Artículo fundacional para el partido Primero la Gente

1.
DOCUMENTOS DE FORMACION POLITICA
¿Estás dispuesto
realmente
a defender a la gente?
Por Sebastián García Díaz

2.
Presentación
PRIMERO LA GENTE nació en Córdoba con una
misión muy concreta: defender a la gente común,
al ciudadano que nadie defiende.
Ese ciudadano somos todos nosotros. Los que no
tenemos ni el poder de los sectores económicos,
ni la capacidad de presión de los sindicatos o la
posibilidad de paros y medidas de fuerza como los
que realizan los empleados públicos o de los
servicios básicos. Los que no estamos colegiados,
ni agrupados. Los “vecinos de a pié”.
Nacimos para representar a esa mayoría
silenciosa. A los que, como máximo, salieron
alguna vez con su cacerola a reclamar por un país
distinto. Pero que no pueden participar mucho
más. Porque están poniendo el 100 % de sus
esfuerzos en crecer, progresar, capacitarse y
desarrollarse junto con su familia (no importa si
les va bien o les cuesta llegar a fin de mes o
incluso comer todos los días).
Esa gran mayoría aprendió que nadie se salva
sólo. Y que la política de la ciudad, de la provincia
y del país, es algo previo a cualquier proyecto que
uno encare. Nadie puede realizarse plenamente si
no hay seguridad, justicia, reglas claras, si no hay
mínimas garantías de igualdad de oportunidades
‐una buena educación pública y un sistema de
salud que responda‐. Si no tenemos alguna
certidumbre que nadie se quedará con nuestros
ahorros, ni echará mano a nuestras jubilaciones.
Hay un sentido común en esa gran “clase media
argentina”, que tiene claro el orden de
prioridades: ante todo que no se robe como hoy
roban los dineros públicos. Pero eso no basta: se
necesita gente capaz, que gobierne con
austeridad, concentrando los recursos en obras y
servicios y no en nombramientos y sueldos.
Nosotros pretendemos cumplir con esa
expectativa. Y proponer una visión del desarrollo
verdadero (que han tenido otros países
hermanos) abiertos, integrados al mundo,
previsibles en un proyecto común.
Defender a la gente, sin embargo, no es un asunto
sencillo. Porque Argentina funciona en forma
corporativa. Y son muy fuertes los intereses que
trabajan sobre la opinión pública para que
sintamos que tienen razón en sus privilegios o
reclamos. Los que enfrentamos corporaciones una
y otra vez, somos señalados como extremos,
equivocados, exagerados. Pero no es así.
Para no confundirse en el mar de opiniones, es
muy importante tener en claro los principios y los
valores, con los cuales “ganan los ciudadanos” y
no un sector privilegiado. Cómo es el
razonamiento adecuado en cada circunstancia.
Sirvan estas reflexiones para cumplir con ese
propósito y abrir el debate.
Sebastián García Díaz
Presidente

3. ¿Cómo se defiende a la gente?
Cuando un intendente decide incorporar a la
planta de empleados municipales a mil choferes
desplazados de una empresa privada que está por
quebrar, para evitar un conflicto ¿a quién está
defendiendo? ¿Al bien común ‐al interés general‐
o al interés de un sector, en desmedro de todos?
O cuando decide pasar a planta permanente 4.000
contratados, sin concurso… es posible que haga
justicia con algunos de ellos que se lo merecen.
¿Pero es justo para todos los vecinos y sobre todo
para aquellos que no tuvieron ninguna
oportunidad de presentarse, porque no eran
amigos de tal o cual funcionario?
El derecho a poder acceder a un cargo en el
Estado a través de concurso público ‐una bandera
muy cara a Primero la Gente‐ es, en el fondo, la
defensa del derecho de todo ciudadano común a
competir, en igualdad de oportunidades con
aquellos que son “amigo del poder” (además, por
supuesto, de ser la mejor forma de que ingresen
los mejores a trabajar al Estado)
La exigencia constante de nuestra fuerza por
privilegiar en el presupuesto público, al menos un
50 %, para la realización de obras y servicios por
sobre el pago de sueldos, también es defender al
vecino que no tiene la capacidad de coacción del
gremio, pero que en verdad paga sus impuestos
para que le vuelvan en mejoras a su calidad de
vida.
Cuando el intendente sucumbe a la presión y
dedica más del 70 % a sueldos, está traicionando a
la gente en beneficio de un sector ‐los empleados‐
y de él mismo (porque nadie quiere salir en los
diarios por conflictos prolongados).
Alguien podría decir que el hecho de evitar
conflictos sociales por dejar a miles de familias sin
trabajo es un factor de bien común. Es un punto
de vista a tener en cuenta.
Sin embargo, cuando esa excepción deja de ser
puntual y el Estado se convierte en una “agencia
de empleo”, entonces se está distorsionando el fin
básico que todos pretendemos del poder público y
que es, antes que cualquier otro, garantizar
bienestar general y no sólo el de un grupo
determinado.

4. Un compromiso mayor
Nuestro compromiso con la gente que nadie
defiende es mucho más profundo. ¿Es justo que
los subsidios beneficien a un sector, con los
impuestos que paga toda la población, incluido los
que están muy lejos de pertenecer a dicho sector?
Un ejemplo: el subsidio a los combustibles, a la
energía, al transporte.
Cuando la discrecionalidad de un gobernante
comienza a decidir a quién subsidiamos y a quién
no o cuánto para uno y cuánto para el otro, ese
día seguro que pierde la gente común y gana
algún privilegiado. Es además tierra fértil para la
corrupción y el clientelismo. La increíble
diferencia entre el monto de subsidio que reciben
los colectivos de Capital Federal vs los de Córdoba
es un ejemplo por demás elocuente.
Esta experiencia la sufren hoy en carne propia los
que compran garrafas de gas ‐generalmente gente
más humilde‐ a un precio casi inaccesible, con la
decepción de que un porcentaje de sus impuestos
(al menos los que pagan como IVA en cada
compra de supermercado) está yendo a subsidiar
el gas natural de los barrios que han accedido a la
conexión.
¿Fue justo para los argentinos que ‐devaluación
mediante‐ hayamos sido obligados a ganar todos
un tercio menos de nuestros sueldos para que la
“nueva burguesía nacional” (como los llamó
Kirchner) pudieran desarrollar las empresas
locales sin tener tanta competencia externa como
sufrían en la época de la convertibilidad?
Nos dicen que eso era un “burbuja” que tarde o
temprano iba a explotar. Pero la verdad es que
nos llevaron a otra “burbuja” que ‐como toda
situación económica armada artificialmente‐ corre
el mismo riesgo.
Aquí la pregunta debe ser más profunda: ¿Cómo
defendemos verdaderamente al ciudadano
común? Nuestra posición es que la mejor defensa
es permitir que las personas puedan comprar
productos y servicios de la mejor calidad posible al
precio más bajo posible, sin obligar a introducir en
esta ecuación el “patriotismo”.
Esta es la herramienta más poderosa que
podemos darle a cualquier persona, y
especialmente a los que menos tienen. Se trata de
cosas esenciales para su vida. Ellos sabrán
merituar si vale la pena pagar un poco más, pero
apoyar a una empresa local. O a una más chica
que recién comienza, en lugar de una ya
consolidada. Pero de convencerlos deberá
encargarse la empresa y no el Estado. Porque el
deber del Estado es proteger el interés general y
no el de las empresas locales.
En este sentido, cuando las corporaciones logran
que se cierren las fronteras a productos externos,
o que se los cargue con altos aranceles, o cuando
se mantiene el dólar “alto” o el dólar “bajo”
artificialmente, para proteger los intereses
económicos de un grupo social, se está
desprotegiendo el interés colectivo. Y aquí es
donde el mejor regulador son los mismos
consumidores que sabrán premiar o castigar
según su criterio (que es, en verdad, el criterio que
vale).

5. Por el lado de la oferta, también es importante no
mal acostumbrar ni a una gran empresa, ni a una
PyMe que debe prepararse, desde el principio,
para ser competitiva a nivel global.
Si protegemos su crecimiento, es cómo si
criáramos un hijo poniéndole siempre al lado
otros que no puedan ganarle nunca. Cuando le
saquemos ese “privilegio” sufrirá bruscamente el
contraste con la realidad. ¿Cuánto tiempo
podemos subsidiar nuestras empresas en una
economía global tan dinámica y competitiva? La
experiencia histórica indica que siempre los
modelos protectores se agotan rápido y cuando
uno corre el velo de la protección, los que no
crecieron en la competencia, caen en forma
estrepitosa. Eso fue lo que pasó en los 90: habían
sido muchos años de empresas acostumbradas a
ser protegidas por una economía cerrada.
En estos casos siempre surge un discurso
completamente falaz: “si no protegemos las
empresas nacionales, se funden y queda mucha
gente sin trabajo. Esto genera un problema social
y además esa gente no compra y achica el
mercado interno. La misma historia muestra
también que las empresas protegidas no duran y
por lo tanto son “pan para hoy, y hambre para
mañana”. Le estamos resolviendo el empleo a
esos trabajadores por unos años (¡suficiente como
para ganar la próxima elección! piensa el político
inescrupuloso) pero no es sustentable.
¿Qué modelo económico es mejor para la gente?
Empecemos por decir que, a la gente común ‐la
que nadie defiende‐, el factor más importante de
la dinámica económica es la estabilidad: que no
haya inflación. Los asalariados y los que tenemos
ingresos fijos nunca podemos ganarle a la
inflación, sino todo lo contrario (esta lección la
conocemos todos, incluso con dramatismo, en
Argentina).
Para que no haya inflación tiene que haber reglas
muy claras que se cumplan. Eso es lo único que
puede garantizar la confianza. Y como contracara
debe haber muchísima competencia. Lo más que
se pueda.
Porque esas dos variables hacen de pinza para que
el empresario, ante un aumento de la demanda de
sus productos, se decida a invertir en ampliar su
fábrica, comprar máquinas y contratar más gente
en lugar de caer en la tentación de subir el precio.
Si cae en la tentación, igualmente el mercado se
encarga de castigarlo con la competencia.
Aquí es donde surge la necesidad de que la
economía sea transparente y fluya sin mayor
intervención que la que dictan las leyes
razonables. Porque si forzamos el tipo de cambio,
por ejemplo o alguna de otras variables, nos
convertiremos en hipercompetitivos para exportar
en desmedro del mercado interno y al revés.

6. En la actualidad, la inyección de dinero en forma
arbitraria en la economía nacional (fondos
manejados discrecionalmente con superpoderes,
sin coparticipar, cambiando según cómo se
comporte el intendente o el gobernador día a día)
sólo genera desconfianza.
Y cuando ese dinero lanzado al mercado se vuelca
a la compra, pero en un marco de desconfianza
generalizada, los vendedores deciden “aprovechar
el veranito” aumentando los precios, en lugar de
tomar decisiones de más largo plazo.
Hay un tercer elemento que ‐muy a pesar de lo
que vociferan los supuestos defensores de la
gente‐ beneficia al ciudadano común. Y es la
apertura de la economía. En los dos sentidos: para
que nuestras empresas puedan vender lo más que
puedan en el exterior (lo que supone un
compromiso recíproco). Y para que podamos
recibir inversiones de personas que quieren
instalarse en nuestro país y dar trabajo a más
gente.
Es importante insistir en una idea previa: cuando
un empresario local me pide que compre un peor
producto que el que hoy circula en el mundo, o a
un precio más caro, o con menor financiación o
garantía, en atención a que “somos argentinos”,
me está pidiendo a mi ‐comprador‐ un esfuerzo
que él no está dispuesto a realizar. Pues me pide
que saque de mi bolsillo un dinero extra (por
razones de patriotismo) que él no está invirtiendo
para ser tan competitivo como el que trae los
productos de afuera.
“¡Pero es que en China trabajan por un puñado de
arroz!” Asumido que tarde o temprano
competiremos con todos los países del mundo,
entonces queda al desnudo nuestro desafío: si el
juguete chino, aún con fletes y demás costos llega
a la juguetería de mi barrio más barato que el que
lo hace en la esquina, entonces tendrán qué
pensar los empresarios argentinos (ellos, no el
Estado) en qué podemos ser verdaderamente
competitivos para salir a venderle al mundo.
A los miembros de Primero la Gente nos gustaría
que el proyecto de país hiciera que nuestro país
superara al resto de los países en productos de
alto valor agregado que exijan “cerebro
argentino”, el más intangible de nuestros
atributos (más que la pampa húmeda y el agua de
la Patagonia).
Eso se puede promover y alentar desde el Estado.
Pero nunca tanto como para atrofiar la ‐gracias a
Dios‐ amplia y diversa intuición propia del
empresario genuino.

7. Qué el Servicio del Estado
lo haga el mejor y más barato.
Sigamos profundizando en nuestro compromiso
con la gente común, en lograr su bienestar por
sobre cualquier justificación que pretenda
demorarlo en atención a “fines superiores”.
Si como intendente de la Ciudad, ante una gran
obra de infraestructura, prefiero convocar sólo a
los empresarios locales (“porque ellos le dan
trabajo a nuestra gente y luego gastan el dinero
en nuestros comercios”) en lugar de convocar a
una licitación abierta, incluso internacional, me
estoy equivocando en forma grosera.
No sólo por lo dicho en el anterior apartado, sino ‐
sobre todo‐ porque el interés general es lograr la
mejor empresa, al menor precio para hacer una
obra que trascienda.
Peso que ahorremos en esa licitación, peso que
podremos invertir en otra obra que beneficie a
todos, con la tranquilidad que ha ganado la mejor
empresa que hubiéramos podido contratar. Peso
que, en cambio, malgastemos apoyando al
empresario local, es un privilegio para unos en
desmedro del conjunto con resultado incierto
respecto a la obra final.
Más aún: garantizados los servicios que el Estado
no puede delegar (Justicia, Seguridad, Educación
Pública, Salud Pública, etc.) si hay servicios que,
desde la intendencia, me resultan más caros
hacerlos con la propia estructura del Estado que
con la asistencia de la iniciativa privada (o logra
menor calidad o tarda más tiempo o resulta
propicio para la corrupción, etc.) entonces, no
debo dudarlo: es mejor tercerizar.
Porque es mentira que el Estado pueda hacer
todo bien y que es preferible su acción a la de los
privados (insisto que hablamos de actividades que
no son las centrales y propias del Estado).
Si el Estado no lo hace bien ¿de qué le sirve al
ciudadano común que sea “público” el servicio en
lugar de “privado”?
Aquí PRIMERO LA GENTE tiene una “guerra
intelectual” declarada con todos los supuestos
defensores de las causas populares, que abogan
por el retorno de la acción directa del Estado
sobre todos los servicios.
Es nuestro deber desenmascarar a estos
mentirosos que en realidad lo que buscan es
beneficiarse con sus “contactos políticos” una vez
que la empresa o servicio vuelva a quedar en
manos estatales (muchos gremialistas confían en
que podrán transar mejor con el político de turno
que con un empresario dispuesto a defender a los
accionistas).
Es real que, con este razonamiento, se justificaron
muchas distorsiones durante los 90. Pero el caso
en ese momento fue completamente otro. Porque
las tercerizaciones no mejoraban los servicios ni lo
hacían más baratos en muchas ocasiones. Y en
varias privatizaciones lo único que hacíamos era
consolidar monopolios privados que no tenían
ninguna presión del mercado ni control del Estado
como para esforzarse en brindar un mejor
servicio. Además el factor “corrupción” fue tan
alevoso en ese período que distorsiona cualquier
análisis

8. ¿Qué es lo mejor
para la gente a nivel social?
Llegamos a uno de los aspectos que, seguramente,
resulta más álgido en el debate. Porque aquí hay
una divisoria de aguas entre los que subestiman la
capacidad de decidir sobre lo que más le conviene
a la propia persona y los que, por el contrario,
sostenemos la necesidad que dejar que los
ciudadanos sean protagonistas de sus vidas y
tomen la mayor cantidad de decisiones que sea
posible. Nuestra posición está detalladamente
explicada en el documento: “El fundamento de
nuestra Lucha”
Elegido el segundo camino las decisiones sobre
cómo promover el desarrollo social se ordenan en
el acto. ¿Es mejor que el Estado Provincial obligue
a casi 500.000 personas a ser afiliadas al APROSS
(ex IPAM) o sería mucho más conveniente que
pudieran elegir permanecer en esa obra social o
pasarse a otra que le ofrece, por el mismo dinero,
un mejor servicio? Esta es una lucha que llevamos
en Córdoba en soledad, pues los otros partidos
políticos no se animan a tanto.
Y para resolver a miles de personas su grave
problema de falta de vivienda propia ¿es mejor el
sistema actual en el que el Estado decide por ellos
en qué barrio deben vivir, con qué vecinos,
cuántos dormitorios debe tener, como única
posibilidad de acceder a este derecho?
¿O sería mucho más conveniente para la gente
que el Estado llevara de tal manera ordenada la
administración pública que no encareciera la tasa
de interés de los créditos inmobiliarios, hasta
llegar a una tal que sea accesible para cualquier
trabajador, pagadera a lo largo de su vida, para
decidir dónde quiere comprar o construir su casa
propia? Lo primero sigue la lógica del “bolsón” y el
clientelismo. El segundo promueve
verdaderamente la emancipación y el desarrollo
de las familias.
No dejemos de hablar del desafío de las
jubilaciones, sin olvidar que aquí no ha habido
gobierno en la historia reciente que no haya
echado mano de las cajas jubilatorias para
financiar el corto plazo, hipotecando el largo plazo
(que es el plazo de las jubilaciones!).
Los supuestos “defensores de la gente” lucharon
en contra de los regímenes de capitalización e
insistieron en volver a consolidar el régimen
estatal de reparto.
En el primero cada persona va aportando a una
cuenta que es suya, para retirar el monto
ahorrado en cuotas al final de su vida laboral más
los intereses que haya logrado conseguir la
empresa administradora por invertir esos fondos.
En el segundo, lo que aportan los activos va a
parar a un fondo común que es repartido entre
todos los jubilados actuales. Pero ¿Qué ocurre
cuándo un gobierno como el actual amplía la base
de los jubilados con personas que nunca
aportaron y por otro lado echa mano sobre esos
recursos para financiar otros proyectos del
Estado?
Se atacó a las llamadas “AFJP” porque no
generaban la rentabilidad suficiente. Pero no
podemos dejar pasar que en Argentina incluso

9. llegamos a obligar por leyes y decretos que estas
instituciones compraran forzosamente títulos del
Estado a punto de caer en default. Así no hay
sistema que aguante.
En Chile estas organizaciones han sido pilares
fundamentales de la inversión que generó el
desarrollo del vecino país. Pero esas inversiones
se deciden teniendo en cuenta el mejor negocio
posible para los aportantes y no para el Estado o
para el político de turno.
En todos estos temas, como podrá verse, nuestra
opinión contrasta con muchos “dirigentes
populares” que hacen bandera con la intervención
del Estado como factor decisivo de Justicia Social.
Sin embargo, como podemos ver, la verdadera
justicia para la gente que nadie defiende es
completamente otra (cabría preguntarse qué
beneficio tiene por ejemplo para los cordobeses
defender a capa y espada el carácter “cordobés”
de nuestra Caja, si está fundida y no puede dar
respuesta a los derechos adquiridos de sus
aportantes).
Estos ejemplos concretos pueden extenderse a
terrenos donde el análisis debe ser más detenido
y mesurado. Por ejemplo en el campo de la
Educación Pública. Aquí estamos ante una
obligación esencial del Estado que no puede
delegar. Sin embargo eso no quita que pueda
servirse de la asistencia de instituciones
comunitarias, civiles o religiosas o de la iniciativa
privada.
Nuestro país reconoce, afortunadamente, la
llamada educación “privada”. Sin embargo ¿podría
el Estado dividir los recursos que asigna por
escuela y licitar entre estas instituciones
mencionadas la gestión de estas unidades?
Estamos convencidos que le daría al sistema de
educación pública una gran eficiencia y además
una pluralidad muy sana para el desarrollo cívico y
cultural de las nuevas generaciones. Esto es lo que
le conviene a la gente… ¡entonces hagámoslo sin
importar si afectamos intereses gremiales y
sectoriales!
Un estudio realizado por Primero la Gente dejó en
claro que la Municipalidad de Córdoba tenía un
presupuesto para administrar sus 38 escuelas que
alcanzaba, dividido por la cantidad de alumnos,
para pagarles a cada uno la cuota del mejor
colegio privado de Córdoba. A la luz de ese dato
quedaba en claro la enorme falta de eficiencia en
la gestión educativa municipal.
Hay herramientas modernas que verdaderamente
deberían ser un elemento a incorporar. Por
ejemplo los “bonos educativos” que permiten a
los padres decidir, con el dinero que tiene
afectado el Estado a la educación de sus hijos,
dónde prefieren enviarlos a estudiar, teniendo la
posibilidad de pagar incluso ‐además del bono‐ un
extra si sus recursos se lo permiten. En verdad son
alternativas que favorecen a la gente que
pretendemos defender.
Todas estas reformas sociales que propone
PRIMERO LA GENTE deben ser enmarcadas en los
pilares generales de nuestra propuesta que busca
la mayor descentralización posible hacia los
niveles más básicos de poder con su
correspondiente “responsabilidad fiscal”.

10. Esto es: “que el gobernante recaude los impuestos
que están directamente afectados a los servicios
que presta” como para que sea responsable a la
hora de gastarlos (muy lejos de lo que hoy ocurre
con distorsiones como las retenciones, el
impuesto al cheque y la falta de una ley de
coparticipación).
Nuestra propuesta de descentralización abarca no
sólo el poder político (que cada ciudadano pueda
elegir al concejal de SU zona y no en lista sábana,
el diputado provincial de SU zona, los diputados
nacionales de SU zona, el director del CPC de SU
zona, etc) sino además la policía (defendemos la
idea de policías preventivas de órbita municipal) y
la mayor cantidad de competencias que resulten
mejor gestionadas por el ámbito local.
¿Debe decidirse desde Buenos Aires cuántos
canales de Televisión abierta necesita tener
Córdoba? Esta pregunta puede servirnos para
vislumbrar la amplitud de nuestros reclamos por
un Estado más descentralizado. Sin embargo,
cuidado: nuestra defensa del federalismo no es
por un romanticismo histórico de pelea entre el
puerto y el interior. Es una cuestión de estricta
utilidad y de beneficio para todos los argentinos.
El poder más cerca de la gente es la garantía
general de mayor atención a las necesidades de
los ciudadanos que “nadie defiende”.
No querría terminar este apartado sin mencionar
un caso muy arraigado de distorsión a favor de un
sector específico, bajo largos discursos de
“defensa del interés común”. Se trata del ingreso
irrestricto a la Universidad Pública y su carácter
gratuito. Hemos insistido en que el Estado tiene
una obligación indelegable que es garantizar la
educación pública y gratuita para toda la
población. Sin embargo esa garantía se extiende
sólo al ciclo obligatorio (educación primaria y
secundaria).
Luego cada persona debe decidir si continúa su
formación a nivel universitario, elige una carrera
terciaria o directamente ingresa al mercado
laboral. Por lo tanto es una injusticia social que el
Estado financie la educación en forma masiva de
personas que eligen una formación universitaria y
tienen los recursos para solventar esa etapa de su
vida.
Como varias veces se ha señalado: “el joven
albañil que no ha podido ir a la universidad está
financiando con el IVA que aporta al comprar su
pan, la educación del joven de clase media que
durante todo su colegio secundario tuvo la
posibilidad de pagar una educación privada.”
Aquí la defensa de la gente está dado por
garantizar que aquel que no tenga recursos,
igualmente pueda acceder con becas al nivel
universitario. Pero no un financiamiento masivo
de estudiantes que exigen además no tener
ningún tipo de examen de ingreso. Es ésta una de
las distorsiones más aberrantes, ya que miles de
jóvenes universitarios ‐los supuestos futuros
dirigentes del país‐ se forman creyendo que se
juegan por la justicia social al defender su
privilegio a estudiar gratis, aún teniendo
posibilidades económicas.

11. Estas ideas: ¿defienden a los pobres?
Estas propuestas revolucionarias a nivel social, son
la mejor garantía para las personas marginadas y
de escasos recursos.
Es probable que, después de tantas décadas de
subestimar a la gente humilde, lleve un tiempo
prolongado hacerlos tomar conciencia y seguridad
respecto a que sus decisiones tienen valor y a la
importancia de que sean protagonistas de su
propia vida. Pero es el único camino que garantiza
un futuro mejor para ellos y para sus hijos,
teniendo en cuenta que el futuro será cada vez
más globalizado.
Es bueno concentrarse en uno de los aspectos
más problemáticos como es la cuestión de la
“asistencia social” que da el Estado a través de
bolsones, planes asistenciales, pensiones
graciables, donaciones, etc.
Más allá de que hay circunstancias extraordinarias
‐como la crisis del 2002‐ en los que es necesario
paliar las necesidades básicas (el hambre más
urgente), a nivel general Primero la Gente
sostiene la necesidad de hacer foco en la
promoción humana y social antes que en la
asistencia.
Cuando el Estado le da un trabajador
desempleado, un subsidio para que mantenga a su
familia, sin límite de tiempo y sin
condicionamiento alguno, está condicionando
fuertemente a ese grupo familiar a ingresar o
permanecer en la llamada “pobreza estructural”.
Cada vez le resultará más difícil volver al mercado
laboral por la paulatina marginación que va
produciendo esa situación de dependencia a una
dádiva pública, sin acceso a la capacitación y a
nuevas oportunidades.
Por ello, la mejor forma de defender a la gente
marginada es permitirles un eficaz acceso a la
capacitación en habilidades laborales y también
de otro tipo (administración de sus escasos
recursos, auto‐elaboración de una dieta eficaz
para la alimentación de sus hijos, etc). Aunque tal
vez deje de serlo en un futuro, hoy continúa
siendo el trabajo del jefe de familia, la piedra
fundamental de la estructura familiar y la clave de
su desarrollo.
Sin embargo, esquemas de capacitación también
pueden ser inútiles si la transformación no es
completa.
Para romper los llamados “círculos de la pobreza”
de los cuáles les resulta muy difícil salir a miles de
familias marginadas, se requiere poner en
prácticas todas nuestras propuestas en forma
sistémica:
• Si el joven ha sido “obligado” a ir al colegio
que le fue asignado por el Estado y allí un
funcionario decidió que él no puede
aspirar a más que ser un “técnico” en
algún oficio.

12. • Si a la hora de asignarle una vivienda a su
familia lo han “obligado” a trasladarse a
donde decidió mudar la villa otro
funcionario.
• Si su alimentación no dependió de su
madre sino del comedor escolar que fue
financiado por el Estado.
• Si su salud es precaria porque siempre
dependió de las tremendas demoras de
los Hospitales Públicos (no le dieron la
posibilidad de elegir a su familia donde
asignar los fondos para ellos previstos
respecto a salud).
• Si su condición de “empleado informal”
(en negro) cuando tuvo un empleo
(causado por los impuestos al trabajo que
aplica el Estado y que desalienta la
formalidad) le impidió conseguir
financiamiento de una tarjeta o de un
crédito y debió echar mano a usureros,
• si….
El listado podría ser tan largo como un libro:
¿entonces cómo podemos pedirle que se
prepare para competir en el dinámico
mercado laboral?
En Primero la Gente tenemos una opción
preferencial por los más pobres. Pero
queremos sacarlos del círculo de la pobreza y
no consolidarlos en esa condición que es lo
que hacen las mayorías de las políticas
sociales actuales.
A modo de conclusión
Como habrá podido verse en este breve repaso
por los principales tópicos políticos, el
razonamiento que debe tener un gobernante y un
dirigente político para priorizar los intereses de la
gente es muy distinto al que hoy utilizan muchos
referentes.
Cuando en una mesa de consenso ante un
conflicto del transporte, están sentados los
empresarios del transporte y la UTA (los
trabajadores del transporte) no está representado
el interés del ciudadano que nadie defiende y que
es el usuario.
O la Municipalidad convoca a representantes de
este grupo, el destinatario principal de la política
pública o directamente el intendente asume que
se el
interés general que en ese
caso está representado por los padres y por los
él está allí para representarlos.
Lo mismo en cada caso. ¿Puede resolver
problema de los accidentes de tránsito por
consumo de alcohol en los jóvenes si la
negociación es un tironeo entre los dueños de los
boliches, los inspectores municipales y la policía?
¿Cómo defender el
mismos jóvenes?

13. El problema es que el interés general no está
“agremiado”. Sólo tiene la presión del voto
ciudadano una vez cada cuatro años. Y el poder
político pierde su esencia si abandona esa
representación verdadera de la gente, y pasa a ser
un árbitr
o de la puja entre intereses corporativos.
Mucho peor si el propio Estado se desvirtúa y pasa
cedió por
prioridad la tienen las víctimas del
delito. Y así en cada caso es muy importante
no
Defender a la gente que nadie defiende hoy en
xigirá mucha valentía.
mises, etc.
Córdoba, podría decirse, hoy está directamente
estamos decididos a enfrentarlos,
porque para eso hemos fundado esta fuerza
e
entos de tensión.
Nuestra vocación es producir cambios de fondo
Y ese es el compromiso.
Agosto del 2008.‐
a ser un actor corporativo más (lo que su
ejemplo en la puja entre el gobierno nacional y el
campo)
Cuando se menciona el problema de la
inseguridad, la
donde está concentrado el bien común y donde
aparecen bienes particulares, atendibles pero
equiparables.
Córdoba, al vecino de a pie, una vez que
lleguemos al gobierno, será una tarea heroica que
Habrá que estar dispuesto a tomar medidas
drásticas para ordenar las distorsiones gremiales
(del SUOEM), los focos de corrupción, la puja
entre la FETAP y la UTA, los taxis y los re
e
sitiadas por todas estas corporaciones.
Nosotros
política.
No debe importarnos si la gente luego no nos
elige de nuevo. Si “por no robar” luego no
tenemos fondos para pagar costosas campañas y
ser reelegidos. Si las resistencias a nuestras
propuestas reformistas obligan a las ciudades qu
gestionemos a sufrir mom
por el bien de la gente.