Carta Iberoamericana

1. República Bolivariana de Venezuela
Universidad Fermín Toro
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Escuela de Derecho
Barquisimeto – Estado Lara
CARTA IBEROAMERICANA
Alumna: Yessica Yepéz
Informática Jurídica - 2014
Juan Capote - SAIA B

2. La aprobación de la Carta Cultural iberoamericana por la
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Montevideo en el
año 2006 no sólo constituye una referencia histórica. Mira,
también, hacia el futuro; y plantea, como exigencia, que la
cultura iberoamericana se reconozca y consolide como uno de
los ejes vertebradores de nuestra vida colectiva. La Carta
Iberoamericana (2007) entiende al “Gobierno Electrónico” como
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
en los órganos de la Administración para mejorar la
comunicación y los servicios ofrecidos a los ciudadanos,
orientar la actividad y eficiencia de la gestión pública e
incrementar característicamente la transparencia del sector
público y la participación de los ciudadanos.
La Carta Cultural Iberoamericana compendió en su breve
texto este sentimiento colectivo, y se propuso articular en
la región la Declaración sobre la Diversidad Cultural de la
UNESCO del año 2001 y la posterior Convención sobre la
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales. Se propuso, asimismo, dar cauce y continuidad a
las experiencias y estrategias de cooperación internacional
desarrolladas por la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB) y la Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI). Sus objetivos principales pueden resumirse en tres
imperativos, a saber: afirmar el valor central de la cultura
para el desarrollo humano, promover y proteger la diversidad
cultural y consolidar el espacio cultural iberoamericano
Otro factor trascendental es comprobar la información
que se brinda a distancia para convenir a los servicios con
la información que se provee en forma presencial: la
normativa, los medios, los requisitos. Los ciudadanos son

3. cautivos del sector público en tanto tienen obligación de
concurrir a sus oficinas para ejercer sus derechos y cumplir
obligaciones. La intención de este documento es promover una
acción colectiva para responder a estos retos históricos a
partir de los mandatos y finalidades contenidas en la Carta
Cultural Iberoamericana. El texto que aquí se propone no es
un ejercicio teórico o académico, sino un proyecto de acción
que pretende servir de referencia a las políticas culturales
de cada país y reforzar las iniciativas comunes en el amplio
campo de la cultura. En ambos objetivos, que deben estar
coordinados, se resume el alcance del proyecto: impulsar el
compromiso de cada país con la cultura y desarrollar, al
mismo tiempo, programas de acción compartidos en la región
que fortalezcan la cultura de los países y el espacio
iberoamericano común.
El documento se ha elaborado en dos partes claramente
diferenciadas pero que tienen una profunda relación. La
primera, en la que han participado un relevante equipo de
especialistas en el campo de la cultura, abre nuevas líneas
para el desarrollo de las finalidades de la Carta Cultural y
analiza el papel central de la cultura en el desarrollo
económico, social y personal. La segunda parte, desarrollada
por el equipo técnico de la CEPAL, aborda el efecto de la
cultura en el desarrollo económico de nuestros países. En
cierto modo, la segunda parte cristaliza en cifras y en
análisis estadístico algunos de los planteamientos de los
capítulos anteriores, y llega a una conclusión impactante:
los aportes de la cultura al desarrollo económico de los
países son muy superiores a los presupuestos que los mismos
países beneficiados invierten en el desarrollo de la cultura.

4. Los objetivos principales del documento pueden resumirse
en los cinco siguientes que, considerados de manera integral
e interrelacionada, procuran cuajar un programa de acción
cultural para los próximos años.
En el transcurso de la Conferencia se ha firmado también
el ‘Consenso de Pucón’, un documento que destaca la
importancia de la gestión pública para la cohesión social,
señalando que ‘teniendo en consideración que el objetivo de
toda política pública es el bienestar de las personas, se
requiere fortalecer las capacidades institucionales públicas
para dar satisfacción a los requerimientos ciudadanos’.
Asimismo se ha aprobado la primera programación 2007-2008 de
la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas
Públicas, cuyo objetivo es la formación y capacitación de
directivos y funcionarios públicos en estas materias. Bajo
esta premisa los ciudadanos básicamente desean disponer de
información para acceder a los servicios públicos. Esta
información debe tener determinados requisitos:
Actualizada: la tecnología brinda la posibilidad de la
actualización en línea en forma rápida y segura.
Comprensible: incluso para personas de instrucción
básica.
Suficiente y graduada: de acuerdo con distintos tipos de
destinatarios y sus necesidades o referencias para obtener
mayor información en caso de necesidad.

5. Coherente: La información brindada en un punto de
contacto no debe ser distinta o contradictoria con lo
requerido para acceder al producto.
Variedad y validez de los canales y herramientas
existentes: para la disponibilidad de información y la
consulta: presencial, telefónica gratuita, fax, página web,
correo electrónico, guías de servicios y trámites. Es
importante contar con un directorio completo de puntos de
contacto del Estado de acceso público a distancia.
La participación ciudadana debe considerarse como un
elemento trasversal y continuo de las políticas públicas, en
todas sus formas (pluralidad, representativa, participativa)
y en la organización y el proceso son características
particulares de diversidad de participación ciudadana que
facilitarían la recepción de las opiniones y propuestas de la
sociedad.
Por tanto el reconocimiento de la participación
ciudadana creará y potenciará condiciones favorables para el
resultado positivo, efectivo, real e integral de la reforma
Estatal, con el propósito de estimular la democracia
participativa, la inclusión social y el bienestar de la
Sociedad.
Sin embargo, por lo general estas distribuciones son
rígidas y la llegada del gobierno electrónico no cambiará
esto, al menos en el corto plazo.
Los responsables políticos, directivos y empleados
públicos iberoamericanos tienen perspectivas múltiples en
torno al Gobierno Electrónico, hay mayor innovación de TICS

6. en el sector privado que en el público, marcado esto por la
necesidad de adaptación y las grandes oportunidades que
significa la innovación para el primero de estos.
En el sector público en general se espera que la
implementación del gobierno electrónico traiga como resultado
la aceleración del flujo de trabajo y la disponibilidad de
información en línea para disminuir la demanda presencial
actual. Hay desarrollos propios y adaptaciones mediante el
benchmarking que son dignas de mencionar.
El sector privado debe ser invitado a trabajar en
conjunto con el sector público, a participar del trabajo en
equipo y el diseño de propuestas.
Un aspecto fundamenta dentro de la implementación de
esta Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico será el
diseño de indicadores los cuales permitirá el análisis,
instituir las prioridades y la evaluación de impacto. Es
importante conocer la demanda, la cantidad de trámites, de
consultas, los tiempos de respuesta, los problemas en la
obtención de bienes y servicios públicos como la información.
Es muy importante también desarrollar indicadores y medir los
costos de los ciudadanos referidos a la obtención de
información, su traslado y espera en los organismos públicos,
redundancias por errores de información, entre otros.
Como ya se hablo en la clase anterior la importancia de
desarrollar redes humanas además de las redes tecnológicas:
En el sector público se han impuesto las redes tecnológicas
con éxito, pero es la hora de desarrollar las redes humanas
de trabajo. Estas tienen mayor flexibilidad y adaptación que
las estructuras organizativas.

7. El compromiso social y ambiental, la responsabilidad
directiva liderazgo y constancia de objetivo, desarrollo de
las capacidades de los empleados públicos, la participación
de los mismos en los procesos de mejoramiento de la gestión,
continuo aprendizaje, innovación, trasparencia, cooperación y
colaboración para elevar los niveles de excelencia
(resultados sostenibles) y la vez son unas de las
orientaciones para formular políticas y estrategias de
calidad en la gestión pública satisfaciendo cabalmente las
necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia,
equidad, objetividad, eficiencia y ética pública.