Este documento presenta los resultados de una encuesta nacional realizada en México sobre la cultura de la Constitución. La encuesta exploró las percepciones, actitudes y opiniones de los mexicanos sobre temas como la justicia, los derechos, la democracia y el desempeño institucional. Los hallazgos principales incluyen que la mayoría de los encuestados apoyan la democracia y los derechos humanos, pero tienen poca confianza en las instituciones. La encuesta también reveló que los mexicanos tienen un conocimiento limitado
1. Cultura de la Constitución
en México
Una encuesta nacional de actitudes
percepciones y valores
Hugo A. Concha Cantú
Héctor Fix-Fierro
Julia Flores
Diego Valadés
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
TRIBUNAL ELECTORAL DE PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA
2. CULTURA DE LA CONSTITUCIÓN EN MÉXICO
UNA ENCUESTA NACIONAL DE ACTITUDES,
PERCEPCIONES Y VALORES
3. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
Serie DOCTRINA JURÍDICA, Núm. 174
Coordinador editorial: Raúl Márquez Romero
Edición y formación en computadora: Isidro Saucedo
4. HUGO A. CONCHA CANTÚ
HÉCTOR FIX-FIERRO
JULIA FLORES
DIEGO VALADÉS
CULTURA DE LA CONSTITUCIÓN
EN MÉXICO
UNA ENCUESTA NACIONAL
DE ACTITUDES, PERCEPCIONES
Y VALORES
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA
MÉXICO, 2004
9. Cultura de la Constitución en México, una en-
cuesta nacional de actitudes, percepciones y va-
lores, editado por el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, se terminó de imprimir
el 4 de febrero de 2004 en los talleres de For-
mación Gráfica, S. A. de C. V. En esta edición
se empleó papel cultural 57 x 87 de 37 kgs. para
las páginas interiores y cartulina couché de 162
kgs. para los forros; consta de 1,000 ejemplares.
10. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Hacia finales de 2002 les propuse a Julia Flores, Héctor Fix-Fierro y Hugo Concha, que dise-
ñáramos y aplicáramos una encuesta para identificar el nivel de conocimiento de la Constitución
y la percepción de las instituciones políticas en México. Trabajamos en la formulación del cues-
tionario; su aplicación correspondió al equipo que dirige la maestra Flores.
Este es el primer estudio empírico que se hace en México teniendo como eje de la investigación
a la Constitución. Será necesario que el esfuerzo prosiga, para que en el futuro se pueda disponer
de una base de información confiable y útil para el diseño de las reformas institucionales que
se deseen llevar a cabo.
Antes de su publicación optamos por presentar esta encuesta en diferentes foros. En el primero
contamos con la participación de los profesores alemanes Peter Häberle y Markus Kotzur, así
como de distinguidos profesores mexicanos expertos en derecho, sociología, antropología y po-
lítica. La naturaleza de la encuesta obligaba a poner a prueba el modelo para convertirla en un
instrumento adecuado y así determinar algunos componentes de la cultura jurídica mexicana, y
en particular de la dimensión cultural de la Constitución.
En esa ocasión aludí a la necesidad de despejar nuevas incógnitas que nos permitieran dis-
tinguir ente pluriculturalismo y pluralismo cultural. En el primer caso, el derecho hace frente a
procesos de fragmentación social en que la convivencia se consigue merced a actitudes tolerantes
que confieren una especial dimensión a la observancia de la ley; en el caso del pluralismo
cultural se da la presencia de una cultura integrada, con diferentes matrices, y el derecho se
convierte en un factor de articulación en la medida en que garantiza espacios de libertad para
el ejercicio de las diferencias. Los ejes para construir y aplicar el derecho se apoyan en la
cultura de la tolerancia y en la cultura de la libertad, complementarias en grados variables según
las hagan necesarias los diferentes problemas que el orden normativo debe resolver.
La Constitución mexicana ha sido objeto de numerosos ajustes que han dado lugar a una
verdadera mitología constitucional. Es frecuente escuchar que la Constitución ha sido objeto de
más de cuatrocientas reformas, pero en esta materia no siempre se es riguroso y a veces esa
cifra aparece significativamente aumentada. El cómputo, en realidad, depende del baremo que
cada persona adopte. Los métodos que se siguen son varios, pero todos tienen la particularidad
de apuntar a aspectos estrictamente formales. Básicamente se contabiliza el número de decretos
mediante los que ha sido reformada la Constitución, o las veces que cada artículo ha sido mo-
dificado. Estas cuentas son siempre engañosas porque en un mismo acto reformatorio pueden
estar contenidos diversos preceptos, y las modificaciones a un mismo artículo pueden no ser
otra cosa que simples adecuaciones semánticas, que en rigor no significan una reforma consti-
tucional por sí solas. En todo caso, hasta febrero de 2003, fecha de esta encuesta, el total de
decretos ascendía a 154 y el de reformas a los artículos sumaba 403. Se trata, sin duda, de cantidades
elevadas, vistas como se quiera.
Sin embargo, hay algunos aspectos que también deben ser considerados. Por la naturaleza
del texto constitucional mexicano, que se ha hecho extraordinariamente prolijo, se obliga a que
las reformas principales vayan acompañadas de modificaciones complementarias, a las que no
se puede atribuir importancia desde el punto de vista del contenido de la reforma de fondo. Por
XI
11. XII CONSIDERACIONES PRELIMINARES
ejemplo, la reforma del Distrito Federal en 1993, cuya esencia quedó plasmada en el artículo
122, se tradujo en la modificación de otros nueve artículos; a su vez el artículo 52 fue reformado
seis veces sólo para modificar la base poblacional conforme a la cual eran elegidos los diputados.
Éstas y muchas otras reformas abultan en el total de las introducidas a la Constitución, pero su
contabilización aritmética no ayuda a tener un panorama realista de la reforma constitucional
en México.
Las causas de tantas reformas irrelevantes está en un mal diseño constitucional, que ha hecho
de la norma suprema una norma altamente reglamentaria. Para seguir con los ejemplos ofrecidos
en el párrafo anterior, la determinación del número de personas que servían como base para la
elección de diputados, se debió optar desde un principio por incluirla en disposiciones legales,
no en la Constitución; y el artículo 122 es prácticamente una Constitución dentro de otra, porque
su detallado contenido no guarda relación con la naturaleza general de una norma constitucional.
Ahora bien, el problema de una Constitución reglamentaria tiene una causa más profunda
que la de una mera falla técnica. Desde sus orígenes políticos en México se deformó el ejercicio
del poder, del que resultó un presidencialismo hipertrófico, con múltiples manifestaciones: tiranía
santanista, dictadura porfirista, hegemonía partidista. El modelo autoritario adquirió un perfil
proteico, de manera que unas veces tuvo apariencia militar, otras patriarcal, algunas paternal
providencial, con diversos episodios de demagogia y populismo.
La sociedad política se acostumbró a bascular entre la indignación y la sumisión; oscilaba
entre la inconformidad por la pérdida de libertades y la comodidad de ver satisfechas algunas
necesidades materiales; se insurreccionaba ocasionalmente ante los excesos autoritarios pero
aceptaba habitualmente los beneficios de la pasividad. El sistema constitucional se fue confor-
mando conforme a un patrón de pragmatismo y desconfianza. El pragmatismo llevaba a admitir
la presencia de una figura dominante, el presidente, a trueque de algunas ventajas en el escalafón
político, en la estructura social o en la tranquilidad doméstica. La desconfianza originó que se
fuera construyendo un complejo entramado normativo, para evitar que el llamado “ populismo
dadivoso” se transformara en un duro autoritarismo opresivo. Las experiencias represoras no se
tradujeron en procesos de democratización del poder, sino de mayor reglamentarismo constitu-
cional.
Las tensiones políticas encontraron una solución que resultaba satisfactoria para todos: la
reforma reglamentaria de la Constitución. A los titulares del poder les resolvía el problema de
compartirlo parcialmente sin tener que entregarlo a los electores, y a las fuerzas políticas les
ayudaba a superar paulatinamente el hermetismo del poder. Por agregación de demandas y de
concesiones, se fue modelando una estrategia casuista que convertía a la Constitución en el
instrumento que permitía procesar las tensiones de una manera muy eficaz y económica. Las
expresiones de inconformidad o las acciones de conciliación se traducían en norma constitucional,
y todo quedaba superado.
La Constitución, así, fue utilizada no como un texto normativo sino como un pliego de acuer-
dos políticos. La Constitución se convirtió en el instrumento idóneo para absorber los múltiples
desajustes que se producen en una sociedad políticamente compleja que no vive bajo una dic-
tadura pero tampoco en una democracia. Una serie sucesiva de contradicciones nutrió el texto
constitucional y fue alterando su estructura. La Constitución es reglamento agrario, electoral,
congresual, municipal, del Distrito Federal, por ejemplo. Las necesidades y los apremios políticos
fueron desfigurando progresivamente su contenido y su imagen, pero no por el número de sus
reformas, muchas de gran calado político, cultural y social, sino porque se convirtió en un amor-
tiguador del autoritarismo y en un sucedáneo de la democracia.
Aunque fueron adoptadas algunas reformas que atenúan la rigidez del poder presidencial (como
la fracción X del artículo 89, o la derogación de la facultad contenida en el artículo 111, que
12. CONSIDERACIONES PRELIMINARES XIII
facultaba al presidente para pedir la destitución de funcionarios judiciales, incluidos los ministros
de la Suprema Corte de Justicia), la Constitución nunca desmontó la concentración del poder de
los presidentes ni instituyó mecanismos eficaces de control político. Dentro del texto constitu-
cional pugnan las instituciones de la democracia electoral y de un control judicial muy desa-
rrollado, con las limitaciones impuestas al Congreso y la naturaleza unipersonal del gobierno.
En la Constitución coexisten dos sistemas constitucionales: el de la democracia y el del au-
toritarismo. Ese dualismo convierte al texto en una fuente de contradicciones. Se puede apelar
a la Constitución para la defensa de las libertades al mismo tiempo que se puede ocurrir a ella
para justificar el ejercicio personalísimo del poder; se puede invocar la Constitución para la
obtención de derechos prestacionales, y se la puede utilizar para justificar los mecanismos de
concentración de la riqueza. A fuer de acoger una larga serie de demandas y de resolver una
amplia cauda de problemas, el orden constitucional se transformó en un híbrido que comenzó
a suscitar rechazo político. De manera paulatina se fue articulando un discurso descalificatorio
basado en la denuncia de que la Constitución está excesivamente “ parchada” , y abogando por
su sustitución.
La defensa de la Constitución no se basa en su intangibilidad, sino en la conveniencia de no
abrir un debate sobre todo su contenido que pueda llevar a la ruptura de los consensos básicos
todavía subsistentes. Sin embargo, desde todas las perspectivas es posible abundar en argumentos
favorables para una nueva constitucionalidad. Para quienes postulan la necesidad de una Cons-
titución nueva y para los que sostenemos la idoneidad de reformarla, es indiscutible que el texto
actual presenta signos de caduquez. Ésta es una percepción que ya domina el ámbito académico
y el político, pero se hacía necesario precisar hasta qué punto está también presente en el espacio
social. De ahí que resultara imprescindible medir la actitud de la sociedad y calibrar, por sus
diferentes respuestas, el nivel de involucramiento colectivo con la norma suprema.
La Constitución no es sólo el estatuto jurídico del poder, o el instrumento regulador de las
relaciones entre gobernados y gobernantes, o el núcleo normativo de los derechos fundamentales
y de sus garantías; es también el referente común que hace posible la vida de una sociedad. La
cohesión social resulta de un orden constituido, aceptado espontáneamente y considerado de
manera general como razonable. Cuando la norma suprema deja de ser el eje de la cohesión,
las sociedades suelen buscar otros factores que la integren. Puede encontrarlos en valores reli-
giosos, en tradiciones históricas, en símbolos compartidos; pero también puede encontrarlos en
personajes carismáticos o en proyectos políticos seductores. La caída de la República de Weimar,
tras el agotamiento de su Constitución, es un buen ejemplo de cómo se producen esas transpo-
siciones de los factores cohesivos.
En tanto que ésta es la primera encuesta en su género que se lleva a cabo en México, no
podemos saber cuáles eran los niveles previos de conocimiento y de adhesión a la Constitución.
Al analizar los resultados de esta encuesta se advertirá que el sentimiento constitucional es
bastante tenue entre nosotros. Para determinarlo buscamos indicadores directos (conocimiento
de la Constitución y de las diversas instituciones constitucionales) e indirectos (niveles de sa-
tisfacción en cuanto a la situación económica, al comportamiento de los agentes políticos), así
como referentes que permitieran valorar el nivel de relación entre los gobernados y las institu-
ciones, por ejemplo la predictibilidad del comportamiento institucional y la accesibilidad y con-
fiabilidad de sus titulares. En cuanto al grado de satisfacción con el funcionamiento de las ins-
tituciones, las expresiones dominantes apuntan hacia rangos inferiores. La mayor parte de los
signos medidos son negativos; la actitud que prevalece en el grupo social analizado denota
escaso conocimiento de la norma y una baja valoración de sus resultados prácticos.
Debe tenerse presente el efecto expansivo de la falta de adhesión a la Constitución. Además
de las causas apuntadas, también han ejercido una presión negativa la política económica orien-
13. XIV CONSIDERACIONES PRELIMINARES
tada a favorecer la concentración de la riqueza, la política social adversa al Estado de bienestar
y la política jurídica que corresponde a una concepción de “ Estado pequeño” . En tanto que el
diseño constitucional obedece a proyectos exactamente opuestos a las políticas en marcha, se
genera un desajuste entre la Constitución y sus perceptores. La reprobación de las instituciones
políticas (Presidencia, partidos, Congreso, etcétera), el alto umbral de la desconfianza, los ele-
vados niveles de desinterés en cuanto al conocimiento de las normas y de la operación de las
instituciones, denotan un estado de ánimo poco propicio para la Constitución.
Además de los factores que resultan del papel atribuido durante décadas a la Constitución,
hay otros elementos que se suman a la generación de reacciones de indiferencia o de desafecto
por la norma básica. Uno de ellos es el hecho de que durante diez años (cumplidos el 1o. de
enero de 2004) se ha sostenido una situación de anomalía institucional en Chiapas. Para quienes
se inclinan por el reconocimiento sin taxativas de los derechos culturales, la subsistencia del
problema en Chiapas denota la falta de una adecuada respuesta constitucional; para quienes la
reforma constitucional de 2001 a los artículos 1o., 2o. y 4o. fue suficiente, lo que hay es in-
transigencia por parte del grupo zapatista. Para unos y para otros la Constitución es una norma
precaria que no satisface sus expectativas. Al margen de las consideraciones de justicia que se
hagan con relación a los indígenas, el hecho es que hay un espacio del territorio y un segmento
de la población sujeto a un orden constitucional precario, y ese problema ha dejado de ser
relevante para las autoridades investidas de facultades para atenderlo.
De la misma forma, en México se han multiplicado los episodios que, en otros sistemas,
serían un claro indicador de crisis institucional. La toma del recinto de la Cámara de Diputados
por personas a caballo, después de derribar la reja protectora; la presencia reiterada de grupos
armados desfilando por las principales vías de circulación de la ciudad de México; el bloqueo
de oficinas públicas y el secuestro de funcionarios; las ejecuciones mediante linchamiento de
presuntos delincuentes; el crecimiento de la economía informal; la utilización de la tribuna con-
gresual por parte de personas ajenas al Congreso, con el rostro cubierto y con un fuerte discurso
adverso al orden jurídico, son sólo algunos casos que denotan la caduquez del orden establecido.
Todos estos hechos habían ocurrido antes de que la encuesta sobre la Constitución se hubiera
aplicado.
Es evidente que esos procesos de deterioro deben ser examinados y encauzados a través de
medios razonables que eviten la ruptura de la paz social; pero también resulta obvio que si se
registran semejantes acontecimientos es porque el orden institucional ha dejado de ofrecer res-
puestas satisfactorias para diferentes segmentos de la sociedad. La función mediadora del derecho
está cediendo ante la fuerza de los hechos, sin que ésta a su vez genere un nuevo esquema
normativo. Los actos de tolerancia son indispensables para sortear los riesgos de un colapso;
pero, en tanto que toda decisión política tiene un costo, se ha tenido que optar entre la paz
social y la positividad del derecho. Si trasladáramos los episodios aludidos a otro contexto, e
imagináramos qué pasaría si el Capitolio de Washington fuera invadido por un grupo de jinetes,
o si un grupo armado desfilara por los Campos Elíseos, o si personas enmascaradas hablaran
en el Parlamento británico, o si el alcalde de Berlín desconociera las sentencias del Tribunal
Constitucional, no se dudaría en afirmar que en cualquiera de esos países se estaría viviendo
una crisis institucional.
Esa crisis está presente en México, y se refleja en las respuestas que recibió esta encuesta;
significativamente, la sociedad mexicana también reclama la consolidación del Estado de derecho
y del sistema democrático. Las respuestas, en este sentido, son alentadoras. Si bien, como se
dijo antes, la percepción de la Constitución es desfavorable, la actitud hacia los valores que
simboliza un Estado constitucional es muy positiva. Aun cuando la mayor parte de los entre-
vistados no haya podido verbalizar cuáles son los cambios que espera en el ámbito de la Cons-
14. CONSIDERACIONES PRELIMINARES XV
titución, sí resultó muy claro que esos cambios se desean y se necesitan. Sin embargo, también
debe advertirse que el reclamo general por un Estado de derecho puede tener dos derivaciones:
la aplicación rigurosa de la ley, o la reforma del orden normativo vigente. En el primer caso
se corre el riesgo de endurecer las reacciones del poder; en el segundo, habría que acompañar
las reformas con acciones que involucraran a la sociedad en su observancia.
Con esta encuesta, el Instituto de Investigaciones Jurídicas aspira a aportar un elemento más
de información y de análisis para contribuir al desarrollo institucional de México. Se requiere
definir el perfil de las reformas y la estrategia de su implantación; son dos cuestiones comple-
mentarias. Los contenidos de la reforma, sin el correlato de su adecuada observancia, sólo
generarían una nueva sensación frustrante. Esta encuesta revela hasta qué punto existe una
percepción social de ajenidad del orden constitucional. Los solos cambios normativos no
suponen una respuesta inmediata en favor de la norma. Para revertir la distancia entre la
sociedad y su norma suprema no sólo es necesario superar los problemas jurídicos y políticos
que llevaron a esta situación; también lo es advertir que la relación entre la Constitución y la
sociedad es un fenómeno que corresponde a la cultura. Justamente en esta dirección quisimos
diseñar la encuesta.
Además de la utilidad académica que la encuesta pueda tener, se quiere ofrecer nuevos
elementos de consideración a quienes están interesados en conocer la importancia cultural de
la Constitución mexicana, y a quienes están formalmente investidos de atribuciones para tomar
decisiones legislativas y de políticas públicas.
Este trabajo tendrá que ampliarse en el futuro, para que la encuesta se transforme en un
instrumento de aplicación periódica que permita valorar la dirección en que nos movemos. Pau-
latinamente tendremos que adoptar los instrumentos de investigación empírica como una de las
claves para el diseño institucional. De no hacerlo, seguiremos improvisando y acertando sólo
en razón de la ley de probabilidades. Las decisiones políticas son la génesis de las instituciones,
pero el diseño institucional es una cuestión técnica que requiere de diversos elementos de apoyo:
análisis jurídico comparado; examen del entorno cultural; valoración del impacto social, cultural,
económico y ecológico de las instituciones; estudio de las interacciones institucionales; infor-
mación empírica; ejercicios de retrospección y de prognosis.
La complejidad del Estado contemporáneo obliga a emplear todos los recursos de la inteli-
gencia y de la información, en un espacio donde se garanticen las libertades, para desarrollar
las instituciones dentro de patrones razonables y viables. Debe evitarse el riesgo de formular
diseños institucionales sólo desde la perspectiva del laboratorio o únicamente para acomodarse
a soluciones de coyuntura. Ambas modalidades han sido aplicadas en México, con resultados
desfavorables para el sistema constitucional. Las soluciones de corto plazo y para sortear pro-
blemas circunstanciales han dejado un sistema que va perdiendo su soporte social. Las institu-
ciones constitucionales tendrán que ofrecer respuestas satisfactorias para las demandas de justicia,
de equidad y de ética pública que se hacen evidentes por parte de la sociedad.
Entiendo a la cultura jurídica como el conjunto de ideas, convicciones, percepciones, tradi-
ciones y conductas predominantes en una comunidad, en un momento determinado, relacionadas
con la organización, el funcionamiento, los efectos y la evolución de las instituciones. Mediante
esta encuesta se exploró uno de los elementos de la cultura jurídica mexicana, en tanto que se
procuró identificar las percepciones sociales referidas a la Constitución. Para componer el mo-
saico general de la cultura jurídica en México será necesario trabajar en muchos otros campos
todavía poco explorados entre nosotros; pero en todo caso los autores hemos querido contribuir
en esa dirección, ofreciendo a los estudiosos del derecho un instrumento que esperamos sea útil
para su trabajo.
15. XVI CONSIDERACIONES PRELIMINARES
La realización de esta encuesta contó con el valioso apoyo del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a cuyos titulares
ofrezco una constancia pública de reconocimiento.
Ciudad Universitaria, diciembre de 2003.
Diego VALADÉS
16. PREFACIO
Este trabajo sintetiza los resultados de la investigación “ La cultura de la Constitución” diseñada
por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Unidad de Estudios sobre la
Opinión del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (UDESO), y levantada y procesada
por la UDESO, para conocer los factores principales que inciden en las actitudes, opiniones y
valores de la población frente a la Constitución, la legalidad y la justicia. La investigación se
dirige también, a recoger las percepciones del desempeño institucional y algunos elementos de
la cultura política de los mexicanos.
Con el propósito de hacer posible que el estudio sea replicado por otros, se exponen las
nociones teóricas, las consideraciones metodológicas que fundamentan el trabajo, los resultados
de la encuesta nacional en vivienda aplicada a 1,794 personas de 15 años y más, así como un
breve análisis de sus efectos y significados.
El estudio constata la alta valoración que la mayoría de los entrevistados tiene de la Cons-
titución. Asimismo, da cuenta del desconocimiento de la población sobre sus contenidos. Indica
que las opiniones acerca de su modificación y posible cambio están divididas; no obstante, se
afirma la necesidad de la instauración plena de un Estado de derecho.
La investigación muestra que existe una gran desconfianza y falta de credibilidad en las ins-
tituciones y los partidos políticos y se observa una amplia gama de perspectivas y valoraciones,
de corte negativo sobre el sistema de impartición de justicia en el país. Señala que los intentos de
cambio a la Constitución tendrán que vincularse a factores como la existencia de procesos amplios
de participación de diversos grupos y sectores o la incorporación de los nuevos problemas so-
ciales. Sugiere, además, que es importante la difusión de los contenidos de la Constitución entre
la población para poder trascender a una auténtica cultura de la legalidad.
La tendencia, confirmada en varios estudios, al endurecimiento de la sociedad, como resultado
de preocupaciones relativas a la inseguridad y la violencia, aunada al bajo nivel de información
que existe entre la población acerca de las leyes e instituciones, hace necesario pensar en formas
novedosas y flexibles para la promoción de la participación ciudadana en el mejoramiento de
la impartición y procuración de justicia.
Dichas formas y contenidos no necesariamente tendrán que provenir del diseño de las auto-
ridades y expertos en la materia, sino que será necesario recuperar la experiencia y el capital
cultural existente en la sociedad.
Los autores desean expresar su agradecimiento a las siguientes personas: Yvón Angulo, quien
llevó a cabo los cálculos y el procesamiento estadístico de la sección de léxico; Nivia Brismat
y Carlos Silva, quienes con dedicación elaboraron los cuadros y tuvieron a su cargo la revisión
del documento.
XVII
17. INTRODUCCIÓN
Esta investigación tiene varios propósitos: por una parte, está dirigida a recoger el conocimiento
que los ciudadanos tienen sobre la Constitución. En este sentido, se indaga sobre los derechos
ciudadanos y su cumplimiento, los actores que los transmiten y los ámbitos en que se reproducen.
Igualmente, se orienta a la identificación de los patrones culturales: las opiniones, valores y
creencias que enmarcan la cultura de la legalidad y su vinculación con la cultura política. Un
tercer propósito de la investigación fue el de captar las orientaciones hacia la democracia y sus
valores como elemento definido y contorneado en el texto constitucional. Finalmente, se recogen
las percepciones del poder, de las formas de representación y el desempeño institucional, como
elementos de conformación del sistema político en un contexto de cambio.
Se analizan aquí los factores principales que inciden en las percepciones, las actitudes, valores
y opiniones de la población mexicana sobre la Constitución, como el nivel de información, los
ámbitos de socialización y la valoración de las instituciones, la vinculación con la comunidad
y las formas preferidas para la toma de decisiones.
Se estudian, además, las relaciones que guardan estos factores entre sí y con variables como
el sexo, la edad, la escolaridad, la ocupación, el ingreso y la simpatía por un partido político.
Finalmente, se examinan los sistemas culturales y de representaciones sociales de la Consti-
tución que sustentan las preferencias de los entrevistados en el ámbito de la comunidad. Los
elementos aquí estudiados permiten sentar las bases para formular inferencias sobre las valora-
ciones y expectativas hacia los procesos de participación ciudadana y la construcción de un
Estado de derecho y dibujar algunos elementos de una cultura que está cambiando. Asimismo,
los resultados de una investigación como ésta, permiten conocer la Constitución tal y como se
vive, interpretándose y practicándose día con día en nuestro país por los actores sociales, inde-
pendientemente de lo que el texto establece en sus 136 artículos.
Los apartados en los que se divide este informe son los siguientes: el primer apartado contiene
las consideraciones teóricas y metodológicas de la investigación; en el segundo se presenta un perfil
de la población entrevistada; en un tercer apartado se estudian las percepciones sobre la situación
del país que permiten reconstruir el contexto en el que se enmarcan las percepciones de la
Constitución; en el cuarto apartado se abordan los procesos de socialización y transmisión de valores.
El quinto apartado se dedica al análisis de los valores y las percepciones de la ley, la justicia
y la legalidad; en el sexto, se examinan las percepciones sobre el sistema judicial de nuestro
país; el séptimo apartado se dirige a revisar los valores y las actitudes hacia la Constitución,
así como las percepciones de su vinculación con la realidad actual de México. En un octavo
apartado se estudia la disposición hacia la democracia, sus reglas y valores; el noveno y
último apartado se dirige a analizar la percepción del desempeño de las instituciones. Al final
se incluye un resumen de los resultados de la investigación, se consignan las conclusiones del
trabajo y se ofrece una bibliografía.
El documento se acompaña de cuatro anexos que comprenden: el diseño de la muestra (anexo
I), los instrumentos utilizados en la investigación (anexo II) y las tablas que contienen los cruces
básicos para cada pregunta de acuerdo al sexo, la edad, la escolaridad, el ingreso, la ocupación,
la simpatía por una partido político y las regiones del país (anexo III). En el anexo IV, se
presenta la metodología utilizada para calcular los índices de disponibilidad léxica.
1
19. I. CONSIDERACIONES TEÓRICAS
Y METODOLÓGICAS
1. Consideraciones teóricas
Sin duda una encuesta como la que se presenta aquí tiene numerosos referentes teóricos en
diversas disciplinas. Así, podemos mencionar como disciplinas relevantes la ciencia y la socio-
logía jurídicas, lo mismo que la ciencia y la sociología políticas. Como conceptos teóricos más
concretos cabe mencionar el de opinión pública y los de cultura política, cultura constitucional
y cultura jurídica.
En este apartado se plantearán brevemente algunas reflexiones que se han desarrollado en el
campo de la sociología del derecho —disciplina hasta ahora poco difundida y cultivada en Mé-
xico— y que pueden servir como puntos de referencia relevantes, además de los proporcionados
por otras disciplinas, para el análisis de los resultados de la encuesta.
Los llamados estudios sobre “ conocimiento y opinión sobre el derecho” (knowledge and opi-
nion about law, o KOL) han despertado fuertes críticas por parte de algunos sociólogos del
derecho, quienes señalan, por ejemplo, que las encuestas difícilmente permiten generalizar re-
sultados, así como tampoco obtener soluciones específicas para los problemas que se plantea la
política jurídica, es decir, la modificación y perfeccionamiento del ordenamiento vigente.1 El
conocimiento sobre el derecho, si por tal se entiende el saber sobre el contenido de determinadas
normas jurídicas positivas; por ejemplo, sobre las conductas prohibidas por el Código Penal y
las sanciones aplicables a los infractores que revelan los estudios de opinión resulta preocupante
o risible, según se vea, pero resulta perfectamente explicable.
El orden jurídico moderno se ha vuelto tan complejo, que el desconocimiento del derecho
no sólo se vuelve inevitable sino aconsejable. No es racional para el individuo acumular cono-
cimientos jurídicos, a menos, claro está, que se trate de una actividad profesional o de que tenga
que ver habitualmente con cierto tipo de asuntos jurídicos. Basta, por el contrario, saber que
todo el derecho está escrito y que se puede conocer (con ayuda profesional) en caso de necesidad.
Por lo demás, prácticamente la totalidad de las disposiciones jurídicas dejan de tener un signi-
ficado con el cual el individuo pueda identificarse. El individuo ya no reconoce al derecho como
asunto propio, sino en la medida en que afecte a sus derechos e intereses personales.2
No obstante, se puede alegar que existen ciertos campos jurídicos, como la esfera íntima o
la pública, en los que todos tenemos algún interés. Por ello, el conocimiento o desconocimiento
del derecho en estos campos —si no del contenido específico de las normas, sí al menos de
los valores y expectativas sociales básicos que incorporan— tiene un significado mucho más
amplio y profundo para el desarrollo de la comunidad política. Al menos en la parte que se
refiere de manera específica a la Constitución y los valores constitucionales, la presente encuesta
parte de la idea —afirmada insistentemente por el profesor alemán Peter Häberle—3 que la
1 Véase Luhmann, Niklas, Rechtssoziologie, Reinbek, Rowohlt, 1972, 2 vols., pp. 5 y 6. Rottleuthner, Hubert,
Einführung in die Rechtssoziologie, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1987, pp. 159 y ss.
2 Luhmann, op. cit., nota 1, pp. 254-256.
3 Por ejemplo, Häberle, Peter, El Estado constitucional, trad. de Héctor Fix-Fierro, México, UNAM, 2001, pp.
149 y ss.
3
20. 4 CONCHA / FIX-FIERRO / FLORES / VALADÉS
Constitución nos interesa a todos, que todos somos sus intérpretes en un sentido amplio porque
todos vivimos sus normas.
Como podría esperarse, las respuestas a numerosas preguntas de la encuesta muestran, ine-
vitablemente, un alto grado de desconocimiento del contenido de las normas constitucionales y
legales, pero —y esto es sin duda mucho más importante y positivo— también hasta qué punto
han penetrado ya en la conciencia colectiva de los mexicanos algunos valores y expectativas
institucionales, como las elecciones libres o la libertad religiosa. De esa constatación se derivan,
por supuesto, importantes conclusiones tanto sobre la apuesta histórica que ha significado cons-
truir un Estado constitucional moderno en México, como sobre sus perspectivas de desarrollo
en el futuro inmediato.
La sociología del derecho ha elaborado diversos conceptos que, en un nivel de cierta abs-
tracción teórica, tratan de explicar cuál es el efecto de las actitudes y opiniones de las personas
sobre el funcionamiento de las instituciones jurídicas, pero también del efecto de éstas sobre
aquéllas. Podemos mencionar aquí el concepto de conciencia jurídica y de cultura jurídica. El
primero ha sido analizado recientemente por dos autoras norteamericanas, Patricia Ewick y Susan
Silbey, quienes realizaron un estudio empírico sobre las actitudes básicas de los ciudadanos
ordinarios hacia el derecho y las instituciones jurídicas en una comunidad del noroeste de los
Estados Unidos.4 Las actitudes básicas que ellas proponen son tres: before law, with law, against
law (“ ante la ley” , “ con la ley” , “ contra la ley” ). La primera actitud concibe al derecho y las
instituciones jurídicas como un aparato impersonal, intemporal, abstracto, lejano e incompren-
sible. La segunda actitud implica el uso del derecho como instrumento en una especie de juego
que se puede aprender a jugar, y a explotar, según los intereses propios. Por último, la tercera
actitud implica un elemento de rebeldía, de desconocimiento, de subversión, que se puede pro-
ducir incluso en las pequeñas batallas de la vida cotidiana.
Sin duda, los juristas tienden a favorecer la primera actitud, pues se presenta próxima al
respeto que exige la autoridad majestuosa de la ley, mientras que podrían encontrar problemática
la segunda e inaceptable la tercera. Sin embargo, bien se puede argumentar, desde un punto de
vista sociológico, que las tres actitudes se encuentran siempre presentes en una comunidad e
incluso que es necesario que las tres existan, pues su combinación es parte significativa de la
dinámica de permanencia y cambio del orden jurídico. Es el predominio de una u otra lo que
confiere una dinámica particular al sistema jurídico. En los resultados de la encuesta aparecen
indicios de las tres actitudes, aunque las preguntas no fueron diseñadas expresamente para pro-
fundizar en este punto. Sin embargo, un punto importante para reflexiones futuras se refiere,
como ya se dijo, a la articulación de las tres actitudes en el conjunto de la conciencia jurídica
de los mexicanos.
El concepto de “ cultura jurídica” ha sido utilizado sobre todo por el profesor estadounidense
Lawrence M. Friedman para indicar las actitudes, opiniones y valores de las personas en relación
con el derecho y las instituciones jurídicas.5 Para Friedman, estas actitudes, opiniones y valores
pueden contribuir a explicar el funcionamiento de las instituciones del derecho, en la medida
en que influyen en la disposición de las personas a acercarse a ellas, a cumplir con sus deter-
minaciones o a evadir su actuación. Friedman distingue también entre cultura jurídica interna,
esto es, la de los profesionales y operadores del derecho, y la cultura jurídica externa, es decir,
la de quienes se mueven habitualmente fuera del mundo del derecho.
4 Ewick, Patricia y Silbey, Susan S., The Common Place of Law. Stories of Everyday Life, Chicago, Chicago
University Press, 1998.
5 Friedman, Lawrence M., The Legal System. A Social Science Perspective, New York, Russell Sage Foundation,
1975.
21. CULTURA DE LA CONSTITUCIÓN EN MÉXICO 5
El concepto de Friedman ha sido sometido a una fuerte crítica. Para algunos, se trata de un
concepto vago e impreciso y, por tanto, de escasa o nula utilidad.6 Otros han puesto en duda
que el lado de la “ demanda” (opiniones y actitudes) tenga capacidad explicativa sobre el fun-
cionamiento de las instituciones, cuando es la dimensión institucional (la “ oferta” ) la que de-
termina claramente las actitudes y opiniones sobre el funcionamiento del derecho. En todo caso,
el concepto de cultura jurídica debería reservarse a la relación entre estos distintos niveles.7
Tenemos aquí en realidad, como sucede con el concepto de cultura cívica, una relación circular
que depende de una diferencia de perspectiva según el mensaje que pretenda transmitir el análisis:
resaltar el peso y la continuidad de la historia en la evolución de las instituciones, por un lado,
o bien, poner énfasis en la capacidad transformadora de la acción institucional sobre la sociedad,
por el otro.
En relación con el concepto de cultura jurídica, podría afirmarse que la situación en México
es tal que ambas perspectivas resultan relevantes para el análisis. La fragilidad de las instituciones
y la acelerada dinámica de cambio social nos llevan a examinar, por una parte, las bases
sociales y culturales que permitirían y promoverían la implantación de instituciones modernas
y eficaces; por la otra, el diseño correcto de instituciones que sean capaces de echar raíces en
la sociedad mexicana y de orientar efectivamente el comportamiento de los ciudadanos. Claro
está que, en el ámbito político, la palanca del cambio intencional se encuentra del lado de las
instituciones, razón por la cual dicho cambio requiere una reflexión previa profunda sobre el
tipo de sociedad en el que se lleva a cabo tal intento de transformación.
En resumen, en el campo del derecho nos encontramos todavía en la “ encrucijada entre tra-
dición y modernidad” ,8 una encrucijada, no obstante, que ya permite observar los puntos de
salida y de posible llegada. Contamos con indicios de que las expectativas del ciudadano me-
xicano han empezado a dirigirse de manera más acentuada hacia el derecho y las instituciones
jurídicas; conflictos que en otros tiempos se hubieran dirimido por la violencia o en la arena
política, recorren ahora vías en las que los tribunales desempeñan un papel central.9 Cabe esperar
que ello se refleje en los estudios de opinión. Por ello, en la presente encuesta se empieza a
explorar la disposición de las personas a acudir a los mecanismos del derecho, así como su
evaluación de la eficacia de los mismos en relación con otras alternativas. Desafortunadamente,
carecemos todavía de suficientes datos como para realizar una comparación de estas cuestiones
en el tiempo, pero con la primera encuesta nacional sobre la Constitución se ha dado un paso
de la mayor importancia.
6 Por ejemplo, Cotterrell, Roger, “ The Concept of Legal Culture” , en Nelken, David (ed.), Comparing Legal
Cultures, Aldershot, Dartmouth, 1997, pp. 13-31.
7 Blankenburg, Erhard, “ Legal Culture on Every Conceptual Level” , en Feest, Johannes (ed.), Globalization and
Legal Cultures, Oñati, IISL, 1999, pp. 11-19. Blankenburg sostiene que son las instituciones (la “ oferta” ) las que
moldean las expectativas y el comportamiento de la población y no a la inversa. Prueba de ello es la comparación
que realizó entre las culturas jurídicas de los Países Bajos y el Land alemán de Renania del Norte-Westfalia, regiones
muy similares en lo social y lo económico, pero que presentan fuertes diferencias en cuanto a niveles de litigiosidad.
La explicación, según Blankenburg, se encuentra en una mayor oferta de mecanismos extrajudiciales de solución de
conflictos en los Países Bajos y no en las actitudes de la población. Blankenburg, Erhard, “ The Infrastructure for
Avoiding Civil Litigation: Comparing Cultures of Legal Behavior in The Netherlands and West Germany” , Law and
Society Review, vol. 28, núm. 4, 1994, pp. 789-808.
8 López-Ayllón, Sergio, Las transformaciones del sistema jurídico y los significados sociales del derecho en
México, México, UNAM, 1997.
9 Fix-Fierro, Héctor y López-Ayllón, Sergio, “ Legalidad contra legitimidad. Los dilemas de la transición jurídica
y el Estado de derecho en México” , Política y gobierno, México, vol. VIII, segundo semestre de 2001, pp. 347-393.
22. 6 CONCHA / FIX-FIERRO / FLORES / VALADÉS
Preguntas que orientan la investigación
¿Cuál es el nivel de conocimiento que los ciudadanos tienen sobre la Constitución? ¿Qué
sabemos de la eficacia de las normas constitucionales? ¿Qué tanto el conocimiento de la Cons-
titución incide en el comportamiento social de los mexicanos y en el nivel de funcionalidad de
las instituciones políticas? ¿Qué tipo de actitudes, valores y orientaciones hacia la justicia y la
legalidad predominan en un contexto de cambio político y de cambio de siglo? y ¿qué moda-
lidades asume la relación entre las instituciones y los ciudadanos en este contexto? ¿De qué
manera las instituciones contribuyen al desarrollo de la democracia y la instauración de un Estado
de derecho o los obstaculizan?
A los acelerados acontecimientos y transformaciones de los últimos años, es fácil deducir
que existe una falta de articulación y correspondencia de las nuevas formas de actividad política
y las normas jurídicas que pretenden regular la conducta de la sociedad en su conjunto. Esta
situación genera una amplia diversidad de apreciaciones y opiniones sobre la legalidad, la justicia
y la relevancia de las instituciones jurídicas. Como elemento fundamental de análisis, es preciso
conocer sobre estas apreciaciones y percepciones.
De la misma manera, existe un amplio espectro de problemas sociales frente a los cuales no
existen las suficientes respuestas, en un contexto de supra-ordenación y arbitrio10 que en lo
esencial no se ha modificado y que sigue funcionando como el principal referente de evaluación
de prácticas políticas y sociales. En nuestro país el apego a la Constitución, así sea en un plano
principalmente formal y hasta retórico sigue siendo el parámetro de juicio sobre lo acertado o
no de un proceso y una práctica política. Las evidentes transformaciones, antes mencionadas,
han repercutido directamente sobre el marco organizativo y de conducta existente.
Esto genera una tensión en lo relativo a la necesidad de adecuar el marco constitucional a
la nueva realidad. Existe una importante divergencia en cuanto a las opiniones para llevar a cabo
cambios que adecuen este marco normativo de naturaleza suprema. La divergencia apunta a
distintas formas para llevar a cabo estos cambios y sobretodo a los contenidos que definen la
magnitud del cambio necesario. Esta valiosa información es posible obtenerla a través de un
instrumento como esta encuesta.
El contorno de la opinión pública se determina circunstancialmente por varios factores: pri-
mero, por la variedad en la información que transmiten los líderes de opinión;11 segundo, por
la atención y el interés de los seguidores o interesados en esta información, y tercero, por las
diferencias individuales en los valores políticos y otras predisposiciones sociales.
La cultura política de los mexicanos está cambiando; cambian también los contornos de la
opinión pública. Surgen nuevas formas de actuar en el terreno de lo público que antes no se
pensaban como políticas, se presentan transformaciones en los valores y actitudes hacia la po-
lítica, la ley y la justicia, y las predisposiciones y prácticas de los ciudadanos se desenvuelven
en forma desigual, en distintos campos.
Sin embargo, no se ha resuelto aún la manera en que estos cambios han de articularse tanto
con las nuevas normas y prácticas como con las normas y prácticas tradicionales. El encuentro
y el desfase de los problemas y las soluciones de ayer y de hoy originan distintas apreciaciones
sobre la legalidad, la justicia y la Constitución en México.
Las transformaciones sociales acaecidas en los últimos años, las migraciones internas e in-
ternacionales, el reclamo de las identidades y el reconocimiento de la multiculturalidad, el papel
10 Véase como referencia el trabajo de Aragón, Manuel, “ Sobre las nociones de supremacía y supralegalidad
constitucional” , Revista de Estudios Políticos, 1986.
11 Véase, Zaller, John, The Nature and Origins of Mass Opinion, Boston, Cambridge University Press, 1992.
23. CULTURA DE LA CONSTITUCIÓN EN MÉXICO 7
más activo y las nuevas formas que asume la ciudadanía entre otros elementos, han dado lugar
a la aparición de nuevos actores y problemas sociales para los cuales no existen respuestas
institucionales, ni marcos legales establecidos. Se carece, en términos generales, de una visión
sistemática y suficientemente amplia de las características y dinámicas de estos nuevos interlo-
cutores.
No obstante, la Constitución continúa presente como el marco arbitral histórico. Como un
proyecto de país respecto del cual es posible alejarse o acercarse, pero nunca sustraerse. Hasta
hoy, gobiernos y acciones tienden a ser juzgados de acuerdo a parámetros de cercanía o aleja-
miento con respecto a la norma constitucional.
La posibilidad de contemplar cambios a la Constitución, hace indispensable recuperar las
dimensiones microsociales en donde las sociedades se matizan, en donde se diferencian y se
crean identidades, en donde el campo de la normatividad cotidiana es el que define la forma
en que se desarrolla la sociedad.
Una Constitución es mucho más que el conjunto de normas que la componen. Al ser el
espacio de acuerdos originarios y fundamentales de la comunidad política, la Constitución tras-
ciende el conjunto de principios orgánico-estructurales que dan forma y vida a las instituciones
políticas de un Estado, así como también al conjunto de derechos fundamentales que se establecen
para delinear las relaciones entre estas instituciones políticas y la sociedad. La Constitución es
también, y de manera preponderante, lo que la sociedad entiende y percibe del texto normativo.
La sociedad utiliza de alguna manera a la Constitución como el referente básico de su compor-
tamiento político, y a partir de ahí la interpreta y la practica. En este sentido la práctica cons-
titucional forma parte fundamental del valor de una Constitución.12 Acercarse a estas formas de
representación y conocimiento contribuye a entender el grado de eficacia de la norma constitu-
cional.13 Es en este sentido que el constitucionalista alemán Peter Häberle llega a definir a la
Constitución como el “ gran proceso público de la sociedad pluralista” .14
Hablar de la cultura de la Constitución es hablar de lo que efectivamente, o empíricamente,
dicha Constitución es en la vida político-social de una comunidad. Se trata de una manera para
descubrir lo que una Constitución es a partir de las actitudes, valores, opiniones y percepciones
que la sociedad tiene respecto a la norma suprema. Así se entiende uno de los objetivos prin-
cipales de esta investigación. Idealmente, este trabajo debería de contribuir a acercar el texto
normativo a su realidad, independientemente si esta realidad se caracteriza por un distanciamiento
en su conocimiento y observancia.
En este sentido, parece imprescindible recoger aquellos temas surgidos de la cotidianeidad,
para que el quehacer de los legisladores, de quienes imparten y procuran la justicia y quienes
la estudian, recobre su punto de referencia con las vidas y las inquietudes de los ciudadanos.15
Pero todo ello requiere de la búsqueda de nuevas formas de creación de las normas y leyes,
flexibles, abiertas, capaces de responder a nuevos problemas, prácticas y discursos en una so-
ciedad cambiante como es la sociedad mexicana hoy.
12 Véase el libro del constitucionalista argentino Nino, Carlos Santiago, Fundamentos de derecho constitucional.
Análisis filosófico, jurídico y politológico de la práctica constitucional, Buenos Aires, Astrea, 1992.
13 El término eficacia en su sentido teórico, como la observancia de la norma jurídica, y como condición de
validez de la misma dentro del ordenamiento jurídico, Kelsen, H., Teoría pura del derecho, México, UNAM, 1991.
14 Véase, Haberle, Peter, El Estado constitucional, México, UNAM, 2003.
15 Véase, al respecto, Flores, Julia Isabel, “ Subjetividad y política en México” , Revista Universidad Nacional,
núm. 539, diciembre de 1995.
24. 8 CONCHA / FIX-FIERRO / FLORES / VALADÉS
2. Metodología de la investigación
Para dar cuenta de las situaciones anteriores, se requiere integrar en un marco básico de
interpretación conocimientos de varias disciplinas: derecho, antropología, sociología, ciencia po-
lítica, estadística y sicología social, pero ello requiere también de una combinación de metodo-
logías de investigación.
Es necesario, por una parte, identificar los puntos de referencia principales de la población
estudiada, dibujar un mapa inicial de los entrevistados así como las particularidades de su ubi-
cación espacial y de sus características demográficas, sociales y económicas. Eso es posible
sólo mediante el empleo de metodologías cuantitativas que permiten obtener representatividad
a la vez que extensión.
Por otra parte, importa conocer los significados que se atribuyen a la Constitución, a la ley
y la legalidad. Ello se logra a través de metodologías cualitativas que hacen posible profundizar
en los contenidos que les son atribuidos por la población.
Existe otra razón adicional para combinar metodologías. Éstas ponen en juego distintos factores
contextuales de las percepciones, actitudes y valores; y, por lo tanto, revelan diferentes facetas
de la realidad social. Es decir, si bien, los resultados son de orden distinto, se complementan
entre sí. Aunque optar por la combinación de metodologías impone obligaciones adicionales al
investigador, se justifica hacerlo.
Este método no sólo proporciona la representatividad y riqueza mencionadas, sino que ofrece
además la posibilidad de cotejar unos resultados con otros, lo cual es una forma de validación
adicional a la propia de cada metodología, logrando así un mayor rigor en la investigación.
En la investigación se recurrió al uso de varias herramientas como son la encuesta y el análisis
de léxico, con este propósito se diseñaron dos instrumentos: un cuestionario de opinión dirigido
a recoger las percepciones, las actitudes y las valoraciones de los entrevistados sobre la Cons-
titución. El cuestionario consta de preguntas cerradas y abiertas e incluye una sección sociode-
mográfica que permite captar datos relativos a las condiciones de vida de los entrevistados (véase
el anexo II). El segundo instrumento fue otro cuestionario, pero éste de léxico, el cual comprende
preguntas abiertas de diversos tipos construidas para recoger las asociaciones, valoraciones, des-
cripciones y definiciones de los entrevistados sobre la Constitución (véase el anexo II).
Durante enero de 2003 se entrevistó en vivienda a 1,794 personas de 15 años y más en 29
entidades federativas, 143 municipios, 180 Ageb16 de localidades urbanas y rurales. Adicional-
mente, se levantaron 300 cuestionarios de léxico en municipios seleccionados del país. Los de-
talles relativos al diseño de la muestra y las variables utilizadas para la construcción de las
regiones se consignan en el anexo metodológico I (véase el anexo I).
A. Construcción de regiones
Se dividió el país en cuatro regiones y la clasificación se realizó de acuerdo con características
sociodemográficas y culturales.17 Por lo tanto, se obtuvieron estimaciones válidas a nivel nacional
y para cuatro regiones del país (véase el anexo I).
Región 1: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Sinaloa
y Sonora.
16 Áreas geoestadísticas básicas: unidades en las que el INEGI ha dividido el territorio nacional para su estudio.
17 La construcción de las regiones tuvo como base regionalizaciones anteriores de investigaciones sociopolíticas.
25. CULTURA DE LA CONSTITUCIÓN EN MÉXICO 9
Región 2: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San
Luis Potosí y Zacatecas.
Región 3: Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Región 4: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
B. Variables del estudio
Las variables consideradas en el estudio fueron las siguientes:
—Variables sociodemográficas y socioeconómicas de la población objeto de estudio: se tuvieron
en cuenta variables como el sexo, la edad, así como el nivel de escolaridad, la condición de
actividad, el ingreso familiar y las características del hogar de los encuestados. Con dichas
variables se puede esbozar un perfil sociodemográfico y socioeconómico, sus características
generales y especificidades.
—Percepciones sobre la situación del país: se tienen en cuenta las percepciones sobre la situación
por la que atraviesa México, y las expectativas para el futuro que posee la población entrevis-
tada.
—Ámbitos de socialización y agencias de transmisión de valores: se tuvo en cuenta el nivel de
autonomía de la población frente a diversas instituciones como la familia, la pareja, la Iglesia
y la ley.
—Exposición a los medios de comunicación y consumo de información: se tuvo en cuenta el
consumo de medios de la población objeto de estudio (medio de comunicación que más se
utiliza para informarse y tiempo de exposición al mismo), así como la disposición a interesarse
por la política y los asuntos públicos.
—Percepciones sobre la ley y la legalidad: de acuerdo con los objetivos de la investigación, se
le concedió una importancia particular al análisis de las actitudes, las opiniones, las percepcio-
nes y los valores de los encuestados sobre la justicia, las leyes y su cumplimiento, así como de
la cultura de la legalidad en general.
—Percepciones sobre los derechos ciudadanos: se analizaron las actitudes y percepciones sobre
los derechos del ciudadano, especialmente en lo referente a los derechos humanos, los derechos
civiles, políticos y sociales.
—Percepciones sobre la Constitución: por último, las actitudes, las percepciones y las opiniones
sobre la Constitución —elementos centrales en el cuestionario— se han analizado a través de
la exploración en el nivel de información y conocimiento que posee la población sobre la
misma, las instancias socializadoras que influyen más en este conocimiento, el interés por
la Constitución, así como las valoraciones sobre su adecuación y correspondencia con la
realidad por la que transita el país.
—Percepciones sobre el sistema judicial: de igual forma, se analizó esta esfera a través de las
opiniones y las percepciones que posee la población objeto de estudio sobre su eficacia, la
observancia de la justicia por parte de sus miembros e instituciones, y el nivel de reconocimiento
que tiene su quehacer.
—Percepciones sobre el poder: de forma general, se indagó sobre las percepciones acerca de la
legitimidad del poder en el país y las concepciones sobre la autoridad.
—Percepciones sobre la representación: se analizaron, de forma general, las percepciones sobre
la delegación de poderes, las opiniones sobre los órganos de representación, sobre la división
y el equilibrio de poderes, y la rendición de cuentas de diferentes actores políticos a la
ciudadanía.
26. 10 CONCHA / FIX-FIERRO / FLORES / VALADÉS
—Percepciones sobre la democracia: se pretendió analizar a través de esta línea analítica el
interés de la población por la democracia como forma de gobierno, las expectativas sobre ella,
y las acciones que deben realizarse para su fortalecimiento. Se incluyeron preguntas sobre los
valores y las reglas de la democracia.
—Percepciones de las funciones del gobierno y el desempeño institucional: en este apartado se
tuvo en cuenta cuáles son las funciones que se le adjudican a los diferentes actores políticos y
el desempeño de la administración pública.
28. II. PERFIL DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA
1. Perfil sociodemográfico
Los rápidos cambios socioeconómicos en la sociedad mexicana han inducido transformaciones
en los valores: la educación, la edad y el nivel de información surgen como las variables de-
mográficas más asociadas con los cambios. Las tasas de cambio socioeconómico en la sociedad
mexicana contemporánea han significado que cada nueva generación se ha socializado en con-
textos de condiciones sociales nuevas y distintas; al mismo tiempo, la rápida extensión de la
educación primaria y secundaria han tenido un efecto independiente en las preferencias de los
valores. De allí la importancia de analizar las características sociodemográficas de los entrevis-
tados.
En la encuesta se incluyeron preguntas para recabar datos sobre las siguientes características
socioeconómicas de la muestra: sexo, edad, escolaridad, nivel de ingreso familiar, condición de
ocupación, posesión de un aparato telefónico y nivel socioeconómico.
El sexo, la edad y el grado de marginalidad permiten hacer comparaciones entre la estructura
de la muestra y otras investigaciones. El ingreso, el grado de marginalidad y, sobre todo, la
escolaridad parecen ser las variables más pertinentes en las investigaciones sobre política, ya
que según los resultados existentes, las opiniones se asocian directa o indirectamente con ellas.
Del total de los 1,794 entrevistados de 15 años y más, 50.1% son varones y 49.9% mujeres.
La variable edad es importante porque se encuentra asociada con la disposición al cambio.
El mayor porcentaje de entrevistados se ubica entre las edades de 20 y 29 años (26.9%), los
individuos de 30 a 39 años representan el 24.2% de los encuestados y las personas de 50 años
y más constituyen un 19.9% de la población entrevistada. Las personas entrevistadas entre los
40 y 49 años constituyen el 16.2%, y el 12.8% son jóvenes entre los 15 y 19 años de edad.
Así, la mayoría de los entrevistados es mayor de edad y se ubica en los rangos en que la
población es productiva.
La escolaridad es una variable básica porque se asocia al nivel de información y en esa
medida, influye sobre las posibilidades del cambio. La mayoría de los entrevistados cuenta con
la primaria y la secundaria completa. Los niveles de escolaridad captados en la muestra indican
que 18.6% tiene como último grado de estudios la secundaria completa, seguido por el 17.5% que
cursó la primaria completa, 14.1% cuenta con preparatoria o alguna carrera comercial completa.
El 7.4% mencionó tener secundaria incompleta. Un 7.6 % de los entrevistados declaró contar
con universidad incompleta, en tanto que sólo el 6.4% tiene universidad completa y más. Fi-
nalmente, un 13.3% señala no haber terminado la primaria y el 3.6% de los entrevistados expresó
no tener ninguna escolaridad.
La distribución de la población según el grado de estudios indica que existen niveles muy
bajos de escolaridad en el país. Este hecho incide de manera importante sobre el nivel de in-
formación y actitudes en los entrevistados.
11
29. 12 CONCHA / FIX-FIERRO / FLORES / VALADÉS
2. Características socioeconómicas de la población entrevistada
Según la condición de actividad de los entrevistados, un tercio de ellos declara ser ama de
casa (33.1%), el 21.14.% son estudiantes y 4.3% jubilados. Entre los entrevistados activos des-
tacan 12.7% de trabajadores por cuenta propia, 10.2% declaran ser trabajadores a tiempo completo
en el sector privado, 4.8% son trabajadores a tiempo parcial, 3.2% son directivos del sector
privado, 2.8% es empleado a tiempo completo en el gobierno (o paraestatal), 1.6% son funcio-
narios del gobierno o de empresas paraestatales, y 1.5% que son profesionistas independientes.
Sobresale el hecho de que 4.8% de los entrevistados declara estar desempleado y/o buscando
empleo.
De acuerdo al ingreso familiar mensual, la población entrevistada se caracteriza por percibir
ingresos bajos y muy bajos. Así, 41.1% obtiene entre 1 y 3 salarios mínimos (de $1,211.00 a
$3,630.00 pesos), y 19.9% alcanza solamente hasta 1 salario mínimo mensual (hasta $1,210.00).
Por su parte, 26.1% percibe de 3 a 5 salarios mínimos (de $3,631 a $6,050.00 pesos).
El resto de la población entrevistada obtiene ingresos medios y medios altos: 6.6% perciben
entre 5 y 7 salarios mínimos mensuales (de $6,051 a $8,470), 3.8% de 7 a 10 salarios mínimos
(de $8,471 a $12,100), y 2.5% obtiene más de 10 salarios mínimos ($12,101 o más).
Se diseñó un índice para evaluar el nivel socioeconómico de la población encuestada.18 Así,
el mayor porcentaje de la población entrevistada se ubicó en los niveles “ muy bajo” y “ bajo” :
50.3% y 36.9%, respectivamente. Sólo 4.6% tiene un nivel socioeconómico “ medio” y 8.2%
se halla en un nivel socioeconómico alto.
18 Este índice de nivel socioeconómico se construyó a partir de la propuesta de la AMAI e integra variables como
las siguientes: características de la vivienda (cantidad de baños con regadera que posee la vivienda; existencia de
calentador de agua o bóiler; cantidad de habitaciones que posee la vivienda sin contar los baños; y número de focos
con que cuenta la vivienda, incluyendo las lámparas de techo); consumo de bienes (existencia de teléfono en la
vivienda y de al menos un auto para uso de la familia); último nivel de estudios realizado por el jefe o la jefa de
familia.
30. III. PERCEPCIONES SOBRE LA SITUACIÓN DEL PAÍS
México atraviesa por diversos procesos de cambio en los niveles social, cultural y político. Estos
cambios no son homogéneos, afectan en forma desigual y diferenciada a los distintos grupos y
esferas sociales, regiones y sectores del país.
Los procesos de cambio en las estructuras sociales, económicas y demográficas, en las ins-
tituciones políticas y jurídicas y en los discursos imperantes, implican transformaciones y ten-
siones en la subjetividad de los individuos. A través de la propia experiencia, práctica o comu-
nicativa, cobra mayor presencia la idea de un tiempo de “ cambio” y se producen en mayor o
menor medida, ejercicios de autorreflexión acerca del pasado, el presente y el futuro.
A nivel subjetivo, los procesos de cambio se caracterizan por tres fenómenos problemáticos:
primero, los mapas mentales que se utilizaron en el pasado no son suficientes para interpretar
el presente; segundo, el presente no ofrece seguridad sino incertidumbre, ya sea porque las fron-
teras que lo delimitan aún no están definidas, o porque éstas al cobrar forma delimitan nuevos
espacios que traen consigo, o así se perciben, mayores niveles de incertidumbre; y tercero, la
pérdida de seguridad incide en una incapacidad de prever qué ocurrirá en el futuro, al mismo
tiempo que éste se carga de temores, ansiedades y expectativas.
En este sentido, es necesario averiguar cómo evalúa la sociedad su situación actual y qué
previsiones tiene acerca del futuro, es decir, reconocer que las percepciones que los entrevistados
tienen acerca del presente, y los que creen que será el futuro, son claves en su manera de
interpretar el mundo, de opinar y evaluar el propio proceso de cambio. Nos brindan así, el
contexto en el que se ubican las opiniones, actitudes y valores.
Los entrevistados se refieren a la situación del país con pesimismo. El proceso de cambio
en distintos niveles ha supuesto una carga de expectativas incumplidas, así 42.8% de los entre-
vistados considera que la situación actual del país está peor que el año pasado, mientras 23.2%
opina que está igual de mal. Las mujeres son más pesimistas que los varones, 47.9% de ellas
percibe que la situación actual del país es peor con respecto al año pasado frente a 37.1% de
los varones que piensa de igual manera. Los jóvenes de 15 a 19 años tienden a ser más optimistas
dado que 30.8% la describe como mejor, resultado más alentador desde el punto de vista de
las posibilidades de proyección y construcción de sentido a futuro de este grupo social. Sin
embargo, conforme avanza la edad de los encuestados se incrementa la percepción de que la
situación actual del país es peor (59.3% de aquellos que tienen 50 años y más), tendencia en
la que, sin considerar la certeza o no de su diagnóstico, puede estar incidiendo su mayor dificultad
de adaptación a los cambios o la mayor vulnerabilidad que va enfrentando en el ciclo vital este
grupo social. En contraste, un 22.2% considera que la situación actual del país está mejor que
hace un año, y el 12.2% opina que está igual de bien (véase la tabla 1).19
Esta percepción no sólo se refleja en la evaluación del presente con respecto al pasado, sino
que también tiene incidencia en lo que los entrevistados esperan del futuro. Las expectativas que
tienen los entrevistados para el próximo año tienden a ser negativas: 36.4% de los encuestados
opina que la situación del país va a empeorar, mientras 21.3% expresa que la situación va a
seguir “ igual de mal” (véase la tabla 3).
19 Las tablas a que se hace referencia se encuentran en el anexo III.
13
31. 14 CONCHA / FIX-FIERRO / FLORES / VALADÉS
Las comparación de las percepciones de la situación del país en los últimos nueve años captada
en varias encuestas nacionales, muestra que un 22% de la población entrevistada consistentemente
ha manifestado que está mejor, mientras que una gran mayoría la percibe como igual de mal
o peor. Es decir, la percepción durante los últimos casi diez años, ha sido la de un país en
crisis económica.
Más allá de esta continuidad, también se observan algunas variaciones como reflejo de las
transformaciones en el escenario político y económico del país. Así, 1996 obtiene los porcentajes
más altos de entrevistados que consideran que la situación del país está peor, lo que refleja los
efectos de la crisis económica de 1995. Por su parte, es el año de 2003 donde disminuye el
porcentaje de quienes consideran que la situación del país está peor20 (véase el cuadro 1).
Cuadro 1. Comparada con la situación que tenía el país hace un año,
¿cómo diría usted que es la situación actual del país: mejor o peor?21
La cultura Ciudadanos y cultura La reforma Los mexicanos
de la Constitución de la democracia electoral de noventa
(2003) (2000) (1996) (1994)
Mejor 22.2% Mejor 22% Mejor 21.1% Mejor 22%
Igual de bien 11.2% Igual 24% Igual 9.6% Igual 29%
Igual de mal 23.2% Peor 53% Peor 68.1% Peor 46%
Peor 42.8% NS-NC 1% NS/NC 1.2% NS/NC 3%
NS/NC 0.6% ——— ——— ———
El pesimismo se concreta en la evaluación que hicieron los entrevistados sobre el presente
político: 44.1% opina que la mejor palabra para describir la situación política del país es “ preo-
cupante” , seguida por el calificativo de “ peligrosa” (16.3%). Esto remarca que la política ha
perdido su capacidad para dar seguridades, es decir, se ha transformado en un ámbito proble-
mático que causa preocupación y miedo que, únicamente para 11.7% de los encuestados evoca
“ tranquilidad” y para 11.0% significa esperanza (“ prometedora” ). Es decir, tenemos una so-
ciedad en la que para 6 de cada 10 entrevistados la situación política es causa de incertidumbre;
y por otro, un sector de optimistas (3 de cada diez entrevistados) que evalúan la situación política
como tranquila o prometedora (véase la tabla 2).
Los últimos años han sido de grandes transformaciones en el escenario político nacional, lo
que se refleja en las percepciones de los entrevistados sobre la situación política del país: así,
1994 fue particularmente considerado como preocupante y peligroso por los entrevistados, se-
20 Esto puede deberse, en parte, a una modificación en la escala de opciones de respuesta en la pregunta que
pudo incidir en ese resultado.
21 A los largo del texto se comparan los resultados de esta encuesta con los de otras cuatro encuestas nacionales:
Flores, Julia y Meyenberg, Y., Ciudadanos y cultura de la democracia en México. Reglas, instituciones y valores
de la democracia, México, IFE-IISUNAM, 2000. Encuesta en vivienda a 3,000 personas de 18 años y más. Confianza
95%, margen de error de +-3 puntos. Beltrán, et al., Los mexicanos de los noventa. Una encuesta nacional de
actitudes y valores, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, 1996. Encuesta nacional en vivienda a
3,500 personas de 18 años y más. Confianza 95% margen de error de +-3 puntos; Castaños, F. et al., La reforma
político-electoral y su contexto sociocultural, México, IFE-IISUNAM, 1996. Encuesta en vivienda a 2,000 personas
de 18 años y más. Confianza 95%, margen de error de +-3 puntos. Flores, Julia, Encuesta nacional sobe la reelección
e impartición de justicia en México, México, UNAM, 1998 (encuesta diseñada para el Instituto de Investigaciones
Jurídicas). Encuesta nacional en vivienda a personas de 18 años y más, 1,200 casos; confianza de 95%, margen de
error de +-3 puntos.
32. CULTURA DE LA CONSTITUCIÓN EN MÉXICO 15
guido por el año 2000, en el que antes de las elecciones presidenciales de julio, se pudo captar
esta preocupación e incertidumbre por el futuro. Con leves matices, pero bajo un panorama
general de preocupación y percepción de peligro han continuado las apreciaciones sobre la si-
tuación política del país para el 2003 (véase el cuadro 2).
Cuadro 2. De las siguientes palabras, ¿con cuál está usted más de acuerdo
para describir la situación política del país?
La cultura Ciudadanos y cultura Los mexicanos
de la Constitución de la democracia de los noventa
(2003) (2000) (1994)
Preocupante 44.1% Preocupante 48% Preocupante 50%
Tranquila 11.7% Tranquila 14% Tranquila 18%
Peligrosa 16.3% Peligrosa 26% Peligrosa 21%
Mejor que antes 0.8% Mejor que antes 8% Mejor que antes 4%
Más o menos 2.7% Más o menos 2% Más o menos 3%
Prometedora 11.% Otra NS-NC 2% Otra-N/NC 3%
Con oportunidades 7.9% ——— ———
Peor que antes 3.5% ——— ———
Otra/NS/NC 2.1% ——— ———
A primera vista, y de forma paradójica, frente a este contexto generalizado de incertidumbre
y pesimismo, gran parte de los entrevistados muestra predisposición al riesgo en el plano laboral.
Así, al preguntar ¿qué tipo de trabajo considera mejor? 41% señaló preferir un trabajo seguro
pero sin posibilidades de progresar, mientras que el 48.2% consideró que es mejor tener un
trabajo inseguro pero con posibilidades de progresar (véase la tabla 8). Es decir, más allá de
la evaluación del país y de la política, parece haber una buena parte de ciudadanos que se
consideran capaces de afrontar la inseguridad, particularmente los jóvenes, los varones y las
personas con mayores niveles de escolaridad
Esto puede deberse a varios factores: por un lado, a la necesidad de contar con recursos en
el corto plazo; en segundo lugar a la existencia de una sociedad que ha asimilado la incertidumbre
como un factor “ normal” de su vida cotidiana, con el cual se estaría dispuesto a vivir y a
superar; en tercer lugar, a que la situación del país o la situación política no se perciben como
contextos problemáticos para el desarrollo individual, sino que éste depende de las capacidades
propias sobre las cuales se tienen buenas expectativas.
Por otro lado, también es necesario considerar las diferentes evaluaciones que se hacen sobre
los riesgos de las decisiones propias con relación a verse afectado por decisiones tomadas por
otros. Existe mayor disposición al riesgo cuando creemos controlar situaciones y posibles con-
secuencias, que cuando tenemos que creer en que son otros los que las tienen bajo su dominio;
más aún si se va perdiendo la confianza en los actores políticos y sus decisiones. De esta forma,
en muchas ocasiones se pueden sobreestimar las competencias propias y subestimar las ajenas,
tornándose esta brecha evaluativa un problema creciente, que pone a prueba las capacidades de
la comunicación social y política para buscar consensos y soluciones factibles.22
22 Sobre éste y otros problemas acerca del riesgo en las sociedades modernas, véase Luhmann, Niklas, Sociología
del riesgo, México, Triana Editores y Universidad Iberoamericana, 1998.
34. IV. ÁMBITOS Y ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN
Los procesos de modernización suponen una individualización progresiva. Los sujetos modernos
se caracterizan por un alto grado de autonomía, es decir, por la percepción de que cuentan con
las condiciones y elementos necesarios para tomar decisiones por sí mismos. Esto puede explicar
la paradoja encontrada anteriormente, es decir, que pese a que la evaluación de la situación
económica y política del país sean negativas, exista un buena parte de la sociedad capaz de
asumir riesgos. En este sentido se plantea la pregunta: ¿Cuáles son los niveles de autonomía
de la población entrevistada respecto de su entorno?
1. Niveles de autonomía
Los resultados de la encuesta apuntan a una sociedad que se divide entre un comportamiento
orientado individualmente y otro que responde al mantenimiento total o parcial de las jerarquías,
o a la no generación de conflictos en el entorno familiar más cercano. Así, la mitad de los
entrevistados (50.4%) dijo estar dispuesto a ir en contra de lo que piensan sus padres cuando
cree que tiene la razón, mientras que el 35.8% señaló que no estaría dispuesto a hacerlo y un
11.9% respondió que “ depende” (0.3% mencionó otra respuesta, 0.8% no sabe y 0.9% no con-
testó (véase la tabla 4). De igual forma, 49.6% estaría dispuesto a ir en contra de su cónyuge
o pareja cuando cree que tiene la razón, 34% opinó lo contrario, 12.2% señaló que “ depende” ,
0.6% dio otra respuesta, 2.1% no supo y 1.5% no contestó (véase la tabla 5).
Si bien la edad no es una variable que muestra influencia en estos resultados, sí lo hace el
nivel educativo, atributo claramente asociado al proceso de modernización de la sociedad. Para
el caso de los entrevistados que han alcanzado el nivel universitario el porcentaje de aquellos
que —cuando piensan que tienen la razón— , están dispuestos a ir en contra de los que piensan
sus padres o sus cónyuges se eleva sensiblemente: 63.3% de los entrevistados con universidad
incompleta y 70.2% de los con universidad completa para el caso de “ sus padres” , 64.7% y
69.8% respectivamente para el caso de “ su cónyuge o pareja” ).
Esta predisposición a la autonomía disminuye levemente cuando se trata de contraponer las
posturas individuales frente a los dictados de su iglesia o su religión o frente a lo establecido
por la ley. Así, la opinión tiende a polarizarse: 44.8% de los entrevistados defendería sus creen-
cias individuales frente a la religión mientras que 42% no estaría dispuesto a hacerlo (véase
la tabla 6). Del mismo modo, el 45% considera que estaría dispuesto a ir en contra de lo es-
tablecido por la ley si considera que tiene la razón, en tanto que 39.4% no estaría dispuesto
a hacerlo (véase la tabla 7).
Las actitudes con respecto de la iglesia o la religión, señalan la influencia en la sociedad de
esta institución: hay que tomar en cuenta la difundida religiosidad de la población, así como la
positiva evaluación que generalmente obtiene la iglesia en la escala de credibilidad.
De esta forma, en general se obtiene un porcentaje importante de respuesta de no oposición
a las posturas de la religión en términos generales, pero si se consideraran prácticas concretas
de la población que pudieran ir en contra de dictados eclesiales, sin duda que el margen de
autonomía se acrecentaría. Nuevamente, la escolaridad es una variable clave, los universitarios
estarían mucho más dispuestos a “ ir en contra” que otros grupos de la población (61.6% de
17
35. 18 CONCHA / FIX-FIERRO / FLORES / VALADÉS
las personas con universidad incompleta, 67.7% de las personas con universidad completa). Tam-
bién el nivel de ingreso familiar es otra variable que incide sobre la autonomía: el porcentaje
de autonomía es creciente a medida que crece el ingreso: entre los que obtienen de 7 a 10
salarios mínimos (72.9%) y más de 10 salarios mínimos (85.9%).
Las características socioeconómicas, pero también culturales, de las regiones del país muestran
diferencias; la importancia histórica y cultural del catolicismo se hace presente en la región 2,23
presentando el nivel de oposición más bajo (27.3%), mientras que la región 3, que incluye a la
capital del país, más pluralista, muestra al porcentaje más elevado (60.6%).
La lectura de estar dispuesto, o no, a ir en contra de lo establecido por la ley en caso de
pensar que se tiene la razón, es más compleja. Ya sea por conveniencia o convicción sería
deseable que la acción individualmente orientada encontrara un límite en el marco legal y en
el funcionamiento de las instituciones encargadas de respaldarlo. Por ello, el hecho de que un
45% de los entrevistados manifiesten estar dispuestos a ir en contra de lo que marca la ley
puede significar formas de autonomía menos positivas para el conjunto social: por ejemplo, que
la ley sigue sin ser reconocida como un marco vinculante para un conjunto importante de po-
blación, o que estos grupos tienen posibilidades sociales o materiales para no pagar los costos
de las sanciones establecidas.
Sin embargo, también podría significar una mayor capacidad de crítica ante la autoridad,
dadas las percepciones de ineficiencia, baja credibilidad y corrupción que se asocian al funcio-
namiento de muchas instituciones de seguridad y de procuración e impartición de justicia.
Igualmente, los niveles de escolaridad e ingreso son factores relevantes: 64.8% de los entre-
vistados con universidad incompleta estarían dispuestos a ir en contra de lo establecido por la
ley y 62.4% de los que cuentan con universidad completa. Esta misma respuesta fue señalada
por 72.2% de las personas con ingreso familiar entre 7 y 10 salarios mínimos y por 75.4% de
las personas con ingresos familiares mayores de 10 salarios mínimos.
En estos sectores más educados y/o de mejores ingresos, ¿qué tanto hay de individualismo
incivil —o creencia y práctica— de que la ley puede negociarse, y qué tanto de crítica ante un
funcionamiento inadecuado de la autoridad? La respuesta no debe ser sencilla, pero sin duda
tiene relación con la cultura cívica de la ciudadanía y con el funcionamiento y la (des)confianza
en las instituciones del sistema de justicia.
2. Exposición a los medios y consumo de información
En la formación de los valores de los individuos no sólo son importantes los agentes que
forman su entorno cercano y las reglas sociales, sino que, cada vez con más fuerza, los medios
masivos de comunicación se vuelven claves al momento de formar ideas, adquirir conocimientos
y moldear preferencias.
Los medios de comunicación masiva han entrado en competencia con las instituciones socia-
lizadoras tradicionales como la familia, la escuela y la iglesia en la transmisión y reproducción
de los valores. Las instituciones tradicionales han perdido preeminencia como únicas fuentes
para dictar normas y señalar actitudes con respecto a lo socialmente deseable.
El nivel de información es una variable básica en el análisis social y político, dado que
determina, en parte, la disposición al cambio. Hoy el individuo entra en una situación en donde
puede escoger, al tiempo que está expuesto al conocimiento de las experiencias y discursos de
23 Región 1: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Sinaloa y Sonora. Región
2: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Región 3:
Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Región 4: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca,
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.