La Superintendencia de Puertos y Transporte emite una resolución que establece la implementación obligatoria de sistemas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas para empresas de transporte terrestre de carga. Las empresas tienen hasta febrero o marzo de 2017 para implementar o revisar sus políticas, dependiendo de si ya tenían sistemas. El documento también ofrece servicios de consultoría de una firma para ayudar con la implementación de estos sistemas.