El documento proporciona recomendaciones para el código de mejores prácticas corporativas en materia de gobierno corporativo. Recomienda que el Director General y funcionarios de alto nivel se abstengan de participar en deliberaciones sobre asuntos que puedan generar conflictos de interés. También sugiere que las políticas de remuneración sean reveladas a los accionistas y que la auditoría externa no sea contratada por un despacho que obtenga más del 10% de sus ingresos de esa empresa, para preservar la independencia del auditor.