1. UN INFORME DE CONTRALORÍA
Hace unos días apareció tímidamente en la prensa on line una noticia impactante,
referida al Informe Final Nº 9/2012, de Contraloría General de la República sobre la
administración, utilización y rendición de cuentas de ciertos fondos estatales, los
“RECURSOS SEP”, que el Estado entrega a los Municipios para ser destinados ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE A LA INVERSIÓN DE MEJORAS EN LA EDUCACIÓN DE ALUMNOS Y
ALUMNAS PRIORITARIOS, según la Ley: Niños y niñas de Educación básica a quienes,
debido a la precaria situación socioeconómica de sus familias, se les dificulte enfrentar
con éxito el proceso educativo.
El Informe de Contraloría da cuenta de una fiscalización a 105 Municipios del país,
dentro de los cuales se incluye Los Andes.1 Los resultados son deplorables y, por qué no
decirlo, vergonzosos. En este documento expondremos algunos de los antecedentes en
cuestión:
1.- Dentro de las exigencias que la Ley impone a los Municipios que recibieron SEP
(Subvención Especial Preferencial) para sus alumnos vulnerables, es que se presente al
Ministerio de Educación y se cumpla en la práctica un PLAN DE MEJORAMIENTO
EDUCATIVO, elaborado por la comunidad de cada colegio (orientado por el director y
equipo de gestión) y que debe contemplar acciones concretas para mejorar una serie de
áreas: liderazgo, convivencia escolar, currículum, gestión de recursos etc. Al respecto,
Contraloría constató que el Liceo Max Salas de Los Andes, (único liceo bicentenario o de
excelencia de la Provincia) NO TIENE UN PLAN DE MEJORAMIENTO. Dicha circunstancia la
compartimos con otros 2 colegios fiscalizados: una escuela de párvulos y una unidad
educativa de un centro de detención preventiva de la Región Metropolitana. Al
mencionarlos, solo nos remitimos al Informe de Contraloría ya dicho.
Son los docentes directivos de cada establecimiento quienes deben encabezar
estos procesos. La carencia de un Plan de Mejoramiento Educativo en el Liceo Maximiliano
Salas Marchán está vinculada directamente a la inexistencia de un Director Titular, puesto
que el concurso público convocado en octubre 2011 para ocupar dicho cargo fue
declarado desierto. Corresponde, por tanto, llamarse a un nuevo concurso público de
acuerdo a la Ley 20.501 durante el próximo mes.
El concurso declarado desierto ha merecido observaciones por parte de algunos
integrantes de la Comisión Calificadora del mismo, por ejemplo, no haber contado en sus
comienzos con la presencia de un Ministro de Fe (funcionario nombrado por la Dirección
Provincial de Educación para efectos del concurso).
2.- Detección de gastos improcedentes: El Informe de Contraloría también se refiere a
gastos improcedentes, como por ejemplo, destinar dichos recursos a pago de
remuneraciones, en circunstancias que para ello existen aportes municipales y la
1
Se fiscalizaron municipios en forma aleatoria y, por consiguiente, con gobiernos comunales de todas las tendencias políticas, entre
ellos, Los Andes y San Felipe.

2. subvención general, recursos que, a todas luces, son insuficientes. La Contraloría señala
que la Municipalidad de Los Andes ocupó, entre enero de 2010 a junio 2011, la suma de
$174.092.285.-, que debió haberse destinado directamente al Plan de Mejoramiento
Educativo.
La situación es muy delicada:
a.- Para los 12 Municipios incluidos en esa nómina: ya que podría configurarse algún tipo
de delito penal (de hecho el Informe en comento indica al menos 6 investigaciones
penales judicializadas y no judicializadas en las que se investiga malversación y desviación
de fondos públicos, por estos mismos hechos).2 Incluso medios de prensa de cobertura
nacional han indicado que el Ministerio de Educación ha hecho llegar el Informe de
Contraloría al Consejo de Defensa del Estado, “para esclarecer el destino de los fondos y
perseguir responsabilidades”3.
b.- Para los docentes contratados bajo la Ley SEP: Al permitir la Ley la contratación de
profesores –para implementar los Planes de Mejoramiento Educativo-, bajo el sistema de
honorarios, ha significado que ellos trabajan desde abril a noviembre, que no gozan de
vacaciones y que, obviamente, del ingreso percibido, deben ellos mismos deducir su
previsión. Esto crea, en la práctica, una nueva modalidad de profesores, que se suma a los
docentes titulares, a contrata y con funciones transitorias: los “profesores temporeros”.
CEPAD ha recibido comentarios de algunos de estos docentes respecto de la situación que
les aqueja.
Legítimamente nos planteamos si podrá existir algún tipo de identificación de estos
docentes con el sistema municipal de educación y con los proyectos educativos de cada
establecimiento, si su quehacer docente abarca solo algunos meses del año.
3.- El informe de Contraloría también informa de otras anomalías que han merecido ser
observadas. Los Andes aparece con $325.300.- en este ítem.
4.- Respecto de la rendición de cuentas de los recursos SEP: Contraloría detectó que los
montos rendidos por la Municipalidad andina a ese organismo son distintos que los que
ella misma rindió al Ministerio de Educación: Para ser sinceros, la diferencia es mínima y
bien pudo deberse a un error involuntario. No podría pensarse igual de municipios como
Aysén, donde el error involuntario fue por $43.828.203.- o Los Cisnes, con $129.354.9364.
El informe de Contraloría arrojó otros resultados, en los que Los Andes no figura:
por ejemplo, al hacer una visita en terreno a los colegios dependientes de otras
municipalidades, los fiscalizadores no encontraron algunos implementos adquiridos con
recursos SEP: al menos 8 nootbooks y 18 pizarras interactivas; algunos libros, incluyendo 3
22
Fiscalía Curacaví; Linares, por presunta malversación de fondos públicos; Ancud; San Bernardo; Conchalí; La Florida.
3
Diario “La Tercera”, domingo 13 de mayo 2012, p. 49.
4
San Felipe no reportó diferencias; aunque sí una rendición de recursos SEP PENDIENTE a la fecha de elaboración del Informe.

3. laboratorios de 2° ciclo; 2 mesas de pingpong; equipos computacionales; parlantes; 22
proyectores; colchones; 30 radios con lector cd, mp3 … etc.
Para retornar al caso de nuestra comuna, legítimamente también cabría
preguntarse qué unidad de control o seguimiento vela porque los recursos obtenidos para
objetivos determinados y precisados mediante una Ley, efectivamente se empleen en lo
que la norma establece.
La Contraloría podría, asimismo, revisar el cumplimiento de normas como la
cancelación de perfeccionamiento, personal a contrata que no supere el 20% de la
dotación y otras deudas.
Las autoridades deben velar y cautelar por el cumplimiento de la Ley,
independientemente de la óptica política que posean, cuanto más que la Ley SEP está
destinada a alumnos prioritarios y su aprobación en el anterior Gobierno respondía a
inyectar recursos para estudiantes deprivados. No hacerlo significa restarse a un
mecanismo de nivelación social, es decir, de lucha por conseguir una cada vez más esquiva
igualdad.
Para finalizar, CEPAD confía en que, en atribución de sus facultades de fiscalización
comunal, el Concejo Municipal o al menos su Comisión de Educación fiscalice de tal forma
de evitar la repetición de estos hechos y socialice sus conclusiones.
La Ley es un imperativo de carácter ético, por lo que debiese acatarse en todos los
procedimientos que ella dispone. En tal sentido, CEPAD solicita una vez más una respuesta
a otro caso planteado formalmente por nuestra organización: ¿se constituyó en términos
legales el Consejo Comunal de Organizaciones Civiles de Los Andes? Quizás, un
seguimiento de fiscalización frente a este tema pudiese deparar más de una sorpresa.
Gabriela Fernández Montenegro
Presidenta CEPAD Los Andes
Centro de Estudios para Asuntos Docentes, Los Andes.
cepadchile@gmail.com
13.05.2012