1. Barack Obama anuncia que certificará a Colombia en derechos laborales durante la VI
Cumbre de las Américas
Este sería el último obstáculo para la implementación del Tratado de Libre Comercio entre
ambos países. Centrales obreras colombianas y norteamericanas insisten en la vulneración de
los derechos laborales.
Así el amigo de Obdulio Gaviria insista en el gran fraude que denuncian las centrales obreras
colombianas sobre la violencia y el asesinato contra sindicalistas, los índices más moderados
muestran que Colombia sigue siendo un país de riesgo para disfrutar plenamente de los
derechos emanados del artículo 39 de la Constitución Política colombiana: los trabajadores
tienen derecho a constituir sindicatos. Según Carlos Miguel Ortiz, coordinador del informe del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “Reconocer el pasado, construir el
futuro”, Estado, centrales sindicales y empresariado unánimemente reconocen que lo
acaecido de 1984 a 2011 ha sido preocupante, así existan algunas divergencias de cifras entre
las fuentes. Pero ese no es el núcleo central del debate sobre violencia contra sindicalistas y
trabajadores sindicalizados en Colombia. Diversos análisis del informe muestran que no hay
evidencia para probar que la existencia del programa de protección estatal haya sido factor
decisivo en la tendencia decreciente de asesinato de sindicalistas a partir de 2003: desde la
implementación del programa en 1998 han sido asesinados más de 1.192 sindicalistas.
Estos son los informes de diferentes centros de investigación que alimentaron el del PNUD:
Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC)
Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI)
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia)
Fundación Ideas para la Paz

2. Universidad Externado de Colombia (UEC) – Centro de Investigación y Proyectos Especiales
(CIPE)
Centro de Investigación y Educación Popular – Programa por la Paz
Plan de Acción Laboral
El asesinato de sindicalistas que no acaba es uno de los argumentos del sector obrero
colombiano para oponerse a la certificación en derechos laborales que previsiblemente dará a
Colombia el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, durante la VI Cumbre de las
Américas. Esa certificación significa el último obstáculo para la implementación del Tratado de
Libre Comercio entre ambos países y obedece al Plan de Acción Laboral acordado.
Para la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos —red de 220 organizaciones sociales y
de derechos humanos de todo el país—, el Plan de Acción Laboral, «a pesar de los avances
parciales que postula en algunos temas laborales y sindicales, no da cuenta de la gravedad de
la situación de vulneración a los derechos humanos […] ni logra superar ni compensar las
grandes asimetrías económicas y los impactos económicos adversos que se generarían con la
implementación del Tratado Bilateral de Libre Comercio». La CCEEEU es clara ante esta
situación: «La protección de los líderes campesinos y de los miembros de las comunidades
indígenas y afrocolombianos, de los periodistas, líderes religiosos, opositores políticos,
funcionarios judiciales que luchan contra estos crímenes y de los líderes sociales y defensores
de derechos humanos deben también ser objeto de consideración en cualquier agenda o Plan
de Acción que se proponga con el fin de superar la grave situación de vulneración de los
derechos humanos actualmente imperante».
El Departamento de Trabajo estadounidense aportó dos millones de dólares para apoyar la
implementación del Plan de Acción Laboral. Fruto de este Plan, la Subunidad OIT de la Fiscalía
—la división de delitos contra los derechos humanos de sindicalistas creada por el Fiscal
General de la Nación mediante la resolución 0-3580 de 31 de octubre de 2006— aumentó los
fiscales de 10 a 25 y agentes de policía judicial de 100 a 243 con dedicación exclusiva a delitos
cometidos contra miembros de organizaciones sindicales: homicidios, amenazas,
desapariciones y torturas.
Según la revista Huellas de la Fiscalía, en su número 74 de diciembre de 2011, la Subunidad OIT
inició su actividad en 2006 con 71 casos alcanzando cinco años después los 962 casos abiertos
que corresponden a un total de 2.053 víctimas directas en delitos como el homicidio, la
desaparición forzada y las amenazas. Hasta noviembre de 2011, los diferentes juzgados
designados para conocer de los procesos OIT produjeron 443 sentencias condenatorias.
¿Trabajo decente?
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal), la Oficina en
Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Service Employees International
Union (SEIU) enviaron una carta al Congreso de Estados Unidos el 26 de marzo de 2012 en la
que sostenían que la intermediación laboral continúa violando los derechos laborales: «Hay

3. una tendencia creciente de las compañías a despedir a los trabajadores y sustituirlos por mano
de obra subcontratada. A pesar del compromiso declarado del Gobierno colombiano en el Plan
de Acción, el modelo sigue funcionando como la principal forma de empleo en muchos
sectores de la economía. Los esfuerzos para poner fin a la intermediación laboral no debe
limitarse a las Cooperativas de Trabajo Asociado ya que muchos de los subcontratistas están
utilizando el mismo modelo con un nombre diferente».
La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO,
por sus siglas en inglés) también le pidió al presidente estadounidense abstenerse de certificar
que Colombia cumplió con las exigencias que se le hicieron en materia laboral.
Según el análisis de la Escuela Nacional Sindical (ENS), “Colombia: crecimiento económico,
pero sin trabajo decente”, si bien el empleo en términos generales creció en el último año, el
empleo con protección social retrocede: «Lo que indica que el empleo que se está generando
es de mala calidad; mayoritariamente empleo temporal, empleos precarios, al margen de la
protección social y que el trabajo en la economía informal, antes que ceder, se está
incrementando». Los principales argumentos para esta conclusión son el modelo económico
basado en sectores como la minería donde los fenómenos de la tercerización precarizan las
condiciones de trabajo y el hecho de remplazar trabajo propio por trabajo importado a través
del incremento de toda clase de importaciones, fenómeno que se va a agravar con los tratados
de libre comercio según la ENS.
Las versiones son contradictorias dependiendo de donde procedan. En enero pasado, el
ministro de Trabajo, Rafael Pardo, afirmó que Colombia cumple el Plan de Acción. Según
Pardo, en el tema de las Cooperativas de Trabajo Asociado el Ministerio ha venido
adelantando una agresiva política de inspecciones para determinar si se están empleando
mecanismos inadecuados de intermediación laboral en los sectores de palma aceitera,
puertos, flores y cultivos de caña de azúcar.
Sin embargo, la ENS sostiene que el poco trabajo decente que genera el crecimiento de la
economía tiene que ver con la poca o nula labor de inspección del Ministerio del Trabajo: «una
gran parte del trabajo por fuera de la legislación laboral ocurre porque los empleadores están
absolutamente convencidos de que nadie los va a sancionar por eludir los derechos laborales,
y por ello, ni pagan el salario mínimo, ni afilian a sus trabajadores a la seguridad, o siguen
contratando a través de cooperativas»
Fuente: PRODUCCIONES EL RETORNO / 2012. http://comunicaciones.acantioquia.org/