La Ley de Entidades Financieras es una de las pocas imposiciones de la dictadura que llegó hasta nuestros días. Fue pionera en la desregulación del sistema financiero. Lo hizo casi dos décadas antes de la aparición del Consenso de Washington. Qué cambios se requieren.

1. Una asignatura todavía pendiente
Es una de las pocas imposiciones de la dictadura que llegó hasta nuestros días. Fue pionera en
la desregulación del sistema financiero. Lo hizo casi dos décadas antes de la aparición del
Consenso de Washington. Qué cambios se requieren.
Producción: Tomás Lukin
Faltan regulaciones
Por Alfredo T. García *
La Ley de Entidades Financieras, una de las pocas imposiciones de la dictadura que ha llegado
hasta nuestros días, fue pionera en la desregulación del sistema financiero. Lo hizo casi dos décadas
antes de la aparición del Consenso de Washington. En la legislación vigente, el capítulo dedicado a
los bancos comerciales tiene un solo artículo donde reza que éstos pueden realizar todas las
operaciones que no les son prohibidas. La ley actual adolece de la falta de una gran cantidad de
regulaciones necesarias.
Mucho se avanzó con la redacción de la Carta Orgánica del Banco Central en marzo de 2012.
Facultó a la entidad para direccionar el crédito y regular las tasas de interés, tanto activas (para
créditos) como pasivas (para depósitos). Desde su sanción, se han utilizado estas nuevas
capacidades regulando comisiones, creando la línea de crédito para la inversión productiva y la
cuenta única universal, colocando techos a las tasas de interés de créditos personales y prendarios, y
pisos a las tasas pagadas por los depósitos a personas físicas menores a 350 mil pesos, entre otras
medidas.
Son facultades que han sido bien utilizadas pero que pueden caer en desuso si una futura
conducción del BCRA las desestima porque no coinciden con su proyecto de país. El
direccionamiento del crédito y los topes a las tasas de interés deben ser una exigencia para las
entidades financieras. Además se debe avanzar en temas aún no contemplados por la actual
normativa, como definir a la actividad financiera como un servicio de interés público, tal como ya
se legisló para la actividad hidrocarburífera y los servicios de comunicación audiovisual, entre
otros, mientras se está discutiendo en el Parlamento su aplicación a las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. En ese sentido apunta la Ley de Servicios Financieros para el
Desarrollo Económico y Social (LSF) que promueve Carlos Heller y demás diputados del Frente
Nuevo Encuentro.

2. Es necesario establecer un listado taxativo de operaciones para los bancos comerciales con el
criterio de “banca universal”, para que puedan seguir cumpliendo con sus funciones pero evitando
la problemática de la “innovación financiera”, cuya aplicación extrema y la falta de regulaciones
llevaron a la gran crisis financiera internacional iniciada en 2007.
Además, ninguna entidad financiera privada debería poder tener una participación en el conjunto
del sistema superior al 10 por ciento, tanto en el total de depósitos provenientes del sector privado
como en el total de préstamos otorgados al sector privado, de forma tal de evitar que existan
entidades “demasiado grandes para ser salvadas”, frase forjada con las experiencias de la crisis
financiera que recrudeció con la caída de Lehman Brothers.
También es necesario establecer la obligación de que las entidades más grandes destinen una
porción importante de su cartera a préstamos a las pymes y a préstamos hipotecarios para la
vivienda, directamente o a través de otros bancos que canalicen los fondos a esos destinos, con tasa
máximas para estas operaciones.
Se debe además otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de autorización de nuevas entidades de
capital extranjero, una disposición que existe en varios países. El objetivo es proteger la
competencia doméstica, dado que hay bancos internacionales cuyo activo supera varias veces la
dimensión de todo el sistema financiero argentino.
El concepto de usuario de servicios financieros es una novedad del proyecto de LSF, nominación
que se utilizó posteriormente en la redacción de la última Carta Orgánica del BCRA. La derogación
de la Ley 21.526 es una deuda de la democracia, y resulta alentador que el presidente del BCRA,
Alejandro Vanoli, haya expresado al poco tiempo de asumir su intención de profundizar las mejoras
en la entidad, mientras se generan las condiciones para una reforma de la Ley de Entidades
Financieras “que alguna vez habrá que hacer”.
El proyecto de LSF recibió el apoyo de más de un millón de firmas de personas y de gran cantidad
de entidades sociales, recogidas en el seno del movimiento cooperativo, lo que le confiere una alta
potencialidad para ser el eje de la discusión de una nueva normativa para las entidades financieras,
orientada a la satisfacción de las necesidades de los usuarios.
* Economista Jefe Banco Credicoop - Investigador CCC Floreal Gorini.

3. ¿Qué sistema bancario?
Por Alan B. Cibils *
Según la mitología neoliberal, que utiliza concepciones monetarias premodernas que nada
tienen que ver con la naturaleza y el funcionamiento del dinero hoy, la desregulación
financiera nacional e internacional implementada desde la década de 1970 resultaría en una
liberación de las finanzas de la “represión” a las que las someten las regulaciones estatales.
Esta liberación resultaría en una mayor competencia en el sector financiero, en tasas de
interés reales más altas, las cuales inducirían al público a aumentar sus depósitos bancarios
y, consecuentemente, a incrementar el financiamiento para la inversión llevando a un
mayor crecimiento y bienestar económicos.
Contra lo vaticinado por la ortodoxia, desde la liberalización del sistema financiero
argentino, que comenzó con la Ley de Entidades Financieras de la última dictadura militar
(marco regulatorio aún en vigencia), se produjo una fuerte concentración y extranjerización
de la banca, una marcada tendencia cortoplacista en el crédito priorizando el consumo sobre
la inversión productiva, y reiteradas crisis financieras de gran magnitud con sus respectivos
salvatajes al sector bancario. Este comportamiento del sector bancario local es un reflejo
del comportamiento de la banca global, que responde a objetivos de negocios globales
elaborados mucho más allá de las fronteras del país donde operan.
La desregulación también produjo múltiples crisis en los países centrales. La más reciente,
causada por la explosión de la burbuja inmobiliaria a partir de 2008, desató una gran crisis
financiera con fuerte impacto en la economía mundial. En lugar de cambiar el marco
regulatorio, para minimizar la probabilidad de crisis en el futuro, la respuesta de los
gobiernos centrales fue un salvataje sin precedentes a las mismas instituciones que
participaron de la creación y expansión de la burbuja. Eso produjo fuertes críticas desde
sectores diversos, incluso de economistas cercanos a la ortodoxia, como los premios Nobel
Stiglitz y Krugman, que propusieron la nacionalización temporaria de la banca
estadounidense.
A raíz del paupérrimo desempeño del financiamiento a sectores productivos desde la
desregulación, se ha gestado un interesante debate sobre la función que debería tener la
banca en la economía y, especialmente, en un proceso de desarrollo. Tomando como
ejemplos a los países de industrialización tardía exitosa (Corea del Sur, China, etc.) y el
papel clave jugado por la banca pública en el financiamiento de la inversión productiva, se

4. torna obvia la necesidad de un sistema financiero público que responda a objetivos
nacionales de desarrollo y a las necesidades de la economía real y de los hogares. El propio
ejemplo de la Argentina durante el período de industrialización por sustitución de
importaciones, cuando la confluencia de objetivos de política macroeconómica y financiera,
con participación central de la banca pública, contribuyó a motorizar la industrialización y
el desarrollo, debe ser rescatado si se quiere retomar la agenda del financiamiento para el
desarrollo.
La banca que resultó de la todavía vigente ley de la dictadura es una banca concentrada e
internacionalizada. Adicionalmente, desde la crisis de 2001-2 es un sector con
rentabilidades muy superiores a la década del auge neoliberal (1990). No es la banca que
necesita un país para desarrollarse. Para eso es necesario que el sistema bancario se conciba
como un servicio público, cuya prioridad sea financiar a la inversión productiva y no
solamente maximizar ganancias. Para este fin es necesaria una profunda reforma del
sistema bancario, que promueva centralmente a la banca cooperativa y a una banca pública
revitalizada, atenta y comprometida con las necesidades locales. La reforma de la Carta
Orgánica del Banco Central de 2012 fue un primer paso necesario, pero no suficiente. Hace
falta dar el paso siguiente: una nueva ley de entidades financieras para dejar
definitivamente atrás el legado de la dictadura en el sector financiero, y que ponga en el
centro de la escena a la banca pública y cooperativa como motores del financiamiento de la
actividad productiva.
* Investigador docente del área de Economía Política del Instituto de Industria, Universidad Nacional de
General Sarmiento.