Este documento presenta un dossier sobre el potencial de las energías renovables en la lucha contra el cambio climático compilado por la Oficina de Javier García Breva. Incluye cinco artículos escritos por Javier García Breva sobre temas relacionados con las energías renovables en España, como la manipulación de datos para desprestigiar a las renovables, los beneficios económicos de la transición energética y la necesidad de una política energética que impulse la recuperación económica. También presenta un resumen biográfico

1. Dossier IPM
Potencial de las Energías Renovables
en la lucha contra el cambio Climático
Reflexiones de Javier García Breva
Curso Postgrado
Cambio Climático gran reto social de nuestro tiempo
Universidad Camilo José Cela
Madrid, 2015
Recopilado por La Oficina de JGB
29 de junio de 2015

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Índice de Artículos:
 Una burda manipulación
27 de mayo de 2014 Pag. 03
 La transición energética es rentable
29 de septiembre de 2014 Pag. 05
 Una política energética anticíclica
15 de octubre de 2014 Pag. 07
 Conceptos europeos para una ley de EE
22 de octubre de 2014 Pag. 09
 ¿Sobrevivirán las eléctricas a un próximo rescate?
17 de marzo de 2015 Pag. 11
Javier García Breva
Asesor en Políticas Energéticas y Activador de mercado
Es ampliamente reconocida su visión estratégica de la energía y su
profundo conocimiento de las directivas europeas de renovables,
eficiencia energética de edificios y eficiencia energética como marco de
un nuevo concepto del uso racional de la energía. Desde que ejerciera
la Dirección General del IDAE ha se ha convertido en un activador del
mercado colaborando con diferentes foros y entidades como
asociaciones empresariales, agencias regionales y locales de energía,
centros de investigación, Universidades e instituciones europeas.
En la actualidad, Javier García Breva es Presidente de N2E (Coalición
empresarial para un Nuevo Modelo de Negocio Energético) y desarrolla
su actividad profesional como conferenciante, líder de opinión y asesor
en materia energética desde La Oficina de JGB.
Más información: www.tendenciasenenergia.es

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Una burda manipulación
Madrid, 27 de mayo de 2014
En abril de 2010 el entonces Ministro Miguel Sebastián distribuyó un informe del Ministerio de
Industria sobre Energías renovables: situación y objetivos donde se decía que en los
próximos veinticinco años el sector renovable iba a percibir 126.000 M€ en primas, justificando
los recortes retroactivos que vendrían después. Cuatro años más tarde, el Ministro Soria,
utilizando el mismo truco, expone en la memoria del proyecto de orden de nueva retribución a
las renovables que las primas a percibir por el régimen especial en el resto de su vida útil serán
142.530 M€, que, si desagregamos lo que corresponde a cogeneración y residuos, son
121.546 M€.
El truco de no desagregar el coste de las renovables del régimen especial así como acumularlo
en nada menos que veinticinco años sólo resulta una burda manipulación de los datos para
poner a toda la sociedad en contra de las renovables y justificar las medidas retroactivas. Pero
si dividimos esas cifras acumuladas por los años que comprenden nos da un coste anual entre
5.000 y 6.000 M€; y si cogemos los datos de la CNE sobre las primas en el periodo 2009-2013
se puede ver que el coste medio anual de las renovables en el último quinquenio ha sido de
5.511M€, muy lejos de los 10.000 M€ que dijo el Ministro Soria en Davos en enero de este año.
¿Por qué se insiste tanto en manipular la información sobre las renovables?
En la última junta de accionistas de Gas Natural se puso de manifiesto que su primera
preocupación era el hundimiento del precio mayorista de la energía por la mayor participación
de las renovables. Todo el mundo ha visto cómo la mayor producción renovable ha reducido en
más de un 50% el precio de la electricidad entre diciembre de 2013 y el primer trimestre de
2014. Por eso se van a devolver a los consumidores 310 M€ cobrados de más por las
eléctricas; pero nada se dice de los 1.200 M€ cobrados de más desde 2009 por las subastas
de la CESUR; como tampoco se dice nada del ahorro acumulado por las renovables desde
2005 en los precios del mercado mayorista por más de 32.500 M€, como analizan los informes
de APPA sobre el impacto macroeconómico de las renovables.
Puestos a dar datos mejor haría el Gobierno en darlos completos porque, de lo contrario, su
credibilidad es ninguna. Para saber si las renovables son caras o no es imprescindible tener
claro con qué se las compara. Y el primer coste a comparar es el de las importaciones de gas y
petróleo. Solo en 2013 fueron 57.000 M€ y, haciendo el mismo ejercicio del Ministerio de
Industria, los españoles pagaremos por el gas y el petróleo más de 1,1 billones de euros en los
próximos veinte años, es decir, diez veces más que por las renovables. Sin embargo, la única
tecnología que puede reducir este insostenible coste son las renovables. En 2012, la
producción renovable ahorró 13,4 millones de tep y 36,7 millones de tn CO2 por un valor de
cerca de 3.000 M€.

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El sistema eléctrico español está gobernado por medias verdades y la opacidad sobre sus
costes reales. El sistema gasista, el nuclear y el del carbón están subvencionados tanto a
través de la tarifa como de ayudas fiscales y de los presupuestos del Estado. La mayor
discriminación sobre las renovables es que mientras sus costes se conocen al detalle y para
los próximos veinte años, el coste del resto de fuentes de energía se ignora, se oculta y no se
habla de ellos. En el preámbulo del RDL 13/2012 se cuestionaba gravemente las innecesarias
inversiones gasistas de los últimos años, pero sigue siendo un asunto sobre el que nadie ha
pedido aclaraciones.
Como que se haga un decreto para separar las razones de seguridad de las razones
económicas y aprobar exenciones fiscales para hacer viable la Central Nuclear de Garoña que
en condiciones normales sería inviable, aplicando una retroactividad positiva que se rechaza
para las renovables.
Como un truco de buen prestidigitador, mientras se traslada la imagen de lo malas que son las
renovables nadie verá nunca las verdaderas cuentas de nuestro sistema eléctrico. Pero lo más
grave es que así se impide que los consumidores perciban los beneficios que las renovables
pueden tener en su factura de la luz, que la sociedad ignore que las renovables ya son
competitivas con las fuentes tradicionales o qué pasaría si fuesen las renovables las que
determinaran el precio del mercado mayorista de la electricidad.

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La transición energética es rentable
Madrid, 29 de septiembre de 2014
La Comisión Europea ha propuesto un objetivo de eficiencia energética del 30% para el
conjunto de Estados miembros en 2030 a través de una Comunicación al Parlamento y
Consejo europeos publicada el 23 de julio que completa las metas que propuso en enero de
2014 de una reducción del 40% de las emisiones de CO2 y un consumo de renovables del 27%
en el Marco de 2030 sobre Clima y Energía.
La Comunicación sobre eficiencia energética se desarrolla sobre un objetivo del 25% y solo al
final, debido a la crisis de Ucrania, para reforzar la seguridad de suministro y reducir la
dependencia energética de Rusia, se eleva el objetivo al 30% para dar más consistencia al
Plan de Seguridad Energética que la Comisión aprobó en mayo y afrontar los riesgos
asociados al gas ruso. Es la amenaza de Putin lo que ha obligado a elevar
precipitadamente el objetivo de eficiencia energética.
El mismo día que se anuncia el nuevo objetivo de eficiencia energética se hizo público el sexto
informe de la Comisión Europea sobre cohesión económica, social y territorial en el que la
eficiencia energética se considera, junto al empleo y las pymes, el núcleo de la política de
cohesión de la UE para 2014-2020 y se anuncia un presupuesto de 38.000 M€ de fondos
europeos destinados a eficiencia energética y renovables, más 2.000 millones de los
programas Horizon 2020.
La Comunicación de 23 de julio parte del reconocimiento de que la eficiencia energética es
fundamental para mejorar la competitividad de la economía y que únicamente el cumplimiento
pleno de las directivas de eficiencia energética de edificios y de eficiencia energética hará
posible alcanzar los objetivos de 2020 y 2030. Pero esta afirmación la sustenta en una serie de
datos sobre los beneficios de las inversiones en ahorro de energía que superan ampliamente
sus costes.
Los impactos positivos de la eficiencia energética en el crecimiento, en el empleo y en el
impulso a la industria es consecuencia de que la eficiencia es un motor de innovación
tecnológica y de integración de las tecnologías de la información (TIC) en todas las formas de
consumo de energía, contribuyendo al avance de la generación descentralizada y
proporcionando al consumidor final el poder de gestionar su demanda de forma activa.
La menor demanda de combustibles fósiles reducirá los precios de la energía y cada 1%
adicional de ahorro energético supondrá una rebaja del 0,4% y del 0,1% en el precio del gas y
el petróleo respectivamente. La renovación y el mayor uso de equipamientos eficientes, como
calefacciones y ventanas, ahorrará a los consumidores 100.000 M€ anuales o 465 euros por
hogar.

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Para alcanzar el objetivo del 25% de eficiencia energética en 2030 se calcula un coste de 2.000
M€ cada año y un ahorro de 9.000 M€ anuales en importaciones de combustibles fósiles,
equivalentes a un 2% menos de importaciones de petróleo y un 13% menos de importaciones
de gas (44 mil millones de metros cúbicos). Las importaciones de gas se reducirían en un 2,6%
por cada 1% adicional de ahorro energético. A ello habría que añadir los beneficios adicionales
por la reducción de emisiones de CO2, la menor contaminación atmosférica, del agua y del
suelo y la creación de empleo.
La eficiencia energética es rentable. Ese es el principal mensaje que expresan los datos de la
Comisión Europea y que se contradicen con la cicatería en la determinación del objetivo, que
solo se eleva por la amenaza rusa, y con algo todavía más injustificable como es el carácter
indicativo del objetivo del 30% de eficiencia energética. ¿Si tan importante es para la
seguridad energética de Europa, por qué no se ha querido establecer un objetivo de
ahorro de energía más elevado y vinculante para los Gobiernos?
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Una política energética anticíclica
Madrid, 15 de octubre 2014
Si fuera cierto que los consumidores se han ahorrado 15.000 M€ gracias a la reforma
energética y que el año 2014 terminará sin déficit de tarifa, como ha declarado el Ministro de
Industria, cabría pensar dos cosas, o que el sistema eléctrico habría generado multimillonarios
beneficios en los años anteriores o que está al borde de la ruina por tan notable descenso de
ingresos. En el primer caso sería urgente exigir una investigación y en el segundo poner bajo
sospecha las afirmaciones oficiales en un escenario en el que los precios de la energía
contribuyen a la pérdida de renta de los hogares.
Si nos atenemos a la Ley 24/2013 del sector eléctrico, el mecanismo que se ha establecido
para la eliminación del déficit de la tarifa eléctrica consiste en trasladar a los peajes de forma
automática cualquier desviación entre costes e ingresos y si ello no fuera suficiente, a los
presupuestos del Estado. Para garantizar que los ingresos por peajes financian el sistema, se
ha elevado el término de potencia en el recibo de la luz y levantado barreras económicas y
regulatorias al autoconsumo fotovoltaico y al ahorro energético. Posteriormente, el RDL 8/2014
ha establecido los primeros pasos para atajar el déficit acumulado de 800 M€ en la tarifa del
gas y los déficits a partir de 2015 y se va a aprobar un nuevo decreto para cargar a los
consumidores el déficit de la tarifa eléctrica de 2013.
El supuesto éxito de la reforma eléctrica es en realidad un método de socialización de pérdidas
del sistema eléctrico y gasista que se trasladan automáticamente al consumidor y al
contribuyente. Los ahorros son puro espejismo desde el momento que se deja al consumidor
sin ninguna protección ante la volatilidad de los precios en el mercado mayorista, justo el que el
Ministro de Industria ha declarado que no va a reformar en esta legislatura.
Los malos ratios del actual modelo energético persisten: más dependencia energética de los
combustibles fósiles, más emisiones de CO2 asociadas a la generación eléctrica, más
intensidad energética comparada con Europa, más déficit en las tarifas de la luz y el gas y más
pérdida de soberanía en las decisiones corporativas como se ha comprobado en el
desmantelamiento de Endesa por Enel.
La reforma energética es una reforma procíclica que no se ha planteado para asentar un
cambio en la base tecnológica e industrial de la economía sobre la que impulsar el crecimiento,
con fuentes más baratas y autóctonas, sino para garantizar únicamente los ingresos de un
sistema energético tradicional, sostenido en una permanente pérdida de renta nacional, por el
mayor coste de las importaciones de hidrocarburos, y de renta disponible por los precios de la
energía.
La política energética poco ha contribuido a superar la crisis económica y mucho a mantener
las barreras que impiden la transformación del modelo energético como instrumento de
innovación y reactivación económica. La falta de transparencia del mercado mayorista, el freno
impuesto a la energía solar, a la eólica y al autoconsumo, la falta de una auditoría de costes del
sistema energético y los escasos avances en la desagregación vertical de las empresas han

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sido factores que han elevado los costes energéticos a numerosos sectores de la economía. El
único diagnóstico, repetido hasta la saciedad, de que las renovables eran las culpables de todo
se ha demostrado falso; por el contrario, después de cinco años de recortes y freno a la
inversión renovable, la incertidumbre y la inseguridad no han desaparecido del escenario
energético.
El tiempo no se ha detenido y frente al inmovilismo de una regulación energética diseñada
hace décadas para un mix basado en los combustibles fósiles y la energía nuclear, en el
mundo se va perfilando un cambio en la orientación de los mercados y de los modelos de
negocio hacia un incremento sostenido de la inversión renovable y de una cuota creciente en la
innovación que supone la generación descentralizada y autosuficiente. Un modelo energético
descentralizado con renovables es más rentable y eficiente que el mix convencional basado en
los elevados costes de los hidrocarburos y de la seguridad nuclear.
El incremento de la generación renovable está produciendo efectos demoledores en el sector
convencional- antes llamado régimen ordinario- por su impacto en la reducción de precios en el
mercado mayorista. Las cuentas del gas ya no salen, como las del carbón o la nuclear con los
nuevos estándares de seguridad post-Fukushima. La mejora de la competitividad de las
tecnologías solar y eólica avanza en paralelo con la pérdida de rentabilidad de las fuentes
convencionales. Una auténtica transición energética global está en marcha a través de la
innovación en las tecnologías de generación, microgeneración y almacenamiento. ¿Por qué la
reforma energética se ha posicionado en contra de esta transformación energética y ha
decidido frenarla en España?
Es preciso rectificar y convertir la política energética en un instrumento de reactivación
económica a través de la autosuficiencia energética vinculada al desarrollo de la industria y la
reducción de los costes energéticos a empresas y hogares. La energía ha de convertirse en el
instrumento de política económica anticíclica más importante. El escenario descrito por
Bloomberg para 2030 es que el 70% de las nuevas instalaciones de generación serán
renovables, la fotovoltaica reducirá sus costes más de un 50% y la inversión renovable crecerá
un 230% hasta los 428.000 M€, mientras descenderá la generación con gas, carbón y petróleo
al 45%. PW&C prevé para 2030 que el 20% de la generación mundial sea de origen
descentralizado por la mejora de la competitividad fotovoltaica.
Permanecer ajenos a esta revolución de la innovación energética es el preludio de una futura
crisis energética que se está gestando en la actual crisis económica. La recuperación de la
economía y del empleo requiere que se avance en la transición de un modelo energético
centralizado y vertical a otro descentralizado y distribuido, orientado a la demanda. Se necesita
contar con una estrategia energética a largo plazo con tres prioridades: reducir la dependencia
energética de los combustibles fósiles, mejorar la intensidad energética para la producción de
nuestros bienes y servicios y eliminar las emisiones de CO2.
Hay dos razones para impulsar este cambio: la rentabilidad de la transición energética por lo
que representan sus externalidades positivas para la economía y los ciudadanos sobre el
modelo convencional y la aparición de un nuevo perfil de consumidor, a la vez generador y
parte activa de la gestión de la demanda. Olvidar estas dos razones es la mayor debilidad de la
reforma energética.

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Conceptos europeos para una ley de eficiencia
energética
Madrid, 22 de octubre de 2014
El plazo de transposición de la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética finalizó en junio
de 2014.La incorporación al ordenamiento jurídico nacional se está haciendo de forma
incompleta y desordenada. Desde un borrador de Real Decreto de enero de 2013 todavía
pendiente de aprobar, el RD 235/2013, Ley 8/2013, RDL 8/2014 y la Ley 15/2014, su dispersión
en tantas normas confirma que la eficiencia energética no es una prioridad.
Después de tantas disposiciones legales, la transposición sigue siendo parcial; sobre todo en
los aspectos que establecen la autonomía del consumidor como gestor de su demanda frente
al abuso de posición dominante de los distribuidores de energía, gestores de redes y empresas
de venta de energía, tal y como se expresa en el artículo 18 de la Directiva. El cambio de
contadores sin tener en cuenta lo que establece el artículo 9 sobre contadores es el ejemplo
más revelador de cómo se está incumpliendo esta norma europea.
El objetivo de eficiencia energética es el más importante por su efecto de arrastre para los
objetivos de renovables y reducción de CO2. A mayor eficiencia energética mayor producción
renovable, menos emisiones y más competitividad. Como acordó el Parlamento Europeo, el
objetivo de eficiencia energética debería ser del 40% y vinculante para los Estados miembros
por su efecto en el empleo y la reindustrialización europea.
Los primeros informes que las desaparecidas Comisión Nacional de Energía y de la
Competencia emitieron sobre la reforma eléctrica ya avisaban que incumplía la Directiva
2012/27/UE. La importancia del cumplimiento pleno de las normas europeas justificaría su
transposición completa mediante una Ley de eficiencia energética que diera coherencia y
prioridad al ahorro de energía incorporando a nuestra legislación determinados conceptos:
1. Eficiencia energética: cantidad de energía ahorrada, calculada en función de la
medición del consumo antes y después de la aplicación de una medida de mejora de la
eficiencia energética.
2. Edificio de consuno de energía casi nulo: edificio con un nivel de eficiencia
energética alto y que la baja cantidad de energía requerida deberá estar cubierta por
energía procedente de fuentes renovables, incluida la producida in situ o en el entorno.
3. Nivel óptimo de rentabilidad: nivel de eficiencia energética que conlleve el coste más
bajo durante el ciclo de vida útil estimada para el edificio cuando el balance coste-
beneficio sea positivo.
4. Sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración: todo sistema urbano de
calefacción o refrigeración que utilice al menos un 50% de energía renovable, un 50%
de calor residual, un 75% de calor cogenerado o un 50% de una combinación de estos
tipos de energía y calor.

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5. Internalización de costes: principio según el cual todos los costes asociados con la
protección del medio ambiente deberán incluirse en los costes de producción de la
empresa contaminadora. Así mismo se tendrá en consideración lo que establecen los
artículos 13 y 16 de la Directiva 2009/28/CE de renovables para las tarifas o tasas que
se apliquen a las fuentes renovables que deberán evitar cualquier carácter
discriminatorio y tener en cuenta los beneficios que aportan a la red y al sistema
energético, como la menor dependencia energética o la reducción de emisiones
contaminantes.
6. Principio de quien contamina paga: principio según el cual los costes de las medidas
para tratar la contaminación deben ser soportados por el responsable de la misma. En
este contexto, la contaminación es el deterioro provocado por el contaminador en el
entorno o los recursos naturales al deteriorar el medio ambiente.
7. Contaminador: quien deteriora directa o indirectamente el medio ambiente o crea las
condiciones para que se produzca ese deterioro.
8. Protección del medioambiente: toda medida destinada a subsanar o prevenir daños
al entorno físico y los recursos naturales, incluidas las medidas de ahorro energético y
el uso de las fuentes de energía renovables.
9. Innovación medioambiental: toda forma de actividad innovadora cuyo resultado sea
una mejora significativa de la protección del medio ambiente. Se incluyen nuevos
procesos de producción, productos y servicios y métodos de gestión pública o privada
destinados a evitar los riesgos para el medio ambiente y la contaminación a lo largo de
la vida útil de las actividades conexas.
10. Impuesto medioambiental: impuesto cuya base imponible específica produce un claro
efecto negativo sobre el medio ambiente, de modo que los costes medioambientales
puedan ser incluidos en su precio o que los productores y consumidores se orienten
hacia actividades más respetuosas del medio ambiente.
Abundan las referencias que vinculan la democracia con el cumplimiento de las leyes, pero se
limitan a los debates territoriales o sobre la corrupción; sin embargo, y aunque parezca una
obviedad, hay que insistir en que todas las leyes han de ser cumplidas. Las directivas europeas
también son leyes de obligado cumplimiento para los Estados miembros y para todos los
poderes del Estado y eso incluye tanto su transposición al ordenamiento jurídico nacional como
su aplicación por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
La política energética también está obligada al pleno cumplimiento de las directivas europeas
porque son leyes que definen un modelo energético con la prioridad de proteger el medio
ambiente y la defensa de los consumidores como parte activa de la gestión de la demanda.
Estos dos conceptos contienen la solución a todos nuestros problemas energéticos y excluirlos
de la reforma eléctrica supone el incumplimiento de las leyes europeas

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¿Sobrevivirán las eléctricas a un próximo rescate?
Madrid, 9 de febrero de 2015
En un lúcido artículo de Santi Carcar del mes de diciembre, al informar que en 2015
desaparecerá el recargo en el recibo de la luz por el que los consumidores pagaron a las
eléctricas 4.383 millones de euros de la moratoria nuclear aprobada en 1984 por el Gobierno
de Felipe González, recogía un texto del ex-Ministro socialista Juan Manuel Eguiagaray en el
que calificaba dicho recargo como rescate financiero a las eléctricas que se habían endeudado
en un proceso de inversión faraónico, delirante y en contradicción con las necesidades de la
demanda eléctrica.
Carcar afirma que a este primer rescate sucedió en 1998 la compensación a las eléctricas de
los costes de transición a la competencia (CTC), aprobados por el Gobierno de José María
Aznar, por otros 8.663 millones que se deberían haber liquidado en 2006 por el Gobierno de
Zapatero. No se hizo a pesar de que la abogacía del Estado estableció que las eléctricas
habrían cobrado en exceso. Se estima en 3.400 millones lo cobrado demás a los consumidores
que ninguno de los sucesivos gobiernos ha reclamado.
A este segundo rescate sucedió la fórmula contable del déficit de tarifa, acordada en 2002 por
el Gobierno del PP y transformada en deuda pública con el aval del Estado por el Gobierno del
PSOE en 2009. A través de emisiones de bonos por el Fondo de Amortización de Deuda
Eléctrica (FADE), que devolverán los consumidores durante 15 años, las eléctricas ingresan el
supuesto déficit de tarifa. De esta manera, desde 2011 se ha llevado a cabo un tercer rescate
del sector eléctrico, ya que entre 2011 y 2013 las eléctricas han cobrado 23.288 millones de la
deuda eléctrica.
La Ley 24/2013 del sector eléctrico no ha tocado la conformación de precios del mercado
mayorista, que genera todos los años mayores ingresos a las centrales ya amortizadas, y ha
establecido un nuevo mecanismo que garantiza automáticamente al sector eléctrico el ingreso
de cualquier déficit a partir de 2014. La sobrecapacidad de las infraestructuras gasistas y su
escasa rentabilidad por ser innecesarias también las paga el consumidor. Con tamaña
inyección de liquidez no debiera extrañar a nadie que en 2014 y 2015 los mejores dividendos y
los valores más alcistas en la bolsa sean los de las eléctricas.
Estos resultados han servido para aumentar la participación de inversores extranjeros,
principalmente árabes, en la propiedad del sector energético español y a la vez para que, con
esa liquidez y el aval del Tribunal de Justicia de la UE para gozar de deducciones
multimillonarias en las adquisiciones de empresas extranjeras, las eléctricas españolas hayan
salido de compras al extranjero para volver a endeudarse.
La pérdida de soberanía nacional en un mercado energético sin competencia y basado en la
figura del consumidor cautivo que paga todos los costes y déficits del sistema ha tenido un
aviso a navegantes con el vaciado que la italiana ENEL ha hecho de la antes española
ENDESA ante el silencio universal de propios y extraños y la connivencia política de los
sucesivos gobiernos.

12. IMEDIA opera La Oficina de Javier García Breva
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El sector eléctrico ha iniciado un nuevo ciclo de endeudamiento y rescate a pesar de la pésima
gestión empresarial y política de los tres anteriores y a pesar de que la caída del petróleo está
quebrando las inversiones en hidrocarburos y fracking. La reforma energética insiste en
defender un modelo ruinoso cuando es la inversión renovable la que se expande por todo el
mundo. Las eléctricas, tal y como las conocemos, no sobrevivirán a un próximo rescate. Los
bajos precios del petróleo deberían ser el incentivo para invertir en estímulos al ahorro de
energía, a las energías renovables y a un modelo de generación distribuida basado en la
soberanía del consumidor y en la seguridad nacional.
Acerca de La Oficina de Javier García Breva
En la actualidad, Javier García Breva desarrolla su actividad profesional desde La
Oficina de JGB asesorando en los campos de energía en edificación, seguridad jurídica
en renovables y proyectos integrales de eficiencia energética.
La Oficina de Javier García Breva es operada por imedia press & market IPM con la
misión de dinamizar la actividad como conferenciante, asesor y líder de opinión del
sector energético de este reconocido experto europeo en materia de ahorro, eficiencia
energética y sostenibilidad. Se puede seguir la extensa actividad de Javier García
Breva en: www.tendenciasenenergia.es
Los Executive Briefings de La Oficina de Javier García Breva aglutinan en un único
evento los diferentes puntos de vista y la interdependencia de un topic de la actualidad
energética invitando a sus protagonistas a exponer sus reflexiones. El resultado es un
evento integrado que despierta el interés e invita a la acción.
IPM es una iniciativa de IMEDIA, consultora de comunicación especializada en
Tecnología y Energía.
Javier García Breva es Presidente de N2E.
Para más información:
Africa Orenga
aorenga@imediapr.es
Telf: 91 344 14 72
www.imediapr.es