Empresas estatales. comentario de Roberto Laserna

1. LAS EMPRESAS ESTATALES
(BORRADOR)
Roberto Laserna
La iniciativa conjunta de FVPK-FM propone reflexionar y debatir sobre
políticas públicas con el evidente y valioso propósito de contribuir al debate
electoral. En este caso, nos ocuparemos de las empresas estatales, que constituyen
uno de los puntales de la estrategia de desarrollo impulsada por el gobierno del
MAS desde el 2006.
Contamos para ello con un documento muy valioso, preparado por Ruben
Ferrufino con su ya conocida pulcritud: “Empresas Estatales: Visiones para la
mejora de su gestión”. Es un trabajo que tienen, como su título lo anuncia, la
intención fundamental de plantear propuestas orientadas a mejorar el desempeño
de las empresas estatales. Ese era, además, el requerimiento que recibió de los
organizadores y RF lo cumple a cabalidad, haciendo un gran esfuerzo para
destacar los objetivos de esta política y de adaptar su propuesta y su lenguaje a
dichos objetivos. Mi conclusión es que ojalá su trabajo fuera leído y, sobre todo,
aplicado por las autoridades encargadas de administrar esta importante política
pública. El problema es que mi "ojalá" me parece muy poco realista.
El texto comienza con una afirmación fuerte, asegurando que en
principio, desde el punto de vista de la teoría económica, no hay nada que
determine que las condiciones de propiedad de una empresa influyan en su
desempeño económico. Sin embargo, de inmediato plantea que desde el punto de
vista administrativo surge lo que denomina “el problema del agente”, lo que le
lleva a concentrar el esfuerzo propositivo del documento a ese campo. Es
indudable que una buena administración produce mejores resultados que una
mala, independientemente de quién sea el propietario, y consecuente con ese
criterio el autor propone establecer normas para imponer criterios y modelos de
gestión que permitan lograr una mejor administración.
Propone, por ejemplo, separar el ámbito de la política, que debería
limitarse a fijar con claridad los roles y objetivos de cada empresa, y evaluar sus
resultados, del ámbito de la gestión. Para ello sugiere directorios independientes y
remunerados, presencia de capitales privados en las empresas, con la

2. correspondiente defensa de los derechos de las minorías accionarias, organizarlas a las
empresas estatales como sociedades anónimas y por tanto sujetas a las regulaciones
generales para ese tipo de sociedades, y exponerlas a los mercados financieros no sólo en
el ámbito nacional sino sobre todo a nivel internacional, de manera que se financien
fundamentalmente a través de las bolsas de valores. Así, no solamente podrían obtener
financiamiento sino, sobre todo, desenvolverse con transparencia y rendir cuentas.
Estas recomendaciones son descritas con cierto detalle y argumentadas con una
adecuada consistencia teórica pero, lamentablemente, sin tomar en cuenta las dificul tades
que se tendría para aplicarlas, es decir, omitiendo considerar su viabilidad en el contexto
político e institucional boliviano.
¿POR QUÉ FRACASAN LAS EMPRESAS ESTATALES?
No es que el autor desconozca las múltiples experiencias de fracaso de las
empresas estatales. Al contrario, sabe que ellas son abrumadoramente mayoritarias. Tanto
que, en realidad, los casos de éxito que se citan son las excepciones, no la regla. Esos
casos dicen que el éxito es posible, pero que su probabilidad es muy baja.
Lo que hace verdaderamente falta es identificar las causas de ese fracaso. No se sí
por convicción o más bien por la orientación del trabajo, en él se asume que la causa es
fundamentalmente administrativa: una mejor gestión bastaría para resolver los problemas.
La mayoría de los políticos que trata estos temas cree que los problemas de gestión son
más bien personales, atribuibles a los que tuvieron a su cargo la administración de la cosa
pública antes que ellos y por eso, siempre están seguros de que allá donde el otro fracasó,
ellos triunfarán. El autor tiene la inteligencia de no caer en esa simplificación, pero el
énfasis que pone en las estructuras institucionales y en las normas es, lo reitero, poco
realista, sobre todo omitiendo la consideración de los problemas generales de desarrollo
institucional del entorno boliviano.
Como lo hemos tratado de argumentar en otra parte (La Trampa del Rentismo), la
debilidad institucional se acentúa por los conflictos y disputas que provoca la abundancia
de recursos en el Estado, si dicha abundancia no está relacionada a través de los
impuestos a una estructura productiva más fuerte y diversificada, sino a la disponibilidad
de rentas de recursos naturales.
Eso es exactamente lo que ha venido sucediendo en Bolivia desde el año 2000. El
rentismo se ha contagiado del Estado a la sociedad. Las expectativas de captura de una
parte de esas rentas han alentado e intensificado los conflictos y las presiones haciendo

3. que sea de interés común la debilidad de las instituciones y el incumplimiento de
las normas. Y, por si eso fuera poco, la voluntad política de cambio institucional –
prevaleciente desde el 2003- ha puesto en duda todo lo que funcionaba sin haber
logrado empresas estatales reemplazarlo con las nuevas normas e instituciones.
Sostengo que esto no ha ocurrido en coincidencia con el aumento de
recursos fiscales. Ha ocurrido debido a dicho aumento!
Y tampoco es coincidencia que haya surgido en esta misma época la
política de multiplicación de empresas estatales. Si ésta ha surgido es precisamente
debido a la enorme disponibilidad de recursos en las arcas públicas!
No es casualidad que en Bolivia y en otros lugares las empresas estatales
son parte de las estrategias nacionales cuando sobra dinero, no cuando falta. Si
San Buenaventura es tan rentable como se dice, por qué no la hicieron antes y por
qué no la hacen ahora los privados? Si fabricar papel en el Chapare es tan buen
negocio, ¿por qué no lo financia la banca? Si producir úrea en Bulo Bulo es tan
rentable, ¿por qué Samsung actúa sólo como constructora a contrato y se limita a
construir e instalar la fábrica? Si la siderurgia en el Mutún es tan rentable, ¿por qué
se le tuvo que ofrecer concesiones a la empresa menos competitiva, y aún así
falló? Hay una sola respuesta a todas estas preguntas: al Estado le sobra dinero y
no sabe qué hacer con él. Los funcionarios andan buscando qué hacer con los
recursos, dónde ponerlos, en qué “ejecutar” su presupuesto (hasta el verbo es
apropiado).
La prudencia indica que no hay que ser muy tajantes en las afirmaciones,
así que no podemos decir que las empresas estatales son menos eficientes que las
privadas precisamente porque son estatales. Digamos entonces que la
probabilidad de que lo sean es bastante alta y tratemos de precisar las causas.
La naturaleza estatal de la empresa implica:
En primer lugar, que la decisión de invertir ha sido política. Es
decir, la identificación del producto o servicio a producir y la asignación de
recursos públicos para hacerlo no responde a necesidades del mercado sino a
estrategias políticas. Explotar un recurso, dinamizar una zona, satisfacer una
presión, resolver una necesidad que los políticos consideran prioritaria son los
motivos habituales que orientan la decisión de qué debe hacer la empresa y dónde.
Por lo tanto, hay más voluntad (o voluntarismo) que una evaluación de costo
beneficio, que es lo que predomina en el campo privado. Por ejemplo es frecuente

4. que la planificación estatal parta de identificar los potenciales productivos de una zona,
enfatizando lo que puede producir antes que lo que se puede vender. Como si se tuviera
una fe ciega en la ley de Say, que por supuesto funciona pero sólo en algunas
circunstancias. También ocurre que se identifica una “necesidad” a partir de parámetros
extraeconómicos, y llegado el momento se descubre que la gente tiene otras prioridades y
no está dispuesta a gastar en el bien o servicio que las empresas estatales le ofrecen salvo
que sea a precio subsidiado. Y así, tenemos muchísimos ejemplos que muestran que aún
cuando la empresas estatales fuera administrada bajo un modelo maravilloso como el que
propone RF, si la decisión inicial fue errada, su desenvolvimiento estará afectado por
siempre. Karachipampa es un clásico ejemplo y ya nos advierten que la planta de úrea
puede ser el siguiente. La fundidora ha logrado recién operar después de 35 años, pero su
tecnología es obsoleta y los proveedores de minerales la abastecerán solamente bajo
presión política, compartiendo las pérdidas que el Estado decidió asumir para cumplir el
objetivo político de hacerla funcionar. En cuanto a la planta de úrea, como nos lo han
advertido los especialistas, la han localizado lejos de la materia prima y lejos de los
mercados, aumentando los costos de transporte, para cumplir una finalidad política, hacer
industria en el Chapare. Algo similar puede suceder si se instala una planta de baterías de
litio en Uyuni. El litio es un componente clave pero representa, físicamente, una parte
reducida. Subir el resto de los materiales en bruto hasta Uyuni para bajarlos luego a los
mercados convertidos en baterías aumenta costos y puede sacar de competencia a la
empresa. Pero el valor simbólico de instalarla allí es tan alto para quienes toman la
decisión que no importa cómo se gestione la empresa, nació fallada. La probabilidad de
que la decisión de invertir, predominantemente política, tenga también justificaciones
económicas es tan baja que resulta más bien obra de la casualidad.
En segundo lugar, que la asignación de recursos no pasa por tamices
competitivos. Las empresas estatales no buscan financiamiento sobre la base de su
proyecto. Cuando no lo tienen garantizado (por decreto y transferencia del BCB), lo
tienen facilitado por la garantía estatal. Si un banco de fomento o de inversiones facilita
crédito a una empresa pública no es porque haya verificado su posible eficiencia sino
porque sabe que su fuente de repago está en los recursos públicos que maneja su garante,
el estado. La competencia por los recursos es, en todo caso, política y entran en juego las
presiones de los interesados. Si una localidad quiere acceder a recursos ahora puede exigir
un puente, una plaza, una escuela… o una empresa. Algo de ese gasto se desparramará
hacia ellos. En una conversación informal con un alto funcionario del Banco Central le
señalé que éste transgredía su ley orgánica al otorgar créditos concesionales a las empresas
estatales con el simple respaldo de decretos, y que el riesgo de pérdida era muy alto. Me

5. replicó que la Constitución autorizaba a operar de esa manera y que, además,
estaba garantizado el hecho de que no habría ninguna pérdida. Ante mi sorpresa
aclaró que se refería a pérdidas para el Banco, puesto que la garantía de repago la
daba el Tesoro General. El acceso a esta generosa fuente de financiamiento está
restringida por la capacidad de presión o de persuasión que se tenga con quienes
toman la decisión final de asignación de recursos, y eso es posiblemente más fácil
para una empresas estatales que los engorrosos procedimientos de evaluación
técnica, financiera, de riesgo y de garantías que exigen los bancos y otras
instituciones financieras.
En tercer lugar, que en los hechos en las empresas estatales no hay
relación principal-agente. Este es un tema al que RF le dedica buen tiempo en su
trabajo porque sabe que es fundamental para la buena administración. En nuestro
criterio, en las empresas estatales todo se resuelve entre agente-agente y en
ausencia del principal. Para los que no estamos muy familiarizados con esta
nomenclatura este tema hace referencia a la relación entre los accionistas y la
gerencia, los propietarios y los gestores. En una empresa privada los propietarios
están siempre cerca. Son ellos mismos los gestores cuando la empresa es pequeña,
o conforman el directorio cuando es más grande, o por último exigen cuentas en
las asambleas de accionistas, cuando se trata de una corporación mayor. En la s
empresas estatales los propietarios no solamente están diluidos (son todos) sino
que están lejos, y a su nombre actúan muchos que dicen representarlos: los
diputados y senadores, los dirigentes de organizaciones sociales, sindicales o
cívicas, los funcionarios designados por las autoridades. Es decir, cualquiera
establece una relación de dueño con la empresa estatal menos los dueños
verdaderos, porque es simplemente imposible que lo hagan: son demasiados. De
manera que en la gestión de la empresa lo que se tiene es una relación agente-agente,
sin principal. Es decir, gestores de distintos tipos, que no solamente
pueden invocar el mandato de los dueños sino que, en caso necesario, pueden
desplazar responsabilidades hacia los otros. Con el riesgo adicional, que además es
altamente probable, de que los que tengan más fuerza acaben expropiando la
representación y apropiándose de la empresa. Acaso los mineros en las empresas
nacionalizadas no actuaban a nombre del pueblo boliviano cuando exigían
mejores pulperías y mejores escuelas? En las empresas estatales la cadena de
intereses y rendición de cuentas está rota. El dinero es de todos pero los que
deciden qué hacer con él son políticos que están de paso. Los que llevan a cabo
esas decisiones, los administradores, son técnicos y burócratas que no saben a

6. quién rendirán cuentas ni con qué criterios se los evaluará, o que saben simplemente que
no rendirán cuentas.
Por supuesto, el problema de principal y agente puede ser menos grave en
algunos casos pero eso nos recuerda que, en el fondo, depende de la calidad de la política
o, si se quiere, de la calidad de la representación democrática! Si el principal, que es el
pueblo o el conjunto de los ciudadanos, no está bien representado, no puede esperarse
que el problema sea fácil de resolver. Y en los últimos años la calidad de la política se ha
deteriorado tanto en Bolivia como la calidad de las instituciones (ya lo anticipó Oporto
pero lo destacan recientemente Komadina y Zegada).
Por lo tanto, el problema mayor de la propuesta que se nos hace es el de su
inviabilidad política. Asume que nuevas normas podrían resolver los problemas, pero por
qué habríamos de suponer las nuevas normas se cumplirán? Este gobierno ganó dos
elecciones sucesivas por mayoría absoluta y logró su mayor victoria cuando hizo aprobar
la nueva Constitución por el 61% de los votos válidos. Sin embargo, la dosis de realismo
viene cuando nos preguntamos ¿cuánto de esa Constitución se cumple? Y si eso pasa
con la norma fundamental, ya podemos deducir lo que pasa con el resto.
LA EXPERIENCIA RECIENTE
El documento presenta la experiencia reciente y proporciona una evaluación
preliminar de la misma. El mapeo toma como referencia a las 23 de las que se pudieron
obtener algunos datos. Algunos porque el autor no pudo encontrar la misma información
para todas las empresas y tampoco para varios años, poniendo en evidencia un problema
serio de opacidad o falta de transparencia. Este es el primer dato fuerte de su evaluación.
Ese conjunto de empresas es diferenciada de dos maneras: por su lugar en el
modelo económico y por su ubicación sectorial.
El modelo de economía plural que se perfila en la Constitución considera
claramente la posibilidad de un trasvase de excedentes, pero plantea que se realice desde
el sector más moderno y vinculado al mercado hacia los sectores indígenas comunitarios,
cuya conservación no sería viable de otro modo. Pero lo que se recoge en este documento
es una versión diferente, la de un conjunto de empresas generadoras de excedentes (luego
discutiremos esta caracterización) y la de otro conjunto que no los genera y que tendría la
función de distribuir ingresos y absorber empleo. En esta versión, la transferencia de
recursos no tiene el propósito de equidad diseñado en la Constitución, sino el de la
redistribución simple, utilizando los recursos naturales no renovables como la fuente de
financiamiento de subsidios a funcionarios, técnicos, empleados y obreros de empresas

7. industriales vinculadas al mercado y que son parte de la misma economía moderna
pero que son ineficientes. Eso representa una tergiversación del modelo
económico o una aplicación sesgada del mismo.
Pero además hay una confusión en esa caracterización que RF recoge de
los documentos oficiales: se toma como generadoras de excedentes a las empresas
capturadoras de renta (esta confusión es también frecuente en los estudios sobre
carga impositiva en Bolivia, ya que la renta captada por el estado se registra como
impuesto, inflando los ingresos y las ilusiones). Recordemos que la renta proviene
de la valorización de mercado de una riqueza preexistente, en tanto que el
excedente, en su formulación básica, se refiere a valor creado en el proceso
productivo. Esta diferencia me parece importante.
Frente a esas empresas, “las otras” son consideradas generadoras de
ingresos y de empleo. En realidad, más que generadoras son proveedoras de
ingresos y empleos. Si no importa que esas empresas funcionen a pérdida,
entonces resulta que son solamente mecanismos de distribución de las rentas
(llamadas excedentes) que monetizan las anteriores. Corresponde entonces
preguntarse si ese es el mejor mecanismo de redistribución.
La otra clasificación de las empresas las diferencia entre las extractivas (lo
que hace más claro el hecho de que el excedente es en realidad renta de recurso
natural), las manufactureras y las de servicio. Y resulta que las que tienen pérdidas
se concentran entre las manufactureras. ¿Cómo explicarlo? Tal vez por la
dificultad tecnológica, de gestión y de mercadeo que tienen esas empresas, y que
es posiblemente mayor a la de la extracción o provisión de servicios. Si así fuera,
ellas estarían poniendo en evidencia la ineficiencia inherente a la gestión estatal.
Lo que a su vez permitiría deducir que las ganancias de las otras podrían ser
mayores bajo otras formas de propiedad y otros modelos de administración.
Adicionalmente, observando con más detenimiento a las empresas
referidas, encontramos una diversidad de situaciones que hacen más difícil la
clasificación. Crear empresas no es lo mismo que constituirlas: una gran parte de
las empresas estatales son adquisiciones de empresas previamente existentes:
YPFB, Comibol, Entel (sin datos en este grupo), Vinto, Enatex, EBA… y por lo
tanto desde un punto de vista macroeconómico son “seudoinversiones”: su
constitución como estatales ha desplazado capitales privados sin ampliar la
capacidad productiva

8. PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Los datos de resultados provienen de los estados financieros publ icados. No
tenemos información de cuáles han sido auditados de forma independiente pero tampoco
tenemos razones para dudar de su fidelidad. Varias tienen pérdidas y en otras su
rendimiento es tan bajo que posiblemente también registrarían pérdidas si hubieran
recurrido a financiamiento no concesional.
Frente a estos datos el autor señala: “Desde la perspectiva de finanzas y manejo
de portafolio la cifra de pérdida es siempre una posibilidad y en el caso presente no
debería ser causa de extrema preocupación, menos cuando el conjunto de la cartera de
inversiones es rentable (incluyendo los tres casos aislados). Desde la perspectiva fiscal y
por el valor (comparado con el Presupuesto Público, por ejemplo), tampoco debería ser
una fuerte preocupación al menos en el corto plazo”.
Esto es muy benévolo. Creo que debería causar preocupación que veamos que las
rentas, no excedentes, están cubriendo las pérdidas. Las rentas son de recursos no
renovables, por lo que su pérdida es doble, ya que no se trata de ganancias no realizadas
sino de la destrucción de riqueza real.
Por otro lado, el análisis se basa en la consideración del conjunto de empresas
como portafolio de inversiones, desdiciendo la propia sugerencia de que no se puede
aplicar a las empresas estatales los criterios de evaluación financiera de las empresas
privadas simplemente porque el estado no es un inversionista que busca el máximo
beneficio.
En la nómina de las empresas hay algunos casos que resaltan. Uno es EBA, la
empresa estatal rescatadora de castaña que según tengo entendido desplazó a una
cooperativa que era exitosa en Pando. Esa empresa tiene pérdidas. Es posible justificarlas
diciendo que es así porque pagan mejor a los recolectores de castaña, pero nuevamente la
responsabilidad de desplaza… para pagar mejor a los recolectores lo ideal sería buscar
mercados que paguen más, no un padrino que subsidie pérdidas. Otro es el caso de
Enatex, que ha desplazado a una exitosa empresa privada que abrió los mercados más
exigentes y que en el año ilustrado perdió ya la quinta parte de su patrimonio. Y aquí no
se puede hablar solamente de lucro, porque el efecto multiplicador de generación de
empleo e iniciativas microempresariales de Ametex era considerable, demostrando que
siendo lucrativa podía satisfacer también los objetivos de proporcionar oportunidades de
ingreso y de empleo para la gente.

9. En el esfuerzo de sustentar sus argumentos, el texto se refiere en un par
de ocasiones al caso de Aguas del Tunari como una muestra de que las privadas
también fracasan. No necesitaba hacerlo. Todos sabemos que las privadas
también fracasan, pero en ellas el costo del fracaso lo pagan los inversionistas, no
el público. Con excepciones, por supuesto. La referencia a AT busca, en realidad,
desprestigiar la privatización de un servicio púbico. Por supuesto, el desafío de
proveer desde el sector privado un servicio público de agua y alcantarillado es
mayor que cualquier otro por su carácter esencial. El fracaso no fue de gestión ni
de la empresa como tal, puesto que estuvo en operaciones muy poco tiempo, sino
de las imposiciones políticas que se le hicieron, como desarrollar el proyecto
Misicuni como su fuente principal de agua, garantizándole que un aumento de
tarifas sería políticamente viable y además respaldado por los gobiernos nacional y
locales. No hubo esto y hacer Misicuni requería un alza de tarifas muy grande, por
lo que la empresa acabó abandonando el país. Pero el caso del agua en La Paz fue,
en comparación, exitoso, porque la empresa tuvo menos imposiciones políticas y
pudo cumplir el objetivo de ampliar la cobertura y proveer el servicio al más bajo
costo posible, y aún así obtuvo utilidades. Su nacionalización, muy posterior, fue
decidida por motivos estrictamente ideológicos. Para el caso de Cochabamba,
además, el análisis debería recordar que la empresa pública actual , si no pierde
dinero, es muy ineficiente en la ampliación de la cobertura y en la provisión del
servicio.
INDUSTRIALISMO POLÍTICO
La multiplicación de empresas estatales, sobre todo en el sector
manufacturero, sugiere que en realidad hemos vuelto al industrialismo político.
Este tiene una larga historia en América Latina. Se basó en considerar la
industrialización como el principal mecanismo para impulsar el desarrollo y
estimuló enormes esfuerzos de inversión pública y grandes sacrificios de los
consumidores en América Latina entre los años 40 y hasta los 70. Pero fue una
política que al final se abandonó. Y no sin razón, ya que sus frustraciones fueron
mayores que sus logros.
Las razones de un fracaso tan amplio y evidente todavía son objeto de
estudio.
Para algunos se trató de una política condenada al fracaso por haberse
concentrado en la producción sin haber tomado en cuenta que, en los mercados,
los que mandan son los consumidores. Otros criticaron más bien los aspectos

10. técnicos: la mala calidad de los estudios previos, la inadecuada selección de las
tecnologías, la falta de personal técnico y administrativo en las plantas. Tampoco faltaron
los que denunciaron la dificultad intrínseca que tiene la burocracia estatal para reemplazar
el rol de los empresarios, y la dificultad que tienen los políticos para lidiar con las
demandas particulares de los trabajadores, de los consumidores o incluso de los
proveedores de las empresas, puesto que ellos son también votantes.
Es posible que todas las críticas tengan algo de razón y que juntas contribuyan a
explicar el fracaso de la industrialización forzada desde el Estado. Lo que nadie niega es
que ese fracaso tuvo un alto costo para la gente. Esa política fue impulsada a veces por
gobiernos populistas y a veces por elitistas, en algunos casos por dictaduras de izquierda y
en otros por dictaduras de derecha, llegando a los mismos resultados. Absorbió recursos y
desvió esfuerzos que pudieron haber sido mejor empleados, y retrasó el desarrollo
económico, manteniendo a millones de latinoamericanos en condiciones de pobreza.
La mejor prueba es que mientras Latino América experimentaba con el
industrialismo político, fue superada por países que siguieron caminos diferentes y que
hoy son potencias económicas de primer orden, como Corea, Taiwán, Indonesia, Malasia.
Ellas son potencias industriales, sin duda, pero fueron conquistando mercados que se
industrializaron. Es decir, la industria fue un medio y terminó siendo un resultado de su
esfuerzo e iniciativa, pero éstos pusieron prioridad en la conquista y ampliación de los
mercados y en la seducción de los consumidores.
Con el retorno de esa política estamos ignorando esa historia. Por supuesto, no se
trata de imitar lo que otros hicieron, pero sí de aprender de sus experiencias. Y de
recordar que es más fácil reproducir los fracasos que los éxitos.
CONCLUSION
No quisiera que estas reflexiones y observaciones sean consideradas como un
alegato en contra de la intervención del estado en la economía. Pero sí contra una forma
de intervención que es ineficiente y cara para la sociedad. Si una política de Estado es que
todos los niños tomen helados es mucho mejor que licite en forma competitiva y abierta
la compra y distribución de esos helados, dejando que los fabriquen los que saben, en vez
de desplazarlos con su enorme y pesado poder. Al fin de cuentas, algo así le dio a Estados
Unidos la fuerza económica y tecnológica necesaria para derrotar a la Unión Soviética,
que apeló al modelo de producción directa y terminó como ya sabemos. Más cercano es el
caso de Cuba, cuyo más exitoso emprendimiento son, justamente, los helados Copelia,

11. presentados como los mejores del mundo y que, aparentemente mejoran de
sabor gracias a la larga espera que uno debe hacer en la cola para adquirirlos.
Para terminar quisiera destacar nuevamente el mérito de haber reunido en
este documento un conjunto de recomendaciones propositivas que si fueran
aplicadas sin duda mejorarían el desempeño de las empresas públicas. Pero no
puedo dejar de resaltar el hecho de que ellas ponen en evidencia una
contradicción. Si no hubiera nada que determine un peor desempeño en las
públicas que en las privadas, ¿por qué todas las recomendaciones apuntan a
replicar en aquéllas lo que tiende a prevalecer de manera natural en las privadas
más exitosas y desarrolladas? Lo que se propone es que, para ser exitosas, las
empresas estatales simulen ser privadas, o se las obligue a simular. ¿No implica
esto un reconocimiento de la mayor eficiencia de un tipo de empresas sobre el
otro?