Favelización de Córdoba. droga, poder y burocracia

Favelización de Córdoba 3
Sebastián García Díaz
Favelización
de Córdoba
DROGA,
PODER Y BUROCRACIA

Sebastián García Díaz4
© El Emporio Libros S.A.
9 de Julio 182 - 5000 Córdoba
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ISBN: 978-987-1268-78-8
Impreso en Córdoba, Argentina
Printed in Córdoba, Argentina
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García Díaz, Sebastián
Favelización de Córdoba : droga, poder y burocra-
cia . - 1a ed. - Córdoba : El Emporio Ediciones, 2010.
140 p. ; 23x15 cm.
ISBN 978-987-1268-78-8
1. Drogadicción . I. Título
CDD 613.8
Los dichos, opiniones y comentarios de este libro son
responsabilidad exclusiva del autor.

A todos los padres que sufrieron la muerte
de sus hijos por causa del alcohol y de la droga.
Que su dolor sirva para forzar el cambio.

Índice
Presentación ....................................................................................9
1. El informe que forzó mi renuncia ............................................. 15
2. El desafío de fundar la Secretaría ............................................. 31
3. Un Consejo anti-drogas que nació muerto ..............................45
4. “Favelización” de Córdoba .......................................................59
5. La lucha solitaria contra el alcohol...........................................65
6. Lo que sí pude hacer .................................................................85
7. ¿Dónde metemos a los adictos? ...............................................93
8. Combatir las drogas, sin silla ni lapicera ...............................103
9. Conclusiones para el futuro ................................................... 121
10. Cinco reflexiones finales ....................................................... 129

Presentación
“Las campañas contra los narcóticos en México y Colombia
desplazaron las actividades de los traficantes hacia la
Argentina”. No es una opinión personal. Lo afirma el último
documento sobre “Estrategia para el Control Internacional de
Narcóticos” del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
“Argentina –agrega– siguió siendo durante 2009 una
importante ruta para el tránsito de la cocaína producida en los
Andes. Mientras la mayor parte del tráfico se dirigió a Europa,
hubo efedrina destinada al contrabando en México y Estados
Unidos”. En otro párrafo consigna: “El año pasado también
entró a la Argentina marihuana en cantidades significativas,
en su mayor parte para consumo interno, y se originaron
precursores químicos que fueron enviados a países vecinos para
la producción de cocaína”.
Argentina es “el país perfecto” para la actividad de estas
organizaciones criminales y especialmente para la más
aguerrida, sangrienta y potente de todas, la ‘Ndrangheta, que
es hoy la mafia más importante del mundo. Así lo confirman
magistrados italianos, que viven “blindados” porque la mafia
calabresa está decidida a eliminar a estos valientes hombres de
justicia.
Córdoba, en este contexto, se ha convertido en una plaza
estratégica en el tráfico, producción y comercialización de dro-
gas, así como en su consumo. La “isla” que a veces creemos que
somos los cordobeses, en este caso está siendo utilizada por
grandes redes internacionales de narcotráfico para enviar dro-
ga a distintos puntos del país y del mundo.

El poder de estas redes es tal que pueden comprar empre-
sas, emprendimientos inmobiliarios, clubes deportivos, medios
de comunicación y referentes de opinión, y corromper institu-
ciones políticas, civiles, judiciales y de seguridad.
Para tener una real dimensión de su poder, tengamos en
cuenta que el mercado ilegal de estupefacientes moviliza a ni-
vel mundial aproximadamente unos 50.000 millones de dóla-
res al año. En Argentina la cifra no es menos impactante: unos
2.000 millones de dólares anuales. Si Córdoba representa el
10% en todos los mercados nacionales, hablamos de unos 200
millones de dólares al año, lo que nos da una idea de los recur-
sos que maneja el narcotráfico en nuestra provincia. Es dema-
siado poder económico como para que tengamos una mirada
ingenua sobre el desafío que supone enfrentarlo.
En la otra cara de la moneda, miles de adolescentes y jóve-
nes se lanzan en Córdoba, en forma creciente, a experiencias
cada vez más intensas de consumo de alcohol y de otras dro-
gas. Las encuestas y estudios realizados en la provincia indican
que la edad de inicio es cada vez menor y la cantidad que se
consume es cada vez mayor. Las consecuencias en términos de
muertes, accidentes, violencia y embarazos no planificados es-
tán a la vista, con gran dolor y preocupación para las familias
que se ven involucradas en esta problemática.
Hay una oportunidad de revertir esta tendencia, antes de
que lleguemos al punto en el que se encuentran hoy países como
México, Colombia o Brasil. En la cuestión del alcohol, estamos
viviendo ya un verdadero genocidio humano, con más de 3.000
jóvenes que mueren al año en Argentina por circunstancias vin-
culadas al consumo de esta sustancia de alto riesgo. Son 30.000
jóvenes muertos en una década.

En este sentido, hay que tener en cuenta que las adicciones
son un fenómeno social particular, ya que tenemos al frente un
sujeto activo desplegando todo tipo de estrategias para lograr
que aumente el consumo. La violencia familiar también es un
fenómeno social, por ejemplo, pero no hay gente que la
promocione en forma directa y activa. En cambio en el caso de
las drogas, hay miles de personas en toda la provincia que se
levantan todas las mañanas pensando cómo venderles más sus-
tancias a nuestros hijos.
Lo mismo ocurre con el alcohol, así como en el caso del
tabaco. Lo más triste –hay que decirlo– es que en el caso de
una adicción tan dolorosa para las familias afectadas como es
la ludopatía –la adicción al juego y las apuestas– sea el propio
Estado provincial el que la promueva a través de la autoriza-
ción indiscriminada de casinos y slots en zonas en las que no
tienen ninguna razón de ser.
En el caso de las drogas ilegales, es muy importante tener
conciencia de que los verdaderos cabecillas de las redes de
narcos no son los personajes que usualmente escuchamos ha-
cen de dealers o incluso de caudillos en los barrios marginales.
Ellos son un eslabón más en la cadena. Probablemente los jefes
del narcotráfico en Córdoba no vivan en Colonia Lola, Villa Páez
o Bella Vista sino en las mejores casas de los mejores barrios
cerrados. De hecho son personas con contactos en los más al-
tos niveles sociales donde buscan la cobertura estructural para
sus negocios.
Nadie envía un camión con 2.000 kilos de cocaína (tenga-
mos en cuenta que cada kilo puede valer U$D 5.000 en nues-
tro país y hasta U$D 40.000 en España) a transitar por las ru-
tas argentinas para llegar al puerto de Buenos Aires o al Aero-

puerto de Ezeiza y embarcar hacia España o Italia, sin tener
garantías de impunidad en el más alto nivel. Los narcos no to-
man semejante riesgo sin una cobertura estructural del poder.
Lo que hay que hacer, por tanto, es mucho y es complejo:
organizar la prevención en la provincia, proyectar un plan para
asistir a los adictos –en este terreno, Córdoba está muy atrasa-
da– y coordinar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico,
poniendo el foco en los grandes narcos y no sólo en la venta al
menudeo. Con el mismo grado de importancia, organizar el
control de la oferta de alcohol en la noche de Córdoba, asu-
miendo que el alcohol es –hoy por hoy– la droga más peligro-
sa.
No es un dato menor que los jóvenes nos manifiesten en
una encuesta que el 50% de las veces que les han ofrecido dro-
gas ha sido en los mismos boliches donde usualmente van a
bailar, lo que muestra que en el mismo ámbito se están consu-
miendo alcohol y drogas sin ningún control.
No hace falta que subraye la complejidad de esta proble-
mática. Estamos hablando nada más ni nada menos que de uno
de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana: las
adicciones, es decir, la necesidad de consumir sustancias para
sentirnos de otra forma de la que en verdad somos y la inten-
ción por parte de otros de explotar estas debilidades humanas
con fines comerciales. En este terreno nadie tiene la receta
mágica y la experiencia mundial está repleta de políticas erra-
das.
Con esta impronta y también con estas precauciones, asu-
mí el cargo de Secretario de Prevención de la Drogadicción y
Lucha contra el Narcotráfico, invitado como independiente al
gobierno de Juan Schiaretti. La tarea encomendada fue fundar

el organismo creado por la Ley 9.600, votada por unanimidad
en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, la semana ante-
rior a mi asunción.
Sin embargo, a días de cumplir un año en la gestión, debí
renunciar en el medio de una fuerte confrontación con el go-
bierno y las instituciones involucradas. Este libro es un resu-
men de esa experiencia. En las páginas que siguen intento de-
jar sentado todo lo que vi, lo que me ocurrió como funcionario,
y lo que tendrá que cambiar en algún momento en Córdoba
para que las drogas no terminen poniendo en jaque a nuestra
provincia.
Algunos diálogos y racontos los he resumido al solo efecto
de mantener el relato de lo que verdaderamente aconteció. En
esencia este escrito es un testimonio. Alguien que viniendo de
afuera, cuenta a sus conciudadanos lo que ocurre adentro. Pue-
do adelantar que la ventana que abro a la intimidad del poder
es indignante por momentos. Para algunos tal vez no agregue
nada nuevo, porque uno se imagina que es así. Pero una cosa es
imaginarlo y otra vivirlo. Vale la pena compartirlo.
Creo que este libro cierra, a su vez, una instancia que se
abrió con el anterior –Cómo salvar a la política. Se trata de
nuestros hijos– editado en el año 2005, donde ponía en orden
todas las ideas de fondo, que ahora han sido contrastadas con
la experiencia concreta del gobierno.
Recuerdo la frase que me acercó al oído uno de mis colabo-
radores cuando salimos de una reunión con el ministro Carlos
Caserio, en la que todas nuestras iniciativas eran sistemática-
mente rechazadas: “Esto va a ser más difícil de lo pensábamos,
Sebastián”, me dijo. Y estaba en lo cierto. No me arrepiento de
lo hecho. Ahora sabemos perfectamente cuáles y quiénes son

los obstáculos para que la situación cambie. Y estamos prepa-
rados para enfrentarlos. Pero los cambios no se pueden hacer
con poder prestado.
Quiero hacer un agradecimiento especial a todos los técni-
cos, funcionarios y responsables que me ayudaron a tener una
perspectiva completa de las falencias estructurales pendientes
y las soluciones posibles. También a los miembros del partido
que presido, Primero la Gente, y al equipo que se sumó a la
gestión y empujaron junto conmigo –todo lo que pudimos–
para cambiar esta realidad. Por supuesto, una mención espe-
cial a mi mujer, Carmen, que me ha apoyado en todo este pro-
ceso en forma incondicional, y a mis pequeños hijos.
Espero que el material sea un humilde aporte a todos los
que –como nosotros– están buscando la forma de transformar
la política de nuestros convulsionados países en desarrollo.
Aunque a primera vista nos produzca dolor y escepticismo, en
realidad estas páginas son un mensaje de esperanza. La espe-
ranza que vence al miedo.
Sebastián García Díaz
Córdoba, 2 de abril de 2010

1. El informe que forzó mi renuncia
El viernes 6 de noviembre de 2009 ingresé al hall de entrada de
la oficina de Casa de Gobierno y pedí hablar con la secretaria del
Gobernador. “Vengo a dejar este informe para Schiaretti que tam-
bién le acabo de acercar al ministro de Gobierno y Seguridad, Carlos
Caserio” le señalé.
El jueves 10 de diciembre, un mes después, a través de un correo
electrónico le solicité al ministro Caserio una reunión formal con el
gobernador y con él para hablar del informe presentado y poder pro-
fundizar en los detalles. Nunca recibí respuesta.
El miércoles 13 de enero de 2010 tomé la decisión de hacer pú-
blico un extracto de ese informe. Tenía conciencia de que estaba po-
niendo en riesgo mi cargo. Pero era el momento de hacer participar
a la ciudadanía. Que se conocieran las falencias estructurales en la
lucha contra el narcotráfico y que ese conocimiento sirviera como
presión pública para lograr avances más categóricos.
Lo conversé con todos mis colaboradores cercanos en la Secre-
taría y todos me apoyaron, aun sabiendo que ellos también podían
perder sus trabajos en los que habían puesto tanto esfuerzo a lo lar-
go del año 2009.
Hice público un extracto de aquel informe a los medios de pren-
sa con un planteo muy claro respecto a la falta de un Plan Nacional
de Lucha Contra el Narcotráfico y, fundamentalmente, la falta de
una Fuerza de Elite capaz de perseguir a las grandes redes de
narcotraficantes.
Pero ¿qué decía el polémico informe? Lo reproduzco aquí por-
que es un resumen muy esclarecedor de todo lo que está pendiente
en Argentina (y en Córdoba) sobre la materia.

EXTRACTO DEL INFORME
PRESENTADO AL GOBERNADOR SCHIARETTI
SOBRE LA SITUACIÓN DE LA LUCHA CONTRA
EL NARCOTRÁFICO EN CÓRDOBA
a. Balance en Prevención, Asistencia y Lucha con-
tra el Narcotráfico.
A diez meses de haber aceptado la oferta de hacerme
cargo de la creación de esta Secretaría, vale un balan-
ce del plan de acción que se está implementando y re-
marcar los factores críticos para seguir adelante.
Hemos logrado avances importantes en la Sistematiza-
ción de la Prevención de la Drogadicción, tanto desde el
punto de vista Institucional–Educativo, a través de la ins-
trumentación del Programa Quiero Ser en las Escuelas
Primarias, como en la organización de la comunidad a
través de la Red Social de Prevención Córdoba Libre,
ambos con proyección provincial.
No hemos tenido iguales resultados en lo que hace a la
asistencia a adictos, más allá de los esfuerzos que he-
mos realizado desde la Secretaría por canalizar las in-
quietudes de los que se han contactado con nosotros.
Sin embargo, la ley nos brinda una competencia sólo de
coordinación y no de acción directa.
El trabajo de coordinación que hemos llevado adelante
con el Ministerio de Salud, todavía no arroja, en este
sentido, resultados objetivos para la ciudadanía. Urge
avanzar en un Sistema Complementario de Becas de
apoyo para tratamiento de adictos sin recursos ni co-
bertura social en centros privados y organizaciones no
gubernamentales, mientras extendemos la respuesta
desde la órbita pública, a escala provincial.
Mi mayor preocupación está concentrada, sin embargo,
en los pocos avances realizados en lo que respecta a la
Lucha Contra el Narcotráfico en Córdoba.
Más allá de los esfuerzos positivos que hemos hecho
en conjunto con la Policía de Córdoba, por canalizar de
forma ordenada las denuncias anónimas que puede
hacer la ciudadanía, a través del 0–810–888–3368, hay

una necesidad imperiosa latente de exigir al Nivel Fe-
deral –a los poderes correspondientes– la decisión de
luchar contra el narcotráfico con otra escala y otra pro-
fundidad.
b. Necesidad de exigir un Plan al Gobierno Nacional
En esta materia el territorio provincial se ve profunda-
mente afectado por la falta de políticas públicas efica-
ces desde la órbita federal.
Ha llegado la hora, en ese sentido, de presionar al go-
bierno nacional, con la misma firmeza con que lo hace-
mos por otras cuestiones, también respecto a este tema.
Urge instrumentar un Plan Nacional para combatir las
redes de narcos que se están apoderando paulatina-
mente del país.
Las señales que se reciben, por ahora, desde el Estado
Nacional son muy confusas. No es un tema menor el
reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que de-
clara inconstitucional la penalización de la tenencia para
consumo y que ha supuesto un duro golpe. En primer
lugar a la propia tarea de prevención, por las distorsiones
que produce el mensaje despenalizador en los miles de
chicos que tenían esa barrera legal como un límite a su
curiosidad por experimentar. En igual medida a la Lu-
cha contra el Narcotráfico, puesto que deja abierta la
puerta para que –aprovechando la confusión entre el
simple tenedor y el comercializador al menudeo– se
multipliquen los jóvenes vulnerables enlistados para el
microtráfico impune.
Pero la cuestión no se agota en ese fallo. La oferta de
droga crece en forma exponencial en todo el territorio
nacional (es importante que desde Capital Federal no
circunscriban su mirada sólo al Gran Buenos Aires).
Mientras cada provincia haga lo que pueda, no estare-
mos dando una respuesta adecuada a la escala del pro-
blema.
Para tener una idea, me circunscribo a Córdoba. Si cal-
culamos que a esta altura ya existen unos 5.000 puntos
de venta de drogas en la Provincia y hablamos de por lo

menos unos 40.000 kilos, sólo de marihuana, al año para
proveerlos. Esta cifra nos da la pauta del esfuerzo que
debemos hacer para aspirar a dar un golpe certero al
tráfico de estupefacientes. Si la multiplicamos por todas
las provincias, el cálculo se vuelve alarmante.
c. Necesidad de Radar en la zona norte de Córdoba
Por aire están aterrizando todos los días del año avio-
netas de vuelos clandestinos en nuestro territorio pro-
vincial con total impunidad. Para controlarlo necesita-
mos del gobierno federal, el largamente prometido Ra-
dar con la tecnología adecuada, a ser instalado en la
zona norte de Córdoba.
Las noticias indican, sin embargo, no sólo que no ten-
dremos novedades en este sentido, sino que además
es irregular el funcionamiento del radar que ya existe en
la Provincia de Misiones. Hablamos de 220 vuelos ile-
gales diarios que se calcula ingresan por dicha frontera
norte y que aterrizan en más de 1.000 pistas clandesti-
nas.
Si se decidiera un rápido avance en el proceso de
radarización, a la par es preciso que los legisladores
nacionales aceleren la sanción de una Ley de Derribo,
normativa básica para poder realizar un control efectivo
de esos vuelos. No tener esa herramienta de amenaza
a los que no obedecen la señal de aterrizar es una ra-
zón suficiente para que los narcos se nos “rían en la
cara”.
d. Legislación adecuada respecto a Lavado de Di-
nero, Vínculo con otros delitos y tráfico de drogas
de diseño
No es la única asignatura pendiente por parte de nues-
tros representantes legislativos. Urge que los Diputa-
dos y Senadores nacionales avancen en mejorar las
regulaciones necesarias respecto a Lavado de Dinero.
Argentina cuenta con una legislación al respecto, pero
casi no se registran condenas.

Lo mismo respecto a los vínculos del Narcotráfico con
otras redes de delitos como la Trata de Personas, que
está afectando seriamente la zona sur de nuestra Pro-
vincia de Córdoba.
Un capítulo especial debe ser dedicado al creciente trá-
fico de drogas de diseño y sus precursores químicos. Si
no preparáramos la legislación y la estructura de control
a este nuevo formato de comercialización de estupefa-
cientes, en breve nos convertiremos en referencia a ni-
vel regional y mundial sobre la materia.
En nuestra provincia, se ha dado el vergonzoso caso en
el 2009, de atrapar a un hombre que traficaba más de
120.000 pastillas ilegales, quedando en libertad a las
48hs por falta de una normativa que castigue como co-
rresponde el delito.
Lamentablemente, el cierre de las sesiones de este año
en el Congreso Nacional, no arrojó novedades sobre
ninguna de estas cuestiones.
e. Necesidad de una Unidad de Control Preventivo
Por tierra, las fronteras del país son demasiado flexi-
bles. Además de un control fronterizo más eficiente,
necesitamos instrumentar un Sistema de Postas Móvi-
les en todas las rutas del país, similar a la tarea de la
Policía Caminera de Córdoba, que ha dado excelentes
resultados.
Una propuesta de este tenor ha sido elevada a la Poli-
cía de la Provincia de Córdoba por nuestra Secretaría,
para controlar al menos las rutas de la provincia. Al final
de cuentas, no importa por dónde ingrese la droga, en
algún momento se traslada por carretera.
La creación de esta unidad requiere, sin embargo, la
inversión en scanners de última generación, personal
capacitado y asistencia de canes y otras herramientas
tecnológicas. Su potencial lo justifica.
Por Ferrocarril no hay controles efectivos, y tampoco lo
hay en lo que llega por Correo Postal, ni por tránsito de
Personas. Esta Unidad de Control Preventivo, también
debe extender su competencia en forma paulatina a

estos otros canales críticos de ingreso de droga al país.
En definitiva, es urgente desarrollar divisiones de las
fuerzas de seguridad con capacidad y recursos suficien-
tes para realizar tarea preventiva y disuasoria en todos
los frentes, más allá de las estructuras que disponga-
mos para la acción de investigación directa y persecu-
ción.
f. Necesidad de fortalecer la Acción Federal en la
Provincia.
La Justicia Federal, no sólo en Buenos Aires sino en
cada distrito, requiere ser provista de una fiscalía exclu-
siva en la materia. O al menos el Poder Nacional debe
brindar el equipamiento y la escala necesaria para dar
respuesta. La cantidad de personas y los recursos con
los que cuentan hoy las fiscalías locales no resultan
adecuadas para liderar el proceso de investigación y
captura.
La Policía Federal, más allá del valor de sus hombres,
concentra su mayor efectividad en la Capital Federal y a
esta altura es un insulto para los provincianos que ten-
gamos a la mayoría de sus efectivos haciendo tareas
ordinarias en la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de
concentrarse en investigar y perseguir delitos comple-
jos de órbita federal, con equipamiento y recursos hu-
manos, adecuadamente distribuidos en todo el territorio
nacional.
Las policías provinciales están desbordadas, en su asis-
tencia diaria a la Justicia Federal, por la lucha contra los
“kiosquitos” de venta de droga que los vecinos denun-
cian alarmados y que se multiplican como hongos en
los barrios. Este año la Policía de la Provincia de Córdo-
ba ha elevado los procedimientos a una cifra histórica
de 1.736 pero en un porcentaje mayoritario se trata de
este tipo de vendedores al menudeo.
¿Quién está concentrado en investigar y atrapar a los
narcotraficantes principales en Argentina? Hoy la res-
puesta no es clara y determinante. Las investigaciones
grandes, que llevan dinero, esfuerzo, tiempo y perseve-

rancia, no son dirigidas ni recompensadas por ningún
poder directivo concreto que tenga los recursos suficien-
tes. Crear esta instancia es prioridad uno.
En verdad lo que se necesita es una Fuerza Nacional
de Elite, dispuesta y capaz de liderar el proceso de in-
vestigación y persecución de las redes de narcotráfico
a nivel federal. Esta fuerza, o surge de la propia Policía
Federal o se crea una instancia nueva con este objeti-
vo.
g. Necesidad de mejorar las herramientas tecnoló-
gicas
El sólo hecho de observar el Centro de Escuchas Tele-
fónicas –de órbita nacional– que funciona, por ejemplo,
en Córdoba nos puede dar una idea de lo burocrático
que supone llevar adelante las investigaciones comple-
jas, dado que las escuchas telefónicas son la principal
herramienta que se utiliza, al menos en nuestra jurisdic-
ción.
h. El problema más grave: la “favelización” de los
barrios
No puedo terminar sin remarcar el modo en que las re-
des de narcotráfico se han instalado en barrios de todo
el país (no sólo en el Gran Buenos Aires). En Córdoba
ya operan en forma incipiente como carteles, subordi-
nando a la comunidad a su propuesta económica y a su
dinámica de funcionamiento ilegal. ¿Podemos ver im-
pávidos cómo repetimos el proceso de Río de Janeiro,
de Juárez o de Cali?
En estos casos, las intervenciones judiciales y policiales
que utilizamos en Argentina para casos puntuales pier-
den eficacia.
Sólo una acción de alto impacto policial, coordinado con
todas las fuerzas de seguridad del país, puede proteger
los derechos de las familias que todavía no han caído
en la subordinación a los narcotraficantes, pero que sin
embargo se sienten desamparadas frente al fenómeno.

Ni siquiera la intervención social preventiva o asistencial
es suficiente en la zona –lo he comprobado personal-
mente– si no somos capaces de dar una respuesta con-
tundente en el castigo a los narcos que operan con total
impunidad en el sector.
En este sentido, sin embargo, estamos obligados a re-
doblar los esfuerzos de coordinación para que la acción
social y comunitaria que lleva adelante el Gobierno de
Córdoba en estos barrios no aparezca como esfuerzos
aislados y fragmentados.
Nuestra propuesta es crear un Comité Interministerial,
encargado de sistematizar y acelerar las soluciones que
se requieren a nivel social en cada uno de estos barrios
muy comprometidos con el narcotráfico.
Pero insisto en que, aun siendo eficaces en esta res-
puesta, todavía queda por desarrollar herramientas de
alto impacto para desbaratar las bandas que operan en
esos barrios.
i. Conclusión
La Policía de Córdoba ha incorporado nuevos efectivos
a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, nuevo
equipamiento y móviles. La difusión del 0–810–888–3368
seguirá ayudando a sistematizar la información que acer-
ca la ciudadanía, sin la presión de tener que hacerlo en
forma personal. Pero si, desde la órbita federal, no reci-
bimos novedades sobre estos aspectos de urgencia,
será difícil revertir el proceso de crecimiento de las re-
des de narcotráfico que operan en nuestra Provincia y
en particular en los barrios de las principales ciudades
de Córdoba.
Por ese motivo, solicito autorización para peticionar ante
los organismos nacionales pertinentes –ejecutivos, le-
gislativos y judiciales– a los fines de solicitar avances
en cada uno de estos puntos, así como volver a intentar
convocar a todas las instituciones con asiento en Cór-
doba que están involucradas en la Lucha contra el
Narcotráfico, para consensuar la importancia de exigir
estas políticas y decisiones aquí resumidas, conforman-

do un Consejo de Lucha contra el Narcotráfico.
Mientras tanto, nuestra Secretaría seguirá concentran-
do sus esfuerzos en la tarea de prevención y en lograr
avances en lo que respecta a asistencia a adictos. Pero
la expectativa de la ciudadanía es que podamos contro-
lar no sólo la demanda sino también la oferta que crece
con impunidad.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distingui-
da atención y quedo a sus órdenes para ampliar este
resumen en los aspectos que considere menester.
La difusión del informe tuvo un impacto inesperado. Fue publi-
cado y comentado no sólo en los medios locales y provinciales sino
también en Clarín, Infobae, América, C5N, Continental, Crítica, Cró-
nica y otros medios nacionales. Incluso fue comentado por periódi-
cos de Paraguay, Perú y Bolivia. Por esa repercusión, recibí llama-
dos de medios de todo el país.
Desde ese día, comenzó la operación para forzar mi renuncia. Al
hacer pública esta rendición de cuentas de cara a la ciudadanía me
había convertido en un “enemigo”.
En los medios locales, comenzaron a circular comentarios que
hacían distintos funcionarios allegados al ministro Caserio o al pro-
pio gobernador. No había que ser un especialista en ciencia política
para saber que el sentido de todos esos trascendidos “en off” era de-
bilitarme, buscando que yo renunciara voluntariamente. Varias per-
sonas conocedoras de la historia política reciente de Córdoba, me
comentaban con asombro que hacía mucho no veían una acción tan
sistemática y tan intensa.
Mi problema era que el gobernador no me daba apoyo político
alguno. Me había dejado solo, aunque –hay que decirlo– muchísimo
antes de la difusión de este informe. Y como me dijo un peronista

que conocí en los barrios: “Este gobierno es una pileta llena de
pirañas. Si estás sano no te muerden, pero si ven un poquito de san-
gre, te devoran”.
Como contracara, decenas de personas conocedoras de la reali-
dad de la droga en Córdoba, me llamaron por esos días para felici-
tarme por haber puesto en el tapete la cuestión y forzar su debate
público. Ninguno de ellos estaba dispuesto a poner su nombre y su
apellido en ninguna instancia porque, de alguna u otra manera, te-
mían a las represalias. Pero confirmaban el contenido del informe.
Así llegamos a febrero del 2010. Solicité formalmente una re-
unión con Caserio apenas volvió de vacaciones, y envié notas a todos
los ministros para seguir adelante con la gestión. Sólo Walter
Grahovac, ministro de Educación –quien debo decir que siempre se
mostró predispuesto, abierto y preocupado por la problemática y la
prevención– me dio una reunión en la que planificamos el año y la
extensión del Programa de Prevención de la Drogadicción “Quiero
Ser” a todas las escuelas de la provincia, sin condicionarse por la
inestabilidad en la que se encontraba mi posición.
Las versiones sobre mi renuncia se volvieron tan insistentes, que
decidí enviar un mensaje a la opinión pública. Trasladé a la prensa
un comentario para marcar una barrera: “Habría que ver a quién le
conviene que un funcionario que pone en el tapete el problema del
narcotráfico en Córdoba quede debilitado y sea obligado a alejarse
del cargo”. También señalé que, aunque no estaba dispuesto a re-
nunciar, si me lo pedían por este informe, lo haría orgulloso.
Caserio terminó convocándome a su oficina el día 22 de febrero,
40 días después de haberse hecho público el informe. Era un día
lunes. Pero el viernes anterior me envió un emisario –me reservo el
nombre, pero era uno de los funcionarios del grupo chico del gober-
nador Schiaretti– para anticiparme que “mi suerte estaba echada y

que me daba tres alternativas: 1, retractarme del informe pública-
mente como único modo de permanecer en el cargo; 2, renunciar
por motivos personales, en cuyo caso todos mis colaboradores po-
drían quedarse en sus puestos; o 3, la advertencia de que si me iba
peleando, la pelea sería ‘a muerte’”.
Ese mismo viernes –curiosa coincidencia– soy citado por el fis-
cal Enrique Senestrari, a la Justicia Federal, que había decidido abrir
una causa con mi informe para investigar si existían lugares concre-
tos y personas concretas detrás del mismo. Aunque no tengo prue-
bas, todo me hace pensar ahora –viendo la situación en perspecti-
va– que probablemente haya habido una sintonía con la operación
montada por Caserio para amedrentarme.
¿Cómo era posible que se hiciera el gasto de abrir una causa por
un informe que evidentemente no constituía una denuncia concre-
ta, sino que formulaba una perspectiva general? La teoría de que lo
hacían por un simple enojo judicial, no me cerraba ya que –como
puede verse– en el escrito yo insistía con darle a la Justicia Federal
más recursos humanos y tecnológicos. Nunca esperé aplausos por
esta defensa de sus necesidades, pero tampoco esperé nunca que se
sumaran, con su presión, a mi caída.
Cuando acudí al edificio de la avenida Concepción Arenal, cita-
do a declarar, le hice estas aclaraciones al fiscal. “Las más de 60 de-
nuncias concretas que llegaron a mi mano, durante mis recorridas
en los barrios, las canalicé oportunamente a través de la División
Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba y la propia Justicia Fede-
ral en los casos más importantes”.
Senestrari me pidió que le explicitara lugares concretos o un lis-
tado “de esos 5.000 puntos de venta de droga que yo mencionaba en
el informe”. Le expliqué que había llegado a ese número cruzando
variables como la cantidad de denuncias receptadas por la Policía

durante un año, el porcentaje de delitos que los estudios indican está
dispuesta a denunciar la gente, y la población de la Ciudad de Cór-
doba y del interior. “El cálculo es una hipótesis científica que realicé
con la ayuda de técnicos y aplicación de extrapolaciones estadísticas
a partir de muestreos. Por tanto es una ridiculez que me pidan los
lugares concretos donde están esos 5.000 puntos”.
El fiscal no se detuvo allí. Me pidió que dejara consignada en mi
declaración las fuentes del informe, esto es, las personas concretas
con nombre y apellido que me habían ayudado a confeccionarlo. Le
expliqué que no haría eso, que me reservaría las fuentes, porque te-
mía que sufrieran consecuencias inesperadas. “¿Es usted consciente
de la eventual responsabilidad penal por ocultar esta información?”
disparó Senestrari para amedrentarme. “Lo soy” le dije como para
devolver la estocada, aunque en verdad el planteo era doblemente
ridículo.
No fue un detalle menor, que no habiéndole yo avisado a ningún
periodista que acudiría a la Justicia ese día, en la puerta de la fisca-
lía, ya me estuvieran esperando dos. Traté de ser prudente, pero las
declaraciones posteriores de Senestrari, denostando el informe con
mucha dureza, me obligó a salir a responderle con la misma energía.
Durante el día, sábado, por tanto, en los medios gráficos, radiales y
televisivos, quedé cruzado en una polémica pública con la Justicia
Federal, lo que debilitaba aún más mi posición.
Debo decir que más allá de que la acción de este fiscal fue com-
pletamente “tirada de los pelos” se había logrado el objetivo mediático
de debilitar el contenido del informe ante la opinión pública. Muchí-
simas personas malinterpretaron que al no aportar “datos ciertos”,
es decir nombres y apellidos, direcciones y teléfonos de cada uno de
los 5.000 puntos de venta a los que hacía referencia, mi informe no

tenía ninguna validez. La operación de parte de Caserio y de
Senestrari había sido un éxito.
El lunes 22 acudí a la reunión con el ministro. En cuanto me
senté, empecé a escuchar sus críticas y sus amenazas. La reunión era
de alta tensión. “Sebastián: vas a tener que alejarte. O te pido yo la
renuncia, aunque en mis términos, o vos me presentás una renuncia
tranquilo y yo lo acepto. Tené cuidado con lo que vas a decir; no lo
metas al gobernador en el medio, porque si no te vamos a responder
con todo: con la justicia, con los legisladores, con la prensa. Hasta te
pueden meter en cana. Vos sacás trapitos al sol y nosotros te vamos
a responder con todo”.
En ese momento dudé. Algunos de mis consejeros más queridos
me habían dicho: “Vos sos sólo uno contra todo un gobierno que
mueve los hilos. No te creas el David frente a Goliat, bajá el perfil y
renunciá tranquilo. Ya hiciste todo lo que podías hacer” (esos conse-
jeros son los mismos que me pedían por favor que no publicara este
libro).
Quedamos que al otro día, a las 10, presentaría la renuncia y que
ninguno diría nada hasta ese momento. Caserio dejó implícito que
habíamos llegado a un acuerdo. De hecho a los pocos minutos llamó
a mi celular y lacónico me dijo: “El Gobernador está al tanto del
‘acuerdo’ al que hemos arribado y da su conformidad”.
Esa noche no pude dormir, pensando en el mal trago que esta-
ba por pasar. Pensé en las amenazas, en mi familia, en mi vocación
política… Recé mucho. Al otro día me presenté a la hora señalada
en la oficina de Caserio, le entregué mi renuncia y le dije: “Carlos,
no hay acuerdo conmigo. Ustedes crearon esta secretaría sin tener
la menor idea de lo que eso suponía. Y se equivocaron de persona
si creían que con un cargo me estaban comprando el alma. Yo que-
do en total libertad. ¡Ah! Y te pido que cumplas con todas esas

amenazas que me tiraste ayer. Vamos a ver al final del camino quién
pierde y quién gana”.
Caserio cerró abruptamente la reunión. Me levanté y salí ner-
vioso, pero a la vez tranquilo –con la conciencia tranquila– por no
haberme dejado atropellar.
Mientras caminaba por los pasillos de Casa de Gobierno hacia la
Secretaría para ir a buscar mis cosas, ya había salido un comunicado
a la prensa desde el Ministerio, atacándome en duros términos. Mien-
tras entraba a la oficina, ya me llamaban los medios. La suerte esta-
ba echada.
Mis palabras, durante la conferencia de prensa fueron breves:
“Han decidido matar al mensajero. Pero lo importante es que el men-
saje está instalado y los funcionarios que vengan no podrán hacerse
los distraídos”.
“García Díaz es un estúpido, un Figuretti” atacaba Caserio esa
misma tarde frente a todos los micrófonos. Y cometía el último error,
repitiendo el burdo pretexto que había dado el día antes el fiscal
Senestrari: “Para darles un ejemplo de las estupideces que habla
García Díaz: en Córdoba no hay drogas de diseño. No tenemos nin-
gún registro de ellas. No sabe nada y dice cualquier cosa”.
Esa noche recibí llamados de jóvenes de toda la provincia, que
se reían del ministro y del fiscal: “¡Las pastillas se compran hasta en
la barra de los boliches!”. Al otro día ante los medios de prensa
remarqué esta gruesa mentira con la que Caserio intentaba tapar la
realidad.
El jefe de la División Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, hombre
con el que yo tuve una relación muy estrecha durante la gestión,
fue obligado a salir a cruzarme y a repetir la misma falacia. “Des-
de la Policía no tenemos antecedentes de drogas de diseño en Cór-
doba. Lo que se consume en los boliches son pastillas confeccio-

nadas por Laboratorios controlados”. Nadie entendió bien qué
quiso decir.
La salida de Sosa ante la prensa no podía ser más desafortuna-
da. Al otro día, un parte de la propia Policía daba cuenta de que se
había encontrado droga de diseño en el procedimiento de la noche
anterior.
La subsecretaria, Elena Domínguez, feliz de ocupar mi cargo,
intentaba darme el último golpe, aunque sin éxito: “Sebastián no
trabajó en equipo con nosotros. Se cortó sólo. Además planteó los
problemas, pero no plantea las soluciones”. Domínguez ocultaba en
forma artera que ella misma me había pedido por favor desde el prin-
cipio de mi gestión no participar en nada que tuviera que ver con la
lucha contra el narcotráfico.
Fueron días difíciles. Porque nadie está preparado para seme-
jante presión, ni aun los que tenemos vocación política. Quiero agra-
decer a todas las personas que por esos días se comunicaron conmi-
go a través de distintos medios (personalmente, por teléfono, por e–
mail, por Facebook) y sobre todo a los vecinos de barrios marginales
que se ofrecieron espontáneamente a fundamentar la idea de
“favelización” con sus propias experiencias personales en cada una
de esas zonas.
Un comentario final de este capítulo respecto del nuevo secreta-
rio que me sucedió en el cargo, Juan Carlos Mansilla. Es un buen
hombre, comprometido con la prevención, y por eso su nombramien-
to no me sorprendió. Ya en diciembre del 2009 Mansilla había reco-
rrido los pasillos de Casa de Gobierno (y había venido a la Secreta-
ría) pidiendo “estatizar” su institución de asistencia (Programa Cam-
bio) porque los números no le cerraban. En ese sentido entiendo
que esta posición en el gobierno le venía bien. Pero lo que me resultó
realmente vergonzoso es que se atrevieran, tanto él como el minis-

tro y el Gobernador, a defender públicamente la decisión de dejar de
luchar contra el narcotráfico en la Provincia. “Concentraremos a la
Secretaría en la prevención y la asistencia y dejaremos la lucha al
gobierno nacional”.
¿Cómo era posible que, en el transcurso de un año, un gobierno
pudiera cambiar de tal manera de opinión? Lo más grave fue que
anunciaran estos cambios sin enviar antes un proyecto de Ley modi-
ficando las competencias que establece la Ley 9.600 creadora de la
Secretaría. Allí hubiéramos podido ver si los propios legisladores (in-
cluso los oficialistas) eran capaces de revertir completamente el cri-
terio que habían votado por unanimidad exactamente un año atrás.
Mansilla anunció en su discurso de asunción que se pondría a
confeccionar un plan. Pero deliberadamente pasó por alto que lo que
en verdad había ocurrido con la Secretaría era que se estaba produ-
ciendo un rotundo cambio de plan. Había ganado la visión de man-
tener el statu quo del ministro Caserio, quien había encontrado un
nuevo funcionario, dispuesto a hacerle el juego.

2. El desafío de fundar la Secretaría
Febrero del 2009. Habíamos vivido un enero muy caliente. No
sólo por las altas temperaturas. Habiendo tomado la decisión de pos-
poner las vacaciones por cuestiones de trabajo, surgió con toda su
fuerza el conflicto entre la Municipalidad y sus empleados.
Junto con otros dirigentes del partido decidimos jugar fuerte en
ese proceso. De alguna manera, habíamos quedado con la “sangre
en el ojo” por no haber tenido una respuesta acorde de parte del
electorado cordobés en el 2007 a nuestras continuas denuncias so-
bre el desgobierno del ex-intendente Luis Juez y la necesidad de apli-
car mano firme para defender los intereses de los vecinos. Su medi-
da de incrementar en casi 5.000 empleados la planta permanente de
la Municipalidad puso en jaque las finanzas municipales por los próxi-
mos 20 años.
Ahora la realidad nos daba la razón. Y por ello salimos a la calle
a juntar firmas para que se estableciera un tope del 50% al gasto en
salarios de los presupuestos municipales. El tope, para ser efectivo,
debía ser incorporado a la Carta Orgánica a través de una enmienda
contemplada en la misma con el aditamento que la propia norma
establece un posterior referéndum de la población, lo que sin duda
iba a ser un remate político muy potente a las tremendas distorsiones
del gremio.
El programa de televisión “Lagarto Show” nos dio una extraor-
dinaria oportunidad al sentarnos –frente a frente– con el polémico
sindicalista Rubén Daniele –titular del SUOEM que representa a los
empleados municipales– y llevar adelante un prolongado debate que
verdaderamente nos posicionó.

Juntamos más de 13.000 firmas en dos semanas, instalados en
mesas en la Peatonal y en otras esquinas de la Ciudad. La acción
resultó un éxito, aunque fue un sacrificio muy grande ya que fuimos
nosotros mismos los que armamos las mesas, colgamos los carteles
y nos mantuvimos al rayo del sol, interactuando con la gente que
además de dejar su firma, hacía con nosotros la catarsis por años de
desatención como vecinos. Era difícil conseguir voluntarios en ene-
ro, pero para todos los que participamos la experiencia fue apasio-
nante.
Partí de vacaciones con mi familia el 10 de febrero. El 20 recibí
un llamado de Fernando García, secretario general de Primero la
Gente, y persona de diálogo con varios referentes del peronismo.
“Miguel Civallero (Secretario de la Función Pública) ofrece que te
hagas cargo de una de las direcciones de la Secretaría de Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico que están a punto
de crear en esta semana”.
Para ambos resultaba una sorpresa. En reuniones partidarias
habíamos especulado con la posibilidad de acercarnos al Peronismo
anti–K y tener mayor interacción y de hecho habíamos hecho algu-
nos contactos. Pero de ahí a incorporarnos al gobierno había un sal-
to muy grande.
“Decile que no podemos condicionar la independencia y el futu-
ro del nuestro proyecto político por una simple dirección”, le res-
pondí yo, tratando de forzar la lógica política de los propios
peronistas. La llamada terminó y yo continué jugando con mis hijos
bajo el sol.
El último día antes de volver de vacaciones, Fernando García
vuelve a llamarme y vuelve a sorprenderme: “Dicen que te ofrecen
toda la Secretaría, pero que la asunción hay que hacerla urgente, en
los próximos días. Piden además absoluta reserva, porque han ne-

gociado la exclusividad del nombre del nuevo funcionario con un
medio local”.
Regresé esa noche a Córdoba, reunimos a la comisión directiva
de Primero la Gente (por lo menos a los que estaban en la ciudad), y
luego de una discusión que se prolongó hasta la madrugada, decidi-
mos aceptar con ciertas condiciones que fueron las que al otro día le
trasladé tanto a Carlos Caserio, ministro de Gobierno, como al pro-
pio gobernador Juan Schiaretti en la reunión que mantuvimos.
“Queremos tener independencia para nombrar al equipo de tra-
bajo y fondos para poder desarrollar verdaderamente una acción
preventiva fuerte. Además tiene que quedar claro que aceptar este
cargo no significa que el peronismo nos está cooptando”.
En ese momento, el Gobernador me remató con una frase que
me dejó tranquilo: “Sebastián, vos estás jugando tu carrera en esta
decisión. Pero yo estoy jugando mi gobierno. Si éste fue uno de los
principales anuncios de mi discurso a la Legislatura hace una sema-
na, te imaginarás que no voy a dejar luego que no cumpla las expec-
tativas”.
Otro elemento de la conversación me resultó decisivo: “Sebastián,
estamos buscando no un técnico, sino un hombre político que sea
capaz de hacer que las cosas pasen en esta área en la que está todo
por desarrollarse”.
Dos cuestiones se colaron en el acuerdo que luego fueron un dolor
de cabeza diario. La primera: “Para que no te veas involucrado en el
manejo de dinero, vas a depender de la administración central del
Ministerio de Gobierno”. Me pareció una alternativa ideal, dado los
temores de sufrir actos de corrupción o desviaciones administrati-
vas en la Secretaría, sin poder detectarlos, como ocurre en muchos
organismos. Para esta experiencia inicial de gestión pública me re-
sultaba muy atinado. La realidad es que, luego, debería andar pe-

nando por los pasillos del Ministerio, moviendo gruesos expedien-
tes que van de una oficina a otra, hasta para comprar una lapicera.
La velocidad de esos expedientes depende del papelito amarillo con
la palabra “urgente” que le ponga el propio ministro o su grupo de
confianza. (De más está decir que mis expedientes nunca tuvieron
ese papelito pegado).
La segunda cuestión fue peor: “Hay una chica muy técnica que
puede acompañarte como subsecretaria y que ha sido hasta ahora la
Directora de Prevención. Es de bajo perfil, te va a ayudar. La acom-
paña un grupo de médicos y psicólogos que hemos contratado y que
podrían sumarse”. Acepté sin saber que luego Elena Domínguez –de
ella se trata– sería el mascarón de proa de Caserio y la quinta colum-
na para condicionar el día a día de mi gestión. Se trataba de una
radical devenida en peronista, que había sido activista en las elec-
ciones de Villa Allende, junto a un candidato apoyado por el
peronismo. Como pago de favores había ingresado a las filas del mi-
nistro Caserio.
Por supuesto que mi aceptación del cargo –vale la pena dejarlo
por lo menos sentado– fue motivo de una larga charla con mi mujer,
quien, a pesar de apoyarme desde siempre, se atemorizaba por el
cargo de luchador contra el narcotráfico. “Tengo miedo por nues-
tros hijos”, me decía. Yo compartía ese miedo, pero dada la circuns-
tancia, mis palabras sólo transmitían tranquilidad. Otro tanto ocu-
rrió con mi trabajo profesional en la empresa familiar, donde me
venía desempeñando desde hace años como uno de los directores.
El día de mi asunción, la Sala de Situación estaba repleta de todo
tipo de gente. Amigos, familiares, miembros de Primero la Gente,
enemigos sorprendidos que fueron a curiosear y algunas personas
del gobierno preparados para empujarme al vacío en cuanto vieran
un error, enojados por no haber sido ellos los designados en el car-

go. “Hace años que sirvo al peronismo y soy subsecretario. Vos, que
llegás ahora, ya sos secretario. La verdad que tu nombramiento, me
da por el centro de los…” me dijo uno de los funcionarios al pasar.
Mientras caminábamos de la oficina del Gobernador a la Sala de
Situación y unos metros antes de ingresar, Schiaretti me indica que
lance –en mi discurso inaugural– la novedad de la construcción de
un Centro Integral de Tratamiento de las Adicciones en el ex edificio
Minetti, junto a la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Córdoba.
Sorprendido le pregunté si esto estaba confirmado. La secreta-
ria de la Mujer, Niñez y Adolescencia, Raquel Krawchik, y el minis-
tro de Salud, Oscar González, advirtieron que los equipos estaban
trabajando, pero que hacían falta unos dos millones de pesos para
avanzar. Schiaretti dio el visto bueno y me dijo: “Largalo vos”.
Sin embargo yo no me sentí conforme y durante el discurso no
dije ni una sola palabra, esperando tener más precisiones. Unos
meses más tarde, el propio Schiaretti anunciaría esta obra, ante un
Teatro San Martín repleto de dirigentes, en ocasión del lanzamiento
de la Red Social de Prevención Córdoba Libre. Sin embargo, de esa
obra no hay nada, al día de hoy.
Durante mis palabras de asunción, adelanté lo que serían nues-
tras líneas fundamentales de acción que ya veníamos trabajando
desde hace tiempo con los equipos de Primero la Gente. En realidad
no eran ideas que se nos hubieran ocurrido a nosotros. Era una con-
junción de las experiencias positivas que ya se habían realizado en
otros países como Estados Unidos, España y Chile. Nuestra tarea
había sido adaptarlas a la realidad local.
En ese marco lancé la propuesta de trabajar fuertemente en los
colegios la tarea de prevención y conformar una Red de Jóvenes que
hagan las veces de pares–guías, referentes positivos entre su grupo de
amigosycompañeros,puestoqueentendía(yentiendohoy)eslamejor

manera de realizar prevención en los adolescentes. Para rematarlo con
unaideafuerzaanuncié:“Quierounsecretarioantidrogasencadacurso
de cada colegio de la Provincia de Córdoba”.
Sin duda fue un error de comunicación. Al otro día, los medios
de prensa tomaron mi idea, no desde el punto de vista de la preven-
ción, sino distorsionada hacia la lucha contra el narcotráfico.
La confusión fue potenciada por el fiscal federal Gustavo Vidal
Lascano. Con el correr de los días me enteré de que mi cargo le había
sido ofrecido. El hombre, al parecer, estaba dispuesto a pegar duro
al que estuviera en “su” cargo.
Esa mañana el fiscal sale por todos los medios a decir que no veía
conveniente mi propuesta de armar una “Red de Delatores” en los
colegios, porque los chicos no estaban para cumplir esa función. Se-
mejante afirmación dio pie a un efecto dominó de distorsiones repeti-
das por periodistas, algunos de ellos de renombre. El conductor de un
programa radial de la mañana, afirmó sin ningún empacho que mi
iniciativa era completamente descabellada y el periodista de uno de
los noticieros televisivos locales más vistos, llegó a sentenciar categó-
rico que él no autorizaría a su hijo a participar de esta red.
¿Cómo era posible que alguien pensara, en su sano juicio, que
estábamos dispuestos a organizar una red de delatores con jóvenes
menores de 18 años en los colegios de Córdoba?
Dejando sentada la mala fe de algunos otros opinólogos que sa-
lieron a sumarse a la confusión, debo decir que esa experiencia me
confirmó –sin embargo– las graves distorsiones que la propia gente
común tiene sobre las adicciones y en particular sobre el consumo
de droga.
El “abordaje policial” a la problemática es muy fuerte en la ma-
yoría de las personas. Durante el correr de los meses, cuando convo-

cábamos a participar –en barrios, con profesionales, con docentes,
con funcionarios y con personas dispuestas en general–, la mayoría
entendía que el fin estaba más relacionado con hacer un listado de
lugares donde se vende droga, hacer escraches a los vendedores de
la zona, o acciones de colaboración y apoyo con la Policía, que con lo
que específicamente hace a la prevención.
Incluso la palabra prevención para muchos está más vinculada
a “prevenir que no se venda droga en la zona” que a colaborar para
que los chicos no caigan en la tentación de consumirla.
Tuvimos que trabajar intensamente, en esa línea, para conven-
cer a nuestros interlocutores de que la prevención estaba directa-
mente relacionada con la contención de niños y jóvenes, fundamen-
talmente a través de acciones preventivas. Esto es: canalizar sus ener-
gías y su tiempo libre, mantenerlos en el sistema educativo y no echar-
los, enseñarles habilidades laborales, acercarlos a la cultura, al de-
porte, y todo aquello que ayude a los chicos a formar su personali-
dad, tener un proyecto de vida y resistir a la presión del grupo.
Luego de asumir, el encuentro con el equipo que ya tenía la repar-
tición y con la flamante subsecretaria, Elena Domínguez, fue, como
era de esperar, “de manual”. Escuché de su parte, una presentación
exageradadeplanificacionesyposicionessupuestamentetécnicas,pero
que en realidad transparentaban que estaba todo por hacer.
En verdad en Córdoba desde la órbita pública no se había hecho
nada sistemático. Todo había que construirlo de cero y con la escala
adecuada para producir un impacto preventivo suficientemente fuer-
te como para revertir tendencias sociales en aumento.
Sobre nuestro escritorio había una semilla interesante que era
el Programa de Prevención Quiero Ser, ofrecido por la órbita nacio-
nal (SEDRONAR), tomado de la experiencia de Chile y que había
sido instrumentado como prueba piloto en algunas escuelas de la

ciudad. Lanzar ese programa con la escala y la profundidad adecua-
da era claramente un objetivo prioritario.
Por esos días ya comenzó a forjarse, lamentablemente, una es-
pecie de comando paralelo dentro de la Secretaría, fogoneado por el
propio ministro Caserio y varios miembros de este equipo hereda-
do, capitaneado por “Ely” –así la llamaban todos a la subsecretaria–
quienes se encargaron de hacerme parir cada decisión que no sur-
giera de ellos mismos.
Pero en ese momento, como secretario –y aunque parezca men-
tira– mis problemas eran mucho más pedestres. De hecho no tenía
ni oficina. Caserio me advierte: “Buscate una vos, porque si no vas a
estar todo el año sentado en los pasillos”. El antecedente que todos
los empleados del Ministerio me señalaban para alarmarme era el
nombramiento del arquitecto Guillermo Irós al frente del Instituto
de Planificación del Area Metropolitana, silla en la que recién pudo
sentarse seis meses después, cuando le consiguieron una oficina.
Finalmente yo estuve el mismo lapso –seis meses– para poder tener
la mía propia.
Nuestra gente se acomodó literalmente en las sillas de los pasi-
llos del Ministerio de Gobierno. Había muy buena voluntad de parte
de todos los empleados de las distintas oficinas. Incluso nos ofre-
cían “mate y criollos”. Pero lo real era que sufríamos una precarie-
dad extraordinaria en los aspectos operativos básicos.
La primera reunión formal con el ministro Caserio marcó cómo
sería la relación hasta el final. Confeccioné una presentación minu-
ciosa de lo que pretendía hacer, pero cada punto fue condicionado
fuertemente por él.
En verdad el plan inicial era simple y compacto. Si éramos capa-
ces de extender Programas de Prevención a todo el sistema educati-
vo, organizar a la juventud en un sistema de pares–guías e

institucionalizar la coordinación de los esfuerzos de la comunidad
para lograr un trabajo en red, podríamos dejar una base sólida a
nivel preventivo en esta etapa fundacional. A esto le sumábamos
nuestras propuestas de asistencia y el objetivo de formar el Consejo
Provincial de Lucha contra el Narcotráfico para coordinar los es-
fuerzos dispersos y definir la política pública en la materia.
Caserio, sin embargo, no era un hombre fácil. Mientras discu-
tíamos qué se podría hacer y qué no, el ministro atendía su teléfono
y a cada uno iba insultando, presionando, gritando e incluso amena-
zando con una naturalidad que no dejó de sorprendernos a todos los
que estábamos presentes. Para mis adentros y conociéndome pen-
saba: “Si me llega a tratar de esa manera a mí, creo que mi rol de
secretario va a durar poco”. Sin embargo, conmigo siempre se cuidó
de los maltratos, tal vez intuyendo cuál sería la reacción.
Los interlocutores a los que maltrataba no eran cualquier perso-
na. Eran desde operadores y dirigentes políticos locales y nacionales
hasta altos jefes de las fuerzas policiales, y otros funcionarios im-
portantes. Sin duda Caserio era un hombre de poder y yo había sido
puesto bajo su órbita para controlarme.
Cuando al final de la reunión le pedí un presupuesto concreto
para poder moverme, Caserio me aclaró cómo sería la cosa: “Vos
andá presentando iniciativas y si vemos que son correctas vemos
cómo conseguir recursos”. La excusa era que la Secretaría había sido
creada después de sancionar el presupuesto y que, por tanto, había
que tener paciencia hasta la próxima sanción.
En ese momento, yo no imaginé que el día de la sanción del pre-
supuesto 2010, una orden de Casa de Gobierno indicaría a los legis-
ladores oficialistas que no me dieran un peso más de lo que había
gastado durante esos meses y que había sido poco, al haber dedica-
do mucho esfuerzo a la constitución de la Secretaría.

Las cosas no empezaban bien. La mayoría de las iniciativas que
presentaba no iban a poder ser desarrolladas. Pedí una reunión
con el gobernador Schiaretti, quien me recibió con todos los mi-
nistros. Cuando empecé a comentar el plan, Schiaretti se puso de
pie “oportunamente” y se retiró. Los ministros, y un equipo de su-
puestos asesores de estrategia y marketing, fueron los encargados
de condicionarme para que no volara demasiado alto en el comien-
zo.
No quiero simular ser un ingenuo. Sabía que había poco dinero
en el Gobierno Provincial y que deberíamos trabajar con poco pre-
supuesto. Eso no me molestaba. Trabajamos, de hecho, como si la
plata fuera de nuestros propios ahorros. Entendía también que la
excesiva “prudencia” de Caserio y de todos los otros ministros se
debía fundamentalmente a esto (“Sebastián, no hay un mango” me
dijo uno de ellos a la salida de una reunión). Pero una cosa es traba-
jar con limitaciones propias de la austeridad y otra que los obstácu-
los comenzaran a surgir por no tener la menor intención de hacer lo
que hay que hacer.
Un ejemplo de lo que se discutió en esa reunión con ministros y
asesores puede servir como muestra. Teníamos –como señalé– el
Programa de Prevención Quiero Ser que ya había sido probado en
50 escuelas. El objetivo ahora era extenderlo por lo menos a todas
las escuelas de la Capital y a ciertos puntos de la Provincia. Pero en
esa reunión se concluyó que era prudente sólo duplicar el número.
Cien escuelas en el contexto de más de 4.000 escuelas provinciales
era realmente poco. El proceso de propagación de los programas
preventivos se iba a hacer muy largo.
Más allá de estos primeros contratiempos, me pareció prudente
seguir. Al final de cuentas nadie había dicho que sería fácil. En los
días siguientes la tendencia de esa reunión ministerial fue confirma-

da en reuniones ministro por ministro, en las que fui acompañado
por Caserio. En todos los casos –en asistencia a adictos, en acciones
preventivas para menores, en campañas de prevención, etc.– la con-
clusión era: vamos despacio. Lo que nunca pensé en ese momento
–más allá de que estos tiempos señalados ya me ponían nervioso–
era que despacio en muchos casos significaría no hacer nada.
El nombramiento de los directores fue todo un proceso. Vale
contar esta anécdota porque involucra a quien hoy es el nuevo secre-
tario. En aquel momento, a pesar de que me habían garantizado que
yo podría nombrar mis colaboradores con libertad, Caserio sugirió
con insistencia que designara a Juan Carlos Mansilla como director
de Investigación y Capacitación. Más allá de los cuestionamientos
que recogía en el ambiente académico sobre esta persona, mi mayor
problema era que, al averiguar mayores antecedentes, advertí esta-
ba ante un defensor público de la despenalización de la tenencia para
el consumo, lo que suponía una posición completamente contraria a
mis convicciones más profundas. Además Mansilla es partidario de
la Teoría de la Reducción de Daños como Política Pública, que signi-
fica renunciar al mensaje de que no se consuma drogas, y contentar-
se con el mensaje de evitar los riesgos que trae aparejado dicho con-
sumo. En mi caso, sólo aceptaba dicha teoría para acciones muy pun-
tuales, pero no como política general. Por último Mansilla se mos-
traba contrario a profundizar en la lucha contra el narcotráfico y acon-
sejaba concentrarse sólo en la prevención (como luego propuso ya
como secretario sucesor en el cargo).
Frente a estas diferencias, tenía la posibilidad de recordar la con-
dición inicial puesta sobre la mesa de negociación de nombrar yo a
todos mis colaboradores directos. Pero me pareció mejor moverme
con prudencia y ejercer una presión implícita para que él mismo no
quisiera sumarse.

Afortunadamente eso fue lo que ocurrió. El propio Mansilla de-
sistió de incorporarse sin necesidad de pelear la partida y pude de-
signar a una excelente colaboradora, de vasta experiencia, la
psicopedagoga Susana Guiñazú, quien pudo acompañarme durante
los primeros meses. Luego renunció lamentablemente, a mi modo
de ver cansada de los tironeos que se producían por el doble coman-
do que me había organizado dentro de la Secretaría el propio Caserio
con la subsecretaria Domínguez.
Adelanto un dato muy decidor: Susana Guiñazú renunció como
directora en agosto, y sin embargo hasta el día de mi propia renun-
cia a finales de febrero nunca más pude lograr que se nombrara a un
nuevo director en un área fundamental como es la Investigación y la
Capacitación, pilares de la prevención, que quedó huérfana. La cues-
tión no sería tan grave si no fuera que, en paralelo, una joven psicó-
loga recién recibida que llegó al gobierno recomendada por un alto
funcionario kirchnerista, fue nombrada en mi Secretaría en menos
de 24 horas.
La primera semana de gestión terminaba con una charla áspera
con Caserio en el pasillo del Ministerio de Gobierno (por ahora mi
oficina natural). “Movete con cuidado porque acá en el gobierno hay
mucha gente que no está de acuerdo con tu nombramiento. Dicen
que vas a ser el “Juez” de Schiaretti”. Caserio estaba haciendo men-
ción a lo que le ocurrió al entonces gobernador De la Sota, que fue
quien catapultó a Luis Juez como Fiscal Anticorrupción y más tarde
fue su mayor dolor de cabeza. En este caso me estaba advirtiendo
con “sutileza” que no estaban dispuestos a que les pasara lo mismo
conmigo.
Yo le respondí muy tranquilo: “Soy leal y no soy Juez. Sólo quie-
ro advertirte que he dejado mi trabajo privado y he venido acá para
que las cosas pasen. No vengo a calentar sillas”.

Caserio intuía que un hombre como él tendría serios problemas
con una persona como yo, como de hecho sucedió. Su impronta era
no hacer nada que alterara el statu quo, o hacer lo mínimo posible
que fuese estrictamente necesario. Mi lógica, por el contrario, era
completamente distinta y se lo decía a todos los que me esperaban
en cada esquina con un reproche escéptico: “No te van a dejar hacer
nada y mucho menos Caserio”. En efecto, el ministro que me había
tocado como superior jerárquico, tenía (y tiene) una reputación muy
cuestionada en numerosos ámbitos. “Voy a tratar de hacer mucho –
repetía–. Si no, me voy”.
Una última anécdota pequeña da cuenta de que, en realidad, no
podría confiar en nadie, ni en el más humilde de los ordenanzas. En
los primeros días como secretario, al no tener lugar fijo donde esta-
blecernos, solicito la Sala de Situación del Ministerio. Mantengo la
reunión con representantes de las fuerzas de seguridad y luego –sin
quererlo– me llevo la llave de la sala en el bolsillo del saco. Al otro
día, cuando abro el diario, un apartado indicaba que yo había gene-
rado un revuelo grande en el ministerio al llevarme el llavero.

3. Un Consejo antidrogas que nació muerto
La principal expectativa que despertó la creación de la Secreta-
ría en la ciudadanía era que haría algo para detener la venta de dro-
ga, que está creciendo como hongos en los barrios de Córdoba.
Cómo sería la instalación en el imaginario que no había persona
que no me aconsejara tener cuidado con mi familia o pedir custodia
policial, o que me presagiaran que mi celular y mi correo electrónico
ya estarían seguramente intervenidos, y que corría peligro.
Lo cierto es que uno no puede desarrollar políticas para dismi-
nuir la demanda de sustancias si a la par no pone el mismo empeño
en disminuir la oferta. Todos los técnicos, incluso los que invitamos
de otros países como Chile para asesorarnos, nos confirmaron esta
premisa de trabajo.
A los pocos días de asumir, secuestraron en España un carga-
mento de drogas en empaques de molinos de viento que habían sali-
do desde Córdoba. Esos cargamentos llevaban 2.000 kilos de cocaí-
na valuados en más de 20 millones de euros. La gravedad del hecho
indicaba que no podríamos perder el tiempo en pequeñeces.
Mi primera acción fue presentar el organigrama de la Secretaría
en la que se contemplaba una Dirección de Coordinación en la Lu-
cha contra el Narcotráfico. Había reunido un equipo de hombres
muy valiosos y muy experimentados en la materia –policías y mili-
tares retirados, técnicos y expertos de las universidades y también
de centros de estudios–, dispuestos a colaborar en la fundación de la
Secretaría.
Sin embargo, Caserio me repitió una y otra vez que era mejor
–en una primera etapa– que yo, en persona y no un director, llevara

adelante esta cuestión, porque los referentes de las distintas institu-
ciones no iban a aceptar segundas y terceras líneas, sino que que-
rrían hablar directamente conmigo. Aunque no estuve de acuerdo
con esa decisión porque le quitaba peso y profundidad a la gestión,
decidí aceptar su “sugerencia”.
La subsecretaria Domínguez y el equipo que la acompañaba, me
aclararon desde el primer momento que ellos no querían tener nada
que ver con esta faceta de la lucha contra el narcotráfico. “Nosotros,
prevención, vos te dedicás a esos otros aspectos” repetían.
Por lo tanto, me encontré bastante solo, pero encaré la cues-
tión sin demora. Era necesario convocar con urgencia a todas las
instituciones involucradas en la lucha contra el narcotráfico. El
desafío no era menor. Hablamos de instituciones de mucha rai-
gambre como la Policía Federal o la Gendarmería y de personajes
complejos como los que integran la Justicia Federal. Dediqué el
primer mes a visitarlos uno por uno, presentarme, tomar contacto,
escuchar sus sugerencias y planteos y tomar debida nota de sus
propias urgencias.
El balance, al final de esa primera ronda de consultas, era favo-
rable. Tanto la Policía de la Provincia como la Federal, la
Gendarmería, la Policía Aeroportuaria y la Aduana se mostraron muy
dispuestos a integrar un equipo de trabajo conjunto que ordenara
las políticas públicas que debían promoverse desde la órbita provin-
cial y que debían exigirse a la órbita nacional.
El problema era la Justicia Federal. Allí me topé con el desafío
de no tener una autoridad centralizada. Algunos mostraban una pre-
disposición completa a colaborar. Otros, como el fiscal Gustavo Vidal
Lascano o la secretaria penal Liliana Navarro, subieron la guardia
desde el primer momento, tomando mis gestiones como una verda-
dera intromisión en sus competencias. “Dedíquese a la prevención y

no se meta en este tema que es competencia absoluta de nosotros”,
me indicaban.
En su respuesta y en sus advertencias, ya podía vislumbrar una
de las razones por las que no se podía avanzar en la formulación de
políticas eficaces: todo quedaba subsumido al caso por caso, propio
de la dinámica de Tribunales. En realidad, algunos de estos
interlocutores eran más parte del problema que de la solución.
Tengamos en cuenta que a nivel nacional de 12.981 causas (to-
mando el año 2007 como el último año que informa la Oficina de
Investigaciones y Estadísticas Político-Criminales de Ministerio Pú-
blico Fiscal) la Justicia Federal sólo condenó en 1.116 de ellas. Dicho
en porcentajes sólo el 8% de los detenidos fue efectivamente conde-
nado. En el caso de Córdoba los delitos investigados fueron 1.164, de
los cuales solo recibieron condena 86 de ellos. A la hora de ir al deta-
lle de las condenas se advierte que en la mayoría de los casos, son
causas menores y no grandes narcotraficantes.
Sin embargo, y a pesar de todo, no quise demorar más y con-
voqué con un mes de antelación a una reunión en la Sala de Situa-
ción de Casa de Gobierno, con llamados por teléfono y citaciones
formales por carta. Obtuve una respuesta contundente: todos ven-
drían a la cita incluidos fiscales y jueces de primera instancia de
la Justicia Federal. Viajaron desde Buenos Aires para el encuen-
tro representantes nacionales de las fuerzas federales con asiento
en Córdoba.
Consciente que me movía en un terreno complejo, de todo lo
que hacía mantenía al tanto por llamados celulares o por mensajes
al ministro Carlos Caserio, quien ya me demostraba en esos días,
que tener reuniones presenciales con él resultaba prácticamente
imposible. Al día de mi renuncia al cargo, la cantidad de reuniones
que mantuvimos no habrán sido más de seis.

Lo curioso es que comencé a notar en Caserio un espíritu esqui-
vo hacia esta iniciativa de crear un espacio de reflexión común, un
Consejo de Lucha Contra el Narcotráfico. Aunque en una primera
instancia me había dado el “OK” para avanzar en esta organización,
a las pocas semanas me demostraba que el asunto no le interesaba.
El momento crucial fue una semana antes, cuando me confirmó
que ni él ni el Gobernador asistirían a esta primera reunión, tal cual
yo lo había solicitado, para demostrar públicamente el aval frente a
instituciones tan complejas como las que serían nuestras contrapar-
tes.
El faltazo de ambos me pareció inconcebible, pero como ya esta-
ba todo organizado y tenía la confirmación de todos los invitados,
decidí avanzar solo.
El jueves anterior a la reunión, el desayuno se me atraganta, cuan-
do abro el diario y leo que idéntica reunión a la citada se había reali-
zado el día anterior, por iniciativa del fiscal Vidal Lascano, en de-
pendencias de la Justicia Federal. El asombro era doble: primero
por la reunión, y segundo por no haber sido invitado, siendo que él
había recibido mi invitación oportunamente. ¿Para qué duplicar es-
fuerzos? No había otra razón que adelantarse para ganar
protagonismo, por celos o para complicar mi convocatoria. Guardé
la anécdota mascullando bronca, por la evidente “jugada política”
que se había mandando el funcionario judicial, y decidí seguir.
Nuestra reunión de la semana siguiente fue tremenda. Frente a
las fuerzas de seguridad en un silencio absoluto, el fiscal Vidal
Lascano –que llegó tarde– se dedicó a destruirla sin disimular su
saña. Argumentó que conformar un Consejo era una locura. Que la
Justicia ya interactuaba con cada fuerza en los diversos casos espe-
cíficos. Que este ámbito lo único que haría sería infiltrar informa-
ción y que nosotros nada teníamos que hacer en esta materia.

Con indignación contenida, pedí a nuestro director de Coordi-
nación Institucional, Luis María Caballero, que leyera los artículos
de la flamante Ley 9.600 que en numerosos párrafos nos marcaba
nuestra obligación de sistematizar la coordinación de esfuerzos y la
interacción con las fuerzas involucradas así como la promoción de
políticas públicas comunes en la materia.
Pero Vidal Lascano había venido, al parecer, con la idea fija de
no dejar ni el más mínimo atisbo de organización de este Consejo
naciente. El funcionario judicial remató hacia el final, con tono en-
tre irónico y despectivo: “Si tenés algo para aportar, Sebastián, venite
cuando quieras a la Justicia Federal y te invitamos un café”.
Frente al ataque, lamentablemente, los representantes de las
fuerzas policiales y de seguridad decidieron mantenerse callados.
Indudablemente a la reunión le había faltado el apoyo político nece-
sario para poder continuar.
Así empezó nuestro intento por ordenar la lucha contra el
narcotráfico en Córdoba. Frente a semejante fracaso, tenía dos posi-
bilidades políticas: aceptar que en lo que hace a esa lucha éste y otros
funcionarios judiciales me harían la vida imposible y olvidarme de
sumar logros en la materia o, por el contrario, dar batalla.
Con el equipo más comprometido de la Secretaría elegimos lo
segundo. Anuncié en el diario La Voz del Interior las medidas que
los técnicos en la materia me habían señalado como urgentes y que
yo había previsto consensuar en ese Consejo nonato. El artículo de
media página, generó impacto.
“Quiere ‘radares en el cielo y perros en la tierra’, quiere darle
mayores poderes a la Policía y que se realicen allanamientos masi-
vos para ‘extirpar la droga en un barrio completo’ y dice que si se
despenaliza el consumo de drogas, renuncia”. Comentaba el artícu-
lo. “Esas son algunas de las ideas de Sebastián García Díaz, al cum-

plir un mes de asumir en la recién creada Secretaría de Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia”.
Al poco tiempo redacté un artículo que fue publicado en el mis-
mo diario y tenía como destinatario a la propia Justicia Federal. Un
modo indirecto de ejercer presión para que esa institución compren-
diera que mi idea era avanzar a fondo. El título del diario era suge-
rente: “Terminemos con la droga de la impunidad”.
Aquí transcribo los principales párrafos:
Terminemos con la droga de la impunidad1
Quiero proponer a los cordobeses un principio que guíe
las Políticas de Estado en la prevención de la drogadic-
ción y la lucha contra el narcotráfico en la Provincia de
Córdoba.
Se trata del principio fundamental de la responsabilidad
individual: hacernos cargo de nuestra propia vida, las
acciones que llevamos adelante y las consecuencias
que producimos, más allá de las condiciones físicas y
sociales que nos tocaron en suerte.
Desde el punto de vista de la demanda, los niños y los
jóvenes deben recibir un mensaje claro de nuestra par-
te. Son libres, y no los podemos subestimar. Pero la
libertad tiene consecuencias y por tal motivo, acepta los
límites. Si todo el tiempo los estamos justificando por la
sociedad individualista, consumista, corrupta y fragmen-
tada que les hemos hecho vivir, no estamos forjando
protagonistas, sino pacientes (reales o en potencia). Ni
un ejército entero alcanzará para controlar que no se
alcoholicen o se droguen a escondidas, aduciendo las
mil y una excusas.
La mejor prevención, entonces, es darles certezas de
que los premios existen y también los castigos. Que a la
1
Publicado en el diario La Voz del Interior el 27/04/2009.

hora de decidir sepan que no es lo mismo esforzarse
que hacerse el vivo, buscar un proyecto de vida –estu-
diar y buscar trabajo– que pasarse cuatro días a la se-
mana de “joda”.
Este mensaje debe ser para todos, más allá de circuns-
tancias familiares o sociales. Está claro que para algu-
nos, las oportunidades son muy distintas que para otros.
Pero los engañamos, si convalidamos el “escaparse de
la realidad” con esa excusa. Porque la vida, finalmente,
es lo que cada uno pueda llegar a ser y a hacer, con lo
que le tocó. Nuestros abuelos inmigrantes son un buen
testimonio de esta realidad.
El desafío es mucho más claro respecto a los que ofre-
cen droga a nuestros hijos. ¿Por qué en Córdoba se
han multiplicado los lugares de venta de sustancias ile-
gales de una manera sorprendente? Muchos señalan a
la pobreza y la exclusión social como causa. En mi caso,
estoy convencido que el detonante pasa fundamental-
mente por la impunidad. Una inmensa mayoría que se
decide a vender porque percibe que no lo perseguirán
ni lo castigarán.
¿Está claro que no son sólo los pobres los que abren
bocas de expendio? No estigmaticemos a los barrios
marginales, enfocando en ellos todas las miradas. El
campo cordobés, que ha vivido sus mejores años, ha
visto crecer este flagelo en las prósperas ciudades del
interior y lo mismo ha ocurrido con los barrios cerrados
de Córdoba.
Aquí la diferencia debe marcarse, no entre ricos y po-
bres, sino entre malandras y gente decente. Si al que
vende en Villa Paez, Colonia Lola, San Vicente o Bella
Vista lo justificamos porque no tiene otro sostén posible
y demoramos su persecución porque el Estado no pue-
de garantizarle otras oportunidades ¿entonces qué men-
saje recibe el hombre honesto que vive a su lado –la
gran mayoría de sus vecinos– y que no caen en esa
misma tentación, sino todo lo contrario, se siguen rom-
piendo el lomo para tratar de conseguir el pan de cada
día por derecha?
En Córdoba, han crecido los “kioscos” que venden dro-

ga y hay barrios enteros tomados por las redes de
narcotráfico, insisto, porque sienten que jamás les cae-
rá la justicia encima. Incluso se jactan de que, si en el
peor de los casos, los captura la Policía –después de
cumplir con las exigencias de un engorroso proceso de
pruebas y escuchas– es altamente probable que no los
juzguen o que un buen abogado los haga pasar por sim-
ples tenedores.
La Justicia Federal, institución a la que le compete en
forma directa la investigación judicial y el juzgamiento
de los narcotraficantes, debe redoblar sus esfuerzos por
cumplir la tarea y hacerlo con mayor velocidad y efica-
cia. Ha llegado la hora de que asuman el desafío, con
otra escala, con otra impronta y con otra estrategia. Así
como llevaron adelante la tarea extraordinaria de juzgar
los delitos de lesa humanidad de cara al pasado, así
también ahora, están llamados a dar un salto cualitativo
en esta lucha que compromete nuestro futuro.
Todos los cordobeses –incluidos los que trabajan en el
fuero federal– debemos exigirle al Gobierno Nacional
mayores recursos materiales y humanos para combatir
como corresponde el tráfico de droga en la provincia.
En lugar de confundirnos con iniciativas como la
despenalización del consumo, desde el Poder Central
deberían darnos las herramientas para lograr que Cór-
doba no llegue a ser nunca Río de Janeiro, Medellín o
Juárez (México). Hay que actuar ya, cuando todavía no
es demasiado tarde.
Como Secretario, no sólo de prevención de la drogadic-
ción, sino también de lucha contra el narcotráfico, nece-
sito ir de la mano de la Justicia Federal, a los barrios
donde “todos saben que se vende droga” para, junto a
la policía y a las fuerzas federales de seguridad, actuar
con firmeza y con celeridad, en el marco de la Ley. Sin
los fiscales y los jueces, es difícil dar respuesta. Juntos
debemos hacer planteos enérgicos a la Nación, sobre
la necesidad de radarizar el territorio y legislar para que
podamos detener las avionetas que traen drogas en
vuelo, o camiones que transportan toneladas de sus-
tancias ilegales por el territorio de la provincia. Juntos

debemos buscar formas legales de agilizar, sin violen-
tar los derechos individuales, el proceso para encarce-
lar por comercialización a los “kioscos”.
Que los narcotraficantes de Córdoba reciban un claro
mensaje de que se acaba la impunidad. Y que el que
vende droga, no importa si es rico o pobre, vendedor al
menudeo o gran traficante, tendrá su merecido, como
así también el que le vende alcohol a menores o incluso
a mayores hasta quedar desmayados en el suelo frío
de la madrugada (¿somos conscientes los cordobeses
que el alcohol es una droga tanto o más peligrosa que
las demás, por sus consecuencias y su extensión cada
vez mayor a toda la juventud?).
He intentado conformar un Consejo de Lucha contra el
Narcotráfico para lograr la coordinación. Pero algunos
miembros de la Justicia Federal se han negado a parti-
cipar. ¿Debo librarme de la presión, diciéndoles a los
vecinos que me acercan denuncias, que vayan directa-
mente a la barandilla del edificio de la ciudad universi-
taria? Creo que es mucho más responsable, que todas
las partes involucradas nos pongamos de acuerdo en
torno al principio y la estrategia que nos va a guiar en la
lucha que tenemos por delante.
No es la única tarea pendiente: hay un largo listado de
políticas en materia de prevención y asistencia. Pero
que una cosa, no demore la otra”.
Este artículo tuvo un impacto certero en el ámbito de la Justicia.
Catorce integrantes de esta institución le solicitaron una reunión
urgente al Gobernador para exigir mi renuncia (no voy a poner aquí
los nombres de cada uno para no hacer una caza de brujas). Luego
se reunieron con el ministro Caserio, quien los tranquilizó un poco.
El mensaje había llegado a donde tenía que llegar y había calado
hondo.
Sin embargo, allí vino la segunda demostración de falta de apo-
yo político del Gobierno hacia mi gestión. Caserio tuvo su segunda

reunión conmigo para reprocharme por esta acción y pedirme que
no me metiera más en el tema de la Lucha contra el Narcotráfico.
“No queremos tener quilombos con nadie y mucho menos con la
Justicia Federal donde hay amigos. No avances más con este tema.
Dedicate a la prevención y esta cuestión dejala completamente en
manos de la Policía porque vos no podés hacer nada desde una Se-
cretaría Provincial”.
En ese mismo momento, el ministro de Gobierno me adelantó
su idea de extirpar al nombre de la Secretaría la referencia a la “lu-
cha contra el narcotráfico” para evitar que en adelante alguien pue-
da creer que este organismo podría hacer algo al respecto. “Si esto
depende del Gobierno Nacional, ¿por qué vamos a tener que comer-
nos nosotros el costo político de intentar hacer algo?”.
Evidentemente el humor hacia mi persona había comenzado a
cambiar en el Gobierno. Mis iniciativas sobre este tema y también
sobre la regulación del consumo de alcohol mediante el control de la
oferta comenzaban a molestar y mucho. De hecho, esta orden de no
hacer nada en la lucha contra el narcotráfico no sólo contrariaba los
artículos de la Ley 9.600 que ellos mismos habían hecho sancionar,
sino que además contradecía manifestaciones públicas que el pro-
pio Caserio había hecho a los medios días antes de que se creara la
Secretaría.
Por dar un solo ejemplo, el 4 de febrero de 2009, en un extenso
artículo en el diario La Voz del Interior, el propio ministro decía,
mucho antes de que yo apareciera ni siquiera como una posibilidad:
“Luchar contra la droga es una política de Estado”. El artículo agre-
gaba: “para el ministro Caserio el nuevo organismo surge como la
necesidad de dar respuestas a la lucha contra el tráfico de drogas. ‘El
narcotráfico es un flagelo que preocupa en el país y el resto del mun-

do. En Córdoba las fuerzas de seguridad, la justicia federal y el Go-
bierno provincial trabajan de manera conjunta desde siempre. Pero
como para nosotros la lucha contra la droga es una política de Esta-
do, el gobernador está convencido que esta secretaría servirá para
mejorar este trabajo mancomunado entre todos los organismos
involucrados’”.
En definitiva, el perfil de la Secretaría no lo había marcado yo,
sino ellos. Pero ahora, a la hora de las decisiones concretas, se arre-
pentían de haber creado esas expectativas.
Aunque Caserio había sido terminante, decidí seguir forzando
la participación de la secretaría en la cuestión del Narcotráfico, todo
lo que me fuera posible, porque me resultaba inconcebible enfocar-
nos en la prevención, pero dejar a la deriva todo lo que había que
hacer a nivel de lucha contra la venta de droga.
En esa línea mantuve los contactos hechos con las fuerzas de
seguridad, particularmente con la Policía de Córdoba y su división
Drogas Peligrosas. Todavía quedaban repercusiones en los pasillos
de esa División, de los numerosos datos que en persona habíamos
acercado como ciudadanos los miembros de Primero la Gente, a fi-
nales de diciembre, luego de invitar a los cordobeses a canalizar sus
denuncias anónimas sobre lugares donde se vende droga a la página
de internet www.primerolagente.com.ar.
Las denuncias superaron las 500, pero en ese momento decidi-
mos presentar las que, a primera vista, resultaban más verosímiles.
Recuerdo que el fiscal federal, a quien también presentamos esas
mismas denuncias, reconoció por lo bajo que, en un solo ingreso,
estábamos aportándole a la Justicia lo que en el natural devenir de
esa institución se recopilaba a lo largo de 6 meses. Sin duda tanto
para la Justicia como la Policía Provincial, la acción que llevamos
adelante en ese momento había resultado para ellos un dolor de ca-

beza pues habíamos dejado al descubierto su propia falta de acción y
de convocatoria a la ciudadanía a acercar información.
Con esa aprehensión por parte de ellos comenzó la relación con
la Policía Provincial, pero a poco de andar empezaron a confiar en
mí, al ver que yo estaba realmente dispuesto a defender sus necesi-
dades de recursos y de cambios estructurales para cumplir mejor su
misión. Sin embargo era claro que ellos tampoco querían que nos
metiéramos desde la Secretaría en su área de competencia.
La verdad es que la División tenía oficiales voluntariosos pero
trabajaban en una precariedad alarmante, tanto en lo que hace a
recursos tecnológicos, humanos, organizacionales y de inteligen-
cia. La lucha contra los pequeños kioscos le insumía el 100% de sus
energías y con una o dos visitas, quedaba claro que la lucha contra
los grandes narcotraficantes que operan en la provincia los exce-
día.
No voy a olvidar que en la primera reunión, uno de los superiores
jerárquicos asignado a explicarme en detalle cómo operaba el área
de inteligencia e investigación, después de intentar demostrarme que
estaba “todo bajo control”, terminó por solicitarme, que intercediera
para conseguir algunas computadoras un poco más modernas porque
las que tenían no podían hacer correr programas básicos y se
bloqueaban cada dos por tres.
Por mi parte, no era un tema menor la desconfianza hacia la Poli-
cía que me demostraba cada vecino que visitaba en las recorridas por
los barrios. En todos los casos, la idea de que “los canas” apañan a los
vendedores de droga del barrio es el común denominador de todas las
quejas. “Si va a hacer algo con estos vendedores, le pedimos que no lo
haga con los policías del precinto tal o de la seccional cual porque esos
están enganchados” repetían en uno y otro lado, mientras me acerca-
ban denuncias de lugares concretos de venta ilegal.

Hice todo lo que estuvo a mi alcance para apoyarlos. Solicité un
0-810 para unificar en un solo canal todas las denuncias y asegurar
que la gente pudiera hacerlas en forma anónima. Cuando obtuvimos
el canal (el 0810–888–3368) dediqué recursos para imprimir más
de 500 mil folletos que difundieran la existencia de esta alternativa y
yo mismo me dediqué a distribuirlo en cuanto lugar me hacía
presente. Luego trabajamos desde la Secretaría con la iniciativa de
ampliar la posibilidad de denuncias también a los remedios ilegales
que se venden en farmacias que incumplen o en kioscos y lugares
clandestinos (la otra parte del problema).
En esta acción trabajamos codo a codo tanto con el Colegio de
Farmacéuticos de Córdoba como con la Dirección de Farmacias del
Ministerio de Salud y la propia Policía de Córdoba. Dejo asentada la
buena voluntad de todos los funcionarios y profesionales de estas
áreas e instituciones.
Un hecho me marcó que realmente la voluntad de apoyar una
división poderosa era nula. Allá por agosto del 2009 un periodista
me llama para consultarme si sabía que, de los 20 autos con que
contaba toda la División Drogas Peligrosas, 12 correspondían a prés-
tamos que había hecho la Justicia Federal de vehículos involucrados
en juicios. En una decisión insólita, la Secretaria Federal Dra.
Liliana Navarro, les había sacado los 12 vehículos, dejándolos –
como se dice en la calle– “a pata”. Respondí que nada sabía pero
que averiguaría.
En efecto, eso había ocurrido. Pero desde la Policía me pidieron
que no hiciera nada, ni respondiera nada, porque temían otras re-
presalias de la Justicia y del Gobierno Provincial, si el tema salía a la
luz. No conforme con esta situación, llevé el reclamo hasta el Jefe de
Policía y al ministro Caserio. Ambos me indicaron que cuando in-
gresaran nuevos vehículos les darían algunos, pero no percibí que

hubiera sentido de la urgencia. ¿Cómo podía trabajar una división
de 200 hombres con 6 autos (ya que 2 estaban rotos)? Hasta el día
de hoy, y aun con autos que les han asignado, no han completado ni
siquiera la flota inicial de 20 vehículos.
Sin embargo, más allá de todos estos esfuerzos, en mi interior
crecía la preocupación por ver que en un momento u otro, mi ges-
tión en lo que respecta a la disminución de la oferta, quedaría inexo-
rablemente condicionada y trabada por mis superiores que no pare-
cían tener la más mínima intención de provocar avances sustantivos
en la materia.
La preocupación fue exponencial hasta el día 6 de noviembre,
fecha en la que presenté el informe al Gobernador y al ministro, que
resumía las falencias estructurales en la lucha contra el narcotráfico,
listado que había logrado confeccionar y profundizar luego de 10
meses de reuniones con todos los sectores involucrados.
El año se acabó y yo había pasado ya de la preocupación a la
decepción. ¿Por qué el mismo gobierno que había creado esta secre-
taría y le había puesto ese nombre rimbombante ahora se daba la
vuelta para no hacer nada? Sin lugar a dudas si ésa era la línea polí-
tica decidida (la del silencio y la de no “hacer olas”) se habían equi-
vocado de funcionario.

4. “Favelización” de Córdoba
El informe presentado al Gobernador (que desencadenó mi ale-
jamiento del cargo) hacía hincapié en un “incipiente proceso de
favelización” de algunos barrios de Córdoba.
Más allá de las destempladas respuestas, al final todos estába-
mos hablando de lo mismo. Los que dijeron “todavía no están
favelizados”, en la palabra todavía confirmaban la tendencia. En de-
finitiva, hay una oportunidad en Córdoba de revertir un peligroso
proceso de marginación social que han vivido otros países y que ya
sufre el Gran Buenos Aires.
Sin embargo, a la hora de discutir el cómo, la mayoría de las
personas con las que interactuaba en el Gobierno se quedaban en las
acciones preventivas, pero no se atrevían a llevar su mirada a los
otros aspectos involucrados.
La venta de drogas en un conjunto de barrios de Córdoba no se
circunscribe a personas y puntos excepcionales, sino que comienza
a involucrar a todo el grupo familiar y a un número importante y
creciente de miembros de la comunidad. Así llega a convertirse en la
principal fuente de ingreso de la zona. Con esos recursos incluso se
realizan acciones solidarias (se paga la fiesta de quince de una fami-
lia, la prótesis de otra, se arregla el techo del salón comunitario, etc.).
Organizan además su propio sistema de alerta, de tal suerte que es
muy difícil que una persona extraña ingrese sin ser percibida como
un riesgo potencial.
Como Estado, el primer desafío es de seguridad. Proteger a las
familias de la zona que todavía no han ingresado a esa red. La situa-
ción para ellos no es sencilla. Viendo que la Policía ni la Justicia pue-
den protegerlos, o peor aún, que algunos de sus agentes están vincu-

lados o dan cobertura a estas bandas, se ven forzados a la conviven-
cia y la integración.
En mis recorridos por esas zonas, los padres me confesaban con
dolor que veían cómo sus hijos comenzaban a reunirse con “malas
juntas” en las esquinas, y que de a poco iban ingresando al círculo de
la venta de drogas. “Pero es difícil mantenerlos separados de sus
amigos, sin reunirse en ningún lado, cuando la mayoría está metida.
A medida que el chico se hace grande, cada vez me cuesta más con-
trolarlo” señalaban.
Las instituciones que deben ocuparse de la lucha contra el
narcotráfico se encuentran hoy sin herramientas legales para actuar
con eficacia ante esta realidad. Pueden investigar casos puntuales (y
aún esas investigaciones puntuales se hacen muy difíciles en estos
barrios), pero lo que no hay es un procedimiento legal extraordina-
rio para enfrentar procesos socializados de venta de droga. Por eso
al cerrar un “kiosquito” hoy, a los dos días, se abre una nueva boca
en la casa del lado.
Desarrollar este procedimiento es una prioridad. De más está
decir que no estamos proponiendo entrar a “sangre y fuego” ni nada
que se le parezca. La acción debe ser realizada dentro del marco de
la Constitución Nacional y Provincial y de la leyes procesales y de
fondo. Pero las Fuerzas de Seguridad del Estado deben ser autoriza-
das a realizar intervenciones extraordinarias para extirpar la red de
venta de droga, extendidas en una zona, sin someterlos a sus agen-
tes a un proceso burocrático de investigación y prueba de cada caso,
para obtener la orden de allanamiento, que resulta imposible cuan-
do de lo que se trata es de un barrio entero.
El segundo desafío es social. Pero en este terreno hay que tener
sumo cuidado. Se ha instalado un falso discurso que dice: “Mientras
esas familias no tengan otra alternativa de ingreso económico se in-

clinarán por la venta de droga. Antes de hacer cumplir la ley en la
zona, tenemos que garantizarles trabajo y oportunidades”.
El diagnóstico es errado. Porque la pobreza no es la causa del
crecimiento del narcotráfico. Es la impunidad. Y la distorsión en los
valores que produce esa impunidad en el barrio. Si el riesgo de co-
mercializar droga fuera percibido como mucho más elevado, ten-
dríamos más jefes y jefas de familia buscando otras alternativas, en
forma espontánea. De hecho esta premisa es aplicable a todos los
estratos sociales.
Estoy convencido de que en la problemática de la venta de dro-
gas se puede aplicar la misma regla que funciona para otros com-
portamientos sociales. Hay un 20% de personas que, no importa si
es fácil o difícil, legal o ilegal, nunca se les pasará por la cabeza dedi-
carse a una actividad tan negativa. Hay otro 20% de personas que, al
revés, lo harán, no importa lo que intentemos para evitarlo. Pero el
gran desafío es el 60% restante de las personas que lo harán o no,
dependiendo del contexto. Si ven que cunde la impunidad y que el
provecho económico es grande, probablemente caigan en la tenta-
ción. Pero si reciben una señal clara de que los riesgos (de caer pre-
so, por ejemplo) se han incrementado, inmediatamente lo abando-
narán como alternativa.
Lo que ocurre hoy en Córdoba y en Argentina es que la sensa-
ción de impunidad es tan grande que todos se animan.
Respecto a cuáles son esos barrios “favelizados” prefiero no dejar
un listado por escrito, por el riesgo a estigmatizar a sus habitantes que
todavía no han caído en las redes que aquí menciono. Sí puedo decir
que hay por lo menos 30 barrios que están en una situación muy com-
prometida: Colonia Lola, Coronel Olmedo, Ituzaingó, José Ignacio
Díaz, Las Violetas, Maldonado, Marqués Anexo, Muller, Parque Li-
ceo, San Vicente, Villa Cornú, Villa Páez, Villa El Libertador, Villa

Urquiza, Yapeyú, Barrio Ferrer y Suárez, entre otros. En esos barrios
hay que actuar en forma urgente, antes de que sea demasiado tarde.
Volviendo al desafío social que también tenemos en esos barrios,
la experiencia de gestión, en este sentido, me ha dejado en claro que
la acción social que estamos desarrollando en los barrios es vergon-
zosa. Los gobiernos (nacional, provincial y municipal) y peor aún,
los distintos ministerios y secretarías en cada uno de esos estamentos,
“bajan” decenas de programas fragmentados, que no tienen coordi-
nación entre sí y que en muchos casos se superponen. Los únicos
que terminan de concentrar la información son los punteros políti-
cos que visitan las distintas oficinas de los funcionarios para ver qué
hay para repartir. Son ellos los que recorren semanalmente los pasi-
llos de los ministerios y terminan por obtener la información com-
pleta de todo lo que ofrece la Provincia a través de cada parcela del
gobierno, información que ninguna autoridad termina de obtener
por sí.
El clientelismo produce estragos en esas zonas. Porque un joven
que abandonó el colegio y que ha crecido recibiendo dádivas y favo-
res de políticos y punteros, no percibe cuál es la diferencia de reci-
birlos ahora de narcos y dealers.
La multiplicidad de esfuerzos descoordinados y sólo enfocados
en la coyuntura, repercute muy mal en estas zonas marginales. Hay
grupos de personas que reciben mucho más de lo que necesitarían, o
dos veces la misma cosa, la misma acción, o el mismo programa, en
algunos casos. Otros ni se enteran de que se está desarrollando tal o
cual programa, proyecto o acción en la zona, porque no son amigos
del puntero de la zona.
Existen cientos de programas sin interacción entre sí, bajados
por Salud, por Educación, por Desarrollo Social, por Trabajo e In-
dustria, por Gobierno y Seguridad, por la Munaf, por la Agencia

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