1. UNIVERSIDAD FERMIN TORO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y RELACIONES INDUSTRIALES
SISTEMA DE APRENDIZAJE INTERACTIVO A DISTANCIA
Potestades Administrativas y las responsabilidades de los
Funcionarios Públicos
INTEGRANTES:
Maryari Peraza C.I.: 16.419.847
Grexis Pereira C.I.: 25.144.521
Onovimaris Verde C.I.: 16.796.438
Maira Valera C.I.:23.837.196
Marlenys Rodriguez C.I.: 23.486.846
Andrea Villa Palma C.I.: 25.989.084

2. Cuando se habla de Derecho Administrativo, surgen una gran cantidad de
definiciones, términos y preceptos que regulan su actuación. Sin embargo, esta área
merece atender ciertos aspectos fundamentales en su práctica debido a que se
involucran en otros procesos jurídicos relacionados con la Administración pública. El
casode las potestades administrativas son los poderes atribuidos a las Administraciones
Públicas por el ordenamiento jurídico. De Ahumada (2011) señala que la atribución de
una potestad a la Administración debe hacerse en principio de manera expresa, pero
también se entienden otorgadas aquellas potestades inherentes a una determinada
potestad válidamente atribuida.
Las potestades administrativas son intransferibles, imprescriptibles e irrenunciables.
No se agotan nunca; al contrario, cuanto más se ejercen más se consolidan. Aunque
implican un poder, en muchos casos suponen un deber. De allí la estrecha relación que
existe con el ejercicio y responsabilidades de los funcionarios públicos que será
abordado más adelante.
Si bien el Derecho Administrativo se concibe bajo esquemas universales, cada
Estado le confiere responsabilidades y potestades especiales según las normas y Leyes
establecidas en el país. En el caso de Venezuela, el capítulo III referente a las
Potestades Sancionatorias de la Ley Orgánica de la contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control Fiscal publicada en el 2001 menciona en el artículo
93: las potestades sancionatorias de los órganos de control serán ejercidas de
conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
y las Leyes, siguiendo el procedimiento establecido en esta Ley para la determinación
de responsabilidades.
(Aporte de Maryari Peraza C.I.: 16.419.847)
Debido a la extensión de su ejercicio, las potestades administrativas merecen ser
clasificadas según algunos aspectos a considerar respecto a su contenido, su forma,
sus atribuciones y facultades, su finalidad o sucampo de acción. No obstante, es preciso
hacer referencia a la discrecionalidad administrativa antes de abordar los diferentes
tipos de potestades que existen en materia Administrativa. En este caso, vale la pena
citar a Molano (2005) que afirma al respecto que es una fuente del derecho
administrativo, puesto que a través de ella, los órganos más altos de la administración
pueden crear normas, pueden crear situaciones jurídicas solamente consultando los
mínimos supuestos reglados de la potestad discrecional, y fundamentalmente,
cuestiones de oportunidad o conveniencia.
La discrecionalidad se basa en criterios de equidad, oportunidad y conveniencias,
sean estos de orden administrativo o de carácter científico o técnico. En ambos casos,
la potestad discrecional se manifiesta seleccionando una entre varias opciones por ser
la más equitativa, oportuna o conveniente en función del fin para el que esta fue
atribuida. Si del análisis realizado se concluye que solamente existe una solución
posible, sustentada en criterios administrativos o bien de orden científico o técnico, la
decisión no se toma en ejercicio de la potestad discrecional, porque esta exige que
existan dos o más opciones entre las cuales l autoridad administrativa debe decidir.
A partir de tales elementos, la discrecionalidad administrativa como libre ámbito de
apreciación, le genera a la administración pública la posibilidad de decidir libremente
frente a varias alternativas, igualmente legítimas frente al derecho. (Aporte Andrea
Villa Palma C.I: 25.989.084)
Una vez realizada dichas consideraciones, es preciso atender los diferentes tipos de
potestades Administrativas que se reconocen en este estudio. En el primer caso, se
trata la potestad reglada como aquella cuyo contenido viene íntegramente
predeterminado por la normativa que regula el ejercicio de la potestad. Las potestades
regladas se traducen en actos reglados (por el Derecho). El ejercicio de las potestades
regladas reduce a la Administración a la constatación del supuesto de hecho legalmente
definido de manera completa y a aplicar en presencia del mismo lo que la propia ley ha

3. determinado también agotadoramente. Por su parte, las potestades discrecionales
están totalmente predeterminadas por la norma de atribución de la potestad sino que
ésta deja a la Administración un margen de elección de cara a determinar el contenido
de su actuación.
En este caso, los dos primeros tipos de potestad administrativa son opuestos. En
una se reconoce la norma como único margen de acción para cualquier tipo de
decisiones que se presenten en función de ejercer el derecho sobre el caso, no deja
ningún margen de libertad a la Administración sino que fija directamente las
consecuencias jurídicas que corresponde al caso. Por su parte, el segundo se presenta
de manera flexible con la opción de analizar el caso desde diferentes ángulos con la
determinación de generar alternativas de solución a favor del cumplimiento de las leyes,
su característica principal es la pluralidad de soluciones posibles que brinda a la
Administración para satisfacer el interés general, siempre dentro de los límites de la
habilitación que la norma le confiera. (Aporte Maira Valera 23.837.196)
En este orden de ideas, la potestad ejecutiva se trata de aquella encaminada a la
realización práctica de los fines administrativos. Comprende los poderes de dirección,
representación, vigilancia, información, tutela, gestión económica, gracia y dispensa.
Engloba así, una serie de poderes o facultades de variada naturaleza y que, no obstante,
se agrupan por el carácter común de procurar materialmente la acción, la realización de
los servicios y, en general, la consecución de los diversos fines administrativos.
No obstante la potestad sancionadora es disciplinaria y correctiva.
 Es disciplinaria la facultad de imponer sanciones a los funcionarios responsables
de faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos. Tiene carácter interno.
 Es correlativa la facultad de imponer correcciones a los administrados o
ciudadanos por los actos contrarios a lo ordenado por la Administración. Tiene
carácter externo.
Una de las características de las sanciones y correcciones que impone la
Administración en uso de sus facultades disciplinarias y correctivas es que no tienen
carácter penal. Por último, el caso de la autotutela es definida por Barcelona (1995)
como un ámbito material de actuación donde el poder del juez queda excluido, salvo en
un momento singular de esa actuación con poderes notablemente tasados. La autotutela
ejecutiva faculta a la Administración para el uso directo de su propia coacción sin
necesidad de recabar el apoyo de la coacción judicialmente administrada.
Estos tres tipos de potestad plantean funciones importantes en ese proceso
administrativo. La ejecutiva cuyos fines son materiales , netamente administrativos; por
su parte la sancionatoria que es aquella con carácterdisciplinario y correctivo que busca
la manera de establecer sanciones y castigos que le permitan aprender para no volver
a cometer la falta por la que se le acusa. Es de gran importancia porque marca un
precedente que demuestra las consecuencias del hecho. La autotutela que supone el
paso al terreno de los hechos, del comportamiento u operaciones materiales,
concretamente al uso de la coacción forzosa del acto administrativo. (Aporte de
Marlenys Rodriguez 23.486.846)
El ejerciciode la Administración pública involucra a personas cuyo compromisosocial
es inmenso y lo confiere el Estado, es el casode los funcionarios públicos que a lo largo
de la historia han tenido cierto protagonismo en los cambios sociales,de tal manera que
se trata de personas cuyo vínculo social crece cada vez más. Desde este punto de vista,
la Administración Pública exige cada vez más funcionarios capaces de entender el rol e
importancia que cumplen dentro del sistema Administrativo.
Su ejemplo, su honestidad y su actuación demandan cada vez más valores que
permitan al ciudadano confiar en él. Sus funciones y acciones deben estar marcadas
por los valores y principios que exige el cargo que representa y es necesario que
entienda que es un servidor público. En muchos casos, especialmente en los países
latinoamericanos, el funcionario público está marcadopor una mala reputación de abuso
de poder, holgazán y corrupto (no todos los casos), por diversos motivos y permisiones
que se dan desde el mismo sistema al que pertenece que le permite una serie de vicios

4. que van en contra de su función y responsabilidad real marcada por su compromiso
social. (Aporte de Onovimaris Verde 16.796.438)
En este caso, la Administración pública exige a sus funcionarios una serie de
responsabilidades y deberes que exigen un gran nivel de compromiso, debido a que las
fallas en que incurran por la falta a alguna de sus responsabilidades y deberes generan
consecuencias. De allí que se presenten las siguientes responsabilidades: En primer
lugar la responsabilidad civil marcada en virtud de mantener la integridad de los
ciudadanos a quien sirve. Así mismo, está la responsabilidad penal que surge cuando
se incurre en alguno de los delitos o faltas tipificados en las normas penales. En el caso
de los administradores públicos, dicha responsabilidad puede ser comúno especial. Por
último, la responsabilidad disciplinaria que se origina cuando el empleado incumple sus
deberes profesionales. El desempeño de funciones públicas posibilita que, además de
la civil y la penal, el agente pueda incurrir en responsabilidad disciplinaria o
administrativa. La falta a cualquiera de sus responsabilidades como funcionarios
públicos se castiga con limitaciones y una pena principal. Sin embargo, existe también
una pena accesoria que se impone fundamentalmente por la desatención de sus
obligaciones generales de respeto al ordenamiento jurídico establecido y omisión al
deber de decoro exigido al personal de la Administración Pública. (Aporte de Grexis
Pereira 25.144.521)
La regulación de los deberes de los empleados públicos cumplen dos funciones
claves, por un lado, coadyuva a procurar la satisfacción de los intereses generales
dando efectividad a determinados principios constitucionales sobre el funcionamiento
de las Administraciones Públicas como son los de eficacia, imparcialidad, jerarquía,
respeto a los derechos de los ciudadanos y por otro lado, desde el punto de vista del
empleado público, es ineludible en términos de garantía para el ejercicio de sus
funciones.
En conclusión cualquiera de las faltas al cumplimiento de los deberes fundamentales
de los funcionarios públicos le hacen incurrir en faltas a sus responsabilidades básicas.
Actualmente el sistema de la Administración Pública es protagonista de innumerables
vicios que incurren en muchas de dichas faltas, por lo tanto la ciudadanía exige cada
vez más, funcionarios que se apeguen a los valores constitucionales de la República,
que los obliguen a respetar los derechos fundamentales, se refuerce la relación con los
ciudadanos, y que le rindan honor al vínculo profesional que configura su función pública
profesional.
(Maryari Peraza C.I: 16.419.847)