Contralínea 500

Año 15 • Número 500 • $30
Del 8 al 14 de agosto de 2016
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

4 1 de agosto de 2016
DIRECTOR Miguel Badillo
oﬁciodepapel@yahoo.com.mx
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INFORMACIÓN Zósimo Camacho
zosimo@contralinea.com.mx
EDICIÓN Nancy Flores
nancy@contralinea.com.mx
CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez
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info@contralinea.com.mx
ECONOMÍA Marcos Chávez
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ARTE Cecilia Martínez
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DISEÑO Miguel Minero
mimiga@contralinea.com.mx
PUBLICIDAD Janett Alba
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REDACCIÓN
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DEFENSOR DEL PERIODISTA
Álvaro Cepeda Neri
cepedaneri@prodigy.net.mx
DEFENSOR DEL LECTOR
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EDITORIALISTAS
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ASISTENTE WEB Armando Covarrubias
ILUSTRADORES
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David Manrique
manrique@contralinea.com.mx
REDACCIÓN 5554-9194
PUBLICIDAD 5554-9193
SUSCRIPCIONES
Y VENTA DE LIBROS 5554-9192
Av. Río Churubusco 590, colonia Del Carmen,
delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF
Licenciado Enrique
Peña Nieto, presidente
constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos:
Quienes suscribimos la
presente comunicación,
integrantes del Consejo
Consultivo del Mecanismo
de Protección de Personas
Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas,
nos dirigimos a usted con
el fin de expresar nuestra
preocupación sobre sus
declaraciones y mensaje
expresado durante el Foro
Internacional: Equidad para
las Víctimas en el Debido
Proceso, celebrado el pasa-
do 19 de julio de 2016.
Queremos hacer de su
conocimiento que desde
hace varios meses el Conse-
jo Consultivo ha expresado
preocupación sobre las
campañas de desprestigio
emprendidas en contra de
diferentes defensores y de-
fensoras de derechos hu-
manos en nuestro país. De
hecho, sólo el subsecretario
Roberto Campa Cifrián, de
manera pública y privada,
ha reconocido la importan-
cia de la labor de la defensa
de derechos humanos, lo
cual reconocemos como un
avance fundamental pero
insuficiente.
Ahora bien, en el evento
realizado el pasado 19 de ju-
lio, usted señaló que “como
presidente de la República,
quiero aquí dejar constancia
y fiel testimonio de gratitud,
en nombre de la sociedad
mexicana, y de amplio
reconocimiento a este es-
fuerzo que usted [María
Isabel Miranda de Wallace]
realiza, junto con quienes la
acompañan en esta tarea de
promover, precisamente, el
alto al secuestro y la equidad
para las víctimas”.
Asimismo, declaró que
“... más de las veces, o al-
gunas de las veces, en lugar
de ser para apoyar o para
reparar el daño ocasionado
a las víctimas, [el fondo]
ha sido básicamente para
la invocación de faltas al
debido proceso o alguna
otra razón, se han dedicado
recursos prácticamente para
los victimarios, para quienes
son inculpados en un pro-
ceso”.
No sobra decir, que
estamos a favor de que cual-
quier persona que haya sido
víctima del delito o de viola-
ciones de derechos humanos
debe ser reparada, como lo
establece el Artículo 1 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
así como que sea respetado
en México el debido pro-
ceso y garantizada la tutela
judicial efectiva a todas las
personas sin discriminación
alguna, como también lo
prevé nuestra Constitución y
diversos tratados internacio-
nales de derechos humanos
de los que México es parte.
Sin embargo, nuestra
principal preocupación
radica en el hecho que usted
haya presidido un evento y
respaldado a una persona
que, de manera constante,
ha emitido declaraciones
denigrando la labor de
diferentes defensores y de-
fensoras de derechos huma-
nos, así como de expertos de
intachable trayectoria como
Juan Méndez.
El simbolismo del
evento, así como las pala-
bras expresadas, pone en
entredicho el cumplimiento
a la obligación general de
respeto y garantía de los
derechos humanos prevista
en el Artículo 1 constitu-
cional y en otros tratados
de derechos humanos. El
mensaje enviado es tanto
de permisibilidad y premio
para quienes agreden a
personas defensoras de
derechos humanos, como
desalentador para quienes,
de manera diaria, ponen en
riesgo su vida, integridad y
libertad para que este país
sea más justo, incluyente y
pacífico.
En tal sentido, conside-
ramos pertinente recordarle
que el pasado 6 de abril,
tres expertos de las Nacio-
nes Unidas emitieron un
pronunciamiento expre-
sando preocupación por las
campañas de desprestigio y
urgiendo al gobierno mexi-
cano a “contrarrestar tales
ataques y tomar las medidas
necesarias para garantizar
un ambiente seguro para las
personas y la sociedad civil,
libre de cualquier tipo de
acoso”.
Por lo anterior, y de
conformidad con los Artícu-
los 1, 6 y 8 constitucionales,
de manera respetuosa le
instamos a que, de manera
urgente, instruya a quien
corresponda para que, de
manera seria, diligente y
objetiva, diseñe e imple-
mente una política a favor
de personas defensoras de
NUESTROS LECTORESOPINIÓN
CONTRA DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS
EXIGEN PARAR ATAQUES

www.contralinea.com.mx 5
derechos humanos, dentro de la
que se encuentra una campaña
de reconocimiento de su labor.
Sin otro particular, y en
espera de su respuesta, le envia-
mos un cordial saludo.
Consejo Consultivo del
Mecanismo de Protección de
Personas Defensoras de De-
rechos Humanos y Periodistas:
Pablo Romo Cedano,Michael
Chamberlin,Edgar Cortez,Ara-
celi Domínguez,Alejandra Nuño,
Omar Rábago,Víctor Ruiz,Pilar
Tavera y Alberto Xicoténcatl
Se solidarizan con Ejido
de Tila, Chiapas
Compañeras, Compañeros;
hermanas, Hermanos:
Desde nuestras geografías
hemos aprendido lo sucedido en
el ejido Tila con la llegada del
Ejército en sus tierras a unos 3
días de su aniversario de ejido.
¡82 años!
El día martes 2 de agosto
entraron tres vehículos militares
de la Marina, del Ejército federal
mexicano en el Ejido Tila, por
la tarde, para fotografiar lo que
queda de la presidencia munici-
pal que tomaron ya hace unos 8
meses, lo que provocó intimida-
ción y temor de los compañeros
y compañeras del digno pueblo
chol del ejido de Tila.
La organización autónoma
de su ejido y las guardias que
han puesto en los varios barrios
y puntos estratégicos de Tila
permitieron alertar con tiempo
al pueblo, y así el pueblo se
organizó y se juntó lo que hizo
huir a esos militares confirman-
do la ilegalidad de su presencia
en su territorio.
Bien sabemos los esfuerzos
de organización que ustedes
hicieron desde que tomaron la
presidencia municipal el día 16
de diciembre para echar a las y
los de arriba que rechazan reco-
nocer a sus derechos. La presi-
dencia municipal fue construida
sin acuerdo de la asamblea ejidal
y sólo provoco injusticias, discri-
minación y hostigamiento, bus-
cando destruir su colectividad,
su organización. Desde la fecha,
se organizaron para trabajar la
autonomía ejidal, el autogobier-
no, el pueblo se juntó para hacer
las tareas que no hacia el mal
gobierno, más preocupado por
robar el dinero del ayuntamiento
que servir al pueblo.
Así, con la fuerza del pue-
blo, se organizaron para cuidar
a las calles, la basura, el drenaje,
la seguridad, la salud, el panteón
etcétera. Y resulto que el pueblo
organizado logró hacer más
cosas que un mal gobierno mu-
nicipal ilegal. El mal gobierno se
asusta de ver eso, intentó ca-
llarlos pero no lo logro, y ahora
envía a sus soldados para intimi-
darlos; pero nosotros y nosotras,
desde varias geografías, les
enviamos nuestras palabras para
que sigan luchando y quedamos
al pendiente de cualquier hecho
en contra de los y las ejidatarios
de Tila.
Denunciamos al mal gobier-
no de los tres niveles por enviar
al Ejército en tierras ejidales y en
resistencia.
¡Que viva la lucha del pue-
blo de Tila!
¡Que viva la autonomía
ejidal!
¡Que vivan los pueblos y sus
autonomías!
Acteal:Casa de la Memoria y
de la Esperanza
Poder Judicial Federal
debe hacer efectiva sus
propias sentencias
Representantes de las comuni-
dades y organizaciones indíge-
nas de Campeche, presentaron
al Juez Segundo de Distrito en
el estado, un oficio consignando
las irregularidades que se han
dado en el proceso de Consulta
indígena realizado a partir de la
sentencia que amparó a diversas
comunidades mayas en contra
del permiso otorgado a Mon-
santo para la siembra de soya
transgénica en la entidad.
En dicho escrito los repre-
sentantes expresan al Juez que,
al ser el encargado de velar por
el cumplimiento de la senten-
cia derivada de los juicios de
amparo 753/2012 y 762/2012,
así como de las resoluciones
emitidas por la Segunda Sala de
la Suprema Corte que resolvió
en definitiva el asunto, tiene que
establecer las medidas necesa-
rias para garantizar el ejercicio
pleno del derecho a la consulta,
vigilar que ésta se efectúe ade-
cuadamente y en su caso esta-
blecer las medidas y sanciones
legales pertinentes.
En ese mismo sentido, ante
el juez se denunciaron algunas
de los principales hechos que
constituyen violaciones al pro-
cedimiento de consulta y por
ende un incumplimiento de la
sentencia:
1. La falta de garantías du-
rante las sesiones de los días 30
de junio y 1 de julio en Hopel-
chén y Tenabo, respectivamen-
te, correspondientes a la fase de
acuerdos previos de la consulta,
en donde las autoridades res-
ponsables del proceso, Comisión
Intersecretarial de Bioseguridad
de los Organismos Genética-
mente Modificados (Cibiogem)
y la Comisión para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (Cdi),
quebrantaron los principios de
buena fe y libertad al no garan-
tizar condiciones de seguridad
para las comunidades mayas
sujetas a consulta, al permitir la
entrada a la sesión de más de
100 agricultores no indígenas y
favorables a la siembra de soya
genéticamente modificada. Lo
anterior, además de generar
presión para las comunidades
implica un riesgo de confronta-
ción y una perversión del mismo
proceso de consulta, tal como
en su momento documentó la
Misión de Observación con-
formada para dar seguimiento
al proceso de consulta de las
comunidades mayas.
2. La falta de imparcialidad
de las autoridades encargadas
de realizar la Consulta, de ma-
nera específica la Cibiogem,
quien en distintas comunidades
ha proporcionado información
incompleta y sesgada sobre los
beneficios de la siembra de soya
transgénica, lo que pareciera
más una acción de propaganda
y no una verdadera labor en
donde la información que se
proporcione sea vasta y sufi-
ciente para entender también
las consecuencias de la siembra
de soya transgénica, requisito
indispensable para que los pue-
blos puedan tomar decisiones
libres e informadas sobre la
materia de la consulta.
3. La ilegalidad del proceso
efectuado en la comunidad de
Vicente Guerrero (Iturbide), en
donde la Cibiogem ha llevado
a cabo reuniones informativas
y deliberativas exprés sin la
presencia de las autoridades
tradicionales ni de la mayoría
de la población.
4. La situación de supuesta
siembra de soya transgénica,
admitida por diversos agricul-
tores, a pesar de no estar per-
mitida en virtud de la sentencia
emitida por la Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia,
hecho que implica no sólo el
incumplimiento de una senten-
cia del Máximo Tribunal del
país, sino también la comisión
de un delito.
Frente a esta solicitud,
el juez tiene la obligación
inmediata de iniciar el pro-
cedimiento de inejecución de
sentencia, requerir información
a las autoridades encargadas de
realizar la consulta, entre otras
las distintas videograbaciones
que han sido tomadas por los
representantes de Cibiogem, y
en su caso, establecer las sancio-
nes correspondientes para las
autoridades responsables encar-
gadas tanto de verificar que no
se siembre la soya transgénica,
como de efectuar el proceso de
consulta en los términos señala-
dos por la Corte.
Colectivo Apícola de los
Chenes;Colectivo MA OGM;
Equipo Indignación,AC
NUESTROS LECTORES OPINIÓN

CONTENIDO
26
PORTADA
El diagnóstico de país que
ofrece la Agenda Nacional
de Riesgos –“documento
confidencial” bajo custodia del
Cisen– revela un escenario de
desastre: riesgos emergentes
e incapacidad gubernamental
de enfrentarlos
SEGURIDAD
NACIONAL:
MÉXICO,
AL BORDE
DEL COLAPSO
OPINIÓN
NUESTROS LECTORES
EDITORIAL 500 Y VAMOS POR MÁS
OFICIO DE PAPEL CATORCE AÑOS DE GRATOS RECUERDOS Y
MOMENTOS DIFÍCILES Miguel Badillo
DEFENSOR DEL PERIODISTA DEFENDER A LAS MUJERES CONTRA
EL MACHISMO DE LOS MEDIOS Álvaro Cepeda Neri
ZONA CERO LAS MINERAS VIENEN POR TODO… ¿QUIÉN LAS PARA?
Zósimo Camacho
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN SEP: SUBEJERCICIOS
MULTIMILLONARIOS EN UN PAÍS DE ANALFABETAS Nancy Flores
IQ FINANCIERO LOS EMPRESARIOS, LA POLÍTICA Y LA
CORRUPCIÓN Claudia Villegas
ARTÍCULOS
EL DERECHO DE LOS MEXICANOS A LA ELECTRICIDAD Martín Esparza
AUMENTA LA VIOLENCIA Jorge Meléndez Preciado
SANGRIENTO NEGOCIO EL COMERCIO DE ARMAS Cira Rodríguez César/PL
EL DILEMA DE PRODUCIR ALIMENTOS Y CONSERVAR LOS BOSQUES
Baher Kamal/IPS
4
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10
12
14
16
18
20
22
24
26
CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 15, núme-
ro 499, del 8 al 14 de agosto de 2016– es una publicación sema-
nal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Avenida
Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP
04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.con-
tralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agus-
tín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de
autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de li-
citud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Este
número se terminó de imprimir el 5 de agosto de 2016. Distribuida
por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santi-
llán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, te-
léfono 55 92 08 91.
CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de con-
ciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de
sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesa-
riamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda total-
mente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o
imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Liber-
tad y Expresión, SA de CV.
Circulación certificada por Romay
Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

CONTENIDO
ANÁLISIS
ECONÓMICO El inquietante desequilibrio externo de la economía mexicana Marcos Chávez
SOCIAL El pensamiento indígena contemporáneo, emancipatorio Francisco López Bárcenas
52
58
INVESTIGACIÓN
PORTADA Seguridad Nacional: México, al borde del colapso José Réyez
CONTRAGOLPE Río 2016: Canal Once beneficia a Carlos Slim Mauricio Romero
LÍNEA GLOBAL Se vende la biodiversidad en América Latina Emilio Godoy/Inter Press Service
28
42
48
MISCELÁNEO
EX LIBRIS Panama Pappers: el Club mundial de los evasores de impuestos Álvaro
Cepeda Neri
SOCIEDAD BETA Explota al máximo tu teléfono inteligente Gonzalo Monterrosa
PASO A DESNIVEL Tecnicismos Miguel Galindo
63
64
66
Ilustración de portada: Cecilia Martínez
52
58
42
48

EDITORIAL
OPINIÓN
Lector:
Tienes en tus manos la edición 500 de un esfuerzo periodístico que nació con
la convicción de investigar al poder y comunicar las luchas de emancipación de los
pueblos.
Los periodistas que desde hace 14 años hacemos Contralínea semana a semana,
nos decidimos por el periodismo de investigación como instrumento de la sociedad
para vigilar a los poderes formales y fácticos, y documentar violaciones a derechos
humanos y corrupción en cualquiera de sus formas.
En estas páginas has leído como reportaje, nota informativa, crónica, entrevis-
ta, columna, artículo o ensayo las investigaciones que los reporteros, por iniciativa
propia, desarrollan a contracorriente de oficinas de prensa, direcciones de comu-
nicación social y de los propios funcionarios, políticos, empresarios, jueces, legisla-
dores y todos aquellos actores en posición de poder que desean que sus irregulares
asuntos no sean expuestos a luz pública.
En estas páginas, y a lo largo de 500 ediciones, te has enterado de funcionarios
que realizan negocios al amparo del poder público; empresarios que se enriquecen
con el erario; jueces que se corrompen para vender justicia al mejor postor; legisla-
dores que se aumentan sus “dietas” subrepticiamente; miembros de la delincuencia
organizada que “trabajan” en complicidad con servidores públicos; Fuerzas Arma-
das que violan derechos humanos y gastan recursos en espionaje y armamento, y
políticos de todos los partidos que trafican con influencias y se disputan el poder
bajo la misma ideología aunque con diferentes siglas partidistas.
También te has enterado de las irrupciones y las propuestas de los movimientos
armados con reivindicaciones políticas y sociales; las luchas de las organizacio-
nes obreras, campesinas y populares; la emancipación de los pueblos indígenas
en busca de autonomía; la defensa del normalismo rural en manos de sus propios
estudiantes; el desmantelamiento del ejido y la propiedad comunal; el desastre eco-
lógico y la pérdida de la biodiversidad; la resistencia campesina a las mineras y los
megaproyectos…
En fin, hemos buscado poner ante tus ojos una agenda distinta a la que impone
el poder. No nos condicionan la “coyuntura” ni las modas temáticas que se dictan
desde arriba. Así como para nosotros no existen asuntos, ni instituciones, ni per-
sonajes intocables, tampoco tenemos la “obligación” de abordar cuestiones por el
simple hecho de que otros medios lo hacen. Toda línea que has leído en estas pá-
ginas se ha escrito con plena libertad y teniendo como referentes los tres pilares en
que basamos nuestro trabajo: compromiso social, independencia y verdad. Nunca
500
Y VAMOS POR MÁS

EDITORIAL OPINIÓN
hemos dejado de investigar y publicar un trabajo periodístico por más presiones
que se ejerzan sobre nosotros.
El trayecto no ha sido fácil. Siempre supimos los inconvenientes de hacer el
periodismo que hemos elegido. Hoy acumulamos más de una decena de deman-
das, vetos publicitarios, amenazas, allanamientos y agresiones directas contra el
colectivo y contra personas que lo integramos. Si nunca nos doblegamos ante las
amenazas y ofensivas de los poderosos ni ante sus lisonjas, tampoco buscamos el
aplauso fácil ni investigamos para inscribirnos en los “premios” periodísticos que se
reparten a diestra y siniestra. El único reconocimiento que nos alimenta es el que
tú, lector, te enteres, te informes, te indignes y analices algún aspecto de nuestra
realidad desde estas páginas.
Con esta edición, Contralínea inicia una nueva etapa. Reafirmamos nuestra leal-
tad a los principios descritos y redoblamos esfuerzos para seguir revelando lo que
el poder desea mantener oculto. Muestra de ello es el reportaje seriado que en
esta entrega comenzamos a publicar: la Agenda Nacional de Riesgos a la seguridad
nacional de México. Con base en el documento obtenido por esta revista, se ha
realizado una investigación que devela un país al borde del colapso; con institucio-
nes de inteligencia y seguridad nacional que sólo buscan conservar el poder para
quienes actualmente lo detentan y perseguir y castigar a quienes desde la sociedad
se organizan para defender la propiedad nacional, colectiva o comunal. Y donde
los riesgos al Estado son los movimientos sociales pero nunca los intereses esta-
dunidenses, los del alto empresariado o del clero. Lo que presentamos no sólo es
la radiografía de un país, sino de la propia política de seguridad nacional vigente
desde hace algunos años.
Con esta nueva etapa, este medio de comunicación camina en una dirección de
mayor independencia. El objetivo será minimizar en el mediano plazo los arrebatos
del poder ante la publicación de investigaciones que le seguirán siendo, como siem-
pre, incómodas. Nos apoyaremos más en ti, lector. A ti apelaremos para construir
una independencia más sólida. El precio de la revista impresa se mantendrá como
desde que nacimos hace más de 14 años: en 30 pesos. A los contenidos íntegros por
internet se accederá mediante una suscripción anual. Buscamos, lector, que, a un
precio muy bajo, participes de nuestro proyecto y, junto contigo, consolidemos la
independencia total de este medio de comunicación que, finalmente, sólo te perte-
nece a ti, a nadie más.

OFICIO DE PAPELOPINIÓN
C
ontralínea ha llegado a su número 500 y
con esto me vienen a la memoria momen-
tos gratos y también recuerdos sumamen-
te tristes y difíciles ocurridos en los últimos 14
años, cuando un equipo de periodistas indepen-
dientes apostó todo por su trabajo con el único
propósito de informar a la sociedad y entonces
entendimos que eso incluía enfrentar la furia de
grupos de poder, sin distingo alguno de color o
partido, que han sido exhibidos constantemente
en las páginas de nuestra revista.
Esta defensa de nuestra libertad e indepen-
dencia en los 500 números de Contralínea nos ha
permitido publicar y denunciar todo aquello
que funciona mal en
nuestra sociedad, y en
respuesta hemos teni-
do que enfrentar unas
12 demandas en tribu-
nales, recibir amena-
zas de muerte, enfren-
tar un constante acoso
y vigilancia personal, allanamientos en varias
ocasiones de nuestras instalaciones (en donde se
edita Contralínea) y de domicilios particulares de
reporteros y directivos, espionaje telefónico con
el propósito de descubrir a nuestros informantes,
detenciones arbitrarias, juicios amañados, vetos
publicitarios ordenados por burócratas que ma-
nejan el presupuesto público como si fuera su
patrimonio personal.
Uno de los momentos más tristes para este
equipo fue en septiembre de 2011, cuando ase-
sinaron a nuestras queridas compañeras funda-
doras de la revista, Marcela Yarce y Rocío Gon-
zález Trapaga, a manos de delincuentes que les
robaron dinero. En este vil feminicidio los cuer-
pos de las dos periodistas fueron desnudados y
tirados en un parque por la zona de Iztapalapa,
al Sur de la Ciudad de México. En este caso par-
ticular la policía logró en 1 mes detener a los res-
ponsables y los envió a prisión. Nosotros, como
reporteros, seguimos pendientes de que algún
togado no burle la justicia y pretenda dejar libres
a los culpables, como sucede en muchos otros
homicidios.
Otro hecho grave que nos advierte de los pe-
ligros constantes que se viven en nuestro oficio,
fue la emboscada que sufrieron otros dos repor-
teros de Contralínea, Érika Ramírez y David Ci-
lia, cuando montados
en una caravana de
paz pretendían llegar
hasta el pueblo místico
de San Juan Copala, a
20 kilómetros del mu-
nicipio de Santiago
Juxtlahuaca, Oaxaca,
en donde la población indígena triqui vive en
la zozobra y bajo amenaza de muerte constante
por grupos paramilitares y bandas que disputan
el poder, para recibir los beneficios económicos
presupuestales que anualmente se entrega a los
municipios.
Los responsables de aquella agresión en con-
tra de la caravana de paz siguen libres. Diez su-
jetos con armas de alto poder dispararon indis-
criminadamente en contra de los ocupantes de
varios vehículos que sólo llevaban comestibles
y medicinas a los indígenas de esa comunidad
triqui, y asesinaron a los activistas Jyri Jakkola y
Bety Cariño, e hirieron a varias personas más.
CATORCE AÑOS DE GRATOS RECUERDOS
Y MOMENTOS DIFÍCILES
MIGUEL BADILLO
La defensa de nuestra libertad e inde-
pendenciaenlos500númerosdeContra-
línea nos ha permitido denunciar aquello
que funciona mal en nuestra sociedad
La defensa de nuestra libertad e inde-
que funciona mal en nuestra sociedad

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
Entre los heridos estaba nuestro compañero fo-
tógrafo David Cilia, quien recibió tres heridas
de bala, y junto con la reportera Érika Ramírez
lograron huir hacia las montañas oaxaqueñas,
en donde permanecieron escondidos y sin ali-
mentos por espacio de 3 días, hasta que un gru-
po de seis periodistas de Contralínea fueron a su
rescate y los encontraran con vida.
Dos semanas después de esa agresión armada
a periodistas, activistas y defensores de derechos
humanos, otro equipo de reporteros de nuestra
publicación ingresó de madrugada hasta el pue-
blo de San Juan Copala en medio de disparos de
metralleta, y ahí se pudo comprobar el estado de
sitio en el que vivía la población que se negaba a
abandonar sus viviendas, y que posteriormente
fue desplazada. Por primera vez un medio de co-
municación recababa testimonios directos de los
indígenas que estaban atrapados en medio del
fuego cruzado de armas de alto alcance.
En estos 14 años de periodismo de investi-
gación también han habido momentos gratos.
Uno de ellos fue aquel trabajo de campo en el
cual los reporteros viajaron a 14 municipios y
sus pueblos recónditos diseminados en cinco es-
tados de la República, clasificados por Naciones
Unidas como los más pobres del país. Los perio-
distas dieron testimonio de la miseria extrema
en la que viven comunidades principalmente de
origen indígena y a donde las supuestas ayudas
gubernamentales nunca alcanzan a llegar.
Cómo olvidar también aquellos cierres de
edición que terminaban hasta el día siguiente
en cantinas y bares del centro de la ciudad, en
donde nadie hablaba otra cosa que no fuera de
periodismo y de cómo hacer para que las cosas
mejoren.
Aún recuerdo aquel día de
hace 14 años cuando toda la re-
dacción se trasladó a la ciudad
de Puebla para recibir el primer
número de Contralínea que direc-
tamente escupía la enorme ro-
tativa en los talleres de nuestro
amigo Armando Prida, quien
los primeros 6 meses nos dio
una línea de crédito para hacer
posible aquel sueño de nuestro
proyecto periodístico indepen-
diente.
De entonces a la fecha he-
mos enfrentado con dignidad
los embates y las amenazas, lo
mismo del poder presidencial
que de sus secretarios de Esta-
do, de los órganos de inteligen-
cia civil y militar, de empresa-
rios corruptos acostumbrados
a mamar del poder público, de
políticos trasnochados que ado-
ran el autoritarismo, de burócratas que abusan
del poder y trafican con influencias, de líderes
charros, de criminales y delincuentes dispuestos
a todo.
Por todo esto, el número 500 de Contralínea
lo dedicamos a nuestros lectores, a quienes nos
debemos por siempre y en quienes confiamos,
porque nunca nos han dejado solos y nos han
acompañado lo mismo en situaciones difíciles
que en momentos de celebración como el que
ahora vivimos. Sigamos avanzando juntos. Hoy
más que nunca nos necesitamos.
CECILIAMARTÍNEZ

DEFENSOR DEL PERIODISTA
OPINIÓN
S
in calzador. Justo a la medida es el convenio
suscrito por la Cámara de la Industria de la
Radio y Televisión (CIRT) y la Secretaría de
Gobernación, que es de esperarse y exigir que no
sea otro convenio más de los cientos que se firman
todos los días, para miles de fines, entre funciona-
rios municipales, estatales y federales que se archi-
van, cuando basta con que éstos cumplieran con las
obligaciones que les establecen los órdenes jurídicos
descentralizados y centralizados, para que los mexi-
canos estuviéramos ejerciendo al máximo nuestros
derechos para poder cumplir con las obligaciones;
sin tener, pues, que estar suscribiendo esos convenios
con instituciones privadas a las que, también, desde
la Constitución y sus leyes reglamentarias, se nor-
man sus conductas para cumplir con sus deberes en
el contexto del Estado, como estructura jurídica que
otorga legitimidad a la convivencia democrática de
la sociedad y su gobierno.
Empero, lo que acordó la Secretaría de Gober-
nación, a nombre de la administración federal con
su núcleo del presidencialismo, con la CIRT, puso en
primer plano que los medios de comunicación masi-
vos:laradioylatelevisión,destierrenelmachismode
manera estricta, implanten la igualdad y equidad de
género en sus programaciones con sus trabajadores
de todos los sexos. La información al respecto que
nos la proporcionaron los reporteros Rivelino Rue-
da, Alberto Morales y Alonso Urrutia (El Financiero,
El Universal y La Jornada, 12 de julio de 2016), tiene
granimportancia,porquesetratadequeenesosme-
dios de comunicación (falta internet), se destierre la
violencia, discriminación y otros males que se prac-
tican contra niñas y mujeres, para hacerlas blanco
de sadismo y exhibicionismo sexual, para impulsar
la otra cara de la banalidad del mal (Hannah Aren-
dt, Eichmann en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del
mal; con la excelente traducción de Carlos Ribalta,
editorial Lumen).
O en el contexto de lo que Sigmund Freud, en
su esclarecedor ensayo Más allá del principio del placer,
precisa como las tendencias a la autodestrucción, de-
seos de agredir y destruir y le gusta a la humanidad
mortificar (Sigmund Freud, Obras completas, editorial
Biblioteca Nueva, traducido del alemán al español
por Luis López Ballestero). Se trata de que la tele-
visión y la radio dejen su patriarcado-machista para
clausurar la desigualdad de género y sexo, como
toda clase de violencia, contra las mujeres de todas
las edades, dentro y fuera de sus muros, donde se
practican esas desviaciones de la conducta; con pro-
gramaciones que difunden esos medios donde ellas
son estigmatizadas y hasta les exigen un lenguaje y
poses provocativas.
De esta manera, las mujeres están desprotegidas
en su actividad y, como expresó Alejandra Negrete,
comisionada para Erradicar la Violencia contra las
Mujeres: para nada es un problema menor la viola-
cióndesusderechoshumanos.Yatañealaslibertades
de prensa escrita, oral y audiovisual, que las mujeres
sean tratadas sin discriminación y sin frivolidades.
En suma, se busca desterrar la violencia que se
practica contra las mujeres en todas sus manifestacio-
nes. E implantar la igualdad de género en todas las
facetas del desempeño de sus labores en los medios
de comunicación, como locutoras, telefonistas, perio-
distas,presentadoras,modelos,etcétera;ynopermitir
ninguna clase de violencia. El convenio ha de sumar-
se al resto del ordenamiento jurídico nacional, para
lograr, pues, esos fines. Y debemos estar atentos a vi-
gilar que no sea uno más de los tantos que se firman
y poco tiempo después se van al cajón del olvido. Se
trata de impedir a toda costa y de una vez por todas,
la discriminación y violencia contra la mujer.
DEFENDER A LAS MUJERES
CONTRA EL MACHISMO DE
LOS MEDIOS
ÁLVARO CEPEDA NERI

ZONA CEROOPINIÓN
L
a semana pasada se realizó en Miacatlán,
Morelos, el Encuentro Mexicano de Resis-
tencias contra el Modelo Extractivo. Con-
vocados por la Red Mexicana de Afectados por la
Minería (Rema) y el Movimiento Morelense contra
las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Me-
tales, comunidades de todo el país, investigadores
y activistas por los derechos humanos se reunieron
durante 3 días para exponer lo que viven: un des-
pojo descarnado de territorios, montes y aguas por
parte de capitales trasnacionales y “mexicanos”.
De la reunión se obtiene un panorama desola-
dor del país. Se trata de un mapa del despojo, en
el que las comunidades indígenas y campesinas
tienen que luchar contra grandes empresas y con-
tra las propias autoridades: los funcionarios de los
tres niveles de gobierno y la ley están de parte de
los grandes capitalistas, quienes –además– con su
dinero compran voluntades de quienes deberían
defender la integridad y el bienestar de los pueblos
de México.
A la reunión llegaron representantes de comu-
nidades que luchan contra proyectos extractivos de
minería, fracking, gasoductos, presas hidroeléctricas,
transgénicos y mercantilización de los bosques.
En esta ocasión sólo nos referiremos a la mine-
ría. Entre los datos aportados por los investigadores
que participaron en el Encuentro tenemos que el
17 por ciento de la energía nacional es consumida
solamente por la minería. Y que la industria mine-
ra asentada en este país mueve el 2 por ciento del
total de la minería metalera del mundo. Claro, está
concentrada en muy pocas manos.
Para empezar, diremos que el 69 por ciento de
la inversión minera en México viene de Canadá. Y
que las cuatro personas que poseen el 11 por cien-
to del producto interno bruto mexicano también
cuentan con decenas de proyectos mineros. ¿Quié-
nes son? Carlos Slim (dueño de minera Frisco),
Germán Larrea Mota Velasco (dueño del minero
Grupo México), Alberto Bailleres (presidente del
Consejo de Administración de la minera Industrias
Peñoles) y Ricardo Salinas Pliego (dueño del mine-
ro Grupo Invecture). Por supuesto, no son los úni-
cos. Otros superricos también invierten en minería.
Los canadienses tienen tan claro todo lo que se
pueden llevar del país, que han habilitado sus re-
presentaciones (embajada y consulados) para pro-
mover las inversiones de sus empresas mineras en
México. Se trata de toda una política de Estado
ejecutada por el gobierno de Canadá en territorio
mexicano.
Y la propia Secretaría de Economía del gobier-
no actual, de Peña Nieto –como el anterior de Feli-
pe Calderón–, se desvive porque vengan a saquear
todo lo que puedan. Total, el país está en ganga.
Entre las “fortalezas” de la minería que publicita
en su página web se encuentran: “sin límites en ex-
tensión de las concesiones mineras; certeza jurídica
mediante la aplicación de reglamentos y procedi-
mientos transparentes que facilitan la inversión; de-
pósitos de clase mundial”.
Así que, haciendo equipo, gobierno y trasnacio-
nales mercantilizan porciones de tierra y cuentan
con todo un aparato legal, comunicacional y de in-
geniería de conflictos para lograr el despojo de las
poblaciones. Las estrategias de estos corporativos
aliados a los gobiernos incluyen la habilitación de
grupos de choque; la criminalización de las protes-
tas y la judicialización del conflicto; la cooptación
social, y la “compra” de personajes claves de las co-
munidades que se oponen.
Y es que para apropiarse de los bienes natu-
rales y territorios de las comunidades indígenas,
ZÓSIMO CAMACHO
LAS MINERAS VIENEN POR TODO…
¿QUIÉN LAS PARA?

ZONA CERO OPINIÓN
campesinas y forestales, los me-
gaproyectos golpean, primero, al
tejido comunitario. Debilitan sus
procesos identitarios y cultura.
Vienen enseguida los daños a la
salud y a los ecosistemas.
Pero estas empresas depreda-
doras no están en la “agenda de
seguridad nacional”, ¿verdad?
Por el contrario, están quienes
resisten. Ya vemos qué intereses
defienden los de la seguridad na-
cional. No son precisamente los
“nacionales”.
El Encuentro, más allá de la
crisis social que revela, también
fue el espacio para acordar una
defensa integral. Las comunida-
des no darán batallas aisladas. El
terreno se empieza a emparejar.
A la agitada vida social mexica-
na, se sumarán con fuerza las
demandas de las comunidades
amenazadas por un modelo de
desarrollo que las despoja y las
destierra. La lucha coordinada
de estos pueblos vendrá a enri-
quecer la lucha popular que ya
se libra en las calles, las aulas y
los centros de investigación.
Fragmentos
Y los grandes empresarios que tanto celebra-
ron que se aprobara la reforma educativa con
base en sus fobias e ideología –y de espaldas a la
sociedad–, ahora se quejan del conflicto social que
generaron. Ahí se les ve llorando en los rincones,
haciendo cuentas de “los costos” que están gene-
rando las protestas y movilizaciones de los maes-
tros. Dicen que son miles de millones de pesos y
centavos los que han perdido, sin mencionar que
ellos fueron la mano que meció la cuna de unas “refor-
mas estructurales” sin consenso y lesivas para las
mayorías de la sociedad mexicana. Y ahora, en el
berrinche total, exigen al gobierno que le “ponga
un alto” a la Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE). ¿Qué quieren de-
cir, señores? ¿Qué metan a la cárcel a todos? ¿Qué
los golpeen? ¿Qué se llene e país de muchos No-
chixtlán? Acostumbrados a mandar, corromper y
exigir, ¿saben lo que piden?... Lejos está la CNTE
de aflojar el paso rumbo a la abrogación de la re-
forma laboral a la que se le ha llamado educativa.
Mañana 8 de agosto tendrán una marcha nacio-
nal que partirá a las 9:00 horas del Ángel de la
Independencia y que buscará llegar al Zócalo. Y
pasado mañana, martes 9, celebrarán el foro Eva-
luación Educativa Integral hacia la Construcción
del Proyecto de Educación Democrática. Para
quienes dicen que los maestros no tienen propues-
tas, habrá que escuchar sus agudas ponencias en
el Centro de Convenciones Siglo XXI del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social de las 9:00 a las
17:00 horas.
DAVIDMANRIQUE

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
SEP: SUBEJERCICIOS
MULTIMILLONARIOS
EN UN PAÍS DE ANALFABETAS
NANCY FLORES
A
Aurelio Nuño Mayer se le recordará como
el secretario que –al desconocer la reali-
dad de las mayorías y negarse sistemá-
ticamente al diálogo con los disidentes a la refor-
ma educativa– generó uno de los peores conﬂictos
magisteriales, y no como el reformador que ha
creído ser, en su corto paso por la Secretaría de
Educación Pública (SEP).
Quien está al frente del sistema educativo de-
bería saber que la política en esta materia debe
privilegiar a los más necesitados. Lejos de ello,
Nuño Mayer ha contribuido a que esa política se
siga fincando en principios neoliberales a favor de
los intereses del sector empresarial y, por tanto, en
contra del derecho humano a la educación.
El maestro en estu-
dios latinoamericanos
por la Universidad de
Oxford, Inglaterra,
parece desconocer in-
cluso que el problema
del analfabetismo en
México afecta a 30 mi-
llones de personas mayores de 15 años de edad.
De éstas, 4.4 millones no saben leer ni escribir, 9.5
millones no han terminado la educación primaria
y 16 millones no concluyeron la secundaria.
Quizá también ignora que el 37 por ciento de
la población de 3 a 5 años de edad no asiste a la
escuela, según refiere la Encuesta intercensal 2015
del cuestionado Instituto Nacional de Estadística
y Geografía. Otro dato alarmante es que el 4 por
ciento de mexicanos de 6 a 14 años tampoco van
al colegio y, por ello, estarán condenados a engro-
sar las filas de analfabetas.
Respecto de esa última población, la Encuesta
indica que el peor rezago se localiza en Chiapas,
donde siete de cada 100 niños y niñas no reciben
educación; le siguen Chihuahua, donde seis de
cada 100 no van a la escuela; y Oaxaca, donde 5.4
de cada 100 están excluidos del sistema educativo.
Pero Nuño Mayer parece preocuparse más
por lo que piensan de él los empresarios que por
iniciar una campaña para erradicar el analfabe-
tismo en el país. Por ello se conduce como policía
–amenazando a los maestros y maestras que lu-
chan por la gratuidad de la educación y el respeto
a sus derechos laborales– y no como secretario de
Educación.
Alguno de sus asesores debería decirle que el
analfabetismo es el verdadero problema del sis-
tema educativo, y no
cuántos maestros y
maestras pueden ser
corridos de sus puestos
de trabajo y cómo ge-
nerar economías en la
SEP con esta política
de terrorismo laboral.
En este contexto de represión, las autoridades
no sólo han olvidado atender a esa población vul-
nerable que no tiene acceso a la educación, sino
que incluso generan carencias para quienes sí asis-
ten a las escuelas públicas.
Muestra de ello son los reiterados subejerci-
cios del erario en los que incurre la dependencia.
Tan sólo en el primer trimestre de 2016, éstos
ascendían a 56 millones de pesos, indica el reporte
“Saldos de los subejercicios presupuestarios”, de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Lamentablemente, los subejercicios no son
nuevos. La Auditoría Superior de la Federación
Irresponsablemente, la SEP subejerció
másde3milmillonesdepesosen2014.La
negligencia no para: en el primer trimestre
de 2016, subejerció 56 millones
Irresponsablemente, la SEP subejerció
de 2016, subejerció 56 millones

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
revela que, en 2014, la SEP devolvió a la Tesore-
ría federal más de 3 mil 200 millones de pesos que,
irresponsablemente, dejó de ejercer.
El monto se contabilizó como “reintegros pre-
supuestarios del Ramo 11”, con base en el artículo
54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria, que establece: “Los poderes
Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las
dependencias y entidades […] que por cualquier
motivo al 31 de diciembre conserven recursos
[…], deberán reintegrarlos a la Tesorería de la Fe-
deración dentro de los 15 días naturales siguientes
al cierre del ejercicio”.
De acuerdo con la auditoría financiera y de
cumplimiento 14-0-11100-02-0090, los reintegros
presupuestarios efectuados por la SEP en 2014
ascendieron a 3 mil 206 millones 846.6 mil pesos.
Aunque esta cifra fue disminuida por la Unidad
deContabilidadGubernamentaldelaSecretaría de
Hacienda en 8 millones 318.6 mil pesos, apunta el
informe de fiscalización.
Ello evidencia que los subejercicios superaron
los 3 mil 200 millones, aunque el monto podría ser
mayor. Y es que del mismo reporte de auditoría se
desprende que “en su balanza de comprobación
al 31 de diciembre de 2014, la SEP reportó un sal-
do de reintegros presupuestarios de 4 mil 62 millo-
nes 445.6 mil pesos, monto confirmado y validado
por la Unidad de Contabilidad Gubernamental
mediante el acta del 13 de marzo de 2015”.
Además, señala: “Es conveniente comentar
que, en 2014, el Ramo 11 Educación Pública rea-
lizó reintegros presupuestarios de años anteriores
en el sistema de REFAS [reintegros de ejercicios
fiscales anteriores], sin referencia de las CLC
[cuentas por liquidar certificadas] que dieron ori-
gen a los reintegros por 1 mil 915 millones 971 mil
pesos, lo cual impidió conocer el objeto del gasto e
identificarlo para su regularización, en incumpli-
miento de las disposiciones legales”.
El desaseo en el registro de estos montos es tal,
que ninguno de los tres involucrados (la SEP, Ha-
cienda y la Tesorería) parece saber con exactitud
cuánto dinero devolvió Educación Pública, cuán-
to recurso dejó de ejercer y en qué áreas.
Cuestionada por la Auditoría Superior, la Sub-
tesorería de Operación –de la Tesorería de la Fe-
deración– informó que durante 2014 el Ramo 11
reintegró 3 mil 306 millones 688.6 mil pesos, que
se compararon con los registrados por la Subte-
sorería de Contabilidad y Con-
trol Operativo, por 3 mil 296
millones 165.6 mil pesos, y se
determinó una diferencia de 10
millones 523 mil pesos.
En cualquier caso, queda
claro que los subejercicios as-
cendieron a más de 3 mil 200
millones de pesos, que se pudie-
ron haber empleado en mejorar
la educación pública nacional.
Así, de nada sirve que las au-
toridades gasten millones de pe-
sos en publicidad para decir que
están moviendo a México al repa-
rar 30 mil escuelas a lo largo del
país (“30 cada 24 horas”, según
afirma el actor contratado por
la SEP), cuando por estas negli-
gencias en el ejercicio del gasto
miles de niños y adolescentes
–en su mayoría marginados–
son afectados cada año.
DAVIDMANRIQUE

IQ FINANCIEROOPINIÓN
D
el subejercicio del gasto público pasando
por las deudas del gobierno con proveedo-
res –que ya se extienden por 3 años– hasta
el desmantelamiento de políticas públicas que be-
neficiaron a ciertos empresarios durante las transi-
ciones partidistas, las actividades de los hombres de
negocios en México viven una transformación de
los usos y costumbres que, durante muchas décadas,
marcaron el ritmo de sus actividades.
La corrupción en México que involucra a todas
las organizaciones políticas, al partido gobernante
y, por supuesto, a muchos “empresarios” ha estado
determinada por el ritmo de los procesos electora-
les y la necesidad de flujo de efectivo para sostener
lealtadas.
Pero es sólo la punta de un iceberg, siempre atado
a la permanencia y a la definición del poder políti-
co. Privatizaciones, contratos de proveeduría, obras
de infraestructura, trámites más agiles, concesiones,
claves para otorgar créditos con descuento a bu-
rócratas, licencias y todo aquel proceso regulado o
que dependa del gobierno, son las zanahorias que
muchos empresarios y políticos han intercambiado
durante muchos años y que se impusieron como
un desviado deber ser de los “negocios” en México.
Incluso, multinacionales han sido sancionadas por
la Comisión de Valores de Estados Unidos porque
al realizar negocios en México sucumbieron a esas
prácticas. Al menos eso argumentan: México les im-
puso sus reglas. ¿En serio? Poco creíble porque una
empresa corrupta hace lo mismo en México que en
Asia o Europa y así lo confirma el seguimiento y el
resultado de investigaciones sobre el modus operan-
di de compañías como Siemens o Hewlettt Packard,
por sólo mencionar algunas. La tentación les costó el
descredito y millones de dólares en multas.
Ahora, el paquete de leyes anticorrupción, espe-
cíficamente la Ley General de Responsabilidad Ad-
ministrativas –la Ley 3 de 3– busca terminar con un
círculo vicioso que tiene postrado al país y a la eco-
nomía. Por primera vez, una iniciativa ciudadana,
impulsada por firmas de la población civil pero que
condujo el Instituto Mexicano de la Competitividad
(IMCO), le puso nombre y registró en voz alta las
perniciosas prácticas que dañan la transparencia en
la economía e incrementan sus costos.
El soborno, los desvíos de fondos públicos, el tráfi-
co de influencias, el abuso de funciones, el enriqueci-
miento ilícito y oculto, la colusión, la obstrucción de la
justicia, el uso ilegal de información confidencial o fal-
sa, el nepotismo y la conspiración para cometer actos
corruptos, son las acciones que busca impedir y que
pretendíasancionarlaLey3de3enunamplioespectro
que, al menos en este primer round, quedó acotado.
Aún no logramos el knock out contra la corrupción.
Los legisladores se negaron a colocarse un cascabel y
modificaron el corazón de esta iniciativa al eliminar
la exigencia de revelación y rendición de cuentas he-
cha por los ciudadanos respecto a las declaraciones
patrimoniales, fiscales y de intereses. No serán públi-
cas estas declaraciones, lo que equivale a extender el
fuero con el que cuentan los legisladores. Aún nos
falta conocer bajo qué condiciones se conocerá esta
información y en quéplazo. Tendremos, entonces, el
incremento de los casos de simulación y la existencia
de prestanombres. Para compensar este golpe a la
ciudadanía y para recomponer en parte su deterio-
rada relación con el sector empresarial, marcada por
la distancia con la Secretaría de Hacienda y su titu-
lar Luis Videgaray, el presidente Enrique Peña Nieto
vetó los cambios al artículo 32 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas que, en una es-
pecie de revancha, también obligaban a empresarios
proveedores del gobierno y a toda aquella entidad o
individuo –contraparte y beneficiario de programas
con recursos públicos– a presentar declaraciones pa-
CLAUDIA VILLEGAS
LOS EMPRESARIOS
LA POLÍTICA Y LA CORRUPCIÓN

IQ FINANCIERO OPINIÓN
trimoniales, fiscales y de intereses. Los empresarios
tampoco tendrán la obligación de revelar los nego-
cios que tengan con el gobierno federal. Es aquí, por
cierto, en donde las pinzas podrían comenzar a ce-
rrar tal y como sucede en países de Europa, en Esta-
dos Unidos y Canadá.
Si las empresas de estos hombres de negocios
favorecidos con contratos públicos están vinculados
con el sector bursátil, si sus compañías reciben re-
cursos del gran público inversionistas tendrán que,
forzosamente, reportar sus relaciones con el sector
público. En Estados Unidos, sin embargo, van de
avanzada en la lucha contra malas prácticas empre-
sarialesporquelaComisióndeValores(SEC)trabaja
de la mano con el Departamento de Justicia.
Por ello, la Ley 3 de 3 después de su aprobación
no era el instrumento con el que los ciudadanos so-
ñaban para dar el primer paso del sistema nacional
anticorrupción; ni siquiera el Instituto Mexicano de
la Competitividad puede sentirse satisfecho con este
escalón. Aún falta mucho.
Algunos casos de
empresarios perseguidos
Sigamos con el iceberg: al terminar los procesos
electorales(cuandoempresariosaportanacampañas
yalfinanciamientodeestrategiasdeproselitismo) lle-
ga el pago de favores; la entrega de contratos, las re-
compensas por la lealtad exhibida. Así la corrupción
sigue su marcha como una maquinaria cuidadosa-
mente aceitada. Con precios del petróleo en niveles
menores a 50 dólares también disminuyó el dinero
para otorgar contratos y con ellos las comisiones.
Son muchos los casos de empresarios que han
sido actores en estas escenas del binomio políti-
ca-empresa.Enmásde2décadascomoreporterade
negocios, conocí algunas historias que ejemplifican
esta situación; casos como el de Gerardo De Prevoi-
sin, a quien se le consideró el empresario consentido
durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
La persecución del empresario por varios países de
Europa hasta llegar a Suiza fue resultado de su rom-
pimiento con el poder político. Un donativo a una
campaña política; más de 11.5 millones de pesos que
fueron desviados y que los bancos acreedores recla-
maban, constituyeron algunos de los elementos de la
trama política que terminó con la carrera de Gerar-
do De Prevoisin en la industria de la aviación.
Recupero el caso porque De Prevoisin me contó
en una entrevista que fue Carlos Salinas de Gortari
–según él– quien lo llamó para que se hiciera car-
go de Mexicana de Aviación tomando en cuenta los
éxitos que, hasta ese momento, presentaba con Ae-
roméxico. Después, favorecido y tocado por una es-
pecie de Rey Midas, el expresidente de Aeroméxico
y Mexicana estimó “justo” entregar donativos para
una campaña rumbo a la Presidencia. El resto de
la historia se escribió en miles de notas periodísticas
sobre su persecución, encarcelamiento, liberación y
retiro de los negocios.
Otro caso parecido es del de Amado Yáñez,
quien durante los gobierno panistas, se transformó
en el principal proveedor de servicios marítimos de
Pemex. Llegó el cambio de gobierno, sin embargo,
y el fundador de Oceanografía comenzó a enfren-
tar problemas en el flujo de sus negocios con la pa-
raestatal. Uno de los abogados –representante de los
propietarios extranjeros de barcos que confiaron sus
embarcaciones a Oceanografía– me aseguró que el
pleito con Amado Yáñez –la inhabilitación como
proveedor de la petrolera– fue resultado de su nega-
tiva para vender su empresa a empresarios cercanos
al nuevo régimen político. Ésta es una versión de un
buena fuente que vivió muy de cerca la debacle de
Oceanografía. Por casos como éste, sobre todo en
los negocios con Pemex, IMSS y CFE, –que ahora
se repartirán entre cientos de empresas nacionales y
extranjeras– la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) ha recomenda-
do a México por todas las vías modificar, revisar y
mejorar la transparencia de las licitaciones públicas
para adquirir bienes y servicios pero también para
los concursos para asignar obras de infraestructura.
Muchas historias de negocios cubiertas por la
prensaespecializadadocumentanquesí,queenefec-
to, los negocios y la política tienen que rendir cuentas
para evitar prácticas de corrupción y que necesita-
mos –más allá de la parafernalia legislativa– revisar
muy pronto si esta Ley General de Responsabilidad
Administrativas y los avances para conformar el sis-
tema nacional anticorrupción función o tienen que
replantearse porque México necesita urgentemente
una ola de meritocracia para reducir la concentración
de la riqueza y combatir la pobreza.

ARTÍCULOOPINIÓN
E
n el campo de las paradojas que ha ca-
racterizado en las últimas tres décadas a
la tecnocracia en el poder, se ha generado
un evidente desbalance entre lo planteado por
los tratados internacionales en materia de dere-
chos humanos y las directrices impuestas por los
organismos financieros; en ambos casos, nuestro
gobierno firma acuerdos globales, con la salve-
dad de que mientras a los primeros les da un uso
cosmético para mostrar al exterior una aparente
imagen de respeto a las leyes en la materia, de-
jando su cabal cumplimiento en el armario de
los buenos deseos, a los segundos no les regatea
ni un ápice en su escrupulosa aplicación y segui-
miento, aunque esto conlleve un impacto nega-
tivo en el nivel de vida de millones de personas.
El tema de la electricidad como un derecho
humano, profusamente establecido en los di-
versos pactos expedidos por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y otros organis-
mos, como medio indispensable para el desa-
rrollo integral de millones de habitantes, aún es
letra muerta en México, como lo muestran los
incrementos a las tarifas de la luz que desde el
cierre de Luz y Fuerza del Centro, en octubre
del 2009, han sido constantes, impactado tanto
a la población de escasos recursos como a las
pequeñas y medianas empresas, lo mismo que
al comercio y otras ramas de la actividad eco-
nómica.
Elevar a rango constitucional los derechos
humanos, incluyendo en la redacción del artí-
culo primero constitucional a los tratados in-
ternacionales, no garantiza que los mismos se
cumplan, pues se carece de los ordenamientos
que especifiquen la ejecución de derechos tales
como el acceso a la electricidad, y en otros que sí
están contemplados como el derecho a la salud
y una educación pública de calidad, sucede que
en el papel se dice una cosa pero en los hechos
se aplica otra muy distinta.
Por ejemplo, los servicios de salud que reci-
ben millones de mexicanos, sobre todo los no
asegurados, son de pésima calidad, al grado de
poner en riesgo sus vidas. Por si esto no bastara,
ahora se anuncian cambios a la Ley General de
Salud con la imposición del modelo de univer-
salización que tiende a subrogar estos servicios
a particulares, por lo que sólo quienes puedan
pagar tendrán una adecuada atención médica.
De esta manera, no hay congruencia entre lo
señalado en los pactos internacionales y lo que
realmente se aplica en nuestro país.
Pero además, parece que en el mayor de los
contrasentidos, los gobiernos neoliberales siguen
fielmente los dictados de los organismos finan-
cieros únicamente con el objetivo de garantizar
las inversiones y los intereses de las multinacio-
nales. Hace unas semanas, al darse a conocer
la noticia de que las tarifas de la electricidad
nuevamente se incrementarían para las grandes
empresas, el comercio y los altos consumos re-
sidenciales, la consultora Merrill Lynch alertó
que algo no está funcionando bien en el sector
energético de nuestro país, al señalar que los al-
tos precios de la energía en México representan
EL DERECHO A LA ELECTRICIDAD
UNA UTOPÍA, LA PROMESA DE
BAJAR TARIFAS DE LUZ
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE
ELECTRICISTAS/TERCERAY ÚLTIMA PARTE

ARTÍCULO OPINIÓN
una “desventaja” para el dinamismo del sector
manufacturero; en pocas palabras, un obstáculo
para el crecimiento de la economía nacional.
El planteamiento oficial de la Reforma Ener-
gética siempre sostuvo que las tarifas eléctricas
irían a la baja, incidiendo en un crecimiento
exponencial de la economía y generando, en
consecuencia, empleos de calidad para que las
familias sintieran los beneficios de un buen go-
bierno, “día a día”.
¿Qué ha sucedido entonces y por qué si la
tecnocracia ha acatado de manera puntual lo
dispuesto por los organismos financieros inter-
nacionales, las cosas en el sector energético es-
tán peor que antes? ¿Por qué seguimos teniendo
tarifas más altas, por ejemplo, que los Estados
Unidos?
Tal vez debamos echar nuestro análisis un
poco atrás y concitar los desventajosos acuerdos
que pactaron los gobiernos panistas con las tras-
nacionales de la elec-
tricidad, al compro-
meterse a comprarles
su generación de ener-
gía en contratos de 20
y 30 años. La Audito-
ría Superior de la Fe-
deración alertó duran-
te su análisis de la Cuenta Pública de 2009, que
el país terminaría pagando una altísima factura
por estos erróneos acuerdos.
Ahora que los ingresos por el petróleo se
desplomaron y no hay recursos suficientes para
mantener los subsidios, la utopía de las tarifas
a la baja se desmorona. No son realmente las
inexistentes alzas al combustóleo y el gas, como
esgrimió para justificar los incrementos el exdi-
rector de la Comisión Federal de Electricidad y
ahora advenedizo líder del PRI, Enrique Ochoa
Reza, sino las millonarias sangrías que cuestan a
las finanzas públicas el cumplir con los contratos
firmados en los sexenios de Vicente Fox y Felipe
Calderón.
La aprobación fast track de la Reforma
Energética, que formó parte del paquete de dis-
posiciones ordenadas por organismos globales
como la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, hizo a un lado un de-
bate nacional que permitiera ordenar al sector y
a las tarifas en un sentido más acorde a las nece-
sidades y características propias de nuestra eco-
nomía. En su redacción no se abordó en lo abso-
luto las disposiciones que los tratados en materia
de derechos humanos planteaban para asegurar
a las mayorías el acceso a la electricidad. Pero
aún más grave, no se instrumentaron los meca-
nismos para equilibrar las tarifas en beneficio de
los diversos sectores de la economía.
Los efectos inflacionarios que tendrán las
alzas a la luz en los costos de los procesos de
elaboración de diversos productos, terminarán
impactando en los precios finales al consumidor,
de tal modo que será nuevamente la población
de menos recursos la que resulte más afectada.
La iniciativa presentada en la Cámara de Di-
putados en abril pasado, por el Sindicato Mexi-
cano de Electricistas y la Asamblea Nacional de
Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), fue
acompañada de más
de 427 mil firmas que
son el reflejo del grado
de inconformidad que
tienen los 32 millones
de usuarios de la ener-
gía eléctrica en el país.
Descontento gene-
ralizado al que ahora no sólo se están sumando
los usuarios domésticos, sino grupos de comer-
ciantes, empresarios, campesinos y hasta gobier-
nos municipales a los que la CFE insiste no úni-
camente en cortarles el servicio sino embargar-
los por la falta de pagos, no importándole a sus
funcionarios dejar sin electricidad a los sistemas
de bombeo de agua potable que llevan el vital
líquido a los hogares de millones de personas. El
problema de los tecnócratas de ubicar el acceso
a la electricidad como una mercancía y no como
un derecho humano.
Por eso, es importante que los legisladores
corrijan lo que no está funcionando y voten a
favor de modificar el artículo cuarto constitucio-
nal, para que la electricidad se convierta en el
motor de una auténtica justicia social que ga-
rantice la verdadera aplicación de los derechos
humanos en nuestro país. Es hora de debatir y
analizar esta ineludible propuesta.
Merrill Lynch alertó que los altos pre-
cios de la energía en México representan
una desventaja para el sector manufactu-
rero y un obstáculo para el crecimiento
Merrill Lynch alertó que los altos pre-
rero y un obstáculo para el crecimiento

ARTÍCULOOPINIÓN
E
n unos cuantos días, no obstante los discur-
sos de Miguel Ángel Osorio Chong, secre-
tario de Gobernación, diciendo: tenemos
un país más tranquilo que en el sexenio pasado, la
violencia aparece por todas partes y los índices del
asombroso Inegi (Instituto Nacional de Estadística
y Geografía) apuntan a que al finalizar el sexenio
de Enrique Peña Nieto habrá más homicidios que
en el de Felipe Calderón Hinojosa, el hoy emplea-
do de Iberdrola.
El alcalde de Pungarabato -antes Ciudad Al-
tamirano-, Guerrero, Ambrosio Soto, fue asesi-
nado a tiros, no obstante que contaba con escolta
oficial. 13 días antes lo había entrevistado la re-
portera Azucena Uresti
(Milenio televisión) y
pidió auxilio con el fin
de evitar lo que final-
mente ocurrió. En San
Juan Chamula, Oaxa-
ca, Domingo López y
cuatro personas más
fueron muertos por una turba.
Ante ambos homicidios, como siempre, Oso-
rio Chong dijo que reforzaría la seguridad y trata-
ría de impedir nuevas muertes.
Posteriormente supimos que Delfino Nie-
to Peláez, esposo de la alcaldesa de Mártires de
Tacubaya, Oaxaca, cayó ante las balas de unos
sicarios.
El edil de Chilpancingo, Guerrero, Marco
Leyva, reclamó a la Procuraduría General de la
República (PGR) que no le hayan informado de
una queja acerca de las amenazas de muerte que
interpuso desde octubre de 2015. Y algo parecido
ocurre con el alcalde de Zitalá, Roberto Zapoteco,
del mismo estado sureño.
De 2006 a la fecha han ejecutado a 45 presi-
dentes municipales: 31 en el gobierno de Felipe
Calderón y 14 en la presente administración, se-
gún el periodista Juan Pablo Becerra Acosta (Mi-
lenio, 25 de julio).
O sea, mucho rollo y poca efectividad.
Incluso, en una visita a Pachuca, Hidalgo, la
señora Guadalupe Vargas se hincó ante el secre-
tario de Gobernación, Osorio Chong, que dirigió
esa entidad, para suplicarle que encontraran a su
hija desparecida desde hace meses, Nayhelli Eliza-
beth García Vargas. La señora dijo estar cansada
de peregrinar por todas las instancias oficiales sin
ningún resultado.
Por otro lado, el
“famoso” Cuauhtémoc
Blanco, quien supues-
tamente atiende los
servicios públicos de
Cuernavaca, Morelos,
trae desde hace meses
una decena de guaruras en varias camionetas
blindadas supuestamente para cuidarlo. Tal vez
sea necesario, ya que en la entidad donde mal go-
bierna Graco Ramírez los asesinatos llegaron a 3
mil 673. Lo que muestra que el aspirante al 2018,
quien afirmó que acabaría con esa plaga en 18
meses: “sí sabe lo que dice”.
En México, que se informa poco de estos crí-
menes, según la consigna oficial, en este año se
han cometido 20 mil 525 asesinatos, cifra mayor a
2012. Algo que representa, en otros términos, 17
homicidios por cada 100 mil habitantes.
Pero en Guerrero la cantidad es de horror, ya
que asciende a 67 por cada cien mil personas. Lo
JORGE MELÉNDEZ PRECIADO
Al ﬁnalizar el sexenio de Enrique Peña
Nieto es probable que haya más homici-
dios que en el gobierno de Felipe Calde-
rón Hinojosa, empleado de Iberdrola
Al ﬁnalizar el sexenio de Enrique Peña
rón Hinojosa, empleado de Iberdrola
AUMENTA LA VIOLENCIA

ARTÍCULO OPINIÓN
que supera a países violentos como El Salvador
(41) y Honduras (52).
Por lo tanto, no es como señalan el dizque
mandatario de la muy bronca entidad, Héctor
Astudillo, o su procurador, Xavier Olea, que ma-
tan a varios por circular en caminos peligrosos o
hacerlo de madrugada. La realidad es que antes
con el PRD y ahora con el PRI los cárteles siguen
controlando la vida del estado donde todavía no
hay certeza, luego de casi dos años, de qué ocurrió
con los 43 de Ayotzinapa. El narcotráfico se ha
adueñado de Acapulco, Iguala y demás poblacio-
nes.
Si en corrupción México está a la altura de na-
ciones como Gabón y Nigeria, en personas asesi-
nadas nos encontramos casi a la par de Botsuana,
donde hay 18 asesinados por cada 100 mil habi-
tantes.
México, cada vez más cerca no de Estados
Unidos o Canadá, sino de los países africanos.
Ello por una clase política que promulga leyes,
entre ellas la más reciente contra la corrupción,
pero no hace nada para proteger a su población.
Y para aparentar, el Inegi
acaba de publicar que los
miserables elevaron sus
ingresos en 33 por cien-
to. ¿Cómo? Misterio que
debe resolver el nuevo ti-
tular de dicha institución,
Alfonso Santaella, ligado
a Luis Videgaray.
La agencia de noti-
cias Cimac informa que
de 2003 a 2015, se han
registrado 2 mil 744 asesi-
natos de mujeres en ocho
municipios de Guerrero,
especialmente en Acapul-
co (Salvador Camarena,
E Financiero, 27 de julio).
Otro botón de mues-
tra es lo que asegura el
defensor de las personas
de Oaxaca, Arturo Peim-
bert, la Policía Federal
impidió atender a los he-
ridos en Nochixtlán, Oa-
xaca, aquel 19 de junio (Milenio, 26 de julio). Algo
que muestra, claramente, la sevicia de las autori-
dades contra la población.
En Colima, un estado antes tranquilo, desde la
llegada del nuevo mandatario Ignacio Peralta, la
violencia subió 338 por ciento. No hay, como en
otros casos, una explicación al respecto.
Para el especialista Alejandro Hope, en 2016
podríamos llegar a 24 mil asesinatos. Y al final del
sexenio actual andaríamos por los 125 mil 852
caídos, mayor a la cifra de Felipe El pequeño, 121
mil 683 (Rita Varela, Sin embargo, 26 de julio).
La famosa guerra iniciada locamente por Cal-
derón, quien trata de imponer como abanderada
panista a su esposa Margarita Zavala, ahora con
apoyo español, ha dejado infinidad de problemas
y luto por todas partes. Y los actuales funcionarios
lejos de rectificar, siguen por el mismo camino, pre-
sumiendo que capturan a los cabecillas de los ma-
fiosos pero fragmentando a los cárteles y dejando
que la droga circule libremente rumbo al Norte.
jamelendez44@gmail.com
@jamelendez44
MIGUELGALINDO

ARTÍCULOOPINIÓN
L
os conflictos armados dominan el es-
cenario mundial y aunque los gastos en
armamento se reducen por cuarto año
consecutivo, lo cierto es que las ganancias de los
fabricantes de esta industria son cada vez mayo-
res con este sangriento negocio.
El negocio de las armas es, como ya se sabe,
una fenomenal fuente de divisas, de lo cual es
prueba 2015 cuando alcanzó a 65 mil millones
de dólares, siendo responsabilidad de Estados
Unidos un tercio de ese monto.
Datos publicados por el Instituto Interna-
cional de Investigación de la Paz de Estocolmo
(SIPRI, por su sigla en inglés), señalan que las
transferencias internacionales aumentaron alre-
dedor del 14 por ciento entre 2011 y 2015, pe-
riodo en que las exportaciones de armas proce-
dentes de sólo cinco países crecieron un 74 por
ciento, de ellas el 58 por ciento provenientes de
Estados Unidos y Rusia.
De ahí que un importante testimonio que da
la medida de las crecientes tensiones en el mun-
do son las ventas internacionales de armas.
Agrega el Sipri que a nivel mundial el gasto
militar creció un 1 por ciento el pasado año, en
términos reales hasta los 1.676 billones (millones
de millones) de dólares, lo que supone el primer
incremento desde 2011.
Estados Unidos también fue en 2015 el ma-
yor inversor, a pesar de haber reducido el gasto
en un 2.4 por ciento hasta los 596 mil millones
de dólares, seguido de China, Arabia Saudita y
Rusia.
La potencia del norte es el principal nego-
ciante de armas en el mundo con un monto de
23 mil millones de dólares anuales, para absor-
ber un tercio de todas las comercializaciones.
Con capital estadunidense trabajan las tres
empresas de mayor exportación de material bé-
lico: Boeing, Lockheed Martin y Raytheon.
Completaron la lista de los 15 mayores inver-
sores Reino Unido, India, Francia, Japón, Ale-
mania, Corea del Sur, Brasil, Italia, Australia,
Emiratos Árabes Unidos e Israel.
La inestabilidad mundial, los focos de tensión
en Oriente Medio y otras regiones y la expan-
sión del autodenominado Estado Islámico augu-
ran altos ingresos de las principales compañías
exportadoras de armas.
Asimismo pocos reparan en la irrupción de
Israel en tan lucrativo negocio, pues con 1 mil
700 millones fue el séptimo país que más pertre-
chos de guerra exportó, como tampoco puede
obviarse que naciones con economías emergen-
tes se incorporan a la manufactura de armas
como Turquía, con dos empresas posicionadas
ya en el mercado.
Por todas partes aumenta la incertidumbre
debido a la creciente amenaza terrorista, de ahí
que la situación global es altamente inflamable,
y eso se refleja en los florecientes negocios de los
grandes fabricantes de armamento que no pa-
ran de invertir y producir sus mortíferos equipos,
sin pensar que tanto dinero pudiera destinarse a
combatir el hambre, la pobreza y el amenazante
cambio climático.
El mundo asiste así a un enraizado desvío de
recursos hacia fines nada edificantes que muy
bien deben dedicarse a cubrir necesidades ur-
gentes de la humanidad.
CIRA RODRÍGUEZ CÉSAR, PRENSA LATINA
SANGRIENTO NEGOCIO
EL COMERCIO DE ARMAS

ARTÍCULO OPINIÓN
Violaciones sin respuesta
La constante violación del Tratado Internacio-
nal sobre el Comercio de Armas (TCA), a pesar de
ser el primer instrumento jurídicamente vinculan-
te que obliga a los países exportadores de armas a
realizar una evaluación antes de autorizar las ven-
tas, abona todos los días el fértil negocio.
Los criterios que enarbola el TCA se sustentan
en el derecho internacional humanitario (Conve-
nios de Ginebra), la Carta de las Naciones Unidas
y la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos, pues su objetivo es responsabilizar a los ac-
tores e impedir el comercio lícito de armas desti-
nado a grupos terroristas y del crimen organizado.
Dicho mecanismo, firmado hasta ahora por
130 países y ratificado por 72 de ellos, busca poner
orden en un mercado floreciente y rentable.
El comercio internacional de armas es un re-
dituable negocio que, desde 2009, mueve entre 30
mil millones y 40 mil millones de dólares cada año,
mientras el gasto militar mundial, por su parte,
ronda los 1.7 billones de dólares, lo que equivale
al 2.6 por ciento del producto interno bruto (PIB)
global.
Otros números son aterradores: entre 1989
y 2014, incluyendo el genocidio de Ruanda en
1994, más de 2 millones de seres humanos han
perdido la vida a causa de las guerras. En 2015 se
contabilizaron 118 mil 435 víctimas.
El panorama que surge de los estudios sobre
guerras, conflictos y ataques terroristas muestra has-
ta qué punto el horror de las armas puede convertir
a la Tierra en un solo y desolado campo de batalla.
Inestabilidades políticas, sociales y económicas
favorecen tal escenario, sobre todo la falta de vo-
luntad y el incumplimiento de compromisos como
la ayuda al desarrollo.
Basta recordar que los países en desarrollo po-
drían financiar los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) si los industrializados cumpliesen con
la meta de dedicar el 0,7 por ciento de sus respec-
tivos PIB a esos propósitos.
Tal afirmación aparece en un recién informe,
Desarrollo y globalización: hechos y cifras, presentado
por el secretario general de la Conferencia de
la ONU sobre Comercio y Desarrollo (Unctad),
Mukhisa Kituyi, quien afirmó que las naciones en
desarrollo han dejado de recibir 2 billones (millo-
nes de millones) de dólares por ese concepto.
Los ODS son resultado, entre otros proyec-
tos, de una larga y seria discusión sobre cómo se
quiere que el mundo sea para 2030, una visión
necesitada de un financiamiento serio, pero que
también pueden ser víctimas de los millones de
armas que circulan por el mundo.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
R
oma, Italia. El mundo se enfrenta a un
enorme desafío: por un lado, la nece-
sidad imperiosa de producir alimentos
para la creciente población mundial; por otro,
la presión de frenar y revertir la desaparición de
los bosques, tan necesarios para la vida humana
como para cubrir las necesidades de su dieta.
Los bosques desempeñan un papel funda-
mental en el desarrollo de la agricultura soste-
nible por varios factores: los ciclos del agua, la
conservación de suelos, el secuestro de carbono,
el control natural de pestes, la incidencia en los
climas locales y la preservación del hábitat de los
polinizadores y otras especies.
Pero la agricultura es responsable de la ma-
yor parte de la deforestación.
En las regiones tropicales o subtropicales, la
agricultura comercial y la de subsistencia son
responsables de 40 por ciento y 33 por ciento
respectivamente de la conversión de bosques, y
el restante 27 por ciento de la deforestación ocu-
rre por el crecimiento urbano, la expansión de
infraestructura y la minería.
Para lograr los dos objetivos, las agencias de
la Organización de las Naciones Unidas encar-
gadas de la alimentación y la agricultura ofrecen
datos específicos que hablan por sí mismos.
“La agricultura sigue siendo la principal res-
ponsable de la deforestación y urge la necesidad
de promover interacciones más positivas entre
ella y la silvicultura para construir sistemas agrí-
colas sostenibles y mejorar la seguridad alimen-
taria”, subrayó la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO, por su sigla en inglés).
Ése fue el mensaje principal del informe El
estado de los bosques del mundo, presentado el 18 de
este mes en la apertura de la sesión del Comité
Forestal de la FAO (COFO, por su sigla en in-
glés), un foro semanal que terminó el pasado 22
de julio.
La agricultura ocupa un lugar importante
en la retórica sobre los bosques, pero la FAO
subraya que estos cumplen con muchas funcio-
nes ecológicas vitales que benefician a la propia
agricultura a la vez que incentivan la produc-
ción de alimentos.
El hecho es que los bosques bien gestionados
tienen un potencial enorme para promover la
seguridad alimentaria.
Además de su vital aporte ecológico, señala
el informe de la FAO, los bosques son un medio
de subsistencia para las comunidades rurales y
una forma de aliviar la pobreza al permitir ge-
nerar ingresos mediante la elaboración de pro-
ductos forestales y servicios ambientales.
Unas 2 mil 400 millones de personas em-
plean leña para cocinar y potabilizar agua. Ade-
más, los bosques ofrecen proteínas, vitaminas y
minerales a las comunidades y son una alterna-
tiva en casos de escasez de alimentos.
Desde 1990, más de 20 países lograron
mejorar la seguridad alimentaria a la vez que
mantuvieron o mejoraron su cobertura vegetal,
demostrando que no es necesario talar árboles
para producir alimentos, según el informe.
Los 12 países que aumentaron su cobertura
vegetal son: Argelia, Chile, China, República
Dominicana, Gambia, Irán, Marruecos, Tailan-
dia, Túnez, Turquía, Uruguay y Vietnam.
“Su éxito se basó en un conjunto de herra-
mientas: marcos legales efectivos, garantías en
BAHER KAMAL, INTER PRESS SERVICE
ELDILEMADEPRODUCIRALIMENTOS
Y CONSERVAR LOS BOSQUES

ARTÍCULO OPINIÓN
la tenencia de la tierra, medidas para regular
el cambio de uso de la tierra, incentivos para
la silvicultura y la agricultura sostenible, fondos
adecuados y definiciones claras sobre roles y res-
ponsabilidades de gobiernos y comunidades lo-
cales.”
El informe presenta siete estudios de casos,
Chile, Costa Rica, Gambia, Georgia, Ghana, Tú-
nez y Vietnam, que ilustran las oportunidades de
mejoras en la seguridad alimentaria, así como el
aumento o mantenimiento de la cobertura vegetal.
Seis de esos países lograron cambios positivos
entre 1990 y 2015 en dos indicadores de segu-
ridad alimentaria, la prevalencia de personas
subalimentadas y el número de personas suba-
limentadas, así como
en el aumento de la
superficie forestada.
En el caso de
Gambia, el único país
de bajos ingresos de
los siete mencionados,
logró el primer objeti-
vo de reducir a la mi-
tad la proporción de
personas con hambre
en ese período.
Vietnam, por
ejemplo, implementó
una exitosa reforma
agraria para garanti-
zar la tenencia de la
tierra, como forma de
impulsar la inversión a largo plazo.
El proceso se acompañó de un cambio la
gestión forestal, de la silvicultura estatal a una
de múltiples actores con la participación de las
comunidades locales, incluido un programa de
asignación de áreas boscosas y contratos para su
protección con los residentes locales.
La reforma agraria también se acompañó de
instrumentos para aumentar la productividad
agrícola, como exoneraciones impositivas, prés-
tamos blandos, promoción de las exportaciones,
garantías de precios, apoyo a la mecanización y
reducción de las pérdidas de cultivos cosechados.
En Costa Rica, la deforestación alcanzó su
máximo en la década de 1980, principalmente
por la conversión de bosques en áreas de pas-
tura.
El país logró revertir esa tendencia gracias a
una ley forestal, que prohíbe cambios en el uso
de los bosques naturales, y a un sistema de Pagos
de Servicios Ambientales, que ofrece a los agri-
cultores incentivos para plantar árboles y apoyo
para la conservación forestal.
Gracias a esas medidas, la cobertura forestal
aumentó a casi 54 por ciento de la superficie del
país en 2015.
En Túnez, los planes de desarrollo nacional
reconocen los beneficios de los bosques para
proteger a la tierra de la erosión y de la deserti-
ficación.
Laproducciónagrí-
cola aumentó con la
intensificación, que
mejora el uso de las
tierras cultivables exis-
tentes mediante la irri-
gación, los fertilizantes,
la mecanización, las
mejores semillas y
prácticas agrícolas.
Los incentivos para
fomentar la plantación
de árboles incluyen dis-
tribución gratuita de
semillas y compensa-
ciones por la pérdida de
ingresos derivados de la
agricultura.
Los temas clave de la sesión de esta tercera
semana de julio del Comité Forestal de la FAO
buscan responder directamente a los acuerdos
históricos de 2015 e investigar cómo los bosques
y la gestión sostenible pueden contribuir al logro
de los objetivos de desarrollo acordados por la
comunidad internacional.
En la Semana Forestal Mundial, el comité
evalúa cómo aprovechar mejor el potencial de los
bosques, incluido su contribución al sustento, a la
seguridad alimentaria, al empleo, a la igualdad de
género y a muchos otros de los objetivos de desarro-
llo incluidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y el Acuerdo de París. (Traducción de
Verónica Firme)
DAVIDMANRIQUE

INVESTIGACIÓN PORTADA
SEGURIDAD NACIONAL
MÉXICO
AL BORDE
DEL COLAPSO

INVESTIGACIÓNPORTADA
El diagnóstico de país que
ofrece la Agenda Nacional
de Riesgos –clasificado
como confidencial– revela
un escenario de desastre:
riesgos emergentes e
incapacidad gubernamental
de enfrentarlos. Lo peor, los
principales “riesgos” son los
mexicanos que se organizan
L
a Agenda Nacional de Riesgos 2015 para la se-
guridad nacional del país retrata al gobierno
federal como vulnerable, incapaz, represivo,
corrupto e impune frente a una sociedad sumida en
el hartazgo, la desesperación y al borde de una re-
volución silenciosa, sutilmente llamada por el pre-
sidente Enrique Peña Nieto como “coraje social”.
Y no es para menos. El orden prioritario de los
riesgosyamenazasalaseguridadnacionalcontenidos
en este“documento confidencial”(considerado el pri-
mero como el de mayor prioridad y así sucesivamen-
te) son: delincuencia organizada; conflictos agudos
focalizados; anarquismo; terrorismo; flujos migrato-
rios descontrolados; corrupción e impunidad; ciber-
seguridad; tráfico ilícito de mercancías en fronteras y
mares;desastres naturales y pandemias,y subversión.
Aunque en los últimos 10 años el Estado Mexi-
cano ha invertido presupuesto, hombres y tiempo
en combatir al crimen organizado,sigue siendo éste
el mayor riesgo para el país,lo cual confirma que las
acciones emprendidas por el aparato de gobierno
en la última década han sido insuficientes por no
JOSÉ RÉYEZ, primera parte de 13
123RF

atender los problemas de fondo como son educa-
ción,empleo y desarrollo social.
Considera también posible que se registren
atentados terroristas en México contra blancos e
intereses de Estados Unidos, así como la coopta-
ción de miembros de la delincuencia organizada
por terroristas.
En la versión de 2014 de dicha Agenda Nacional
de Riesgos –que contiene los mismos temas que la
de 2015, aunque varían en orden de importancia y
jerarquía en una escala del 1 al 10– se incluyó por
primera vez como nueva amenaza a la seguridad
nacional la “corrupción e impunidad”, capaces de
vulnerar la capacidad de respuesta de los tres niveles
de gobierno frente a los problemas nacionales y el
bienestar de la sociedad.
En su contenido, la Agenda Nacional de Riesgos
2013 advierte literalmente que el país está inmer-
so en un coctel de riesgos y amenazas que “aten-
tan contra la seguridad nacional, socavan el estado
de derecho, generan un grave descontento social y
crean situaciones de ingobernabilidad”.
El documento del Cisen de 2013, caracteriza-
do como “estratégico, confidencial y de circulación
restringida”, confirma la vigencia actual de los ries-
gos a la seguridad nacional: terrorismo y armas de
destrucción masiva; violencia provocada por la de-
lincuencia organizada; vulnerabilidad cibernética;
porosidad de la frontera sur; limitaciones para la
atención a desastres naturales;ingobernabilidad por
movilizaciones sociales; violencia provocada por la
subversión y anarquistas; incapacidad frente a pan-
demias y epidemias,y deterioro del medio ambien-
te,en ese orden.(Ver cuadro).
Los escenarios de riesgo son alarmantes para el
Estado mexicano y considerados como graves por
el gobierno federal debido al grado de conflictivi-
dad que representan. El Cisen clasifica los temas
de la Agenda Nacional de Riesgos en los niveles de 2,
“bajo”; 3,“medio”; y 4,“alto”. Y reconoce “la vulne-
rabilidad del gobierno para enfrentarlos por inca-
pacidad, corrupción de autoridades del gobierno, la
falta de herramientas y mecanismos para frenar su
ocurrencia y desarrollo”.
Las 10 amenazas a la seguridad nacional contenidas en la Agenda Nacional de Riesgos 2015 son: delincuencia organizada; conflictos agudos focalizados; anarquismo; terrorismo; flujos
migratorios descontrolados; corrupción e impunidad; ciberseguridad; tráfico ilícito de mercancías en fronteras y mares; desastres naturales y pandemias, y subversión

Los expertos en seguridad nacional Guillermo
Garduño, Emilio Vizarretea, Martín Barrón y Ed-
mundo Salas consideran que la pobreza, la crisis
política, la deuda externa, la dependencia alimen-
taria, las reformas estructurales, la penetración del
crimen organizado en los procesos electorales, en
las fuerzas armadas y en las estructuras de gobierno
como atentatorios a la seguridad del país. Empero,
el Cisen no los incluye en la ANR porque no son
de interés del gobierno de Estados Unidos y de los
organismos internacionales.
Del mismo modo, el documento no registra la
actividad de los grupos de presión empresariales ni
las operaciones encubiertas de organismos del go-
bierno de Estados Unidos, como la agencia anti-
drogas (DEA) o el Buró Federal de Investigaciones
(FBI) y las funciones de espionaje que realizan en
nuestro país y que vulneran la soberanía nacional,
por las mismas razones.
En el tema del narcotráfico,el análisis de riesgos
2013 resalta la violencia en territorios controlados
por el crimen organizado,pero omite temas colate-
rales como el lavado de dinero,los delitos financieros
y de cuello blanco, los grandes fraudes financieros,
así como empresas y empresarios vinculados a este
fenómeno como parte de los riesgos a la seguridad
nacional,y a “incipientes esquemas de investigación
orientados a los vínculos financieros y políticos de
los grupos delictivos”.
Académicos y expertos en seguridad nacional
advierten del caldo de cultivo que vive el país en estos
tiempos, en donde no sólo está en juego la Presi-
dencia de la República para 2018,sino frente a algo
mucho más grave y delicado: el surgimiento de re-
vueltas sociales en varias regiones del país.
La lista de amenazas a la seguridad nacional (en
el argot de la inteligencia significan peligros ya exis-
tentes) contenidos en la Agenda Nacional de Riesgos
2013 es interminable, y se conjuga con la incapa-
cidad de las instituciones para enfrentarlas y resol-
verlas a fondo.“Son sistémicas,peligros potenciales,
riesgos”,comenta el doctor Vizarretea González.
El panorama se complica si se toma en cuenta
que los principales miembros de la estructura del
Cisen –cuyo director general Eugenio Ímaz Gis-
pert está delicado de salud por cáncer y en la mira
presidencial para ser sustituido–, carecen de expe-
riencia en sus áreas de trabajo, pese a que son los
funcionarios mejor pagados del gobierno federal
(Contralínea 336).
Para muestra, basta señalar el embrollo en que
está inmerso el gobierno federal con la reforma
educativa y sus tufos de represión frente a la incapa-
cidad de respuesta de los secretarios de Educación
y de Gobernación, Aurelio Nuño Mayer y Miguel
Ángel Osorio Chong,respectivamente.
Aquí, un resumen del diagnóstico de la Agenda
Nacional de Riesgos del aparato de inteligencia del
gobierno federal, del que Contralínea desarrollará
cada tema.
CNTE, SME,
normalistas… alteran
el “orden social”
La Agenda Nacional de Riesgos advierte que
existen diseminadas por el país organizaciones que
“alteran deliberadamente el orden social; que adop-
tan tácticas de presión y motivaciones opuestas al
interés colectivo con capacidad de reducir los már-
Incremento en la violencia del crimen organizado alerta a los órganos de inteligencia mexicanos
CUARTOSCURO

LA EVOLUCIÓN DE LA AGENDA
NACIONAL DE RIESGOS (1982-2016]
De acuerdo con el documento confidencial del Ci-
sen, la Agenda Nacional de Riesgos pasa por diver-
sas fases de producción, las cuales se pueden diluci-
dar a partir de dos parámetros: los contenidos y la
manera en que se elabora. Las fases son: histórica;
de definición; elaboración; temática; evaluación, y
aprobación.
Fase histórica.
De 1982 a 1988. Durante el gobierno de Mi-
guel de la Madrid se circunscribió a la inte-
ligencia política; la gobernabilidad era el eje.
Se concebía por un grupo de expertos de la
Secretaría de Gobernación (Manuel Bartlett
Díaz) y de la Dirección General de Investi-
gación y Seguridad Nacional (DGISN). Se le
presentaba al presidente de la República y su
difusión era nula.
De 1989 a 1994. Durante el gobierno de Car-
los Salinas de Gortari, a la inteligencia políti-
ca (Fernando Gutiérrez Barrios) se le añadió
la inteligencia sobre el narcotráfico (Jorge
Carpizo).El procedimiento de elaboración de
la Agenda Nacional de Riesgos era similar al
anterior, aunque ahora se incluía a más espe-
cialistas del Cisen, dado el paso de la DGISN
a Cisen y a la ampliación de su estructura y de
la temática. La forma de concebirla incluyó a
autoridades de la Secretaría de Gobernación
de seguridad nacional.
De 1994 a 2000. Con Ernesto Zedillo los
asuntos de seguridad nacional eran prácti-
camente los mismos. Se añadió el tema de la
subversión (EZLN, EPR) y se ampliaron las
bases de datos. Se abrieron mesas para la in-
tegración de asuntos, con la concurrencia de
funcionarios de diversas secretarías. Al res-
pecto, cabe destacar que “los retos internos a
la seguridad nacional reconocidos por el Plan
Nacional de Desarrollo zedillista lo constitu-
yen el desempleo, la pobreza, la injusticia y la
demanda de más y mejor democracia. Los re-
tos o amenazas externas a la seguridad nacio-
nalsonelcrimeninternacional,eltráficoilegal
de armas y personas y la explotación ilegal de
los recursos marinos; las amenazas modernas
las conforman el narcotráfico, el lavado de di-
nero y el terrorismo”. (José Luis Piñeyro, “La
seguridad nacional de México con Ernesto
Zedillo”, http://archivo.estepais.com/inicio/
historicos/145/11_Propuesta11_Seguridad_
Pin%CC%83eiro.pdf). Además, en su libro
Poder y seguridad nacional (Cesnav-Senado
de la República, 2013), Emilio Vizuarreta
Rosales destaca que “Zedillo heredó la pugna
de dos corrientes político-policiacas que bus-
caban controlar la seguridad nacional. Por un
lado, las de José Córdoba (coordinador de la
Oficina de la Presidencia), quien promovió a
su equipo para el control del Cisen; por otro,
el grupo encabezado por Fernando Gutiérrez
Barrios, quien siendo secretario de Goberna-
ción fue despojado de atribuciones y faculta-
des de las que dispuso para controlar el apara-
to de seguridad nacional en el país. Estas dos
tendencias continúan latentes incluso en la
alternancia gubernamental panista”.
De 2000 a 2006. Con Vicente Fox, se promo-
vió las inteligencias política y del narcotráfico,
y se le añadió la criminal.La temática era con-
cebida en el Cisen. Con la creación de la Ley
de Seguridad Nacional (2005), nacieron la
Secretaría Técnica, adscrita a la Presidencia, y
la Comisión Bicameral, y se incluyó al Poder
Judicial (autorización para las intervencio-
nes de comunicaciones). La estructuración
de la Agenda Nacional de Riesgos quedó a
cargo del Cisen, y al Secretariado Técnico
de la Presidencia, que encabezaba Luis René
Souverville, se le asignó su presentación en el
Consejo de Seguridad Nacional (CSN). De
tal forma que la agenda de seguridad nacional
devino en la Agenda Nacional de Riesgos.
De 2006 a 2012, con Felipe Calderón en la
presidencia, la Secretaría Técnica del CSN

de la Presidencia emitió el segundo Plan de
Seguridad Nacional. La Secretaría de Gober-
nación y el Cisen configuraron la Agenda Na-
cional de Riesgos y la enviaron a la Secretaría
Técnica para su ratificación.
De 2012 a la fecha, con Enrique Peña Nieto
como presidente, heredó la Agenda Nacio-
nal de Riesgos de Felipe Calderón. Se man-
tuvo prácticamente la misma temática, pero
se agregaron corrupción e impunidad como
factores que atentan contra la seguridad na-
cional, y varió la jerarquización e importancia
de los riesgos entre 2014 y 2015.(Ver cuadro).
Definición
Para la definición de los temas de Agenda Na-
cional de Riesgos, el documento confidencial, re-
servado por el Cisen por 12 años en respuesta a la
solicitud de información 0410000028715 hecha por
Contralínea, señala que es necesaria la activación
del Ciclo de Inteligencia: planeación; recolección;
procesamiento y análisis; difusión y explotación, en
el entendido de que “el Ciclo de Inteligencia tiene
que adecuarse a las nuevas condiciones que marca
la fase histórica actual”.
La activación y orientación de la inteligencia
debe realizarse en función de a) seguridad: la ge-
neración de datos para detectar, prevenir, disuadir,
contener y posibilitar la activación de Amenazas;
y b) desarrollo: la generación de datos para la eje-
cución de proyectos estratégicos para el desarrollo
del Estado mexicano,de conformidad con los linea-
mientos que establezca el Consejo (de Seguridad
Nacional).
Temática
De acuerdo al marco legal, la dirección del Cisen,
con base en los procesos de recolección y concentra-
ción de productos de inteligencia e información; de
su evaluación y valoración, para los periodos 2013-
2014-2015 estableció 10 temas de la Agenda Nacio-
nal de Riesgos, como puede verse en el cuadro 1.

LOS APARTADOS
La Agenda Nacional de Riesgos, de acuerdo con
el documento confidencial reservado por el Cisen,
está conformada por cuatro apartados: “1. Agenda
Nacional de Riesgos”; “2. Ciclo de Inteligencia”; “3.
Integración”; y “4. Documento estratégico”.
1) Agenda Nacional de Riesgos
Desde la perspectiva de la Seguridad Nacional del
país, la Agenda Nacional de Riegos es un instru-
mento estratégico, geopolítico, sensible, vital e im-
prescindible para identificar, precisar y valorar los
antagonismos que puedan obstaculizar o vulnerar
los esfuerzos de las instituciones de la sociedad, para
la consecución de los objetivos y los intereses que
dan cuerpo al proyecto nacional.
El antagonismo está considerado en el docu-
mento como categoría que “eslabona la relación as-
cendente de antagonismo-presión-riesgo-amenaza.
Su identificación es necesaria para la generación de
conocimientos orientados a prevenir,alertar y actuar
de manera coherente y consistente en los asuntos de
seguridad nacional,para la preservación y expansión
de los intereses nacionales. Puede ser real y/o po-
tencial; puede haber sido originado en los ámbitos
interno y/o externo; en algunos de los campos del
poder nacional del sistema; y tener como punto de
partida un sujeto (estatal o no estatal), un fenómeno
o un desastre natural”.
2) Ciclo de Inteligencia
Para elaborar la Agenda Nacional de Riesgos, los
decisores estratégicos, metodológicamente, deben
activar el Ciclo de Inteligencia, cuya aplicación
tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias que
generan, en lo interno, el grado de articulación de
intereses nacionales, y en lo externo, los procesos de
articulación de los mercados globales; la reorgani-
zación del poder en las organizaciones supranacio-
nales y las agendas de seguridad internacional y de
seguridad humana.
El Ciclo de Inteligencia inicia mediante la pla-
neación y/o diagnóstico de la situación de los com-
ponentes constitutivos de los cuatro campos de
poder del país: político, económico, social y militar,
cuyo análisis de cada uno de ellos forma parte de la
administración estratégica de la Seguridad Nacio-
nal. Tienen autonomía relativa y son interdepen-
dientes, es decir, son sistémicos.
Cabe destacar que actualmente la comunidad de
inteligencia nacional debate ampliar los campos de
poder con la incorporación del ecológico y el cul-
tural.
La seguridad nacional está configurada por es-
pacios multi, trans e interdisciplinarios, e institucio-
nales en los cuatro órdenes de gobierno (municipal,
estatal, federal y supranacional).
Esto quiere decir que el ciclo de inteligencia tiene
que operar con una gran diversidad de instrumentos
teórico-conceptuales, misiones institucionales y va-
riables empíricas, con implicaciones en el diseño de
políticas públicas que tienen que atender una com-
pleja gama de asuntos políticos, económicos, socia-
les y militares de carácter sistémico, identificando
autonomías relativas e interdependencias, en escala
interna y externa.
Integración
En la integración de la Agenda se deben resolver
dos cuestiones: que el Ciclo de Inteligencia se active
con información y conocimiento con alto grado de
certeza y objetividad científica; y el problema polí-
tico-administrativo, mismo que se apoya en funda-
mentos doctrinarios que cohesionan a los miembros
de la comunidad de inteligencia de la seguridad na-
cional.
Tiene que ser estratégica, con perspectivas de
mediano y largo plazos, toda vez que su carácter es
integral y sistémico. De manera complementaria, el
Estado necesita otra agenda de menor temporalidad
que atienda los antagonismos apremiantes e inme-
diatos. Esta agenda de menor temporalidad, tam-
bién se integra con la misma metodología, es decir,
con la aplicación del ciclo de inteligencia y las direc-
tivas centrales de desarrollo y seguridad.

Agenda Nacional
de Riesgos 2013
Terrorismo y Armas de
Destrucción masiva
2
Terrorismo y Armas
de Destrucci— n masiva
Diagnós(co general 1
Con(núa la intención de inmigrantes de
nacionalidades de interés1 por ingresar de
manera irregular a México con des(no a
los Estados Unidos; lo que representa el
riesgo de ingreso o tránsito por territorio
nacional de alguna persona vinculada
con el terrorismo internacional.

El año 2010 presentó el índice más alto de
detenciones.
2011 y 2012 mostraron un comportamiento
a la baja.
1 Afganistán, Bangladesh, Eritrea, India, Iraq, Paquistán, Somalia, Irán, Nigeria, Nepal y Ghana.
Flujo de migrantes irregulares de nacionalidades de interés.
3
La Agenda considera la posibilidad de atentados terroristas en el país contra blancos e intereses de Estados Unidos y la cooptación de miembros de la delincuencia organizada por
terroristas
genes de gobernabilidad en zonas específicas y cuyo
comportamiento de algunas de ellas buscan generar
crisis recurrentes de gobernabilidad”.
Se refiere a los movimientos de sociales, a los
cuales,lejos de solucionar sus demandas,el régimen
los considera nocivos. Agrega que hay “injeren-
cia de actores vinculados a la subversión o grupos
anarquistas en movimientos sociales tradiciona-
les (magisterio disidente, colectivos estudiantiles,
organizaciones de defensa de derechos humanos,
agrupaciones campesinas e indígenas,así como ini-
ciativas frentistas multisectoriales)”.
ParaelCisen,estasorganizacionestienennombre
yapellido:sonlaCoordinadoraNacionaldeTrabaja-
dores de la Educación (CNTE); el Sindicato Mexi-
cano de Electricistas (SME);el Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra; el Movimiento de Liberación
Nacional; el Frente Popular Revolucionario;el Fren-
te Amplio Social;la Unión Popular de Vendedores y
Ambulantes 28 de Octubre; las normales rurales, y
poblacionesqueseoponenaobrasdeinfraestructura.
De tal manera que el principal órgano de inte-
ligencia del país vislumbra la “consolidación de un
frente multisectorial de amplio alcance, que articule
a otros movimientos que han venido actuando por
la vía institucional y que genere la percepción de una
inconformidad generalizada hacia el sistema políti-
co,económico y social que el país ha adoptado”.
La Agenda advierte de la existencia de conflicti-
vidad regional en el país, donde se registran accio-
nes de obstrucción de proyectos de infraestructura;
rechazo a la explotación minera; violencia provoca-
da por pugnas entre las comunidades por la tenen-
cia de la tierra.
En este contexto de ingobernabilidad y crisis
social, la Agenda reconoce “la débil capacidad de
respuesta de los gobiernos estatales y municipales
para resolver los conflictos”.
Subraya el surgimiento de nuevas expresiones
de inconformidad en el contexto de las reformas
energética y fiscal,así como de las modificaciones a
la Ley General de Educación y su instrumentación
en varios estados de la república: Oaxaca, Chiapas,
Michoacán,Guerrero,Ciudad de México.
Terrorismo y
ciberterroristas
Los topos del Cisen han detectado objetivos de

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