El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se opone a la regulación ética del periodismo a través de leyes o medidas gubernamentales, ya que esto pondría en riesgo la libertad de expresión. FOPEA cree en la autorregulación a través de códigos de ética elaborados por los propios periodistas, sin la creación de tribunales de ética. Asimismo, FOPEA considera que el gobierno debería cumplir con las leyes de acceso a la información pública y ética pública para mejorar la calidad de la

1. Pronunciamiento de FOPEA sobre la ética
periodística en la Argentina
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advierte públicamente que no es posible imponer
conductas éticas en el ejercicio del periodismo profesional, por más deseables que ellas sean,
y que hacerlo mediante una norma legal, de cualquier rango, implicaría casi penalizar
comportamientos no delictuales, poniendo en riesgo el derecho a la libre expresión. Por el
contrario, se debe hacer docencia de forma paciente y permanente para que los periodistas en
su función, así como los médicos, los abogados o los políticos en la suya, apliquen los
principios adecuados a su respectiva labor.
10 de agosto de 2012
Hace una década FOPEA nació a partir de la necesidad de identificar, definir y aplicar pautas
éticas para el ejercicio profesional periodístico. A partir de un intenso debate interno, los
socios de todo el país elaboramos en 2006 un Código de Ética de cumplimiento obligatorio
para todos los miembros (de entonces, actuales y futuros) a partir del convencimiento de que
esos principios son fundamentales para el correcto ejercicio de nuestra labor al servicio de la
sociedad.
Esta idea es central en la filosofía de FOPEA. Apostamos a la autorregulación de los
periodistas (y de las empresas periodísticas en las cuales trabajamos, que no es lo mismo ni
deben tener obligatoriamente los mismos objetivos), sin crear tribunales de ética. Esta
decisión se basó en el criterio del maestro colombiano Javier Darío Restrepo, quien desde
siempre pregonó que el respeto a los principios éticos no se puede imponer mediante la
coerción, la intimidación o el miedo al castigo, sino a partir de la convicción profunda de lo
que es o no es correcto.
FOPEA pone a disposición de todos los profesionales periodísticos e interesados en el tema su
Código de Ética, que se potencia como herramienta ante la escasez de otros documentos
similares en empresas públicas o privadas. Existen, además, numerosas experiencias
internacionales que pueden servir de guía, y que fueron analizadas por FOPEA para la
elaboración de su propio código en 2006.
Sin embargo, y más allá de que este tema tiene una trascendencia por encima de la coyuntura,
el planteo que realizó ayer la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al
pretender que se sancione una legislación al respecto, cae en los aspectos negativos
mencionados antes. Desde FOPEA acordamos con la necesidad de debatir las normas éticas
que deben regir la buena práctica periodística pero manifestamos nuestro total desacuerdo con
cualquier iniciativa que promueva la regulación de la profesión por medio de leyes o medidas
gubernamentales y alertamos sobre los graves riesgos que implica para la libertad de
expresión esta clase de planteos o propuestas.
Relacionar este tema con la libertad de prensa genera una confusión de campos, como si
fuesen contradictorios. Puede haber un comportamiento ético profesional individual sin
libertad de prensa, como se dieron ejemplos (que costaron vidas) en la última dictadura
militar, y viceversa, simplemente porque se trata de temas distintos y no opuestos.

2. Por otra parte, una de las formas de mejorar la calidad de la información pública es que el
Gobierno cumpla y haga cumplir la ley de ética pública en todo lo referido a la difusión de la
información pública. Para que el pueblo pueda controlar el abuso de los poderosos, ya sea
desde el Estado o desde el sector privado, es necesario que la información pública no sea
tomada como un bien privado por los funcionarios que la gestionan. Desde el comienzo de su
mandato como Presidenta, se ha hecho más difícil acceder a la información, por lo menos, en
las siguientes instituciones: Jefatura de Gabinete, la mayoría de los Ministerios, la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central, el Banco Nación, la
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), la Casa de la Moneda y la Inspección General
de Justicia (IGJ). También hubo un retroceso en la labor de la Subsecretaría de Reforma
Institucional y Fortalecimiento de la Democracia (Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación).
Si la información de las instituciones estuviera realmente disponible, mejoraría en forma
notable tanto la gestión del Gobierno como la capacidad de control del pueblo. Este es un caso
de soberanía informativa: la información pertenece al pueblo. Por ello, se debe saldar la larga
mora en sancionar normas de Acceso a la Información Pública para los tres poderes del estado
y en sus distintas manifestaciones territoriales.
Así como creemos que es imprescindible que los medios de comunicación elaboren sus
propios Códigos de Ética, también consideramos que para que el trabajo periodístico pueda
tener un horizonte integral es necesario en el país una ley de regulación de la Publicidad
Oficial y de Medios Públicos, además de las tan mentadas conferencias de prensa de los
funcionarios de los diversos estamentos del Estado, tal como lo viene proponiendo FOPEA
desde hace años.
Complementario a esto, es indispensable que se sancione una ley que proteja la Libertad de
Conciencia de los periodistas, como la presentada el año pasado por FOPEA.
En el tema de las pautas publicitarias, la Presidencia de la Nación podría dar el ejemplo y
aprobar una resolución interna que establezca cuestiones objetivas y comprobables para la
distribución de los dineros públicos, a la espera de la sanción de alguna norma que abarque,
Además, a los otros poderes del Estado. La sinceridad de su reciente planteo se verá
demostrada con medidas de efectiva transparencia y apertura.