1. Impunidad en Colombia, ¿política de Estado?
PRENSA EPU
Miércoles 24 de abril de 2013
Ad portas de que el Estado colombiano presente su Examen
Periódico Universal ante Naciones Unidas, organizaciones
defensoras de derechos humanos han sistematizado a partir
de las cifras oficiales y de casos emblemáticos, los altos
niveles de impunidad, que podrían “rajar” tanto a la justicia
como al Estado en la rendición de cuentas que todos los países
realizan ante el organismo internacional.
Interceptaciones ilegales del DAS, tema olvidado.
El resultado de los procesos penales por las violaciones a los DDHH
cometidas por el DAS es precario. A la fecha, solamente se han
imputado cargos contra Bernardo Moreno, ex secretario general de la
Presidencia de la República, y María del Pilar Hurtado, ex directora del
DAS, contra quien se impuso medida de aseguramiento y que
actualmente se encuentra asilada en Panamá, prófuga de la justicia.
Tampoco hay resultados en la investigación contra el ex presidente
Álvaro Uribe, en su calidad de jefe del DAS, por las violaciones a los
DDHH cometidas por esta entidad durante sus dos períodos
presidenciales, ni por los reiterados señalamientos que líderes

2. paramilitares han hecho sobre él en sus confesiones en el marco de la
Ley de Justicia y Paz.
Con la decisión del Gobierno Santos de suprimir el DAS y el posterior
traslado del personal a otras instituciones del Estado, pareciera que
se quiso “echar al olvido” el tema, y, lo que es peor, no se realizó un
proceso de depuración para la destitución de funcionarios implicados
en las actividades ilegales de inteligencia o relacionados con grupos
paramilitares.
En el “Informe para el Examen Periódico Universal de Colombia de
2013”, las organizaciones defensoras de derechos humanos
denunciaron, además, que la Fiscalía incorporó 3.218 ex funcionarios
del DAS a la oficina de Protección a Víctimas y Testigos y al CTI, en
funciones de policía judicial. La principal preocupación manifestada
radica en que algunos de estos funcionarios están a cargo de la
protección de personas en riesgo y que justamente ya habían sido
perseguidas por el DAS.
Investigaciones contra la Fuerza Pública, no andan
De acuerdo con las cifras presentadas por el informe, la Unidad de
DDHH y DIH de la Fiscalía tiene abiertas 1.579 investigaciones por
casos de ejecuciones extrajudiciales, cometidas por miembros de la
Fuerza Pública desde enero de 2000. Sin embargo, 13 años después,
solo se han emitido 16 sentencias, es decir, un uno por ciento de los
casos.
A febrero de 2012 se adelantaban investigaciones contra 2.624
soldados, 629 suboficiales y 427 oficiales, 18 investigaciones contra
coroneles pero solo una condena. Ningún general ha sido investigado
ni condenado.
De igual forma, el informe califica como “retroceso” la reforma
constitucional sobre fuero penal militar, pues consideran que este
permite que la justicia penal militar (JPM) investigue detenciones
arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes, y crímenes de

3. guerra; y que asuma exclusivamente la competencia para conocer las
infracciones al DIH, lo que en el pasado ha generado impunidad.
No obstante, lo que más inquieta a las organizaciones de DDHH sobre
esta iniciativa es que la reforma propone la creación de una comisión
mixta con integrantes de la JPM y de la justicia ordinaria encargada
de decidir sobre los conflictos de competencia, y se establece un
Tribunal de garantías para los militares procesados, modificando la
regla de competencia vigente que establece que, ante la duda, el
caso es de competencia de la justicia ordinaria. Además de esto,
como un factor promotor de impunidad, el informe advierte sobre las
intenciones del Gobierno para que, en adelante, los procesos penales
en los que se investiguen miembros de la Fuerza Pública lleguen
inmediatamente a la JPM.
Aunque la reforma señala que la JPM no conocerá de casos de
violencia sexual, si se configuran otros obstáculos para las mujeres
víctimas de otras violencias, pues quienes decidirán si un proceso es
de justicia ordinaria o militar serán los mismos militares.
Otro elemento que se ha convertido en un mecanismo de impunidad
—según el informe que las organizaciones socializarán en el marco
del Examen Periódico Universal que Colombia presentará en Ginebra
en abril de 2013— es la defensa técnica a la que recurren los
militares a través de la DEMIL (Defensoría Militar), pues ésta se ha
especializado en obstaculizar los procesos penales por violaciones de
DDHH, como en su momento lo denunció la fiscal general Viviane
Morales.
De acuerdo con lo expuesto en el documento de las organizaciones de
derechos humanos, los obstáculos interpuestos por miembros del
Estamento Militar al desarrollo de las investigaciones van desde
manipulaciones a la escena del crimen y a los elementos probatorios,
ocultación y negativa al suministro de información, y no
comparecencia a las diligencias, hasta maniobras dilatorias de los
abogados de la Defensa Militar, y precarias garantías de seguridad y
logísticas para inspeccionar lugares o sitios de detención, o para

4. suministrar nombres de agentes de seguridad que pudieron haber
participado en los hechos.
De otro lado, la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones
Unidas, denunció que los beneficios concedidos a miembros del
Ejército que se encontraban detenidos en establecimientos militares o
investigados penalmente por violaciones de DDHH “pueden llegar a
constituir una forma de impunidad”.
Mujeres: revictimizadas por la impunidad
Según Medicina Legal, entre enero y diciembre de 2011, se
registraron 70.134 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, y
130 casos de mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja. Pese a
esto, las autoridades solo reportan 8 investigaciones bajo el
agravante de feminicidio.
Según el cuarto informe de la Mesa Seguimiento del Auto 092 (2011),
de un grupo de 191 casos de violencia sexual, 90,3% se encuentran
en investigación y judicialización, 7,3% fueron cerrados, y 2,1%
terminaron con sentencia condenatoria. Significa que 97,6% de los
casos se encuentran en la impunidad, resaltando que dicho margen
de impunidad puede incrementarse, pues una de las sentencias
reportadas como condenatorias fue revocada.
Frente al tema de violencia sexual, el informe recuerda que, según
los estándares internacionales de justicia, ningún actor armado se
debería beneficiar de amnistía por las agresiones sexuales; sin
embargo, es preocupante que a través de la Ley de Justicia y Paz, se
observa la ausencia de investigación contra los grupos paramilitares y
la falta de condenas en su contra.
Investigación de reclutamiento forzado de niños y niñas:
deuda pendiente
A pesar de que, desde 1999 a diciembre de 2012, 5.052 niños y niñas
desvinculados de grupos armados han ingresado al Programa
respectivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo que

5. implica testimonios directos ante defensores de familia y equipos
psicosociales que acompañaron estos procesos, actualmente solo
existen 2 sentencias que incluyen cargos por el delito de
reclutamiento ilícito en el marco de aplicación de la Ley de Justicia y
Paz, y 13 casos por Justicia Ordinaria, indica el informe realizado por
las organizaciones de derechos humanos con la información tomada
de fuentes oficiales.
Impunidad estructural en casos de desaparición forzada
La información reseñada en el documento evidencia que, de los
18.638 casos clasificados oficialmente como desapariciones forzadas,
la Fiscalía General de la Nación solo está adelantando 14.350
investigaciones. Eso significa que más de 4.200 casos no estaban
bajo investigación.
Cita el informe que, a fines de 2011, los 23 fiscales de la Unidad de
Fiscalía contra Desaparición y Desplazamiento Forzado tenían a su
cargo 31.180 procesos. Eso significa que cada Fiscal lleva un
promedio de 1.356 casos, y no cuenta con recursos técnicos ni
humanos adecuados para atender la complejidad y el volumen de los
casos.
Con la información recolectada, el informe determinó que más de
98% de los casos se encuentran en la impunidad y en las fases
preliminares de la investigación, pues, durante el 2011, más de 1.000
casos terminaron con archivo del proceso; 135 casos con inhibitorio;
solo hubo 6 sentencias condenatorias bajo el procedimiento de la Ley
906/04 (procedimiento acusatorio) y 10 sentencias bajo el anterior
procedimiento (Ley 600/2000).
Otras Cifras sobre impunidad
Sindicalistas: violencia contra sindicalistas se investiga como delitos
comunes. El nivel de impunidad es del 97%
Periodistas: Hay 17 sentencias condenatorias de 139 casos de
periodistas asesinados entre 1977 y 2011169.

6. Población LGBTI: de los 533 homicidios de LGBTI registrados entre
2006 y 2011, se han abierto procesos penales en 45% de ellos. Los
20 casos en los que se ha dictado sentencia condenatoria han sido
calificados como “crímenes pasionales” y no se ha investigado si la
motivación fue la orientación de género de las víctimas.
Casos de tortura: solamente se encuentran 10 casos en etapa de
juicio; es decir, 10,9% de 91 expedientes que tiene bajo
conocimiento. Violencia sexual en el conflicto armado: 97,8% de los
casos de violencia sexual del Auto 092/2008 de la Corte
Constitucional no cuentan con sentencia condenatoria.
Ver Informe EPU Sociedad Civil
Ver Informe OACNUDH
Ver Informe Estado Colombiano
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