El documento describe cómo las empresas constructoras y agencias de control redujeron el peralte de las curvas en un proyecto vial, lo que redujo la velocidad máxima segura de 130 a 90 km/h y aumentó el riesgo de choques. También menciona que el proyecto costó 50 millones de dólares y no cumplió con los principios de seguridad vial.