Reconstrucción tras el terremoto de 1985

01/11/1985.
Reconstrucción.
Héctor Aguilar Camín.
Hacia el futuro de la ciudad.
Este documento fue elaborado por un grupo de especialistas que comparte el
interés profesional por los estudios urbanos y regionales, y que han coincidido en
la conformación de un grupo denominado Taller de Estudios Urbanos Regionales.
Es una respuesta a las necesidades planteadas al país a raíz de la situación de
emergencia provocada por el terremoto del 19 de septiembre. El objetivo es invitar
a la reflexión profunda sobre asuntos que atañen a todos los mexicanos; no
escapa a los autores de este documento el hecho de que, por haber sido realizado
con la premura que las circunstancias obligan, se resiente de muchas fallas y
omisiones. El grupo esta integrado por Jesús Tamayo, Diana Rumney, José Luis
Lezama, Eduardo Preciat, Bertha Elena de Buen, Manuel Vidrio, Hortensia Medina,
Juan José Ramírez, Manuel Angel Castillo y Miguel Gutiérrez.
El sismo del 19 de septiembre se dio en medio de la crisis financiera del sistema
mexicano. Ciertamente, en los pasados meses vivimos el último tropiezo de la
estrategia de desarrollo mexicano, aunque esta vez fue su versión restriccionista la
que entró en crisis. Conviene recordar que la orientación básica de nuestro
proyecto de desarrollo materializó durante dos décadas en el llamado modelo de
desarrollo estabilizador que desembocó en la crisis de 1968 y fue sustituído por su
versión populista llamada de desarrollo compartido que, a su vez, se desarticuló a
finales de 1976. El proyecto re-legitimador escogido en 1976 fue también de corte
expansionista y se apoyó en la extracción y exportación acelerada de crudo, a fin
de obtener recursos que serían transferidos a la expansión del sector industrial.
Como es de todos sabido esta estrategia acarreó o generó el crecimiento inusitado
de los precios internos y de la deuda externa y entró también en crisis a partir de
la caída de los precios del crudo y del alza en las tasas de interés. A los
determinantes externos se asociaron en lo interno la fuga de capitales y la
especulación monetaria: ello condujo a la insolvencia financiera en 1982.
El gobierno actual abandonó la estrategia expansionista e hizo suyo un proyecto
de reordenación y ajuste de corte restriccionista, acorde con las sugerencias del
FMI. En principio, supeditó todos los planes internos al pago de los intereses de la

deuda. La reordenación económica y el abatimiento de la inflación, se dijo, se
alcanzarían a través de la reducción del gasto público; además, el liberalismo
comercial debería reemplazar al proteccionismo, los controles de precios deberían
ser aflojados, los subsidios disueltos y los salarios congelados; cerradas las
posibilidades de nuevos créditos externos, deberían desaparecer las restricciones a
la inversión extranjera directa (IED). La reducción del gasto y el nuevo pacto social
pasaban no sólo por la reducción de la administración, sino también por la
privatización de parte del capital del Estado y por la reprivatización de la banca
recién nacionalizada.
En poco menos de tres años, en julio de 1985, la política de ajuste entró también
en crisis. Al parecer, ello provocó la profundización de las restricciones al gasto;
esta vez la reducción alcanzó el gasto corriente. Así, el desempleo alcanzó a los
trabajadores del gobierno. Ello caracterizó el escenario económico del sismo.
El sismo del día 19 no sólo se dio en un específico momento económico sino
también en un peculiar ámbito social cuyas características básicas son su
polarización y las relaciones (de dominación) que se establecen entre las clases
que lo conforman.
En efecto, desde cualquier perspectiva que se escoja será posible reconocer los
extremos de la sociedad mexicana; por ejemplo: el México rural y el México
urbano, el México criollo-mestizo y el México mestizo-indio. La concentración del
ingreso, la diferenciación en el acceso a los servicios públicos, a la educación, a la
salud, y a la cultura son otras formas de describir el mismo hecho. A una sociedad
tan diferenciada en lo interno han correspondido formas de acumulación primitivas
y formas políticas autoritarias y escasamente democráticas. Históricamente, la
clase política ha sido la promotora de la acumulación, es decir, de la formación de
capital; al mismo tiempo ha desarrollado una concepción patrimonialista de la
hacienda pública. Ello explicaría las formas de la corrupción social. En este
escenario donde, además, la sociedad política penetra casi todos los poros de la
vida social y deja escaso margen a la sociedad civil, se dio el pasado sismo.
El modelo de desarrollo económico que en las pasadas décadas se auto-asignó la
formación social mexicana ha conducido a una estructura urbano regional
macrocefálica. Esta ha sido la forma espacial de la concentración económica y, en
buena medida, de la polarización social. La concentración de la inversión, pública y
privada, ha retroalimentado la concentración de la infraestructura para la
producción; las economías de aglomeración han hecho el resto. La concentración

de la infraestructura para la producción pareciera haber sido así la forma más
económica de proporcionar (subsidiar) a la burguesía industrial las llamadas
condiciones generales de la producción. Si bien con el tiempo las economías
externas se han visto crecientemente acompañadas de múltiples deseconomías,
estas últimas se han socializado y las pagamos todos cuando hacemos largos
viajes a nuestro centro de trabajo, o cuando somos víctimas de la contaminación o
de la ineficiencia de los servicios urbanos.
La polarización social y las relaciones de dominación se reproducen a nivel
intrarregional e intraurbano. El acceso diferenciado a la riqueza social materializa
en el acceso diferenciado de la población a la tierra urbana y a los servicios
municipales. Las relaciones de dominación vigentes en la formación social
mexicana cristalizan en la diferenciación clasista del espacio urbano. El
autoritarismo político se materializa en el carácter precariamente democrático y
representativo de las autoridades urbanas. El conflicto social encuentra su
expresión en la agresión cotidiana a las clases urbanas depauperadas, en su
expulsión a la periferia, en su confinamiento en viviendas insalubres y en nuestra
indiferencia ante el caos de los servicios. En este ámbito urbano tuvo lugar el
sismo del 19 de septiembre.
La respuesta social inmediata ante el sismo se caracterizó por dos hechos: la
inoperancia no sólo de los planes de contingencia sino del liderazgo político,
inoperancia manifiesta en la "transparencia" de la inmensa mayoría de las
instituciones públicas y de las organizaciones políticas ante los hechos; en este
escenario vacío de autoridad institucional contrastó la segunda característica: la
espontánea organización civil cuyos objetivos concretos fueron el rescate de
sobrevivientes y la puesta en marcha de campamentos de socorro.
Un segundo momento se caracterizó por la llegada de auxilio del interior y exterior,
por el apoyo organizado de la Iglesia y por la recuperación del control básico por
parte de la todavía confundida autoridad política. En horas más recientes evidente
la escasez de criterios rectores y de líneas de acción en relación con las formas de
la reconstrucción. El oportunismo ha surgido en el sector público y las decisiones,
anárquicas e inconsultas dejan ver que la organización para la reconstrucción es
hoy un problema de Estado. Los temas básicos de la agenda a ser discutida por la
sociedad civil parecen ser: los límites financieros de la reconstrucción, el impacto
de la reconstrucción en medio de la recesión, las posibilidades y limitaciones de la
desconcentración y la descentralización, la organización social necesaria para la
reconstrucción, es decir, el proyecto del México urbano del futuro. Este documento
intenta contribuir a la discusión de estos temas.

Foto: Fabrizio León
LA ECONOMÍA
El pago del servicio de la deuda externa constituye el eje principal de la política
económica del actual régimen; los mecanismos económicos utilizados para cumplir
con los compromisos contraídos han conducido a la agudización de la polarización
social.
Se nos dice que el 50% de las exportaciones se dedica al pago del servicio de la
deuda; es necesario reconocer, no obstante, que se trata sólo de una equivalencia:
los fondos para su pago provienen, en última instancia, del sacrificio impuesto a la
población.
Las restricciones en el gasto público conducen al estancamiento económico,
medida anti-inflacionaria, se nos afirma. La contracción de la demanda así como la
restricción en las importaciones y las modificaciones en el tipo de cambio ponen en
dificultades a la pequeña y mediana industria, principal fuente de empleo
productivo en el sector urbano. Al mismo tiempo, se encarecen los bienes y los
servicios y se concentra la riqueza, es decir, se agudiza la polarización social.
El resultado de la política económica seguida hasta hoy puede sintetizarse en el
creciente desempleo y el decreciente ingreso de la población mayoritaria; ello
agudizado por la política de restricciones salariales. Lo que para el Estado
representa un ahorro destinado al servicio de la deuda es, para la mayoría de la
sociedad, una disminución en su ingreso real. De importador de capitales, el país
ha sido convertido (vía el pago del servicio de la deuda), en exportador a costa del
sacrificio de la población.
El sismo del 19 de septiembre, modificó radicalmente este escenario al plantear la
reconstrucción como prioritaria y al crear la necesidad de generar recursos
económicos para realizarla.

Por su parte, el gobierno mexicano ha entablado negociaciones para conseguir
nuevos créditos, a fin de contar con recursos para la reconstrucción y para
mantener la economía en funcionamiento. Cabe señalar que los nuevos créditos
tensarán aún más la correa de transmisión entre la economía mexicana y el
sistema financiero internacional, y someterán a la población a una mayor presión
económica.
Fotos: Herón Alemán
Existe la posibilidad de procurar recursos por otras vías: en primer lugar, no es
estrictamente necesario recurrir a nuevos créditos provenientes del exterior; los
recursos económicos liberados por la suspensión temporal del pago al servicio de
la deuda son más que suficientes para asentar las bases de la reconstrucción,
siempre y cuando se frene la descapitalización del país a través de la negociación
de la condonación del servicio de la deuda durante el tiempo requerido por la
reconstrucción.
Reconstrucción y pago de la deuda constituyen las incógnitas de una ecuación que
al parecer será resuelta, a fin de cuentas, por los organismos financieros
internacionales. Estos tendrán que acordar diferir el pago de los intereses
correspondientes para que el gobierno de México pueda contar con fondos para la
reconstrucción. Sin embargo, esta concesión no será un acto de magnanimidad,
sino el resultado de la evaluación de la potencialidad del conflicto creado por la
nueva situación. Además, desde la perspectiva de los bancos, los intereses
diferidos pueden ser capitalizables y al final del periodo de deuda externa será aún
mayor.
A los recursos financieros liberados por la condonación pueden sumarse los que se
obtendrían mediante una "política fiscal de excepción"; ésta tendría como finalidad
hacer contribuir a la reconstrucción a los sectores que no fueron afectados por el
terremoto y a los que durante largos años han sido los principales beneficiarios del
sistema en vigor.
Una tercera fuente de ingresos es la banca nacionalizada; el ahorro captado por
ella también es susceptible de ser invertido productiva y no especulativamente,
como es la tendencia actual.

Una última forma de captar fondos es la contribución de aquellas organizaciones
de la sociedad civil capaces de recabar cantidades importantes de recursos:
sindicatos, asociaciones de profesionales, agrupaciones eclesiásticas, etc., ingresos
que se sumarían a las donaciones de organismos internacionales y humanitarios.
Tanto o más importante que las formas de recaudación de recursos es la correcta
administración de los fondos para la reconstrucción. La nueva situación exige la
honestidad sin más y la aplicación plena de la planificación democrática
consagrada constitucionalmente. La emergencia de formas de organización social,
originales y espontáneas, ha hecho evidente la fuerza y el potencial de
participación de la sociedad mexicana. La no solución de los problemas ingentes de
los damnificados o su "solución" mediante los métodos políticos tradicionales, sólo
acentuará la división existente entre gobernantes y gobernados.
Es necesario fortalecer las relaciones existentes entre la sociedad civil y el Estado.
La política de renovación nacional puede ser eficaz sólo si se hace participar
directamente en la planificación y administración de la reconstrucción a las
organizaciones civiles que han emergido en esta coyuntura. Su fortalecimiento y el
respeto del Estado hacia ellas puede ser el cimiento de la renovación nacional.
La política económica de la reconstrucción no sólo debe contemplar la captación de
recursos y las formas de participación social; para ser eficaz, exige la formulación
de un plan que contemple las necesidades prioritarias, los efectos de la
reconstrucción en los diferentes sectores productivos y, a nuestro juicio, una nueva
política de desarrollo.
· Las necesidades prioritarias. En la actual situación, asegurar casa, vestido y
sustento a la población damnificada es absolutamente prioritario. Todos los
esfuerzos deben, en lo inmediato, enfocarse al alcance de ese objetivo para
extenderlo, en lo mediato, a toda la población. Es necesario, por tanto, evitar el
encarecimiento de los bienes necesarios, la vivienda y los materiales de
construcción entre ellos. En segundo término, se deben reanudar los servicios de
asistencia, salubridad y educación para toda la población, restituyendo asimismo y
extendiendo el equipamiento urbano necesario. El reponer la infraestructura
necesaria de comunicaciones, también es otra prioridad ligada, si bien
subordinada, a las anteriores. Sólo en último término se deben destinar fondos
para la reconstrucción a la restitución de la planta física de actividades tales como
la hotelería y los servicios turísticos.

· Efectos en los sectores productivos. Es posible prever el impacto de las
inversiones de reconstrucción; el incremento drástico de la demanda de bienes y
servicios puede, en condiciones de depresión y ante una oferta relativamente baja,
acelerar la inflación. Es necesario adoptar una política de impulso a las actividades
generadoras de los bienes y servicios necesarios para la reconstrucción: alimentos
y bienes industriales de consumo popular, así como evitar a toda costa las
importaciones.
· Una nueva política de desarrollo. En el momento actual los sectores económicos
estatal y social tienen un lugar clave, no sólo como agentes financieros sino
también como agentes productivos. Por tanto, se debe suspender la reprivatización
de las empresas públicas, así como revisar el sistema actual de concesiones, en
especial las ligadas a insumos para la construcción, a fin de evitar que los criterios
comerciales se impongan a los sociales.
La inversión pública destinada a reactivar la economía y la necesidad de ampliar la
oferta de bienes y servicios requeridos tanto para la inmediata reconstrucción
como para satisfacer la demanda regular de básicos, permite promover una
verdadera activación del sector productivo social de la economía; se pondrán así
las bases para un crecimiento sostenido de las demandas intersectoriales e
interregionales mediante la participación social.
Ahora bien, la reconstrucción no puede limitarse a la satisfacción de las
necesidades más urgentes y a la simple reposición de la infraestructura destruída.
El gobierno así lo ha entendido. y ha comenzado a desconcentrar algunas de sus
dependencias. Sin embargo, para ser eficaz, la desconcentración administrativa
debe ir acompañada por la desconcentración económica. Esto implica otro cambio
en la política estatal que ponga fin a una situación donde el estado toma a su
cargo la producción de los servicios urbanos y los vende por debajo del costo de
producción. En este sentido, el Estado puede y debe proporcionar insumos
necesarios para la industria (agua, gas, electricidad, transporte, etc.), a su costo
real en los centros urbanos que pretende desconcentrar y ofrecerlos más baratos
en aquellos que quisiera desarrollar como centros industriales. Una política fiscal
adecuada también contribuirá a la desconcentración de las principales ciudades.
La política de desconcentración exige considerar las modificaciones regionales que
se producirán con el desarrollo de las ciudades medias. A una nueva estructura

urbana debe necesariamente corresponder una nueva estructura rural, basada en
nuevas relaciones sociales y en el uso de nuevas tecnologías que respondan a las
nuevas necesidades.
La reconstrucción no significa, pues, algo meramente coyuntural y de corto plazo.
Representa, más bien, la posibilidad de modificar substancialmente la situación
que priva en el país, a mediano y a largo plazo. Asimismo, hace posible que la
renovación nacional se realice a partir de la reunificación de la sociedad civil y del
Estado a través del ejercicio democrático de la vida pública. A ambas corresponde
aprovechar o no la oportunidad que se nos brinda.
LA REFORMA INAPLAZABLE
El marco de referencia indispensable para plantear el problema de la
reconstrucción es la organización del territorio a nivel nacional. Esta tarea es más
que un mero ejercicio de planeación física, ya que existen variables políticas,
económicas y sociales que la determinan. Por tanto, pensar en la descentralización
sin referirse a la necesaria redistribución del poder, sería un ejercicio estéril y no
conduciría más que a un conjunto de declaraciones de buenas intenciones y a la
"descentralización por decreto", que de antemano sabemos no tendría resultados
efectivos. Un tema de vital importancia en la discusión sobre la redistribución del
poder lo es el del fortalecimiento del pacto federal en todos sus niveles:
municipios, subregiones (conjunto de municipios) y entidades federativas. Las
posibilidades reales de esta redistribución del poder fijarían los parámetros dentro
de los cuales la contradicción reconstrucción-descentralización se movería
efectivamente.
Existen realidades inmediatas a las que urge hacer frente en esta ciudad
lamentablemente devastada y dislocada, y existe también un conjunto de
decisiones fundamentales que es necesario tomar hoy, pero cuyos efectos sólo
veremos en el mediano y largo plazo. Estas decisiones ya no podrán sostenerse
sobre las prácticas anti-democráticas que han permeado el sistema político
mexicano, donde la sociedad civil no participa y donde nosotros, los semi-
ciudadanos de esta megalópolis, sufrimos el autoritarismo (por ejemplo, desde
hace más de 60 años no podemos decidir quién habrá de gobernarnos). La
reflexión sobre las acciones inmediatas de la reconstrucción nos remite al
problema de la reorganización territorial de la zona metropolitana de la ciudad de
México.

La hasta ahora muy difusa "reforma urbana" adquiere hoy perfiles más precisos.
Poner coto a los especuladores con el suelo urbano es una tarea inmediata. La
defensa activa que hacen los pobladores de su territorio de supervivencia, obliga a
la creación de reservas territoriales en las zonas de destrucción, para garantizar la
no expulsión de los pobladores, de los barrios afectados. En el mediano plazo se
trata de la reconstitución renovada y creativa de un esquema de vida y de las
relaciones sociales con un profundo arraigo popular, como el bario, en donde
vivienda, comercio, pequeños talleres, redes familiares, lugares de reunión y de
diversión conforman un denso tejido con enorme vitalidad que aumenta las
posibilidades de supervivencia de sus habitantes. La alternativa de un "down town"
norteamericano, o la aplicación de la obsoleta Carta de Atenas, podrá ser el ideal
de reducidos sectores de la sociedad a los que la catástrofe les da la oportunidad
de sacar a los pobres del centro de la ciudad, pero irá en contra de los mejores
intereses de la sociedad.
Cabe agregar que si bien el movimiento telúrico es de origen natural, la magnitud
de la catástrofe tiene origen social. En este origen social del fenómeno, así como
en sus consecuencias es cierto que han participado muchas generaciones. de
mexicanos, cuyas acciones colectivas han desembocado en una megalópolis
altamente vulnerable, pero es cierto también, que la participación en la toma de
decisiones no ha sido pareja y sus responsabilidades implícitas, tampoco; la
sociedad mexicana no puede ser vista como un todo sobre la cual recaería el peso
de las consecuencias del sismo. No es un fenómeno fortuito de la naturaleza que
casi la mitad de los edificios dañados hayan sido escuelas, tampoco lo es que una
gran proporción fueran edificios públicos. Entre el conjunto de la sociedad hay
mayores y menores grados de responsabilidad y esto tendrá que salir a la
superficie, para no reconstruir la ciudad sobre las bases de la corrupción y de los
manejos al margen de la sociedad que han traído consecuencias funestas sobre
nuestra vida democrática.
Plantearse la reconstrucción y establecer sus prioridades sin la participación directa
y activa de la población sería reincidir en la vía anti-democrática. Tratar de
encauzar la inquietud popular y preguntarse qué hacer al respecto en "consultas
populares" sería afrontar con poca seriedad los problemas, al igual que el revivir
esa inoperante estructura piramidal compuesta por el Consejo Consultivo con sus
jefes de manzanas, comités vecinales. La situación parece propicia para plantearse
la creación del Estado del Valle de México (tal como está previsto en la
Constitución) y de sus municipios con sus respectivas autoridades de elección
popular. Esto acabaría con el hecho de que el jefe del Departamento del Distrito
Federal no sea más que una prolongación del Poder Ejecutivo, un miembro más

del gabinete presidencial. Otra "utopía relevante" consiste en que la sociedad civil
conozca no sólo el monto y el proceso del gasto en la reconstrucción, sino el
impacto de su participación en el proceso global. La planeación de los usos del
suelo de la ciudad, en general, y de las zonas destruídas, en particular, es una
tarea que se debe emprender de inmediato y para lo cual es necesario el
establecimiento de las reservas territoriales antes mencionadas, con todas las
expropiaciones e indemnizaciones que ello implique. Estos terrenos recuperados
deberán ser devueltos a los pobladores organizados en cooperativas de vivienda,
por ejemplo, y a organizaciones de barrio, en fin, devueltos a la sociedad civil. La
expropiación de 7 mil predios del viernes 11 de octubre de 1985, es un paso
fundamental en ese sentido.
No podrían ser soslayados los aspectos tecnológicos de la reconstrucción.
Evidentemente el Reglamento de Construcciones tiene que ser revisado a fondo,
tanto en lo que se refiere a las especificaciones de dimensión de espacios, alturas,
materiales de construcción, estructuras arquitectónicas, detalles constructivos,
etc., como de éstas en relación con las diferentes zonas geológicas, cuya
definición, por supuesto, tendría que estar respaldada con estudios profundos
sobre la dinámica geológica y tectónica de placas en el Valle de México. El artículo
27 de la Constitución define el uso y usufructo del subsuelo como de interés
nacional. En el caso del Valle de México la alteración del subsuelo por la
explotación, casi siempre ilegal, de los mantos freáticos, ha magnificado la
tragedia, por lo cual es imprescindible legislar y hacer un seguimiento muy estricto
de la aplicación de las leyes al respecto.
Foto: Mario Antonio Cruz
CIUDADES EN MARCHA
La tragedia ha puesto en evidencia la fragilidad de la ciudad de México y la
necesidad de pensar en su futuro y en el del resto del país. Las medidas que se
tomen para su reconstrucción tendrán implicaciones a nivel nacional, en tanto que,
como se sabe, la ciudad de México centraliza el poder político y económico del
país, concentra a más del 40% de las actividades económicas y alrededor del 25%
de la población nacional, así como la infraestructura industrial y de servicios más
importante de México.

Es necesario preguntarse sobre el tipo de reconstrucción que deberá plantearse así
como sus posibilidades y limitaciones. Es evidente la existencia de problemas que
requieren de solución inmediata (vivienda para los damnificados, reparación del
equipamiento urbano y de las comunicaciones), cuya importancia puede llevar a
estrategias de reconstrucción que pongan el mayor énfasis en la reedificación de la
ciudad tal y como era (si acaso con más parques), pero que no ayudarán a revertir
las tendencias de la concentración en la ciudad de México, y por lo tanto, a la
problemática de la ciudad en relación con el país en general. Por otro lado, se abre
también la posibilidad de pensar en el esquema de desarrollo urbano regional que
ha caracterizado al país y aprovechar la coyuntura para imaginar una
reconstrucción que tienda hacia una reorientación de dicho esquema: es decir
hacia la descentralización de las actividades económicas, de los poderes políticos y
de la población.
La idea de la descentralización no es nueva; de hecho, muchos planteamientos
programáticos impulsados durante la última década, han manifestado su intención
de reubicar actividades y población, fortaleciendo regiones y localidades distintas a
las actuales aglomeraciones. Sin embargo, todas las evaluaciones coinciden en que
dichos esfuerzos han sido poco efectivos. A su vez, la propia dinámica de
expansión industrial, ha propiciado algunos movimientos de relocalización en el
área metropolitana de la ciudad de México y zonas circundantes; en un primer
momento se ha trasladado población de las delegaciones centrales a las del primer
contorno y así sucesivamente se han registrado incrementos de población cada vez
mayores en los municipios del Estado de México. Este crecimiento demográfico se
ha acompañado de una implantación industrial importante en dichos alrededores,
la cual se explica como una serie de ventajas, como la proximidad al mayor
mercado del país, la disponibilidad de servicios de todo tipo, la presencia del poder
político, la afluencia de todas las vías y medios de comunicación, etc.
Son éstas algunas de las razones que han motivado los señalamientos por parte de
especialistas acerca de los peligros de la conformación de una megalópolis. En
cierta forma se está amplificando la concentración de actividades y de población en
una zona más extensa, pero reproduciendo el modelo de primacía a escala
nacional.
Por esa razón, deben observarse con mucha cautela las decisiones de reubicar
dependencias y empresas en zonas donde sólo agravarán el proceso de
congestionamiento y en las que, si bien las condiciones para las actividades
productivas y administrativas pueden ser ventajosas, existen pobres condiciones
de habitabilidad para la población desplazada (baste señalar los problemas de

acceso al suelo urbano, los altos costos de servicios básicos como el transporte, la
carencia de infraestructura, la baja capacidad financiera de las administraciones
responsables en esas localidades, etc.).
La descentralización implica una distribución de los centros de poder y
administrativos que dé pie a la toma de decisiones autónomas, sin que ello
implique la desarticulación de los centros de poder o de la administración pública.
La descentralización no es solamente una acción voluntarista, sino una decisión
que tiene una larga serie de consecuencias a mediano y largo plazo; tal vez por
ello por largo tiempo ha sido postergada o realizada con débiles intentos. No
obstante, es posible plantear hoy una descentralización planificada que reoriente
las actividades económicas, los servicios sociales y desde luego el gasto público
federal hacia aquellos lugares en los que se cuente con cierta mínima
infraestructura urbana (como lo serían las llamadas ciudades intermedias),
industrial y de servicios que puedan cubrir las necesidades de vivienda, educación
y salud de la población reubicada. De lo contrario, solamente se estaría
trasladando el problema a todas las áreas receptoras.
Una descentralización significativa requeriría de un conjunto de elementos
contenidos en un plan o estrategia congruente de impulso a las localidades sede,
una revisión integral de las necesidades e implicaciones de la reubicación de la
industria (mano de obra calificada, materia prima, infraestructura, servicios,
vivienda, costo de los productos, transporte, etc.), de las oficinas públicas
(servicios públicos, vivienda, infraestructura, servicios, equipamiento, etc., para los
trabajadores y sus familias) y, por supuesto, de recursos financieros suficientes.
Por último, es importante destacar que sin una debida organización de las distintas
etapas de descentralización y sin una participación de los ciudadanos afectados
directa o indirectamente, cualquier plan fracasaría, como ha ocurrido en otras
experiencias.
Fotos: Herón Alemán
Debemos quizás pensar en una descentralización por etapas, cuidando en cada
una de ellas no causar efectos negativos significativos, en las localidades sede
(inflación, escasez, etc.), impulsando las economías locales urbanas y rurales,
generando fuentes de empleo fijo y bien remunerados, creando incentivos para la

iniciativa privada local y ventajas locacionales para la población migrante y la
población local, reforzando la infraestructura de caminos y, respetando, entre otras
cosas, el llamado cuadro de distancia respecto a la capital, etc.
LA SOCIEDAD MOVILIZADA
Las consecuencias sociales del terremoto han sido determinadas en parte por las
características del esquema de organización social vigente. Además de los efectos
reportados en algunas zonas del interior del país -sin que por ello se menoscabe su
importancia y atención necesarias-, es evidente que la mayor conmoción se
percibe en las áreas dañadas en el Distrito Federal. En este sentido, la ciudad de
México se enfrentó a un fenómeno que desafió sus mecanismos organizativos para
acometer las tareas inmediatas.
En numerosos foros, por parte de diversas agrupaciones, medios de opinión e
individuos, se han señalado algunos problemas característicos del sistema de
gobierno de la ciudad, cuyas consecuencias están presentes en la forma de
responder a una situación concreta, que si bien es excepcional, cuestionó la
capacidad de movilización de recursos y la ejecución de planes de contingencia.
Por otra parte, no puede omitirse que una sociedad con importantes niveles de
desigualdad, también plantea notables diferencias en sus formas y posibilidades de
participación política.
Los rasgos de rigidez y autoritarismo por un lado y la falta de participación y
representación popular por el otro, son obstáculos para la existencia de formas
permanentes de organización de la población para resolver sus problemas, los
cotidianos o los excepcionales. La instauración de estructuras verticales en una
sola dirección, como las Juntas de Vecinos, han mostrado su inoperancia, y
organismos como el Consejo Consultivo de la ciudad han sido objeto de
instrumentación ocasional, no precisamente en circunstancias y con propósitos
prioritarios. Mientras tanto, diversos intentos de organización popular, en muchos
casos surgidos como mecanismos de defensa de intereses afectados de sectores
desposeídos, han sido progresivamente desmovilizados por medio de diferentes
acciones, desde la represión directa hasta formas más sutiles.
No obstante lo anterior, los últimos acontecimientos muestran la posibilidad de que
se genere una modificación a los esquemas tradicionales de organización en

términos de una apertura en el modo sociopolítico, de manera que se propicien
formas auténticas y dinámicas de participación de los distintos sectores de la
población en las decisiones y acciones relacionadas con los problemas del ámbito
en que realizan sus actividades cotidianas. En este sentido, entre los hechos que
emergieron a raíz del terremoto merecen destacarse los siguientes:
· La incapacidad manifiesta de los organismos del Estado, de los grupos políticos e
instituciones organizadas para enfrentar una situación de emergencia y responder
de acuerdo a los intereses de los grupos a los que representan.
· La organización espontánea y solidaria de los ciudadanos que vino a cubrir el
vacío de las instituciones responsables, convirtiéndose en una fuerza que canalizó,
de manera organizada, tanto los esfuerzos para el auxilio, como las acciones para
realizar las funciones de la vida urbana en una situación de excepción.
· La fuerza de la organización ciudadana, las presiones surgidas de la situación de
emergencia y la ausencia de una respuesta orgánica e institucional, dieron lugar a
un rebasamiento de las acciones oficiales por parte de los grupos civiles.
· La superación de la etapa de auxilio inmediato ha permitido que la organización
espontánea empiece a consolidarse y manifestarse a través de espacios políticos
específicos, en los que además de plantearse la satisfacción de las demandas
surgidas o agudizadas a consecuencia del terremoto, han reivindicado antiguas y
legítimas demandas populares.
· Las organizaciones civiles espontáneas, al expresarse de manera novedosa y
fuera de los canales tradicionales pueden ser percibidas, por parte del Estado,
como situaciones de difícil control que podrían constituirse en el futuro en
expresiones alternativas e independientes que cuestionarán las reglas del sistema
instaurado.
Las perspectivas de un cambio en las formas de participación de los habitantes de
la ciudad en las decisiones que los afectan, sugieren algunos elementos que
indudablemente deben ser considerados.

Dada la evolución de los acontecimientos, es posible prever una progresiva
polarización de las posiciones del Estado y de las organizaciones populares en
torno a las formas y a las prioridades de la reconstrucción. Ante los hechos
reseñados las alternativas son diversas. La percepción de una pérdida del control
de la situación puede conducir a medidas coercitivas que, en vez de permitir la
expresión y participación de todos los grupos involucrados - principalmente los
directamente afectados-, cancele los espacios surgidos a raíz de la emergencia. Un
efecto semejante se lograría con una estrategia que, por medio de la
instrumentación selectiva de programas y relaciones con grupos e individuos clave
neutralice las manifestaciones auténticas, pero que conduzca a la pérdida de
credibilidad en las intenciones del proceso de reconstrucción. Ello no significa que
se conculque el respeto a la expresión de los intereses de los sectores minoritarios,
sino que en todo caso deberá prevalecer el "interés social" por encima de todos los
puntos de vista.
Lo rescatable de toda esta experiencia es, por una parte, la disposición de los
grupos populares surgidos en los últimos días, para participar, a través de la
expresión de sus propios intereses, en la reconstrucción de un modelo organizativo
diferente, que no reproduzca las limitaciones y rigideces de los esquemas
tradicionales y que, por el contrario, posibilite la expresión de los distintos sectores
involucrados. En este sentido, la atención a las demandas en torno a la vivienda,
por ejemplo, deberá considerar los diferentes actores que la integran, como es el
caso de los inquilinos, propietarios, arrendadores y subarrendatarios: la posibilidad
de reubicación de algunos sectores de la población afectada no deberá enfocarse
de manera unilateral, por el contrario tendrán que tomarse en cuenta las
situaciones concretas de los habitantes de vecindades y barrios, los cuales en
muchas ocasiones constituyen entornos geográficos arraigados y con expresiones
culturales que les son propias; la desconcentración o descentralización de fuentes
de empleo tiene que considerar de manera integral la situación de los trabajadores
y sus familias, sin caer en la instrumentación circunstancial de medidas muchas
veces anunciadas, pero nunca emprendidas porque en realidad constituyen
procesos complejos difíciles de ejecutar, debido a limitaciones de orden
estructural; y, en el mismo sentido, con relación a las fuentes de ocupación
afectadas, las acciones que se emprendan deberán contemplar no sólo los
intereses de los empleadores sino que principalmente los de los trabajadores.
Por otra parte, esta convergencia de diferentes grupos demuestra la enorme
potencialidad de movilización, cuya capacidad creadora puede constituirse,
mediante la puesta en marcha de prácticas democráticas, en un factor no sólo útil
para las tareas de la reconstrucción, sino para fortalecer el sistema institucional.
Así, no puede recharze de antemano el funcionamiento de instancias como las
Juntas de Vecinos u otras similares, sino que su conformación y operación debiera

replantearse a la luz de bases democráticas y efectivamente movilizadoras para
satisfacer las demandas populares.
El fenómeno telúrico con sus consecuencias vino a sumarse a una situación de
crisis económica que tiene como rasgos fundamentales la inflación, el creciente
desempleo y un endeudamiento ascendente. Bajo estas circunstancias, una de las
prioridades en el marco de la reconstrucción es la protección del ingreso de las
familias afectadas, tanto de aquéllas que sufrieron daños en sus pertenencias,
como también de las que perdieron sus fuentes de ocupación, o aún peor, a uno o
varios miembros de la unidad familiar. En este sentido, además de las medidas
directas de generación de empleo, deben explorarse formas alternativas de
organización. Tal es el caso de las modalidades cooperativas de producción,
ahorro, crédito y consumo que, de acuerdo a las circunstancias, pueden contribuir
al mejoramiento de los niveles de vida, facilitar la canalización de recursos y, a la
vez, fortalecer la capacidad de autogestión como una vía de participación directa
en la satisfacción de necesidades concretas. Otra acción específica y necesaria es
la adopción de medidas eficaces de control de precios, no sólo de artículos de
consumo básico, sino de un espectro más amplio de bienes al cuál deberán
sumarse en forma prioritaria servicios y materiales para la reconstrucción.
Paralelamente a las necesidades urgentes vinculadas con el ingreso, deberán
atenderse los problemas relacionados con la vivienda. Se trata en realidad de una
demanda ampliamente insatisfecha desde tiempo atrás, pero los últimos
acontecimientos le imprimen características de alta prioridad que han
incrementado súbitamente un déficit acumulado. En todo caso, en las soluciones
debe prevalecer con mucho mayor fuerza el sentido social de la gestión
habitacional del Estado; de ninguna manera se trata de que la satisfacción de esta
necesidad vital se realice como una forma más de reproducción de los esquemas
de desigualdad social imperantes. Tanto la situación social como el régimen
habitacional de la población afectada son heterogéneos; sin embargo, las
soluciones en esta materia deben tomar en cuenta las condiciones específicas de
las familias en términos de sus niveles de ingreso como un referente objetivo de
sus posibilidades de acceso a la vivienda y equipamiento conexo, de tal manera
que en el establecimiento de rangos de cuotas para el usufructo de viviendas no se
reproduzcan de manera automática los mecanismos del mercado inmobiliario
existente, que prácticamente impedirían la dotación de unidades a la población
afectada de menores ingresos.
Fotos: Pedro Valtierra

Los mecanismos participativos de la población deben contemplar su expresión y
presencia efectiva en todas las fases del proceso de reconstrucción; tanto la
planeación como la ejecución deben constituir ámbitos de responsabilidad
compartida, en los que el argumento técnico no se convierta en un obstáculo para
el involucramiento de la población interesada. Solamente de esta manera se
podrán instrumentar soluciones acordes a los intereses nacionales y que reflejen
posiciones de compromiso de los diferentes sectores; tal es el caso de la adopción
de alternativas tecnológicas apropiadas, tanto en las modalidades productivas que
se asuman en la reactivación implícita en el proceso de reconstrucción, como en la
rehabilitación de la infraestructura dañada; el uso extensivo de insumos nacionales
ante una limitación evidente de insumos y tecnologías importadas que podrían
aparecer atractivas frente a posibles situaciones de escasez relativa, dado el
incremento de la demanda de bienes y servicios; la prevención y vigilancia de la
especulación de los artículos básicos para la reconstrucción, así como de la
proliferación de prácticas monopólicas o acaparadoras que encarecerían
artificialmente el proceso en perjuicio de los intereses mayoritarios; el
aprovechamiento de la capacidad productiva del Estado que, con una adecuada
vinculación y apoyo del sector social de la economía reasigne prioridades y reactive
unidades que, ante la emergencia, pueden redefinirse como estratégicas.
Octubre, 1985.
Para demoler nuestras pirámides
México vive los años inciertos de una profunda transición histórica. Pocas
realidades expresan tan bien el carácter radical de esa transición, como el hecho
de que precisamente el proceso de centralización que por décadas dio al país
estabilidad, cohesión, modernidad y crecimiento sostenido, haya ido volviéndose
en los últimos lustros el más ostensible obstáculo para seguir alcanzando esas
metas.
La tragedia de septiembre ha regresado al primer plano de la opinión pública el
tema de la descentralización. Como objetivo de gobierno y como proceso social, la
descentralización tiene hoy hora propicia para ser nuevamente definida y
entendida por la sociedad; su necesidad debe ser discutida y sellada en la
conciencia de la nación con la misma fuerza fundadora con que, en algún
momento de los 40, quedó sellada la certeza centralizadora de que fuera de
México todo era Cuautitlán. He ahí un objetivo nacional de comunicación social.

La descentralización debe ser en primer lugar una descentralización política. No
avanzará realmente mientras no empiecen a ser desmontadas las cinco grandes
pirámides de concentración y privilegio que son el fruto genuino, aunque perverso,
de nuestra historia posrrevolucionaria.
La primera de esas pirámides es la de la administración pública federal, cuya
descentralización está lejos de agotarse con el cambio de oficinas a provincia:
implica una nueva relación federal con los poderes estatales y municipales y la
consolidación de nuevas instancias de negociación y acuerdo para el traslado
efectivo de facultades, funciones y recursos, que la Federación es ya incapaz de
ejercer con eficiencia nacional. Implica la desburocratización de los procedimientos
administrativos para que, en lugar de bloquear, agilicen el paso de los recursos
disponibles hacia los beneficiarios directos. Implica la adecuación y, en ocasiones,
la refundación de instituciones creadas hace 40 años, para un país de 25 millones
de habitantes, que parecen haber agotado su capacidad de cobertura sobre
demandas crecientes y crecientemente insatisfechas. Implica una revisión
descentralizadora de la totalidad de las políticas de inversión, producción,
comercialización, y de las fuerzas que surjan de ese vasto proceso. En suma, la
pirámide de la administración federal sólo podrá descentralizarse en el marco de
una amplia reforma de la organización del Estado.
En segundo lugar, está la pirámide de la producción y la distribución de bienes, un
acendrado y redituable esquema productivo que ha fomentado la radicación de
polos fabriles no cerca de sus insumos sino en medio de sus consumidores y ha
favorecido la consolidación oligopólica de una estructura comercial en la que un
puñado de firmas e instituciones -públicas y privadas- controlan más de dos tercios
de las operaciones. Parece indispensable establecer criterios descentralizadores en
todos los niveles de esa pirámide, empezando por la red de transportes y tarifas
que ha hecho costeable e inevitable la saturación y terminando por las
disponibilidades financieras que facilitan su reproducción.
La tercera pirámide es la de la inversión y asignación de recursos. Su
descentralización implica una decisiva y enérgica política de estímulos a nuevos
sectores y fronteras del desarrollo, una redefinición de prioridades productivas,
financieras y presupuestales para encontrar e inventar, en el sector social y en los
productores regionales activados por la descentralización, a nuevos actores -
descentralizados- del desarrollo económico. En pocos terrenos como en éste puede
el Estado plantearse, con la banca nacionalizada, una política creativa de inversión
y planeación, asumiendo imaginativamente la rectoría financiera del país.

La cuarta pirámide se refiere a la implantación territorial de los polos
concentradores, es decir, las tres ciudades mayores -México, Guadalajara y
Monterrey- que en 1982 acogían a una cuarta parte de la población del país, 53
por ciento del total de sueldos y salarios y 42 por ciento del personal ocupado. En
particular, parece inaplazable reconocer que la ciudad de México está en quiebra,
que tocó sus límites históricos y que la única salida nacional válida es desmontarla
lentamente hasta terminar, en un par de décadas, con el subsidio que recibe del
resto del país. Situaciones como las del "salvamento" financiero practicado por el
gobierno federal a la deuda del DDF a principios de esta administración, no
debieran repetirse.
La quinta y última pirámide es la organización política, la herencia del gran pacto
corporativo de los años 30 que incluye por igual a las cúpulas empresariales, a las
centrales obreras con sus sindicatos nacionales y al Partido Revolucionario
Institucional, la maquinaria legitimadora por excelencia de las decisiones políticas
de la cúspide de la pirámide: el Poder Ejecutivo Federal, el Presidente de la
República. Incluye también las más recientes corporaciones de la comunicación
masiva. Ninguna descentralización real podría dejar intactos los contenidos, los
hábitos, las clientelas y capacidades de negociación de estos caparachos
corporativos, cuya resistencia activa explica, en buena parte, por qué el esfuerzo
descentralizador de este gobierno avanza como en sordina.
Los mexicanos hemos tardado varias décadas en construir estas pirámides. La
tarea de desmontarlas no será menos lenta pero es la tarea que parece reclamar el
horizonte de nuestro fin de siglo, si México ha de encontrar una salida moderna a
su transición y a su crisis.
Por vocación política y por necesidad histórica, el trayecto descentralizador sólo
podrá ser impulsado por quien de hecho lo ha emprendido ya: el Estado mexicano.
Pero descentralizar no es ni puede ser sinónimo de desmantelar el Estado, sino en
realidad de lo contrario: hacerlo menos vulnerable en tanto más equilibrado, más
eficiente en tanto menos oneroso para la sociedad.
Un país con la estructura de desigualdades que arrastra México no puede
permitirse, a nombre de la sociedad civil y la descentralización, desmantelar la
instancia cuyas escuelas públicas, por ejemplo, dan servicio a 89 por ciento de la
matrícula educativa. Al falso dilema de elegir entre la sociedad civil y el Estado y a
la propuesta simplificadora de que debe haber menos Estado para que pueda
haber más sociedad, es posible oponer, para los años por venir, una fórmula

alternativa: necesitamos más Estado y más sociedad. Más Estado eficiente,
descongestionado y efectivamente rector, capaz de garantizar la democracia y a
fortaleza política interna, así como el cumplimiento de las tareas productivas y
distributivas básicas de la nación.
Más sociedad plural y diversificada, capaz de ejercer sus derechos políticos frente a
y dentro del Estado; más sociedad no oligopólica ni usurpada en su representación
por nuevas cúpulas corporativas; más sociedad abierta, igualitaria, descentralizada,
capaz de afirmar su iniciativa y su organización autónoma, como lo hizo
precisamente durante estos días trágicos, entre cuyos escombros estamos
obligados a descifrar y decidir nuestro futuro.
01/09/1983
Un Proyecto Posible y la Parálisis.
Carlos Pereyra.
Las crisis son síntoma inequívoco de las dificultades que un sistema tiene para
funcionar. Puede tratarse de dificultades removibles con cierta facilidad o de
impedimentos sustanciales inscritos en el corazón mismo del sistema. En el
vocabulario al uso, estas dos modalidades se distinguen con las expresiones crisis
coyuntural y crisis estructural. Los responsables de garantizar el funcionamiento
adecuado del sistema y, por tanto, su reproducción, tienden a negar la existencia
de dificultades aunque éstas puedan ser documentadas con amplitud inclusive en
análisis poco rigurosos, hasta llegado el punto en que su abrumadora presencia es
inocultable. Aún entonces, esos responsables (es decir, el grupo gobernante),
procuran hacer pasar toda crisis como meramente coyuntural. Si los traspiés del
sistema se vuelven demasiado severos, el grupo que posee el poder político
aceptará de palabra que se vive una crisis estructural, pero en los hechos se
esforzará por restablecer el funcionamiento del sistema con el menor número
posible de modificaciones y, en todo caso, se mantendrá dentro del campo de
variaciones que el mismo sistema admite.
Quienes actúan en la vida social con la perspectiva de impulsar transformaciones
profundas en el funcionamiento del sistema tienden, por el contrario, a considerar
hasta la dificultad más pasajera y transitoria como señal evidente de una
ineliminable crisis estructural. Se resisten a suponer que una crisis puede
circunscribirse a un aspecto específico del sistema y creen ver en todas partes
indicadores de que está trabado su funcionamiento global. Con frecuencia
rechazan propuestas orientadas a cambiar mecanismos particulares del sistema,
aun si la correlación de fuerzas no permite metas más ambiciosas y aun si tales
cambios representan la oportunidad de lograr mejores condiciones de vida y de

acción política para los dominados. En vez de la elaboración de alternativas
inmediatas capaces de articular un amplio movimiento social en torno a objetivos
definidos, se pretende la abstracta radicalización o el enfrentamiento en nombre
de postulados ideológicos últimos.
En el México de hoy hasta el discurso oficial ha terminado por reconocer
que el país vive una crisis económica estructural seria. Después de un
largo periodo en el que se prefirió hablar de baches, tropezones,
problemas de caja, etc., la sociedad vivió más de un semestre atosigada
desde arriba con datos sobre la gravedad de los males del sistema.
Parecía haberse generado una competencia entre gobierno y oposición para ver
quién describía la realidad en forma más oscura. Cierto es que en breve lapso
comienzan a multiplicarse, primero, los anuncios gubernamentales sobre el
imaginario control de la situación y, después, sobre la supuesta superación de la
crisis. También es cierto que las autoridades entraron en el juego ideológico de la
derecha, según el cual la corrupción pública es responsable fundamental de las
circunstancias y, en el mejor de los casos, el discurso oficial encuentra en la
política económica anterior -satanizada con el membrete del populismo- el origen
de los trastornos. De este modo, ha podido conciliarse el catastrofismo inicial con
la disposición a mantener el mismo rumbo que condujo al país a la encrucijada
actual.
Se puede convenir en que para reorientar la economía es preciso conseguir antes
su restablecimiento: detener la caída de la producción, evitar el desbordamiento de
la espiral inflacionaria, controlar el déficit del sector público y el saldo negativo de
la balanza comercial, etc. Una situación de crisis es siempre, sin embargo, un
momento de opciones. Nada indica que el programa inmediato de reordenamiento
económico está basado en proyectos que llevan a opciones diferentes a las que la
sociedad ya conoce. Surgen las preguntas obvias: ¿en qué consiste la novedad de
las políticas agraria, fiscal, monetaria, salarial... de comercio, industrialización,
inversiones extranjeras? ¿Cuáles son los planteamientos distintos para operar la
banca nacionalizada? ¿Cómo se enfrenta la redistribución negativa de la riqueza,
es decir, la caída en términos reales de salarios, precios de garantía y, en general,
de los ingresos de los trabajadores? ¿En qué actividades se concreta la defensa del
empleo? Sobre este programa se habla mucho, pero no hay información precisa al
respecto.
Tal vez se logre en un futuro próximo un ritmo inflacionario menos desaforado,
pero ello será posible, si uno se atiene al curso actual de las medidas oficiales, a
costa de la inversión pública y el gasto social, así como de una menor participación

del salario en el producto total. Nadie puede pretender que una administración
cuyas labores comienzan en un momento de desplome, pueda revertir el proceso a
unos cuantos meses de su instalación. Pero si debe exigirse que las metas de corto
plazo apunten hacia un esquema de relaciones sociales despojado de los vicios del
que desató tal desplome. Si en verdad se trata de una crisis estructural, su origen
está en la configuración misma de las relaciones sociales construidas en nuestro
país y en la forma como éste se inserta en los engranajes del capitalismo
internacional, no en los errores de tal o cual política económica o en los excesos de
la corrupción. Sin duda tienen algún peso esos errores y corrupción, pero sólo en
tanto agravantes de un problema que tiene raíces mas hondas.
Una política para la crisis sólo merece ese nombre si se propone la restructuración
del esquema de relaciones sociales y de los mecanismos de inserción de la
economía mexicana en el sistema mundial, es decir, si se apoya en un proyecto
nacional que abra nuevas perspectivas de vida para todos los mexicanos. Ello
significa una política agraria que, de una vez por todas, se plantee algo más que
seguir sobrellevando la agonía del sistema ejidal, una política de industrialización
que no prescinda del mercado interno potencial. Un país petroexportador en el que
entran alrededor de 15 mil millones de dólares anuales por venta de hidrocarburos
no debiera tener dificultades en el sector externo. Esas divisas (volatilizadas hoy
por el servicio de la deuda) bastarían para integrar la planta industrial e impulsar
procesos productivos orientados al mercado interno que permitirían un desarrollo
endógeno y autosostenido. Colocar las inversiones extranjeras y las exportaciones
en el centro de una estrategia anti-crisis equivale a sustituir el proyecto nacional
por el despliegue de la integración excluyente.
Ahora bien, una restructuración del sistema de relaciones sociales no podrá ser
resultado de la iniciativa gubernamental, sino del esfuerzo concertado de todos los
grupos sociales. Lo más alarmante de la situación que vive el país es el
desconcierto y confusión que parecen recorrer la sociedad de arriba abajo. Los
organismos de masas encuadrados en el partido oficial están casi borrados por una
parálisis que impide formular augurios optimistas. Los sectores medios han sido
llevados a un antigobiernismo ramplón, como lo muestra el auge de la derecha
panista no obstante carecer de un proyecto político propio. La izquierda organizada
no logra articular una alternativa popular y a veces se guía más por la lógica del
enfrentamiento que por una táctica capaz de ampliar su capacidad de convocatoria
y marco de influencia. No puede subestimarse el peligro de que la crisis
desemboque en mayor desintegración social.
01/07/1988
Los trabajos de una inteligencia.

Carlos Pereyra.
Carlos Pereyra, fundador de Nexos, participó en la revista con entusiasmo y
constancia. Miembro del consejo editorial, autor, promotor, crítico, nos acompañó
siempre con una cercanía entrañable que nunca dejó de lado el rigor intelectual.
Fue uno de esos raros colaboradores que tanto ayudan al desarrollo de las
publicaciones que buscan ser críticas, independientes y plurales. Cómo mínimo
homenaje, ofrecemos a nuestros lectores una antología de sus escritos en Nexos
durante diez años. Más allá del mero recuerdo, es evidente que su obra exige la
frecuentación sin tregua. Carlos Pereyra reflexionó sobre los principales asuntos de
la vida nacional con una profundidad que sigue siendo iluminadora. Su obra es una
lección a largo plazo, una obra viva.
I. LA DIMENSIÓN NACIONAL.
Hace ya mucho tiempo que en México no se da la experiencia de una verdadera
alianza entre clases populares y Estado, pues los gérmenes de tal alianza tuvieron
un rápido desarrollo bajo la forma de subordinación corporativa. A ello se debe la
presencia de dos tradiciones nefastas en la política mexicana: a) la creencia, muy
difundida entre los partidarios del nacionalismo revolucionario oficial, de que toda
lucha por la democratización y la independencia de los organismos sociales,
equivale a la ruptura definitiva con el Estado y debe ser combatido; b) el
convencimiento, característico de la izquierda elemental, de que toda alianza es
por principio la máscara del sometimiento o una vía a la claudicación y que, en
consecuencia, sólo el enfrentamiento directo con el Estado garantiza la
independencia y el desarrollo de una línea propia. Más allá de esas posiciones que
de manera sistemática han conducido al oportunismo o al aislamiento, la dinámica
histórica del país le plantea a la clase obrera y a los demás sectores sociales
oprimidos la tarea de avanzar durante una prolongada etapa donde lo central será
la acumulación de fuerzas, la construcción de organismos democráticos e
independientes. Ese nuevo proyecto de clase no sólo incluye sino exige el
establecimiento de alianzas con los núcleos del Estado fieles a su
tradición originaria: la revolución de 1910.
"¿Quién mató al comendador? Notas sobre estado y sociedad en México", Nexos
13, 1979.
Dibujo de José Hernández

El izquierdismo se inclina a pensar que la época de las luchas nacionales quedó
clausurada y, por tanto, que los problemas sociales del capitalismo contemporáneo
son comprensibles desde una óptica analítica en la cual la categoría "clase" no deja
lugar para la categoría "nación". Con base en el supuesto de la actualidad siempre
permanente de la revolución socialista, se concibe a ésta como una tarea práctica
inmediata en todo momento y lugar, cuyo cumplimiento no puede ser sino
demorado por las reivindicaciones nacionales. Se invoca en forma monótona la
tesis marxiana (apelando más al principio de autoridad que a la validez intrínseca
del planteamiento) según la cual el nacionalismo no es consustancial al
proletariado, sino apenas un instrumento ideológico manipulado por la burguesía
para ejercer y reproducir su dominación. En el campo de visibilidad de este
pensamiento no hay espacio para los objetivos nacionales frente a los cuales la
actividad política del izquierdismo mantiene una suicida relación de exterioridad.
Las consecuencias son previsibles: la lucha por el socialismo, aunque propuesta en
nombre del movimiento obrero, permanece ajena a la dinámica del pueblo-nación,
cuya problemática se asimila sin fundamento al interés de la burguesía.
"La dimensión nacional", Nexos 44, 1981.
Los mejores momentos de la historia mexicana han sido justamente nacionalistas.
México ya dio pasos nacionalistas previos, aunque no tuvo que pasar por una
guerra de liberación nacional como Argelia, Angola o Centroamérica. En México
hay un grado de consolidación de la nación mucho mayor al de otros países
periféricos. Hay también una consolidación del Estado nacional por esa historia de
afirmación nacional.
Sin embargo, sólo se trata de un grado mayor pero todavía hay un camino enorme
por recorrer. Cuando digo que lo nacional puede articular movimientos populares,
quiero decir que las reivindicaciones sectoriales o de clase que no se engarcen en
un proyecto alternativo de nación, pese a sus conquistas, dejarán inalterada la
situación de fondo de la estructura nacional. Los movimientos articulados en un
proyecto nacional alternativo podrían convertirse en una nueva ruptura que dé a la
nación mexicana perspectivas de desarrollo como las que le dio el movimiento
nacional en el pasado. Digamos que se trataría de un nuevo nacionalismo.
"Conversación con Carlos Pereyra: La tentación de pensar la historia", Nexos 83,
1984.

II. LA DISCUSIÓN TEÓRICA
El modelo de comprensión teleológica se presenta como una alternativa plausible
frente a las dificultades -efectivas o atribuidas- observables en la explicación causal
de los acontecimientos históricos. La formulación de ese modelo constituye una
vuelta de tuerca encaminada a reelaborar la antigua idea de que es ilegitimo
transferir a las "ciencias humanas" los procedimientos explicativos utilizados en las
ciencias naturales. Las versiones contemporáneas buscan despojar a la teoría de la
comprensión histórica de sus implicaciones sicologistas más burdas como las
resultantes, por ejemplo, del papel desempeñado por la noción "empatía" en el
discurso de los sostenedores de las ciencias "ideográficas" en el siglo XIX. Como
señala von Wright, "no es sólo a través de este giro sicológico, sin embargo, que la
comprensión puede diferenciarse de la explicación. La comprensión está también
conectada con la intencionalidad de una manera en que la explicación no lo está".
La intencionalidad es el punto decisivo en los actuales desarrollos de este enfoque
a tal extremo que, en una respuesta a sus críticos, von Wright precisa: "no deseo
emplear más el nombre 'explicación teleológica' para el modelo explicativo en
cuestión ... me parece que 'explicación intencionalista' es el mejor nombre para
éste".
"La intención en la historia (una discusión filosófica)", Nexos 33, 1980.
Debe tomarse en serio la afirmación de Marx según la cual él no era marxista. En
rigor, nadie debería serlo. En primer lugar porque la expresión misma de marxismo
o la declaración individual yo soy marxista confiere tanto al trabajo teórico como a
la lucha política un aire de secta religiosa poco recomendable. Pero, además,
porque no hace falta ninguna profesión de fe marxista para desarrollar una
actividad intelectual en un sentido concurrente con el trazado por Marx ni para
participar en el combate contra la forma capitalista de la modernidad. Por lo
demás, una vez asumido el membrete marxismo, es muy difícil dejar de ver
pensamiento burgués en todo lo que está fuera del marxismo. No puede extrañar,
por ello, que la tradición marxista se haya deslizado mucho más de lo deseable en
el camino de la exégesis escolástica de lo que verdaderamente dijo Marx, con el
consiguiente desconocimiento e ignorancia de lo que se produce en otros ámbitos
de la filosofía y de la ciencia. Se produce así una situación incómoda, no sólo
porque los marxistas tienden con frecuencia a ignorar elementos valiosos de la
cultura moderna, sino también porque el marxismo está muchas veces ausente de
la confrontación crítica y el debate contemporáneos. En filosofía política, por
ejemplo, pero también en teoría económica y en otros campos del saber, aparecen

y se desarrollan programas teóricos que exigen una atención crítica que con
frecuencia los marxistas no están en capacidad de satisfacer.
"Señas de identidad", Nexos 122 1988.
Renunciar a la idea del sujeto de la historia exige renunciar también a la idea de
fin hacia el cual el proceso histórico se encamina. Pero, volviendo al peso que tiene
la historia anterior, ya no sólo en los acontecimientos políticos, sino en la propia
reflexión sobre la historia, creo que esta idea del sujeto que permea la tradición
historiográfica y la filosofía de la historia, es la secularización de la vieja tesis de
raigambre religiosa, donde Dios es el sujeto de la historia. Esta idea se seculariza
de muy diversas maneras y se podría membretar como liberal al enfoque
secularizador: "el sujeto es el individuo, cada individuo, todos nosotros somos
sujetos de la historia". Habría gradaciones, de manera que individuos que ocupan
papeles más relevantes en la sociedad son sujetos en un sentido más definitivo.
Pero también en Marx está la idea secularizada de un sujeto divino: una clase
social a la que se atribuye la misión (palabra de connotaciones también religiosas)
de emancipar a la humanidad. Toda la historia del movimiento socialista muestra
que no es sostenible la idea de que es la clase obrera la llamada, con quién sabe
qué valores inherentes a ella, a encabezar un proceso de transformación social.
Independientemente de que la noción del sujeto secularice la idea religiosa del
sujeto divino, si abandonas la noción del sujeto, tienes que plantearte si la historia
tiene un fin. También aquí, y la discusión en filosofía es muy larga al respecto, los
argumentos más sólidos están del lado de quienes rechazan un fin hacia el cual se
encamina el proceso.
"Conversación con Carlos Pereyra: La tentación de pensar la historia", Nexos 83,
1984
III. COYUNTURAS
El hecho no es sólo que la nacionalización bancaria no va acompañada de un
movimiento de masas (en última instancia eso podría ser prescindible) sino que no
va acompañada de relaciones de poder favorables a esa medida, y no sólo en el
conjunto de las fuerzas que tienen un poder en el país, sino incluso dentro del
grupo gobernante. En este sentido es más profundamente antidemocrática y, en

consecuencia, más vulnerable, porque si las relaciones de poder son ésas, no se ve
dónde pueda estar la continuidad de tal medida.
Participación en el debate "La banca que quedó", Nexos 83, 1984.
Como siempre que se proponen cambios y modificaciones, en esta ocasión hay
que enfrentar las inercias, que aquí son de doble tipo: las inercias de quienes
suponen de antemano que cualquier propuesta de cambio y modificación, por el
sólo hecho de venir de una autoridad, es dañina y objetable; y las inercias de
quienes, también porque la propuesta viene de la autoridad, dan su apoyo de un
modo automático e incondicional y lanzan una catarata de desplegados en la
prensa, sin que esto signifique una mayor contribución al debate de la comunidad
universitaria. De cualquier modo, y como en todo proceso de cambio, creo que
llegará un segundo momento en el que quedarán superadas esas inercias y se
podrá reflexionar en forma mucho más serena y eficaz.
Participación en "La disputa por la UNAM", Nexos 110, 1987.
IV. EL SOCIALISMO Y LOS SOCIALISTAS
Así como el Estado no es instrumento, representante o A expresión política de la
clase dominante, tampoco él o los partidos con orientación socialista pueden ser
pensados en esos términos respecto de la clase obrera. Ahora bien, más allá de la
aceptación o rechazo de la tesis anterior, lo cierto es que ni el Estado ni el partido
revolucionario constituyen canales únicos de acción política de las clases
fundamentales. La distinción gramsciana entre países orientales con una sociedad
civil gelatinosa y países occidentales donde la sociedad civil está compuesta por
una robusta cadena de trincheras apunta, precisamente (al igual que la hipótesis
derivada de esa distinción sobre la necesidad de transitar de la guerra de
maniobras a la guerra de posiciones), al reconocimiento de la pluralidad de formas
políticas orgánicas observables en los países de capitalismo maduro. La forma
partido no contiene la totalidad del movimiento socialista ni es tampoco la
vanguardia esclarecida cuya labor pedagógica de difusión del saber socialista opera
como única vía de acceso del movimiento social a los niveles más elevados de
conciencia. No se trata, por supuesto, de negar el papel articulador básico de la
forma partido, pero sí de insistir en que lo político no está ausente del movimiento
social y no se concentra exclusivamente en esa forma partido.

"Partido y sociedad civil", Nexos 49, 1982.
Quienes se apresuran a consignar el fracaso del socialismo sin incorporar en el
análisis las condiciones de atraso económico, político y cultural de las sociedades
donde se produjo la ruptura anticapitalista, sólo consiguen exhibir los supuestos
voluntaristas e idealistas de su discurso. Ahora bien, desde los procesos de Moscú
en los años treinta hasta el aplastamiento de la movilización obrera en Polonia a
comienzos de los ochentas, han ocurrido demasiadas cosas para seguir
machacando la tesis de que la trayectoria del socialismo real se explica sólo por las
modalidades que impone la lucha de clases en escala mundial. Los países
poscapitalistas no son más un factor propulsor del movimiento socialista mundial
sino un poderoso desestímulo de éste, a pesar de la apreciable ayuda real que
brindan a otros procesos de ruptura anticapitalista.
"Sobre la democracia", Nexos 57, 1982.
El asunto de la democracia es inseparable de la cuestión del socialismo. Justo
porque en las sociedades capitalistas la democracia es siempre restringida o de
plano erradicada, es preciso concederle un lugar central en todo proyecto de
cambio social en la dirección mencionada. Si bien en los países capitalistas del
centro, la prolongada lucha de clases dominadas y las favorables condiciones
creadas por la capacidad de arrancar excedente producido en el resto del mundo,
han conducido a significativos avances en la democratización social, una
abundante experiencia histórica muestra que la dinámica propia del capitalismo
periférico es profundamente hostil a los menores resquicios democráticos. Aquí la
democracia será resultado del movimiento popular o no será. Una preocupación
consecuente por las perspectivas democráticas en el Tercer Mundo no excluye,
todo lo contrario, la preocupación similar al respecto a tales perspectivas en el
socialismo real. La circunstancia de que el neoconservadurismo haya hecho una
plataforma publicitaria, no exime a la izquierda de reflexionar críticamente sobre su
actitud ante el problema de la democracia, no sólo en referencia a su tratamiento
teórico de la cuestión, sino también en relación con los efectos de su práctica
política.
"La democracia suspendida", Nexos 75, 1984.

Es inútil contraponer reforma y revolución y más equivocado aún suponer que son
producto de la libre decisión de las fuerzas socialistas. Nunca ha habido una
revolución allí donde el camino de las reformas está abierto. Las revoluciones (en
el sentido estrecho de enfrentamiento final) sólo ocurren en situaciones históricas
completamente bloqueadas y ello no es producto de la iniciativa de los socialistas
sino resultado del propio proceso histórico. Es ridículo pretender que la vía
adoptada por el movimiento socialista en Europa, por ejemplo, es consecuencia de
la traición de la socialdemocracia o de los eurocomunistas. Más allá del análisis
crítico que pueda realizarse sobre el comportamiento político de estas fuerzas, es
obvio que el carácter general de su actividad no se comprende en términos tan
grotescos como los contenidos en el reproche de que abandonaron el marxismo
revolucionario. En cada situación histórica las tareas de los socialistas vienen
definidas por las circunstancias existentes, no por una receta doctrinaria de
supuesta validez universal.
"Democracia y revolución", Nexos 97, 1986.
El PRI copó tantos espacios políticos durante muchos decenios, que entre otros
copó el espacio de un posible partido socialdemócrata. Una izquierda de
catacumba, muy adherida a procesos ideológicos y políticos no vinculados a la
historia nacional, hizo aún más inviable la aparición de una fuerza socialdemócrata
en sentido estricto. Pero creo que la erosión del PRI, que deja de ocupar los
espacios omniabarcantes que antes ocupaba, y la maduración de la sociedad
mexicana, hacen que la gestación de una fuerza socialdemócrata esté en el orden
del día, o sea una fuerza que se plantee la transición de la sociedad mexicana por
la vía de los procedimientos institucionales y no por la vía de la violencia o la
insurrección. Esto probablemente se gestará en un proceso lento. Creo que, en
efecto, estamos frente a un requerimiento social que las fuerzas políticas de
izquierda irán satisfaciendo poco a poco.
Participación en "La sucesión presidencial", Nexos 116, 1987.
V. DEMOCRACIA Y SOCIEDAD CIVIL
Se ha difundido en la literatura socialista un concepto monstruoso: democracia
burguesa. Dicho concepto esconde una circunstancia decisiva de la historia

contemporánea: la democracia ha sido obtenida y preservada en mayor o menor
medida en distintas latitudes contra la burguesía. El concepto democracia
burguesa sugiere que el componente democrático nace de la dinámica propia de
los intereses de la burguesía como si no fuera, precisamente al revés, un
fenómeno impuesto a esta clase por la lucha de los dominados. Desde el sufragio
universal hasta el conjunto de libertades políticas y derechos sociales han sido
resultado de la lucha de clases.
"Sobre la democracia", Nexos 57, 1982.
Cuando las inquietudes por la fuerza del Estado tienen su origen en la expropiación
bancaria, por ejemplo, y no en el sistema corporativo que ahoga a los organismos
sociales, no es difícil comprender el sentido de tales inquietudes. Que no vengan
los tardíos descubridores de la sociedad civil a manipular el fantasma de la falsa
identidad Estado fuerte = totalitarismo. Lo que hace falta en México es
democratizar al Estado, no debilitarlo. Un Estado fuerte no es necesariamente un
estado autoritario; nada impide constituir un Estado fuerte y democrático. De igual
modo, hace falta el fortalecimiento del polo dominado de la sociedad civil y no el
fortalecimiento tout court de ésta. No es la tonificación de Televisa y el Consejo
Coordinador Empresarial, por ejemplo, lo que permitirá a la sociedad mexicana
salir de la crisis y eliminar las condiciones estructurales que condujeron a ella,
como tampoco permitirá avanzar en el proceso de democratización. Mejor
distribución de la riqueza y mayor democracia no serán frutos de los promotores
de México en la libertad, ni de la dinámica propia de los gobernantes, sino de la
capacidad del polo dominado de la sociedad civil para imponer una reorientación
global de la cosa pública en México.
"Los dados del juego", Nexos 60, 1982.
La autonomía de la sociedad civil constituye el asunto más delicado porque no es
algo que pueda obtenerse mediante la modificación de leyes, sino que será
resultado del propio desarrollo y maduración de las diversas fuerzas sociales. Tal
vez la pregunta más interesante para la discusión es: ¿cuál puede ser el agente
impulsor de la democratización?, ya sea por medio de esas vías o de otras. La
iniciativa gubernamental tiene límites muy inmediatos, como para que se pudiera
pensar en el gobierno como agente impulsor. Aun cuando en el pasado lo ha sido,
como lo prueba la reforma política independientemente de que ésta haya sido
también consecuencia de movimientos y presiones populares, no creo que se
pueda confiar, pese a ese antecedente, en que la democratización futura del país

tendrá como agente central al propio aparato gobernante. Parece mucho más
improbable en las actuales condiciones de crisis económica, pero aún sin pensar en
ésta, la cuestión va más allá de la voluntad política.
No creo que se trate de un asunto de presencia o ausencia de voluntad política de
los gobernantes, porque en mi opinión la forma actual del Estado mexicano es
incompatible con un sistema político distinto al del partido único (o dominante),
por lo que la iniciativa gubernamental sólo se desplegaría en circunstancias que
volvieran obligada la transformación del Estado, es decir, su cambio de forma.
Para pensar al aparato gobernante como agente impulsor de la democracia, habría
que pensar este aparato como motor de una transformación del Estado mismo, lo
que no parece concebible a menos que se encuentre en circunstancias sociales tan
críticas que se vea obligado a un cambio en la forma del Estado. Si dejamos de
lado las situaciones límite, no es fácil imaginar al gobierno como agente impulsor
de la democracia.
"La víspera de las urnas", Nexos 87, 1985.
La endeble argumentación presentada por quienes defienden - desde el poder- la
conveniencia de congelar a los capitalinos en calidad de subciudadanos incapaces
de elegir a sus autoridades locales, exhibe por sí misma hasta qué punto es
insostenible la decisión de someter a millones de habitantes a una administración
designada por el titular del Poder Ejecutivo y sobre la cual los gobernados no
pueden ejercer siquiera la más elemental forma de participación: depositar su voto
en las urnas. Desde que el gobierno optó en 1928 por suprimir el ayuntamiento de
la capital, el conglomerado humano más compacto del país ha vivido una suerte de
marginación política paralela a la que en los planos económico y social padecen
muchos de sus integrantes. Han transcurrido ya varios decenios sin que la
oposición de izquierda y derecha haya tenido el menor éxito en su demanda de
restaurar los derechos políticos de los capitalinos, no obstante el autoritarismo
estimulado por la renuencia oficial. Si en las más recónditas aldeas de la geografía
mexicana los caciques imponen la ley de la fuerza para anular los derechos
ciudadanos, en el lugar de máxima concentración demográfica se produce el
mismo resultado mediante la fuerza de la ley.
"Urnas para la urbe", Nexos 99, 1986.

Por generoso que se quiera ser en el reconocimiento de los espacios conquistados
en el proceso de democratización creo que el régimen político mexicano es
autoritario. Un autoritarismo tolerante, tal vez. Llega a ser desesperante la lentitud
con la cual este autoritarismo cede algún espacio en este muy lento proceso
democratizador. La democratización mexicana tiene que pasar, forzosamente, por
el hecho de que un Estado nacional sólidamente constituido se democratice. Me
parece que otra posibilidad de la democracia es la presencia precisamente, de
nuestro sólido Estado nacional, el hecho de que México ha recorrido un largo
trecho en ese camino. Así, el principal obstáculo para la democratización se halla
en el presidencialismo. De ahí que me parezca también muy difícil la posibilidad de
que sea la presidencia desde donde se trace el camino para los avances
democráticos. Un segundo escollo es la existencia de un Partido del Estado. Veo
difícil los avances en la democratización mexicana mientras no se elimine la
existencia de ese Partido del Estado; o más aún, un Estado cuya forma de
funcionamiento sólo se concibe con el PRI en el gobierno.
Participación en "La reforma democrática", Nexos 117, 1987.
Hay que insistir en que la clase obrera y las demás clases dominadas no son, por
efecto de quién sabe qué efectos mágicos del modo capitalista de producción, un
sujeto socialista ya constituido. Son fuerzas sociales con potencialidad para
convertirse en fuerza política transformadora, pero esa potencialidad sólo puede
desplegarse en espacios democráticos ganados antes y después de la toma del
poder. "Es de la confrontación con mundos ideológicos, culturales y políticos
diversos y antagónicos de donde el sujeto popular se nutre para poder desarrollar
su alternativa" (Moulian). Democratización y socialización son dos caras de un
mismo y único proceso.
"Sobre la democracia" Nexos 57. 1982.
01/02/1988.
Señas de identidad.
Carlos Pereyra.
Tomaré como punto de partida la definición elemental de marxismo ofrecida por
Norberto Bobbio en algún lugar: "por marxismo se entiende el conjunto de ideas,
conceptos, tesis, teorías, supuestas metodologías científicas y de estrategia
política, en general la concepción del mundo, de la vida asociada y de la política,
considerada como un cuerpo homogéneo de proposiciones hasta llegar a constituir

una verdadera 'doctrina', que se puede extraer de las obras de Karl Marx y
Friedrich Engels". Respecto a la inclusión de Engels, el propio Bobbio anota, que
en el interior del marxismo se ha manifestado a veces la tendencia a distinguir el
pensamiento de Marx del de Engels. Dicho en términos más precisos, a veces se
ha manifestado la tendencia a negar que ciertas formulaciones de Engels (en
relación con la dialéctica de la naturaleza, para mencionar un ejemplo entre otros
posibles) corresponden en sentido estricto al pensamiento de Marx y a negar, por
tanto, que formen parte del cuerpo doctrinario del marxismo. Por lo demás,
aunque en la definición elemental de Bobbio el marxismo queda restringido a la
obra de Marx y Engels, lo más habitual es considerar que esta obra ha sido
ampliada, prolongada y enriquecida por muchos otros, ya sea con participación
destacada como dirigentes políticos (Lenin, Gramsci, Rosa Luxemburgo, por
ejemplo), o muchos más que tienen una obra teórica de peso cualquiera que haya
sido su intervención en sus respectivas circunstancias políticas inmediatas.
Dibujos de Luis Amaro Saéz
Lo que quiero señalar con esta forma de abordar el tema es que si ya era muy
problemático considerar el conjunto de ideas, conceptos, tesis, teorías, etc., de
Marx como "un cuerpo homogéneo de proposiciones", en los términos de la
definición de Bobbio se vuelve imposible mantener incluso el más débil sentido de
homogeneidad cuando la etiqueta marxismo engloba, junto a Marx y Engels, a
docenas de otros intelectuales. El término marxismo se acuñó por motivos
ideológico-políticos, pero empleado en un sentido analítico ha dejado de tener, si
alguna vez lo tuvo, un referente preciso. Prácticamente todas las ideas, conceptos,
tesis, teorías, etc., que pudieran proporcionarse como candidatos a figurar en el
cuerpo de creencias y proposiciones propias del marxismo han sido y son objeto
de discusión por parte de quienes en un sentido más o menos fuerte se asumen
como marxistas. Son tantas y tan variadas las interpretaciones que del marxismo
ofrecen sus propios protagonistas, que hace ya mucho tiempo se habla más bien
de marxismos, en plural, lo que indica hasta dónde la designación es ambigua y
confusa.
La situación no es distinta si en vez de pensar el marxismo en términos de ideas
conceptos, tesis y teorías positivas o sustantivas, se le piensa ya sea en términos
de un método, según la sugerencia lukacsiana de Historia y conciencia de clase o
en términos de un discurso critico radical de la modernidad capitalista. En efecto,
no parece factible construir una versión unívoca del método marxista que fuera
aceptable para la totalidad de quienes se colocan en esta perspectiva. Asimismo, la
idea de que marxismo remite a un discurso crítico radical anticapitalista, carece de

fuerza como para delimitar con mínima precisión el ámbito de lo que pueda o deba
entenderse por marxismo. A finales del siglo veinte sigue tan viva como a
mediados del siglo pasado la necesidad de someter a critica las formas que adopta
el desarrollo de la modernidad capitalista y es, por supuesto, tan actual como
siempre la necesidad de asociar esa teoría critica a una práctica política que
busque las vías de la transformación social, pero ni una cosa ni la otra bastan para
delinear con claridad una posición específicamente marxista.
Antes de la irrupción de Marx en la cultura moderna ya se había generado el
movimiento social y cultural que buscaba superar las modalidades específicamente
capitalistas de la modernidad. Por decisiva que haya sido la contribución de Marx
al esclarecimiento de las raíces de ese movimiento social, y por vigoroso que haya
sido su aporte para el despliegue y fortalecimiento del mismo, estas razones no
bastan para identificar marxismo y movimiento socialista. Menos aún cuando
asistimos desde hace largo tiempo a la crisis de ciertas instituciones en las que
históricamente cristalizó el proyecto político de Marx, las cuales no pueden
disociarse sin más de ese proyecto. La conversión del marxismo en doctrina oficial
de estados despóticos es algo que no puede considerarse completamente ajeno a
determinados rasgos inscritos en el núcleo mismo del proyecto político marxista.
Así como resulta necio desconocer hasta dónde el ejercicio normal de las ciencias
sociales no puede prescindir de herramientas analítico-conceptuales producidas por
Marx y por la tradición derivada de su obra, es igualmente necio pretender -tanto
desde el punto de vista del conocimiento de la realidad como desde la óptica de la
lucha por superar la modalidad capitalista de la modernidad- que el llamado
marxismo, cualquier cosa que signifique, ofrece todo lo que se requiere.
Debe tomarse en serio la afirmación de Marx según la cual él no era marxista. En
rigor, nadie debería serlo. En primer lugar porque la expresión misma de marxismo
o la declaración individual yo soy marxista confiere tanto al trabajo teórico como a
la lucha política un aire de secta religiosa poco recomendable. Pero, además,
porque no hace falta ninguna profesión de fe marxista para desarrollar una
actividad intelectual en un sentido concurrente con el trazado por Marx ni para
participar en el combate contra la forma capitalista de la modernidad. Por lo
demás, una vez asumido el membrete marxismo, es muy difícil dejar de ver
pensamiento burgués en todo lo que está fuera del marxismo. No puede extrañar,
por ello, que la tradición marxista se haya deslizado mucho más de lo deseable en
el camino de la exégesis escolástica de lo que verdaderamente dijo Marx, con el
consiguiente desconocimiento e ignorancia de lo que se produce en otros ámbitos
de la filosofía y de la ciencia. Se produce así una situación incomoda, no sólo
porque los marxistas tienden con frecuencia a ignorar elementos valiosos de la
cultura moderna, sino también porque el marxismo esta muchas veces ausente de
la confrontación crítica y el debate contemporáneos. En filosofía política, por

ejemplo, pero también en teoría económica y en otros campos del saber, aparecen
y se desarrollan programas teóricos que exigen una atención crítica que con
frecuencia los marxistas no están en capacidad de satisfacer.
El pensamiento de Marx, elaborado en un período de aproximadamente cuarenta
años, no está conformado, ni podía estarlo, por un cuerpo homogéneo de
proposiciones. Al lado de numerosos elementos teóricos sin los cuales no es
posible pensar la modernidad capitalista y la reacción social contra esta forma de
la modernidad, hay muchos otros elementos insostenibles.
No se trata de examinar aquí tesis puntuales de Marx a las que cabe objetarles
estar demasidado subordinadas a tentaciones economicistas o a enfoques propios
del reduccionismo sociológico, pero si me quiero referir a una cuestión que afecta
el núcleo mismo de su programa teórico y político, es decir, el intento de dar
cuenta, a la vez, de los mecanismos específicamente capitalistas de la modernidad
y de los resortes del movimiento social orientados a eliminar esa especificidad
capitalista. Se trata de lo que podría denominarse ceguera política de Marx o, en
otras palabras, insuficiencia en su elaboración discursiva de un espacio para
pensar la política. Hay una paradoja en el hecho de que el esfuerzo conceptual
más definidamente orientado a pensar el problema de la cancelación de la
especificidad capitalista de la modernidad, ofrece, sin embargo, posibilidades
limitadas para entender el lugar de la política.
El mismo movimiento conceptual que ilumino tanto la lógica interna de esa forma
especifica de la modernidad como ciertas características de la iniciativa social
contraria a tal forma, bloquea, a la vez, el entendimiento de los procesos políticos
en virtud de los cuales eventualmente se transitara a otras formas de modernidad.
Las dificultades para pensar la política se concretan, por lo menos, en tres
cuestiones diferentes pero relacionadas: a) una concepción que tiende a suponer
la inevitabilidad de cierto futuro histórico el cual seria resultado de una lógica dada
de la estructura social capitalista, lo que lleva a la visión de un futuro
predeterminado; b) una concepción escatológica por la cual la transformación
social más que proceso en curso seria resultado de un acto puntual de
confortación revolucionaria; c) la idea de que las clases sociales son por si mismas
sujetos políticos constituidos como tales.
Habría que considerar la obra de Marx, como en diferentes planos intelectuales
ocurre con cualquier clásico, como punto de partida necesario pero no suficiente

para pensar críticamente la modernidad capitalista y para impulsar el tránsito a
otra forma de modernidad.
01/01/1988
El impacto cubano.
Carlos Pereyra.
Hoy es difícil reconstruir el impacto que la Revolución Cubana generó a comienzos
de los años sesenta. En todo el subcontinente y, en menor medida, también en
México, pareció entonces que la ruptura histórica vivida en la isla caribeña era el
signo anunciatorio de grandes transformaciones en todos los demás países de la
región latinoamericana. La ilusión del salto revolucionario, siempre alimentada por
la izquierda de esta zona del planeta, tuvo de golpe la imagen de su segura
actualización. La idea de la transformación social como proceso instalado de una
vez por todas gracias a la acción decidida de una vanguardia esclarecida, dejaba
de ser una creencia con misteriosas y lejanas evocaciones para convertirse en
convicción sólidamente asentada en los hechos de la geografía cercana y de la
historia presente. Sólo los derrotistas podían seguir atados a la idea de que la
transformación social es un proceso de larga duración, pues la experiencia cubana
mostraba que inclusive la torpe agresividad militar estadunidense podía ser
contrarrestada por la disposición revolucionaria del pueblo.
El desembarco en Bahía de Cochinos permitió reeditar, aunque a final de cuentas
no fueron necesarias, la formación de brigadas de voluntarios internacionalistas. El
socialismo, se creía y la historia cubana parecía confirmarlo, era cuestión de
voluntad. Si el izquierdismo había acechado siempre a los socialistas
latinoamericanos, en los inicios de la década de los sesentas esa enfermedad
recrudeció, sobre todo por la imagen simplista que de su propia revolución
divulgaron los dirigentes cubanos.
01/01/1988
La costumbre de reprimir.
Carlos Pereyra.
A pesar de la recurrente tentación de explicar la cruenta respuesta gubernamental
al movimiento estudiantil de 1968 como producto de las pasiones desatadas en la
cúspide del aparato que ejerce el poder político en México, una visión retrospectiva
de la historia reciente del país muestra que esa respuesta encuadra con facilidad
en una lógica de gobierno que abarca el periodo iniciado en 1940 y que encuentra
su última expresión precisamente en 1968, con el resabio posterior del jueves de
Corpus en 1971.

En efecto, desde el ametrallamiento en los comienzos de la gestión de Avila
Camacho de cooperativistas dedicados a elaborar uniformes y equipo para las
fuerzas armadas hasta la noche de Tlatelolco durante la administración de Díaz
Ordaz, el signo de la violencia marca las relaciones del gobierno con el
descontento social, tanto en el ámbito agrario donde el encarcelamiento de Jacinto
López y el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia simbolizan la intransigencia
antiagrarista oficial, como en el medio sindical, donde a los golpes de fuerza para
implantar el charrismo en gremios clave durante el régimen de Alemán les suceden
las formas de represión extensiva a ferrocarrileros y maestros en tiempos de López
Mateos. Los ejemplos pueden multiplicarse en otras dimensiones de la vida social:
la matanza de henriquistas en la Alameda, la ocupación militar del Instituto
Politécnico Nacional, la represión a manifestantes (incluido el grupo priísta)
solidarios con la Revolución Cubana, la dureza opuesta a las reivindicaciones de
médicos empleados en instituciones de salud pública, etc.
1968 aparece, pues, como culminación desmedida de una lógica de gobierno que
alcanza entonces extremos que obligan a su revisión. Nadie podría garantizar que
esa lógica fue eliminada para siempre, pero la transición democrática cuyo
despliegue es visible en los últimos veinte años ha creado mecanismos de
tolerancia y respeto a la diversidad antes desconocidos. Al parecer, la historia
avanza, en efecto por el lado malo y la barbarie de 1968 creó condiciones de
posibilidad para el tránsito democrático.
01/08/1987
La sucesión presidencial, II.
Héctor Aguilar Camín, José Carreño Carlón, Rolando Cordera, Sociedad
Loaeza, Juan Molinar, Carlos Pereyra, Arturo Warman.
FORO DE NEXOS.
Dibujos de Patricia Soriano
Nexos: ¿Qué podría decirse del clima en que se da esta sucesión presidencial? Se
afirma que el mecanismo de sucesión tradicional está desgastado. ¿En qué
consiste ese desgaste?

Arturo Warman: Creo que hay una condición nueva en la sucesión de este año. Las
últimas cinco o seis sucesiones habían consistido en la elección de un
administrador del crecimiento, dentro de un proyecto sólidamente enraizado en el
sistema político y eficaz en sus resultados. En ese sentido, la sucesión tenía una
carga política débil: el proyecto estaba delineado. Primero el desarrollo
estabilizador, después el crecimiento acelerado. Se debatían pequeñas
desviaciones del proyecto en una dirección o en otra, no cuestiones sustanciales.
Creo que incluso la sucesión de Miguel de la Madrid se dio en este clima. De la
Madrid fue elegido como el administrador idóneo de un proceso que en lo
fundamental no había sido contradicho o cuestionado. Pero esto cambió, el
proyecto de desarrollo se derrumbó en el plazo de la actual administración y hay
ahora una oscura demanda social de muchos sectores de la sociedad por un
liderazgo auténticamente político. Evidentemente, el sistema sucesorio del PRI no
está capacitado para atender esta demanda. Es un sistema afinado para responder
a sucesiones que no eran fundamentalmente políticas. Nos enfrentamos a una
contradicción en la que operan mecanismos anteriores frente a una situación
nueva. Creo que esto no va a influir en el proceso de selección del sucesor, pero
se va a manifestar en el programa de gobierno del sucesor, quienquiera que sea.
Por otra parte, no creo que el poder presidencial esté globalmente disminuido en
sus facultades sucesorias. El poder presidencial ha sido restringido, se le han
quitado áreas de decisión económica y política, pero esto no ha afectado su
fortaleza. Por el contrario, tal vez la ha incrementado en las áreas que el
presidente todavía conserva, como la de la sucesión. En este sentido no creo que
haya un cambio fundamental. El poder del presidente para elegir a su sucesor no
parece mermado, incluso parece aumentado, como una compensación frente a las
áreas en que el poder presidencial se ha debilitado. Creo entonces que el
presidente actual elegirá a su sucesor en función de la dinámica antigua: nombrar
el nuevo administrador. Pero creo que el elegido tendrá que enfrentarse a una
situación que exigirá de él un liderazgo auténticamente político para poder
gobernar sus seis años.
Carlos Pereyra: Coincido en que los mecanismos tradicionales para designar
sucesor están erosionados. Todavía en 88 me parece que la decisión presidencial
será aceptada por el conjunto del PRI. Pero obviamente en la sociedad se expande
la demanda democrática y se ve cada vez con mayor disgusto el hecho, casi
excepcional en el mundo entero, de que el candidato ganador de las elecciones
sea designado por el presidente en funciones y no, por lo menos, por los miembros
del partido que lanza a ese candidato. Hablaría entonces de una erosión evidente
de la imagen del mecanismo sucesorio en la opinión pública, pero no en su
aceptación disciplinada por el sistema. Ahora bien, tengo la impresión de que hoy,
a diferencia de dos o tres años antes, hay un sector de influencia publicitaria

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