Hoy 15 de Septiembre de 2023 presenté denuncia penal para que se investiguen los escándalos ocurridos en la Municipalidad de Córdoba.

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SOLICITA INVESTIGACION PENAL PREPARATORIA
SEÑOR FISCAL:
SEBASTIAN RODRIGO GARCIA DIAZ,
argentino, DNI. Nº 22.775.762, de profesión abogado, con domicilio en
calle 25 de mayo Nº 267 Piso 6º Barrio Centro, ante el Ministerio
Público Fiscal de Córdoba comparezco y digo:
I. Que vengo en carácter de ciudadano,
vecino y contribuyente de la Ciudad de Córdoba y como dirigente
político del Partido PRO, a peticionar al Ministerio Público Fiscal de
Córdoba se inicie investigación penal preparatoria respecto de los
hechos a los que haré mención a los efectos de que se determine la
existencia o no de hechos reprochables desde el punto de vista penal
y se impute, llegado el caso, a quien resulte responsable de los
mismos, los cuáles a continuación expongo:
II Que con fecha sábado 25 de Junio de
2022 la Municipalidad de Córdoba organizó desde la Subsecretaría de
Turismo dependiente de la Secretaría de Gobierno un recital en la vía
pública, en ciudad universitaria, del cantante Ulises Bueno,

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contratando de manera directa y, aparentemente, irregular los
servicios de su productora Enjoy Night Producciones S.A. por un
monto de $ 43.000.000.- lo que resultó en un escándalo público
desatado en los días previos y obligó a la cancelación del mismo un
día antes de su realización, sin que se haya investigado si se
produjeron estas irregularidades administrativas o se hayan dado
noticia de las mismas así como de sus conclusiones e imputación de
responsabilidades. Adjunto link de nota periodística donde constan
registros fotográficos de los antecedentes del escándalo
(https://www.lavoz.com.ar/politica/polemica-por-show-de-ulises-bueno-
que-dice-la-carta-del-cantante-a-la-municipalidad-de-cordoba/)
Cabe acotar que, teniendo en cuenta que el Area de Turismo tiene
asignado un presupuesto de $ 210.000.000 según consta en el
Presupuesto Municipal 2022 aprobado, el funcionario responsable
contrató en forma directa en este acto aparentemente irregular por un
porcentaje mayor al 25% del total, lo que a todas luces resulta
sospechoso. Este hecho, de por sí, amerita una investigación de oficio
por parte de un fiscal para estudiar si no existió delito penal, acción
que -hasta donde alcanza mis conocimientos- no se ha dado y motiva
esta presentación.

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III. Que en ese mismo tiempo fueron publicados
los detalles de la obra de remodelación de la oficina del Intendente
Martín Llaryora por un monto de $ 60.000.000.- que también fue
adjudicada de manera directa a un proveedor, lo que también suscitó
un escándalo público tanto por el monto comprometido para una obra
que no resulta esencial para la ciudad como por el hecho comprobado
de que se autorizaba a comprar artefactos y elementos con un valor
hasta 400% más caros que los que se conseguían en el mercado en
ese momento. Este contraste en los precios consignados en la
documentación municipal que se hizo pública y los precios del
mercado la hice en persona junto a colaboradores. El hecho también
amerita una investigación respecto posibles delitos penales que hayan
podido producirse. Adjunto artículos de diario donde aparecen copias
de los documentos municipales:
https://realpolitik.com.ar/nota/48792/el-intendente-de-cordoba-gasto-
60-millones-solo-en-remodelar-su-despacho/ y
https://www.lavoz.com.ar/politica/como-explica-el-municipio-los-605-
millones-que-paga-por-poner-en-valor-el-area-de-intendencia/
IV. Que un análisis del proveedor de esta obra
de remodelación, ICARO S.A. por los antecedentes que consigna en
su presentación web y los registros de otras obras adjudicadas en el

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Boletín Oficial generan dudas respecto a la solvencia y antecedentes
suficientes como para la misma. No es un dato menor que sus únicos
antecedentes sea proveer obras para dependencias del gobierno
provincial y municipal. La contratación de este proveedor y posible
relación del mismo con funcionarios municipales y provinciales es un
hecho que debe ser investigado a fondo por el bien de la
transparencia de este tipo de contrataciones directas que ya de por sí,
generan sospechas.
V. Que el escándalo sobre la contratación de
Ulises Bueno, también volvió a traer sobre la escena pública la
organización de una “bicicleteada” con fecha 29 de Mayo del año
2022 en la que se hicieron contrataciones directas para su
organización por un monto, según informaron los medios y concejales
opositores de $ 150.000.000 (ciento cincuenta millones). Este evento
con contrataciones aparentemente irregulares también debe ser
motivo de investigación fiscal. Otros eventos como el Congreso de
Economía Circular han tenido un comportamiento similar de
contrataciones directas que llaman a duda y ameritan investigación.
VI. Que en estos meses también ha surgido
como escándalo público la manera en que se contrata la publicidad
oficial de la Municipalidad de Córdoba, tanto en medios tradicionales

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que no tienen influencia en la Ciudad de Córdoba sino que son
oriundos de otras zonas de la provincia de Córdoba o incluso del país,
así como la publicidad oficial en redes sociales e internet. Ya los
montos asignados para esta actividad son -de por sí- escandalosos en
una municipalidad que todavía mantiene su status de “emergencia
económica”, pues el presupuesto 2022 prevé partidas de $
248.000.000 para comunicación digital y de $ 848.000.000 para
contratación de medios de comunicación. En mi tarea profesional me
desempeño como Director de una empresa servicios publicitarios y
puedo dar fe que este presupuesto es completamente desproporcional
a los requerimientos de una municipalidad como la de Córdoba.
También dejo apuntada el recelo que produce en la ciudadanía la
forma en que se utiliza la publicidad oficial para posicionamientos
personales al incluir en la misma el nombre del intendente (“Gestión
Martín Llaryora”) y la promoción del mismo y de otros funcionarios con
total desparpajo por los principios republicanos. Sin embargo, soy
consciente que esta valoración y este reproche ético por la forma en la
que se administran los fondos públicos, excede la competencia del
ámbito de la Justicia Penal. Pero si hay motivo de investigación por
parte del Ministerio Público fiscal respecto de si no hay una
administración ilegal de estos fondos y una posible organización con

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terceros proveedores que se vean favorecidos por estas compras en
forma discrecional y con posibles vinculaciones, explícitas o secretas
con funcionarios y dirigentes políticos municipales y provinciales. En
este sentido, en el ámbito de los medios de comunicación es “vox
populi” que en la administración de esta materia hay desvíos de
fondos a particulares relacionados con el intendente Llaryora y otros
funcionarios que tienen productoras de contenidos y programas y
medios de comunicación. Esta sospecha generalizada requiere una
investigación de su parte.
VI. Que obran en mi poder copias de
documentos municipales en los que se consignan alquileres de bienes
inmuebles para funcionamiento de dependencias municipales que
mueven a duda por el procedimiento con el que se hicieron, por los
montos acordados y por su utilización efectiva. Escapa a mis
posibilidades una investigación más profunda, pero creo que sería
importante revisar estas contrataciones para desechar la consecución
de delitos penales.
VII. Que el sistema de proveedores de obras de
la Municipalidad de Córdoba, aunque en apariencia asegura
transparencia a través de un sistema electrónico digital, ha merecido
comentarios de empresas serias de Córdoba sobre la transparencia

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de este sistema y las empresas que en muchos casos resultan
adjudicatarias y tienen vínculos con los funcionarios municipales o del
gobierno de la provincia así como de dirigentes políticos del partido al
que pertenecen tanto el intendente Martín Llaryora, la mayoría de sus
funcionarios como el gobernador Juan Schiaretti y la mayoría de sus
funcionarios.
VIII. Que podría existir, por la suma de estos
casos, una presunción a investigar de un verdadero “modus operandi”
que a través de distintos actos desviase fondos para beneficio político
o particular. Este tipo de esquemas de corrupción, similar al que
montó el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez de
Kirchner en el orden nacional, cuyos hechos y posible asociación
ilícita hoy está siendo procesada y juzgada en los fueros federales,
debe alertarnos como antecedente de organizaciones similares que
puedan operar en el ámbito de nuestra ciudad y nuestra provincia.
Hay que extrema los cuidados y para ello solicito la investigación
correspondiente.
VII. Que dada toda esta información, hay una
doble tarea a realizar según mi humilde criterio: por un lado estudiar
cada hecho aislado en cuidado de que no se hayan producido delitos
penales y al mismo tiempo poner a todos estos elementos a la luz de

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una hipótesis probable de funcionamiento como un verdadero sistema
de irregularidades y de corrupción que pueda estar gestándose en el
seno de la Municipalidad de Córdoba.
VIII. No es mi ánimo el de afectar el honor y
buen nombre del intendente o de ninguno de sus funcionarios, como
tampoco del gobernador y sus funcionarios. Sería una buena noticia
para Córdoba que ninguna de estas presunciones enumeradas en
esta presentación tuvieran asidero. Pero dada la magnitud de cada
uno de estos escándalos ante la opinión pública acaecidos y en el
comentario de personas respetables de nuestra comunidad respecto
de ciertas contrataciones poco transparentes, es importante que un
fiscal investigue los hechos.
El funcionamiento de las instituciones
municipales no es en sí mismo una garantía absoluta de control y de
transparencia ya que, como todos sabemos, la conformación
institucional generada por la Carta Orgánica de la Ciudad asegura la
mayoría del poder legislativo (el Concejo Deliberante) al partido
ganador del ejecutivo. Y el Tribunal de Cuentas también es
conformado en su mayoría por el partido que gana el ejecutivo por la
propia dinámica de la boleta electoral y los comicios.

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Sería una tranquilidad para los vecinos de
Córdoba que se inicie una investigación complementaria de todos
estos hechos desde el ámbito judicial.
Por lo expuesto solicito:
Téngase por presentada esta solicitud de investigación penal
preparatoria, eventualmente actívense los mecanismos para recabar
los documentos y pruebas oficiales a las que hemos podido acceder
sólo por la comunicación de los medios de comunicación y ordénese
practicar la correspondiente investigación fiscal preparatoria y solicitar,
en su caso, el condigno castigo penal a quien o quienes resulte/n
responsable/s de los hechos denunciados.
ES JUSTICIA.-