Este documento discute las relaciones entre las instituciones políticas del Estado, los ciudadanos y las fuerzas armadas en Venezuela. Argumenta que estas instituciones deben estar vinculadas para garantizar la seguridad de la nación y los ciudadanos. Sin embargo, en 1992 se rompió este equilibrio institucional al desvincularse el Estado, los ciudadanos y las fuerzas armadas, lo que permitió que fuerzas radicales de izquierda accedieran al poder y debilitaran las instituciones democráticas. El autor concluye que es necesario respetar las instit

1. Nación, Estado, Ciudadanos y
Fuerzas Armadas
Instituciones políticas en la ecuación del
Poder en la estructura de Defensa de la
Nación.
ImpactoCNA.-
Por El Vicealmirante Mario Iván Carratú Molina.-
22 mayo 2011.-
http://impactocna.com/2011/05/22/vicealmirante-carratu-nacion-estado-
ciudadanos-y-fuerzas-armadas/

2. La situación política que actualmente sobrelleva Venezuela ha puesto
en evidencia, entre otras insuficiencias, la existencia de una “crisis
institucional” que podría calificarse como recesiva en el sistema político
nacional (lo político como estructura, proceso y resultado) desde comienzos
del siglo XX. Situación esta que muestra la debilidad y fragilidad que existe
en la estructura institucional del Estado, específicamente en lo que respecta
a la seguridad de los ciudadanos.
El ciudadano, pieza clave y fundamental para conformar una Nación,
constituir un Estado y darse una forma de gobierno para su bienestar
común, demanda a sus funcionarios instituidos, como mínimo, cuatro grupos
de instituciones políticas: a) Instituciones que articulen las decisiones
políticas vinculando los intereses comunes con el bien colectivo, b)
Instituciones que apliquen las decisiones políticas, c) Instituciones que
regulen y normen la aplicación de las decisiones políticas, y d) Instituciones
para refuerzo y cumplimiento de las decisiones políticas.
El interés colectivo no es otro que el de disponer de un entramado
institucional compuesto e integrado por funcionarios (jueces, operadores de
servicios públicos, funcionarios civiles, cuerpos armados militares y, de
seguridad) que sean elegidos o seleccionados tomando primariamente sus
valores éticos, morales, poseedores de reconocida capacidad profesional
para ejercer la función pública del Estado a todos los niveles, que a su vez,
conciban y ejecuten funciones de gobierno con virtud ciudadana.
Las instituciones, desde la perspectiva del poder político y del
gobierno que lo ejerce constitucionalmente, se constituyen en la esfera
pública desde el cual los ciudadanos, organizados como nación libre,
canalizan, regulan y orientan su actividad política para satisfacer sus
intereses comunes y colectivos. Uno de ellos, sin parangón, lo constituye la
necesidad de sentirse y estar seguros. Tarea esta que corresponde a quien
gobierna en su nombre y bajo juramento constitucional, al mismo tiempo
como, Presidente de la Republica, Jefe del Poder Ejecutivo, y por si fuera
poca cosa, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas
Son, también las instituciones, patrones formales, informales,
temporales o permanentes que cumplen funciones de regulación social entre
los diferentes actores sociales, individuales o colectivos; ellas preexisten
para reducir la imprevisibilidad e incertidumbre que pueda surgir en la
comunidad política derivada de las diferentes categorías de intereses,
desigualdades y ambiciones de Poder entre individuos, en una Nación, y
otros conflictos que en ella coexistan.
Las “reglas del juego”, para que las instituciones funcionen armónica y
equilibradamente, son creadas en la “Constitución Política” de la Nación;
ellas imprimen y delimitan la amplitud y profundidad de las relaciones

3. recíprocas entre los funcionarios del Estado y los ciudadanos, también, son
consecuencia de la dinámica histórica y del arraigo político, cultural, social
que consiente y sustenta la conciencia colectiva.
Mucho se ha escrito, especulado, opinado y debatido sobre las
decisiones políticas (leyes orgánicas, sectoriales o por decretos) todas
anticonstitucionales, en lo concerniente a la seguridad de los venezolanos,
concretamente las referidas a los cambalaches totalitarios, que bajo una
Nueva Doctrina y Pensamiento Militar, se han venido aceptando como
decisiones políticas ilegales e ilegítimas que hacen cada vez menos segura a
la Nación y por consiguiente a sus ciudadanos.
Sorprende la poca visión que sobre el aspecto seguridad de quienes
generan una matriz política y de importante impacto público, cuya
argumentación podría ser interesada o estar equivocada, (no entraremos
disquisición alguna para evaluar su intencionalidad en este artículo) pero
definitivamente desfasadas conceptualmente de lo que en un mundo
globalizado podrían significar las amenazas multifactoriales y
multidimensionales orientadas hacia la: a) penetración ideológica, b)
conversión religiosa, c) transformación social, d) desmonte productivo, e)
retroceso tecnológico, d) depredación de la salud colectiva, y penetración
militar.
Estos aspectos son solo ejemplos de factores de seguridad a tener en
cuenta, tanto o más que el de exclusividad militar, que nos obliga,
necesariamente, a una ruptura de los paradigmas militaristas o
antimilitaristas que son proyectados comunicacionalmente (interesados la
mayoría) pero que atávicamente se expresan divergidos de una fehaciente
realidad, así mismo, dejan de focalizar la verdadera amenaza que se cierne
sobre los venezolanos, y los objetivos ya consolidados o próximos a ser
alcanzados, (sin ser utópico) que nos aproxima a alguna forma de
despotismo y dominación social, religiosa, económica o militar.
El Estado, el Ciudadano y las Fuerzas Armadas son instituciones
políticas vinculadas entre sí por la necesidad de “Seguridad y Defensa” de la
Nación, que además, han vigorizado la estructura institucional en Venezuela
facilitando la transición democrática, que luego de algunos contratiempos,
funcionó hasta el 3 y 4 de febrero de 1992. A partir de allí, la ecuación
política se desequilibra al romperse el acuerdo colectivo que cohesionaba
socialmente a los ciudadanos.
Se profanaron las reglas del juego, sectariamente señalado y sostenido
en la actualidad como un error político de exclusividad militar.
El ejemplo más ostensible de esta vinculación en Venezuela se verifica
en la segunda mitad del siglo XX, (1958-1992) cuando por vez primera el

4. Estado venezolano utilizó la herramienta instituida para su Seguridad y
Defensa; ejerce legal y legítimamente su capacidad coactiva (fuerza, poder y
autoridad) para anular la conspiración que el Partido Comunista Venezolano
(PCV) había iniciado desde 1952; se reagrupan posteriormente, en 1958, con
otros grupos conspirativos de izquierda, a partir de entonces, por la vía de la
violencia armada, fijan a Venezuela como objetivo militar. Era igualmente
Venezuela un objetivo político y energético de la Unión Soviética una vez
convertida Cuba en la cabeza de playa comunista en América.
En 1992 se rompe el equilibrio institucional, no como casi todo el
mundo afirma, causado por los cuartelazos militares de febrero y noviembre;
mal podrían considerarse estos, por si solos, como los factores que (rebeldes
infiltrados en combinación con golpistas civiles militaristas) trasladaron a las
corrientes radicales de izquierda al Poder de la mano Hugo Chávez Frías,
recordemos que la rebelión militar fue derrotada por los factores
democráticos de entonces, no así, el complot cívico-militar que continuó
operando amparado y apoyado por importantes figuras (auto denominados
notables y los progresistas radicales de toda la vida democrática nacional)
del ámbito político, económico, empresarial, medios, académico y militar de
la Nación.
Esta denegada experiencia, desgajó el equilibrio y el vínculo
institucional que precariamente existía en Venezuela, hoy es evidente que
preexistía, como objetivo primario, la dislocación institucional entre el
Estado, el Ciudadano y las Fuerzas Armadas para acabar con la república.
Hecho supremamente comprobado y sufrido.
En el presente político nacional debemos interpretar las decisiones que
se han venido tomando y las que puedan continuarse, no son dirigidas a los
militares per se, por el contrario, son arreglos muy bien concebidos para
concretar ilegítimamente el dominio y control ciudadano y la desaparición de
la institución militar, pensar de otra manera, sería residir en el extraño
mundo de las fantasías.
Para todos los lectores, la exigencia perenne será la de trabajar, exigir
y respetar las instituciones del Estado, pero más, mucho más, no aceptar
bajo ninguna circunstancia a burócratas que en funciones de gobierno violen
la constitución, que además, no sean capaces y por encima de todo, no
consentir sean tomadas decisiones políticas que acrecienten nuestra
inseguridad y en cambio favorezcan las amenazas de cualquier tipo,
externas e internas, de hacerlo aceptamos negociar políticamente la
libertad, la paz y la vida.
Mario Iván Carratú Molina

5. micm45@gmail.com
@MICarratu