El documento discute la distribución de los fondos públicos entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales en Argentina. Explica que aunque las provincias son responsables de la policía y la justicia, la mayor parte del aumento reciente en la presión tributaria ha ido al gobierno nacional. También sugiere que una distribución más federal de los recursos y una mejor gestión provincial podrían ayudar a abordar problemas como la inseguridad.

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6 de Abril de 2014 – Número 542
$2 DE CADA $3 DE MAYOR PRESIÓN
IMPOSITIVA FUERON A LA NACIÓN
Ante la requisitoria de legisladores, motivadas por el agravamiento de la
inseguridad, el Jefe de Gabinete dejó traslucir que la gestión de la policía y la
justicia es responsabilidad de las provincias. La respuesta es correcta, pero parcial,
ya que parte del problema también se genera por la centralización de fondos
públicos. De todas formas, es imprescindible una autocrítica a nivel de los
gobiernos provinciales tanto por haber permitido el avasallamiento del federalismo
como por perseverar en la mediocridad de la gestión en sus responsabilidades.
Los episodios de linchamientos ocurridos en varios lugares del país manifiestan el hartazgo
y la pérdida total de confianza en los mecanismos institucionales de prevención y sanción de
delitos. Obviamente que lejos de aportar soluciones, los actos de violencia espontánea
agregan incertidumbre a las garantías de integridad física y derechos a la propiedad. Por eso
resulta tan pertinente como urgente restablecer la eficacia de los instrumentos con que
cuenta toda sociedad moderna para combatir la inseguridad, esto es la policía y la justicia.
Debatido el problema en el Congreso Nacional, se señaló que las soluciones están en
manos de las provincias, es decir, de las jurisdicciones a las que muchos de los diputados y
senadores representan. El planteo tiene fundamentos ya que, si bien hay aspectos de la
seguridad que corresponden al Estado nacional, como la protección de las fronteras, los
delitos que con más frecuencia aquejan a la gente corresponden ser prevenidos y
reprimidos por las policías y sistemas judiciales provinciales.
Sin embargo, un análisis completo de responsabilidades requiere considerar también la
distribución de los recursos fiscales entre jurisdicciones. En tal sentido, con datos del
Ministerio de Economía referidos a recaudación nacional y provincial se puede estimar que:
 Entre los años 1993 y 2002, la presión impositiva total era, en promedio, del 21% del
PBI, de los cuales 9 puntos iban automáticamente a las provincias y 12 a la Nación.
 En el año 2013, la presión impositiva subió a aproximadamente 37% del PBI, de los
cuales 14 puntos van a las provincias y 23 a la Nación.
 Esto significa que la presión impositiva creció en la última década 16 puntos del
PBI, pero 11 puntos, o sea $2 de cada $3 pesos, fueron a la Nación.

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Esta información, que no incluye el impuesto inflacionario, muestra el impresionante
crecimiento de la presión tributaria en Argentina, al punto tal de colocar al país como el de
mayor presión tributaria de Latinoamérica. Pero más importante aún es el hecho de que
el grueso de esa mayor disponibilidad de fondos públicos fue apropiado por la
Nación. Es decir, la jurisdicción que bajo la organización federal adoptada por la
Constitución, no sólo no tiene responsabilidades de gestionar las policías y la justicia, sino
que tampoco tiene a su cargo la gestión de las escuelas, los hospitales públicos, la
infraestructura urbana y la vivienda social.
Un sector público más grande bajo semejante nivel de centralización genera un peor
Estado. Los ciudadanos pagan cada vez más impuestos pero la inseguridad aumenta, la
educación y la salud pública se deterioran, y la inversión en infraestructura y vivienda es
insuficiente. La razón es que el grueso de los recursos públicos fluye hacia el nivel de
gobierno que no tiene las responsabilidades por estos servicios. De aquí que la
centralización atente contra la construcción de un buen Estado.
La degradación del régimen federal amerita una profunda autocrítica en los sistemas
políticos provinciales. Por ejemplo, cuando el gobierno nacional impulsó la reforma del
sistema previsional la gran mayoría de diputados y senadores, en representación de las
provincias, votaron la eliminación del régimen de capitalización ignorando que la derivación
del 15% de la masa coparticipable a favor de la ANSES estaba justificada en el
financiamiento de la transición del sistema que se estaba eliminando. Es tan grave el error y
sus implicancias que posteriormente varias provincias tuvieron que recurrir a la Corte
Suprema para tratar de subsanar “el olvido” de los representantes de las provincias.
Las reacciones violentas de auto-defensa ante la delincuencia son asimilables a la
migración hacia las escuelas privadas, la medicina prepaga o la ocupación ilegal de
espacios públicos. Son acciones espontáneas y muchas veces desesperadas frente a la
degradación del Estado. Para revertir este proceso se requiere, no sólo más federalismo en
la distribución de la recaudación de impuestos, sino también menos mediocridad y más
profesionalismo en la gestión de los gobiernos locales. De poco servirían más recursos si los
sectores públicos provinciales repiten los despilfarros en que incurre la Nación con la
abundancia que le da la centralización, como subsidiar a empresas públicas deficitarias.
Presión tributaria y distribución entre Nación y provincias
Las fuentes y los
datos en formato
Excel utilizados en
este informe pueden
ser solicitados a
info@idesa.org
%delPBI
9,0
14,3
11,9
23,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Promedio 1993 - 2002 2013
% que se queda en la Nación
% que se dirije automáticamente a las provincias
20,9
37,6
Nota: 2013 estimado.
Fuente: IDESA en
base a Ministerio
de Economía