Monopilio de tierras en Medelloin, Colombia

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A propósito del fallo de la Corte sobre el sistema UPAC
MONOPOLIO DE TIERRAS Y CONSTRUCCION EN MEDELLÍN
Medellín, Octubre del 2007
Por: Carlos Arturo Cadavid V.
Analista e investigador sobre la vivienda en Colombia
Sin conocer el texto completo de la larga y repetidamente esperada sentencia de la Corte Constitucional, y en vista de la sonriente aquiescencia de la zarina del sistema financiero, María Mercedes Cuéllar, presidenta de la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria), adelanto algunas reflexiones al respecto.
El drama que viven no solo millares de familias adjudicatarias de vivienda del sistema financiero UVR y UPAC en Colombia y Medellín, sino también quienes carecen de techo, no se verá resuelto con los alivios decididos por la Corte Constitucional. Se trata de una situación de mayor calado que los 1.800 créditos hipotecarios que según Asobancaria van a fenecerse legalmente y la reliquidación de otros 81.000 (según Anupac) que podrían conseguir reliquidaciones en adelante. Significa, la medida, una especie de “plazo muerto”, para que continúen con la modalidad UVR, la cual, desde 1999 en que se “eliminó” el expropiatorio UPAC, concede rebajas de cerca del 3% en los créditos pero deja intacta la voracidad de los pulpos financieros y de la construcción, y la persecución jurídica por nuevos retrasos, ya que este drama de nunca acabar se acrecienta con el desempleo y la informatización desenfrenada de quienes están ocupados.
Son muchas las agresiones al derecho a la vivienda digna que continúan sin solución a la vista y que agravan las condiciones desventajosas de los adjudicatarios y necesitados de vivienda.
La elitista actividad de las curadurías urbanas en favor del gran capital inmobiliario, desplaza grandes fajas de suelo urbanizable y adecuado para planes masivos de vivienda social, para darle paso a grandes centros comerciales, lanzan a las riesgosas periferias a los ciudadanos más pobres, y aplaza la situación calamitosa que los deudores del sistema UVR afrontan hoy en día y que no se resolvieron ni resolverán con las sentencias pasadas ni con las de ahora (cientos de familias con créditos vigentes a partir de 1999, padecen demandas y algunas han tenido que dar sus bienes en dación de pago, otras los han perdido por falta de pago, y no pocas afrontan las angustiosas y fraudulentas acciones punibles de conocidos “carteles de los remates”).
La alta tasa de impuesto predial que se aplica a la vivienda popular y clase media (8.5 y 9.5 pesos por cada 1.000 pesos de avalúo, según Acuerdo 094 del 2004, en el caso de Medellín), deja en desventaja a los adjudicatarios de créditos hipotecarios que deben sacrificar mínimos vitales para cubrir al mismo tiempo sus caras cuotas de amortización, en contravía de las propias leyes 14 de 1983 y 44 de 1999, que señalan sin confusión que debe aplicarse a los estratos bajos el milaje mínimo de 4 pesos por 1.000 pesos de avalúo.
El sobrecosto inflacionario y artificial de la tierra urbanizable en predios liberados y desafectados de grandes fabricas de obreros que se liquidaron o se trasladaron, se reflejan cual sello incontrastable del dominio del capital sobre la tierra en la Ciudadela del Rio en construcción en predios que eran de Simesa y Argos (a $ 2.050.000 el metro cuadrado al 2007), el tipo de vivienda mínima en Ciudadela

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de Occidente (20.000 viviendas de 43 metros cuadrados en obra negra en las lomas de Robledo y con carencias de equipamiento urbanístico).
Las curadurías son la privatización del espacio público en favor de estos sectores pudientes que han destrozado también el sector de Laureles, autorizando densificación de vivienda vertical en las pequeñas franjas verdes de espacio público, que son desafectados para ello y además a estos habitantes los encierran en edificaciones sin espacios públicos externos, solo cemento y ladrillo, y declararon zona mixta, para efectos de usos del suelo la zona comprendida entre San Juan y la 70, detrás de Almacenes Ley, para permitir la proliferación desde hace 6 años de la compra venta de vehículos, convirtiendo manzanas enteras en parqueaderos de venta de vehículos, tomándose los espacios públicos y desalojando de hecho a las familias tradicionales del sector, sin que las quejas del vecindario prosperen.
Existe una alta concentración de la tierra urbanizable especialmente en la cuota periférica (lo que alcaldes y exalcaldes llaman el segundo piso de Medellín), es decir en el occidente de la carretera de Robledo y el mar hacia arriba, donde están asignadas las viviendas populares y las ubicadas encima de las letras de Coltejer en el oriente, y encima de la carretera hacia el barrio Santo Domingo, para futuras edificaciones de interés social, y grandes fajas de terrenos en los altos de Calazans: Estas tierras están acaparadas por grandes terratenientes y especuladores urbanos, destacándose Álvaro Villegas Moreno y Cía., propietarios de constructoras cuestionadas como Ingeniobras (Obras de Ingeniería Ltda.), quien a 18 meses de ser Gobernador en 1980, la Procuraduría le pidió el cargo por “haber incurrido en especulación en la compraventa de grandes fajas de terreno en Niquía” (Adquirió y revendió un lote de 201.000 mts2 en 50 días con un sobreprecio de 1.947% al extinto ICT, donde estaba su copartidario Alberto Piedrahita Muñoz como gerente regional, y donde se construyeron 1940 viviendas tipo bifamiliar a partir de 1981, “Niquía Bifamiliares”).
La desaforada y desastrosa construcción en Medellín, donde apenas el 5% pertenece a VIS y el resto a vivienda suntuaria para darle salida a los capitales non sanctos de los narcos encarcelados de Medellín y las demás regiones, afecta el medioambiente y la calidad de vida que se dice respetar. Inclusive el eterno miembro de la SAC, Álvaro Villegas Moreno, tiene grandes fajas de terreno adquiridas a menos precio para estos proyectos, como el caso de la Urbanización el Mirador de Calazans donde una de sus etapas se levantó en terrenos de este especulador de tierras, quien estuvo inmerso en investigación de la Procuraduría en 1980 por la compra venta especulativa de terrenos en Niquía y que le costó la Gobernación, al ser obligado entonces a renunciar a los 18 meses de haberse posesionado.
Esta desenfrenada construcción en zonas que han hecho costosas artificialmente, además (y es de lo más grave), cobra víctimas de trabajadores, pues no hay mes en que no se caiga una plancha, se fracture una construcción o se caiga un edificio, matando e hiriendo a sus trabajadores, lo cual nos hace pensar seriamente la manera irresponsable en que se adelantan las construcciones con violación de mínimas normas de higiene y seguridad, por parte de los dueños del capital constructor y financiero.
Carlos Arturo Cadavid