1 de cada 4 trabajadores tiene un empleo no asalariado

1. 1 de Mayo de 2016 – Número 650
1 DE CADA 4 TRABAJADORES TIENE
UN EMPLEO NO ASALARIADO
Para que la celebración del día del trabajador este imbuida plenamente de los
principios de justicia social se debería dar a los trabajadores independientes la
importancia que merecen. Las políticas públicas tienen una deuda pendiente con
este cuarto de los trabajadores altamente discriminados por malas regulaciones que
los asumen como si fueran titulares de grandes corporaciones en lugar de
considerarlos como lo que son, esto es, simples trabajadores.
El Día del Trabajador tiene en gran parte del mundo connotaciones muy emblemáticas de
reivindicación de las conquistas laborales. El punto que frecuentemente se enfatiza cada 1°
de mayo es el rol protectorio de la legislación laboral. La asociación tiene origen en la fecha
que se toma como referencia la cual alude a una protesta de obreros en Estados Unidos a
finales del Siglo XIX que luchaban por la jornada de 8 horas de trabajo.
Asociar el Día del Trabajador con la legislación laboral pasa por alto que no todos los
trabajadores tienen acceso a su cobertura. La exclusión más comentada es la de los
trabajadores asalariados no registrados (o “en negro”). Es decir, trabajadores cuyo
empleador no cumple, al menos totalmente, con la legislación laboral. Menos tenidos en
cuenta son los trabajadores independientes. Personas que por ser ellos mismos los
generadores de su propio trabajo, no acceden legalmente a los derechos laborales.
¿Cuánta importancia tienen los trabajadores independientes en el mercado de trabajo
argentino? Según los datos oficiales del INDEC correspondientes a la población urbana de
todo el país para el año 2014 se observa que en la Argentina hay:
• 15,7 millones de ocupados urbanos.
• 11,8 millones son trabajadores asalariados con empleadores a quién exigirles su
derechos.
• 3,9 millones son trabajadores no asalariados, es decir, sin empleadores.
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2. Estos datos muestran la masividad del trabajo independiente. La gran mayoría (3,2 millones)
son cuentapropistas acompañados por otros 100 mil familiares que en las estadísticas
aparecen como “trabajadores sin salario”. Otros 600 mil son patrones o empleadores donde,
otra vez, la mayoría son pequeños emprendedores con remuneraciones no muy diferentes a
las que pagan a sus propios empleados. En suma, 1 de cada 4 trabajadores es un no
asalariado que no tiene derechos laborales.
Obviamente que no tiene lógica pretender proteger a estos trabajadores con la legislación
laboral. Pero, para ser coherente con la reivindicación de la justicia social, las políticas
públicas, al menos, no los deberían discriminar. Por ejemplo, desde el año 2013 no se
actualizan los parámetros del monotributo, haciendo más restrictivo este mecanismo
especial de tributación de los trabajadores independientes de más bajos ingresos. Los de
ingresos más altos deben tributar IVA, aportes previsionales y ganancias con deducibles
muy inferiores al de los asalariados. Por eso, a igual remuneraciones, los autónomos pagan
mucho más impuesto a las ganancias que los asalariados. Las provincias les suman el
Impuesto a los Ingresos Brutos y los municipios las tasas de comercio e industria, además
de una pesada burocracia para la habilitación. Bajo estas condiciones no sorprende que la
gran mayoría (se estima en un 75%) opere en la informalidad.
Para mejorar la calidad de vida de los trabajadores independientes y aprovechar sus
potencialidades es imprescindible dejar de considerarlos como una gran corporación.
Una manera de concretar esto es a través de un estatuto especial para pequeños
emprendedores que contemple normas tributarias y laborales que faciliten la formalidad.
Desde el punto de vista impositivo se debería articular un único impuesto a las ventas
unificado para las tres jurisdicciones y no se los debería discriminar en el impuesto a las
ganancias. En materia laboral es muy importante morigerar las cargas sociales y eliminar
regulaciones inaplicables en el contexto de una pequeña empresa o que generan mera
burocracia. Resulta paradójico que sigan vigentes normas creadas hace décadas como el
Libro Especial del Artículo 52 de la LCT y los certificados de aportes cuando han sido
claramente superados por los servicios de la AFIP que los ofrece on-line en su sitio web.
En lugar de hacer normas arcaicas, demagógicas y perniciosas, como la prohibición
de despido, se podría hacer un gran aporte a la Justicia Social estableciendo
regulaciones innovadoras para los pequeños emprendimientos. Esta sería una de las
mejores maneras de concretar los principios que inspiran el Día del Trabajador.
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