Entre 2004 y 2014 se emitieron 11 leyes que facilitaron que empresas como Odebrecht se adjudicaran importantes proyectos de infraestructura en Perú. Estas leyes declararon varios proyectos como de necesidad pública e interés nacional, limitaron la capacidad de revisión de la Contraloría, y establecieron disposiciones especiales que prevalecían sobre otras normas existentes. La ley más importante fue la Ley 28670 de 2006 que benefició a Odebrecht al declarar como prioritario el proyecto IIRSA Sur en el que participaba.

1. Once normas permitieron
obras de Odebrecht y otras
firmas
La contraloría precisa que entre el 2004 y 2014 se dieron 11
leyes que viabilizaron obras de constructoras hoy investigadas

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Once normas permitieron obras de Odebrecht y otras firmas - 1
Martín Hidalgo Bustamante26.02.2017 / 03:55 pm
Las empresas brasileñas involucradas en el Caso Lava
Jato tuvieron un marco legal de respaldo para adjudicarse
proyectos en el Perú. La Contraloría General de la República
detectó 11 normas, emitidas entre el 2004 y el 2014, que
viabilizaron las obras de las constructoras ahora investigadas.
Una de esas normas incluso limitó la capacidad de la contraloría
en el proceso de emisión de opinión previa sobre las obras. Fue
a través del Decreto de Urgencia 047-2008, dado el 18 de
diciembre del 2008, que consideró “disposiciones
extraordinarias” en el contexto de la “crisis financiera
internacional” de entonces.
El decreto se aplicó, por ejemplo, en los casos de la carretera
IIRSA Centro y el Proyecto Especial Chavimochic,ejecutados
por Odebrecht. “Se estableció que la viabilidad de los proyectos
podía ser otorgada con estudios a nivel de prefactibilidad”,
indica el informe de la contraloría remitido a la Comisión Lava
Jato del Congreso.

3. En el 2008 también se promulgó la Ley 29207, que declaró de
necesidad pública y de interés nacional la construcción de la
ferrovía transcontinental Brasil-Perú. “Acá se estableció un
régimen de especialidad y exclusividad, por el cual las
disposiciones de la ley prevalecen sobre cualquiernorma”,
apunta la institución que preside Edgar Alarcón.
A finales del 2008 también se publicó la Ley 29309, la cual
estableció que era una necesidad pública la continuación de la
ejecución de los tramos 2 (por Graña y Montero, JJC
Contratistas Generales,ConstructoraNorberto Odebrecht
Sucursal Perú e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales),3
(Norberto Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas
Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales) y 4
(Andrade Gutierrez,Camargo Correa y Queiroz Galvao Sucursal
Perú) de la InteroceánicaSur.
“Se dispuso la ejecución de las obras adicionales que no
hubieran sido cubiertas por el 100% de los pagos anuales por
obras establecidos en los contratos”, especifica la contraloría. La
Interoceánica Sur alcanzó aproximadamente US$643 millones
en adicionales.

4. —La ley madre—
En el 2006, se dio la denominada ley Odebrecht. Se trata de la
Ley 28670, presentada por el ex congresista de Perú Posible
Gilberto Díaz y aprobada con inusual rapidez en la Comisión
Permanente durante el receso del Congreso, el 26 de enero del
mismo año.
La norma suscrita por el entonces mandatario Alejandro Toledo
declaró de necesidad pública la construcción de los tramos 1
(Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros
Civiles y Contratistas Generales),2 y 3 de la IIRSA Sur. En la
audiencia del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria en
la que se dictó prisión preventiva contra el ex jefe del Estado, el
juez Richard Concepción refirió que, gracias a esa medida, el
consorcio integrado por Odebrecht y la compañía peruana
Graña y Montero pudo obtener la buena pro, pese a que la
contraloría había advertido que ningunade las dos
constructoras mencionadas podía contratar con el Estado,
debido a que ambas tenían procesos judiciales pendientes.
“El Estado varió las reglas de juego en beneficio de Odebrecht.
Hubo una ley con nombre propio y cuyo fin fue subsanar de-
fectos legales del proceso en el que se otorgó la concesión”,
enfatizó Concepción.
En diálogo con El Comercio, Díaz negó que su proyecto de ley
haya tenido como finalidad favorecer a Odebrecht. Explicó que
su intención fue impulsar el proyecto Majes Siguas II, pues
beneficia directamente a la región Arequipa, por la que él fue
electo.
—Colofón—
En el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) también se
emitió una medida que sirvió a los intereses de Odebrecht. Se
trata de la Ley 30281, que garantizó, entre otros, el gasoducto
sur peruano (GSP).
“Se ratificó la plena validez de las acciones, actos y
procedimientos realizados y aquellos que resulten necesarios

5. para garantizar la ejecución del proyecto”, dice el reporte de la
contraloría.
El gasoducto sur peruano es la obra de mayor envergadura de
Odebrecht en el Perú, pues demandó una inversión de
US$7.329 millones.En esa ocasión, formó un consorcio con la
firma española Enagás, al que después se sumó Graña y
Montero.
A la fecha, la contraloría ha detectado un presunto perjuicio
económico de US$136 millones para el Estado Peruano.