El Estado Nacional de Argentina presentó una demanda contra la provincia de La Rioja para declarar la nulidad de una resolución provincial que autorizó el inicio de actividades industriales promovidas sin cumplir con los requisitos establecidos en la normativa nacional. El Estado Nacional argumenta que la provincia excedió sus facultades al emitir un acto administrativo que no respetó la legislación nacional sobre promoción industrial. El Ministerio Público opina que, dado que se trata de una demanda entre el Estado Nacional y una provincia, la causa debe tramitar ante

1. ESTADO NACIONAL CI LA RIOJA, PROVINCIA DE. sI impugnación de acto administrativo.
CSJ 2129/2014. (JUICIOS ORIGINARIOS)
s u p r e m a C o r t e
- I -
A fs. 2/10, el Estado Nacional (Ministerio de
Economia y Finanzas Públicas) promueve demanda contra la
provincia de La Rioja a fin de que se declare la nulidad de la
resolución 97, dictada el 8 de mayo de 1998.
Manifiesta que el gobierno de la provincia demandada,
en su carácter de autoridad de aplicación ·de la ley 22.021
(Régimen de Promoción Industrial), dicta la resolución 97/98
impugnada, por medio de la cual autoriza la puesta en marcha de
las actividades promovidas a través del decreto 203/95 (anexo
IV) a partir del 10 de marzo de 1997, sin haberse cumplido el
presupuesto de "procedencia" previstos por la resolución 477/80
y el decreto 69/97.
Entiende que los limites establecidos por dicha
normativa no fueron observados por la demandada y contraria el
art. 10 del decreto 69/97 que establece que "...el art. 40 del
decreto 1125/96, se aplicará en aquellos proyectos industriales
en que la puesta en marcha efectiva se apruebe con posterioridad
al 31 de diciembre de 1997. Cuando la puesta en marcha efectiva
se apruebe con anterioridad a la fecha mencionada, la empresa
promovida gozará de sus beneficios por el periodo completo
previsto en la norma particular de origen".
Concluye que la provincia de La Rioja se excedió en
las facultades que le fueron delegadas como autoridad de
aplicación local y se apartó de los antecedentes de hecho y
derecho al emitir un acto administrativo que desconoció la
normativa integrante del bloque de legalidad en el ·que se
enmarcó el régimen de promoción industrial.
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2. Funda su pretensión en los arts. 5, 17, 31, 75 inc.
9°, 117 Y 118 de la Constitución Nacional, en las leyes 22.021,
22.702 Y 23.658, en los decretos 2054/92, 1295/03 Y en los arts.
7, 8 Y 17 de la ley 19.549.
En ese contexto, a fs. 11 se corre vista por la
competencia, a este Ministerio Público.
- II -
A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las
partes que han de intervenir en el pleito, el sub lite
corresponde a la competencia originaria de ~.E.
En efecto, toda vez que el Estado Nacional demanda a
una provincia, la única forma de armonizar las prerrogativas
jurisdiccionales de que gozan ambas partes, tanto el Estado
Nacional al fuero federal, según el arto 116 de la Ley
Fundamental, como el Estado local a la competencia originaria de
la Corte, conforme al arto 117 de la Constitución Nacional, es
sustanciando el proceso en esta instancia (doctrina de Fallos:
308:2054; 314:830; 315:158 y 1232; 322:1043, 2038 y 2263;
323:470, 1110 y 1206; 324:2042 y 2859; 326:4378 entre muchos
otros), por lo cual resulta indiferente la materia sobre la que
versa el pleito.
En tales condiciones, opino que la causa debe
tramitar ante los estrados del Tribunal.
Buenos Aires, ~ de octubre de 2014.
ES COPIA LAURA M. MONTI
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