1. PROPUESTA DE POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO
SÍNTESIS DEL PROCESO DE CONSULTA
DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
5 de MARZO 2010
1. INTRODUCCIÓN
• ANTECEDENTES DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA
• PROCESO DE CONSULTA
2. SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES
3. ANEXOS
ANEXO 1 PROPUESTA AGOSTO 2009
ANEXO 2 INFORME PROCESO DE CONSULTA
ANEXO 3 OBSERVACIONES DE ENTIDADES
CONSULTADAS EN LOS TALLERES.
1

2. 1. INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA
En el marco de los compromisos de Gobierno, de impulsar un proceso participativo
para la formulación de una “Política Nacional de Desarrollo Urbano”, durante el año
2006, la División de Desarrollo Urbano, en conjunto con la Agencia de Cooperación
Técnica Alemana (GTZ) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), desarrollaron una fase preliminar de consultas dirigidas a un grupo de
profesionales y expertos1, con el objetivo de realizar un diagnóstico básico de temas,
visiones y requerimientos de diversos sectores nacionales frente al desarrollo urbano.
A partir de los aportes surgidos de dicha fase de consulta preliminar, - así como de la
“Consulta Nacional de Política de Desarrollo Urbano”, MINVU 1996, del “Informe
Reforma Urbana”, MINVU 2001, y de los objetivos de la Agenda de Ciudades
impulsada por este Ministerio durante el año 2007 -, la División de Desarrollo Urbano,
durante el período 2007 - 2008, elaboró un primer borrador para una Política Nacional
de Desarrollo Urbano, - el que consideró a su vez los aportes y observaciones de
miembros del Comité Consultivo de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo2, consultado durante el 2008 - a través del cual, y en concordancia con el
contexto urbano nacional del momento, se propuso un marco general, principios,
objetivos y ámbitos territoriales, como base para la implementación de acciones e
instrumentos para la gestión urbana en el país.
Luego de un proceso de trabajo interno de los profesionales de la División de
Desarrollo Urbano, en junio de 2009, se envió en consulta una versión profundizada y
actualizada del documento, a los Jefes de División del nivel central y a los Secretarios
Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo de todas las regiones del país, con
el propósito de revisar y precisar las perspectivas regionales propuestas en el
documento, para luego ser sometido a una Consulta Nacional con los actores
externos, representantes de los diversos sectores vinculados al desarrollo urbano del
país, lo cual culminó con la formulación del Documento de Trabajo “Política Nacional
de Desarrollo Urbano – Ciudades Sustentables”, Versión agosto 2009, que se
presenta en el ANEXO 1.
PROCESO DE CONSULTA
Durante el mes de octubre de 2009, la Ministra de Vivienda y Urbanismo convocó a
una Consulta Nacional del documento de propuesta “Política Nacional de Desarrollo
Urbano – Ciudades Sustentables”, con el propósito de recoger e incorporar las
1
Ricardo Abuauad, Federico Arenas, Sergio Baeriswyl, Germán Bannen, Benito Baranda, Blas Bellolio,
Arturo Camus, Miguel Castillo, Eugenio Cienfuegos, Lucía Dammert, Vicente Domínguez, Bernardo
Echeverría, Gonzalo Edwards, Marcelo Farah, Viviana Fernández, Juan Eduardo Figueroa, Daniel García,
Juan García, Guillermo Geisse, Iván González, Mario Grandón, Víctor Gubbins, Patricio Hales, Patricio
Hermann, Máximo Honorato, Tomás Izquierdo, Pablo Jordán, Miguel Laborde, Alejandro Magni, Francisco
Martínez, Paulina Melo, Orlando Mingo, Pablo Morán, Leonardo Moreno, Patricio Muñoz, Alejandra
Petermann, Rodrigo Pizarro, Iván Poduje, Dagmar Raczinsky, Alfredo Rodríguez, José Rosas, José
Miguel Ríos, Juan Sabbagh, Lake Sagaris, Sergio San Martín, Martín Santa María, Francisco Schmidt,
Lucas Sierra, Lisandro Silva, Ana Sugranyes, José Ramón Ugarte, Ramón Undurraga, Mariela Vaccaro,
Esteban Valenzuela, Oscar Valenzuela, Pablo Valenzuela, Liliana Vergara, Lucy Winchester.
2
Comité Consultivo de Desarrollo Urbano, MINVU: Pablo Allard, José Manuel Cortínez, Vicente
Domínguez, Bernardo Echeverría, Víctor Gubbins, Julio Poblete, Alfredo Rodríguez, Francisco Sabatini,
Juan Sabbagh, Pablo Trivelli, José Ramón Ugarte ……..
2

3. visiones y requerimientos que respecto del desarrollo de las ciudades pudieran aportar
los diversos sectores representativos nacionales, en materia de gestión y desarrollo
urbano, entre ellos: los organismos y servicios públicos, los municipios; representantes
institucionales del sector privado y representantes de instituciones y organizaciones de
la sociedad civil.
Para los efectos de apoyar a la División de Desarrollo Urbano en esta instancia de
consulta, de presentación y de discusión de la Propuesta de Política Nacional de
Desarrollo Urbano, preparada por este Ministerio, se licitó, a través del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, una Consultoría con la Corporación de
Estudios Sociales y Educación (SUR Profesionales).
La Consulta Nacional, desarrollada en los meses de octubre y noviembre de 2009,
consideró 8 talleres de trabajo, con representantes institucionales del sector privado, la
sociedad civil y el sector público; entrevistas a autoridades municipales, y, como fase
final, un Seminario de presentación de los resultados del proceso de dicha Consulta
Nacional.
La consulta con los representantes institucionales del sector privado3, se realizó a
través de 3 talleres de trabajo, con: i) Empresas vinculadas al financiamiento de la
producción de la ciudad; ii) Organizaciones gremiales vinculadas a la producción del
suelo urbano y la construcción; iii) Empresas prestadoras de servicios urbanos básicos
y de equipamiento.
Con los representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil4, se
celebraron 4 talleres de consulta, con: i) Organizaciones ciudadanas vinculadas a los
temas urbanos; ii) Organizaciones no gubernamentales y Fundaciones relacionadas
3
José Montalva: Asociación de Corredores de Propiedades (ACOP) - Ramón Santelices: Cooperativas
Abiertas de Vivienda (COVIP) - José Boccaz, Carlos Avilés: Asociación de Corredores de Propiedades de
Chile (COPROCH) - Felipe Arteaga, Pedro Cobo: Fundación INVICA - Cristián García-Huidobro: Cámara
de Comercio de Santiago (CCS) - Francisco Rojas: Cámara Nacional de Comercio de Chile (CNCCH) -
Jaime Pilasi, Bernardo Echeverría, Pilar Jiménez: Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) - Herman
Chadwick, Pablo Guzmán: Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA), -
Patricio Herrada: Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios A.G. (ANDESS) - Álvaro
Grondona: Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central del Norte
Grande (CDEC-SING) - Derek Nineham, Ricardo Quiroz: Metrogas S.A. - Gustavo Marambio: Telefónica
CTC Chile S.A. - Matías Danús: VTR S.A. - Rodrigo Almarza: GTD Manquehue S.A. - Geraldine Villagrán:
Federación Gremial de la Industria (SOFOFA).
4
Amarilis Horta: Centro de Bicicultura - Julio Vallejos: Asociación Metropolitana de Consejos Económicos
y Sociales Comunales (CESCOS) - Waldo López: Agrupación Defendamos la Ciudad - Álvaro Rodas,
Miguel Fernández: Agrupación de Vecinos Salvemos Vitacura - Claudio Leiva: Comité Defendamos
Valparaíso - Winko Franz: Fundación Casa de la Paz - Luis Ossa, Jorque Vásquez: Fundación Hogar de
Cristo - Mabel Alarcón, Ignacia Rojas, Alejandro Castro, Verónica Martínez: Fundación Nacional para la
Superación de la Pobreza - Joseline Canio: Fundación Terram - Claudio Rodríguez: Instituto de Ciencias
Alejandro Lipschutz (ICAL) - Miguel Santibáñez: Organización No Gubernamental JUNDEP - Daniel
García, Felipe Arteaga, Gonzalo Vial: Un Techo para Chile - José Polanco: Fundación San José de la
Dehesa - David Rodríguez: Asociación Oficinas de Arquitectos (AOA) - Francisca Márquez: Colegio de
Antropólogos de Chile A.G. - Ximena Bórquez, Julio Alegría, Juan Pablo Vigneaux, Jorge Abarca, Igor
Roseman: Colegio de Arquitectos de Chile A.G. - Diego Ávila, Isabel Zapata, Pablo Guzmán: Habiterra, -
Edmundo Ganter: Colegio de Ingenieros de Chile A.G. - Franz Ganter: Colegio Alemán - Omar Ruz
Aguilera: Colegio de Asistentes Sociales de Chile A.G. - Walter Folch: Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Paisaje, Universidad Central - Pedro Bannen: Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios
Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile - Jaime Daroch, Jorge Larenas, Paola Jirón, Viviana
Fernández: Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), Universidad de Chile - Rodolfo Jiménez:
Escuela de Arquitectura, Universidad de Santiago de Chile, - David Díaz: Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
3

4. con proyectos y programas urbanos; iii) Colegios Profesionales y organizaciones
gremiales relacionadas con los temas urbanos; iv) Organizaciones académicas del
ámbito urbano.
El sector público5 fue consultado a través de una sesión de trabajo, que se dividió en
tres grupos, según las siguientes temáticas: i) Institucionalidad urbana y desarrollo
social; ii) Planificación del suelo urbano; iii) Planificación y gestión de infraestructuras,
servicios y equipamientos urbanos.
Se efectuaron 5 entrevistas a autoridades municipales, al Alcalde de la comuna de La
Granja y Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades; al Alcalde de La
Serena y autoridades municipales de Pedro Aguirre Cerda; El Bosque y Peñalolén.
En el ANEXO 2, se presenta una sistematización de observaciones y aportes al
documento de Propuesta de Política del MINVU, preparada por la Consultoría,
surgidas de los talleres de trabajo y de las entrevistas.
Asimismo, diversas instituciones participantes en los talleres, aportaron documentos
posteriores, consignando sus observaciones y visiones respecto del documento de
Propuesta de Política, puesto en discusión, las que se presentan en el ANEXO 3.
A principios del mes de diciembre de 2009, se celebró el Seminario Final, en el cual se
presentaron las principales conclusiones del proceso de Consulta Nacional, y se
expusieron las visiones de representantes institucionales del sector público, de la
sociedad civil y del sector privado, respecto de los tres principios propuestos en el
documento de Política: Integración Social; Desarrollo Económico Equitativo y Equilibrio
Ambiental.
5
Víctor Contreras, Raúl Villagrán: Ministerio Secretaría General de la Presidencia, División de
coordinación interna - Rodrigo Guijón: Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Marina - Arturo Ramírez,
Javier Escalante: Fundación Integra - María Gloria Cancino Gatica, Lucía Rojas Bravo: Servicio Nacional
de la Mujer (SERNAM) - Germán Correa, Claudia Leighton: Secretaría Ejecutiva del Comité
Interministerial Ciudad y Territorio (SECOMICYT) - Alfredo Apey: Ministerio de Agricultura, Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) - Pamela Fernández: Ministerio de Bienes Nacionales, Unidad de
Patrimonio - Arlette Levy: Ministerio de Economía, Servicio Nacional del Turismo (SERNATUR) - Manuel
Arenas Abarca: Ministerio de Minería, Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) -
Carmen Rivera Mardones: Comisión Nacional de Medioambiente (CONAMA) - Carla Bardi A, Daniela
Martínez, Teresa Soffia: Comisión Nacional de Energía (CNE) - María Cristina Martínez, Manuel Parra,
Candelaria Infante: Instituto de Salud Pública de Chile (ISPCH) - María Pía Rossetti G., Boris Buconić C:
Ministerio de Obras Públicas, Subdirección de Planificación Estratégica - Carlos Garate S.: Ministerio de
Obras Públicas Asesor - Sigrid Stranger R.: Ministerio de Obras Públicas, Grupo Empresas División de
Concesiones (SISS) - Juan Pablo Hernández: Ministerio de Obras Públicas, División Infraestructura Vial
Urbana - Horacio Maldonado N.: Ministerio de Obras Públicas, Departamento de Regulación y
Administración Vial Urbana - Uwe Gehrels: Ministerio de Obras Públicas, Coordinación de Planificación
División Infraestructura (DIRPLAN) - Javier Villanueva G.: Ministerio de Obras Públicas, Unidad de
Mejoramiento de Obras Concesionadas ● Margarita Díaz B.: Ministerio de Obras Públicas, Departamento
de Planificación de la DOH - Hernán Silva, Christian Vigouroux: Ministerio de Planificación y Cooperación,
Secretaría Interministerial de Planificación de Transporte SECTRA - Julio Briones: Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.
4

5. 2. SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES
PRINCIPALES TENDENCIAS
Existe consenso respecto de los principales conflictos que enfrentan en la actualidad
las ciudades chilenas.
La primera noción es que en las ciudades existen desigualdades urbanas, y que éstas
se expresan tanto en aspectos de segregación social como en desigualdades en el
acceso a los bienes públicos. Esto se presenta principalmente en las grandes
ciudades y en las ciudades intermedias.
La segunda noción se vincula a la fuerte transformación urbana y territorial que
experimentan los barrios y las ciudades, generada por sus procesos de crecimiento,
desarrollo productivo y desconcentración territorial. Estos procesos, no solamente
afectan los costos de tiempo de traslado al que están enfrentados los habitantes de las
ciudades y sus barrios, sino que también involucra que el desarrollo urbano territorial
sea cada día más multisectorial, y por lo tanto implique coordinaciones más complejas
y más difíciles en el ámbito del Estado.
La tercera noción se refiere a la creciente participación de los ciudadanos en los temas
vinculados al crecimiento y transformaciones urbanas y al aumento de la percepción
que los ciudadanos tienen respecto de sus propios territorios, y de los estándares que
corresponde aplicar diferenciadamente, según las diversas realidades territoriales.
Esto obliga a incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones, a través de
procesos participativos fomentados por el Estado.
Son estos los temas fundamentales del actual contexto nacional, a los cuales una
política de desarrollo urbano debe responder.
A partir de estas realidades, se concluye que el concepto del derecho a la ciudad,
constituye una visión urbana integrada que pone el énfasis de las políticas urbanas en
la equidad y sustentabilidad de las respuestas del Estado frente a las demandas de las
personas que habitan ciudades. Este concepto unifica la diversidad de problemas
urbanos a los que se debe dar respuesta y los diferentes tipos de acciones sectoriales
para solucionarlos.
En este contexto, el derecho a la ciudad sustentable implica la responsabilidad de
las administraciones de permitir a todos los ciudadanos, el acceso a los principales
bienes y servicios públicos urbanos, a un suelo urbano integrado, a una calidad
ambiental, a una efectiva participación ciudadana, al transporte público, a los espacios
públicos y áreas verdes, y a una estructura urbana de calidad. Es imprescindible el
acceso universal a estos bienes públicos, para asegurar la calidad de vida urbana y la
sustentabilidad de las ciudades en el largo plazo.
5

6. PRIORIDADES Y CONSENSOS
Si bien existe pleno consenso que para activar y garantizar el derecho a la ciudad
sustentable y equitativa, - como se establece en los Principios estructurantes del
documento de Propuesta de Política Nacional de Desarrollo Urbano -, se requiere de
Equidad e Integración Social (sostenibilidad social de la ciudad), Equilibrio
Ambiental (sostenibilidad ambiental de la ciudad) y Desarrollo Económico
(sostenibilidad económica de la ciudad), en el proceso de consulta se relevó que no
solamente se construye calidad de vida urbana a partir de estos 3 principios, sino que
es fundamental incorporar como cuarto principio, a la Gobernabilidad, como la
dimensión político institucional de la Política de Desarrollo Urbano, que permita
garantizar, finalmente, la implementación de políticas urbanas sustentables.
Del proceso de consulta desarrollado con los diversos sectores: sector público, sector
privado y sociedad civil, surgieron los siguientes consensos respecto de los elementos
o lineamientos que debe contener una Política de Desarrollo Urbano Sustentable, para
cada uno de los 4 principios señalados precedentemente:
Consensos para la Equidad Social en la ciudad:
1. El Estado debe garantizar el acceso equitativo a los bienes públicos. La
calidad de vida urbana depende del acceso a bienes públicos como el transporte
público, la regulación urbana, la seguridad, las áreas verdes o los equipamientos
sociales. Aunque el mercado puede asegurar una eficiente asignación de los
bienes privados, en materia de bienes públicos, sólo el Estado es capaz de
asegurar su provisión y de garantizar la equidad en el acceso a estos bienes.
2. El Estado debe garantizar el acceso de los sectores vulnerables, al suelo
urbano. Sin la activa intervención subsidiaria o regulatoria del Estado, las
opciones de localización y acceso a suelo urbano de calidad de la población con
menores recursos se ven altamente limitadas, al grado de la exclusión y
segregación a los sectores de peor accesibilidad y calidad ambiental.
3. La Integración Social debe ser a escala de ciudad, y no sólo en los barrios.
Una ciudad equitativa se logra con una mayor mixtura social a escala comunal, lo
que garantiza el acceso común a servicios y equipamientos para estratos sociales
diversos, manteniendo la identidad y cohesión social de cada barrio y su grupo
social.
4. Incorporación de aspectos culturales y patrimoniales a las políticas urbanas.
La construcción de una ciudad socialmente cohesionada requiere considerar en
las normas y obras urbanas la debida protección de los aspectos de identidad
cultural de los barrios y comunidades, y el fortalecimiento de los componentes
patrimoniales de la ciudad, sean espacios públicos o edificaciones.
5. Incorporación de la equidad de género, al desarrollo de la ciudad y los
barrios. La planificación de la ciudad y sus servicios debe incorporar en forma
equitativa las demandas de los diversos grupos sociales, étnicos o culturales, en
6

7. particular las demandas de género, que permitan construir espacios públicos,
barrios y ciudades que faciliten la equidad de género entre hombres y mujeres.
Consensos para el Desarrollo Económico Sostenible en la ciudad:
1. Consideración de la actividad productiva en la planificación del desarrollo
urbano. Tanto los planes reguladores, las inversiones en infraestructura y los
distintos instrumentos públicos de desarrollo urbano deben tener como una de sus
principales metas el fortalecer las ventajas competitivas y la actividad económica
de las ciudades y pueblos. Sin la generación de empleos de calidad y crecimiento
de producto interno bruto de cada ciudad, no hay sostenibilidad urbana.
2. Marco regulatorio estable e integrado para la inversión. La generación
privada de inversiones urbanas requiere de reglas claras y estables, que permitan
planificar y desarrollar proyectos a largo plazo. Las ciudades son construcciones
de largo plazo, y la calidad y estabilidad del marco regulatorio permite planificar y
comprometer inversiones cuyos retornos no serán inmediatos.
3. Estado intermediario y articulador. El fortalecimiento de las ventajas
competitivas y de la capacidad productiva de las ciudades mediante planes y
obras urbanas depende de la articulación efectiva entre los sectores productivos,
la comunidad y el Estado. Para fomentar la concertación público privada, se
requiere de un Estado activo y articulador entre las distintas demandas de las
comunidades, empresas y mercados.
4. Integración de políticas de infraestructura y de transporte, con la
planificación urbana. El mejoramiento de la accesibilidad y movilidad urbana
afecta positivamente la productividad y eficiencia de los mercados urbanos. Dado
que existe una fuerte conexión entre los usos del suelo urbano y los patrones de
transporte en las ciudades, la planificación urbana y la planificación del transporte
deben estar ligadas y ser dependientes.
5. Integración de políticas urbanas y territoriales. En una economía altamente
globalizada, la sostenibilidad económica de las ciudades depende de su
integración y complementariedad con el territorio regional y nacional, mediante la
conectividad con los mercados objetivos de las actividades productivas de su
entorno territorial, y el soporte a esas actividades con servicios, equipamientos y
bienes urbanos de calidad. Esta condición obliga a la integración de la
planificación urbana con la planificación y desarrollo territorial.
Consensos para la Sostenibilidad Ambiental de la ciudad:
1. Internalización de los impactos urbanos y ambientales. Todo proyecto
urbano, sea de construcción o de infraestructura, puede generar externalidades
7

8. negativas y positivas sobre su entorno y sobre terceros. Los instrumentos públicos
deben ayudar a la asignación equitativa de los costos del desarrollo urbano y de
sus externalidades negativas. Para ello se requiere de mecanismos legales que
permitan a los proyectos urbanos hacerse cargo en forma proporcional del costo
de las mitigaciones necesarias para garantizar un desarrollo urbano sustentable,
donde el Estado asuma los costos de los déficits.
2. Consumo eficiente de energía en las ciudades. Las ciudades son responsables
de gran parte del consumo de energía del mundo. Los crecientes costos
ambientales y económicos de la generación de energía obligan a modificar los
patrones de consumo de energía de los sistemas de transporte, producción
industrial, viviendas y equipamientos. El Estado debe crear los incentivos y
obligaciones normativas al uso del suelo, el transporte y la construcción, que
fomenten la reducción de los niveles de consumo energético urbano.
3. Evaluación ambiental del desarrollo y planificación urbana. El impacto del
desarrollo urbano, en materia de suelo, movilidad y consumo energético puede se
medido, y su huella ecológica puede ser definida. La planificación urbana del
suelo y la infraestructura deben incorporar indicadores de impacto ambiental
estratégico, que transformen los planes urbanos en instrumentos de
sustentabilidad ambiental.
4. Integración de políticas de transporte con la planificación del suelo. La
movilidad urbana y el transporte constituyen los principales factores de consumo
energético y generación de CO2. La eficiencia en el transporte urbano no sólo
depende de las tecnologías disponibles, sino de la reducción de los tiempos de
viaje y la congestión, mediante la integración de la planificación de las redes de
transporte y los usos del suelo urbano.
5. Protección de territorios frágiles y de valor natural. El patrimonio paisajístico y
ambiental de Chile aún permite planificar el crecimiento de nuestras ciudades y la
ocupación rural resguardando al máximo los territorios que presentan riesgos,
valor paisajístico y de biodiversidad. Se debe reforzar la normativa e
institucionalidad para proteger estas áreas e integrarlas al sistema de áreas
verdes de las ciudades.
Consensos para la Gobernabilidad y Sostenibilidad Institucional de la ciudad:
1. Gestión urbana integrada y coordinada. La integración multisectorial de las
inversiones públicas en las ciudades y barrios sigue siendo débil y de difícil
coordinación. La efectividad de los programas e inversiones urbanas requiere la
integración y complementación entre inversiones e instrumentos públicos.
8

9. 2. Participación Ciudadana amplia y vinculante. El incremento de los niveles de
democratización y participación a escala local contribuye a mejorar la calidad de
vida de las personas. La región, la ciudad, la comuna y el barrio deben ser los
centros de participación, en donde la estructura de administración y gobierno de
las ciudades provean los medios para una plena integración ciudadana a los
procesos de decisión e información sobre la construcción y mejoramiento de su
hábitat. Para una efectiva participación ciudadana en los distintos procesos de
planificación e inversión urbana, esta debe cumplir cinco condiciones: debe ser
institucionalizada, temprana, financiada, de base técnica y vinculante en sus
conclusiones.
3. Descentralización e integración de las atribuciones de gestión urbana. La
gestión sectorial vigente no es capaz de dar respuestas eficaces y sustentables
para las ciudades. Sólo autoridades urbanas descentralizadas, con facultades de
gestión y planificación urbana integradas, son capaces de responder a las
demandas urbanas futuras. Se debe transferir a las autoridades regionales y
municipales las capacidades de planificación urbana y ambiental, y de ejecución y
gestión de infraestructuras, sistemas de transporte público, servicios y vivienda.
4. Fortalecimiento de competencias y capacidades de funcionarios públicos
locales y regionales. La mera transferencia de recursos y competencias a las
autoridades locales, regionales y metropolitanas no tendrá efecto sin un
mejoramiento de los recursos humanos en las plantas de los gobiernos regionales
y municipales.
5. Más y mejor información urbana y sistemas de evaluación de políticas. Las
políticas, planes e inversiones urbanas requieren procesos permanentes de
evaluación, que transparenten y justifiquen las decisiones urbanas, informen a la
ciudadanía sobre su efectividad y sus resultados, y permitan a las autoridades el
perfeccionamiento continuo de planes y programas públicos urbanos.
6. Fortalecimiento de Tercer Sector como intermediario entre la
institucionalidad pública y la comunidad. El desarrollo urbano moderno es el
resultado de la acción de muchos actores de la comunidad, - públicos y privados -
sobre la ciudad y los barrios. Para garantizar el debido equilibrio en capacidades
técnicas e información, se debe fortalecer los espacios para las instituciones,
fundaciones y grupos no gubernamentales con experiencia para apoyar y asistir a
la comunidad en los procesos de planificación y desarrollo urbano.
9