Este documento discute el problema de los "falsos positivos judiciales" en Bolivia, donde personas inocentes son acusadas y condenadas injustamente por delitos que no cometieron. Da ejemplos de casos como el de Reynaldo Ramírez, quien fue sentenciado a 30 años de prisión por un crimen que no cometió, y de Claudia Liliana Rodríguez Espitia, una abogada colombiana que enfrenta cargos penales fabricados. El autor argumenta que estos casos muestran graves abusos del sistema judicial boliviano y una desinstituc

1. Los falsos positivos de la justicia en Bolivia
Henry A. Pinto Dávalos*
Técnicamente hablando, el término ‘falso positivo’ se refiere a conceptos de diferentes disciplinas y
contextos: en Estadística, por ejemplo, dentro de un estudio de investigación, se dice ‘falso
positivo’ al error de tipo I también mal llamado error de tipo alfa (α); en Informática sirve para
referir un error por el cual un software de antivirus informa que un archivo o área de sistema está
infectada, cuando en realidad el objeto está limpio de virus; esto también ocurre en los navegadores
de internet cuando se descarga un archivo; en Medicina, sirve para citar un error por el cual al
realizar una prueba complementaria (un análisis de sangre, etc.) su resultado indica una
enfermedad/embarazo, cuando en realidad es un simple error, creando una imagen falsa de algo que
en realidad no es verdad
En el plano de las ciencias sociales, concretamente en el campo del Derecho y la Ciencia Política,
en Colombia, el término ‘falso positivo’, ha servido para hacer referencia al ‘arresto o ejecución de
personas inocentes por parte de organismos militares pasando dichos inocentes por guerrilleros
abatidos’ (http://fundacionlazosdedignidad.org/), de hecho, se ha acuñado también el término de
‘falsos positivos judiciales’ al hacer referencia a prisioneros políticos victimas de montaje judicial,
es decir, a pobladores de zonas afectadas por la guerra acusados de pertenecer a la guerrilla sin
serlo, procesándolos y condenándolos, mostrando resultados destinados a justificar una política
llena de datos y números, que lejos de lograr sus fines, sólo se retroalimentaba de sus falsos
resultados, justificando un conflicto de nunca acabar, mostrando una falsa imagen de eficiencia, tal
como parece suceder hoy en Bolivia.
En efecto, el caso de Reynaldo Ramírez, quien fuera sentenciado a 30 años de cárcel por un delito
del cual jamás participó menos cometió; el caso del reciente informe pericial de balística del IDIF
que en el atraco a Eurochronos en Santa Cruz, muestran casos patéticos de personas civiles que
fueron víctimas de excesos inaceptables del sistema judicial de Bolivia que a través de sus diversos
actores (policías, jueces y fiscales), cometieron abusos indiscutibles en sus funciones, viendo
afectadas de modo lacerante sus vidas, extremo que lejos de lograr una reacción oportuna y honesta
del Gobierno, motiva todo lo contrario: actos de abierto encubrimiento y deslegitimación, tal como
se dió con el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien al conocer el informe pericial del IDIF
(única instancia profesional y especializada en Bolivia para la realización de pericias) que indica
que la Lorena Torres no murió por una bala de los atracadores, desmereció publicamente su trabajo,
poniendo en tela de juicio la idoneidad de toda una institución que solo ratificó lo que vimos con
nuestro ojos.
En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por ejemplo, existen muchas denuncias de ‘falsos positivos’,
armados por móviles fútiles (extorsión, amedrentamiento político o venganza), tal como pasa con la
colega Claudia Liliana Rodríguez Espitia, abogada colombiana, titulada por la Carrera de Derecho
del Externado y con varios post grados en Europa, quien afronta una proceso penal, fuera de los
márgenes legales y procesales propios de nuestra legislación, así como varios otros cruceños a
quienes se les ‘armó’ varios procesos penales como el de ‘terrorismo’, gracias a una red de
extorsión compuesta por miembros de alto nivel del propio Gobierno, mostrando un cuadro
inaceptable de abuso del poder, que bien puede involucrar a cualquier boliviano el momento menos
pensado sin que nadie, ningún actor ni funcionario púbico sancione como corresponde.
En los hechos, estos y otros ejemplos, son la muestra más clara de la naturaleza del Estado Derecho
en la Bolivia de hoy y de la calidad de la democracia vigente en nuestros días, marcada por una
marcada desinstitucionalización de las principales instituciones del país como el Ministerio Público,
RAYOS X

2. la Policía Nacional o el Órgano Judicial donde priman intereses políticos y/o personales, además de
un indiscutible cuadro atropello a los derechos humanos, de falta de respeto a la ley y a las
sentencias constitucionales, además de una creciente corrupción, que demuestran que los mandatos
de transparencia, honestidad y vivir bien, sólo quedan en el papel de la Constitución, porque en la
realidad, se vive una situación diametralmente distinta.
*Docente Derecho y Ciencia Política - UMSS