2. 1. Reintegrar a la sociedad en torno al respeto a la ley y a los derechos humanos, por medio de una campaña intensa, masiva e integral de fomento a la cultura de legalidad.
3. 2. Superar la falsa disyuntiva entre la eficacia en la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos, por medio de la implementación de sistemas modernos de rendición de cuentas.
4. 3. Superar el espejismo del endurecimiento penal y dirigir la presión social hacia la eficacia de las autoridades, mediante la creación de informes mensuales de resultados contra la delincuencia y la violencia, accesibles a todo público y presentados por los medios de comunicación en los horarios de mayor audiencia.
5. 4. Reintegrar la policía preventiva a la sociedad, mediante la adopción prioritaria, por parte de todas las instituciones policiales uniformadas, de programas de prevención comunitaria del delito y de policía comunitaria.
6. 5. Incrementar la calidad del desempeño policial, mediante la creación de monitores independientes especializados.
7. 6. Proteger a los policías mediante la creación del ombudsman del policía.
8. 7. Reorganizar de manera integral la gestión de las instituciones responsables de la seguridad pública y la justicia penal, por medio de la adopción de indicadores de desempeño modernos y públicos.
9. 8. Convocar a la Organización de las Naciones Unidas a la instalación de una comisión multinacional de expertos, encargada de evaluar el diseño normativo e institucional mexicano en seguridad pública y justicia penal, y emitir un informe de conclusiones y propuestas.
10. .9 Vencer la inercia ciudadana hacia la tolerancia y exigencia de medidas autoritarias contra la violencia y el delito, por medio de campañas de información sobre sus efectos en contra de la propia sociedad y sobre la existencia de propuestas democráticas exitosas contra la inseguridad.
11. 10. Someter a revisión los criterios de reserva de información con respecto a la seguridad pública, adoptados tanto en las normas como por las instituciones responsables de la misma, bajo el nuevo sistema de acceso a la información pública, de manera que dichos criterios no sean utilizados para impedir el escrutinio legítimo por parte de los ciudadanos.