El documento describe las atribuciones y acciones del comité y secretaría técnica relacionadas con los asentamientos humanos irregulares, incluyendo iniciar acciones penales contra traficantes de tierra e invasores, coordinar la participación de instituciones del Estado, vigilar el cumplimiento de la política relacionada, emitir normas técnicas y proponer políticas públicas sobre prevención y control de asentamientos irregulares.