Bloque 12: Normalización Democrática de España e Integración en Europa

Normalización Democrática de España e
Integración en Europa
Bloque 12

A la muerte del general Franco, las Leyes Fundamentales preveían la continuación del
régimen franquista transformado en una monarquía no democrática. Sin embargo, desde
noviembre de 1975 se desarrolló en España un proceso de transición política en el que se
promulgó la Constitución de 1978, que sigue vigente en la actualidad, y mediante el cual
se estableció un sistema de monarquía constitucional. En pocos años, España si situó al
mismo nivel que las democracias parlamentarias de su entorno europeo. A partir de 1982
se inició un período de normalidad democrática.

1. Los primeros pasos: de Arias Navarro a Adolfo Suárez
En 1975 el contexto internacional ayudó al inicio del proceso de transición española hacia la democracia. Por un lado, las
dos dictaduras de la Europa no comunista habían caído en 1974: Portugal y Grecia. Por otra parte, los gobiernos
europeos (Francia, el Reino Unido y Alemania) comenzaron a intervenir en favor de los dirigentes políticos de la
oposición democrática. Para los Estados Unidos el objetivo principal era evitar que España se convirtiera en un aliado de
la URSS.
Sin embargo, la evolución posterior de la coyuntura internacional no favoreció el proceso de transición de la democracia
española: las consecuencias de la crisis del petróleo se reflejaron en España en unas tasas altísimas de inflación y de
paro, una crisis económica que dificultó la consolidación política y la estabilidad social del nuevo régimen político
español.
El panorama político que existía en España a la muerte de Franco presentaba tres alternativas:
•Los inmovilistas: el llamado búnker. Los que defendían claramente la continuidad del régimen sin Franco. Como el
primer presidente de Gobierno, Carlos Arias Navarro. Destacaba también la figura de Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva.
Al morir Franco contaban con el dominio en las Cortes, en los medios de comunicación oficiales y eran mayoría en el
seno del Ejército.
Francisco Franco y Carlos Arias NavarroBlas Piñar

Los aperturistas: apostaban por una reforma
promovida desde las propias instituciones que
culminase en un sistema más o menos
democrático. Políticos veteranos franquistas
como José María de Areilza o Manuel Fraga,
líder de Alianza Popular (AP), y políticos más
jóvenes, que no habían vivido la guerra civil y
que en su mayoría habían entrado en política en
el Movimiento porque era la única manera de
hacer carrera política: Adolfo Suárez, líder de la
Unión de Centro Democrático (UCD), y figuras
menores como Rodolfo Martín Villa o Marcelino
Oreja. Francisco Franco y Manuel Fraga
Juan Sebastián de Ericey Jose María de
Areilza (derecha), celebrando el Ingreso
en la ONU
Francisco Franco con Adolfo Suárez Rodolfo Martín Villa (derecha)
Marcelino Oreja

La oposición política antifranquista: la mayoría se inclinaba en un
principio por la ruptura con el pasado dictatorial y la construcción de
un nuevo sistema político liderado por las fuerzas democráticas. Los
grupos de la derecha democrática eran muy reducidos. En la izquierda
estaba el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván y el
PSOE dirigido por Felipe González. Más a la izquierda el Partido
Comunista de España (PCE) liderado por Santiago Carrillo. Y en la
extrema izquierda grupos revolucionarios minoritarios.
En el mundo nacionalista destacaba en Cataluña Convergencia
Democrática de Catalunya, dirigida por Jordi Puyol, y en el País Vasco
el Partido Nacionalista Vasco, (PNV) con una creciente actividad
terrorista de ETA, apoyada por una parte de la población. En el mundo
obrero la fuerza más determinante la tenía el sindicato Comisiones
Obreras (CCOO.), de orientación comunista, muy por delante de la
UGT, de ideología socialista.
Enrique Tierno Galván
Jordi Puyol
Felipe González
Santiago Carrillo

Juan Carlos de Borbón jura las Leyes ante el presidente de las Cortes,
Alejandro Rodríguez de Valcárcel, y es proclamado Rey de España
Primer gobierno de la monarquía presidido por Arias Navarro
En este panorama es fundamental la figura de Juan
Carlos I, rey de España. El 22 de noviembre de 1975, en
las Cortes, el príncipe Juan Carlos de Borbón y Borbón
juraba su cargo como nuevo rey España: la corona no le
llegaba por sucesión real (el derecho al trono seguía en
manos de su padre, don Juan, que permanecía en el
exilio). Su única legitimidad procedía del testamento
político del dictador. Si quería salvaguardar la
monarquía, tenía que servirse de ella para iniciar un
proceso de reforma, controlado desde el interior de las
instituciones, que permitiera la creación de un régimen
representativo homologable dentro del marco político
europeo. Un difícil equilibrio entre la continuidad y el
cambio.
Francisco Franco y Juan Carlos

Reunión de la
Platajunta
Manifestación en
Vitoria en febrero
del 76
1.1.) El gobierno de Arias Navarro. La oposición política.
A la muerte de Franco, el rey mantuvo al frente del
gobierno a Arias Navarro, un convencido franquista al
que no se le podía pedir que liderara la transición hacia
un sistema político democrático. No obstante, Arias
Navarro incorporó a su gobierno políticos de corte
aperturista (Manuel Fraga, José Mª de Areilza y Antonio
Garrigues) e inició algunos cambios: concedió un
indulto, permitió la actuación, de hecho, de los
partidos políticos, pero no habló de elecciones más o
menos constituyentes a corto plazo.
Conforme avanzaban los días, se veía que de este
gobierno era imposible sacar algo. Mientras, en el
primer trimestre de 1976 se producen cerca de 18.000
huelgas (seis veces más que en todo el año anterior). En
la oleada de huelgas la más grave fue la huelga general
en Vitoria (3 de marzo de 1976, donde mueren cuatro
trabajadores y hubo más de cien heridos). Los sucesos
de Vitoria posibilitaron, a su vez, la unidad de la
oposición (la Junta Democrática, dirigida por el PCE y la
Plataforma de Convergencia Democrática, liderada por
el PSOE) constituyéndose Coordinación Democrática,
conocida también como Platajunta.
A todo esto, y paralelamente, tenían lugar grandes
manifestaciones proamnistía y movilizaciones en
Cataluña y País Vasco a favor de la autonomía.
También, tras una breve tregua, ETA reanudó su
actividad terrorista.

Adolfo Suárez jurando su cargo de Presidente de Gobierno
El rey Juan Carlos I
comprendió que Arias
Navarro era un obstáculo para
la democratización de España
y que su relevo era necesario:
el 1 de julio de 1976 Arias
presentaba la dimisión. Dos
días después el monarca
nombraba para la presidencia
del gobierno a Adolfo Suárez.
Adolfo Suárez jura a su cargo como nuevo vicesecretario general del Movimiento

9 de julio de 1976. El Rey preside el primer Consejo de
Ministros del Gobierno de Adolfo Suárez.
1.2. El gobierno de Adolfo Suárez. La Ley para la Reforma Política.
El nombramiento de Adolfo Suárez causó una gran decepción entre la
oposición y entre los sectores reformistas del franquismo. Sus
antecedentes así parecían demostrarlo: había sido ministro del
Movimiento en el gobierno de Arias y había ocupado numerosos
cargos en el régimen de Franco. En su elección fue clave la actuación del
presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández
Miranda, que vio en Suárez al político que el rey necesitaba poner al
frente del gobierno para impulsar la reforma hacia el sistema
democrático.
Suárez y su gobierno demostraron inmediatamente su voluntad hacia la
consecución de la democracia. En julio (1976) se legalizaban los derechos
de reunión, manifestación y asociación. Se aprobó una amnistía que
posibilitó la excarcelación de numerosos presos del franquismo; se
iniciaron contactos con las centrales sindicales y hubo reuniones, en
secreto, con los socialistas (Felipe González, líder del PSOE) y comunistas
(Santiago Carrillo, líder del PCE).
Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda

Conforme avanzaban los días, en vez de tener problemas con
la oposición democrática, para el gobierno los obstáculos a la
reforma le surgían del propio Ejército y de los sectores
inmovilistas. En septiembre, era cesado el vicepresidente del
gobierno para Asuntos de la Defensa, teniente general
Fernando de Santiago, al oponerse a la reforma sindical y a
la legalización de las centrales sindicales. Para sustituirle,
Suárez nombró entonces al teniente general Gutiérrez
Mellado, que será otro de los puntales del proceso de
reforma, en este caso, para la reforma militar.
El gobierno de Suárez seguía en su empeño de acabar con el
franquismo desde el franquismo. Los pasos más importantes
fueron:
Adolfo Suárez y el general Gutiérrez MelladoTeniente General Fernando de Santiago

a) La Ley de Reforma Política (15 de diciembre de 1976)
Esta ley fue la pieza esencial para el logro de la reforma. En esencia, la
ley acababa con el franquismo a partir de su propia legalidad y
establecía un sistema bicameral (un Congreso y un Senado) elegido por
sufragio universal. Suárez la llevó a las Cortes en octubre (1976). En
noviembre era aprobada por 425 votos a favor, 59 en contra y 13
abstenciones.
Sometida a referéndum, el 15 de diciembre, votó el 77,4% del censo,
los votos afirmativos fueron el 94.4% y los negativos el 2,6%. El 4 de
enero de 1977 la ley de Reforma Política entraba en vigor y, en
consecuencia, el gobierno estaba obligado a convocar elecciones para
elegir dos cámaras (un Congreso y un Senado).
Adolfo Suárez en el momento de la aprobación de la Ley para la Reforma Política.

Pero en el País Vasco se vivía bajo una fuerte tensión por la
lucha por la amnistía de los presos vascos, los enfrentamientos
entre policías y manifestantes y por las acciones terroristas de
ETA. En Cataluña no se vivía bajo esa violencia, pero el
sentimiento nacionalista estaba muy presente.
La fragilidad del proceso seguía presente con los secuestros
protagonizados por el GRAPO en diciembre de 1976 y enero
del siguiente. El 11 de diciembre de 1976 fue secuestrado el
presidente del Consejo de Estado Antonio María de Oriol y
Urquijo y el 24 de enero siguiente el teniente general y
presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar Emilio
Villaescusa. La Policía liberó a ambos el 11 de febrero .
También, el 24 de enero (1977) pistoleros de ultraderecha
asesinaban a cinco abogados laboralistas del PCE en su
despacho de la calle Atocha de Madrid.

b) La legalización de los partidos políticos (febrero de 1977) y la convocatoria de elecciones a Cortes.
Tras la aprobación de la Ley de Reforma Política fueron Legalizados casi todos los partidos políticos en febrero de 1977, menos el
PCE. Pero si se quería convocar elecciones verdaderamente democráticas era imprescindible que el PCE pudiera presentarse.
Su legalización tropezaba con resistencias en el seno de las fuerzas armadas y dentro del propio gobierno. Suárez solucionó la
crisis legalizando por decreto-ley al PCE el 9 de abril. La decisión molestó a los militares; los dirigentes del PCE, y sobre todo
Santiago Carrillo, se manifestaron con moderación aceptando la monarquía como forma de Estado y la bandera nacional.
Aprobadas las normas electorales, las elecciones se harían por sufragio universal directo para elegir dos cámaras: el Congreso de
los Diputados y el Senado. Convocadas el 15 de abril, las elecciones se celebraron dos meses después, el 15 de junio.
Poco antes de las elecciones, don Juan de Borbón, padre del monarca, cedía oficialmente sus derechos al trono español a su hijo.
Legalización del PCE el 9 de abril de 1977
14/5/1977 cesión de los derechos dinásticos por parte de don Juan
de Borbón sobre su hijo Juan Carlos I

1.3. Elecciones de 15 de junio de 1977 y consenso
constituyente.
a) Partidos políticos y resultados electorales.
Adolfo Suárez acudió a las elecciones al frente de Unión de
Centro Democrático (UCD), una coalición de partidos de
ideología democristiana, socialdemócrata y liberal. A su
derecha quedaba Alianza Popular (AP), encabezada por
Manuel Fraga Iribarne, donde se agruparon diversos sectores,
personalidades y ex ministros de Franco.
A la izquierda figuraba el PSOE, bajo su líder Felipe González,
el Partido Socialista Popular (PSP), dirigido por Enrique Tierno
Galván, partido que terminó integrándose en el PSOE y el PCE
de Santiago Carrillo. A la izquierda del PCE, como a la
derecha de AP, figuraban otras agrupaciones políticas con muy
pocas posibilidades electorales: entre ellas cabe citar a Fuerza
Nueva, en la ultraderecha, y el Partido Comunista de España
Marxista-Leninista, en la extrema izquierda. Por último, en
Cataluña y el País Vasco resurgieron las organizaciones
nacionalistas, como el Pacte Democràtic per Catalunya (PDC) y
el Partido Nacionalista Vasco.

Votó el 78,7% del electorado.
UCD consiguió el 34,6% y 166
escaños; le seguía el PSOE con
el 29,3% y 118 escaños; el PCE,
el 9,4% y 20 escaños y AP con
el 8,3% y 16 escaños. En
cuanto al nacionalismo obtuvo
una buena representación en
Cataluña y en el País Vasco. El
resultado de las elecciones-la
victoria de Adolfo Suárez y
UCD- venía a demostrar que
los españoles estaban a favor
de la moderación, del centro
político, de poner fin al
franquismo de forma gradual.

b) El proceso constituyente y el consenso.
Los Pactos de la Moncloa, el terrorismo y la
cuestión nacionalista.
Abiertas las Cortes, Suárez, aunque su partido
no obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso,
recibió el apoyo necesario para mantenerse
como presidente del gobierno. La etapa que se
abrió estuvo dominada por una política de
consenso, es decir, de acuerdos entre las fuerzas
políticas para aprobar las reformas necesarias
para edificar el sistema democrático.
Si en lo político el objetivo fundamental era la
redacción de la Constitución, en lo económico el
fin primordial era combatir la grave crisis
económica.
Desde hacía varios años los sucesivos gobiernos
habían aparcado la toma de decisiones en este
sentido y ahora la situación era insostenible:
una inflación situada en el 24,7% en 1977,
aumento del paro, déficit exterior galopante… El
gobierno de Suárez propuso un pacto a todas las
fuerzas políticas y sindicales para combatir la
crisis, basado en la contención de los salarios, la
devaluación de la peseta, una política monetaria
restrictiva para reducir la masa monetaria en
circulación, proceder a una reforma fiscal...
Estos acuerdos, conocidos como los Pactos de la
Moncloa, fueron aprobados por todas las
formaciones el día 27 de octubre de 1977.
Los firmantes de los Pactos de la Moncloa .
De izquierda a derecha: Enrique Tierno Galván (PSP), Santiago Carrillo (PCE), Josep
María Triginer (PSC), Joan Reventós (CSC), Felipe González (PSOE), Juan Ajuriaguerra (PNV),
Adolfo Suárez (UCD), Manuel Fraga (AP), Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD) y Miquel Roca (CiU).

Esta política de consenso culminaría en la elaboración de la Constitución.
Mientras tanto, el país era sacudido por el terrorismo, con durísimos
ataques por organizaciones extremistas de derecha y de izquierda. A
pesar de la amnistía (Ley de 15 de octubre de 1977), que daba libertad
a los presos de ETA, ésta continua atentando. Sus objetivos eran los
militares a los que se les quería provocar para que bloquearan el proceso
hacia la democracia: en 1978 ETA mató a 65 personas y, entre 1975 y 1980,
a 236.
Otro tema a solucionar era la cuestión nacionalista. Ello se resolvió
restableciendo de forma provisional la Generalitat de Cataluña. El 29
de septiembre de 1977 se restablecía la Generalitat y el 23 de octubre
Tarradellas se presentaba en Barcelona donde era recibido en un
clima de entusiasmo. También se puso en marcha un gobierno
preautonómico en el País Vasco. A lo largo de 1978 se extendió a todo el
territorio español el régimen preautonómico (Galicia, Asturias, Castilla-
León, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia,
Andalucía…). Por tanto, el gobierno impulsó la generalización de las
autonomías antes de que la Constitución estableciera la estructura
territorial de España.
El presidente
Josep
Tarradellas
tomando
posesión de
su cargo en el
Palau de la
Generalitat
delante de
Adolfo Suárez
el 24 de
octubre de
1977

2. La constitución de 1978: principios, instituciones y autonomías.
1. La Constitución de 1978.
El encargo de elaborar la Constitución recayó en la Comisión de
Asuntos Constitucionales del Congreso, integrada por 36 diputados
de los diferentes partidos, que, a su vez, designó a un grupo de siete
miembros para la redacción del texto constitucional: Gabriel
Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de
Miñón (de UCD), Jordi Solé Tura (del PCE), Gregorio Peces Barba (del
PSOE), Fraga Iribarne (de AP), Miguel Roca (de CiU).
Tras ser largamente debatida en las Cortes, ambas cámaras, el
Congreso y el Senado, en sesión conjunta, el 31 de octubre de 1978,
aprobaron el texto constitucional. A continuación fue aprobada en
referéndum por el pueblo español el 6 de diciembre: votó un 67%
del censo; los votos afirmativos representaron el 88%, y los
negativos el 8% (pero en el País Vasco, la abstención del PNV
contribuyó a que votara el 53% del electorado vasco). La
Constitución fue sancionada por el rey y entró en vigor el día 29 de
diciembre.

•La Constitución consta de 11 títulos, 169 artículos, 9
disposiciones transitorias, una derogatoria y otra final.
a) Valores y principios.
La Constitución de 1978 recoge en su Título Preliminar
un conjunto de principios y valores que vienen a definir
a España como un “Estado social y democrático de
derecho ” , en consecuencia, se fija el sometimiento de
todos los poderes del Estado a la legalidad, a lo que
marque la Ley, el Derecho.
Establece que la “soberanía nacional reside en el
pueblo español, del que emanan los poderes del
Estado”.
Indica que la forma política del Estado español “es
la monarquía parlamentaria” y el Estado se
fundamenta en la “indisoluble unidad de la nación
española” pero reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía de “nacionalidades” y regiones.
La Constitución de 1978 reconoce y garantiza todas las
libertades democráticas; ha abolido la pena muerte y
fija la mayoría de edad en los 18 años; no reconoce
religión estatal, es aconfesional, pero declara que el
Estado ha de tener en cuenta las “creencias religiosas
de la sociedad española y el significado de la Iglesia
católica en España”. Garantiza la libertad de enseñanza,
la libertad de empresa, la economía de mercado y,
entre otros, los derechos a la vida, a la huelga y a la
educación.

b) Las instituciones y la configuración del Estado de las autonomías.
El rey desempeña la Jefatura del Estado y el mando supremo de
las Fuerzas Armadas, su cargo es vitalicio y la corona hereditaria.
Ejerce la representación simbólica y protocolaria del Estado, sanciona
las leyes aprobadas por las Cortes y tiene un poder moderador del
sistema político.
La Constitución reconoce la separación e independencia de los tres
poderes.
•El poder legislativo reside en las Cortes Generales, que están
formadas por dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el
Senado, elegidas por sufragio universal directo.
•El poder ejecutivo es responsabilidad del gobierno, que
se compone del presidente, los vicepresidentes y los
ministros. El presidente del gobierno es elegido por el
Congreso de los Diputados a propuesta del rey. Por otro lado,
la acción del gobierno está sometida al control de las Cortes.
•El poder judicial, por su parte, corresponde a jueces y
magistrados, sometidos al Tribunal Supremo y al Tribunal
Constitucional. Éste se ocupa de controlar la
constitucionalidad de las leyes, y también resuelve los posibles
conflictos entre las normas aprobadas por los parlamentos de
las Comunidades autónomas y las normativas del Estado.
En cuanto a la organización territorial del Estado español, la
Constitución ha querido dar respuesta, a través de las autonomías, a
la reivindicación histórica que el nacionalismo vasco y catalán ha
venido demandando desde finales del siglo XIX. La Constitución
declara, en efecto, que España está integrada por diversas
“nacionalidades” (se sobreentendió que eran el País Vasco, Cataluña y
Galicia) y regiones que acceden a su autogobierno, asumen
determinadas funciones y competencias, las cuales aparecen
descritas. en sus respectivos Estatutos de autonomía, que tienen que
ser aprobados por las Cortes.
2. La constitución de 1978: principios, instituciones y autonomías

c. El Estado de las Autonomías.
El título VII de la Constitución de 1978 regula la descentralización
de ciertos poderes del Estado y posibilita la creación de
Comunidades Autónomas. El proceso de construcción del Estado de
las Autonomías tuvo dos etapas diferenciadas:
1. La primera fue la de las preautonomías, es decir, la concesión de
una autonomía provisional a regiones cuyos representantes la
solicitaran.
La primera preautonomía se concedió Cataluña, a donde regresó,
en 1977, el antiguo dirigente republicano Josep Tarradellas,
presidente de la Generalitat en el exilio. De este modo, en
septiembre de 1977 se restableció la Generalitat bajo su
presidencia y se creó un gobierno provisional formado por los
partidos parlamentarios catalanes que defendían la autonomía.
Posteriormente en el País Vasco, se formó un Consejo General
Vasco (enero de 1978) y en Galicia se creó una Junta de Galicia
provisional (marzo de 1978).
La Constitución establecía la posibilidad de que todas las regiones
se convirtieran en Comunidades Autónomas. Cada una de ellas se
regiría por un Estatuto de Autonomía y se dotaría de órganos
legislativos, elegidos por sufragio universal (parlamentos
autónomos) y órganos ejecutivos (gobiernos autónomos). Pero
establecía dos procedimientos distintos: uno más rápido y
completo, previsto en el artículo 151, al que podían acceder
directamente las nacionalidades históricas (Cataluña, Galicia y País
Vasco) e incluso otras si cumplían unas determinadas condiciones y
la decisión era ratificada por un referéndum; y otro más lento,
previsto en el artículo 143.
La mayoría de las Comunidades Autónomas se regirían por el
artículo 143, a excepción de las nacionalidades históricas, de
Navarra y de Andalucía, que había creado una Junta de Andalucía
(abril de 1978) y decidió por referéndum la construcción de la
autonomía por la vía más rápida del artículo 151 (febrero de 1980).
Comunidades autónomas consideradas nacionalidades históricas en sus Estatutos de
Autonomía: Con Estatuto durante la República (3, verde oscuro). Sin Estatuto
durante la República (5 verde pistacho). Resto de comunidades autónomas
(8)Asturias, Castilla y León y Cantabria son referidas como «comunidades históricas»
(verde claro)

2. La segunda fase se emprendió
a partir del momento en que la
Constitución reguló
definitivamente el régimen
autonómico.
En el País Vasco y en Cataluña,
una vez refrendados sus
estatutos, en octubre de 1979, se
configuró un sistema político de
hegemonía nacionalista visible
desde las primeras elecciones,
celebradas en marzo de 1980 (CIU
en Cataluña y PNV en el País
Vasco). Más tardío fue el
referéndum del estatuto gallego,
aprobado en diciembre de 1980, y
puesto en marcha en las
elecciones de octubre de 1981
con el triunfo de AP. Para
entonces, Andalucía ya había
conseguido el acceso a la
autonomía por la vía preferente
del artículo 151 (en febrero de
1981).
En 1981 el Gobierno de Calvo
Sotelo, de acuerdo con los
socialistas, abordó el desarrollo
del Estado de las Autonomías.
UCD y PSOE firmaron un pacto
para ordenar los procesos de
acceso a la autonomía de las
demás partes del territorio
nacional.

La consecuencia de estos
acuerdos fue que los demás
territorios accederían a la
autonomía por la vía del art. 143
de la Constitución y, por ello, con
menor amplitud competencial
que el País Vasco, Cataluña,
Galicia y Andalucía, con la
excepción de Navarra, que
accedería a la autonomía plena a
través de lo previsto en la
disposición adicional primera de
la Constitución y de Valencia y
Canarias, que, pese a acceder a
la autonomía por el art. 143,
recibirían otras competencias a
través de sendas leyes orgánicas
de transferencias.
Los Acuerdos Autonómicos de
1981 supusieron la generalizaron
la autonomía para todas las
regiones, aunque con distinto
nivel competencial. En 1983
finalizó esa fase del proceso
autonómico, con todos los
Estatutos aprobados y todo el
territorio nacional, organizado
en diecisiete Comunidades
Autónomas.
Por último, en 1995, se
regularon regímenes
autonómicos para las ciudades
de Ceuta y Melilla.

a) El gobierno de Adolfo Suárez (1979-1981).
Una vez aprobada la Constitución, se
convocaron nuevas elecciones para el 1 de
marzo de 1979. La UCD, con 168 escaños,
volvió a ganar y Adolfo Suárez siguió al frente
del gobierno; el PSOE quedó en segundo
lugar; el PCE se convirtió en la tercera fuerza
política. La derecha representada por
Coalición Democrática, resultado de la
coalición de AP con diversos grupos, bajó en
votos, en cambio, los partidos
nacionalistas/regionalistas ampliaron su
representación.
3. los gobiernos democráticos de 1979 a 1982.
1. Gobiernos de la UCD (1979-1982)
Coalición Democrática

En abril, se celebraron las
primeras elecciones
municipales democráticas, y
aunque la UCD obtuvo más
votos y concejales, la
izquierda consiguió hacerse
con la mayoría de las grandes
ciudades gracias al pacto del
PSOE y PCE.
Las Cortes aprobaron los
Estatutos de autonomía del
País Vasco y Cataluña (1979).
En marzo de 1980 se
celebraron elecciones
autonómicas en el País
Vasco y en Cataluña, que
dieron el triunfo a los
nacionalistas en los dos casos:
Convergencia i Unió (CiU), con
Jordi Pujol a la cabeza en
Cataluña y el Partido
Nacionalista Vasco (PNV) en
el País Vasco, mientras la UCD
recibía un fuerte varapalo al
perder la mitad de los votos
conseguidos en 1979.

Sin embargo, los problemas principales
de Suárez no venían de la oposición o
de los fracasos electorales, venían del
interior de su propio partido. La UCD
era una coalición no suficientemente
cohesionada donde cada líder de un
sector intentaba hacer valer sus ideas,
por tanto, los principales “barones”
obstaculizaban continuamente la labor
del presidente que veía como sus
apoyos se reducían en el interior de la
UCD.
El PSOE, mientras tanto, ganaba en
aceptación. Decidió practicar una
política firme y dura contra el gobierno.
Ante una UCD con problemas, el PSOE
se reforzaba. En mayo de 1980,
además, Felipe González presentó una
moción de censura al gobierno, que no
triunfó pero le dio más popularidad.
Con la crisis interna en su partido y el
cuestionamiento de su liderazgo, harto
de toda esta situación Adolfo Suárez
presentó su dimisión el 29 de enero de
1981. El rey designó a Leopoldo Calvo
Sotelo como candidato a la presidencia.
La segunda ronda para su investidura
como presidente del gobierno quedó
fijada para el día 23 de febrero.
Leopoldo Calvo Sotelo y Adolfo Suárez se abrazan en el debate de investidura de 1981.

Tanques en
las calles de
valencia
durante la
noche del
23F
b) El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981
En el Ejército había sectores contrarios al proceso democrático y los ánimos
estaban muy caldeados ante la escalada terrorista de ETA, la aprobación de los
estatutos de autonomía y la reforma de Ejército. Había, en definitiva, militares
dispuestos a protagonizar un golpe de Estado. Poco después de las seis de la
tarde del 23 de febrero de 1981, mientras se estaba realizando en el Congreso
de los Diputados la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como
sucesor de Suárez en la presidencia del gobierno, guardias civiles armados al
mando del teniente coronel Antonio Tejero se apoderaban del Congreso de los
Diputados y del gobierno.
Paralelamente, el capitán general de la región militar de Valencia, el general
Milans del Bosch, declaró el Estado de guerra y sacó los tanques a la calle.
También, la División Acorazada Brunete (Madrid) ocupaba las estaciones
de radio y televisión de la capital.
El golpe militar fracasó. El rey Juan Carlos, como jefe de las Fuerzas Armadas,
actuó con decisión para aplastar el golpe. A la 1.15 de la madrugada del día
24, el rey Juan Carlos anunció en televisión que el golpe había fracasado.
Millones de personas salieron a las calles en favor de la libertad en las
gigantescas manifestaciones que, contra el golpe, se celebraron en las
ciudades españolas en los últimos días del mes de febrero.

c) El gobierno de Calvo Sotelo.
Dos días después del golpe, Calvo Sotelo era
nombrado presidente de un gobierno que
duraría año y medio y que estaría presidido
por las disensiones internas en el seno de la
UCD.
En junio de 1981 se aprobaba la ley del
divorcio, con los votos también de la
izquierda. En julio de 1982 el gobierno y el
PSOE acordaron unos “pactos autonómicos”
para racionalizar el proceso autonómico
aprobando, con ese fin, la Ley Orgánica de
Armonización del Proceso Autonómico
(LOAPA). Durante esta etapa de gobierno tuvo
lugar la aprobación de muchos de los
Estatutos de autonomía (menos
Extremadura, Baleares, Castilla y León y
Madrid que se aprobarían en 1983).
El gobierno de Calvo Sotelo tomó otra
medida de gran importancia en política
exterior: la entrada de España en la OTAN,
que se hizo efectiva en mayo de 1982 y a la
que se opuso la izquierda, incluido el PSOE.
Mientras, el grupo parlamentario de la UCD
se fragmentaba. Entre 1981 y1982
abandonan la UCD los socialdemócratas,
un sector democristiano y el mismo
Adolfo Suárez, que creó su propio partido:
Centro Democrático y Social (CDS).

En este contexto, Calvo Sotelo, que estaba
viendo cómo se rompía su partido, no tenía
más remedio que convocar elecciones
anticipadas, celebradas el 28 de octubre de
1982, que supusieron un formidable triunfo
del PSOE con 10 millones de votos, casi el
doble que en 1979, y 202 escaños, 80 más
que en 1979. Se ponía fin a la etapa
centrista y se inauguraba otra de gobiernos
socialistas que estarán en el poder hasta
1996.

d. Los enemigos de la democracia
Mientras la mayoría de las fuerzas políticas y de la
sociedad española apostaban por un consenso social que
consolidase el proceso de transición, algunos sectores
promovían la violencia para desestabilizar al país y
obstaculizar la construcción democrática. Las principales
amenazas provenían del involucionismo, del golpismo
militar y del terrorismo. Las fuerzas de la extrema derecha
nostálgicas del franquismo se movilizaron para impedir la
consolidación democrática. Para ello organizaron
manifestaciones y grupos violentos, llegando incluso a
crear agrupaciones de pistoleros como los Guerrilleros de
Cristo Rey, la Triple A o el Batallón Vasco Español. También
tuvieron lugar algunos intentos de desestabilización
promovidos por grupos de militares y en buena parte
incitados por la prensa ultraderechista (el Alcázar), como
el intento de golpe de Estado conocido como “Operación
Galaxia” en 1978.
El terrorismo buscaba sus víctimas entre las fuerzas
armadas, los cuerpos de seguridad y algunas
personalidades vinculadas al franquismo, estimulando aún
más las apetencias involucionistas de algunos de estos
sectores. El terrorismo de extrema izquierda estuvo
vinculado a la aparición de organizaciones como el GRAPO
en 1975 (Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de
Octubre) y el FRAP en 1973 (Frente revolucionario
Antifascista y Patriótico), que protagonizaron actos
violentos y diversos secuestros.
Sin embargo, la principal actividad terrorista provenía de
ETA, que emprendió una campaña de atentados que causó
77 muertos en 1979 y 95 en 1980, con especial incidencia
entre los militares y las fuerzas de orden público. En
Cataluña, se creó la organización independentista Terra
Lliure, que cometió diversos atentados y secuestros hasta
su disolución en 1995.

4. Los gobiernos democráticos de 1982 hasta la actualidad
1. Los gobiernos del PSOE (1982-1996).
El primer problema que tuvo que tratar el nuevo gobierno, y que no
había sido abordado durante toda la transición, era el de la grave
situación económica que necesitaba medidas urgentes y duras. Entre
estas: la devaluación de la peseta, subida de los tipos de interés,
aumento de los impuestos. La medida más espectacular fue el
proceso de reconversión industrial que llevó al cierre de muchas
empresas siderometalúrgicas que no eran rentables.
El objetivo era sanear la economía, tras dos años de ajustes se inició
nuevamente el crecimiento económico que sería espectacular en la
segunda mitad de los ochenta.
Se produjeron igualmente reformas en todos los campos de la
administración. Pero la reforma más polémica de esta etapa fue la ley
de despenalización del aborto de 1985 que fue duramente
contestada por la derecha y por la Iglesia católica.
Felipe González recibe el aplauso de la bancada socialista tras se
investido presidente del Gobierno el 1 de diciembre de 1982.
Manifestación por la legalización del aborto Incidentes por la reconversión industrial en Reinosa en 1987

De la Comunidad Económica Europea a la Unión Europea.
Pero el principal objetivo de los gobiernos socialistas fue el ingreso y la completa integración en el entorno de las
democracias europeas. Para ello se centraron en ingresar en la Comunidad Económica Europea.
Las negociaciones desde la solicitud de Suárez en 1977 fueron complicadas. Francia puso muchas trabajas para salvaguardar
su agricultura de la competencia española y mantener su posición predominante en la Política Agracia Comunitaria (PAC).
Pero tanto el intento del golpe militar como la victoria del PSOE y la actitud favorable de Alemania allanaron el camino. El 12
de junio de 1985 España y Portugal firmaban la adhesión a la CEE, que entraba en vigor el 1 de enero de 1986 con un periodo
de adaptación hasta 1993.
El presidente del Gobierno, Felipe González, en el momento de firmar el acta de adhesión

Otro asunto al que debió enfrentarse el gobierno socialista fue el referéndum de la OTAN. El PSOE prometió en la campaña
electoral de 1982 un referéndum para anular la decisión parlamentaria de ingresar en la OTAN. Pero su actitud fue cambiando
con el tiempo. En el referéndum convocado para el 12 de marzo de 1986, el gobierno apoyó el “sí” a la permanencia. Gran parte
de la izquierda seguía prefiriendo la salida de la OTAN, y además el primer partido de la oposición, Alianza Popular, optó por la
abstención. Aunque el gobierno ganó la consulta, se evidenció una fuerte oposición a su cambio de postura.

El Partido Socialista repitió mayoría absoluta en las
elecciones de 1986. Alianza Popular repitió
resultados y Fraga renunció como líder del partido,
una larga crisis que acabó en 1989 con la elección de
José María Aznar como presidente de la formación.
Pero el hecho más trascendente del periodo es el
espectacular crecimiento económico motivado por las
medidas llevadas a cabo en la anterior legislatura y la
etapa de prosperidad a nivel internacional y que
llegaría hasta 1992.
El PSOE volvió a ganar por tercera vez las elecciones en
octubre de 1989 con mayoría absoluta pero esta vez
con un descenso significativo del número de votantes.

Lo más destacado de esta etapa son los
acontecimientos de 1992. España organizó
dos grandes eventos a nivel internacional: la
Exposición Universal de Sevilla y los Juegos
Olímpicos de Barcelona. Para ambos
acontecimientos se realizaron enormes
inversiones económicas: AVE Madrid-Sevilla,
reordenación de las dos ciudades… Especial
importancia tuvo la inversión educativa dirigida
a la nueva construcción de centros escolares
debido a la nueva reforma educativa (LOGSE)
aprobada en 1991.
Pero a partir de 1993 se inició una crisis
económica a nivel internacional que afectó
profundamente a España, los buenos tiempos
habían terminado.
Exposición Universal Sevilla 92
El AVE inicia su funcionamiento
en abril del 92

En la lucha contra el terrorismo España
se vio beneficiada por la colaboración
francesa y por la unión de casi todas las
fuerzas políticas. Sin embargó, estalló el
escándalo de los GAL, un grupo armado
antietarra integrado por policías
mercenarios. También a finales de esta
legislatura empezaron a aparecer los
primeros casos de corrupción que
afectarían al partido en el gobierno.
En 1993 se inicia la cuarta y última
legislatura socialista, las elecciones le
volvieron a dar la mayoría al PSOE, pero no
tenían la mayoría absoluta y tuvieron que
pactar con Convergencia y Unió.
Si por algo se caracteriza esta última etapa
son los abundantes casos de corrupción
que a la larga acabaron con el gobierno.
Ante este clima irrespirable se adelantaron
las alecciones a mayo de 1996.

2. Los gobiernos del Partido Popular (1996-2004).
Las elecciones del 3 de mayo de 1996 dieron una ajustada victoria al PP. José María
Aznar fue nombrado presidente del gobierno, pero para gobernar necesitó el apoyo
parlamentario de los catalanistas de CiU y de los regionalistas canarios.
Por otra parte, el gobierno del PP aplicó un amplio programa de privatización de las
grandes empresas de titularidad pública, entre las cuales estaba la petrolera Repsol y la
compañía de telecomunicaciones Telefónica, muy en consonancia con la política de otros
países occidentales y una exigencia para caminar hacia la moneda única.
Por otro lado, la aproximación del PNV a Herri Batasuna, brazo político de ETA, tras el
asesinato de Miguel Blanco, concejal popular de la localidad vizcaína de Ermua
secuestrado por la banda terrorista (13 de julio de 1997), ocasionó la ruptura entre el
gobierno de José María Aznar y el PNV.
También el gobierno llevó a cabo un proceso de profesionalización de las Fuerzas
Armadas, con una importante reducción de efectivos, esto conllevó la supresión por
primera vez del servicio militar obligatorio en 1996.

El 12 de marzo de 2.000 se celebraron nuevas
elecciones generales, que dieron una abrumadora
victoria al PP, que obtuvo la mayoría absoluta. El
nuevo gobierno Aznar aprobó, con un amplio apoyo,
la nueva financiación autonómica. Sin embargo,
fueron muy discutidos la Ley de Extranjería, el Plan
Hidrológico Nacional, la Ley de Universidades, la
Ley de Calidad de la Enseñanza y el apoyo a
EE.UU. en la guerra de Irak, apoyo este último
contestado en la calle por masivas manifestaciones y
un 90% de oposición según los sondeos.
Tony Blair, George W. Bush, José María Aznar, reunidos en las islas Azores (Portugal),
el 16 de marzo de 2003.

Por su parte, el PSOE inició un proceso de reestructuración. José Luis Rodríguez
Zapatero fue elegido nuevo líder del partido. El día 1 de enero de 2002 se puso
en circulación la nueva moneda común a casi todos los países comunitarios: el euro.
Las elecciones del día 14 de marzo de 2004, y tras un brutal atentado terrorista de Al
Qaeda en Madrid el día 11, dieron la mayoría a José Luis Rodríguez Zapatero con 164
diputados frente a los 148 del PP. El día 17 de abril fue proclamado como presidente del
gobierno, el quinto de la democracia.

3. Los gobiernos del PSOE (2004-2011).
Las primeras medidas del nuevo gobierno marcaban distancias con
la etapa anterior: retirada de las tropas españolas de Irak,
derogación del trasvase del Ebro…
Desde el punto de vista económico es una etapa de crecimiento
espectacular, un modelo económico basado en la construcción y en
el turismo, España crece a un ritmo más rápido que los países de
nuestro entorno. En lo social se ponen en marcha algunas medidas:
la regulación de 580.000 inmigrantes en 2006, la aprobación del
matrimonio homosexual, la aprobación de la Ley antitabaco y la Ley
de dependencia.

Las elecciones de 2008 revalidan el triunfo de Zapatero. Si la legislatura
anterior había sido de crecimiento y un deterioro de la economía al final,
en esta, la crisis –negada machaconamente por el Gobierno al principio
de su andadura- estará omnipresente. El ejecutivo de Zapatero pone en
marcha un amplio abanico de medidas para enderezar la economía que
genera un profundo malestar: reforma laboral, recortes sociales de todo
tipo (12 de mayo de 2010)… pero nada puede evitar el colapso
económico del sector financiero y el de la construcción, pilares en los
que se asentaba el crecimiento de la etapa anterior. El paro alcanza la
cifra récord de casi 5 millones de personas. En este clima el PP gana las
elecciones autonómicas, de manera aplastante, en gran parte de las
comunidades en mayo de 2011, es sólo un anticipo de lo que pasará
el día 20 de noviembre, en esa fecha se desarrollan elecciones
generales anticipadas que dan la mayoría absoluta al Partido Popular
liderado por Mariano Rajoy.

•2011-2018: PP con Mariano Rajoy
Su primer objetivo fue afrontar la crisis
económica, cosa que hizo desde una
óptica conservadora: recortes sociales,
ley de reforma laboral que perjudica
seriamente a los trabajadores, etc. Su
mandato se ha visto salpicado por
graves casos de corrupción. Se logró
atajar la grave crisis económica pero a
base de un trabajo precario, sueldos
bajos, familias con graves carencias
sociales y fuga de cerebros. La
corrupción y la grave crisis social hizo
aflorar el movimiento social “15-M” y
la aparición de nuevos partidos
(Ciudadanos y Podemos). El procés
catalán ha sido su conflicto político
más grave.

•2018-2019.En junio de 2018. Después de la
sentencia condenatoria de la trama Gürtel,
uno de los casos más sonados de corrupción,
prosperó la moción de censura presentado por
Pedro Sánchez (PSOE), convertido en el
séptimo presidente de Gobierno de la
democracia. Su corto apoyo parlamentario le
ha obligado a convocar elecciones generales
en abril de 2019.

Durante la primera legislatura de la transición, el gobierno tuvo que hacer frente a una grave crisis económica. La transición
coincidió con el inicio de una crisis económica internacional desencadenada por una gran subida del precio del petróleo. La
economía española sufrió con extrema gravedad la recesión a partir de 1975, cuando a los problemas económicos se
sumaron la incertidumbre política y el retraso en adoptar medidas contra la crisis. El alza del precio del petróleo generó un
proceso inflacionario que alcanzó tasas del 20% anual. La pérdida de competitividad derivada de la inflación hizo descender
las exportaciones y, entre 1973 y 1974, el déficit de la balanza comercial se duplicó, por lo que la balanza de pagos paso de
un superávit de 500 millones de dólares a un déficit superior a los 3.000 millones. La depreciación de la peseta, que favoreció
el mantenimiento de las exportaciones, los ingresos por turismo y la inversión de capital exterior paliaron la gravedad del
déficit durante los primeros años.
La crisis energética derivó en una profunda crisis industrial que tuvo dos causas: en primer lugar, el aumento de los costes y
de los precios de venta como consecuencia del elevado consumo de energía; y en segundo lugar, el elevado peso en la
industria española de los bienes de consumo, la siderurgia, la construcción naval y el material de transporte, donde la crisis
alcanzó proporciones más graves. En consecuencia, el paro aumentó a un rito anual muy elevado y alcanzó el 10% en 1979.
Paralelamente, la renta anual por habiten creció algo menos del 1% en el conjunto de España entre 1975-1985
5. Evolución económica y social desde 1979 a 2008

A. El crecimiento económico (1985-2008)
Tras la grave crisis económica iniciada en 1973, las economías occidentales empezaron un proceso de recuperación y crecimiento, del
que España participó en gran medida. En esta etapa, impulsada en buena parte por las ventajas que se derivaron de la entrada en la CEE,
España acortó sus distancias con los países más avanzados y acabó situándose como la octava potencia económica del mundo. La
economía española pasó por diferentes fases:
•Fase de crecimiento (1984-91). Tras el proceso de reconversión industrial y de saneamiento del sector bancario llevados a cabo por el
PSOE, la economía española conoció una fase expansiva con una importante reactivación de la inversión, un aumento del PIB y una
sensible disminución de la tasa de paro.
•Fase de recesión (1992-97). La fase de crecimiento se agotó a partir de finales de 1982, debido principalmente a las dificultades de la
economía europea por el hundimiento de la URSS, la unificación de Alemania y la recesión económica en EE.UU. El ciclo recesivo supuso
la reducción de la tasa de incremento del PIB y el aumento de la inflación y de la tasa de paro: casi un millón de personas entre 1991 y
1994 (24% de la población activa en 1994)
•Fase de crecimiento (1998-2008). El gobierno del PP coincidió un cuna etapa de recuperación mundial de la economía. La bajada de los
tipos de interés fomentó la inversión y el consumo: la inversión aumentó un 10% y se crearon dos millones de puestos de trabajo. En la
fase final, el aspecto más negativo fue la enorme subida del precio de las materias primas y los productos energéticos, sólo frenada con
el inicio de la crisis financiera internacional en 2008.

A pesar del intenso crecimiento de las últimas décadas, la economía española ha seguido manteniendo algunos importantes
problemas estructurales. Sus tasas de desempleo figuran entre las más elevadas de los países industrializados de Europa, el
déficit exterior se ha mantenido elevado como consecuencia de las crecientes importaciones de energía y de productos
industriales, y persiste un cierto retraso tecnológico. Además, el crecimiento español se ha apoyado excesivamente en el
mercado inmobiliario, potenciado por el elevado precio de las viviendas, los bajos tipos de interés y la abundancia de los
préstamos hipotecarios de los bancos a los compradores.
En 2008 se inició una crisis financiera provocada por el desplome de las bolsas internacionales como consecuencia de las
llamadas hipotecas basura de Estados Unidos. Esto se ha comportado un radical retroceso en la concesión de préstamos, lo
que ha repercutido muy negativamente en el mercado inmobiliario y ha provocado un descenso del consumo. El parón de la
construcción en España ha venido seguido de una crisis industrial derivada de las dificultades financieras de las empresas.
Muchas empresas han hecho suspensión de pagos, han quebrado o han presentado expedientes de regulación de empleo, lo
cual ha comportado un notable aumento del paro y el inició de una recesión económica.
Las medidas para paliar los efectos de la crisis se están tomando por primera vez de forma concertada a nivel europeo e
internacional y consisten en otorgar ayudas públicas a sectores en crisis (básicamente el financiero, pero también otros como
el automovilístico) y llevar a cabo programas de gasto público y protección social.

B. El cambio demográfico y social.
En los últimos treinta años, la sociedad española ha conocido importantes cambios
demográficos y de mentalidad social. España ha pasado de ser un país de emigrantes a
ser un país receptor de inmigración, aunque este fenómeno se ha trastocado en los
últimos años.
En el año 2007, la población residente en España alcanzó los 45,2 millones de habitantes
(46,4 millones en 2016), una cifra impensable hace tan sólo doce años, cuando se creía
que el reducido crecimiento natural, la baja natalidad y el progresivo envejecimiento de
la población conducirían al estancamiento demográfico. Pero estas previsiones se vieron
alteradas como consecuencia de la masiva llegada de inmigrantes: en el año 2007 los
extranjeros residentes eran 4,5 millones (4,4 millones en 2016), el 10% de la población,
cuando en 1998 no superaban los 700.000. Así pues, el 84% de los inmigrantes llegaron a
España en los últimos años. La mayoría procede de Marruecos y de América Latina
(Ecuador, Bolivia, Perú Colombia, Argentina, República Dominicana…), pero también de
los países del Este (Rumanía, Bulgaria….). Su destino preferente ha sido la costa
mediterránea y las comunidades de Madrid, Illes Balears y Canarias.

La expansión económica ha provocado el incremento de la población ocupada en España, que pasó de 12, 5 millones a 20,3
millones en 2007. Este crecimiento hizo disminuir considerablemente la tasa de paro por debajo del 9%, aunque el empleo
creado ha sido muchas veces precario, con muchísimos contratos temporales (a finales de 2016 debido a la crisis es del
18,6%)
Paralelamente se ha producido una radical transformación del mercado de trabajo español, en el que el sector primario ha
ido perdiendo importancia en beneficio del sector secundario y sobre todo del terciario. En 2006, la población activa
ocupada en el sector de la agricultura representaba el 4,5%, en la industria el 17%, en la construcción el 13%, y en el sector
servicios el 65%. La ocupación femenina también ha continuado su tendencia al crecimiento, aunque los niveles de empleo
de las mujeres españolas siguen siendo notablemente inferiores a otros países más avanzados de Europa.

En 1986 la entrada de España en la Comunidad Económica Europea significó, de alguna manera, la normalización del país, el
último paso para dejar atrás definitivamente la dictadura, el final de la transición a la democracia.
Los precedentes.
En la década de 1960 uno de los objetivos fundamentales de la política exterior del régimen franquista fue el acercamiento a
los países de la CEE. En febrero de 1962 el Gobierno pidió oficialmente la apertura de negociaciones para ser primero país
asociado y luego miembro de pleno derecho. No hubo respuesta. Una dictadura no era compatible con las instituciones
europeas. En 1964 el Gobierno español rebajó sus pretensiones y solicitó la creación de un acuerdo de intercambio
comercial. Pero los esfuerzos diplomáticos no fructificaron hasta el verano de 1970, cuando se firmó un Acuerdo Comercial
Preferencial, básicamente un compromiso mutuo de reducción de aranceles.
6. La incorporación de España a la CEE
Firma del protocolo adicional
al acuerdo comercial
preferencial entre la CEE y
España (Bruselas, 1973)

El proceso de adhesión.
Después de la muerte de Franco, los países europeos retrasaron el inicio de negociaciones hasta confirmar que los pasos que
se daban hacia la democracia eran firmes, lo que no ocurrió hasta las elecciones generales de 1977.
El proceso de integración fue tan largo, casi ocho años de negociaciones, debido a la coincidencia de varios factores
económicos y políticos. La CEE sufría todavía los efectos de la crisis del petróleo de 1973 y los ajustes derivados de la
ampliación a nueve países (Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca). En ese contexto, la ampliación hacia el Sur (Grecia, España y
Portugal), suponía un reto complejo que se agravaba, en el caso español, por la importancia de la agricultura y la pesca y por
la extensión y población del país, con evidentes desequilibrios regionales y la peculiaridad de Canarias.
Primera ampliación (1973) Segunda ampliación (1981) Tercera ampliación (1986)

Las negociaciones, iniciadas en febrero de 1979, quedaron detenidas en el verano de 1980 por el veto francés a la ampliación aduciendo
problemas relacionados con la política agraria común y la confección de los presupuestos.
En mayo de 1982 el Gobierno de Calvo Sotelo firmó la entrada de España en la OTAN como parte de una política más decididamente
europeísta, pero no pudo superar el escollo francés, agudizado por las protestas de los agricultores franceses contra los productos
españoles. En 1983, con los socialistas en el poder tanto en España como en Francia, las relaciones entre ambos países recuperaron un
tono más cordial y se reanudaron las conversaciones con la ayuda del gobierno alemán, firme defensor de la integración española.
En junio de 1985, en una ceremonia solemne celebrada en el Palacio Real de Madrid, España firmaba el Tratado y Acta de Adhesión a la
Comunidad Europea. A partir del 1 de enero de 1986 España se convirtió en un miembro de pleno derecho de la CEE.

•La integración de España en la Unión Europea.
En junio de 1985, España firmaba el Tratado y Acta
de Adhesión a la Comunidad Europea. A partir del 1
de enero de 1986 España se convirtió en un
miembro de pleno derecho de la CEE, aportando el
12 por ciento de la población y el 6,5 por ciento de
la riqueza comunitaria.
La incorporación de España en la CEE, supuso una
serie de retos y cambios en el funcionamiento de su
economía:
•Aceptar ciertas limitaciones en su soberanía, sobre
todo en cuestiones financieras, económicas y
laborales.
•Asumir una situación de notable interdependencia
económica en un momento de creciente
mundialización.
•Incrementar la productividad económica e invertir
mucho en el terreno tecnológico para ser más
competitivos.
La entrada de España en la Unión Europea obligó
igualmente a España a realizar importantes cambios
fiscales (introducción del IVA) y monetarios: la
desaparición de la peseta y la implantación euro
como moneda única a partir del 1 de enero de 2002
Los efectos de la incorporación fueron muy notables y significaron una época de crecimiento económico sin precedentes en la
España contemporánea. En esta dinamización económica tuvo un papel destacado el flujo de capitales invertidos en España,
atraídos por la mayor confianza política y económica. Entre 1986 y 1994 entraron en España 4 billones de pesetas en capitales
exteriores, cosa que comportó la instalación en el país de numerosas empresas multinacionales. Los efectos beneficiosos fuero
casi inmediatos. España tuvo, entre 1886 y 1992, un crecimiento del PIB superior a los países de la CEE y el índice de renta per
cápita española, respecto a la media comunitaria, paso en esos cinco años del 69% al 78%

Por otra parte, España ha sido
uno de los países más
beneficiados por la Política
Agraria Común (PAC) y los
llamados “fondos
estructurales” (FEDER, FSE y
Fondo de Cohesión), que han
financiado buena parte de los
cambios estructurales del país.
España entre 1988 y 1999
obtuvo el 58% de los fondos
europeos de cohesión.

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