El documento discute los riesgos de no implementar procesos de consulta previa con poblaciones indígenas que podrían verse afectadas por proyectos de inversión. Señala que la falta de consulta previa aumenta el riesgo de acciones legales u otras medidas de fuerza que podrían detener dichos proyectos. También sugiere que la consulta previa debería ser un proceso de diálogo constructivo para entender las preocupaciones de las poblaciones, en lugar de simplemente preguntarles si aprueban o desaprueban un proyecto.