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NC-2011-03-20-1
Domingo 20 de marzo de 2011
Notas completas


Pronósticos que aterran...
Marco Appel


La emergencia que vive Japón por los daños que el terremoto y el tsunami del viernes 11 ocasionaron en la
central nuclear de Fukushima era de esperarse, afirman especialistas japoneses. Aseguran que la corrupción
y los arreglos poco claros entre el gobierno nipón y las empresas generadoras de electricidad prepararon el
terreno para esta catástrofe, que, según algunos expertos, podría superar a la de Chernobil.




BRUSELAS.- Los peores pronósticos de una catástrofe nuclear en Japón se están cumpliendo.

La poca información oficial disponible hasta el jueves 17 indica que la planta nuclear de Fukushima –golpeada
por un sismo de 8.9 grados Richter y un tsunami el pasado viernes 11– experimentaba múltiples fusiones y la
piscina del reactor número 4 estaba casi seca, por lo que liberaba altas cantidades de radiación.

Los medios europeos ya hablan de una posible “megacatástrofe” comparable o superior a la de Chernobil.

Especialistas en la materia ya lo esperaban. Equipos vetustos, corrupción, intereses comerciales
desaforados... la tragedia de Fukushima era cuestión de tiempo, consideran.

El 11 de agosto de 2007, el sismólogo japonés Ishibashi Katsuhiko advirtió: “Si Japón no toma medidas
radicales para reducir la vulnerabilidad de sus centrales nucleares ante los sismos, el país podría vivir una
verdadera catástrofe nuclear en el futuro próximo”.

Katsuhiko había renunciado un año antes al panel que fijó las normas sísmicas –en vigor desde septiembre de
2006 para las centrales nucleares japonesas– porque tales medidas no eran suficientemente estrictas y
subestimaban la fuerza sísmica.

“Sin importar su localización”, dijo, “cualquier planta nuclear debe ser diseñada para soportar por lo menos la
aceleración de un sismo de una magnitud de 7.3 grados, es decir aproximadamente mil unidades gal”.

La norma actual autoriza plantas nucleares resistentes apenas a 450 unidades gal. Ese límite ya fue superado
por varios sismos: el que sacudió la central nuclear de Onagawa, al norte de Fukushima, en agosto de 2005;
el de Shika, en marzo de 2007 y el de Kashiwazaki-Kariwa, en julio del mismo año.

Más recientemente, el pasado 16 de julio, el Centro Ciudadano de Información Nuclear (CNIC, por sus siglas
en inglés), una organización pública con sede en Tokio, también alertó sobre los riesgos en esas centrales.

En un reporte, ese organismo expuso el caso de los siete reactores de la estación de energía más grande del
mundo, la de Kashiwazaki-Kariwa, afectada el 16 de julio de 2007 por un sismo de 6.8 grados Richter que
azotó la región de Niigata con saldo de cinco muertos y 2 mil 300 heridos.

“Fue pura buena suerte que tras el sismo no se hubiera escapado más líquido radioactivo”, observó el CNIC,
que denunció el peligro de activar otra vez los reactores.
La prefectura de Niigata estableció dos subcomités de expertos para medir el impacto del terremoto en la
planta, explicó el CNIC. Uno evaluó la integridad y la seguridad sísmica de los reactores; el otro, las
condiciones del suelo.

“Este último subcomité”, dice el organismo japonés, “advirtió del peligro de que otro terremoto, incluso más
fuerte que el de 2007, pudiera golpear la planta en el futuro. La población debe estar preparada para enfrentar
la posibilidad de otro desastre”.

El documento del CNIC –firmado por sus directores Hideyuki Ban, Baku Nishio y Yukio Yamaguchi– añade:

“Pese a lo anterior y antes de sacar cualquier conclusión científica, juicios apresurados han permitido reactivar
varios de los reactores. Las operaciones comerciales se reanudaron en las unidades seis y siete. Ello se
autorizó aun antes de que finalizara el debate sobre la seguridad de la planta. La unidad uno, el reactor más
viejo y el que fue más sacudido y dañado por el temblor, según inspecciones visuales, comenzó pruebas de
arranque el 11 de mayo de 2010 sin una discusión de fondo y sin llevar a cabo un foro público.”

El Comité Técnico de la prefectura de Niigata le solicitó a la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio (Tepco,
por su acrónimo en inglés), la misma que opera los reactores de Fukushima, que probara con datos la
resistencia de las válvulas y otros equipos del reactor uno. Pero la empresa presentó información de un
proyecto de investigación de marzo de 1983 y, por lo tanto, fue rechazada.

No obstante, el pasado 21 de julio el Comité Técnico le dio permiso a la Tepco de reanudar las operaciones
comerciales de la central de Kashiwazaki-Kariwa.




Criterios obsoletos




El programa nuclear japonés tiene más de 40 años y en la actualidad la tercera parte de la energía eléctrica
de Japón tiene ese origen. En 1990, 55% de los japoneses estaba a favor de la energía nuclear, pero esa cifra
había caído a menos de 20% antes del accidente de Fukushima.

El hecho se explica en la pesadilla en la que se ha convertido la aventura nuclear japonesa.

El peor accidente atómico después de Chernobil –el 26 de abril de 1986 y del que nunca se informó el número
de víctimas fatales– ocurrió el 30 de septiembre de 1999 en la planta japonesa de Tokaimura, cerca de Tokio:
un mal manejo del equipo causó una sobrecarga de uranio y cientos de miles de personas estuvieron en
riesgo de contaminarse.

Además en 2002, la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial de Japón (NISA, por sus siglas en inglés)
descubrió que la Tepco –la productora de energía eléctrica más importante de ese país– había falsificado 29
reportes de inspección de sus plantas y manipuló varias videocintas a fin de ocultar las grietas de las
coberturas de las vasijas en 13 de los 17 reactores que opera, entre ellos los seis de Fukushima I y los cuatro
de Fukushima II.

El presidente y cuatro ejecutivos de la firma fueron despedidos, pero el escándalo alimentó la impopularidad
de la energía nuclear.
En un cable de 2008, filtrado por WikiLeaks, un influyente político japonés, Taro Kono, informó a los
diplomáticos estadunidenses que el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de su país –responsable de
la energía nuclear– “había estado enmascarando accidentes nucleares y ocultando los verdaderos costos y
los problemas asociados con la industria nuclear”.

Otro documento filtrado por WikiLeaks y publicado el jueves 17 por el diario británico The Telegraph reveló
que en 2008 un funcionario no identificado de la Agencia Internacional de la Energía Atómica le hizo notar al
gobierno japonés, durante una reunión del grupo de seguridad nuclear del G-8 en Tokio, que sus criterios en
materia nuclear eran “obsoletos”.

El mismo funcionario planteó que los sismos recientes habían sobrepasado los límites previstos para ciertas
centrales nucleares en Japón, edificadas para soportar terremotos de una magnitud máxima de 7 grados.

La única respuesta del gobierno japonés fue crear un centro de urgencias en Fukushima.




Intereses




El pasado 14 de junio, la NISA presentó un reporte del estado de las 54 plantas nucleares de Japón. Casi la
mitad tenía algún problema de diversa gravedad.

En su evaluación, la NISA reportó incidentes “inaceptables” en las plantas Shimane 1 y 2, en otras 21 halló
incidentes que consideró “de seriedad” y en dos más encontró desperfectos que requerían de vigilancia en
inspecciones futuras. Otras 19 tuvieron “incidentes menores” que no ameritaban un control riguroso.
Únicamente 10 no tuvieron problemas.

Pero entre abril de 2009 y marzo de 2010, el CNIC contabilizó 36 “incidentes mayores” en instalaciones
nucleares japonesas, dos de éstos en Fukushima.

El 6 de abril de 2009, en Fukushima I-3 fallaron los trabajos para restaurar una unidad de control hidráulico;
meses después, el 15 de octubre, en Fukushima II-4 se redujo inesperadamente la energía cuando se apagó
una bomba de circulación en el reactor.

Pero los casos más preocupantes, todos durante 2009, fueron aquellos en los que hubo fuga de material
radiactivo: el 6 de abril en las instalaciones de reprocesamiento de la planta de Tokai, seis días después en el
complejo Shika-2, el 23 de julio en Kashiwazaki-Kariwa-7, el 6 de octubre en Fugen, el 22 de octubre en la
planta de reprocesamiento de Rokkasho y el 1 de diciembre en Hamaoka-3.

Los documentos del CNIC están llenos de historias que permiten adentrarse en la ineficacia de los
mecanismos de seguridad nuclear de Japón:

El 28 de octubre, el Comité Técnico de la prefectura de Niigata discutió si era conveniente, en términos de
seguridad, reiniciar las operaciones del reactor 5 de la central de Kashiwazaki-Kariwa (operada por la Tepco),
severamente afectada por el terremoto del 16 de julio de 2007.

Yukio Yamaguchi, codirector de CNIC refiere en su reporte: “Se tenía programado que la reunión durara dos
horas y media pero sólo duró una hora y cuarto. El único tema sustancial que se discutió fue si las obras para
fortalecer la resistencia sísmica de la vasija del contenedor eran o no suficientes para garantizar la seguridad.
Motoe Suzuki, miembro del comité, sugirió que de hecho se incrementaba el peligro”.

Continúa: “Un reporte que resumía los principales puntos de discusión fue elaborado por el Subcomité de
Calidad del Equipo y Seguridad Sísmica, organismo del Comité Técnico. Ese reporte fue fruto de nueve
borradores e implicó discusiones considerables, pero los miembros del Comité Técnico no expresaron
ninguna opinión sobre las cuestiones expuestas en él. El presidente del Comité Técnico preguntó: „¿En ese
caso podemos concluir que no hay problemas de seguridad?‟ Su pregunta fue respondida con un silencio
aprobatorio y se pasó al siguiente punto de la agenda. Fue realmente increíble”.

Yamaguchi dice que, en el reporte enero-febrero de este año, se informa de una fuga radiactiva ocurrida el 10
de septiembre de 2010 en Kashiwazaki-Kariwa-7, donde ya se había registrado un hecho similar el 23 de julio
anterior.

Advirtió: “La Tepco sigue operando el reactor con una fuga en el ensamblaje de alimentación, incluso si no ha
determinado el origen del problema. Desde entonces el nivel de radiactividad que registra el monitor de corte
de gas sigue fluctuando alrededor de las 10 unidades por segundo o cps”. Una lectura normal, recuerda
Yamaguchi, no debe superar 1 cps.

Y relata: “Masahiro Koiwa, miembro del Comité Técnico, abordó este asunto en la reunión del Subcomité de
Calidad del Equipo y Seguridad Sísmica que tuvo lugar el 13 de diciembre. La Tepco admitió que una
pequeña cantidad de radiactividad seguía fugándose del reactor. Incluso si la cantidad no es muy grande,
llama la atención que la Tepco tuviera que ser obligada a reconocer que está permitiendo la operación de un
reactor con fugas radiactivas”.

El 6 de mayo de 2010 volvió a funcionar el Prototipo de Reactor Rápido de Neutrones de Monju, desarrollado
por la Agencia de Energía Atómica de Japón (JAEA, por sus siglas en inglés). Este reactor había sido
apagado el 9 de diciembre de 1995 tras una fuga de sodio y un incendio provocados por errores de diseño. Su
mantenimiento costaba al erario 700 mil dólares diarios.

Hideyuki Ban, codirector del CNIC, narra que el día en que se puso nuevamente en marcha el reactor sonó
una alarma de fuga radiactiva. Al día siguiente, la alarma ya había sonado siete veces.

Ban explica en su reporte: “La parte superior del reactor está cubierta con gas argón. Los detectores toman
muestras de ese gas para detectar ligeras fugas de radiactividad viniendo del combustible nuclear. Como
toma tiempo detectar la radiactividad, tres detectores operan consecutivamente para conseguir una medición
continua. Una alarma se activó cuando uno de esos detectores funcionó mal. Pero la JAEA siguió operando la
planta con dos detectores. El 9 de mayo, un segundo detector se atrofió”.

La agencia nuclear japonesa propuso entonces otro método de detección centrado en los ensamblajes de
alimentación nuclear. La NISA lo aceptó, a pesar de que tal sistema, señala el experto japonés, es “mucho
menos preciso”.

Agrega: “La JAEA dice que el problema se debía a un „ruido eléctrico‟, pero era sólo una presunción. El hecho
es que no se ha determinado la causa. La JAEA dijo que reemplazaría la computadora pertinente por otra más
rápida, pero el 11 de junio una alarma sonó indicando que la transmisión de la nueva computadora era muy
lenta. El 8 de junio, el diario Denki Shimbun reportó que hasta la una de la tarde del 6 de junio habían sonado
620 alarmas.

“Hay que recordar también que el equipo fue instalado hace 18 años. Muchas alarmas se activan porque el
equipo está deteriorado. Esta situación demuestra que hay serios problemas con los sistemas de control de
calidad y capacidades de la JAEA.”
El expediente negro de la Tepco
Emilio Godoy


En la historia de la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio (Tepco, por sus siglas en inglés), operadora de la
planta nuclear de Fukushima afectada por el terremoto y el tsunami del viernes 11, hay varios accidentes
causados por deficiencias técnicas e incluso por negligencia.

Entre 2002 y 2003, las autoridades japonesas cerraron los 17 complejos nucleares operados por la Tepco
debido a un escándalo suscitado en 2002 y relacionado con reportes falsos sobre inspecciones a las plantas,
así como por los intentos de encubrir esas faltas.

En Japón, la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear revisa las plantas nucleares cada 13 meses, pero se
concentra en los sistemas de refrigeración; deja el examen de la coraza o vasija de contención y de las
tuberías a cada compañía operadora, la cual debe reportar cualquier falla.

A finales de los noventa, la Tepco contrató a la General Electric International (GEI), la filial nipona de General
Electric, para que revisara las vasijas de contención de los reactores de sus 17 plantas. La GEI encontró
problemas en 13 corazas, entre ellas la del reactor 1 de Fukushima. Esa información nunca salió de las
oficinas corporativas.

En julio de 2000, un ingeniero estadunidense de la subsidiaria que participó en el diseño del reactor 1 de
Fukushima pasó esos datos al Ministerio de Economía, Comercio e Industria, según reveló una investigación
que publicó en septiembre de 2002 el periódico japonés Yomiuri Shimbun.

Este mismo diario sostuvo que posteriormente otro empleado de la CEI confesó que a petición de la Tepco
falsificó reportes de seguridad de ese mismo reactor en 1989, así como de otras instalaciones.

En consecuencia, ejecutivos de General Electric avisaron en marzo de 2000 al entonces presidente de la
empresa, Nobuya Minami, que estaba en marcha una investigación sobre los reportes falsos.

En julio de 2000, el Ministerio de Comercio Internacional e Industria, predecesor de la actual cartera de
Economía, Comercio e Industria, le pidió a la Tepco hacer su propia investigación sobre las denuncias, pues
dijo tener evidencias de registros de inspección falsos en al menos ocho reactores en operación, los cuales
tenían cuarteaduras sin reparar.

En mayo de 2002, la GEI avisó a la Tepco que los registros pudieron ser manipulados. El 29 de agosto de
2002, la GEI emitió el informe Investigación de los problemas de inspección y mantenimiento en las plantas
nucleares de Tepco señalados por GE, en el que reconoció que hubo irregularidades en la inspección y en las
tareas de mantenimiento de las plantas nucleares.

Precisó que revisó 29 casos de falsificación de reportes ocurridos entre 1986 y 2001 en 13 reactores de tres
complejos nucleares.

Entre las anomalías figuró que la corporación inyectó aire en las estructuras de contención del reactor 1 de
Fukushima para disminuir artificialmente la tasa de fuga de material radiactivo.
De hecho, un equipo de abogados externos, contratados por la Tepco, encontró en los archivos de esta
empresa “acciones inapropiadas” que tuvieron lugar una década antes –en 1991 y 1992–, durante pruebas de
fuga que se realizaron en el reactor 1 de Fukushima, según refiere el informe Lecciones aprendidas del
escándalo de energía nuclear en Tepco, escrito por Hiroyuki Kuroda, gerente del Departamento de
Comunicación Corporativa de la compañía, al cual tuvo acceso este semanario.

Las pesquisas de la corporación concluyeron que los estándares técnicos fueron establecidos
inadecuadamente, que hubo exceso de confianza de los ingenieros, problemas en el sistema de “garantía de
la calidad” y que no se cumplieron aspectos del Código de Ética y Cultura Corporativa.

Prevaleció “la mentalidad conservadora de los ingenieros para evitar problemas en los reportes al gobierno
nacional, siempre y cuando creyeran que la seguridad estaba protegida”, cita el documento redactado
después del escándalo de 2002.

La clausura temporal ocasionó un déficit eléctrico en el país y le costó a la Tepco pérdidas por mil 800
millones de dólares. En 2003, tres plantas pudieron encender sus turbinas y el resto lo hizo durante 2004.

Las revelaciones alcanzaron a los integrantes de la cúpula de la corporación, pues en septiembre de 2002
renunciaron el director de la empresa, Hiroshi Araki, el vicepresidente, Toshiaki Enomoto, y los asesores Shoh
Nasu y Gaishi Hiraiwa. Un mes después el presidente de la compañía, Nobuya Minami, abandonó su cargo.

En 2006, la Tepco nadó de nuevo en aguas agitadas al transcender que los datos de uso de agua de
enfriamiento en dos plantas fueron alterados en los ochenta.

Luego, el 16 de julio de 2007, un terremoto de 6.8 grados Richter azotó a la prefectura de Niigata, en el
noroeste del país, y provocó una fuga radiactiva en la planta nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, propiedad de la
Tepco. Dotada de siete reactores, esta central es la más grande del mundo por su capacidad de generación
de 8 mil 212 megawatts.

En esta ocasión, la compañía admitió 50 incidentes, incluyendo incendios, escapes de agua y aceite, tuberías
desplazadas y equipos rotos, lo que –según la prensa nipona– hizo que el gobierno reconviniera públicamente
al presidente de la Tepco, Tsunehisa Katsumata.

El accidente implicó a la Agencia Internacional de Energía Atómica, cuyo director, entonces el egipcio
Mohamed el-Baradei, ofreció asesoría al gobierno japonés. Fue la primera vez desde el accidente de
Chernobil en que ese organismo intervenía directamente en un percance nuclear.




Dolo de la Sedena contra Proceso
Jorge Carrasco Araizaga


La exhibición de la revista Proceso en los operativos del gobierno de Felipe Calderón contra el narco se ha
vuelto una constante. Esta vez la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incluyó dos ediciones del
semanario como parte del material asegurado en un campo de entrenamiento de sicarios en Veracruz.
Por segunda vez en menos de dos años, integrantes del gabinete de seguridad nacional implicaron
oficialmente a la revista con grupos de delincuencia organizada, ante la inacción de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH).

La acción de la Sedena, que tuvo lugar el lunes 14, coincidió con la admisión a trámite de la queja presentada
por la revista en contra del Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la
decisión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de vincular al semanario con La Familia Michoacana.

En agosto de 2009, la dependencia encabezada por Genaro García Luna utilizó varias ediciones de la revista
en la presentación de una célula de ese cártel y difundió un video en que uno de los detenidos mencionaba a
Proceso como uno de los recursos con que opera el liderazgo de la banda delictiva.

Esta vez, la Sedena incurrió en la misma práctica. Colocó ejemplares de la publicación junto al equipo y
material bélico asegurado en el rancho La Leona, en el municipio Carrillo Puerto, donde según el Ejército
operaba un campo de entrenamiento de sicarios. El lugar, ubicado en el centro del estado, se encuentra en
una de las zonas donde operan Los Zetas.

A diferencia de la SSP, la Sedena no hizo ninguna referencia directa a Proceso ni a algún grupo del
narcotráfico. Sin embargo, colocó ejemplares de la revista junto a armas simuladas de madera, cortas y
largas, siluetas de medio cuerpo de personas como tiro al blanco y otros implementos, como los utilizados a
principios de la década pasada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para entrenar a sus
fuerzas.

Además del campamento y del campo de tiro, los militares presentaron armas largas, granadas de mano y de
fusil, estopines, un soporte para fusil, aditamentos lanzagranadas, cartuchos de diversos calibres, cargadores,
dispositivos para minas antipersonales, vehículos, maniquíes y siluetas para el campo de tiro.

El Ejército informó también del aseguramiento de “equipo y material diverso”, en el que se incluye la revista
Proceso. Los ejemplares corresponden a la edición 1788, del pasado 6 de febrero, cuyo principal texto de
portada se titula El Sicario, un documental proscrito en México. La nota se refiere a la película del cineasta y
periodista italiano Gianfranco Rosi sobre la vida de un sicario mexicano. Asimismo, exhibió un ejemplar de la
edición especial número 32, Los rostros del narco. Primera parte, publicada en febrero último.

El mando territorial de la Sedena en El Lencero, Veracruz, informó a la prensa local sólo sobre los objetos
asegurados como resultado del operativo realizado los días 12 y 13 de marzo pasados por efectivos de la VI
Región Militar y la XXV Zona Militar.

El comunicado de prensa en el que el Ejército dio a conocer el aseguramiento fue acompañado de una serie
de fotografías. El mando territorial convocó a los medios y les permitió tomar sus propias imágenes.

Un día después, la prensa del estado reprodujo la información con imágenes del equipo y el material. En
algunas de ellas se aprecian los ejemplares de la revista. Incluso, el periódico Diario de Xalapa describió: “En
el paraje, que lucía solitario, había vehículos que con toda intención fueron cubiertos con maleza, se hallaron
revistas con reportajes sobre la vida de los narcotraficantes y sus rostros en la portada”. El periódico evitó
mencionar el nombre del semanario.




Atropello
Al día siguiente de que el Ejército expusiera a la revista en medio del material de entrenamiento, el secretario
ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón, informó a Proceso
del inicio a trámite de la queja promovida por la revista en contra de la decisión del gobierno de Calderón de
presentarla como parte de sus acciones de “combate integral al narcotráfico”.

La queja ante el organismo interamericano, registrada en el expediente P-1700-10 México, se presentó el 29
de noviembre pasado luego de que la CNDH desestimara la queja en contra de García Luna por implicar a la
revista con una célula de La Familia Michoacana.

En dos ocasiones consecutivas, el 29 y el 30 de julio de 2009, la SSP relacionó al semanario con el cártel
michoacano luego de que la Policía Federal (PF) detuviera a un grupo de presuntos narcotraficantes
vinculados con Servando Gómez Martínez, La Tuta, considerado uno de los principales líderes de esa
organización.

El Profe, como también es conocido, es además uno de los principales objetivos de la PF, toda vez que a él
se le atribuyen algunas de las bajas más importantes de esa corporación en Michoacán, que han sido también
de las más significativas en todo el país.

Según la información difundida por la SSP, uno de los detenidos aseguró que La Tuta le pedía que comprara
la revista, además de que cuatro de sus ediciones fueron presentadas por la dependencia como parte de los
recursos con los que opera la organización delictiva.

A la semana siguiente, Proceso presentó una queja ante la CNDH al considerar que la dependencia a cargo
de García Luna, uno de los hombres más cercanos a Calderón, violó los derechos humanos de los
trabajadores y directivos de la publicación.

“En función de los antecedentes corroborados por organizaciones defensoras de periodistas, respecto a las
agresiones a periodistas y medios de comunicación por parte de diversos grupos y organizaciones delictivas
que se sienten afectados por alguna publicación, consideramos que la actuación de la autoridad coloca en un
riesgo al personal y a las instalaciones de la revista”, señaló la publicación en sus agravios.

La queja se tramitó ante la Quinta Visitaduría de la CNDH, encargada del programa de Agravio a Periodistas y
Defensores Civiles de Derechos Humanos, pero después de casi un año, su entonces titular, Andrés Calero
Aguilar, desestimó la queja al considerar que la revista no debía sentirse afectada (Proceso 1752).

Para el organismo, la exhibición de la revista por parte de la SSP fue un mero “acto de difusión” que no puede
considerarse “como un medio indirecto de presión o censura contra la línea editorial que maneja la revista”.

La CNDH decidió entonces archivar la queja y dejó en manos del propio gobierno de Calderón, a través del
Órgano Interno de Control de la SSP, que investigue si hubo alguna irregularidad.

El organismo, que mantiene bajo reserva el expediente de la investigación, desestimó también un punto de
acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión adoptado por unanimidad el 19 de agosto de
2009, en el que el Poder Legislativo le pidió a García Luna garantizar “el libre ejercicio de las libertades de
presión y expresión” y evitar actos que pongan en riesgo a los periodistas.

Los legisladores dijeron que al vincular a Proceso con La Familia Michoacana la SSP puede “generar diversas
interpretaciones que deriven en actos de agresiones hacia los integrantes de la revista”.

Luego de que la CNDH rechazó la querella, el semanario acudió en noviembre pasado a la CIDH por
considerar que tanto el gobierno de Calderón como el organismo que encabeza Raúl Plascencia desestimaron
las garantías previstas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración
de los Principios sobre la Libertad de Expresión, suscritos por México. l




El “atrio privado” de la Basílica
Rodrigo Vera


Para construir la Plaza Mariana, junto a la Basílica de Guadalupe, la anterior administración capitalina
desalojó a 250 locatarios de un mercado. Ellos siguen peleando por su reubicación o una indemnización y sus
abogados narran a Proceso la serie de irregularidades cometidas para la edificación de la obra, en la que
tienen metidas las manos Grupo Carso, la cúpula eclesiástica y hasta el gobierno del DF. Los litigantes
refieren la probabilidad de que se haya cometido un fraude multimillonario...




Con miras a emprender negocios multimillonarios se privatizó el terreno de 30 mil metros cuadrados en el que
Carlos Slim construye la Plaza Mariana, a un costado del atrio de la Basílica de Guadalupe.

Esa privatización también tuvo el propósito de evitar que dicho terreno se convierta en patrimonio federal,
como todos los templos y atrios del país que le fueron expropiados a la Iglesia en el siglo XIX y que ahora son
bienes nacionales por disposición constitucional.

La Plaza Mariana no será parte de la Basílica de Guadalupe –patrimonio nacional– sino un ultramoderno mall
manejado por Slim y el cardenal Norberto Rivera Carrera a través de la asociación civil Fundación Plaza
Mariana.

El abogado Francisco Rivas, representante legal de la Agrupación de Comerciantes Emiliano Zapata, que
aglutina a 250 vendedores de La Villa, afirma a este semanario:

“Ya se privatizó el predio que en 2003 le regaló el gobierno capitalino a la Fundación Plaza Mariana y en el
que ahora el empresario Carlos Slim construye la Plaza Mariana. El objetivo es meramente empresarial; hacer
ahí negocio tras negocio.”

–Entonces, ¿es falso que será una ampliación del atrio y que tendrá fines religiosos?

–Eso es una falsedad. A golpe de vista la Plaza Mariana podrá parecer una extensión del atrio actual, como
incluso se viene pregonando, pero no es así. Todo es una simulación, un engaño. En los hechos se trata de
una propiedad privada con fines lucrativos.

“Hagamos una distinción: el terreno del actual atrio, así como la nueva y la antigua Basílica, pertenecen a la
nación, son propiedad federal como lo estipulan la Constitución y la Ley General de Bienes Nacionales. A esa
área incluso la resguarda la Policía Federal.

“¿Qué se hizo para que la Plaza Mariana no cayera en manos de la federación, como sucede con el resto de
los templos? ¿Qué maniobra se usó para darle un fin empresarial? Pues simplemente se privatizó el área. Así
de sencillo. Con la privatización se eliminaron las trabas que impiden hacer negocios. De manera que, por así
decirlo, en la Basílica de Guadalupe vamos a tener un atrio público y un atrio privado.”
El abogado abre una carpeta, extrae los documentos del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal
con los que apoya sus afirmaciones.

En el folio real 1212226 se estipula que la asociación civil Fundación Plaza Mariana es la propietaria del
terreno de 29 mil 534 metros cuadrados, el cual constituyó en “régimen de propiedad en condominio” ya que
lo dividió en “4 unidades privativas”: un “columbario”, un “centro evangelizador”, un “museo” y un “mercado”.

No sólo eso. Ahí también se asienta que el 22 de diciembre de 2005 la Fundación Plaza Mariana constituyó
“un fideicomiso con actividad empresarial” con el Grupo Financiero BBVA Bancomer, ante el notario público
número 151, Cecilio González Márquez.

La Fundación Plaza Mariana –como “fideicomitente”– solicitó un préstamo a la institución bancaria –que
quedó como “fiduciaria”– a fin de obtener recursos para la construcción de la plaza y dejó el terreno como
garantía prendaria.

El 4 de julio de 2007 extinguió ese fideicomiso con Bancomer para abrir otro con el Grupo Autofin, con la
misma finalidad: allegarse los “financiamientos que se requieran para sufragar los gastos y costos de la
construcción de la Plaza Mariana”. Este acuerdo quedó suscrito ante el notario número 16, Francisco
Fernández Cueto, según consta en el folio real número 1254506 del Registro Público de la Propiedad.

Rivas explica: “En este momento y según estas documentales públicas, ese fideicomiso con Autofin es
legalmente el dueño del terreno y de las cuatro unidades privativas que tendrá la Plaza Mariana. Jamás se ha
explicado por qué se extinguió el fideicomiso con Bancomer y se creó el de Autofin. Hay cosas que
permanecen ocultas.

“La Fundación Plaza Mariana no tenía necesidad de recurrir a préstamos con las instituciones bancarias, pues
lleva años recibiendo donativos de los fieles guadalupanos para realizar la construcción. Incluso abrió cuentas
bancarias para recibir los donativos, que no sabemos a cuánto ascienden.

“Además está vendiendo por anticipado los miles de nichos que habrá en el columbario a más de 22 mil pesos
cada uno, lo que le está dejando ingresos de miles de millones de pesos, cantidad muy por encima del costo
de la obra, calculado en unos 700 millones de pesos.”

–En agosto del año pasado Carlos Slim dijo que donará la obra. Y ya la está construyendo. ¿Para qué
entonces los préstamos bancarios, los donativos de los fieles y la venta anticipada de nichos?

–No sabemos a dónde van a parar todas esas cantidades multimillonarias, pues la obra la está construyendo
el Grupo Carso, de Carlos Slim. Aunque no creo que el empresario haga la construcción desinteresadamente.
Por algo es el hombre más rico del mundo. Él está metido en el negocio desde el principio. Sacará jugosas
ganancias, no tengo ninguna duda. Hay maniobras muy turbias en torno a la Plaza Mariana.




Con fines mercantiles




Rivas insiste en que se trata de un negocio ilegal: “Es un negocio netamente privado, porque está en manos
de una asociación civil y de una institución bancaria en un terreno privado. Y sus fines son mercantiles y
empresariales desde el momento en que hay compraventa de nichos. Así de claro. No hay más.
“Deberían decirlo abiertamente pero no lo hacen, manejan una publicidad engañosa que intenta hacer creer
que la Plaza Mariana será una ampliación del atrio actual, una obra social para beneficio de los mexicanos, lo
cual es falso.

“Todo esto viola las disposiciones mediante las que en 2003 el Gobierno del Distrito Federal, concretamente
Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno, le donó ese terreno a la Fundación Plaza Mariana.
Por ejemplo, el contrato de donación estipula claramente que el terreno y la obra deben tener un fin social.”

El abogado muestra el “contrato de donación” –celebrado el 21 de agosto de 2003 ante el notario 64, Luis
Gonzalo Zermeño Maeda– donde se estipula que el gobierno capitalino dona el terreno para que ahí se haga
“la ampliación del atrio de la Basílica de Guadalupe” mediante el proyecto Plaza Mariana, que “consiste en la
edificación de: museo, estacionamientos, centro de evangelización, área de columbario bajo la concesión para
la prestación del servicio público de cementerios, mercado público y área verde, con el objeto de generar un
espacio urbano que conserve la dinámica de culto religioso y el carácter público de la zona”.

El contrato agrega que uno de los fines de la Fundación Plaza Mariana es “realizar la ampliación de espacios
públicos en la Basílica de Guadalupe para mejorar la atención a los visitantes y reforzar la vocación turística y
religiosa de dichos espacios”. La Fundación, recalca, tiene como objetivo “elaborar todo tipo de proyectos,
estudios, consultas y opiniones requeridos para la realización de sus fines sociales”.

Y como en el área donada había un mercado público que fue demolido, el contrato estipula que debe
construirse otro para reubicar a los locatarios, quienes ahora se instalaron en la calle. Dicho mercado lo
cederá la fundación “a título gratuito a favor del GDF”.

Aclara en varias de sus cláusulas que están permitidas las donaciones, permutas, comodatos, compraventas,
usufructo de bienes y otras operaciones que puedan darse, pero “sin que ello constituya un fin
preponderantemente económico o especulación mercantil”.

El contrato da un plazo de dos años para construir la Plaza Mariana. De lo contrario la donación del terreno
“será revocada” y éste pasará nuevamente a ser parte del “patrimonio del Distrito Federal”.

El acuerdo se celebró entre el Gobierno del Distrito Federal representado por el entonces oficial mayor,
Octavio Romero Oropeza, y la Fundación Plaza Mariana, representada por el cardenal Norberto Rivera
Carrera, arzobispo primado de México, y por Diego Monroy, en ese tiempo rector del santuario.

Dice Francisco Rivas: “Ya de entrada hay dos violaciones flagrantes al contrato de donación. En primer lugar
la Fundación Plaza Mariana no respetó el plazo de dos años para construir, que concluyó en 2005, por lo que
ese año debió habérsele quitado el terreno.

“En segundo lugar, no se están dando los fines sociales estipulados, pues finalmente se privatizó el terreno y
ya se le está dando un uso empresarial, al grado de que hasta Carlos Slim está metido en el negocio.

“Es mentira que la Fundación Plaza Mariana tenga fines sociales o de beneficencia. Nunca ha hecho labor en
ese sentido. En el fondo hay una simulación jurídica con la que se están ocultando los fines de lucro de la
fundación.”




Negocio columbario
–¿Dónde detecta el negocio?

Pedro Ulises Rivera, también abogado de la Organización de Comerciantes Emiliano Zapata y quien
acompaña a Rivas en la entrevista, saca unas hojas con anotaciones y responde:

“Actualmente el gran negocio está en la venta de nichos. Al principio hablaron de que venderían alrededor de
100 mil, a 22 mil pesos cada uno, lo que representa ingresos por 2 mil 200 millones de pesos. Ahora ya dicen
que pueden llegar a construir y vender 600 mil nichos. Esto les dejará 13 mil 200 millones de pesos. Sin
contar los cobros que periódicamente harán por el mantenimiento y lo que ellos llaman el resguardo.

“El aumento en su oferta demuestra que los están vendiendo como pan caliente, pues utilizan el anzuelo
publicitario de que las cenizas de los muertos ahí depositadas estarán junto a la Virgen del Tepeyac. Para
muchísimas personas esto es como ganarse el cielo por sólo 22 mil pesos pagados en mensualidades.

“Además, la Plaza Mariana tendrá locales comerciales donde los peregrinos pudientes o los turistas podrán
comprar productos de marca. Los estacionamientos serán de cobro. A esos y otros negocios también podrá
entrarle Carlos Slim, quien olfateó muy bien el dinero, pues la Plaza Mariana tendrá millones de consumidores
cautivos.”

Los abogados hacen notar que por ley es a la federación a la que correspondía coordinar la construcción de la
Plaza Mariana, pues los templos son patrimonio federal. Mencionan concretamente los artículos 27 y 130
constitucionales, así como los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley General de Bienes Nacionales, que regulan la
materia.

“Hubiera sido mucho más sencillo que se le donara ese predio al gobierno federal para que éste se hiciera
cargo del proyecto. Así se hubieran evitado muchos problemas”, dicen.

–A estas alturas ¿debería intervenir la federación?

–Suponemos que sí, pues a pesar de que el terreno es privado, colinda con un área de monumentos
históricos, como la Basílica antigua y otras edificaciones coloniales que deben resguardarse del despiadado
embate comercial que emprenden la Iglesia y Carlos Slim, a quienes sólo les importa el dinero.

“Por desgracia la federación no ha hecho nada. Los encargados de cuidar el patrimonio nacional permanecen
pasivos, viendo solamente cómo el Grupo Carso está construyendo la imponente mole de metal y concreto
que será un mall con un barniz guadalupano.”

Proceso solicitó una entrevista con el responsable de atender los templos del país, el arquitecto Raúl Delgado
Lamas, director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes. Pero el arquitecto no quiso hablar.

Los abogados Rivas y Rivera sostienen que Slim ha estado metido en el negocio de la Plaza Mariana desde
un principio, a través de uno de sus “operadores”, el empresario Fernando Chico Pardo, quien formalmente
sigue apareciendo como “tesorero” de la Fundación Plaza Mariana según el folio 56408 del Registro Público
de la Propiedad.




También el GDF
De acuerdo con ese folio, el presidente de la fundación es Norberto Rivera y el secretario y apoderado es
Diego Monroy. Como vocales siguen apareciendo José Agustín Ortiz Pinchetti, quien fue secretario de
gobierno de López Obrador, y Julia Rita Campos de la Torre, que era la secretaria de Turismo de esa
administración capitalina.

Rivas explica: “Los cargos de la fundación se repartieron entre la Iglesia, Carlos Slim y el gobierno capitalino
pues la Plaza Mariana es un negocio acordado por las tres partes desde un principio. Fue un acuerdo cupular
entre el cardenal, el empresario y López Obrador”.

–¿El gobierno capitalino también está metido en el negocio?

–Por supuesto. Es ese el motivo por el que dejaron fuera a la federación. Por eso mismo López Obrador le
donó el terreno a la fundación. Y esta también es la razón por la que el gobierno capitalino no ha revocado la
donación, como debió hacerlo por todos los incumplimientos e irregularidades que ya señalé.

–Sin embargo, entre los directivos de la fundación aparecen nombres de personas, como Ortiz Pinchetti y
Campos de la Torre, que ya no son funcionarios del gobierno capitalino.

–Las personas aquí no importan. Esos exfuncionarios seguramente fueron sustituidos por funcionarios
actuales del gobierno de la capital. Aquí lo importante es que esos mismos cargos siguen repartidos entre las
tres partes. Respecto al gobierno capitalino, digamos que López Obrador le heredó el negocio a Marcelo
Ebrard.

–¿Sólo por esta deducción usted asegura que el gobierno de la Ciudad de México tiene participación?

–No. También tengo pruebas documentales. Por ejemplo, actas de asamblea realizadas por el Comité del
Patrimonio Inmobiliario del gobierno capitalino. Ahí ya se menciona que a cambio de la donación del terreno al
gobierno capitalino le corresponde 30% de las ganancias que dejará la Plaza Mariana.

El abogado extiende sobre la mesa algunas de esas actas selladas y firmadas. Hablan de la construcción de
la Plaza Mariana, de sus características arquitectónicas, de sus implicaciones legales y de las ganancias que
tendrá el gobierno capitalino.

Remata: “Estos documentos también explican por qué el Gobierno del Distrito Federal desalojó a la fuerza a
los comerciantes establecidos que represento, quienes estaban en el área donada que no pertenecía al
gobierno de la ciudad, sino a ellos”.

Los abogados Rivas y Rivera representan a los 250 locatarios de la Agrupación de Comerciantes Emiliano
Zapata, desalojados violentamente por más de mil policías que abrieron paso a las grúas y retroexcavadoras
que destruyeron los pequeños locales.

Esos comerciantes siguen litigando para recuperar sus espacios o para que se les indemnice. En el
transcurso del litigio, los abogados han obtenido estos documentos reveladores entregados a Proceso.

Explica Rivas: “Por orden de un juez el gobierno de la ciudad nos ha ido entregando la documental pública
con que contamos. Gracias a ella vamos entendiendo la magnitud del negocio de la Plaza Mariana… y el
estorbo que representaban los pequeños comerciantes establecidos”.

–¿Se les entregará un mercado público a los comerciantes que aceptaron salir voluntariamente?
–Ellos no tienen ninguna certeza jurídica, como tampoco la tienen las miles de personas que están comprando
los nichos de la Plaza Mariana y que deberían figurar como copropietarios y ser incluidos en el fideicomiso.

–¿Se les está engañando?

–Sí, son víctimas de un engaño. Y todavía quedan muchos puntos oscuros sobre el gran negocio que
representa la Plaza Mariana. Detrás de toda esa simulación está la presunción de un fraude multimillonario.

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NC-2011-03-20-1

  • 1. NC-2011-03-20-1 Domingo 20 de marzo de 2011 Notas completas Pronósticos que aterran... Marco Appel La emergencia que vive Japón por los daños que el terremoto y el tsunami del viernes 11 ocasionaron en la central nuclear de Fukushima era de esperarse, afirman especialistas japoneses. Aseguran que la corrupción y los arreglos poco claros entre el gobierno nipón y las empresas generadoras de electricidad prepararon el terreno para esta catástrofe, que, según algunos expertos, podría superar a la de Chernobil. BRUSELAS.- Los peores pronósticos de una catástrofe nuclear en Japón se están cumpliendo. La poca información oficial disponible hasta el jueves 17 indica que la planta nuclear de Fukushima –golpeada por un sismo de 8.9 grados Richter y un tsunami el pasado viernes 11– experimentaba múltiples fusiones y la piscina del reactor número 4 estaba casi seca, por lo que liberaba altas cantidades de radiación. Los medios europeos ya hablan de una posible “megacatástrofe” comparable o superior a la de Chernobil. Especialistas en la materia ya lo esperaban. Equipos vetustos, corrupción, intereses comerciales desaforados... la tragedia de Fukushima era cuestión de tiempo, consideran. El 11 de agosto de 2007, el sismólogo japonés Ishibashi Katsuhiko advirtió: “Si Japón no toma medidas radicales para reducir la vulnerabilidad de sus centrales nucleares ante los sismos, el país podría vivir una verdadera catástrofe nuclear en el futuro próximo”. Katsuhiko había renunciado un año antes al panel que fijó las normas sísmicas –en vigor desde septiembre de 2006 para las centrales nucleares japonesas– porque tales medidas no eran suficientemente estrictas y subestimaban la fuerza sísmica. “Sin importar su localización”, dijo, “cualquier planta nuclear debe ser diseñada para soportar por lo menos la aceleración de un sismo de una magnitud de 7.3 grados, es decir aproximadamente mil unidades gal”. La norma actual autoriza plantas nucleares resistentes apenas a 450 unidades gal. Ese límite ya fue superado por varios sismos: el que sacudió la central nuclear de Onagawa, al norte de Fukushima, en agosto de 2005; el de Shika, en marzo de 2007 y el de Kashiwazaki-Kariwa, en julio del mismo año. Más recientemente, el pasado 16 de julio, el Centro Ciudadano de Información Nuclear (CNIC, por sus siglas en inglés), una organización pública con sede en Tokio, también alertó sobre los riesgos en esas centrales. En un reporte, ese organismo expuso el caso de los siete reactores de la estación de energía más grande del mundo, la de Kashiwazaki-Kariwa, afectada el 16 de julio de 2007 por un sismo de 6.8 grados Richter que azotó la región de Niigata con saldo de cinco muertos y 2 mil 300 heridos. “Fue pura buena suerte que tras el sismo no se hubiera escapado más líquido radioactivo”, observó el CNIC, que denunció el peligro de activar otra vez los reactores.
  • 2. La prefectura de Niigata estableció dos subcomités de expertos para medir el impacto del terremoto en la planta, explicó el CNIC. Uno evaluó la integridad y la seguridad sísmica de los reactores; el otro, las condiciones del suelo. “Este último subcomité”, dice el organismo japonés, “advirtió del peligro de que otro terremoto, incluso más fuerte que el de 2007, pudiera golpear la planta en el futuro. La población debe estar preparada para enfrentar la posibilidad de otro desastre”. El documento del CNIC –firmado por sus directores Hideyuki Ban, Baku Nishio y Yukio Yamaguchi– añade: “Pese a lo anterior y antes de sacar cualquier conclusión científica, juicios apresurados han permitido reactivar varios de los reactores. Las operaciones comerciales se reanudaron en las unidades seis y siete. Ello se autorizó aun antes de que finalizara el debate sobre la seguridad de la planta. La unidad uno, el reactor más viejo y el que fue más sacudido y dañado por el temblor, según inspecciones visuales, comenzó pruebas de arranque el 11 de mayo de 2010 sin una discusión de fondo y sin llevar a cabo un foro público.” El Comité Técnico de la prefectura de Niigata le solicitó a la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio (Tepco, por su acrónimo en inglés), la misma que opera los reactores de Fukushima, que probara con datos la resistencia de las válvulas y otros equipos del reactor uno. Pero la empresa presentó información de un proyecto de investigación de marzo de 1983 y, por lo tanto, fue rechazada. No obstante, el pasado 21 de julio el Comité Técnico le dio permiso a la Tepco de reanudar las operaciones comerciales de la central de Kashiwazaki-Kariwa. Criterios obsoletos El programa nuclear japonés tiene más de 40 años y en la actualidad la tercera parte de la energía eléctrica de Japón tiene ese origen. En 1990, 55% de los japoneses estaba a favor de la energía nuclear, pero esa cifra había caído a menos de 20% antes del accidente de Fukushima. El hecho se explica en la pesadilla en la que se ha convertido la aventura nuclear japonesa. El peor accidente atómico después de Chernobil –el 26 de abril de 1986 y del que nunca se informó el número de víctimas fatales– ocurrió el 30 de septiembre de 1999 en la planta japonesa de Tokaimura, cerca de Tokio: un mal manejo del equipo causó una sobrecarga de uranio y cientos de miles de personas estuvieron en riesgo de contaminarse. Además en 2002, la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial de Japón (NISA, por sus siglas en inglés) descubrió que la Tepco –la productora de energía eléctrica más importante de ese país– había falsificado 29 reportes de inspección de sus plantas y manipuló varias videocintas a fin de ocultar las grietas de las coberturas de las vasijas en 13 de los 17 reactores que opera, entre ellos los seis de Fukushima I y los cuatro de Fukushima II. El presidente y cuatro ejecutivos de la firma fueron despedidos, pero el escándalo alimentó la impopularidad de la energía nuclear.
  • 3. En un cable de 2008, filtrado por WikiLeaks, un influyente político japonés, Taro Kono, informó a los diplomáticos estadunidenses que el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de su país –responsable de la energía nuclear– “había estado enmascarando accidentes nucleares y ocultando los verdaderos costos y los problemas asociados con la industria nuclear”. Otro documento filtrado por WikiLeaks y publicado el jueves 17 por el diario británico The Telegraph reveló que en 2008 un funcionario no identificado de la Agencia Internacional de la Energía Atómica le hizo notar al gobierno japonés, durante una reunión del grupo de seguridad nuclear del G-8 en Tokio, que sus criterios en materia nuclear eran “obsoletos”. El mismo funcionario planteó que los sismos recientes habían sobrepasado los límites previstos para ciertas centrales nucleares en Japón, edificadas para soportar terremotos de una magnitud máxima de 7 grados. La única respuesta del gobierno japonés fue crear un centro de urgencias en Fukushima. Intereses El pasado 14 de junio, la NISA presentó un reporte del estado de las 54 plantas nucleares de Japón. Casi la mitad tenía algún problema de diversa gravedad. En su evaluación, la NISA reportó incidentes “inaceptables” en las plantas Shimane 1 y 2, en otras 21 halló incidentes que consideró “de seriedad” y en dos más encontró desperfectos que requerían de vigilancia en inspecciones futuras. Otras 19 tuvieron “incidentes menores” que no ameritaban un control riguroso. Únicamente 10 no tuvieron problemas. Pero entre abril de 2009 y marzo de 2010, el CNIC contabilizó 36 “incidentes mayores” en instalaciones nucleares japonesas, dos de éstos en Fukushima. El 6 de abril de 2009, en Fukushima I-3 fallaron los trabajos para restaurar una unidad de control hidráulico; meses después, el 15 de octubre, en Fukushima II-4 se redujo inesperadamente la energía cuando se apagó una bomba de circulación en el reactor. Pero los casos más preocupantes, todos durante 2009, fueron aquellos en los que hubo fuga de material radiactivo: el 6 de abril en las instalaciones de reprocesamiento de la planta de Tokai, seis días después en el complejo Shika-2, el 23 de julio en Kashiwazaki-Kariwa-7, el 6 de octubre en Fugen, el 22 de octubre en la planta de reprocesamiento de Rokkasho y el 1 de diciembre en Hamaoka-3. Los documentos del CNIC están llenos de historias que permiten adentrarse en la ineficacia de los mecanismos de seguridad nuclear de Japón: El 28 de octubre, el Comité Técnico de la prefectura de Niigata discutió si era conveniente, en términos de seguridad, reiniciar las operaciones del reactor 5 de la central de Kashiwazaki-Kariwa (operada por la Tepco), severamente afectada por el terremoto del 16 de julio de 2007. Yukio Yamaguchi, codirector de CNIC refiere en su reporte: “Se tenía programado que la reunión durara dos horas y media pero sólo duró una hora y cuarto. El único tema sustancial que se discutió fue si las obras para
  • 4. fortalecer la resistencia sísmica de la vasija del contenedor eran o no suficientes para garantizar la seguridad. Motoe Suzuki, miembro del comité, sugirió que de hecho se incrementaba el peligro”. Continúa: “Un reporte que resumía los principales puntos de discusión fue elaborado por el Subcomité de Calidad del Equipo y Seguridad Sísmica, organismo del Comité Técnico. Ese reporte fue fruto de nueve borradores e implicó discusiones considerables, pero los miembros del Comité Técnico no expresaron ninguna opinión sobre las cuestiones expuestas en él. El presidente del Comité Técnico preguntó: „¿En ese caso podemos concluir que no hay problemas de seguridad?‟ Su pregunta fue respondida con un silencio aprobatorio y se pasó al siguiente punto de la agenda. Fue realmente increíble”. Yamaguchi dice que, en el reporte enero-febrero de este año, se informa de una fuga radiactiva ocurrida el 10 de septiembre de 2010 en Kashiwazaki-Kariwa-7, donde ya se había registrado un hecho similar el 23 de julio anterior. Advirtió: “La Tepco sigue operando el reactor con una fuga en el ensamblaje de alimentación, incluso si no ha determinado el origen del problema. Desde entonces el nivel de radiactividad que registra el monitor de corte de gas sigue fluctuando alrededor de las 10 unidades por segundo o cps”. Una lectura normal, recuerda Yamaguchi, no debe superar 1 cps. Y relata: “Masahiro Koiwa, miembro del Comité Técnico, abordó este asunto en la reunión del Subcomité de Calidad del Equipo y Seguridad Sísmica que tuvo lugar el 13 de diciembre. La Tepco admitió que una pequeña cantidad de radiactividad seguía fugándose del reactor. Incluso si la cantidad no es muy grande, llama la atención que la Tepco tuviera que ser obligada a reconocer que está permitiendo la operación de un reactor con fugas radiactivas”. El 6 de mayo de 2010 volvió a funcionar el Prototipo de Reactor Rápido de Neutrones de Monju, desarrollado por la Agencia de Energía Atómica de Japón (JAEA, por sus siglas en inglés). Este reactor había sido apagado el 9 de diciembre de 1995 tras una fuga de sodio y un incendio provocados por errores de diseño. Su mantenimiento costaba al erario 700 mil dólares diarios. Hideyuki Ban, codirector del CNIC, narra que el día en que se puso nuevamente en marcha el reactor sonó una alarma de fuga radiactiva. Al día siguiente, la alarma ya había sonado siete veces. Ban explica en su reporte: “La parte superior del reactor está cubierta con gas argón. Los detectores toman muestras de ese gas para detectar ligeras fugas de radiactividad viniendo del combustible nuclear. Como toma tiempo detectar la radiactividad, tres detectores operan consecutivamente para conseguir una medición continua. Una alarma se activó cuando uno de esos detectores funcionó mal. Pero la JAEA siguió operando la planta con dos detectores. El 9 de mayo, un segundo detector se atrofió”. La agencia nuclear japonesa propuso entonces otro método de detección centrado en los ensamblajes de alimentación nuclear. La NISA lo aceptó, a pesar de que tal sistema, señala el experto japonés, es “mucho menos preciso”. Agrega: “La JAEA dice que el problema se debía a un „ruido eléctrico‟, pero era sólo una presunción. El hecho es que no se ha determinado la causa. La JAEA dijo que reemplazaría la computadora pertinente por otra más rápida, pero el 11 de junio una alarma sonó indicando que la transmisión de la nueva computadora era muy lenta. El 8 de junio, el diario Denki Shimbun reportó que hasta la una de la tarde del 6 de junio habían sonado 620 alarmas. “Hay que recordar también que el equipo fue instalado hace 18 años. Muchas alarmas se activan porque el equipo está deteriorado. Esta situación demuestra que hay serios problemas con los sistemas de control de calidad y capacidades de la JAEA.”
  • 5. El expediente negro de la Tepco Emilio Godoy En la historia de la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio (Tepco, por sus siglas en inglés), operadora de la planta nuclear de Fukushima afectada por el terremoto y el tsunami del viernes 11, hay varios accidentes causados por deficiencias técnicas e incluso por negligencia. Entre 2002 y 2003, las autoridades japonesas cerraron los 17 complejos nucleares operados por la Tepco debido a un escándalo suscitado en 2002 y relacionado con reportes falsos sobre inspecciones a las plantas, así como por los intentos de encubrir esas faltas. En Japón, la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear revisa las plantas nucleares cada 13 meses, pero se concentra en los sistemas de refrigeración; deja el examen de la coraza o vasija de contención y de las tuberías a cada compañía operadora, la cual debe reportar cualquier falla. A finales de los noventa, la Tepco contrató a la General Electric International (GEI), la filial nipona de General Electric, para que revisara las vasijas de contención de los reactores de sus 17 plantas. La GEI encontró problemas en 13 corazas, entre ellas la del reactor 1 de Fukushima. Esa información nunca salió de las oficinas corporativas. En julio de 2000, un ingeniero estadunidense de la subsidiaria que participó en el diseño del reactor 1 de Fukushima pasó esos datos al Ministerio de Economía, Comercio e Industria, según reveló una investigación que publicó en septiembre de 2002 el periódico japonés Yomiuri Shimbun. Este mismo diario sostuvo que posteriormente otro empleado de la CEI confesó que a petición de la Tepco falsificó reportes de seguridad de ese mismo reactor en 1989, así como de otras instalaciones. En consecuencia, ejecutivos de General Electric avisaron en marzo de 2000 al entonces presidente de la empresa, Nobuya Minami, que estaba en marcha una investigación sobre los reportes falsos. En julio de 2000, el Ministerio de Comercio Internacional e Industria, predecesor de la actual cartera de Economía, Comercio e Industria, le pidió a la Tepco hacer su propia investigación sobre las denuncias, pues dijo tener evidencias de registros de inspección falsos en al menos ocho reactores en operación, los cuales tenían cuarteaduras sin reparar. En mayo de 2002, la GEI avisó a la Tepco que los registros pudieron ser manipulados. El 29 de agosto de 2002, la GEI emitió el informe Investigación de los problemas de inspección y mantenimiento en las plantas nucleares de Tepco señalados por GE, en el que reconoció que hubo irregularidades en la inspección y en las tareas de mantenimiento de las plantas nucleares. Precisó que revisó 29 casos de falsificación de reportes ocurridos entre 1986 y 2001 en 13 reactores de tres complejos nucleares. Entre las anomalías figuró que la corporación inyectó aire en las estructuras de contención del reactor 1 de Fukushima para disminuir artificialmente la tasa de fuga de material radiactivo.
  • 6. De hecho, un equipo de abogados externos, contratados por la Tepco, encontró en los archivos de esta empresa “acciones inapropiadas” que tuvieron lugar una década antes –en 1991 y 1992–, durante pruebas de fuga que se realizaron en el reactor 1 de Fukushima, según refiere el informe Lecciones aprendidas del escándalo de energía nuclear en Tepco, escrito por Hiroyuki Kuroda, gerente del Departamento de Comunicación Corporativa de la compañía, al cual tuvo acceso este semanario. Las pesquisas de la corporación concluyeron que los estándares técnicos fueron establecidos inadecuadamente, que hubo exceso de confianza de los ingenieros, problemas en el sistema de “garantía de la calidad” y que no se cumplieron aspectos del Código de Ética y Cultura Corporativa. Prevaleció “la mentalidad conservadora de los ingenieros para evitar problemas en los reportes al gobierno nacional, siempre y cuando creyeran que la seguridad estaba protegida”, cita el documento redactado después del escándalo de 2002. La clausura temporal ocasionó un déficit eléctrico en el país y le costó a la Tepco pérdidas por mil 800 millones de dólares. En 2003, tres plantas pudieron encender sus turbinas y el resto lo hizo durante 2004. Las revelaciones alcanzaron a los integrantes de la cúpula de la corporación, pues en septiembre de 2002 renunciaron el director de la empresa, Hiroshi Araki, el vicepresidente, Toshiaki Enomoto, y los asesores Shoh Nasu y Gaishi Hiraiwa. Un mes después el presidente de la compañía, Nobuya Minami, abandonó su cargo. En 2006, la Tepco nadó de nuevo en aguas agitadas al transcender que los datos de uso de agua de enfriamiento en dos plantas fueron alterados en los ochenta. Luego, el 16 de julio de 2007, un terremoto de 6.8 grados Richter azotó a la prefectura de Niigata, en el noroeste del país, y provocó una fuga radiactiva en la planta nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, propiedad de la Tepco. Dotada de siete reactores, esta central es la más grande del mundo por su capacidad de generación de 8 mil 212 megawatts. En esta ocasión, la compañía admitió 50 incidentes, incluyendo incendios, escapes de agua y aceite, tuberías desplazadas y equipos rotos, lo que –según la prensa nipona– hizo que el gobierno reconviniera públicamente al presidente de la Tepco, Tsunehisa Katsumata. El accidente implicó a la Agencia Internacional de Energía Atómica, cuyo director, entonces el egipcio Mohamed el-Baradei, ofreció asesoría al gobierno japonés. Fue la primera vez desde el accidente de Chernobil en que ese organismo intervenía directamente en un percance nuclear. Dolo de la Sedena contra Proceso Jorge Carrasco Araizaga La exhibición de la revista Proceso en los operativos del gobierno de Felipe Calderón contra el narco se ha vuelto una constante. Esta vez la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incluyó dos ediciones del semanario como parte del material asegurado en un campo de entrenamiento de sicarios en Veracruz.
  • 7. Por segunda vez en menos de dos años, integrantes del gabinete de seguridad nacional implicaron oficialmente a la revista con grupos de delincuencia organizada, ante la inacción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La acción de la Sedena, que tuvo lugar el lunes 14, coincidió con la admisión a trámite de la queja presentada por la revista en contra del Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la decisión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de vincular al semanario con La Familia Michoacana. En agosto de 2009, la dependencia encabezada por Genaro García Luna utilizó varias ediciones de la revista en la presentación de una célula de ese cártel y difundió un video en que uno de los detenidos mencionaba a Proceso como uno de los recursos con que opera el liderazgo de la banda delictiva. Esta vez, la Sedena incurrió en la misma práctica. Colocó ejemplares de la publicación junto al equipo y material bélico asegurado en el rancho La Leona, en el municipio Carrillo Puerto, donde según el Ejército operaba un campo de entrenamiento de sicarios. El lugar, ubicado en el centro del estado, se encuentra en una de las zonas donde operan Los Zetas. A diferencia de la SSP, la Sedena no hizo ninguna referencia directa a Proceso ni a algún grupo del narcotráfico. Sin embargo, colocó ejemplares de la revista junto a armas simuladas de madera, cortas y largas, siluetas de medio cuerpo de personas como tiro al blanco y otros implementos, como los utilizados a principios de la década pasada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para entrenar a sus fuerzas. Además del campamento y del campo de tiro, los militares presentaron armas largas, granadas de mano y de fusil, estopines, un soporte para fusil, aditamentos lanzagranadas, cartuchos de diversos calibres, cargadores, dispositivos para minas antipersonales, vehículos, maniquíes y siluetas para el campo de tiro. El Ejército informó también del aseguramiento de “equipo y material diverso”, en el que se incluye la revista Proceso. Los ejemplares corresponden a la edición 1788, del pasado 6 de febrero, cuyo principal texto de portada se titula El Sicario, un documental proscrito en México. La nota se refiere a la película del cineasta y periodista italiano Gianfranco Rosi sobre la vida de un sicario mexicano. Asimismo, exhibió un ejemplar de la edición especial número 32, Los rostros del narco. Primera parte, publicada en febrero último. El mando territorial de la Sedena en El Lencero, Veracruz, informó a la prensa local sólo sobre los objetos asegurados como resultado del operativo realizado los días 12 y 13 de marzo pasados por efectivos de la VI Región Militar y la XXV Zona Militar. El comunicado de prensa en el que el Ejército dio a conocer el aseguramiento fue acompañado de una serie de fotografías. El mando territorial convocó a los medios y les permitió tomar sus propias imágenes. Un día después, la prensa del estado reprodujo la información con imágenes del equipo y el material. En algunas de ellas se aprecian los ejemplares de la revista. Incluso, el periódico Diario de Xalapa describió: “En el paraje, que lucía solitario, había vehículos que con toda intención fueron cubiertos con maleza, se hallaron revistas con reportajes sobre la vida de los narcotraficantes y sus rostros en la portada”. El periódico evitó mencionar el nombre del semanario. Atropello
  • 8. Al día siguiente de que el Ejército expusiera a la revista en medio del material de entrenamiento, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón, informó a Proceso del inicio a trámite de la queja promovida por la revista en contra de la decisión del gobierno de Calderón de presentarla como parte de sus acciones de “combate integral al narcotráfico”. La queja ante el organismo interamericano, registrada en el expediente P-1700-10 México, se presentó el 29 de noviembre pasado luego de que la CNDH desestimara la queja en contra de García Luna por implicar a la revista con una célula de La Familia Michoacana. En dos ocasiones consecutivas, el 29 y el 30 de julio de 2009, la SSP relacionó al semanario con el cártel michoacano luego de que la Policía Federal (PF) detuviera a un grupo de presuntos narcotraficantes vinculados con Servando Gómez Martínez, La Tuta, considerado uno de los principales líderes de esa organización. El Profe, como también es conocido, es además uno de los principales objetivos de la PF, toda vez que a él se le atribuyen algunas de las bajas más importantes de esa corporación en Michoacán, que han sido también de las más significativas en todo el país. Según la información difundida por la SSP, uno de los detenidos aseguró que La Tuta le pedía que comprara la revista, además de que cuatro de sus ediciones fueron presentadas por la dependencia como parte de los recursos con los que opera la organización delictiva. A la semana siguiente, Proceso presentó una queja ante la CNDH al considerar que la dependencia a cargo de García Luna, uno de los hombres más cercanos a Calderón, violó los derechos humanos de los trabajadores y directivos de la publicación. “En función de los antecedentes corroborados por organizaciones defensoras de periodistas, respecto a las agresiones a periodistas y medios de comunicación por parte de diversos grupos y organizaciones delictivas que se sienten afectados por alguna publicación, consideramos que la actuación de la autoridad coloca en un riesgo al personal y a las instalaciones de la revista”, señaló la publicación en sus agravios. La queja se tramitó ante la Quinta Visitaduría de la CNDH, encargada del programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, pero después de casi un año, su entonces titular, Andrés Calero Aguilar, desestimó la queja al considerar que la revista no debía sentirse afectada (Proceso 1752). Para el organismo, la exhibición de la revista por parte de la SSP fue un mero “acto de difusión” que no puede considerarse “como un medio indirecto de presión o censura contra la línea editorial que maneja la revista”. La CNDH decidió entonces archivar la queja y dejó en manos del propio gobierno de Calderón, a través del Órgano Interno de Control de la SSP, que investigue si hubo alguna irregularidad. El organismo, que mantiene bajo reserva el expediente de la investigación, desestimó también un punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión adoptado por unanimidad el 19 de agosto de 2009, en el que el Poder Legislativo le pidió a García Luna garantizar “el libre ejercicio de las libertades de presión y expresión” y evitar actos que pongan en riesgo a los periodistas. Los legisladores dijeron que al vincular a Proceso con La Familia Michoacana la SSP puede “generar diversas interpretaciones que deriven en actos de agresiones hacia los integrantes de la revista”. Luego de que la CNDH rechazó la querella, el semanario acudió en noviembre pasado a la CIDH por considerar que tanto el gobierno de Calderón como el organismo que encabeza Raúl Plascencia desestimaron las garantías previstas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
  • 9. Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración de los Principios sobre la Libertad de Expresión, suscritos por México. l El “atrio privado” de la Basílica Rodrigo Vera Para construir la Plaza Mariana, junto a la Basílica de Guadalupe, la anterior administración capitalina desalojó a 250 locatarios de un mercado. Ellos siguen peleando por su reubicación o una indemnización y sus abogados narran a Proceso la serie de irregularidades cometidas para la edificación de la obra, en la que tienen metidas las manos Grupo Carso, la cúpula eclesiástica y hasta el gobierno del DF. Los litigantes refieren la probabilidad de que se haya cometido un fraude multimillonario... Con miras a emprender negocios multimillonarios se privatizó el terreno de 30 mil metros cuadrados en el que Carlos Slim construye la Plaza Mariana, a un costado del atrio de la Basílica de Guadalupe. Esa privatización también tuvo el propósito de evitar que dicho terreno se convierta en patrimonio federal, como todos los templos y atrios del país que le fueron expropiados a la Iglesia en el siglo XIX y que ahora son bienes nacionales por disposición constitucional. La Plaza Mariana no será parte de la Basílica de Guadalupe –patrimonio nacional– sino un ultramoderno mall manejado por Slim y el cardenal Norberto Rivera Carrera a través de la asociación civil Fundación Plaza Mariana. El abogado Francisco Rivas, representante legal de la Agrupación de Comerciantes Emiliano Zapata, que aglutina a 250 vendedores de La Villa, afirma a este semanario: “Ya se privatizó el predio que en 2003 le regaló el gobierno capitalino a la Fundación Plaza Mariana y en el que ahora el empresario Carlos Slim construye la Plaza Mariana. El objetivo es meramente empresarial; hacer ahí negocio tras negocio.” –Entonces, ¿es falso que será una ampliación del atrio y que tendrá fines religiosos? –Eso es una falsedad. A golpe de vista la Plaza Mariana podrá parecer una extensión del atrio actual, como incluso se viene pregonando, pero no es así. Todo es una simulación, un engaño. En los hechos se trata de una propiedad privada con fines lucrativos. “Hagamos una distinción: el terreno del actual atrio, así como la nueva y la antigua Basílica, pertenecen a la nación, son propiedad federal como lo estipulan la Constitución y la Ley General de Bienes Nacionales. A esa área incluso la resguarda la Policía Federal. “¿Qué se hizo para que la Plaza Mariana no cayera en manos de la federación, como sucede con el resto de los templos? ¿Qué maniobra se usó para darle un fin empresarial? Pues simplemente se privatizó el área. Así de sencillo. Con la privatización se eliminaron las trabas que impiden hacer negocios. De manera que, por así decirlo, en la Basílica de Guadalupe vamos a tener un atrio público y un atrio privado.”
  • 10. El abogado abre una carpeta, extrae los documentos del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal con los que apoya sus afirmaciones. En el folio real 1212226 se estipula que la asociación civil Fundación Plaza Mariana es la propietaria del terreno de 29 mil 534 metros cuadrados, el cual constituyó en “régimen de propiedad en condominio” ya que lo dividió en “4 unidades privativas”: un “columbario”, un “centro evangelizador”, un “museo” y un “mercado”. No sólo eso. Ahí también se asienta que el 22 de diciembre de 2005 la Fundación Plaza Mariana constituyó “un fideicomiso con actividad empresarial” con el Grupo Financiero BBVA Bancomer, ante el notario público número 151, Cecilio González Márquez. La Fundación Plaza Mariana –como “fideicomitente”– solicitó un préstamo a la institución bancaria –que quedó como “fiduciaria”– a fin de obtener recursos para la construcción de la plaza y dejó el terreno como garantía prendaria. El 4 de julio de 2007 extinguió ese fideicomiso con Bancomer para abrir otro con el Grupo Autofin, con la misma finalidad: allegarse los “financiamientos que se requieran para sufragar los gastos y costos de la construcción de la Plaza Mariana”. Este acuerdo quedó suscrito ante el notario número 16, Francisco Fernández Cueto, según consta en el folio real número 1254506 del Registro Público de la Propiedad. Rivas explica: “En este momento y según estas documentales públicas, ese fideicomiso con Autofin es legalmente el dueño del terreno y de las cuatro unidades privativas que tendrá la Plaza Mariana. Jamás se ha explicado por qué se extinguió el fideicomiso con Bancomer y se creó el de Autofin. Hay cosas que permanecen ocultas. “La Fundación Plaza Mariana no tenía necesidad de recurrir a préstamos con las instituciones bancarias, pues lleva años recibiendo donativos de los fieles guadalupanos para realizar la construcción. Incluso abrió cuentas bancarias para recibir los donativos, que no sabemos a cuánto ascienden. “Además está vendiendo por anticipado los miles de nichos que habrá en el columbario a más de 22 mil pesos cada uno, lo que le está dejando ingresos de miles de millones de pesos, cantidad muy por encima del costo de la obra, calculado en unos 700 millones de pesos.” –En agosto del año pasado Carlos Slim dijo que donará la obra. Y ya la está construyendo. ¿Para qué entonces los préstamos bancarios, los donativos de los fieles y la venta anticipada de nichos? –No sabemos a dónde van a parar todas esas cantidades multimillonarias, pues la obra la está construyendo el Grupo Carso, de Carlos Slim. Aunque no creo que el empresario haga la construcción desinteresadamente. Por algo es el hombre más rico del mundo. Él está metido en el negocio desde el principio. Sacará jugosas ganancias, no tengo ninguna duda. Hay maniobras muy turbias en torno a la Plaza Mariana. Con fines mercantiles Rivas insiste en que se trata de un negocio ilegal: “Es un negocio netamente privado, porque está en manos de una asociación civil y de una institución bancaria en un terreno privado. Y sus fines son mercantiles y empresariales desde el momento en que hay compraventa de nichos. Así de claro. No hay más.
  • 11. “Deberían decirlo abiertamente pero no lo hacen, manejan una publicidad engañosa que intenta hacer creer que la Plaza Mariana será una ampliación del atrio actual, una obra social para beneficio de los mexicanos, lo cual es falso. “Todo esto viola las disposiciones mediante las que en 2003 el Gobierno del Distrito Federal, concretamente Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno, le donó ese terreno a la Fundación Plaza Mariana. Por ejemplo, el contrato de donación estipula claramente que el terreno y la obra deben tener un fin social.” El abogado muestra el “contrato de donación” –celebrado el 21 de agosto de 2003 ante el notario 64, Luis Gonzalo Zermeño Maeda– donde se estipula que el gobierno capitalino dona el terreno para que ahí se haga “la ampliación del atrio de la Basílica de Guadalupe” mediante el proyecto Plaza Mariana, que “consiste en la edificación de: museo, estacionamientos, centro de evangelización, área de columbario bajo la concesión para la prestación del servicio público de cementerios, mercado público y área verde, con el objeto de generar un espacio urbano que conserve la dinámica de culto religioso y el carácter público de la zona”. El contrato agrega que uno de los fines de la Fundación Plaza Mariana es “realizar la ampliación de espacios públicos en la Basílica de Guadalupe para mejorar la atención a los visitantes y reforzar la vocación turística y religiosa de dichos espacios”. La Fundación, recalca, tiene como objetivo “elaborar todo tipo de proyectos, estudios, consultas y opiniones requeridos para la realización de sus fines sociales”. Y como en el área donada había un mercado público que fue demolido, el contrato estipula que debe construirse otro para reubicar a los locatarios, quienes ahora se instalaron en la calle. Dicho mercado lo cederá la fundación “a título gratuito a favor del GDF”. Aclara en varias de sus cláusulas que están permitidas las donaciones, permutas, comodatos, compraventas, usufructo de bienes y otras operaciones que puedan darse, pero “sin que ello constituya un fin preponderantemente económico o especulación mercantil”. El contrato da un plazo de dos años para construir la Plaza Mariana. De lo contrario la donación del terreno “será revocada” y éste pasará nuevamente a ser parte del “patrimonio del Distrito Federal”. El acuerdo se celebró entre el Gobierno del Distrito Federal representado por el entonces oficial mayor, Octavio Romero Oropeza, y la Fundación Plaza Mariana, representada por el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, y por Diego Monroy, en ese tiempo rector del santuario. Dice Francisco Rivas: “Ya de entrada hay dos violaciones flagrantes al contrato de donación. En primer lugar la Fundación Plaza Mariana no respetó el plazo de dos años para construir, que concluyó en 2005, por lo que ese año debió habérsele quitado el terreno. “En segundo lugar, no se están dando los fines sociales estipulados, pues finalmente se privatizó el terreno y ya se le está dando un uso empresarial, al grado de que hasta Carlos Slim está metido en el negocio. “Es mentira que la Fundación Plaza Mariana tenga fines sociales o de beneficencia. Nunca ha hecho labor en ese sentido. En el fondo hay una simulación jurídica con la que se están ocultando los fines de lucro de la fundación.” Negocio columbario
  • 12. –¿Dónde detecta el negocio? Pedro Ulises Rivera, también abogado de la Organización de Comerciantes Emiliano Zapata y quien acompaña a Rivas en la entrevista, saca unas hojas con anotaciones y responde: “Actualmente el gran negocio está en la venta de nichos. Al principio hablaron de que venderían alrededor de 100 mil, a 22 mil pesos cada uno, lo que representa ingresos por 2 mil 200 millones de pesos. Ahora ya dicen que pueden llegar a construir y vender 600 mil nichos. Esto les dejará 13 mil 200 millones de pesos. Sin contar los cobros que periódicamente harán por el mantenimiento y lo que ellos llaman el resguardo. “El aumento en su oferta demuestra que los están vendiendo como pan caliente, pues utilizan el anzuelo publicitario de que las cenizas de los muertos ahí depositadas estarán junto a la Virgen del Tepeyac. Para muchísimas personas esto es como ganarse el cielo por sólo 22 mil pesos pagados en mensualidades. “Además, la Plaza Mariana tendrá locales comerciales donde los peregrinos pudientes o los turistas podrán comprar productos de marca. Los estacionamientos serán de cobro. A esos y otros negocios también podrá entrarle Carlos Slim, quien olfateó muy bien el dinero, pues la Plaza Mariana tendrá millones de consumidores cautivos.” Los abogados hacen notar que por ley es a la federación a la que correspondía coordinar la construcción de la Plaza Mariana, pues los templos son patrimonio federal. Mencionan concretamente los artículos 27 y 130 constitucionales, así como los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley General de Bienes Nacionales, que regulan la materia. “Hubiera sido mucho más sencillo que se le donara ese predio al gobierno federal para que éste se hiciera cargo del proyecto. Así se hubieran evitado muchos problemas”, dicen. –A estas alturas ¿debería intervenir la federación? –Suponemos que sí, pues a pesar de que el terreno es privado, colinda con un área de monumentos históricos, como la Basílica antigua y otras edificaciones coloniales que deben resguardarse del despiadado embate comercial que emprenden la Iglesia y Carlos Slim, a quienes sólo les importa el dinero. “Por desgracia la federación no ha hecho nada. Los encargados de cuidar el patrimonio nacional permanecen pasivos, viendo solamente cómo el Grupo Carso está construyendo la imponente mole de metal y concreto que será un mall con un barniz guadalupano.” Proceso solicitó una entrevista con el responsable de atender los templos del país, el arquitecto Raúl Delgado Lamas, director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Pero el arquitecto no quiso hablar. Los abogados Rivas y Rivera sostienen que Slim ha estado metido en el negocio de la Plaza Mariana desde un principio, a través de uno de sus “operadores”, el empresario Fernando Chico Pardo, quien formalmente sigue apareciendo como “tesorero” de la Fundación Plaza Mariana según el folio 56408 del Registro Público de la Propiedad. También el GDF
  • 13. De acuerdo con ese folio, el presidente de la fundación es Norberto Rivera y el secretario y apoderado es Diego Monroy. Como vocales siguen apareciendo José Agustín Ortiz Pinchetti, quien fue secretario de gobierno de López Obrador, y Julia Rita Campos de la Torre, que era la secretaria de Turismo de esa administración capitalina. Rivas explica: “Los cargos de la fundación se repartieron entre la Iglesia, Carlos Slim y el gobierno capitalino pues la Plaza Mariana es un negocio acordado por las tres partes desde un principio. Fue un acuerdo cupular entre el cardenal, el empresario y López Obrador”. –¿El gobierno capitalino también está metido en el negocio? –Por supuesto. Es ese el motivo por el que dejaron fuera a la federación. Por eso mismo López Obrador le donó el terreno a la fundación. Y esta también es la razón por la que el gobierno capitalino no ha revocado la donación, como debió hacerlo por todos los incumplimientos e irregularidades que ya señalé. –Sin embargo, entre los directivos de la fundación aparecen nombres de personas, como Ortiz Pinchetti y Campos de la Torre, que ya no son funcionarios del gobierno capitalino. –Las personas aquí no importan. Esos exfuncionarios seguramente fueron sustituidos por funcionarios actuales del gobierno de la capital. Aquí lo importante es que esos mismos cargos siguen repartidos entre las tres partes. Respecto al gobierno capitalino, digamos que López Obrador le heredó el negocio a Marcelo Ebrard. –¿Sólo por esta deducción usted asegura que el gobierno de la Ciudad de México tiene participación? –No. También tengo pruebas documentales. Por ejemplo, actas de asamblea realizadas por el Comité del Patrimonio Inmobiliario del gobierno capitalino. Ahí ya se menciona que a cambio de la donación del terreno al gobierno capitalino le corresponde 30% de las ganancias que dejará la Plaza Mariana. El abogado extiende sobre la mesa algunas de esas actas selladas y firmadas. Hablan de la construcción de la Plaza Mariana, de sus características arquitectónicas, de sus implicaciones legales y de las ganancias que tendrá el gobierno capitalino. Remata: “Estos documentos también explican por qué el Gobierno del Distrito Federal desalojó a la fuerza a los comerciantes establecidos que represento, quienes estaban en el área donada que no pertenecía al gobierno de la ciudad, sino a ellos”. Los abogados Rivas y Rivera representan a los 250 locatarios de la Agrupación de Comerciantes Emiliano Zapata, desalojados violentamente por más de mil policías que abrieron paso a las grúas y retroexcavadoras que destruyeron los pequeños locales. Esos comerciantes siguen litigando para recuperar sus espacios o para que se les indemnice. En el transcurso del litigio, los abogados han obtenido estos documentos reveladores entregados a Proceso. Explica Rivas: “Por orden de un juez el gobierno de la ciudad nos ha ido entregando la documental pública con que contamos. Gracias a ella vamos entendiendo la magnitud del negocio de la Plaza Mariana… y el estorbo que representaban los pequeños comerciantes establecidos”. –¿Se les entregará un mercado público a los comerciantes que aceptaron salir voluntariamente?
  • 14. –Ellos no tienen ninguna certeza jurídica, como tampoco la tienen las miles de personas que están comprando los nichos de la Plaza Mariana y que deberían figurar como copropietarios y ser incluidos en el fideicomiso. –¿Se les está engañando? –Sí, son víctimas de un engaño. Y todavía quedan muchos puntos oscuros sobre el gran negocio que representa la Plaza Mariana. Detrás de toda esa simulación está la presunción de un fraude multimillonario.