1. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
El texto que traduce el Acuerdo Político constituye, en la práctica, un nuevo
proyecto de ley, con significativos cambios respecto del proyecto original. Se
contempla ahora la creación de la Agencia de Calidad de la Educación y de la
Superintendencia de Educación, se reafirman los principios constitucionales de
un sistema mixto de provisión, se aboga por la autonomía de los
establecimientos y por la existencia de estándares más exigentes para la
conformación y mantenimiento de colegios subvencionados.
En suma, como expresa el artículo 1 del nuevo Proyecto,
La presente ley regula los derechos y deberes de los integrantes de la
comunidad educativa, fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en
cada uno de los niveles de enseñanza parvularia, básica y media, regula
el deber del Estado de velar por su cumplimiento y establece los
requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los
establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel con el
objetivo de tener un sistema educativo de calidad.
A su turno, el artículo 3 establece:
El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos
garantizados en la Constitución, así como los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, el
derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Se inspira, además, en
los siguientes principios:
a) Universalidad y educación permanente. La educación debe estar al
alcance de todas las personas a lo largo de toda la vida.
b) Calidad de la educación. La educación debe propender a que todos los
alumnos, independiente de sus condiciones y circunstancias, alcancen

2. los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca
la ley.
c) Equidad del sistema educativo. El sistema propenderá a que todos los
estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación
de calidad con especial atención en aquellas personas o colectivos que
requieran apoyo especial.
d) Autonomía. El sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía
de los establecimientos educativos, consistente en la definición y
desarrollo de sus proyectos educativos, en el marco de las leyes que los
rigen.
e) Diversidad. El sistema debe promover y respetar la diversidad de
procesos y proyectos educativos institucionales, así como la diversidad
de las poblaciones que son atendidas por él.
f) Responsabilidad. Todos los actores del proceso educativo deben
cumplir sus deberes y rendir cuenta pública cuando corresponda.
g) Participación. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho
a ser informados y participar en el proceso educativo en conformidad a la
normativa vigente.
h) Flexibilidad. El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la
diversidad de realidades y proyectos educativos institucionales.
i) Transparencia. La información del conjunto del sistema educativo,
incluyendo la de los resultados académicos, debe estar a disposición de
los ciudadanos.
Por último, destacaremos aquí el artículo 5-bis, el cual establece que
Corresponderá al Ministerio de Educación, al Consejo Nacional de
Educación, a la Agencia de Calidad de la Educación y a la
Superintendencia de Educación, en el ámbito de sus competencias, la

3. administración del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación, de conformidad a las normas establecidas en la ley.