificar el cumplimiento del lapso establecido para las postulaciones e inscripciones para Concejales y Miembros de Juntas Parroquiales. Observa esta Sala, además, que para tales fines resulta indispensable constatar las competencias y facultades establecidas en dicha Ley al ente comicial para, presuntamente, disponer de los lapsos establecidos en la normativa que rige la materia al efecto. Todo lo anterior, requiere de un examen de la legalidad, el cual se encuentra vedado al Juez Constitucional, y que resulta el objeto de otros recursos, en el cual pueden revisarse disposiciones de rango infraconstitucional, por no tratarse de violaciones directas a derechos consagrados en el Texto Fundamental, como lo sería el recurso contencioso administrativo electoral, establecido en el artículo 235 ejusdem” (destacado nuestro). Por tanto, acertadamente declaró la sentencia de la Sala Electoral, cuyarevisión se plantea ahora, que los efectos anulatorios pretendidos por la partedemandante no eran susceptibles de ser logrados a través de la demanda de 28
  • amparo y de allí que la misma debía declararse inadmisible. En consecuencia,también por las razones expuestas resulta improcedente esta revisión conocida deoficio por la Sala Constitucional y así formalmente solicitamos sea declarado. VII PETITORIOPor las razones expuestas, solicitamos a esta Sala Constitucional del TribunalSupremo de Justicia: (i) ADMITA la presente oposición, dándole el trámite correspondiente a los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, estime los argumentos en ella planteados y, en consecuencia, (ii) REVOQUE las medidas cautelares acordadas en el marco de la revisión que de oficio conoce esta Sala de la sentencia de la Sala Electoral nº 53, de 28 de marzo de 2012 y (iii) Declare IMPROCEDENTE dicha revisión en la sentencia definitiva y en consecuencia ordene el archivo del presente expediente.Para cualquier notificación indicamos como domicilio procesal la Avenida Principaldel Bosque, con cruce Avenida Gloria, Casa Nacional de Podemos. En Caracas, a la fecha de su presentación. 29