El documento argumenta que se necesita una reforma al sistema educativo chileno. Señala que el acceso a la educación superior depende de la capacidad de pago y menos del 10% de los estudiantes más pobres logran terminar una carrera. También critica la alta regulación de las universidades privadas y el bajo financiamiento estatal, lo que genera deudas estudiantiles. Finalmente, pide más democracia e involucramiento de estudiantes y funcionarios en las decisiones de las instituciones educativas.