El documento discute la existencia de los llamados "poderes fácticos" en Chile. Explica que estos poderes fácticos son en realidad grupos de presión que buscan influir en las decisiones políticas a través de la persuasión, la corrupción o la intimidación para defender los intereses de un sector particular. Aunque existen estos grupos de presión en Chile, el documento concluye que no se les debería llamar "poderes fácticos" sino que actúan legítimamente como cualquier grupo de interés en una democracia.